24 de agosto, una consulta por la defensa de la soberanía
Jornada Jalisco
Las cosas no pintan nada bien para el país. La creciente inseguridad pública es, sin desconocer los graves hechos que implican más de 4 mil ejecuciones extrajudiciales y la impunidad estructural, un fenómeno manipulado perversamente por el gobierno federal.
Esto lo hace con el fin de justificar medidas que permitan atropellar aún más los derechos ciudadanos. Trata así, de obtener mayores instrumentos “legales” para reprimir los movimientos sociales, entre ellos el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
¿No exhibió el gobierno como si fueran grandes capos a Flavio Sosa y a los líderes de Atenco? ¿No les fincaron cargos propios del crimen organizado? ¿No ha sacado al Ejército de todos los cuarteles para realizar patrullajes que nada tienen que ver con la defensa real de la patria, a fin de acostumbrarnos a posibles estados de sitio? ¿No era grave la inseguridad hasta que asesinan a familiares del empresariado? ¿Y los jóvenes y niños que por años también han aparecido ejecutados y que no eran de familias prominentes? ¿Esos no merecen justicia ni nada?
Tiro de gracia al Estado de bienestar
Durante el tiempo que Felipe Calderón lleva ocupando ilegítimamente la presidencia de la República, innumerables hechos revelan su nulo compromiso por restablecer el Estado de derecho: la ausencia de un programa nacional de derechos humanos; una reforma judicial a la carta de los grupos de poder, que deja intocable el sometimiento del ministerio público al Poder Ejecutivo, y que propone juicios orales que instaurarán procesos para ricos y para pobres; una reforma fiscal que facilita delitos de cuello blanco y lavado, donde las grandes empresas no sólo evaden impuestos sino que ahora se le regresan multimillonarios recursos; una censura persistente que se acrecienta y una persecución a la prensa libre - recordemos la película Fraude 2006 y a Carmen Aristegui; son tan sólo algunos ejemplos del nuevo estilo de gobierno de Felipe Calderón.
Si las cosas están mal pueden estar peor, mucho peor, si se privatiza el petróleo. El hambre y la miseria se extenderán con mayor crudeza y numerosos servicios públicos empezarán a privatizarse. Y el espectro de la violencia social amenaza surgir atizado por la desesperación.
De hecho, el proyecto de los poderes fácticos al colocar en la silla presidencial a Calderón, no era para cumpliera el prometido cambio que anunció Vicente Fox, ni que llevara a cabo verdaderas reformas estructurales que condujeran a la sociedad a una vida más democrática y sustentable. No. Es simplemente para poder imponer a todo lo que da el modelo neoliberal. Un proyecto que les permitiera aprovecharse del mayor y más importante patrimonio de la nación: el petróleo.
Con Calderón se pretende dar ahora el tiro de gracia a lo poco que resta del Estado de bienestar. Se intenta cortar la cabeza que da sustento al cada vez más indefenso cuerpo del Estado de bienestar nacional. Se quiere hacer rodar su cabeza en las plazas públicas para escarmiento de las naciones y los pueblos de América Latina. ¿Lo hemos de permitir?
En Jalisco la consulta va
Aun con limitaciones económicas y a contrapelo con el silencio de numerosos medios de comunicación y de intereses de grandes empresarios que no se han cansado de saquear el país, la consulta ciudadana sobre la reforma energética realizada en el Distrito Federal y casi una veintena de entidades ha sido hasta el momento todo un éxito.
No ha sido la respuesta ideal pero la respuesta ha sido muy satisfactoria: más de dos millones de personas han salido libre y voluntariamente a decir NO a la propuesta de entregar el petróleo a los particulares.
Este domingo 24 de agosto se llevará a cabo la consulta ciudadana en Jalisco. Será la primera ocasión que un ejercicio de tal naturaleza se realiza en nuestra entidad. Salir a expresar nuestra opinión sobre el futuro del petróleo es ahora una obligación cívica ineludible e impostergable.
Coincidimos con el Movimiento Nacional por la Defensa del Petróleo que aprobar la iniciativa de Calderón será cometer un fraude a la Constitución y un golpe de Estado constitucional.
El movimiento que ha impulsado Andrés Manuel López Obrador señala que una verdadera reforma energética debe estar a la altura de las luchas históricas del Pueblo de México; que esté rigurosamente apegada a los mandatos constitucionales; que tenga un carácter acendradamente nacionalista; que esté imbuida de una visión de Estado; que no esté alimentada de un espíritu privatizador; que esté orientada hacia el genuino fortalecimiento de la industria petrolera nacionalizada y de las cadenas productivas nacionales que giran a su alrededor; que permita a Pemex desarrollar todo su potencial; que preserve la propiedad, el control y el usufructo de la renta petrolera a favor de los mexicanos y que auspicie la construcción del andamiaje que se requiere para que las mayorías populares puedan ejercer el derecho humano al desarrollo, el derecho humano al futuro.
La iniciativa calderonista no reúne ninguno de esos elementos; por el contrario, es anticonstitucional, entreguista y abiertamente privatizadora.
No, no
Ojalá que todos los ciudadanos convencidos de que defender el petróleo es defender la soberanía nacional, salgan a expresar democrática y libremente si están a favor o en contra del proceso de privatización de Petróleos Mexicanos.
Este sábado 23 de agosto, caravana por la consulta ciudadana. Lugar: Fuente la Minerva, 16 horas. Pero el domingo 24 de agosto hay que salir a decir no a la privatización de Pemex.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando a Andrés Manuel López Obrador en 2008::
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martes, agosto 19, 2008
martes, julio 22, 2008
Opinion - Jaime Hernandez
Agresiones contra defensores de los derechos humanos
Jornada Jalisco
En México las amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos son recurrentes y sistemáticas. Y muchas amenazas han pasado del dicho al hecho.
Pero no sólo los defensores en derechos humanos se encuentran en grave riesgo, sino también diversas profesiones y actividades que buscan hacer del ejercicio profesional un ejercicio democrático en defensa de la legalidad, la verdad y la justicia. Está el caso de periodistas, maestros y sindicalistas independientes que han sido acosados, perseguidos y reprimidos por denunciar abusos de poder.
Tortura científica
Desde el arribo de las tendencias neoliberales a diversos gobiernos y administraciones públicas, sobre todo de priístas y panistas, los actos de represión contra defensores de los derechos humanos han sido continuos, incluso se han acentuado.
Mientras que el PAN-Jalisco buscaba sacar adelante su fallida propuesta de la “policía secreta”, para legalizar la represión contra toda organización civil (ya que el gobierno no distingue si es delincuencia organizada o no, bastaba que fuera un grupo opositor político); el gobierno federal por su parte, panista también, sí logró sacar adelante una “reforma judicial” claramente represiva, que otorga atribuciones discrecionales a policías, permite intervenciones telefónicas y cateos sin orden judicial. A tono con ello, gobiernos panistas como el de León, Guanajuato, se ejercitaban en acciones policiacas para profesionalizar y cientifizar la tortura, ya que dicha reforma les concede ahora facultades de “investigación”.
Por fortuna para Jalisco la conformación de organizaciones civiles y sociales van a la alza. Cada vez son más crecientes. El grupo de Amnistía Internacional-Jalisco se amplia y además se conformará próximamente el capítulo Vallarta del Frente Nacional contra la Represión.
Por ello, y para coraje de Emilio González Márquez y Francisco Javier Ramírez Acuña que pensaron criminalizar la protesta pública, al poner centenares de policías a cualquier manifestación, es más frecuente la presencia pública de organizaciones en la calle, en protestas, en plantones, en juicios populares, en amparos, en foros públicos. Gracias a organizaciones como la Coordinadora 28 de mayo, Tianguis Cultural, Reyes Crespo, Bases Magisteriales, y muchas otras, que se han opuesto sistemáticamente a la criminalización de la protesta pública, la gente sigue saliendo a las calles.
En este sentido, las políticas panistas han sido totalmente derrotadas. Sin embargo, la lucha contra la impunidad está todavía pendiente. Por ejemplo, mientras que Carlos Nájera (siempre rodeado de una nube de guardaespaldas), secretario de Seguridad Pública de Jalisco, manda detener arteramente a jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Atequiza, que nunca hicieron nada ilegal ni a escondidas, Tomás Coronado, el procu precioso, tiene ahora un serio predicamento: esclarecer el asesinato del abogado que llevaba el caso de esos estudiantes. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué explicación da al caso? ¿Qué ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos al respecto? En este contexto es preocupante y triste el papel del organismo, que ahora se la pasa haciendo peticiones en lugar de recomendaciones; todo para no molestar a las autoridades. Si una recomendación no se cumplía, ahora menos.
Testimonios
En el encuentro de análisis y denuncia sobre sucesos en diversas partes de México, miembros de diversas agrupaciones con representantes del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura, señalaron:
“Me han amenazado directamente de muerte a mí, a mis familiares y a mi esposa... Sufrimos de amenazas de muerte vía telefónica, amenazas de muerte vía correo electrónico, hostigamiento policiaco, vigilancia policiaca. Tenemos todo lo que un buen defensor o que un defensor en general quisiera tener, tenemos medias cautelares de la CIDH, tenemos cobertura nacional e internacional pero aun así nos siguen amenazando. Al Estado no le importa mucho que tengamos acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz y sigue amenazando.” (Testimonio Comité Cerezo México)
El 26 de septiembre de 2007 fue detenido y desaparecido Francisco Paredes Ruiz en la ciudad de Morelia, Michoacán. Fue defensor de derechos humanos, integrante de la Fundación Diego Lucero AC, organización civil que promueve y defiende los derechos humanos, especializada en la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos en México. Hasta la fecha no se sabe nada de su paradero y las investigaciones tampoco avanzan: “se llevaron a un compañero nuestro, fundador de nuestra asociación civil de derechos humanos, a Francisco Paredes Ruiz, hasta el momento no sabemos absolutamente nada de él, no hay respuestas, pasa igual que en el caso de Gabriel y Edmundo, el 26 de septiembre de 2007.” (Testimonio Fundación Diego Lucero)
Actos de vigilancia, seguimiento y hostigamiento contra defensores de derechos humanos: “los ataques a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, han estado desde las medidas de hostigamiento, es decir vigilancia, patrullajes alrededor de la oficina que generan tensión, que nosotros consideramos como una forma de trato degradante, porque también estuvieron como que a ellos no les importaba y que estaban ahí presentes. Ha habido momentos donde sí nos hemos percatado de gente que iba pasando, que se asomaba a mirar, o gente que estaba parada enfrente, o chequeando cronométricamente entradas y salidas de la oficina. Incluso hemos tomado algunas fotografías de la gente que ha estado apostada a las afueras de la oficina en una actitud claramente vigilante.” (Testimonio Limeddh)
Defensa popular
La próxima semana, miembros del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos estarán en Jalisco documentando algunos casos como el de Atequiza y Raúl Muñoz.
