Opinión - Jaime Hernandez Ortiz

Comisión Estatal de Derechos Humanos, al servicio del Estado

Una comisión pública de derechos humanos, para tener plena legitimidad, debe tener dos principios básicos innegociables: los referentes ético y jurídico. No podemos sostener ni afirmar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tenga estos principios ni los defienda. Ahí, ahora, todo se negocia: quejas, recomendaciones, cargos, etcétera.

¿Previsible imposición?

Con la elección del próximo presidente de la CEDHJ veremos sólo dos escenarios: uno, posible, pero menos factible, que los diputados elijan a conciencia, libre y personalmente, conforme el currículum, el análisis de proyectos, la experiencia y el compromiso con la sociedad civil de quien consideren reúne los requisitos para presidir el organismo; que le imprima el liderazgo, autonomía y la independencia necesarias para quitarle el inmenso letargo en que se encuentra.

El otro escenario, el más factible, que los diputados –en este caso los de las dos fracciones mayoritarias, PRI y PAN, y con algún otro partido para conseguir las dos terceras partes de votos necesarios– resuelvan confirmar la decisión, no desmentida, de Emilio González Márquez, para ratificar en el cargo a Carlos Barba García; buscando de esta manera que el organismo deje de ser un instrumento de la sociedad (por lo menos lo es formalmente) para constituirse abiertamente en un organismo al servicio del Estado.

No es de sorprender que los diputados del PAN asuman una actitud complaciente y de sometimiento a Emilio González Márquez, ya que una de las más grandes debilidades de su gobierno es precisamente la ausencia de políticas públicas en derechos humanos, y tener además una pesada herencia de agentes arbitrarios e impunes en procuraduría y policía estatal. Por ello, en realidad, una CEDHJ y un presidente incómodo lo puede ser también para ellos.

Tampoco sorprende la postura de los diputados del PRI, pues donde son gobierno, la actuación del organismo público de derechos humanos es igual que aquí. Ahí está el caso de Puebla, con Mario Marín; o la del estado de México, cuyo organismo se distinguió por su ausencia frente a la represión en Atenco; o la de Oaxaca, que aún antes de los sucesos represivos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los funcionarios de la CEDH ya se caracterizaban por reprimir a los mismos activistas pasando de laborar del organismo al gobierno y viceversa. Lo que sorprende es el aparente autoengaño en que están los diputados, panistas y priístas, al afirmar que “votarán juntos por un solo candidato”. Creen que votando en bloque por un solo aspirante le darán la legitimidad de la que hoy carece la institución.

Una CEDHJ crítica, independiente, con un claro ejercicio público autónomo, conviene a todos, gobierno y ciudadanía, más que como actualmente está. Las crecientes inconformidades contra la CEDHJ, más pronto que tarde se revertirán contra el PAN. Recordemos que antes de ser gobierno contaban con mucha gente en organizaciones civiles y ciudadanas. Ahora esa gente y sus organizaciones están desapareciendo. ¿Les convendrá estar tan alejados de la sociedad? Por su parte, el PRI revela pobreza moral, ¿no tiene otro mejor candidato que Carlos Barba? Si hace tres años el PRI y sus diputados hubieran hecho una férrea defensa de los detenidos por el 28 de mayo de 2004 –jaliscienses o no– ante los hechos de tortura y malos tratos que recibieron –sin ir al fondo de si cometieron delitos o no–, y hubieran desmentido la versión mediática de Ramírez Acuña, la realidad, posiblemente, hubiera sido otra. Pero dijeron que no, que “no iban a pagar el costo político”. Y ya vimos lo que pasó. Lo tuvieron que pagar y muy caro. ¿Les convendrá tener entre sus filas a Carlos Barba y seguir defendiendo sus débiles imposturas?

Fallas en el plan B

Incluso la propia comisión bipartidista del Congreso (¿alguien pensaba que debe ser plural?), no sabe lo que son los derechos humanos. Es previsible que no sólo no presente en estos tres años ningún proyecto relevante en la materia, sino que realice propuestas regresivas. Una de las tareas más inmediatas será arropar a Barba García con un consejo ciudadano que hasta el momento realiza tareas intrascendentes.

Como ejemplo de ello vemos ahora que esta Comisión, contra toda norma, acepta a César Orozco, el actual director de Quejas de la CEDHJ, como aspirante al cargo, con la irrisoria argumentación de que “no es funcionario sino un servidor público”. Bueno, pues decisiones arbitrarias como ésa son las que generan precisamente las violaciones a los derechos humanos en la entidad, de servidores públicos como diputados (a ver si al rato no dicen que no son servidores ni públicos) que interpretan las leyes a su capricho y antojo; lo que ameritaría incluso una impugnación seria contra el propio Congreso por tomar medidas discriminatorias para todos los servidores públicos que pudieron haberse inscrito y que entendieron claramente no estar laborando dos años antes de la elección. Hubieran dicho claramente: “aspirantes, de directores para abajo. Y podrán hacerlo de los tres poderes y organismos autónomos” ¿Esta era la señal acordada entre ambos funcionarios, perdón, ciudadanos, Felipe Pulido y César Orozco?

Esta medida, claro está, se hace pensando como un plan B, ante el inmenso descrédito de Carlos Barba y pensar equivocadamente en cierta forma en una reelección técnica y un enroque. ¿Aceptarán pagar el alto costo político de una decisión así?

Hoy más que nunca los diputados deben demostrar si están dispuestos a fortalecer a una institución que debe estar completamente en favor de la ciudadanía, decidiendo por sí y no el gobernador, o de plano nos dirán si con una reelección piensan en liquidarla.

Análisis público

Mañana martes 26 de junio, 11 horas, patio del Congreso, presentación pública de proyectos democráticos y ciudadanos de aspirantes a presidir la CEDHJ. Convocan organismos civiles que los postulan.