Emite CEDHJ macrorrecomendación por la contaminación del río Santiago

Las autoridades no han hecho nada para solucionar el problema, señala entre sus conclusiones

Llama al Ejecutivo a solicitar a Segob la declaratoria de emergencia ambiental en El Salto y Juanacatlán

El ombudsman estatal, Felipe de Jesús Alvarez, en rueda de prensa Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

JORGE COVARRUBIAS

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió una amplia recomendación, con 172 puntos recomendatorios y 36 exhortaciones, dirigida a funcionarios públicos de todos los niveles y poderes, tanto municipales como estatales, federales, judiciales, así como empresarios, universidades y sectores de la sociedad civil.

No obstante, el legajo de más de 200 páginas no menciona el caso del niño Miguel Angel López Rocha, quien falleció de una intoxicación por arsénico al caer en las aguas del río Santiago.

El tercer visitador del organismo, Alfonso Gutiérrez Barrón, señaló que desde el año pasado la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional tiene bajo su cargo el caso del menor.

En cada una de sus conclusiones, la CEDHJ indicó que las autoridades no han hecho nada para remediar el problema de la contaminación del río Santiago, por lo que han sido omisos en el cumplimiento del Informe Especial que el organismo emitió en febrero del año pasado, en que se sugiere al gobierno del estado declarar la cuenca del afluente como zona de emergencia ambiental.

“Después de haber analizado las 94 evidencias recabadas y los informes rendidos por las autoridades, esta Comisión concluye que se comprobó la violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; al agua, a la salud, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al trabajo y a la vivienda digna; además de la afectación a los derechos de niñas y niños”, dijo el ombudsman Felipe de Jesús Alvarez Cibrián en conferencia de prensa.

La CEDHJ refiere que se solicitó a las autoridades de El Salto y Juanacatlán que vigilaran e inspeccionaran que en sus drenajes no vertieran aguas residuales de procesos industriales, agrícolas y ganaderos sin tratamiento y que, de ser necesario, se suscribiera un convenio con la CEA, pero ambas autoridades se negaron a aceptarla.

Caso específico: el presidente municipal de El Salto, Joel González, aseguró no haber sido omiso en la inspección recomendada por la CEDHJ, pero se negó a entregar copias certificadas de esas acciones.

“En los archivos del Ayuntamiento se encuentran registrados 6 mil 161 giros comerciales y de servicios, pero la autoridad no ha acreditado ante la Comisión haber tenido la capacidad para identificar y sancionar vertimientos irregulares”, señala el documento.

De igual manera, se hace patente que no hubo planeación en los desarrollos habitacionales y que éstos se realizaron sin estudios de impacto ambiental, la mayoría de ellos en la cuenca hidrológica de El Ahogado, por lo que la Comisión concluye que todo lo que ocurra en ese territorio afecta el equilibrio ecológico y la salud del río Santiago.

Como dato se menciona que en Tlajomulco, de 1973 a mayo de 2008, se autorizó la construcción de 343 fraccionamientos y sólo en 59 se realizaron estudios de impacto ambiental. En el mismo periodo, pero en el municipio de Tlaquepaque, se autorizaron 223 desarrollos y sólo 19 contaron con el estudio correspondiente.

La Comisión encontró también que en el municipio de Tonalá el vertedero de Los Laureles, que opera la concesionaria Caabsa Eagle, tiene graves deficiencias que contribuyen a la contaminación del Santiago. Para empezar, señala el documento, carece de drenaje pluvial, las fosas de contención de lixiviados no están impermeabilizadas lo que provoca que el lixiviado se infiltre al subsuelo, contamine tierras y agua subterránea y escurra libremente por los cauces naturales hasta llegar al afluente.

Las recomendaciones

Después de señalar la deficiencia en el diseño y ejecución de planes y programas en materia ambiental, la CEDHJ determinó recomendar al gobernador del estado, Emilio González Márquez, una serie de medidas, entre la que destaca la creación de un patronato para la reparación de daños a las víctimas por la pérdida o deterioro de sus bienes muebles, inmuebles, salud, educación, trabajo, actividades laborales, culturales y turísticas, y el diseño de un programa de atención médica, becas escolares, capacitación para el trabajo, equipamiento urbano, dotación de servicios y apoyo a la vivienda.

Entre otras cosas, la Comisión pide al mandatario que elabore un inventario minucioso de recursos naturales en el estado. Que se pongan en operación inmediata las plantas necesarias para tratar el líquido que fluye hacia el río Santiago y se actualicen los estudios de impacto ambiental de las macroplantas de El Ahogado y Agua Prieta. Que se solicite de inmediato a la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia ambiental en los municipios de El Salto y Juanacatlán para la utilización del fondo revolvente respectivo.

Hacer un inventario de las industrias establecidas en el Cuenca del Ahogado y el Alto Santiago, así como de los fraccionamientos y propietarios que vierten al río sus desechos. Enviar al Congreso del Estado una iniciativa de ley para que los nuevos centros de población cuenten con la infraestructura hidráulica para el tratamiento de sus aguas. Elaborar el capítulo ambiental del Plan Estatal de Desarrollo con proyección a 50 años. Proponer una reforma que dote de personalidad y autonomía jurídica a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Analizar todos los cultivos y suelos que son regados con aguas del Santiago y del canal de El Ahogado para garantizar el derecho al trabajo de los agricultores.

Reubicar todas las escuelas que se localizan en las inmediaciones del lugar conocido como El Salto de Juanacatlán y realizar estudios epidemiológicos y psicológicos a los pobladores de ambos municipios.

A los ayuntamientos que menciona les recomienda la cancelación de permisos de construcción y habitabilidad que pretenden instalarse en los márgenes del río Santiago.

A los senadores y diputados federales por Jalisco les pide que asignen recursos económicos para atender la contaminación y que fortalezcan la legislación en materia ambiental, así como incrementar el número de inspectores para garantizar de manera amplia una adecuada vigilancia de las descargas.

Al Poder Judicial le sugiere la creación de un tribunal de justicia especializado en materia de asuntos ambientales y finalmente, a las universidades y empresarios se les exhorta al diseño de programas académicos para la formación integral de gestores ambientales y la elaboración de un informe que explique sus procesos productivos y su interacción con el medio ambiente respectivamente.

Inobjetable incremento de enfermedades

Alvarez Cibrián expuso que si bien no se ha acreditado la causa-efecto de las enfermedades que presentan los habitantes de las cabeceras municipales de El Salto y Juanacatlán, resulta evidente el daño a la salud de todas las personas que de forma o de manera directa tienen contacto con las aguas del río Santiago, sus afluentes y efluentes, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico: “afectaciones que van desde enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales hasta las crónicas”.

Las copias certificadas de las actas de defunción que obtuvo la CEDHJ revelan que se muestra un incremento en los fallecimientos por cáncer ocurridos entre 1978 y 2008 de hasta 179 por ciento; en el caso de insuficiencia renal, 317 por ciento; diabetes mellitus, 700 por ciento, y por afecciones cardiacas, mil 100 por ciento.

El personal del organismo entrevistó a 97 personas que tienen más de 40 años de vivir en las colonias aledañas a la presa derivadora de El Salto-Juanacatlán. Los resultados destacan que las enfermedades y síntomas que con más frecuencia padecen son: dolor de garganta, con 24 por ciento; 13 por ciento indicó tener gripe, 11 por ciento irritación de los ojos, 10 por ciento asma, 10 por ciento tos, y otro 10 por ciento afecciones en la piel.

El ombudsman recordó que la Secretaría de Salud ya había sido apercibida por este motivo; sin embargo, la dependencia ha respondido que la ley no le impone el deber de supervisar la calidad del agua y evaluar las condiciones de salud de la población.

Con ello, dice el titular de la CEDHJ, la Secretaría de Salud renuncia de manera expresa al deber de fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan prevenir las enfermedades y por ende, muchas personas pueden estar con padecimientos derivados de la contaminación del río Santiago y no saberlo porque la dependencia se niega a analizar el problema.

Por lo anterior, recomienda a la Secretaría efectuar un estudio epidemiológico con la Cofepris para determinar si las enfermedades son producto de la contaminación.

La Comisión notificó ayer mismo a las autoridades que tienen diez días naturales para que digan si aceptan la recomendación. En caso afirmativo, deberán emitir informes trimestrales al organismo.


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

Opinión -Juan Carlos G. Partida-

Agora

JUAN CARLOS G. PARTIDA

¡Fore!

De regreso luego de unos días de asueto, aprovecho para saludar a los cinco lectores que aún espero pueda tener este espacio. Recibí algunos correos y llamadas de quienes tienen la amabilidad de leer este espacio, en los cuales me cuestionaban acerca de mi ausencia y sus motivos, incluso bajo la duda de si la desaparición se debía a censura de algún tipo. Nada de eso. Simplemente días para disfrutar de la vida privada, que también hay derecho.

Pero ya entrando, que es gerundio, regresemos a lo que sigue en la palestra y continuará ahí por mucho tiempo más, salvo corrección en contrario.

La simbiosis discursiva y fáctica entre el cardenal San Juandoval Iñiguez y el gobernador Emilio El Católico es tan evidente que a veces no sabe uno quién sigue a quién para agenciarse la titularidad de las primeras planas. Si uno mienta madres, el otro receta premisas marxistas de que la riqueza es producto de la explotación del hombre por el hombre; si uno culpa a la prensa de sólo destacar lo malo, el otro señala que los medios de comunicación sesgan a la opinión pública al dictar agendas que poco tienen que ver con los más cristianos intereses jaliscienses. En fin, si uno se arrepiente el otro lo perdona, si uno dona lo que no es suyo el otro lo recibe aunque no venga de su feligresía, si uno paga deudas cristeras de su inconsciente ultrarreligioso el otro pugna por canonizar a quienes motivaron esa gresca salvaje, si uno juega golf el otro grita ¡fore!