Del 23 al 26 de este mes estará por varios municipios de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador. Los que puedan acompañar caravanas y actos de difusión están invitados. Esta semana es clave para la defensa del patrimonio nacional, el petróleo, pues ante la consulta ciudadana que inicia el 27 de este mismo mes, y que en Jalisco se realizará el 24 de agosto, hay que evitar un madruguete por diputados panistas y priistas que tratarán de aprobar la iniciativa calderonista.
El 30 de julio vecinos del Parque Morelos preparan una amplia manifestación. Hay que respaldarlos. Y este próximo 2 de agosto, Flavio Sosa estará apoyando la conformación del Frente Nacional Contra la Represión, capítulo Vallarta. Están todos invitados (agentes del Cisen, de Nájera y Coronado, y de asuntos del “interior”, absténganse).
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::
Jornada Jalisco
En México las amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos son recurrentes y sistemáticas. Y muchas amenazas han pasado del dicho al hecho.
Pero no sólo los defensores en derechos humanos se encuentran en grave riesgo, sino también diversas profesiones y actividades que buscan hacer del ejercicio profesional un ejercicio democrático en defensa de la legalidad, la verdad y la justicia. Está el caso de periodistas, maestros y sindicalistas independientes que han sido acosados, perseguidos y reprimidos por denunciar abusos de poder.
Tortura científica
Desde el arribo de las tendencias neoliberales a diversos gobiernos y administraciones públicas, sobre todo de priístas y panistas, los actos de represión contra defensores de los derechos humanos han sido continuos, incluso se han acentuado.
Mientras que el PAN-Jalisco buscaba sacar adelante su fallida propuesta de la “policía secreta”, para legalizar la represión contra toda organización civil (ya que el gobierno no distingue si es delincuencia organizada o no, bastaba que fuera un grupo opositor político); el gobierno federal por su parte, panista también, sí logró sacar adelante una “reforma judicial” claramente represiva, que otorga atribuciones discrecionales a policías, permite intervenciones telefónicas y cateos sin orden judicial. A tono con ello, gobiernos panistas como el de León, Guanajuato, se ejercitaban en acciones policiacas para profesionalizar y cientifizar la tortura, ya que dicha reforma les concede ahora facultades de “investigación”.
Por fortuna para Jalisco la conformación de organizaciones civiles y sociales van a la alza. Cada vez son más crecientes. El grupo de Amnistía Internacional-Jalisco se amplia y además se conformará próximamente el capítulo Vallarta del Frente Nacional contra la Represión.
Por ello, y para coraje de Emilio González Márquez y Francisco Javier Ramírez Acuña que pensaron criminalizar la protesta pública, al poner centenares de policías a cualquier manifestación, es más frecuente la presencia pública de organizaciones en la calle, en protestas, en plantones, en juicios populares, en amparos, en foros públicos. Gracias a organizaciones como la Coordinadora 28 de mayo, Tianguis Cultural, Reyes Crespo, Bases Magisteriales, y muchas otras, que se han opuesto sistemáticamente a la criminalización de la protesta pública, la gente sigue saliendo a las calles.
En este sentido, las políticas panistas han sido totalmente derrotadas. Sin embargo, la lucha contra la impunidad está todavía pendiente. Por ejemplo, mientras que Carlos Nájera (siempre rodeado de una nube de guardaespaldas), secretario de Seguridad Pública de Jalisco, manda detener arteramente a jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Atequiza, que nunca hicieron nada ilegal ni a escondidas, Tomás Coronado, el procu precioso, tiene ahora un serio predicamento: esclarecer el asesinato del abogado que llevaba el caso de esos estudiantes. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué explicación da al caso? ¿Qué ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos al respecto? En este contexto es preocupante y triste el papel del organismo, que ahora se la pasa haciendo peticiones en lugar de recomendaciones; todo para no molestar a las autoridades. Si una recomendación no se cumplía, ahora menos.
Testimonios
En el encuentro de análisis y denuncia sobre sucesos en diversas partes de México, miembros de diversas agrupaciones con representantes del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura, señalaron:
“Me han amenazado directamente de muerte a mí, a mis familiares y a mi esposa... Sufrimos de amenazas de muerte vía telefónica, amenazas de muerte vía correo electrónico, hostigamiento policiaco, vigilancia policiaca. Tenemos todo lo que un buen defensor o que un defensor en general quisiera tener, tenemos medias cautelares de la CIDH, tenemos cobertura nacional e internacional pero aun así nos siguen amenazando. Al Estado no le importa mucho que tengamos acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz y sigue amenazando.” (Testimonio Comité Cerezo México)
El 26 de septiembre de 2007 fue detenido y desaparecido Francisco Paredes Ruiz en la ciudad de Morelia, Michoacán. Fue defensor de derechos humanos, integrante de la Fundación Diego Lucero AC, organización civil que promueve y defiende los derechos humanos, especializada en la lucha por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos en México. Hasta la fecha no se sabe nada de su paradero y las investigaciones tampoco avanzan: “se llevaron a un compañero nuestro, fundador de nuestra asociación civil de derechos humanos, a Francisco Paredes Ruiz, hasta el momento no sabemos absolutamente nada de él, no hay respuestas, pasa igual que en el caso de Gabriel y Edmundo, el 26 de septiembre de 2007.” (Testimonio Fundación Diego Lucero)
Actos de vigilancia, seguimiento y hostigamiento contra defensores de derechos humanos: “los ataques a la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, han estado desde las medidas de hostigamiento, es decir vigilancia, patrullajes alrededor de la oficina que generan tensión, que nosotros consideramos como una forma de trato degradante, porque también estuvieron como que a ellos no les importaba y que estaban ahí presentes. Ha habido momentos donde sí nos hemos percatado de gente que iba pasando, que se asomaba a mirar, o gente que estaba parada enfrente, o chequeando cronométricamente entradas y salidas de la oficina. Incluso hemos tomado algunas fotografías de la gente que ha estado apostada a las afueras de la oficina en una actitud claramente vigilante.” (Testimonio Limeddh)
Defensa popular
La próxima semana, miembros del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos estarán en Jalisco documentando algunos casos como el de Atequiza y Raúl Muñoz.
Del 23 al 26 de este mes estará por varios municipios de Jalisco, Andrés Manuel López Obrador. Los que puedan acompañar caravanas y actos de difusión están invitados. Esta semana es clave para la defensa del patrimonio nacional, el petróleo, pues ante la consulta ciudadana que inicia el 27 de este mismo mes, y que en Jalisco se realizará el 24 de agosto, hay que evitar un madruguete por diputados panistas y priistas que tratarán de aprobar la iniciativa calderonista.
El 30 de julio vecinos del Parque Morelos preparan una amplia manifestación. Hay que respaldarlos. Y este próximo 2 de agosto, Flavio Sosa estará apoyando la conformación del Frente Nacional Contra la Represión, capítulo Vallarta. Están todos invitados (agentes del Cisen, de Nájera y Coronado, y de asuntos del “interior”, absténganse).
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lunes, febrero 25, 2008
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
Junto con la innovación educativa, la renovación democrática del magisterio
Jornada Jalisco
El sistema educativo nacional atraviesa por una profunda crisis. Los resultados mostrados a fines del año pasado por el Programa Internacional de Evaluación Educativa, que hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), revelaron que México se encuentra muy por debajo de los estándares mínimos de calidad y de rendimiento escolar en jóvenes que egresan del sistema escolar medio básico.
No sólo está mal el sistema educativo sino que además se cayeron 12 puntos en lectura y ciencias; y dadas las deficiencias en matemáticas y competencias nos colocamos nuevamente en el último lugar de los países integrantes de la OCDE.
El obstáculo: el corporativismo
Como si ese problema no fuera suficiente para verlo de forma estructural, de manera injusta el gobierno federal y la mayoría de los gobiernos de los estados, han pretendido responsabilizar al maestro normalista, el que cumple, el que busca ser responsable, el que procura hacer su mejor esfuerzo, de todas las fallas y deficiencias del sistema.
Como resultado le congelan plazas, aumentos salariales, les condicionan mejores horarios, recursos y apoyos a cambio de favores políticos. A los que cuestionan se les persigue o acosa. Y para que “aprendan” todos, el gobierno les mutila sus regímenes pensionarios, tanto federales como estatales. Pero además, por su parte, los traspiés de los gobiernos federal y estatal se dejan ver con mediocre frecuencia, ya sea quitando materias formativas como historia o educación cívica y reinsertándolas de forma sesgada y abiertamente manipuladas en contenidos bajo falsos criterios de “competencias educativas”.
A lo anterior se añade que restringe recursos y plazas para alumnos y egresados de las escuelas normales rurales y también gradualmente privatiza la escuela pública en favor de las escuelas particulares, donde de plano a los maestros normalistas les niegan numerosos derechos laborales, desde seguridad laboral hasta contratación colectiva; pero con el rasgo “distintivo” de que ahí los estándares no son mejores en calidad que los arrojados por la OCDE.
Eso sí, el go-bierno protege, solapa y hasta es cómplice del principal elemento deformador del sistema educativo nacional: el sindicalismo clientelar, corporativo del Sindicato Nacional del Trabajadores de la Educación (SNTE) que co-manda, inmoral e indebidamente Elba Esther Gordillo, y que ha convertido al sindicato en la peor expresión del gremialismo charril. Por eso los maestros deben hacer de su materia de trabajo la principal herramienta para la transformación, protección, el cambio y el mejoramiento del sistema educativo. El camino no es otro que la innovación educativa desarrollada desde el aula hasta la democratización de sus estructuras sindicales.
