El ombudsman Carlos Manuel Barba y varios visitadores estarían implicados en el extravío
El diputado panista Gustavo González en imagen de febrero pasado Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZEUGENIA BARAJAS
Entre el personal y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) hay preocupación por la desaparición y ocultamiento de documentos que involucran recomendaciones delicadas que saldrían en contra de ex funcionarios del gobierno estatal, como la que se haría pública en los próximos días y en la que estarían involucrados ex trabajadores del DIF estatal durante la gestión de María de la Paz Verduzco, esposa de Francisco Ramírez Acuña.
Además de la desaparición de documentos, existe la amenaza de despido a los visitadores, porque sus puestos están comprometidos para allegados de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) a través de las gestiones del legislador panista Gustavo González. Esta situación es la que, supuestamente, ha provocado la desaparición de los documentos.
El presidente de la Fundación FINE, dedicada a buscar niños perdidos, Juan Manuel Estrada, denunció que trabajadores de la CEDHJ lo alertaron sobre que, desde hace varios días, en algunas de las oficinas de la dependencia se han dedicado a desaparecer archivos y documentos de investigaciones que se siguen en contra de funcionarios, en su mayoría del gobierno del estado de la pasada administración.
Los empleados temerosos de perder su cargo o de ser señalados como cómplices, le mencionaron que luego que el presidente Carlos Manuel Barba perdiera la opción de reelegirse el pasado 28 de junio en una decisión política del Congreso del Estado, que eligió a Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, en las áreas de la visitaduría y de los archivos de la dependencia se inició un movimiento inusual y documentos de investigaciones empezaron a perderse.
Consultados algunos de los trabajadores, y sin querer abundar en el tema, mencionaron que todos los días aparecían bolsas negras tipo costal con cantidades de papel triturado que no se depositaban en los contenedores de la basura, sino que eran transportados en vehículos particulares con rumbo desconocido y, según el inventario de la CEDHJ, la única trituradora se encuentra en la oficina del presidente.
Sin ponerse de acuerdo, algunos señalaron que eran órdenes que había recibido Barba para desaparecer documentación que incriminara a los ex funcionarios del gobierno del estado y mencionaron al ex gobernador y actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; otros refirieron que era para evitar dar continuidad a las investigaciones y que quienes llegaran no pudieran concluir las recomendaciones.
El presidente de FINE manifestó su temor por la desaparición de documentos y coincidió con las versiones de los trabajadores; mencionó que desaparecieron documentos importantes para una recomendación que estaba a punto de hacerse pública, tras la aprobación en el jurídico sobre el caso del maltrato y asesinato del niño Jorge Alberto Juárez Medina, de cinco años, acaecida en agosto de 2004, donde se acusa de negligencia y se pide acción penal en contra de funcionarios del Consejo Estatal de la Familia y del DIF estatal, que encabezaba María de la Paz Verduzco, esposa del secretario de Gobernación, por permitir que los padres del menor continuaran con la custodia del niño tras encontrarlos culpables de maltrato infantil, lo que derivó en la muerte del pequeño y su exhumación en el patio de su casa en la colonia Las Liebres, en Tlaquepaque.
“Es una queja que interpuse y he dado seguimiento desde hace tres años y ya había sido aprobada en el jurídico y estaba a punto de salir; no lo han hecho y me lo niegan o se les perdió o lo sustrajeron. Estoy seguro de la complicidad de Barba con los funcionarios, porque en el caso de Lupita Lara, cuando le derribaron su casa en la barranca de Arcediano y se violaron los amparos judiciales, yo personalmente llevé a la señora con Barba y él le aseguró que emitiría una recomendación enérgica por las violaciones y no le cumplió, ahora resulta que ese expediente tampoco aparece”, dijo Estrada.
Algunos de los consejeros ciudadanos de la CEDHJ también fueron advertidos de la desaparición de expedientes y de la trituración de papeles que se lleva a cabo en las instalaciones del organismo público autónomo, y algunos de ellos, como Julio Aldana, hizo mención de las versiones que conocían sus compañeros y que ha ocasionado la molestia entre ellos, ya que los estudios y análisis que se emitieron por parte de la comisión especial de consejeros respecto al proyecto de la presa de Arcediano, que contenía los resultados de los Estudios de Evaluación de Riesgos e Impactos a la Salud en la Población de la zona conurbada de Guadalajara, que realizó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya se extraviaron y no se podrá emitir la recomendación tan pronto como se esperaba.
La pérdida de archivos apunta a los visitadores de la CEDHJ, quienes han sido advertidos de su salida, ya que tras sentirse seguros de ser ratificados en el cargo por el nuevo presidente, deberán presentar su renuncia para dar paso a nuevos funcionarios, que vienen recomendados por Acción Nacional, lo que ocasionó la molestia y pretenden entorpecer el trabajo de los futuros trabajadores.
Esta acción coincide con los ofrecimientos que el diputado Gustavo González Hernández ha hecho directamente a sus compañeros legisladores tanto del PAN como del PRI, para que propongan a una persona de su confianza en los cargos de las visitadurías foráneas que tengan representación en sus distritos, como un pago por el apoyo a la candidatura del nuevo ombudsman.
Según la página de la Comisión de Derechos Humanos, se tienen al menos cinco plazas de visitador adjunto A regional, con un sueldo marcado de 30 mil 313 pesos mensuales y dos más de visitador adjunto B regional, con percepciones de 22 mil 261 pesos al mes, puesto que se tienen repartidos en el Congreso.
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