El tema retomará aire en los siguientes días. Hoy habrá un foro donde estarán tres especialistas nacionales en temas de laicismo y extrema derecha, a las 18 horas en el auditorio Salvador Allende del CUCSH, del que seguramente saldrán muchos trapitos a asolearse. Y el domingo comienza la respuesta curial con una carrera pedestre que irá de catedral al santuario en obra, misma ruta que el miércoles de la semana entrante será sede de una marcha católica para defender al proyectado templo cristero de las andanzas de los hijos de las tinieblas, tan inconformes.

Por cierto, si tanto el gobernador como el cardenal creen que se deben decir las verdades completas para que sean verdades, que les digan a los feligreses que nadie se opone a la construcción de ese santuario, cada quien le reza al santo de su devoción, pues. La oposición, se insiste, es a que haya dinero público para una obra religiosa que debería financiarse con dinero propio de quienes creen que Anacleto no usó las armas contra los maestros rurales.

Partidiario

¿Derrota? Falta ver si la reforma para la Ley de Fiscalización que hoy será aprobada, no es sólo papel, porque hay fuertes rumores de que aunque el tema se destrabó tras la renuncia de Emilio González a que Alonso Godoy en automático quedara al frente de la nueva, reluciente, transparente e independiente Auditoría Superior del Estado, que dicen emergerá tras un año de estira y afloja, en realidad se negoció que a final de cuentas y sin que en el papel sea obligatorio, Godoy sí quedará a cargo de las cuentas públicas. Eso dicen de un lado, pero por otra parte parece improbable, porque ni Lalo Rosales ni Jorge Salinas permitirían que su victoria en este tema fuera pírrica…

El ciberocio. Si usted quiere perder el tiempo y hacerse ilusiones con las falsificaciones a la vera del camino, haga clic a la siguiente dirección electrónica: http://jorgevizcarra.spaces.live.com/default.aspx?_c01_MemberProfileTile=showdefault&_c=MenberProfileTile. Ahí podrá enterarse que Jorge Vizcarra Mayorga, según quien hizo ese espacio, se peló de Tonal(h)ampa por Chihuahua rumbo a Estados Unidos, primero, y a Canadá después, donde actualmente reside. Pónganse a trabajarrr…

Otro de mal gusto. Ahora resulta que Héctor Vielma, el eterno y fracasado aspirante priísta en Zapopan –para alcalde o diputado– que sueña con algún día ocupar un cargo público, encabeza un movimiento dizque ciudadano para buscar la revocación de mandato de gobernantes llamado Aplicate AC. El heredero del emporio de Telecable comienza de esta manera su precampaña y no tardará en salir en todos los cortes comerciales que no haya vendido su redituable (para él, que no para sus empleados) negocio de reventa de señales televisivas…

El Mataperros. Mata a uno y así quedarás bautizado, dice la máxima popular. Eso le pasó a Javier Guízar, quien sacó su .380 para dar muerte a un can que tuvo la estúpida idea canina de morder a uno de los hijos del líder priísta estatal, en el colofón de una fiesta infantil en Ahualulco este fin de semana. El suceso originó tal terror entre los invitados, que el organizador, cuñado de Guízar –sus iniciales son Rodrigo Mendoza–, presentó denuncia por el acto que afirman hizo influido por los efectos del alcohol. Uno mienta madres, otro saca pistola, maldito licor…

El Movimiento de Bases Magisteriales que le metió candela a la más reciente marcha contra la macrolimosna, se encargará el jueves de mostrar la inconformidad que priva en un amplio sector de los profesores de educación básica en Jalisco, en la marcha que realizará con motivo del Día del Maestro a las 10 de la mañana, de la Normal al centro de Guadalajara. Sus demandas: cese de represión de directores y supervisores “charros” hacia los trabajadores que luchan por sus derechos; plazas para los egresados de las Normales públicas; infraestructura y personal suficiente para cubrir los tres grados de preescolar; cobertura de vacantes de profesores y directivos de manera inmediata; útiles, uniformes y desayunos escolares para todas las escuelas de Jalisco. Hoy y mañana, por cierto, la disidencia elbaesthergordillesca estará representando a la entidad en el XII Congreso Nacional de la CNTE en el Detritus Federal…

Le lloverá a la SEJ. Hoy el llamado Observatorio Ciudadano de la Educación, Capítulo Jalisco, realizará una rueda de prensa en la que se pronunciará particularmente sobre la política de formación de docentes, los criterios de admisión (promedio mínimo de 8 y haber cursado el bachillerato en la misma localidad) establecidos por la SEJ para poder ingresar a las normales de la entidad y su pobre impacto en los resultados educativos de las mismas; harán también una reflexión en torno al contradictorio discurso oficial por el regreso del civismo a la escuela, como promueve el gobierno federal y que se convierte en una tentación para el estatal, tan prolijo en eso de meterle cuchara religiosa a los temas éticos…

Diálogo, a ver si los diputados lo aceptan. Un pliego petitorio fue entregado ayer por las 36 organizaciones civiles que integran el Movimiento Ciudadano en Defensa del Dinero Público y el Estado Laico para solicitar a los legisladores una audiencia con el pleno de la Junta de Coordinación Política. Si se da, les pedirán explicaciones sobre el origen de los recursos públicos otorgados por el gobernador como donativo al santuario cristero. Si se da, también manifestarán los representantes de las ONG todas las dudas y demandas que se han acumulado desde que Emilio El Católico dejó claro que quiere instaurar desde Casa Jalisco el reino de Dios en la tierra. A ver qué les contestan…

Guardadito se ve más bonito. Limitado a sus discursos y al buen talante escenográfico de las giras, el gobernador se mantiene a prudente distancia de las declaraciones públicas fuera de control. Ha dado apenas dos declaraciones a los medios desde su mentada de madre a los críticos de la macrolimosna, ha evitado actos públicos “peligrosos” como la inauguración del Festival de Mayo, donde el cotarro que llenó el Degollado aún en su ausencia despotricó contra su sola mención (“fuera, fuera, fuera”). Hoy no será la excepción y de acuerdo a lo programado por su oficina de Control Gubernamental (perdón, de Comunicación Social) no dará entrevista en su larga gira por la región Sur, en la que por cierto, ojalá, se haga mención que este es el año de José Clemente Orozco, oriundo como Juan José Arreola de Zapotlán El Grande…

Broncón. Ocho consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos darán mañana una rueda de prensa en la que se pronunciarán con motivo, afirman, de las presiones y amenazas de las que dicen han sido víctima varios de ellos por parte de Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, “quien ha intentado cooptarnos para tener un consejo dócil y alineado”. El escándalo va que pinta para mayúsculo, pues si las amenazas se dieron se trataría de un ombudsman que viola los derechos humanos y además es comparsa de los grupos en el poder político. Ya aquí detallamos la denuncia original, el tiempo dirá con los hechos si es real la intención de una CEDHJ orgánica…


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ONG piden a la CEDHJ que aclare omisiones

Hasta ayer, la CEDHJ no había dado respuesta a la petición fechada el 24 de septiembre.

Publico

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) recibió ya la petición de organismos civiles y ambientalistas para que su titular, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, aclare omisiones que a su juicio no están contenidas en el texto de la recomendación 7/2007 que el ombudsman dio a conocer el jueves sobre la presa Arcediano.

Hasta ayer, la CEDHJ no había dado respuesta a la petición fechada el 24 de septiembre. Ese día, Álvarez Cibrián sostuvo que para esta Comisión la resolución referente a Arcediano “es definitiva”, y en todo caso, los inconformes “están en todo su derecho de poder promover el recurso de impugnación” ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El Comité Prodefensa de Arcediano y otras organizaciones informaron que esta opción la harán valer en su momento. Sin embargo, manifestaron que, “a fin de no prejuzgar erróneamente el contenido de la recomendación”, solicitaron al ombdusman que aclare algunas inconsistencias y se les notifique por escrito.

En especial le piden que precise si existe un acuerdo de no violación a los derechos humanos relativo a la queja 1687/03/IV y acumuladas, y si éste se dictó con apego a la Ley de la CEDHJ, artículos 73 y 74, que exigen agotar la investigación y, en el resolutivo, anexar las evidencias, motivación y fundamentación para deslindar al servidor público.

Las quejas citadas fueron interpuestas en contra del entonces gobernador Francisco Ramírez Acuña y los entonces titulares de la Secretaría General de Gobierno, Héctor Pérez Plazola; y de la Comisión Estatal del Agua, Enrique Dau Flores.

Asimismo, piden dé a conocer qué evidencias de las aportadas fundamentan la “prevención de violación a los derechos humanos a la salud, legalidad, seguridad jurídica, información y a disfrutar de un medio ambiente sano”; y que explicite quién es el sujeto a quien se está protegiendo.

En el escrito a Álvarez Cibrián, los inconformes reconocen “la bondad” del contenido de la recomendación referente a la “suspensión de cualquier acción tendiente a la construcción de la presa” y del exhorto al Congreso del Estado para que ejerza su facultad fiscalizadora y se apeguen a los lineamientos del decreto 19985.

Guadalajara•Maricarmen Rello

La CNDH da carpetazo al caso 28 de mayo; no está obligada a darle seguimiento, afirma

Comprueba que no defiende a la ciudadanía del abuso de poder: Hernández

La CNDH da carpetazo al caso 28 de mayo; no está obligada a darle seguimiento, afirma

JUAN CARLOS G. PARTIDA

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio carpetazo a la solicitud que miembros de la Coordinadora 28 de Mayo le hicieron llegar para que reabriera el expediente 2004/1673, que acreditaba violación a derechos humanos relativos al uso indebido de la fuerza pública, retención ilegal, incomunicación, trato cruel y degradante, y en algunos casos tortura atribuible a elementos de las policías de Guadalajara, de Jalisco y de la Procuraduría estatal en contra de manifestantes que participaron en la marcha altermundista el 28 de mayo de ese año.

La solicitud para buscar un nuevo pronunciamiento que reforzara el Informe Especial emitido el 16 de agosto de 2004 por la CNDH, se dio con la intención de obligar al gobernador Emilio González a por fin iniciar una investigación en torno a dichos sucesos, que provocaron una reacción local, nacional e internacional de repudio. En mayo de este año, el mandatario estatal se comprometió a realizar una investigación si la CNDH o la Comisión Estatal de Derechos Humanos se lo pedían de nuevo.