Participación digna
No habrá auténtica reforma educativa en bien del país, en la entidad y entre el magisterio en su conjunto, si el maestro no se encuentra en auténticas condiciones para decidir libre y responsablemente en todos sus ámbitos de participación. Por ello, el próximo 7 y 8 de marzo los maestros jaliscienses del SNTE tendrán en sus manos la oportunidad histórica de mostrar que su trabajo merece seguir contando con la confianza ciudadana, ya que podrán demostrar que aspiran a vivir y practicar los mejores valores de la educación.
Ante la realización del VI Congreso Seccional Extraordinario, el Movimiento de Bases Magisteriales (MBM), una corriente de expresión democrática del SNTE, ha decidido participar en la renovación de la sección 16. Participará por medio de la Planilla Dignidad y sus propuestas no sólo están respaldadas por años de lucha sino por una plataforma de trabajo que se ha visto enriquecida por las mejores propuestas educativas, económicas y sociales que ha impulsado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y muchas otras organizaciones sociales, entre cuyas luchas recientes se encuentra el haber paralizado la nueva ley del ISSSTE con más de un millón de amparos presentados.
El MBM goza de un amplio reconocimiento en la entidad y del respaldo solidario de numerosos sectores sociales y civiles cuyos propósitos comunes hacen posible precisamente que subsistan los derechos de los maestros y se conserven a la par de la educación laica, pública y gratuita. Hoy por hoy, el MBM ha demostrado ser un interlocutor con amplia capacidad y despliegue con un creciente liderazgo democrático. Por eso, gracias al trabajo que ha realizado en todo el interior del estado y gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara tiene la posibilidad de ganar la sección 16 y posicionarse en la sección 47.
Propuestas pertinentes
Algunas de las propuestas de la Planilla Dignidad son: convocar a todas las corrientes políticas, grupos de la sección 16 del SNTE a un diálogo por el mejoramiento de las condiciones de trabajo del magisterio; no permitir más imposiciones de Elba Esther Gordillo; rescatar la dignidad de todos los miembros del SNTE; que se abandone la detestable práctica del amedrentamiento y soborno de los delegados al Congreso para negociar espacios de poder.
El MBM llama a no practicar una “democracia simulada” sino real, exigiendo una elección mediante el voto universal y secreto; a establecer compromisos con la base de realizar referéndum y plebiscito para poder remover a aquellos dirigentes que no realicen satisfactoriamente su labor. A exigir la realización de congresos democráticos, a realizar movilizaciones y acciones que tengan como objetivo defender la educación pública, la seguridad social, la economía familiar, los energéticos y la electricidad como patrimonio de la nación; a rechazar la reforma judicial, las detenciones ilegales, la tortura y toda violación a los derechos humanos fundamentales.
El MBM considera que una elección verdaderamente democrática debe partir de la libre competencia entre planillas y propone en estos momentos de carencias y de crisis depurar la dirección de la sección 16 mandando a trabajar a la escuela a todos los que se han enquistado en los puestos; no permitir la venta de plazas y ascensos; no asumir una actitud sumisa hacia la SEJ: “no añoramos posiciones, luchamos por erradicar a los de siempre y sus mañas…venimos de grupos y zonas escolares en las que hemos sido representantes y a donde regresaremos después de desarrollar la función sindical que nos han asignado.”
Quienes integran la Planilla Dignidad son representantes de los trabajadores en lucha, de esas mujeres y hombres que se han hartado de las mentiras, leyes injustas, de representantes espurios y represión cotidiana en los centros de trabajo. El MBM ve en este relevo seccional una posibilidad de mejorar la defensa de la seguridad social, de la escuela pública, el rescate del SNTE como instancia nacional que abrigue y de esperanza a los trabajadores.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::
lunes, febrero 04, 2008
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
Los gobernadores tontos no van al cielo
Jornada Jalisco
En efecto, los gobernadores tontos no se van al cielo. Primero que nada porque los anteriores tuvieron mucho tiempo para dar muerte al ritual del informe anual que año tras año presentaban al Congreso del Estado; lo que los hacía vivir en el plano de la falsa inmortalidad, en la autoglorificación cotidiana y en el culto a la personalidad. ¡Nada más pecaminoso!
Por fortuna, Emilio González Márquez tuvo la visión de darle mate a un acto que era propio del presidencialismo provincial y parroquiano (¡Dios me perdone por usar este término!) que tanto dañaba a Jalisco. ¿Cuántos cuatrimestres y visitas a todas las regiones no habrá en lo futuro para que los gobernadores exhiban su humildad como don divino?
Los gobernadores tontos no irán al cielo buscando sólo el reconocimiento terrenal. ¡Qué tontos aquellos gobernadores que no han sabido combinar el ejercicio público con la fe del pueblo! y saberse ganar el favor del cardenal y la Iglesia en cuanto acto público sea posible. ¡Qué tontos! ¿Qué tanto les hubiera costado pagar cursos de Biblia? Era obvio que para acercarse al cielo no se necesitaba comprar un jet como se hizo en la administración pasada, sino el realizar reuniones de oración y, ¿por qué no?, de exorcismo en Casa Jalisco, lugar y asiento por mucho tiempo de satanás y sus demonios priístas. No irán al cielo si se hacen acompañar de guaruras y acarreados develando placas de edificios recién terminados esperando recibir el aplauso temporal, cuando lo que deben hacer es tomarse la imagen correcta: o sea, aparecer con mujeres, niños y familias como telón de fondo irradiando felicidad y alegría. Ahora, los ángeles son los que aplauden.
Obras misericordiosas
No irán al cielo señalando que ayudaron a tal o cual obrero, campesino o persona sin techo, a tal o cual indígena que sigue conservando creencias paganas. ¡No! ¡Ese es populismo impío! Los que se van al cielo son aquellos que conmueven, que tocan las fibras más sensibles del corazón (de radioescuchas y del teleauditorio) logrando humedecer los ojos:
“Hemos apoyado con dinero y capacitación a más de 4 mil empresas para que generen más empleos”. Nótese que se apoya a las empresas no a los empresarios, ruines y materialistas. Las empresas ahora pueden tomar conciencia que deben capacitarse y hacer a un lado a sus dueños que no generan los empleos que faltan. Además, quizás las empresas puedan pagar mejores salarios aunque los dueños no estén de acuerdo. Por eso se les apoya dándoles dinero.
“Ya estamos entregando becas para el transporte para que los jóvenes sigan estudiando”. Nótese que las becas son para el transporte, el camión, el tren ligero, no para los estudiantes. Debe ser apoyado el transporte o se podría molestar diabólicamente (no Ramírez Acuña en el Sistecozome o el llamado pulpo camionero), sino porque el transporte podría detectar a los que no van a estudiar. Qué tal si van por un six, ¡pues no!
“Nuestros viejitos más necesitados ya están recibiendo dinero para que vivan mejor” (¡snif!) Qué bueno que ya reciben dinero, además del que obtienen en los supermercados como cerillos o en los cruceros. De otra manera podrían lavar dinero. Por fortuna, se han hecho inspirados estudios para que ese dinero lo reciban quienes los deban recibir (parafraseando a Alberto Cárdenas que seguramente se va a ir al infierno); o sea, que lo reciban sólo aquellos que estén convencidos que no es de un proyecto surgido del populismo impío de López Obrador o del Centro de Atención al Migrante. Hay de viejitos a viejitos, y a unos les gusta dar patadas al pesebre y no muestran reverencia.
“Ya construimos los primeros hospitales de la mujer”. Qué bueno, porque ahora sí se podrá ubicar a aquellas mujeres –que son pobres porque quieren– y tienen la intención de practicarse un legrado si fueron abusadas sexualmente. Ahora verán su producto como una bendición. De otra manera serán unas estúpidas que nunca irán al cielo. Por ello será necesario construir los segundos hospitales, luego los terceros y así sucesivamente. “Hemos inaugurado 67 consultorios populares”. Sí, y para que sean de verdad populares se ha pedido que un sacerdote los bendiga. Si en las empresas se hace eso, ¿por qué en el gobierno no?
Así sí, sin pecadores haremos más
Perdidas y condenadas están algunas personas y agrupaciones civiles como la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales (AREMOS) que han hecho un contra informe. Dicen malévolamente:
“La reducción al presupuesto destinado al gasto social, es uno de los renglones más castigados por el actual gobierno. En materia de salud, el llamado Seguro Popular impulsado por los gobiernos federal y estatal, sigue siendo un fracaso en Jalisco, porque faltan médicos, consultorios, hay un desabasto de medicamentos de hasta 45 por ciento, instalaciones rebasadas por el número de pacientes. Destaca el caso de El Hospitalito de Zapopan, que cancela los servicios médicos con el argumento de que no hay presupuesto para sostener este gasto, con la amenaza de recortar la plantilla laboral y dejar sin empleo a cerca de 500 trabajadores, para trasladar los servicios médicos a la iniciativa privada.
También se ubican las declaraciones del director del DIF en Jalisco reconociendo que existe el grave problema de prostitución de 600 menores en Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara y que no cuentan con recursos económicos para atenderlo.
Destaca la política de despojo a los propietarios de tierras ejidales y comunales para favorecer económicamente a los inversionistas inmobiliarios y turísticos de Jalisco y del extranjero, que tiene como finalidad la construcción de grandes emporios que favorecerán a los capitalistas mas poderosos, sin importar los daños y desequilibrios ecológicos y ambientales en terrenos considerados como áreas naturales de protección como los casos de Mezcala, Costa Alegre, Cihuatlán, Ayotitlán, Cuautitlán, etcétera.
