Una expropiación por orden de juzgado civil
Los medios de comunicación fueron notificados hasta después de las 9:00 am por la CEA.
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Ayer, de forma sorpresiva, antes de que el sol despuntara, la casa de Guadalupe Lara Lara, símbolo de la resistencia al proyecto de Arcediano, fue demolida. El gobierno del estado, por medio de la Comisión Estatal del Agua (CEA), aludió el hecho, ejecutado en el fondo de la barranca de Huentitán, a una expropiación que nunca fue combatida por medios jurídicos, la cual derivó en una orden del Juzgado Sexto de lo Civil. Los ambientalistas, en cambio, denunciaron la violación de los amparos que impedían tocar el patrimonio de la quejosa, última habitante de Puente de Arcediano. El escueto comunicado que envió la CEA dice: “El gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno, inició procedimiento de expropiación en contra de María Guadalupe Lara Lara y socios.
Este procedimiento se identificó con el número de expediente 08/2006–E, conforme con la Ley de Expropiación de Bienes Muebles e Inmuebles, por causa de utilidad pública, al cual no se opusieron mediante los medios de defensa adecuados, [es decir, un] amparo”.
La Procuraduría General de Justicia del Estado, “en cumplimiento al sexto resolutivo del decreto que autorizó la expropiación, generó la consignación del pago de indemnización por 148,500 pesos a favor de María Guadalupe Lara Lara y socios. Lo anterior, dentro del expediente 552/07, tramitado en el Juzgado Sexto Civil del Primer Partido Judicial; juzgado que ordenó la entrega de la posesión del inmueble a favor de la Dirección General de Archivos, por conducto de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario”, añade el texto.
Los medios de comunicación fueron notificados hasta después de las 9:00 am por la CEA. Los ambientalistas lo interpretaron como la rápida respuesta de César Coll Carabias, titular de la CEA, “y socios”, al rompimiento del diálogo que anunciaron menos de 24 horas antes. Manuel Villagómez Rodríguez, presidente de la Fundación Cuenca Lerma, fue directo: “…Nos demuestra el gobernador Emilio González que aquí, en el estado de Jalisco, sigue imperando la Ley de Herodes, porque [sic] al estar violando los amparos, sin importarles quedar catalogados como delincuentes, sin importarles el sentir del pueblo en relación con la salud”.
A su juicio, el hecho demuestra los intereses en juego para el proyecto de abasto y saneamiento de la zona metropolitana de Guadalajara. “Este proyecto se estimó en un costo de 6,700 millones de pesos y ahora pretenden 10,087 millones, de los cuales ya han invertido aproximadamente tres mil millones”. Pero según el secretario de Gobierno, Fernando Guzmán, y el gobernador Emilio González, no hubo violación a la ley, y lo celebraron como una victoria del “bien común”. Los ambientalistas impugnarán en los juzgados la acción que consideran arbitraria.
Guadalajara•Agustín del Castillo
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