“El artículo 175 del Reglamento Interno de la CNDH dispone que tratándose de los informes especiales dirigidos a alguna autoridad, este organismo nacional no está obligado a darle seguimiento; sin embargo, deberá agregar al expediente respectivo toda la información que se reciba sobre las medidas tomadas y que la autoridad haga del conocimiento de esta institución. Por lo tanto, esta institución nacional no está en posibilidad de evaluar el grado de cumplimiento del citado informe, aunado a que el entonces gobernador de esa entidad federativa (Francisco Ramírez Acuña) manifestó públicamente su negativa a acatar lo solicitado por esta CNDH”, dice el oficio V2/28160 fechado el 29 de agosto de este año en la capital del país, firmado por Salvador F. Arias Ruelas, funcionario comisionado para resolver la petición por la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Talía Pedroza de la Llave, del cual La Jornada Jalisco tiene copia.

Jaime Hernández, miembro de la Coordinadora 28 de Mayo y uno de los peticionarios de la intervención de la CNDH, dijo que la respuesta recibida “extiende una carta de impunidad a Francisco Javier Ramírez Acuña, y de paso a Emilio González Márquez, quien participó en los hechos cuando era presidente municipal”. Afirmó que la decisión se tomó con base en un reglamento interno, de menor rango que la propia ley de la CNDH, lo que convalida la impunidad que priva en el país.

“Con esto se comprueba una vez más que la CNDH ya no se encuentra de parte de la sociedad civil, ni defiende a los ciudadanos de los abusos de poder, ni le preocupan los tratados internacionales que tanto invoca, por lo que es urgente reformar al organismo y constituirlo en una defensoría del pueblo. La CNDH no defiende lo que concluye ni se preocupa por darle seguimiento, no obstante que el gobernador González Márquez había dicho que cumpliría el informe si se lo pedían formalmente (…) José Luis Soberanes, presidente de la CNDH, es ahora un pelele, quien además de demostrar un comportamiento errático, indica que se ha sometido a las líneas que le dicta desde ahora la Secretaría de Gobernación y Felipe Calderón, a quienes respalda para conservar el puesto”, ultimó Hernández.

Urge la CEDHJ a actuar contra la degradación ambiental en Juanacatlán

Vecinos de la Cuenca del Ahogado y el Grupo VIDA presentaron queja ante la Comisión

Es momento de que las autoridades den resultados claros, indicó Alvarez Cibrián

EUGENIA BARAJAS

Una queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) que apela por un medio ambiente sano y limpio podrá salvar la vida de 16 mil habitantes que respiran los desechos tóxicos que arrastra la Cuenca del Ahogado, incluidos los cerca de mil alumnos de las escuelas Mártires del Río Blanco, que por ironías en el nombre se han convertido en víctimas al ser vecinos de la fétida cascada de inmundicias y espuma blanca que el viento riega como contaminado paisaje nevado por el municipio de Juanacatlán.

“Es tiempo que las autoridades se pongan a trabajar y si tiene que tomar medidas urgentes que lo hagan”, sentenció el ombudsman Felipe de Jesús Alvarez Cibrián.

La pompas de maloliente jabón surcan el cielo estampándose sin pudor en la cara de aquellos que todavía tienen la osadía de continuar una vida normal en el municipio de Juanacatlán, la enorme manta colocada por el grupo Valores Integrales y Desarrollo Ambiental (VIDA) en las vigas del nuevo puente de acceso, donde da cuenta de la cantidad de contaminantes que arrastra el río –arsénico, cadmio, cromo, cobre, plomo, mercurio, níquel, coliformes fecales y salmonella– no inhiben el paso de las adolescentes, que por necesidad cruzan para llegar a su hogar tras la salida de la secundaria.

Un número, el 986/07, representa la esperanza para cerca de 15 mil habitantes que viven en la ribera de la cuenca, es el registro de la queja ante la CEDHJ del Grupo VIDA, que encabeza Rodrigo Saldaña que exige su derecho de un ambiente sano y limpio tras 30 años de ver la degradación del río, que de ser un atractivo turístico se convirtió en la cloaca de la Zona Metropolitana.

La esperanza de que las autoridades respondan ante una recomendación o un informe especial de las repercusiones a la salud de los pobladores y sobre todo a los niños que integran el plantel de las dos escuela Mártires del Río Blanco, que al tener sus salones a escasos metros de la fétida y espumosa cascada, padecen de granos en la piel, mareos, enfermedades estomacales y estrés, es mucha ya que según Felipe de Jesús Alvarez Cibrián durante un recorrido a cuatro puntos de la cuenca, se exhortará a las autoridades de los tres niveles de gobierno con la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Semarnart, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), Secretaría de Salud y el Ayuntamiento a que respondan para encontrar soluciones.

“Es momento que las autoridades encargadas de todas estas áreas se pongan a trabajar y den un resultado claro a la sociedad, en donde acaben con especulaciones, paguen estudios y de una vez por todas se acabe con rumores, especulaciones y acusaciones y si se tienen que tomar medidas urgentes, también se pongan a realizarlas”.

Alvarez Cibrián visitó el canal de Las Pintas en La Huizachera, en donde corre el drenaje a cielo abierto; la planta de tratamiento del Siapa que sólo opera como sistema de bombeo y el canal ubicado a 40 kilómetros de El Verde, Chapala, en el que se descargan residuos industriales y aguas negras; el fondo de este canal es de tierra, por lo que la contaminación se filtra a los mantos freáticos.

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Opinion - Jorge Gomez Naredo

La CEDHJ y su nuevo presidente

La Jornada Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tiene nuevo presidente: Felipe de Jesús Alvarez Cibrián. Su designación fue controvertida, pues no hubo igualdad en el trato que los diputados dieron a los contendientes (más de 15), no se suscitaron debates ni se supo públicamente cuáles eran los perfiles y las propuestas de los candidatos (salvo casos excepcionales). Todo se hizo a través del cabildeo, de los amarres entre las cúpulas, entre las elites, entre quienes detentan el poder y tratan, por todos los medios posibles, de evitar una comisión incómoda, crítica, comprometida. En la sesión en la cual se eligió a Alvarez Cibrián, el ahora muy viajero diputado perredista (un mes en el extranjero con cargo al erario) Samuel Romero Valle solicitó el apoyo de la fuerza pública e incluso hubo una persona golpeada. Este proceso de elección no representa un buen augurio para la situación del respeto a los derechos humanos en Jalisco: tendremos un presidente desligado de la sociedad y cercano a la elite política, al poder.

La CEDHJ es un órgano público autónomo y ciudadano, es decir, recibe recursos estatales pero no obedece los designios del Ejecutivo o del Legislativo (aunque éste, cosas de la vida, lo elige). Esta supuesta separación no se cumple a cabalidad. El caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es emblemático: su actual presidente, José Luis Soberanes, se ha plegado a las intenciones de Felipe Calderón, ha repetido sus argumentos y parece representar una oficina más de la Presidencia y no un órgano autónomo. En su más reciente dislate, Soberanes fustigó (como antes lo había hecho Ulises Ruiz y la Secretaría de Gobernación) el informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y en México, presentado por Irene Khan, secretaria general del organismo más importante y con más prestigio en defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional.

En Jalisco los derechos humanos se violan constantemente, pero al gobierno de cuño panista poco le importa el asunto. Los policías discriminan, pegan, torturan y tenemos casos tan oprobiosos como el del 28 de mayo de 2004, cuando cientos de jóvenes fueron brutalmente golpeados por policías estatales y municipales por el pecaminoso hecho de atreverse a protestar y a marchar. Ninguna autoridad ha sido castigada por este incidente: el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, ahora es secretario de Gobernación a nivel federal y parece que jamás, nunca, en ningún momento, será castigado por sus extravíos y por violar los derechos humanos en su estado natal.

Felipe de Jesús Alvarez Cibrián arribó a la presidencia de la CEDHJ con los estigmas de la sospecha y la desconfianza: se han ventilado públicamente sus nexos con el gobernador de Colima, Silverio Cavazos, con otros políticos y con el diputado panista Gustavo González Hernández; además, ha corrido el rumor de que su designación obedeció a un arreglo con las fracciones del PAN y del PRI en el Congreso local, las cuales pidieron “plazas” a cambio de elegir a Alvarez Cibrián. ¿Podrá el nuevo presidente actuar de manera autónoma y confrontarse con el gobierno y los partidos políticos para garantizar los derechos humanos en Jalisco? Seguramente no.

El respeto a las garantías constitucionales no solamente es un asunto entre la CEDHJ y los poderes políticos, sino una cuestión ciudadana: sin ésta, todo esfuerzo está condenado al fracaso. Por otra parte, el presupuesto a este organismo público autónomo dibuja muy bien el interés de las autoridades por el respeto a los derechos humanos: es de 50 millones de pesos anuales, es decir, menos de lo otorgado por Emilio González Márquez para el desangelado y superfluo evento de Televisa, Espacio 2007, celebrado del 4 al 8 de junio del presente año. ¿Cuántas actividades y proyectos se pudieron realizar con los 67 millones de pesos que González Márquez otorgó a la televisora si dicho dinero se hubiera invertido en la concientización de la población sobre la necesidad imperante de respetar los derechos humanos, de conocerlos y ejercerlos?