Las aguas del río Santiago han provocado en los municipios de El Salto y Juanacatlán la pérdida de más de un centenar de vidas. En el primer año de gobierno quedan pendientes diversos actos de represión en los que no se ha aplicado la ley y la justicia, destacando la feroz golpiza que recibieron los moradores del Centro Cultural de la Calle y un consejero de la Comisión de Derechos Humanos. También el impedimento policiaco para que unos adultos mayores ingresaran al Congreso del Estado para exigir una respuesta favorable a la iniciativa popular de apoyo económico. Los casos más relevantes de protección e impunidad a funcionarios públicos: el procurador Tomás Coronado Olmos, acusado de tener relación con una red de pederastas; el ex presidente municipal de Tonalá, Jorge Vizcarra, vinculado en el asesinato de uno de sus empleados.
En contraparte a la reducción del presupuesto en el gasto social, es notorio el dispendio de los dineros públicos destinados para promover la imagen de González Márquez, quien regaló a Televisa la cantidad de 67 millones de pesos tomados de la partida “Erogaciones imprevistas y combate a la pobreza” para apoyar el evento denominado Espacio 2007 y lograr la “formación de liderazgos”. La reciente aprobación de 38 millones de pesos a la producción de la telenovela Las estúpidas no van al cielo y los 3.5 millones a TV Azteca para su Juguetón.
El titular del Ejecutivo estatal debe responder también por la política agraria hacia el sector campesino, en el marco de la renegociación del TLC en materia agropecuaria. La insensibilidad política y humana demostrada por el gobernador panista deja un saldo negativo para la mayoría de los jaliscienses. Que se vaya a Televisa para continuar con sus estúpidas telenovelas y con sus espots televisivos que muestran los supuestos avances de su administración y que no son otra cosa más que las grandes mentiras que ofenden la dignidad de los jaliscienses. Blasfemos, por eso se van a condenar.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::
Jornada Jalisco
En efecto, los gobernadores tontos no se van al cielo. Primero que nada porque los anteriores tuvieron mucho tiempo para dar muerte al ritual del informe anual que año tras año presentaban al Congreso del Estado; lo que los hacía vivir en el plano de la falsa inmortalidad, en la autoglorificación cotidiana y en el culto a la personalidad. ¡Nada más pecaminoso!
Por fortuna, Emilio González Márquez tuvo la visión de darle mate a un acto que era propio del presidencialismo provincial y parroquiano (¡Dios me perdone por usar este término!) que tanto dañaba a Jalisco. ¿Cuántos cuatrimestres y visitas a todas las regiones no habrá en lo futuro para que los gobernadores exhiban su humildad como don divino?
Los gobernadores tontos no irán al cielo buscando sólo el reconocimiento terrenal. ¡Qué tontos aquellos gobernadores que no han sabido combinar el ejercicio público con la fe del pueblo! y saberse ganar el favor del cardenal y la Iglesia en cuanto acto público sea posible. ¡Qué tontos! ¿Qué tanto les hubiera costado pagar cursos de Biblia? Era obvio que para acercarse al cielo no se necesitaba comprar un jet como se hizo en la administración pasada, sino el realizar reuniones de oración y, ¿por qué no?, de exorcismo en Casa Jalisco, lugar y asiento por mucho tiempo de satanás y sus demonios priístas. No irán al cielo si se hacen acompañar de guaruras y acarreados develando placas de edificios recién terminados esperando recibir el aplauso temporal, cuando lo que deben hacer es tomarse la imagen correcta: o sea, aparecer con mujeres, niños y familias como telón de fondo irradiando felicidad y alegría. Ahora, los ángeles son los que aplauden.
Obras misericordiosas
No irán al cielo señalando que ayudaron a tal o cual obrero, campesino o persona sin techo, a tal o cual indígena que sigue conservando creencias paganas. ¡No! ¡Ese es populismo impío! Los que se van al cielo son aquellos que conmueven, que tocan las fibras más sensibles del corazón (de radioescuchas y del teleauditorio) logrando humedecer los ojos:
“Hemos apoyado con dinero y capacitación a más de 4 mil empresas para que generen más empleos”. Nótese que se apoya a las empresas no a los empresarios, ruines y materialistas. Las empresas ahora pueden tomar conciencia que deben capacitarse y hacer a un lado a sus dueños que no generan los empleos que faltan. Además, quizás las empresas puedan pagar mejores salarios aunque los dueños no estén de acuerdo. Por eso se les apoya dándoles dinero.
“Ya estamos entregando becas para el transporte para que los jóvenes sigan estudiando”. Nótese que las becas son para el transporte, el camión, el tren ligero, no para los estudiantes. Debe ser apoyado el transporte o se podría molestar diabólicamente (no Ramírez Acuña en el Sistecozome o el llamado pulpo camionero), sino porque el transporte podría detectar a los que no van a estudiar. Qué tal si van por un six, ¡pues no!
“Nuestros viejitos más necesitados ya están recibiendo dinero para que vivan mejor” (¡snif!) Qué bueno que ya reciben dinero, además del que obtienen en los supermercados como cerillos o en los cruceros. De otra manera podrían lavar dinero. Por fortuna, se han hecho inspirados estudios para que ese dinero lo reciban quienes los deban recibir (parafraseando a Alberto Cárdenas que seguramente se va a ir al infierno); o sea, que lo reciban sólo aquellos que estén convencidos que no es de un proyecto surgido del populismo impío de López Obrador o del Centro de Atención al Migrante. Hay de viejitos a viejitos, y a unos les gusta dar patadas al pesebre y no muestran reverencia.
“Ya construimos los primeros hospitales de la mujer”. Qué bueno, porque ahora sí se podrá ubicar a aquellas mujeres –que son pobres porque quieren– y tienen la intención de practicarse un legrado si fueron abusadas sexualmente. Ahora verán su producto como una bendición. De otra manera serán unas estúpidas que nunca irán al cielo. Por ello será necesario construir los segundos hospitales, luego los terceros y así sucesivamente. “Hemos inaugurado 67 consultorios populares”. Sí, y para que sean de verdad populares se ha pedido que un sacerdote los bendiga. Si en las empresas se hace eso, ¿por qué en el gobierno no?
Así sí, sin pecadores haremos más
Perdidas y condenadas están algunas personas y agrupaciones civiles como la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales (AREMOS) que han hecho un contra informe. Dicen malévolamente:
“La reducción al presupuesto destinado al gasto social, es uno de los renglones más castigados por el actual gobierno. En materia de salud, el llamado Seguro Popular impulsado por los gobiernos federal y estatal, sigue siendo un fracaso en Jalisco, porque faltan médicos, consultorios, hay un desabasto de medicamentos de hasta 45 por ciento, instalaciones rebasadas por el número de pacientes. Destaca el caso de El Hospitalito de Zapopan, que cancela los servicios médicos con el argumento de que no hay presupuesto para sostener este gasto, con la amenaza de recortar la plantilla laboral y dejar sin empleo a cerca de 500 trabajadores, para trasladar los servicios médicos a la iniciativa privada.
También se ubican las declaraciones del director del DIF en Jalisco reconociendo que existe el grave problema de prostitución de 600 menores en Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara y que no cuentan con recursos económicos para atenderlo.
Destaca la política de despojo a los propietarios de tierras ejidales y comunales para favorecer económicamente a los inversionistas inmobiliarios y turísticos de Jalisco y del extranjero, que tiene como finalidad la construcción de grandes emporios que favorecerán a los capitalistas mas poderosos, sin importar los daños y desequilibrios ecológicos y ambientales en terrenos considerados como áreas naturales de protección como los casos de Mezcala, Costa Alegre, Cihuatlán, Ayotitlán, Cuautitlán, etcétera.
Las aguas del río Santiago han provocado en los municipios de El Salto y Juanacatlán la pérdida de más de un centenar de vidas. En el primer año de gobierno quedan pendientes diversos actos de represión en los que no se ha aplicado la ley y la justicia, destacando la feroz golpiza que recibieron los moradores del Centro Cultural de la Calle y un consejero de la Comisión de Derechos Humanos. También el impedimento policiaco para que unos adultos mayores ingresaran al Congreso del Estado para exigir una respuesta favorable a la iniciativa popular de apoyo económico. Los casos más relevantes de protección e impunidad a funcionarios públicos: el procurador Tomás Coronado Olmos, acusado de tener relación con una red de pederastas; el ex presidente municipal de Tonalá, Jorge Vizcarra, vinculado en el asesinato de uno de sus empleados.
En contraparte a la reducción del presupuesto en el gasto social, es notorio el dispendio de los dineros públicos destinados para promover la imagen de González Márquez, quien regaló a Televisa la cantidad de 67 millones de pesos tomados de la partida “Erogaciones imprevistas y combate a la pobreza” para apoyar el evento denominado Espacio 2007 y lograr la “formación de liderazgos”. La reciente aprobación de 38 millones de pesos a la producción de la telenovela Las estúpidas no van al cielo y los 3.5 millones a TV Azteca para su Juguetón.
El titular del Ejecutivo estatal debe responder también por la política agraria hacia el sector campesino, en el marco de la renegociación del TLC en materia agropecuaria. La insensibilidad política y humana demostrada por el gobernador panista deja un saldo negativo para la mayoría de los jaliscienses. Que se vaya a Televisa para continuar con sus estúpidas telenovelas y con sus espots televisivos que muestran los supuestos avances de su administración y que no son otra cosa más que las grandes mentiras que ofenden la dignidad de los jaliscienses. Blasfemos, por eso se van a condenar.
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martes, enero 29, 2008
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
Foro Social Mundial: otro Jalisco es posible
Jornada Jalisco
Mientras que en Davos, Suiza, se llevaba a cabo el Foro Económico Mundial con la participación de numerosos gobernantes y empresarios, jerarcas o dueños de más del 90 por ciento de la riqueza del mundo, con el fin de discutir cómo mejorar la economía neoliberal y “atenuar” sin mayores costos sociales la lacerante pobreza global así como controlar más la soberanía de los estados-nación; con otra visión muy distinta, y bajo el lema Otro mundo es posible, se realizaron cientos de encuentros civiles y ciudadanos en más de 80 países en el marco de la semana de acción global del Foro Social Mundial.
