Opinión - Monica Perez Taylor

Al límite

La historia se remonta a la época colonial con la explotación y saqueo de los minerales, la rebelión de miles de indígenas y su exterminio. Las cosas no han cambiado mucho

28 Jul. 07 - MURAL

Hace un año, el 15 de julio del 2006, el que fuera Alcalde de Cuautitlán de García Barragán, Raúl Delgado Benavides, y su chofer, fueron emboscados y acribillados en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima. Hasta ahora la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha dado con los responsables, ni tampoco con los de otros 20 asesinatos ocurridos desde la década de los 70 en la que inició la actual crisis de este añejo diferendo de límites.

Tras varios intentos infructuosos entre ambos Gobiernos para delimitar la frontera interestatal, en 1998 el entonces Gobernador Alberto Cárdenas interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siete años después, cuando se estaba por discutir un proyecto de sentencia favorable a Jalisco, se aprobó una reforma constitucional que otorga facultades al Senado para dirimir los conflictos territoriales entre Estados, esto a iniciativa del entonces senador colimense y actual Secretario general de Gobierno de Colima, Héctor Michel.

Muy buen cabildero del Gobierno y del empresariado colimense resultó Michel, pues evitó que el máximo orden del Poder Judicial dictara sentencia, y con ello retrasó la solución de la crisis, pues la Cámara de Senadores no podrá adentrarse al estudio del caso hasta que se elabore la ley reglamentaria correspondiente a la reforma constitucional, lo que podrá tardar años e infelices días. El Gobierno de Colima, con extrema mezquindad e intención perversa, ha llevado el conflicto a su máxima tensión; igualmente Jalisco durante el Gobierno de Ramírez Acuña, quien mostró total apatía por el asunto: actualmente, la zona se encuentra vigilada por el Ejército.

Es claro que este conflicto es por la disputa de los recursos naturales y por la infraestructura, pues dentro de las tres zonas geográficas que Jalisco reclama como suyas, se encuentra, en la costa, el megadesarrollo Isla Navidad, propiedad de la familia Leaño; el aeropuerto internacional de Manzanillo, y terrenos costeros de gran valor económico. La superficie que reclama Jalisco en el norte haría que el Volcán de Fuego se colocara totalmente en territorio jalisciense y es zona fecunda en recursos hídricos y forestales. En los alrededores se encuentran los yacimientos más ricos de hierro del país y la mina Peña Colorada, de los Hank Rohn.

En tal indefinición territorial, los Gobiernos de ambos Estados se disputan también a las poblaciones. En Plan de Méndez el agente municipal es designado por Jalisco, pero el servicio de energía eléctrica está a cargo de Colima, que construyó un camino empedrado de acceso "casi por la fuerza" y a Colima se le rinden los tributos. Existen familias que reciben por partida doble los apoyos institucionales y muchos ciudadanos cuentan con dos credenciales de elector.

En la comunidad El Platanar hay dos escuelas subutilizadas, dotadas con enciclomedia; una construida por Jalisco y la otra por Colima, para sólo 30 estudiantes en total. El excomisariado ejidal de La Culebra asegura que su comunidad es la más castigada y se consideran "rehenes" de este conflicto, pues tienen 42 años esperando el agua potable, el drenaje, pavimentos y etcétera, todas promesas incumplidas cuando se vieron forzados a vender sus tierras a los Leaño. El año pasado, el Gobierno de Colima inició la obra para perforar un pozo profundo en La Culebra, pero de inmediato el Gobierno de Jalisco la clausuró por invasión a su territorio (Proceso 1602).

Pues en buen lío estamos metidos y las soluciones pacíficas y negociadas no se ven para nada próximas. Existe el acuerdo para que el Ejército se retire el 4 de agosto para ser sustituido por una Policía interestatal, estrategia que se implementó y falló en épocas del Gobernador Guillermo Cosío Vidaurri. Y ahí vamos, en lugar de una vuelta de tuerca, otra vuelta a la noria.

A nadie conviene que se prolongue y se atice la violencia en este conflicto, ni que al quedar definidos los límites territoriales, algún día, resulte que todo resultó favorable sólo para políticos y empresarios. Porque la disputa no es sólo entre Colima y Jalisco, sino entre una política de desarrollo fundada más en la cooperación que en la competencia, en el esfuerzo conjunto de la sociedad y no en la creación de riqueza individual. La disputa es entre las comunidades y los cacicazgos y la voracidad empresarial de siempre. Porque los habitantes en tierra de nadie ya están hartos de ser utilizados. Sólo quieren saber a qué Estado pertenecen, para poder reclamar lo que es de su justo derecho.