No cabe duda que la defensa de los derechos humanos no está en la CEDHJ, sino en la sociedad misma, en la organización de ésta para poder combatir los excesos que a diario cometen los potentados. Sin embargo, hubiera sido deseable que, en la presidencia de la comisión, hubiera estado una persona que tuviera conocimiento de la situación actual de los derechos humanos en Jalisco y que poseyera vínculos con la sociedad civil. No se dio, pues los diputados prefirieron un ombudsman maniatado, débil y más cercano a las elites e intereses políticos que a la defensa de las garantías constitucionales. Con estos hechos, la tarea por hacer de Jalisco un estado más justo, igualitario y donde se respeten las garantías constitucionales será una labor más difícil, titánica, pero que, sin duda, la sociedad debe y precisa afrontar.

jorge_naredo@yahoo.com

Denuncian desaparición de documentos en la CEDHJ que involucran a ex funcionarios

Se haría pública una recomendación contra la esposa del ex gobernador Francisco Ramírez

El ombudsman Carlos Manuel Barba y varios visitadores estarían implicados en el extravío

El diputado panista Gustavo González en imagen de febrero pasado Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ

EUGENIA BARAJAS

Entre el personal y los consejeros ciudadanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) hay preocupación por la desaparición y ocultamiento de documentos que involucran recomendaciones delicadas que saldrían en contra de ex funcionarios del gobierno estatal, como la que se haría pública en los próximos días y en la que estarían involucrados ex trabajadores del DIF estatal durante la gestión de María de la Paz Verduzco, esposa de Francisco Ramírez Acuña.

Además de la desaparición de documentos, existe la amenaza de despido a los visitadores, porque sus puestos están comprometidos para allegados de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) a través de las gestiones del legislador panista Gustavo González. Esta situación es la que, supuestamente, ha provocado la desaparición de los documentos.

El presidente de la Fundación FINE, dedicada a buscar niños perdidos, Juan Manuel Estrada, denunció que trabajadores de la CEDHJ lo alertaron sobre que, desde hace varios días, en algunas de las oficinas de la dependencia se han dedicado a desaparecer archivos y documentos de investigaciones que se siguen en contra de funcionarios, en su mayoría del gobierno del estado de la pasada administración.

Los empleados temerosos de perder su cargo o de ser señalados como cómplices, le mencionaron que luego que el presidente Carlos Manuel Barba perdiera la opción de reelegirse el pasado 28 de junio en una decisión política del Congreso del Estado, que eligió a Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, en las áreas de la visitaduría y de los archivos de la dependencia se inició un movimiento inusual y documentos de investigaciones empezaron a perderse.

Consultados algunos de los trabajadores, y sin querer abundar en el tema, mencionaron que todos los días aparecían bolsas negras tipo costal con cantidades de papel triturado que no se depositaban en los contenedores de la basura, sino que eran transportados en vehículos particulares con rumbo desconocido y, según el inventario de la CEDHJ, la única trituradora se encuentra en la oficina del presidente.

Sin ponerse de acuerdo, algunos señalaron que eran órdenes que había recibido Barba para desaparecer documentación que incriminara a los ex funcionarios del gobierno del estado y mencionaron al ex gobernador y actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; otros refirieron que era para evitar dar continuidad a las investigaciones y que quienes llegaran no pudieran concluir las recomendaciones.

El presidente de FINE manifestó su temor por la desaparición de documentos y coincidió con las versiones de los trabajadores; mencionó que desaparecieron documentos importantes para una recomendación que estaba a punto de hacerse pública, tras la aprobación en el jurídico sobre el caso del maltrato y asesinato del niño Jorge Alberto Juárez Medina, de cinco años, acaecida en agosto de 2004, donde se acusa de negligencia y se pide acción penal en contra de funcionarios del Consejo Estatal de la Familia y del DIF estatal, que encabezaba María de la Paz Verduzco, esposa del secretario de Gobernación, por permitir que los padres del menor continuaran con la custodia del niño tras encontrarlos culpables de maltrato infantil, lo que derivó en la muerte del pequeño y su exhumación en el patio de su casa en la colonia Las Liebres, en Tlaquepaque.

“Es una queja que interpuse y he dado seguimiento desde hace tres años y ya había sido aprobada en el jurídico y estaba a punto de salir; no lo han hecho y me lo niegan o se les perdió o lo sustrajeron. Estoy seguro de la complicidad de Barba con los funcionarios, porque en el caso de Lupita Lara, cuando le derribaron su casa en la barranca de Arcediano y se violaron los amparos judiciales, yo personalmente llevé a la señora con Barba y él le aseguró que emitiría una recomendación enérgica por las violaciones y no le cumplió, ahora resulta que ese expediente tampoco aparece”, dijo Estrada.

Algunos de los consejeros ciudadanos de la CEDHJ también fueron advertidos de la desaparición de expedientes y de la trituración de papeles que se lleva a cabo en las instalaciones del organismo público autónomo, y algunos de ellos, como Julio Aldana, hizo mención de las versiones que conocían sus compañeros y que ha ocasionado la molestia entre ellos, ya que los estudios y análisis que se emitieron por parte de la comisión especial de consejeros respecto al proyecto de la presa de Arcediano, que contenía los resultados de los Estudios de Evaluación de Riesgos e Impactos a la Salud en la Población de la zona conurbada de Guadalajara, que realizó la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ya se extraviaron y no se podrá emitir la recomendación tan pronto como se esperaba.

La pérdida de archivos apunta a los visitadores de la CEDHJ, quienes han sido advertidos de su salida, ya que tras sentirse seguros de ser ratificados en el cargo por el nuevo presidente, deberán presentar su renuncia para dar paso a nuevos funcionarios, que vienen recomendados por Acción Nacional, lo que ocasionó la molestia y pretenden entorpecer el trabajo de los futuros trabajadores.

Esta acción coincide con los ofrecimientos que el diputado Gustavo González Hernández ha hecho directamente a sus compañeros legisladores tanto del PAN como del PRI, para que propongan a una persona de su confianza en los cargos de las visitadurías foráneas que tengan representación en sus distritos, como un pago por el apoyo a la candidatura del nuevo ombudsman.

Según la página de la Comisión de Derechos Humanos, se tienen al menos cinco plazas de visitador adjunto A regional, con un sueldo marcado de 30 mil 313 pesos mensuales y dos más de visitador adjunto B regional, con percepciones de 22 mil 261 pesos al mes, puesto que se tienen repartidos en el Congreso.

Impiden entrar a la sesión a quienes no estuvieran en la lista

RAÚL TORRES

“Pinches diputados”, dijo un acompañante de los candidatos a ombudsman de Jalisco cuando cinco gendarmes le impidieron entrar al recinto donde se llevaría a cabo la votación, ya que “la orden” era dejar pasar sólo a quien estaba en la lista porque la reunión sería “privada”.

Así comenzaron a calentarse los ánimos que desataron varios conatos de pleito entre ciudadanos, policías y trabajadores del Congreso, un desalojo violento contra un consejero titular de la CEDHJ, el intento de portazo por parte de los ex braceros, las mentadas de madre de Samuel Romero Valle y la toma del Palacio Legislativo por la Dirección General de Seguridad Pública del estado, que cerró todas las entradas y permitió el acceso discrecionalmente.

Antes de las 11 de la mañana, algunos candidatos a dirigir la CEDHJ llegaron al Palacio Legislativo y al tratar de entrar con sus acompañantes al recinto, cuyo acceso improvisado es todavía la oficina de Coordinación de Medios del PAN, los gendarmes les notificaron la decisión que tomaron el diputado Samuel Romero y el secretario general del Congreso, Alfredo Argüelles Basave: “no puede entrar nadie que no esté en la lista, son las órdenes”.

Poco a poco se fueron reuniendo más personas en el patio del Congreso, había estudiantes, representantes de la Coordinadora 28 de Mayo, del Congreso Ciudadano y el Frente de Renovación Jalisco a la Vanguardia; la molestia se fue acumulando hasta que cuatro de los inconformes decidieron hacer una valla frente a los uniformados para impedir el acceso de cualquiera: “si no entramos nosotros no entra nadie”.

Los policías actuaron y abrieron paso por el lado más débil de la barrera humana, donde se encontraba Margarita Sierra, ex directora de la FIL y actual miembro del Congreso Ciudadano; del otro lado, Agustín Galindo, de la Coordinadora 28 de Mayo, forcejeaba ya con un elemento de seguridad, y quien se identificó como “secretario del secretario general del Congreso” se retaba a golpes con otro de los inconformes.

Tras algunos minutos de jaloneos e insultos que tuvieron como fondo un coro que consignaba “el Congreso es nuestro”, más funcionarios del Palacio Legislativo salieron de sus oficinas y lograron calmar la gresca.

Para las 11:40 el numeroso grupo de ex braceros que rodeó por unos minutos el Palacio de Gobierno causó alarma en la sede de los diputados y se ordenó el cierre del acceso principal. Momentos después se plantaron ante las puertas del Congreso y su representante, Gilberto Parra, exigió que se les dejara pasar, pues querían una respuesta a las peticiones que han hecho a los servidores públicos.

El personal de la entrada tomó los teléfonos y comenzó a hacer llamadas para esperar órdenes; se les indicó que el secretario general, Alfredo Argüelles, bajaría para resolver ese conflicto, pero nunca apareció. Tras 15 minutos de espera apareció de nuevo el “secretario del secretario”, quien primero se identificó como Jesús Torres y después como Pedro Infante. Fue entonces que los ancianos desesperaron y comenzaron a empujar la puerta.

Desde el interior, una docena de policías y funcionarios empujaba para contener a los inconformes de afuera, pero los inconformes de dentro también decidieron actuar y el forcejeo en ambos lados de la puerta provocó que se abriera un resquicio por el cual uno de los ex braceros alcanzó a colar un pie. Tras los empujones, los gendarmes lograron controlar el interior y volvieron a cerrar, sin importar que el pie del anciano estuviera de por medio.

En uno de los recesos que se tomaron los representantes de la gente durante su sesión privada, el presidente del Congreso, Samuel Romero, salió al patio para hacer una llamada telefónica y fue abordado por Daniel Hernández Loza, quien lo cuestionó sobre lo que estaba sucediendo: “¡Samuel! ¿Qué está pasando? ¡Que los dejen entrar (a los ex braceros)!”. “¿Y tú por qué me das órdenes?”, respondió el funcionario. Lo que siguió fue un “pendejo” y un “chingas a tu madre”.

Pocos minutos después, una decena de elementos de la Policía Estatal, al mando del director general de Seguridad Pública, Francisco Alejandro Solorio Aréchiga, ingresaron al edificio por la puerta trasera, cerraron todas las entradas y se dirigieron al acceso principal para reforzar la seguridad, pero por petición de la administración del Congreso se decidió sacar del lugar a una de las personas que, desde dentro y sin ser el más activo, había tratado de permitir la entrada de los ex braceros.