Nuestro país no fue la excepción. Tampoco Jalisco. Reunidos y en diversas actividades a lo largo de toda la semana pasada, decenas de actores de la sociedad civil, académicos y comunicadores, se reunieron para expresar sus puntos de vista; y evaluaron la situación que guarda el desarrollo social en la entidad desde diversas temáticas, tanto desde los derechos humanos como las políticas sociales, del medio ambiente y la educación fin de proponer alternativas.
Durante el encuentro “Jalisco interrogado. Depredación de recursos naturales, democracia participativa, escenarios productivos y construcción del pensamiento crítico”, entre ponentes y asistentes abundaron expresiones en contra del gobierno de Felipe Calderón por negarse a revisar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, por las pretensiones cada vez más abiertas para permitir la inversión en el sector energético a fin de iniciar su privatización, así como la creciente militarización del país.
También abundaron las críticas al gobierno de Emilio González Márquez, por la extrema marginación de comunidades indígenas, el deterioro ambiental sin freno como en El Salto y Arcediano, la impunidad consentida para diversos funcionarios gubernamentales y municipales panistas, por pederastia y crimen organizado, la desatención a sectores vulnerables, así como la violación al Estado laico.
Jalisco, sólo para unos
Lourdes Celina Vázquez cuestionó los fundamentalismos religiosos y a funcionarios del gobierno local que mantienen una estrecha relación con la Iglesia católica, fusionando los fines de la Iglesia con los medios del Estado. Propuso respeto a la educación laica y fortalecer la separación Iglesias–Estado. Jaime Hernández Ortiz señaló que no hay paz sin justicia y recordó el mensaje bíblico: “bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios”; propuso sumarse a la iniciativa de diversos diputados federales de todas las fracciones parlamentarias para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano.
Arcadia Lara señaló que las instituciones “garantes” de los derechos humanos, como las comisiones estatales, no cumplen su función, de manera que la sociedad civil ha respondido paralelamente a su ineficacia. “Ante la marginación de los medios de comunicación, el camino de los ciudadanos debe ser la resistencia organizada y participativa, alimentando la construcción de las instituciones independientes como las radios comunitarias”.
Gilberto Parra describió el tortuoso camino de la iniciativa de la pensión alimenticia para el adulto mayor, una iniciativa popular que recolectó más de 75 mil firmas sin patrocinio alguno. Aunque la iniciativa fue enviada por el Instituto Electoral del Estado en junio de 2006, la legislatura pasada la ignoró. “En cambio, sí se quiso aprobar con rapidez la policía secreta”. Recordó que Samuel Romero Valle no permitió la entrada de los adultos mayores y envió la fuerza policiaca. Añadió que la actual Legislatura tampoco ha debatido el tema y que el dictamen que ha sido aprobado no es universal y no garantiza la pensión. “El hambre y el abandono resultan desesperantes, elementos para un estallido social”.
Jaime Preciado señaló que coexisten guerras de liberación nacional con luchas impositivas de dictaduras. Existe una guerra económica caracterizada por el mal uso de los recursos públicos y endeudamientos a favor de un sector a costa del erario público, de manera que aparece la criminalización de la protesta social por la resistencia de esta guerra económica.
Sergio René de Dios señaló que hay que narrar las violaciones de los derechos y abusos del poder de quienes ejercían su derecho a disentir políticamente y sacar a la luz esta parte de la historia. De Dios abordó el movimiento ferrocarrilero, magisterial y estudiantil en solidaridad con el movimiento de 1968; el FER, la guerra sucia, el papel de la policía secreta, los 200 muertos por las explosiones del sector reforma y la represión del 28 de Mayo de 2004. Llamó a hacer un análisis de los derechos humanos dado el retraso en materia y conocer la historia no oficial de la represión en Jalisco.
Vanesa Carvajal e Isabel Román expusieron las implicaciones de la desaparición forzada, de los derechos y de la tranquilidad de los individuos; señalaron que la desaparición forzada no prescribe por ser un delito de lesa humanidad. Este punto, dijeron, debe ser un tema en la agenda social y legislativa. Salvador Herrera Jiménez señaló de los arroyos contaminantes en la barranca de Huentitán y que la fauna comienza a desaparecer. Reiteró que el rio Santiago está altamente contaminado y que según Estudios internacionales se ha probado que no es agua potable ni puede ser tratada; que no es viable la presa ahí por una falla geológica. Guadalupe Lara señaló que existe una ciudadanía desinteresada en el tema ambientalista y que no hay comprensión de los afectados directos.
Esteban de Esesarte habló de los efectos ecológicos de La Yesca, de los cerros devastados, de las hectáreas compradas a los campesinos para realizar una carretera y de los municipios como Hostotipaquillo, que aceptan la obra por su pobreza. Lamentó que vestigios históricos desaparecen por las presas y cuestionó que agua del río Verde fue desviada a León para beneficio de los industriales del calzado y de los ranchos de Fox y Usabiaga.
Alto al despojo
Este jueves 31 de enero, marcha–mitin: Por la defensa del petróleo como patrimonio nacional, contra la reforma judicial, por la presentación de los presos políticos, el rechazo al TLCAN y al Plan Mérida; por la soberanía alimentaria, contra la nueva Ley del ISSSTE, los derechos de la tercera edad y de los migrantes. Salida: 16 horas en Plaza Juárez. Convoca el Frente Nacional Contra la Represión, capítulo Jalisco.
martes, enero 22, 2008
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
Ramírez Acuña: la ilegitimidad de Calderón de por medio
El fracaso de Francisco Javier Ramírez Acuña al frente de la Secretaría de Gobernación y su reciente renuncia es completamente explicable. Más allá de que se diga que se “desconocen” las verdaderas razones, lo cierto es que su escandalosa caída era previsible y formaba parte, sin duda, de las múltiples acciones que ha emprendido Felipe Calderón por tratar de legitimar su acceso espurio al poder. Pero con ello le ha dado un golpe durísimo al panismo jalisciense. ¡Qué bueno!
No hay que olvidar que es en Jalisco donde gracias a la actuación del panismo local, que Calderón obtiene la mayor “votación” para sustentar su irregular triunfo. Fue nuestra entidad, por su alto padrón electoral –de más de cuatro millones y medio de electores–, donde proporcionalmente hubo las más graves irregularidades electorales. Fue la entidad, a diferencia de los primeros padrones electorales como el DF, estado de México y Veracruz, que gracias al comportamiento mapacheril del blanquiazul hubo los más sucios cuestionamientos al fraude electoral. Donde, como bien señaló Esteban Garaiz, ex vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE, las elecciones “fueron una cochinada”.
Ineptitud evidente
La figura de Ramírez Acuña (al igual que la de Juan Carlos Ugalde, los consejeros del IFE y los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación) llevaba consigo el estigma del fraude, la turbiedad y la influencia perniciosa junto con su personalidad. A ello hay que añadir que lejos de ayudar a “rescatar la figura presidencial” como afirmó en su despedida, Ramírez Acuña era un verdadero estorbo. Por lo tanto era previsible que Calderón, en una especie de desplazamiento de culpa, lo echara a la primera oportunidad; además, él mismo ayudó a su defenestración.
Ramírez Acuña pensó que la Presidencia se la debían a él; por ello trabajó desde el primer día en Gobernación buscando ejercer una especie de presidencia paralela, que no le resultó. Al tiempo apuntalaba a sus escasas canicas en el CEN del PAN y le daba manotazos a Emilio González Márquez. Olvidó que “el que se va se calla” y en los hechos se frotaba las manos pensando que Calderón lo destaparía en el 2011.
Ramírez Acuña nunca logró o no pudo ser un operador político de Calderón. Importantes reformas como la ley Televisa y la electoral nunca llegaron a su escritorio. Es más, estuvo dando lástima buscando un saloncito adjunto al pleno del Congreso de la Unión donde se le permitiera a Calderón dar su primer informe de gobierno. Lejos de propiciar el diálogo y la apertura con todas las fuerzas políticas del país, su tozudez y autoritarismo se pusieron de manifiesto desde el primer día. Se rodeó de un amplio aparato de seguridad comparable al de Los Pinos. Bucareli era un búnker. Por lo tanto su actuación en Gobernación fue inexistente, gris, opaca y conflictiva.
Aún antes de su llegada a Gobernación los principales partidos políticos como el PRI y el PRD no le reconocieron calidad de interlocución ni calidad moral. Llegó precedido por una imagen de represor y violador de los derechos humanos que nunca pudo desvanecer. Nunca dejaron de ser frecuentes las solicitudes para que renunciara. Incluso, desde su propio partido se le vio como un personaje advenedizo al que sólo se le debía pagar una factura más, pero no con esa secretaría ni por mucho tiempo. La censura a los programas de López Obrador y del Frente Amplio Progresista fue maquinada desde su oficina. La burda censura a Ruth Zavala fue orquestada directamente por él.
Incompetencia evidente
Los conflictos con la prensa eran ya verdaderamente graves. Ramírez Acuña se había sumado a ciertas voces del clero que calificaban a la prensa como “una prostituta”, lo que puso en entredicho el esfuerzo de cientos de periodistas en abrirse espacios con dignidad hacia la independencia y libertad de expresión, lo que además irritó a numerosos propietarios oficialistas que no sólo se opusieron a tal calificativo sino que no aceptaron de Calderón ese trato. Estaban al servicio del gobierno sí, pero no de esa manera. Incluso la actuación de su vocero Fernando Arias ya era conocida en varios medios (se sabía de su participación en la impunidad de su hijo en la muerte de Néstor Alan Rodríguez). Pensaron que el estilo de hacer comunicación social sería tan manipulable y pedestre como en Jalisco. Cada vez eran más crecientes las molestias por el uso de la fuerza pública para resolver los conflictos sociales. Los escasos problemas que “resolvió” fueron de esa forma. Ramírez Acuña exhibió a Flavio Sosa como al más peor de los narcos.
Ramírez Acuña fue el personaje que más insistió en la participación de los militares en la seguridad pública. La reforma judicial que permite la incursión de domicilios sin orden de cateo lleva todo su visto bueno. Todavía, una semana antes de su renuncia señaló burlonamente que el TLC “no era como para un estallido social”. Su fugaz presencia en Bucareli fue sesgada y se puso en favor del clero católico: editó un libro en el que “académicos” universitarios panistas proponían de plano que el clero católico enseñe en la escuelas públicas, que tengan medios de comunicación, plena “libertad religiosa” y participación en la política.