Tres uniformados fueron por Misael Hernández Barrón e intentaron detenerlo, éste opuso resistencia, se identificó como consejero titular de la Comisión de Derechos Humanos pero de poco le sirvió, pronto llegaron tres elementos más para tratar de someterlo.

Dentro del recinto, los diputados ya estaban en la segunda ronda de votaciones, la que definió a Felipe de Jesús Alvarez Cibrián como nuevo presidente de la CEDHJ. Eran ya las 14:25 horas y los inconformes que aún permanecían dentro del Palacio Legislativo prefirieron guardar la calma ante la presencia policial, que poco a poco fue liberando las entradas para permitir la salida de la gente.

Felipe de Jesús Alvarez Cibrián fue ungido nuevo titular de la CEDHJ

Entre manifestaciones y sin el consenso de los partidos, obtuvo 27 votos en una segunda ronda

González llamó a diputados del PAN para intentar ratificar a Barba; primer triunfo del PRI en el pleno

Simpatizantes de aspirantes a la CEDHJ fueron agredidos y expulsados del Congreso Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

EUGENIA BARAJAS

Sin el consenso de los seis partidos en el Congreso del Estado, y por 27 votos en segunda ronda, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián fue ungido como el nuevo ombudsman jalisciense en lugar de Carlos Manuel Barba García.

La bancada de Acción Nacional llegó dividida, telefonemas del gobernador Emilio González llegaron a los diputados albiazules para convencerlos de votar por la ratificación; en un principio se habló de que la elección saldría por consenso. Mientras que para asegurar la votación a favor de su candidato, Alvarez Cibrián, el presidente del PRI, Javier Galván, revisó las papeletas de sus compañeros. Todo fue en vano, pues, para el mandatario.

Entre manifestaciones, violaciones a los derechos humanos, empujones, denostaciones, falta de unanimidad y una votación de 37 diputados presentes que se fueron a segunda ronda, el pleno del Congreso optó por la que se había propuesto como primera alternativa, en caso de que fallara la ratificación del actual ombudsman.

Sin aceparlo de manera oficial, la bancada priísta se mostró satisfecha con lo que consideraron el primer triunfo en el pleno, ya que Alvarez Cibrián es gente cercana al ex candidato a la gubernatura, Arturo Zamora, y los votos que tuvieron a favor de los panistas indisciplinados fueron decisivos al interior de la fracción que cerró filas en torno al abogado, por lo que, según consulta entre los diputados, los 12 priístas presentes, más 12 panistas y los votos del Verde Ecologista, uno de Nueva Alianza y el del Trabajo, completaron los 27 votos que se requerían para nombrar al titular de la CEDHJ.

Minutos antes de la votación, el coordinador de la bancada panista, Jorge Salinas, hablaba insistentemente con sus compañeros y con la fracción del PRI en un último intento de lograr la ratificación de Barba García, acción que fue respaldada, según algunos diputados albiazules, por llamadas telefónicas de González Márquez a los legisladores para que desistieran de su apoyo a Alvarez Cibrián.

En ausencia de tres diputados, Enrique Alfaro, del PRD; Gloria Judith Rojas, del PRI, y Carlos Bernardo Guzmán, del PAN, la primera votación por cédula registró 24 votos a favor del nuevo presidente, 12 para ratificar al actual y uno a favor de Candelaria Ochoa.

Con esos números quedó de manifiesto que la pretensión de Salinas Osornio de salir con un candidato de unidad no fructificó y la fracción se encuentra visiblemente dividida entre los grupos emilistas y los del presidente estatal del partido, Eduardo Rosales, que apoyaron la ratificación, y los ex garcistas, que se pronunciaron en favor de Alvarez Cibrián.

Durante la primera y segunda ronda de sufragios, y pese a que la votación fue secreta, el presidente del Comité Estatal del PRI y también diputado, Javier Galván, revisó una por una las papeletas de sus compañeros de bancada, para asegurar los 12 votos comprometidos con Alvarez Cibrián.

Mientras se llegaba el momento de la elección del ombudsman, en el interior del recinto todo transcurría en calma, mientras en los pasillos y la avenida Hidalgo se presentaba una álgida confrontación entre personal del Congreso, policías antimotines y manifestantes del Congreso Ciudadano y la Coordinadora 28 de Mayo, dando por resultado un consejero ciudadano de la CEDHJ –Misael Hernández– herido.

Fue a las 14:29 horas, después de un receso de cinco minutos entre una y otra votación, cuando el presidente de la mesa directiva, Samuel Romero Valle, dio a conocer el resultado de la segunda ronda, donde anunció que 27 votos favorecían la designación de Felipe de Jesús Alvarez Cibrián.

El proceso en la CEDHJ

Julio César Aldana Maciel*

La Comisión Estatal de Derechos Humanos no requiere un nuevo ombudsman, sino una refundación, una limpieza total en sus áreas y que se queden únicamente quienes sientan el dolor de los demás, que nunca más sean cómplices del gobierno, que nunca más la conciliación sea la madre de las resoluciones, que ya no sea más el escudo que el gobierno use para defenderse de los ciudadanos, sino al revés.

Gane quien gane en el proceso de sucesión, habremos de vivir un luto por lo que ha envuelto el caso: agresiones con mensaje; fuego amigo, enemigo y desconocido; ambiciones mal encubiertas; los derechos humanos, rehenes de ambiciones políticas y económicas; porros venidos a candidatos.

Afortunadamente, hay candidatos que tienen la dignidad, la capacidad y la independencia suficiente para lograr esta transformación casi imposible: Candelaria Ochoa y su lucha firme e inteligente por los derechos de las mujeres; Alberto Bayardo, académico íntegro y persona intachable; Alfonso Hernández Barrón, garantía de experiencia, honestidad y sobresaliente conocedor de los derechos humanos, y Alejandro Sánchez Gómez, reconocido internacionalmente por su defensa de los derechos humanos desde el ITESO.

En fin, hay de donde elegir.

* Consejero ciudadano de la CEDHJ y miembro de la Casa Cultural de La Calle


• Yolanda Membrila Cortés*

En efecto, todos hemos contribuido a debilitar —o a fortalecer— la CEDHJ. Pero hay niveles o grados de responsabilidad. Hay personas, organizaciones, instancias de gobierno e instituciones que han contribuido en mayor o en menor medida a ese debilitamiento. Se espera que quienes tengan los más altos grados de responsabilidad la asuman, independientemente de lo que siga con relación a esa institución.

Estoy de acuerdo, no sólo el presidente y toda la institución deben cambiar, también deben transformarse las relaciones de ésta con la sociedad. En cuanto al ombudsman que está por ser elegido, me gustaría reconocer en el puesto no a un compadre o a un comparsa de partidos o gobierno, sino a un profesional, con trayectoria, que desempeñe con claridad ante la ciudadanía el papel de defensor de los derechos humanos de una sociedad diversa y plural en un Estado laico.

Espero que los legisladores elijan a un presidente que sea un evidente contrapeso ante los abusos de poder de la autoridad, que juegue un papel antagónico a la medida del protagónico gobierno actual. Y exijo que lo demuestre con su actitud y con sus acciones. No sólo con discursos.

* Ex consejera ciudadana de la CEDHJ

Opinión - Jaime Hernandez Ortiz

Comisión Estatal de Derechos Humanos, al servicio del Estado

Una comisión pública de derechos humanos, para tener plena legitimidad, debe tener dos principios básicos innegociables: los referentes ético y jurídico. No podemos sostener ni afirmar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tenga estos principios ni los defienda. Ahí, ahora, todo se negocia: quejas, recomendaciones, cargos, etcétera.

¿Previsible imposición?

Con la elección del próximo presidente de la CEDHJ veremos sólo dos escenarios: uno, posible, pero menos factible, que los diputados elijan a conciencia, libre y personalmente, conforme el currículum, el análisis de proyectos, la experiencia y el compromiso con la sociedad civil de quien consideren reúne los requisitos para presidir el organismo; que le imprima el liderazgo, autonomía y la independencia necesarias para quitarle el inmenso letargo en que se encuentra.

El otro escenario, el más factible, que los diputados –en este caso los de las dos fracciones mayoritarias, PRI y PAN, y con algún otro partido para conseguir las dos terceras partes de votos necesarios– resuelvan confirmar la decisión, no desmentida, de Emilio González Márquez, para ratificar en el cargo a Carlos Barba García; buscando de esta manera que el organismo deje de ser un instrumento de la sociedad (por lo menos lo es formalmente) para constituirse abiertamente en un organismo al servicio del Estado.

No es de sorprender que los diputados del PAN asuman una actitud complaciente y de sometimiento a Emilio González Márquez, ya que una de las más grandes debilidades de su gobierno es precisamente la ausencia de políticas públicas en derechos humanos, y tener además una pesada herencia de agentes arbitrarios e impunes en procuraduría y policía estatal. Por ello, en realidad, una CEDHJ y un presidente incómodo lo puede ser también para ellos.

Tampoco sorprende la postura de los diputados del PRI, pues donde son gobierno, la actuación del organismo público de derechos humanos es igual que aquí. Ahí está el caso de Puebla, con Mario Marín; o la del estado de México, cuyo organismo se distinguió por su ausencia frente a la represión en Atenco; o la de Oaxaca, que aún antes de los sucesos represivos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los funcionarios de la CEDH ya se caracterizaban por reprimir a los mismos activistas pasando de laborar del organismo al gobierno y viceversa. Lo que sorprende es el aparente autoengaño en que están los diputados, panistas y priístas, al afirmar que “votarán juntos por un solo candidato”. Creen que votando en bloque por un solo aspirante le darán la legitimidad de la que hoy carece la institución.

Una CEDHJ crítica, independiente, con un claro ejercicio público autónomo, conviene a todos, gobierno y ciudadanía, más que como actualmente está. Las crecientes inconformidades contra la CEDHJ, más pronto que tarde se revertirán contra el PAN. Recordemos que antes de ser gobierno contaban con mucha gente en organizaciones civiles y ciudadanas. Ahora esa gente y sus organizaciones están desapareciendo. ¿Les convendrá estar tan alejados de la sociedad? Por su parte, el PRI revela pobreza moral, ¿no tiene otro mejor candidato que Carlos Barba? Si hace tres años el PRI y sus diputados hubieran hecho una férrea defensa de los detenidos por el 28 de mayo de 2004 –jaliscienses o no– ante los hechos de tortura y malos tratos que recibieron –sin ir al fondo de si cometieron delitos o no–, y hubieran desmentido la versión mediática de Ramírez Acuña, la realidad, posiblemente, hubiera sido otra. Pero dijeron que no, que “no iban a pagar el costo político”. Y ya vimos lo que pasó. Lo tuvieron que pagar y muy caro. ¿Les convendrá tener entre sus filas a Carlos Barba y seguir defendiendo sus débiles imposturas?

Fallas en el plan B

Incluso la propia comisión bipartidista del Congreso (¿alguien pensaba que debe ser plural?), no sabe lo que son los derechos humanos. Es previsible que no sólo no presente en estos tres años ningún proyecto relevante en la materia, sino que realice propuestas regresivas. Una de las tareas más inmediatas será arropar a Barba García con un consejo ciudadano que hasta el momento realiza tareas intrascendentes.

Como ejemplo de ello vemos ahora que esta Comisión, contra toda norma, acepta a César Orozco, el actual director de Quejas de la CEDHJ, como aspirante al cargo, con la irrisoria argumentación de que “no es funcionario sino un servidor público”. Bueno, pues decisiones arbitrarias como ésa son las que generan precisamente las violaciones a los derechos humanos en la entidad, de servidores públicos como diputados (a ver si al rato no dicen que no son servidores ni públicos) que interpretan las leyes a su capricho y antojo; lo que ameritaría incluso una impugnación seria contra el propio Congreso por tomar medidas discriminatorias para todos los servidores públicos que pudieron haberse inscrito y que entendieron claramente no estar laborando dos años antes de la elección. Hubieran dicho claramente: “aspirantes, de directores para abajo. Y podrán hacerlo de los tres poderes y organismos autónomos” ¿Esta era la señal acordada entre ambos funcionarios, perdón, ciudadanos, Felipe Pulido y César Orozco?

Esta medida, claro está, se hace pensando como un plan B, ante el inmenso descrédito de Carlos Barba y pensar equivocadamente en cierta forma en una reelección técnica y un enroque. ¿Aceptarán pagar el alto costo político de una decisión así?

Hoy más que nunca los diputados deben demostrar si están dispuestos a fortalecer a una institución que debe estar completamente en favor de la ciudadanía, decidiendo por sí y no el gobernador, o de plano nos dirán si con una reelección piensan en liquidarla.

Análisis público

Mañana martes 26 de junio, 11 horas, patio del Congreso, presentación pública de proyectos democráticos y ciudadanos de aspirantes a presidir la CEDHJ. Convocan organismos civiles que los postulan.

Se presentó Candelaria Ochoa Avalos como aspirante a dirigir la CEDHJ

La doctora en Ciencias Sociales cuenta con el respaldo de 27 instituciones internacionales

Nos preocupa la posición timorata y mediocre de la Comisión en los últimos años, expresó

Candelaria Ochoa –en primer plano– se pronunció por que la sociedad reflexione sobre lo acontecido en la entidad en los últimos cinco años Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ

JORGE COVARRUBIAS

Respaldada por 27 instituciones, entre las que destacan la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Iteso), El Colegio de México, así como asociaciones civiles, e incluso el Consulado de Estados Unidos, María Candelaria Ochoa Avalos se presentó como aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Doctora en Ciencias Sociales y con una amplia carrera en el ámbito académico, donde ha publicado una serie de investigaciones relacionadas con las políticas de género y la participación de las mujeres en la vida pública, Ochoa Avalos se mostró preocupada por las amarres políticos que se están generando en el Congreso local, entre los grupos parlamentarios del PRI y PAN, para llegar el día de la votación con una sola propuesta, al parecer la de Carlos Manuel Barba García, ombudsman del organismo.

“Nos preocupa, porque la Comisión en estos cinco años ha tenido una posición timorata y mediocre, diríamos en términos de la defensa de los derechos humanos y de la promoción de la cultura de los derechos humanos. Entonces creo que en ese sentido nos preocupa que tomen esa postura”, dijo.

La aspirante precisó que dialogó con el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Samuel Romero Valle, sin embargo, éste le hizo saber que la bancada panista busca un arreglo con las otras fracciones para imponer un voto.

Precisó que su presentación oficial como postulante a la dirigencia de la CEDHJ obedece a una necesidad de motivar la participación de la sociedad y también a ejercitar una reflexión de lo que se ha hecho en los últimos cinco años.

Desde su punto de vista, la elección del ombudsman debería salir del Congreso del Estado y dejarla en manos de un proceso abierto en el que pueda votar la población.

“Creo que deberíamos aspirar a eso, a que la ciudadanía conozca quiénes son las personas, qué trayectoria tienen, qué compromiso han tenido con la sociedad. No podemos tener un titular, o una titular (de la CEDHJ) que no conozca los movimientos sociales en este estado”, refirió.

En apoyo de Avalos, Oscar Vargas López, director del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, comentó que por su amplia trayectoria ayudará a que el organismo tenga una visión integral y más activa en la defensa de los derechos humanos.

Los Derechos Humanos en Jalisco: Retos pendientes

El miercoles por la mañana, la Dra. Candelaria ofrecio una rueda de prensa, aqui el boletin:

Dra. Ma. Candelaria Ochoa Avalos

Los retos en Jalisco para la nueva o nuevo titular en materia de derechos humanos no es tema menor. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, mantiene como ideal común que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, para que se promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y se aseguren, medidas progresivas para su reconocimiento y aplicación universales y efectivos. Mantiene además que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición…” Por lo que pone en el centro que no debe existir discriminación de ningún tipo hacia ninguna persona.

Las Comisiones de Derechos Humanos fueron creadas para trabajar en esta materia y garantizar que las instituciones, especialmente el gobierno, no viole ninguna de estas garantías, sino por el contrario, promueva su respeto efectivo. Por tal motivo, las Comisiones deben encaminar su trabajo a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos. Además, considero que una parte muy importante en este tipo de instancias, es garantizar la educación en este campo, ya que existe una gran reticencia a entender a todas las personas, como personas con derechos, porque permanece la discriminación hacia las personas y comunidades indígenas; todavía no existe respeto a la diversidad; los derechos de las mujeres aun son una deuda pendiente con más de la mitad de la población; las condiciones de pobreza generan desigualdad y discriminación, en fin, el camino es largo.

Ante este panorama, consideramos que para el respeto a los derechos humanos, se requiere de manera urgente una Comisión Estatal estrictamente ciudadana, comprometida, que debe impulsar acciones efectivas para el respeto, la equidad, la justicia y la no discriminación, y sobre todo, que se convierta en la verdadera defensora de quienes acuden a la misma en busca de justicia, de ahí que el reto más grande para mí, es la institucionalización de la misma. En una sociedad democrática, quienes deben cumplir en primer lugar son las instituciones, por tanto, se convierten en las instancias a través de la cual se garanticen relaciones democráticas entre sociedad y gobierno.

Actualmente la CEDHJ se ha convertido en una instancia del Ministerio Público, en donde las personas tienen que comprobar que fueron víctimas de la violación de sus derechos, en vez de investigar si fue la autoridad violó esos derechos. Además, considero que se deben simplificar las denuncias y garantizar que las recomendaciones que emita, sean atendidas y sancionadas las autoridades que incurrieron en delito. Es necesario que generemos una cultura de los derechos humanos y la CEDHJ tiene ese gran reto por delante.

Integrar ejes transversales al trabajo de la comisión sin duda ayudaría a generar una mayor visión y práctica integral de los derechos humanos, como la perspectiva de género, la no discriminación, el conocimiento y acceso a la justicia pronta y expedita, y especialmente el cumplimiento de las recomendaciones, todo ello, como un asunto ético de vital importancia.

Los retos no son pocos, aún prevalece en el estado la violación a los derechos humanos de las mujeres; de las personas con discapacidad; de los jornaleros agrícolas; de las comunidades indígenas; de las y los jóvenes y la infancia; la diversidad sexual aún se penaliza como crimen. Requerimos por ello, una o un titular que garantice dejar fuera estereotipos y estigmas de todo tipo, para que pueda ejercer de manera ética su compromiso con los derechos humanos.

Deseamos en Jalisco, una Comisión Estatal de Derechos Humanos que garantice en todo momento la integridad de cada una de las personas que vivimos en el estado. La autoridad moral y el compromiso ciudadano, deben prevalecer en la elección de la nueva titularidad, y que no prive el compromiso partidista, sino la práctica de la justicia sin discriminación.

Porque ¡los Derechos humanos no se negocian!

Repudia Codise represión a activistas y amenazas de muerte a Oliva Ornelas

El gobernador actúa contra los derechos de la sociedad, acusa

JORGE COVARRUBIAS

Atados de manos y con el rostro cubierto con una careta de Oliva Ornelas, ex candidata al gobierno del estado por Alternativa Socialdemócrata y Campesina, militantes de este partido y miembros del Colegio Nacional de la Diversidad Sexual (Codise) repudiaron en el Congreso del Estado la represión que sufrieron activistas sociales en el Centro Cultural La Calle, y las amenazas de muerte que recibió ella.

Rodrigo Rincón Jiménez, representante de Codise, recordó al gobernador del estado, Emilio González Márquez, que también se es parte de un delito cuando las autoridades actúan con omisión.

“Queremos decirle al gobernador del estado, que también se es parte de un posible delito o de actos contra una persona cuando se deja de actuar. Esto se conoce como omisión, y estamos viendo que la única actuación que ha estado teniendo el gobernador es solamente contra los derechos de la sociedad, y no para proteger como es su obligación y como la marca la propia constitución”, dijo.