Uno de los aspectos más deleznables de la presencia de Ramírez Acuña en Gobernación era su incongruencia como promotor del programa nacional de derechos humanos. Cientos, miles de organizaciones civiles de todo el país, veían como burla que Calderón hubiera colocado en ese cargo a uno de los más grandes violadores de derechos humanos. Su paso por Jalisco dejó una estela de tortura, represión e impunidad. Numerosos organismos internacionales alertaron del grave peligro para la política interior y exterior de México con tan pernicioso personaje.
En fin, Jalisco no pierde nada. La renuncia de Ramírez Acuña debe servir para calibrar si Emilio González Márquez es en realidad el gobernador de la entidad y, ya sin fuero, lo lleva a juicio por el caso 28 de mayo de 2004.
Jalisco interrogado
Hoy empieza el encuentro Jalisco interrogado con la mesa: “Contra la guerra y por los derechos humanos para tod@s”, en el marco de la Jornada del Foro Social Mundial, en el auditorio “Carlos Ramírez Ladewig” del CUCSH. Otras temáticas y mesas continuarán hasta el viernes de 10 a 11:45 horas y de 12 a 13:45. Hay numerosas acciones más, consulte www.fsmjalisco.org.mx.
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martes, noviembre 27, 2007
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
Justicia para Néstor Alan Rodríguez Licea ¿Cuándo?
Para Néstor y Mónica, padres de Néstor Alan
La Jornada Jalisco - 26 Nov 2007
Hoy hace un año que en un acto criminal murió Néstor Alan Rodríguez Licea. Tenía apenas 18 años. Y al igual que desde el mismo día de su deceso, sus padres, sus familiares, sus amigos y gran parte de la ciudadanía, todavía esperan que las autoridades del gobierno del estado dejen de lado sus intereses clientelares y políticos y procuren en verdad justicia.
Como se recordará, hace un año Néstor Alan regresaba de una reunión con amigos y compañeros de preparatoria de la que era alumno de último semestre. Y justo a seis cuadras de su casa murió trágicamente cuando el vochito que manejaba fue impactado por un par de automovilistas alcoholizados que venían jugando carreritas.
Los conductores no eran conductores comunes y corrientes. Eran Cristian Arias de la Torre y Francisco Javier Alvarez del Castillo, casi de la misma edad de Néstor Alan pero miembros de prominentes familias que han estado acostumbradas a pregonar el “respeto irrestricto al estado de derecho y las leyes por encima de intereses particulares”. Uno de ellos es hijo de Fernando Arias, actual director de Comunicación Social de Francisco Javier Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación, y el otro es nieto del recientemente fallecido ex gobernador y ex procurador de la República, Enrique Alvarez del Castillo.
Arias de la Torre y Alvarez del Castillo festejaban seguramente que Ramírez Acuña había sido llamado a Gobernación por Felipe Calderón por ser “un hombre respetuoso y garante de la ley” y ebrios no sólo de cerveza y alcohol aplaudían que el padre de uno de ellos, Fernando Arias, se encargaría de divulgar información y comunicación “certera” y “objetiva” al servicio del pueblo, tal y como lo hizo en Comunicación Social del gobierno del estado con Ramírez Acuña. Por eso corrían al parejo buscando ejemplificar las meteóricas carreras que cada uno tenía por delante. “El que no corra es espurio”, seguramente se decían el uno al otro, o bien, “¡viva el gobierno que nos ha dado tanto!”, o por lo menos algo parecido.
De esta forma, Arias de la Torre y Alvarez del Castillo, acostumbrados al ejercicio discrecional que dan las influencias de sus respectivas familias para inhibir a cualquier patrullero o agente de Tránsito que osara detenerlos, venían por avenida Vallarta a toda velocidad pasándose los altos. A lo mejor pensaron: “¿para qué otra cosa puede servir tener un Jetta y una Ram último modelo?”. Néstor Alan apenas arrancaba con la luz verde en Enrique Díaz de León cuando recibió en su costado los mortíferos golpes de los dos vehículos que le cegaron la vida. El vochito quedó hecho añicos por el encontronazo y quedó prensado contra un poste de acero.
¿Y Derechos Humanos?
Fernando Arias, como buen padre amoroso, se presentó de inmediato en el lugar a dar instrucciones como si fuera perito forense y manejar y tener control del área, que de inmediato se llenó de docenas de patrullas que dieron la impresión de que era un incidente grave a la todavía “pareja presidencial”, o bien, a un noble y “alto personaje de la política”.
A partir de ahí, más injusticias y atropellos tanto del gobierno de Ramírez Acuña (¿a poco a Octavio Solís se le dejó gobernar?) como del gobierno entrante de Emilio González Márquez, que se ha encargado legalmente del caso, y que sólo han favorecido la impunidad. La credencial de elector de Néstor Alan desapareció misteriosamente. Y con un sistema de identificación domiciliaria que sólo funciona cuando se trata de perjudicar a la gente que se quiera, no sirvió para informar de inmediato a los padres de Néstor Alan, quienes supieron casi 12 horas después lo sucedido. La tarjeta de circulación se escondió. Arias de la Torre y Alvarez del Castillo fueron custodiados y escoltados para ser llevados a hospitales privados para que les practicaran exámenes a pedido a fin de ser “desintoxicados” y evadir la responsabilidad penal del caso, en lugar de los populares exámenes que se practican en la Cruz Roja o Verde para los que no tienen influencias. Y por si quedara alguna duda, se modificó el expediente para simular que ni venían tomando y sólo venían a “vuelta de rueda”. El celular de Néstor Alan quedó intacto, recibía y entraban llamadas y nadie fue bueno para llamar a sus familiares.
¿Emilio González Márquez demostrará que en verdad es gobernador de la entidad? Y el procurador Tomás Coronado, además de afirmar que no se relaciona sexualmente con jovencitas y que no consigna bajo consigna, ¿podrá afirmar y demostrar que procurará justicia para un joven que no fumaba ni tomaba, no obstante que el primer Ministerio Público se prestó a alterar los hechos? Y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez (magistrado, “el que dicta y administra sabiamente la justicia”) ¿podrá demostrar que tiene jurisdicción, autonomía e independencia para impartir justicia pronta y expedita, cuando el juez octavo de lo penal “se doble” ante la tibieza del Ministerio Público?
¿Podrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitir a tiempo una recomendación ante las múltiples irregularidades judiciales del caso en contra de los amigos de Ramírez Acuña y de diputados que llevaron al cargo a Felipe Alvarez Cibrián? O a un año de distancia, ¿el secretario ejecutivo de la CEDHJ que se desgarró las vestiduras por la censura impuesta a varios reporteros que informaban del caso, podrá emitir ahora desde este cargo, sin autocensura, aunque sea una simple pero contundente opinión ante el caso?
La familia y amigos de Néstor Alan estarán el día de hoy en el cruce de Vallarta y Díaz de León a partir de las 9 de la mañana; se entregarán volantes y flores blancas, y por la noche, a las 8, se realizará una ceremonia religiosa. No falten.
Por otra parte, como respuesta a la sigilosa censura que intenta Cinepolis (¿polis por lo de policía?) a la película Fraude: México 2006, no hay que dejar de ir a verla. Aprovechando este próximo fin de semana, por acá estarán en la FIL los moneros de El Chamuco y su director, Federico Arreola, también productor de la cinta.
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Para Néstor y Mónica, padres de Néstor Alan
La Jornada Jalisco - 26 Nov 2007
Hoy hace un año que en un acto criminal murió Néstor Alan Rodríguez Licea. Tenía apenas 18 años. Y al igual que desde el mismo día de su deceso, sus padres, sus familiares, sus amigos y gran parte de la ciudadanía, todavía esperan que las autoridades del gobierno del estado dejen de lado sus intereses clientelares y políticos y procuren en verdad justicia.
Como se recordará, hace un año Néstor Alan regresaba de una reunión con amigos y compañeros de preparatoria de la que era alumno de último semestre. Y justo a seis cuadras de su casa murió trágicamente cuando el vochito que manejaba fue impactado por un par de automovilistas alcoholizados que venían jugando carreritas.
Los conductores no eran conductores comunes y corrientes. Eran Cristian Arias de la Torre y Francisco Javier Alvarez del Castillo, casi de la misma edad de Néstor Alan pero miembros de prominentes familias que han estado acostumbradas a pregonar el “respeto irrestricto al estado de derecho y las leyes por encima de intereses particulares”. Uno de ellos es hijo de Fernando Arias, actual director de Comunicación Social de Francisco Javier Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación, y el otro es nieto del recientemente fallecido ex gobernador y ex procurador de la República, Enrique Alvarez del Castillo.
Arias de la Torre y Alvarez del Castillo festejaban seguramente que Ramírez Acuña había sido llamado a Gobernación por Felipe Calderón por ser “un hombre respetuoso y garante de la ley” y ebrios no sólo de cerveza y alcohol aplaudían que el padre de uno de ellos, Fernando Arias, se encargaría de divulgar información y comunicación “certera” y “objetiva” al servicio del pueblo, tal y como lo hizo en Comunicación Social del gobierno del estado con Ramírez Acuña. Por eso corrían al parejo buscando ejemplificar las meteóricas carreras que cada uno tenía por delante. “El que no corra es espurio”, seguramente se decían el uno al otro, o bien, “¡viva el gobierno que nos ha dado tanto!”, o por lo menos algo parecido.
De esta forma, Arias de la Torre y Alvarez del Castillo, acostumbrados al ejercicio discrecional que dan las influencias de sus respectivas familias para inhibir a cualquier patrullero o agente de Tránsito que osara detenerlos, venían por avenida Vallarta a toda velocidad pasándose los altos. A lo mejor pensaron: “¿para qué otra cosa puede servir tener un Jetta y una Ram último modelo?”. Néstor Alan apenas arrancaba con la luz verde en Enrique Díaz de León cuando recibió en su costado los mortíferos golpes de los dos vehículos que le cegaron la vida. El vochito quedó hecho añicos por el encontronazo y quedó prensado contra un poste de acero.
¿Y Derechos Humanos?
Fernando Arias, como buen padre amoroso, se presentó de inmediato en el lugar a dar instrucciones como si fuera perito forense y manejar y tener control del área, que de inmediato se llenó de docenas de patrullas que dieron la impresión de que era un incidente grave a la todavía “pareja presidencial”, o bien, a un noble y “alto personaje de la política”.
A partir de ahí, más injusticias y atropellos tanto del gobierno de Ramírez Acuña (¿a poco a Octavio Solís se le dejó gobernar?) como del gobierno entrante de Emilio González Márquez, que se ha encargado legalmente del caso, y que sólo han favorecido la impunidad. La credencial de elector de Néstor Alan desapareció misteriosamente. Y con un sistema de identificación domiciliaria que sólo funciona cuando se trata de perjudicar a la gente que se quiera, no sirvió para informar de inmediato a los padres de Néstor Alan, quienes supieron casi 12 horas después lo sucedido. La tarjeta de circulación se escondió. Arias de la Torre y Alvarez del Castillo fueron custodiados y escoltados para ser llevados a hospitales privados para que les practicaran exámenes a pedido a fin de ser “desintoxicados” y evadir la responsabilidad penal del caso, en lugar de los populares exámenes que se practican en la Cruz Roja o Verde para los que no tienen influencias. Y por si quedara alguna duda, se modificó el expediente para simular que ni venían tomando y sólo venían a “vuelta de rueda”. El celular de Néstor Alan quedó intacto, recibía y entraban llamadas y nadie fue bueno para llamar a sus familiares.
¿Emilio González Márquez demostrará que en verdad es gobernador de la entidad? Y el procurador Tomás Coronado, además de afirmar que no se relaciona sexualmente con jovencitas y que no consigna bajo consigna, ¿podrá afirmar y demostrar que procurará justicia para un joven que no fumaba ni tomaba, no obstante que el primer Ministerio Público se prestó a alterar los hechos? Y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez (magistrado, “el que dicta y administra sabiamente la justicia”) ¿podrá demostrar que tiene jurisdicción, autonomía e independencia para impartir justicia pronta y expedita, cuando el juez octavo de lo penal “se doble” ante la tibieza del Ministerio Público?
¿Podrá la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitir a tiempo una recomendación ante las múltiples irregularidades judiciales del caso en contra de los amigos de Ramírez Acuña y de diputados que llevaron al cargo a Felipe Alvarez Cibrián? O a un año de distancia, ¿el secretario ejecutivo de la CEDHJ que se desgarró las vestiduras por la censura impuesta a varios reporteros que informaban del caso, podrá emitir ahora desde este cargo, sin autocensura, aunque sea una simple pero contundente opinión ante el caso?
La familia y amigos de Néstor Alan estarán el día de hoy en el cruce de Vallarta y Díaz de León a partir de las 9 de la mañana; se entregarán volantes y flores blancas, y por la noche, a las 8, se realizará una ceremonia religiosa. No falten.
Por otra parte, como respuesta a la sigilosa censura que intenta Cinepolis (¿polis por lo de policía?) a la película Fraude: México 2006, no hay que dejar de ir a verla. Aprovechando este próximo fin de semana, por acá estarán en la FIL los moneros de El Chamuco y su director, Federico Arreola, también productor de la cinta.
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lunes, noviembre 19, 2007
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
III Asamblea de la CND: resistencia de largo plazo
La Jornada Jalisco
A casi año y medio del fraude electoral del 2 de julio del año pasado, no ha cesado la resistencia ciudadana frente a los grupos de poder que controlaron y que lograron imponer a Calderón en la Presidencia de la República.
La inconformidad civil y el coraje razonado siguen aún presentes en la memoria de millones de mexicanos, y pese a los continuos esfuerzos del gobierno federal, muchos de los gobiernos estatales y los poderes fácticos por minimizar lo sucedido –con el apoyo incluso de algunas corrientes entreguistas de izquierdas “modernas”– muy difícilmente se podrá disipar el malestar ciudadano. Por el contrario, es posible que se sostenga y se diversifique.
Resistencia cultural y política
Los que dominan y controlan el sistema político mexicano, es decir, los grandes capitalistas mexicanos, y sus aliados extranjeros –los que manejan casi el 45 por ciento del producto interno bruto–, no han logrado desaparecer de la memoria colectiva una de las más graves afrentas al pueblo de México.
Antropólogos como Clifford Geertz han señalado que grandes conflictos políticos –aún pacíficos y sin violencia social– se manifiestan de muchas formas en el largo plazo y se internalizan de distintos modos en la conciencia cultural de una sociedad. Tan sólo hay que notar que el fraude electoral del 88 influyó posteriormente en el levantamiento en Chiapas y en el fortalecimiento de la lucha por los derechos humanos, además de la consolidación de la sociedad civil, hecho que se tradujo más tarde en la más copiosa votación de la oposición en favor de López Obrador.
Calderón quisiera recibir aplausos, porras y reconocimiento “espontáneo” como antaño. Pero en cuanta oportunidad tiene, proyecta inevitablemente su talante autoritario usando por ejemplo símbolos castrenses. Poco le falta para portar un fusil. Ahora la nueva noticia es que ya remodela el room war, el cuarto de guerra, en el sótano de Los Pinos. ¿Para qué?
La censura, la represión y la criminalización de protesta pública se han intensificado en el actual sexenio. Pero por fortuna, frente al fortalecimiento los cuerpos policiacos federales y del aparato militar que cada vez más patrulla las calles del país (ahora impulsarán la instalación de más retenes bajo la premisa de que hay “autos sospechosos”), la ciudadanía ha asumido una postura inteligente, congruente y pacífica, y no dejará de expresarse en cuanta reunión o evento público asista Calderón, señalando en todo momento con carteles y mantas el origen de la naturaleza de su investidura: espuria.
Plan de resistencia
El pago de facturas del fraude electoral apenas inicia. La derecha sabe que es la última oportunidad para sostenerse, por eso se apresurará a pagar todos los adeudos pendientes. Ya se pagó a Elba Esther Gordillo parte de sus exigencias. Ya se entregó Aeroméxico a Banamex, cuyo corporativo apoyó la guerra sucia electoral.
En el transcurso de este tiempo hemos visto una inflación que ha rebasado los esquemas más razonables; el tortillazo y próximamente el gasolinazo han disparado ya los precios, por lo que se anticipa mayor pobreza.
Por ello, a un año de distancia, la resistencia en torno a López Obrador ha sido un éxito y tiene futuro. La III Asamblea de la Convención Nacional Democrática, realizada el día de ayer, acordó un plan de lucha, que considera entre otros puntos:
1.- Manifestarse contra el alza de precios, impulsar un aumento generalizado de salarios; oponerse a los monopolios; por un plan de austeridad para la estructura gubernamental; no a un nuevo impuesto a las gasolinas, el diesel, y por la defensa de la seguridad social.
2.- Defensa del petróleo, patrimonio de todos los mexicanos; exigir la terminación de los contratos ilegales; respeto al contrato colectivo de los trabajadores; rechazo a toda iniciativa de ley que tenga por objeto privatizar la industria petrolera.
3.- Defensa del sector eléctrico, respaldar toda movilización sindical en defensa del sector energético.
4.- La defensa del maíz; revisar el capítulo del TLC en defensa del alimento nacional y por el abasto para toda la población.
5.- Exigir la presentación con vida de todos los desaparecidos políticos; oponerse a la militarización del país; apoyar todas las acciones del Frente Nacional Contra la Represión (al que se han sumado diversas organizaciones de Jalisco).
6.- Apoyar a los damnificados de Tabasco y Chiapas y exigir el deslinde de responsabilidades.
López Obrador hizo un llamado a abolir el régimen de corrupción y privilegios. Por ello la resistencia es de largo aliento y de largo plazo, requiere de la participación de todas las fuerzas democráticas y de todos los hombres y mujeres libres.
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lunes, octubre 22, 2007
Opinión - Jaime Hernandez
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”: Frente Nacional Contra la Represión, capítulo Jalisco
La Jornada Jalisco
Con la participación de más de una veintena de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos de reconocida trayectoria en la lucha ciudadana, se conformó este pasado fin de semana el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), capítulo Jalisco.
Como se recordará, ante la creciente militarización y criminalización de la protesta civil y la continua represión que viven numerosos movimientos sociales del país, hace apenas poco más de dos semanas, el 2 de octubre, se constituyó en la ciudad de México el FNCR. Con el acto realizado en Jalisco, nuestra entidad se constituye en la segunda en el país en conformar un frente local de este tipo. Con ello se demuestra que la resistencia democrática jalisciense, lejos de estar desgastada –que es a lo que le apuestan las autoridades locales–, sigue activa y dinámica.
Ante la represión, organización
Durante casi dos horas, decenas de intervenciones cuestionaron las políticas represivas gubernamentales que se impulsan a nivel federal, estatal y municipal. Orlando Esparza, representante de los alumnos de la Normal Rural de Atequiza, inició cuestionando las políticas represivas que se dan en su escuela, empezando por maestros que no reúnen el perfil académico. Arturo Contreras, del Movimiento de Bases Magisteriales, cuestionó la derecha personificada por Calderón, Ramírez Acuña, Manuel Espino y Emilio González, quienes, dijo, se han mofado de la democracia, para ellos la palabra “demos” no significa precisamente pueblo sino que “demos” trancazos al pueblo. María Gracia, del Colectivo Rodolfo Reyes Crespo, señaló que “la violencia institucional ha asumido ya muchas modalidades y la represión se ha constituido en una política de Estado, y ante la reciente desaparición de Francisco Paredes Ruiz, en Morelia, no cejaremos de exigir su presentación y buscar castigo a los responsables”.
Arcadia Lara, de la Coordinadora 28 de Mayo, señaló que “el verdadero pueblo nunca deja de luchar y siempre dice ¡basta! al gobierno; sin embargo, uno callado siempre resulta ser cómplice de él”. Candelaria Ochoa, del Congreso Ciudadano, señaló que “estos 13 años de gobiernos panistas sólo han sido de retrocesos: la represión del 28 de mayo, la propuesta de la policía secreta, Arcediano, la modificación de la López Mateos para un viaducto, el problema del parque Morelos y el reemplacamiento”.