El performance lo completó una persona vestida con un traje de gorila, en alusión a los agresores que golpearon a sus compañeros y amenazaron de muerte a Ornelas.

“Pero no se está yendo a la cabeza de todo esto, sólo se está favoreciendo a grupos, no se está castigando, porque se sigue siendo intolerantes y es por lo que estamos aquí reclamando”, refirió el representante del grupo Alternativa Joven, Gerardo Torres.

Los inconformes aprovecharon la ocasión para reiterar su rechazó a la reelección del actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) Carlos Manuel Barba García. Rincón Jiménez señaló que la administración del actual ombudsman ha sido bastante gris y pasiva, y en el caso particular de la agresión a los activistas del Centro Cultural de la Calle no hizo ningún pronunciamiento pese a que según testimonios, se encontraba cerca del lugar el día que ocurrieron los hechos violentos.

“Lo que nosotros vimos es que durante el tiempo que él estuvo a cargo de la presidencia se vio muy pasivo en cuestión de la defensa de los derechos humanos; por ejemplo, en el reciente caso de la Casa Cultural de la Calle, algunas de las personas que estuvieron presentes el día de la agresión manifiesta que Carlos (Manuel Barba García) pasó por afuera de las instalaciones, y no se detuvo, no fue de su interés ver que estaba pasando para ver en que podía ayudarnos. Es el último caso que les comentó como una de las cuestiones de la pasividad, de la falta de autonomía dentro de las instituciones que en este caso son las encargadas de defender la cuestión de los derechos humanos”, refirió.

Por la tarde, miembros de la Coordinadora 28 de mayo se reunieron con el secretario de Seguridad Pública del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez para exigirle una aclaración de los hechos, y castigo a los responsables.

Le pidieron en concreto, despejar las dudas en torno a la participación de elementos de la policía estatal en la zacapela. El funcionario dijo que hasta el momento no se tienen datos al respecto; sin embargo, se comprometió a tener mayor información en un plazo de una semana.

Los representantes de Codise y Alternativa añadieron que a partir del suceso, Oliva Ornelas suspendió la comunicación de llamadas y piensa seriamente en marcharse del país porque no confía en las autoridades mexicanas.

Califican de poco eficaz a la CEDHJ

No tiene verdadera independencia del Ejecutivo y de partidos, indican

En seis años, la comisión sólo ha logrado que se acepte 38% de sus recomendaciones; por ello, organismos civiles consideran urgente reforzarla.

El foro realizado ayer por varios organismos e investigadores puso en evidencia el debilitamiento de la comisión defensora. Foto: Luz Vázquez

Publico - 19-Junio-07


En el diagnóstico sobre su quehacer a lo largo del último sexenio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sale reprobada. El examen lo aplicaron organismos civiles e investigadores de universidades. Y en boca de los expertos, el principal sustento de la descalificación es la escasa eficacia del organismo: apenas se aceptó 38 por ciento de las 54 recomendaciones que emitió entre 2001 y 2006. Esto significa alrededor de una de cada tres... si fuera partido de beisbol, la hubieran ponchado”, señaló el investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Carlos Peralta, quien ha realizado un seguimiento puntal de la gestión de la CEDHJ.

En el marco de un foro realizado ayer para analizar el sistema público de los derechos humanos en México y Jalisco (con la presencia de ponentes de la Universidad Veracruzana, UdeG, ITESO, Academia Mexicana de Derechos Humanos e IMDEC), Peralta puso en evidencia “las grandes autolimitaciones” que impiden a la institución “tener un carácter más estratégico”: la CEDHJ recibe cerca de doce mil asuntos de ciudadanos anualmente, pero la inmensa mayoría son servicios catalogados como orientaciones. Sólo se admite una queja en alrededor de tres mil casos (25 por ciento del total), lo que supone que se levanta un acta de investigación; sin embargo, cerca de 70 por ciento quedan archivadas en el camino –ya sea por falta de interés de los agraviados– o por otros motivos que no se hacen públicos. Una cuarta parte de las quejas (690) son resueltas por “conciliación”, una figura jurídica muy cuestionada por algunos defensores de derechos humanos, pues supone un “arreglo” entre ciudadano agraviado y autoridad que le agravió, cuya condición es desistirse de la queja. Lo conciliado comúnmente es que la dependencia en cuestión abra un proceso administrativo contra el servidor o servidores públicos señalados, por toda reparación del abuso sufrido. La CEDHJ funge como intermediaria para el acuerdo.

El investigador del ITESO resalta el hecho de que las conciliaciones no se hagan públicas, mucho menos los casos de las quejas que se archivan, entonces queda en duda la claridad y transparencia del proceso. Así, al final de un gran embudo solamente de ocho a trece quejas terminan en una recomendación (la mejor cifra en 2005, el año más productivo del quinquenio de Carlos Manuel Barba García al frente de la CEDHJ). Peralta reconoce que las recomendaciones son, por definición, “el recurso extremo” al que debe recurrir el ombudsman; sin embargo, es la única herramienta posible en el caso de violaciones graves a los derechos humanos, como es la tortura o la privación de la vida. Una vez llegada la recomendación, por sí sola esta tampoco sirve de mucho si no es aceptada por la autoridad “en su totalidad”. Y aquí el filtro deja de ser operado por la CEDHJ y pasa al control de las dependencias y funcionarios en ejercicio del poder.

¿Qué tan bien son atendidas las recomendaciones? Peralta pone ejemplos: en 2003, sólo se aceptó a cabalidad una de diez recomendaciones emitidas ese año. En 2004, fueron aceptadas dos de un total de once giradas por el ombudsman. Y en 2005, se tuvo un récord de siete recomendaciones aceptadas, pero ese año se emitieron trece.

2006 es un año emblemático: la CEDHJ emitió la llamada macrorrecomendación por nueve casos de tortura sucedidos en hechos diferentes contra once personas. Y la Procuraduría de Justicia la rechazó por considerar “que no había suficiente sustento”.

La respuesta unánime que despierta esta estadística, entre investigadores y activistas, es que la CEDHJ se debilitó en el último sexenio y que ahora urge reforzarla, “pero no sólo en su imagen”, sino en su vinculación con la sociedad civil y con miras a que el ombudsman tenga verdadera independencia del Poder Ejecutivo y de los arreglos entre partidos políticos.

Desencanto frente a la elección

• Una encuesta levantada por la Academia Mexicana de Derechos Humanos —un organismo de la sociedad civil— reporta que entre activistas de asociaciones civiles, hay desencanto por el proceso de selección del ombudsman en Jalisco.

Gloria Ramírez Hernández, presidenta de esta academia, destacó que ninguno de los activistas locales entrevistados cree en la transparencia del proceso de selección, que se desarrolla bajo la convocatoria y vigilancia del Poder Ejecutivo. Esta percepción –explica— es clave para otro indicador: sólo 16 por ciento de los organismos de la sociedad civil “que tienen posibilidades de influir” apoyó a un candidato para contender por el puesto de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

Con todo y la percepción negativa, el Congreso del Estado recibió la inscripción de 19 aspirantes, incluido el actual presidente de la CEDHJ, Carlos Manuel Barba García, quienes esperan ser electos a partir de una terna, que será sometida a votación en el pleno del Poder Legislativo, donde se requiere dos terceras partes de los votos del quórum para ganar.

Ramírez, quien desarrolla el proyecto de derechos humanos de la Unesco, se unió a la exigencia de otras ONG y activistas locales que exigen a los diputados del Congreso local que actúen con independencia y rechacen el voto “con línea”. Ofrecieron allegarles la información sobre el perfil del ombudsman y les recordaron que una Comisión de Derechos Humanos no es una institución cómoda, en tanto que su función es defender a los ciudadanos de los abusos cometidos por los gobernantes. Y aceptar ese balance, legitima.

- Las Cifras
La CEDHJ recibe al año:

• 12,000 asuntos en promedio, que desahoga así:

• 3,000 se abre una queja

• 2,100 (70% de lo anterior) al archivo

• 690 se concilian

• 8 a 13 terminan en recomendación

• 1 a 7 –según el año– son recomendaciones aceptadas

• Fuente:
Estudio Gestión CEDHJ.
Mtro. Carlos Peralta. ITESO/CEDHJ

Guadalajara•Maricarmen Rello

Arrecian las manifestaciones de repudio a la reelección de Barba en la CEDHJ

Diversas ONG analizan posibilidad de instaurar juicio popular contra el titular del órganismo

Hay dados cargados de la fracción panista en el Congreso hacia el ombudsman: Jaime Hernández

Cuestiona el aspirante a la presidencia de la Comisión que no aparezca su nombre en la lista oficial

El aspirante a la presidencia de la CEDHJ, Jaime Hernández, en conferencia de prensa Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ

JUAN CARLOS G. PARTIDA

Los pronunciamientos en contra de la reelección de Carlos Manuel Barba García como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) se intensifican en la recta final rumbo al nombramiento que deberá hacer el Congreso del Estado, en primera instancia, antes de que finalice este mes. Por lo pronto, a las protestas realizadas ayer por integrantes del Partido Alternativa y del Colegio Nacional de la Diversidad Sexual contra la posible reelección, otro de los candidatos, el abogado Jaime Hernández Ortiz, luego de lamentar que en la lista de aspirantes “filtrada” a la prensa no apareciera su nombre, dijo que este martes diversas organizaciones no gubernamentales realizarán una reunión para determinar la posibilidad de instaurar un juicio popular contra Barba García y su gris gestión al frente del organismo defensor de los derechos humanos.

Tras el señalamiento del coordinador de los diputados panistas, Jorge Salinas Osornio, de que ese grupo parlamentario votaría en bloque para elegir al siguiente ombudsman jalisciense, declaración que, además, acompañó de un reconocimiento a la labor de Barba García –cuestionada por un amplio números de organizaciones no gubernamentales que a su vez han señalado que se trata de un funcionario a modo de los intereses del gobierno en turno–, para Jaime Hernández Ortiz se trata simplemente de anticipar que los dados se encuentran cargados a favor del actual presidente de la CEDHJ, apreciación a la que se suma su exclusión de la primera lista que fue entregada a los medios de comunicación y en la cual no aparece su nombre a pesar de que se registró en tiempo y forma el pasado 15 de junio, como lo establecía la convocatoria.

“Me parece una cuestión de muy mala fe del Congreso permitir que se difunda una lista que no firma ninguna dependencia. Yo tengo mi registro formal a las 14.48 del día 15, formal y legalmente estoy registrado, no he sido rechazado, mi pregunta es por qué no aparecí en la lista”, dijo Hernández Ortiz, conocido en particular tras la defensa que hizo al integrar el colectivo Coordinadora 28 de Mayo de los altermundistas detenidos tras la marcha en contra de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea aquí, en mayo de 2004, y que luego fueron torturados y encarcelados.

La lista que difundió de origen el Congreso incluye a los candidatos Francisco Jasso Méndez, José Luis Tello Ramírez, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, Alejandro Sánchez Gómez, Héctor Guadalupe Navarro García, Adolfo Ochoa, Ruth Gabriela Gallardo Vega, Alberto Bayardo Pérez Arce, María Gerardo Razo Saldaña, Alberto Solorio Becerra, Roberto Alejandro Sedano Cárdenas, Barba García, Alejandra de Gante Casas, César Alejandro Orozco Sánchez, Alfonso Hernández Barrón, María Candelaria Ochoa Avalos, Jerónimo Flores González, Raquel Gutiérrez Nájera y César Bernardo Solís Alcántara. No incluía a Hernández Ortiz.

Cuando muy tarde, el 29 de junio la Comisión de Derechos Humanos del Congreso deberá tener listo el dictamen para que el pleno, en votación este mismo mes y siempre y cuando se logre la conjunción de dos terceras partes de los votos de los presentes, avale el nombre del próximo ombudsman.

Hernández Ortiz dijo que se tratará de impedir por todos los medios que una labor facciosa como la de Barba García pueda continuar y con ello se contradiga el espíritu de autonomía que debe prevalecer en la CEDHJ, vulnerado por recomendaciones negociadas con las autoridades o bien con simples conciliaciones. Por ello, anticipó, hoy martes se realizará una reunión que determine medidas a tomar para que la sociedad civil sancione la labor de Barba García, entre ellas un juicio popular, similar al que se hizo contra el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, a pesar del ambiente de hostigamiento que prevalece de parte de las autoridades estatales.

Apoyado por 12 agrupaciones, entre ellas la Asamblea Popular de los Pueblos de Jalisco, el Movimiento de Bases Magisteriales, el Tianguis Cultural, la Academia Jalisciense de Derechos Humanos y la Coordinadora 28 de Mayo, Hernández Ortiz dijo que lo ideal es que todos los candidatos presenten su propuesta para aspirar al cargo y en ella den a conocer a detalle qué acciones tomarían para lograr que la CEDHJ vuelva a ser un organismo autónomo.

Su proyecto plantea 12 propuestas, entre ellas un diagnóstico de la situación actual de los derechos humanos en la entidad, un programa de seguimiento efectivo a las recomendaciones; atención a problemas como el caso 28 de mayo, la cancelación de la presa de Arcediano y punto final a las secuelas del 22 de abril; instaurar una comisión de la verdad para dilucidar lo ocurrido en la guerra sucia de los 70 en Jalisco, creación de audiencias populares para recibir quejas contra las autoridades y una reestructuración a fondo, con capacitación incluida de la propia CEDHJ.

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Opinión - Jaime Hernandez Ortiz

Comisión Estatal de Derechos Humanos, desprestigio y decadencia

Sin la participación activa de la sociedad y específicamente de la sociedad civil organizada, cualquier programa o institución pública de derechos humanos está condenada al fracaso.

Para que una comisión pública de derechos humanos funcione es necesaria una relación estrecha de las acciones que realiza con las demandas ciudadanas. Sólo el respaldo popular y civil puede otorgar legitimidad y autoridad moral al trabajo de un organismo público. Sin embargo, hoy por hoy, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) está divorciada de la sociedad y, en cambio, muy cercana de la autoridad, prueba de ello es la “línea” de Emilio González Márquez para que los diputados panistas ratifiquen unidos al actual titular.

Los resultados de estos hechos ya se observan con antelación: aumento de violaciones a los derechos humanos, impunidad, descrédito del propio organismo y, lo que es peor aún, desmoralización de muchos ciudadanos. Hoy el único futuro que tiene el organismo estatal es que se elija a un presidente surgido de la sociedad civil, con vocación, formación y compromiso en los derechos humanos; que inicie una renovación institucional que le imprima, con creatividad e imaginación, un nuevo rumbo.

Por desgracia esto no parece ser posible. Hoy la CEDHJ se ha judicializado y gran parte de sus acciones se centra en realizar triquiñuelas jurídicas para “conciliar” a los quejosos con las autoridades; característica que consiste en que las autoridades “consienten” en iniciar un procedimiento administrativo a presuntos responsables de abusos a cambio de que no se llegue a la “recomendación”. Pero incluso en una “recomendación” sucede que no se llega a castigar a los responsables de los abusos de autoridad, pues el procedimiento administrativo requiere que el quejoso “ratifique”, identifique a sus agresores, inicie un nuevo procedimiento (cuando pudo hacerlo sin necesidad de la CEDHJ) y aporte nuevas pruebas al proceso a realizar.

Cuando esto sucede el quejoso prefiere mejor retirarse, pues si no decide ir hasta el fondo, la comisión hace la conciliación de forma “oficiosa” y asunto terminado. Aparentemente queda bien con todos. Por eso, ¿alguien sabe de verdad cuántos servidores públicos han sido amonestados, suspendidos o destituidos como resultado de una recomendación?

De ahí, entonces, que las autoridades del estado, empezando por Emilio González Márquez y diputados panistas, consideran que Carlos Barba repita como presidente cómodo, dúctil y sumiso.

Duro contra los ciudadanos

Desde que el actual diputado Felipe de Jesús Pulido era director del jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Guadalajara, su actuación se dejó ver con la actitud asumida por Emilio González Márquez de informar tardíamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los sucesos del 28 de mayo de 2004. En esa ocasión el Ayuntamiento de Guadalajara fue el más tardado en responder a los requerimientos del organismo nacional, sobre los policías municipales, pues rindió su informe a pocos días del Informe Especial de la CNDH, que difundió el 16 de agosto de 2004. Recordemos que decenas de policías del Ayuntamiento se prestaron en la fabricación de pruebas contra altermundistas, según una comisión especial de tres regidores del PRI y el PRD. Y el mismo Informe Especial implicó a González Marquez.

Por otra parte, es posible que Pulido, en contubernio con César Orozco, hayan operado conjuntamente para simular que se cumpliría la recomendación 05/2005 de la CEDHJ, de fecha 28 de mayo de 2005, que recomendaba a Emilio González Márquez iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a tres inspectores del Ayuntamiento que dieron órdenes a decenas de policías cómplices (que por cierto no fueron ni mencionados en la recomendación) al decomisar ilegal y arbitrariamente el 19 de octubre de 2004 veinte mantas de la Coordinadora 28 de Mayo en el plantón que se tenía entonces en Plaza de Armas. Todavía sin cumplir la recomendación pero ya impugnada, en noviembre de 2005 Orozco se comunicó con un miembro de la coordinadora para informar que las mantas serían enviadas a la CEDHJ (de hecho todavía están ahí), argumentando que “había hablado con gente del Ayuntamiento y que a Emilio González no le gustaría que el caso llegara a la CNDH, pues iba a ser candidato”; mostrando así los gajes del oficio y dotes de “negociador” delegadas por su jefe Carlos Barba y con plena autorización de éste.

Cuando se terminó la simulación de un desahogo de acta administrativa contra los tres inspectores del Ayuntamiento –uno de ellos mencionó que eran “órdenes directas del ahora gobernador”–, la Comisión de Inspección del Ayuntamiento, sólo con el voto de regidores panistas, resolvió exonerar a los tres inspectores, aun cuando confesaron haber actuado ilegal y delictuosamente. De esa manera, ni se sancionó a los tres inspectores ni se regresaron las mantas, pero en el informe anual de la CEDHJ de 2006 la recomendación aparece como “parcialmente cumplida”. ¿Cómo la ven?

¿Elección facciosa?

Como premio a sus “aportes” al estado de derecho, Felipe de Jesús Pulido es premiado con una diputación. Y desde ahí, para colmo de un mundo kafkiano, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, donde expresó recientemente: “para qué investigar los hechos del 28 de mayo si ya pasaron tres años”.

La reciente carta denostativa contra Carlos Barba (La Jornada Jalisco, 16 de junio), presuntamente firmada por César Orozco, director de Quejas de la CEDHJ, y virtualmente difundida por Felipe de Jesús Pulido –aunque el primero niegue haberla firmado–, tiene todos los visos de ser totalmente cierta y mostrar con ello un claro contubernio que debe ser analizado, incluso de forma penal. ¿Por qué se utilizan documentos y con el sello oficial para fines distintos y políticos? ¿No salió de la oficina de Barba? ¿No es éste un abuso en sí mismo? ¿Hay o no falsificación de firmas?

Por su parte, César Orozco recibe de aquél la promesa de “recibir señales” en la elección del ombudsman. Pero, ¿realmente cumple el requisito de estar dos años al margen del servicio público o de veras cree que el organismo ya es privado? De ser cierta la relación impropia entre este diputado, la CEDHJ y Orozco, éste como aspirante demuestra ser comparsa y el diputado Pulido deberá excusarse de conocer y emitir su voto por sus evidentes posturas facciosas, mismas que se encuentran muy lejos de estar sustentadas en los auténticos valores de los derechos humanos.

Solidaridad

Martes 19 de junio a las 10 horas, en la Casa Cultural de la Calle, acto de solidaridad y pronunciamiento contra las arteras agresiones sufridas por dos jóvenes, un consejero de la CEDHJ y la ex candidata del PASC, y contra la decadente actuación de Carlos Barba.