Gonzalo Gómez, del Partido del Trabajo, señaló que el 2 de octubre fue un parteaguas de la historia, la lucha no fue en vano, por lo que llegó el momento de luchar unidos y organizados. Martín Guzmán, del Frente Popular Revolucionario, señaló que con Ramírez Acuña se agudizó la represión, y aún subsiste el racismo, desde los indígenas del parque Rubén Darío, los purépechas del panteón de San Felipe y el decomiso continuo de sus mercancías”. José Luis Sánchez, de la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular, señaló que el frente de Jalisco retoma la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva antineoliberal; aprovechó para hacer “un reconocimiento para todos aquellos que han sido privados de su libertad en su lucha por las libertades del pueblo de Jalisco”: Luciano Rentería, Antonio Orozco Michel, Benjamín Hernández, Oscar Morales Pelayo y recientemente Plácido Rodríguez Perales; asimismo, propuso una marcha por los derechos humanos para el 8 de diciembre, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Por su parte, el mismo Luciano Rentería, incansable luchador civil, señaló que “como si fueran dos hermanos gemelos, el PRI y el PAN se han apoyado mutuamente; cuando el PRI era gobierno, el PAN siempre lo apoyaba y ahora es al revés”. Oscar González Garí, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, señaló las motivaciones que llevaron a constituir el FNCR. Joel Robles Villaseñor, de la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales, denunció acciones de represión que pueden llegar a genocidio en el caso del pueblo de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán, Jalisco, y los numerosos casos de insuficiencia renal debido a la contaminación con cadmio, plomo y mercurio, y cuya esperanza de vida es sólo de cinco años”.
Plan de acción y reacción
María del Carmen López, enviada especial del consejo del FNCR y miembro del Consejo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, tomó la protesta de todos los presentes para constituir el capítulo Jalisco, al tiempo que hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales, redes y ciudadanos a contribuir con sus esfuerzos en una defensa incluyente de los derechos humanos, la libertad de todos los presos y de conciencia, la cancelación de las órdenes de aprehensión y por abolir la tortura.
Añadió que la defensa de los derechos humanos incluye los derechos laborales, así como frenar la militarización del país. Por ello, dijo, el FNCR se propone realizar asambleas constitutivas en toda la República para llevar adelante un sistema de urgencia, acción y reacción ante cualquier acto represivo. En este sentido, cuestionó la reforma judicial que impulsa Felipe Calderón, ya que es una forma de legalizar la represión y señaló los diversos actos inmediatos a apoyar como el Tribunal Nacional que se lleva a cabo en Atenco y asistir a la tercera asamblea nacional del FNCR, que se llevará a efecto el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La declaración constitutiva del FNCR, al que se adhiere el capítulo Jalisco, señala que “el Estado Mexicano encabezado por el Poder Ejecutivo del ilegítimo Felipe Calderón pretende convertir en norma las condiciones de excepción, a partir de las cuales, los derechos humanos y las libertades democráticas son suspendidos. En la práctica está imponiendo un amplio proceso de militarización, control de fronteras, sobrevigilancia de la ciudadanía, detenciones ilegales y arbitrarias, uso sistemático de la tortura, desaparición forzada, hostigamiento y persecución a defensores de derechos humanos y luchadores sociales; cambios en los marcos jurídicos para criminalizar la protesta social e introducir el delito de terrorismo y otros derivados, que en la práctica puedan ser aplicados a un amplio rango de movimientos y organizaciones sociales.
Las condiciones carcelarias en las que “sobreviven” los presos políticos también se han recrudecido hasta niveles terribles, como lo muestra el aislamiento, el traslado a lugares lejanos donde fueron aprehendidos; las dificultades para las visitas de abogados, familiares o cónyuges; el impedirles contar con lecturas o tratos inhumanos y humillantes; mezclándolos con narcotraficantes, asesinos, violadores o secuestradores en penales estatales y de máxima seguridad.”
Fue insistente la liberación de los más de 700 presos políticos y la presentación de desaparecidos. Por eso una de las exigencias más expresadas en el evento fue: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
La Jornada Jalisco
Con la participación de más de una veintena de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos de reconocida trayectoria en la lucha ciudadana, se conformó este pasado fin de semana el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), capítulo Jalisco.
Como se recordará, ante la creciente militarización y criminalización de la protesta civil y la continua represión que viven numerosos movimientos sociales del país, hace apenas poco más de dos semanas, el 2 de octubre, se constituyó en la ciudad de México el FNCR. Con el acto realizado en Jalisco, nuestra entidad se constituye en la segunda en el país en conformar un frente local de este tipo. Con ello se demuestra que la resistencia democrática jalisciense, lejos de estar desgastada –que es a lo que le apuestan las autoridades locales–, sigue activa y dinámica.
Ante la represión, organización
Durante casi dos horas, decenas de intervenciones cuestionaron las políticas represivas gubernamentales que se impulsan a nivel federal, estatal y municipal. Orlando Esparza, representante de los alumnos de la Normal Rural de Atequiza, inició cuestionando las políticas represivas que se dan en su escuela, empezando por maestros que no reúnen el perfil académico. Arturo Contreras, del Movimiento de Bases Magisteriales, cuestionó la derecha personificada por Calderón, Ramírez Acuña, Manuel Espino y Emilio González, quienes, dijo, se han mofado de la democracia, para ellos la palabra “demos” no significa precisamente pueblo sino que “demos” trancazos al pueblo. María Gracia, del Colectivo Rodolfo Reyes Crespo, señaló que “la violencia institucional ha asumido ya muchas modalidades y la represión se ha constituido en una política de Estado, y ante la reciente desaparición de Francisco Paredes Ruiz, en Morelia, no cejaremos de exigir su presentación y buscar castigo a los responsables”.
Arcadia Lara, de la Coordinadora 28 de Mayo, señaló que “el verdadero pueblo nunca deja de luchar y siempre dice ¡basta! al gobierno; sin embargo, uno callado siempre resulta ser cómplice de él”. Candelaria Ochoa, del Congreso Ciudadano, señaló que “estos 13 años de gobiernos panistas sólo han sido de retrocesos: la represión del 28 de mayo, la propuesta de la policía secreta, Arcediano, la modificación de la López Mateos para un viaducto, el problema del parque Morelos y el reemplacamiento”.
Gonzalo Gómez, del Partido del Trabajo, señaló que el 2 de octubre fue un parteaguas de la historia, la lucha no fue en vano, por lo que llegó el momento de luchar unidos y organizados. Martín Guzmán, del Frente Popular Revolucionario, señaló que con Ramírez Acuña se agudizó la represión, y aún subsiste el racismo, desde los indígenas del parque Rubén Darío, los purépechas del panteón de San Felipe y el decomiso continuo de sus mercancías”. José Luis Sánchez, de la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular, señaló que el frente de Jalisco retoma la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva antineoliberal; aprovechó para hacer “un reconocimiento para todos aquellos que han sido privados de su libertad en su lucha por las libertades del pueblo de Jalisco”: Luciano Rentería, Antonio Orozco Michel, Benjamín Hernández, Oscar Morales Pelayo y recientemente Plácido Rodríguez Perales; asimismo, propuso una marcha por los derechos humanos para el 8 de diciembre, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Por su parte, el mismo Luciano Rentería, incansable luchador civil, señaló que “como si fueran dos hermanos gemelos, el PRI y el PAN se han apoyado mutuamente; cuando el PRI era gobierno, el PAN siempre lo apoyaba y ahora es al revés”. Oscar González Garí, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, señaló las motivaciones que llevaron a constituir el FNCR. Joel Robles Villaseñor, de la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales, denunció acciones de represión que pueden llegar a genocidio en el caso del pueblo de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán, Jalisco, y los numerosos casos de insuficiencia renal debido a la contaminación con cadmio, plomo y mercurio, y cuya esperanza de vida es sólo de cinco años”.
Plan de acción y reacción
María del Carmen López, enviada especial del consejo del FNCR y miembro del Consejo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, tomó la protesta de todos los presentes para constituir el capítulo Jalisco, al tiempo que hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales, redes y ciudadanos a contribuir con sus esfuerzos en una defensa incluyente de los derechos humanos, la libertad de todos los presos y de conciencia, la cancelación de las órdenes de aprehensión y por abolir la tortura.
Añadió que la defensa de los derechos humanos incluye los derechos laborales, así como frenar la militarización del país. Por ello, dijo, el FNCR se propone realizar asambleas constitutivas en toda la República para llevar adelante un sistema de urgencia, acción y reacción ante cualquier acto represivo. En este sentido, cuestionó la reforma judicial que impulsa Felipe Calderón, ya que es una forma de legalizar la represión y señaló los diversos actos inmediatos a apoyar como el Tribunal Nacional que se lleva a cabo en Atenco y asistir a la tercera asamblea nacional del FNCR, que se llevará a efecto el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos.
La declaración constitutiva del FNCR, al que se adhiere el capítulo Jalisco, señala que “el Estado Mexicano encabezado por el Poder Ejecutivo del ilegítimo Felipe Calderón pretende convertir en norma las condiciones de excepción, a partir de las cuales, los derechos humanos y las libertades democráticas son suspendidos. En la práctica está imponiendo un amplio proceso de militarización, control de fronteras, sobrevigilancia de la ciudadanía, detenciones ilegales y arbitrarias, uso sistemático de la tortura, desaparición forzada, hostigamiento y persecución a defensores de derechos humanos y luchadores sociales; cambios en los marcos jurídicos para criminalizar la protesta social e introducir el delito de terrorismo y otros derivados, que en la práctica puedan ser aplicados a un amplio rango de movimientos y organizaciones sociales.
Las condiciones carcelarias en las que “sobreviven” los presos políticos también se han recrudecido hasta niveles terribles, como lo muestra el aislamiento, el traslado a lugares lejanos donde fueron aprehendidos; las dificultades para las visitas de abogados, familiares o cónyuges; el impedirles contar con lecturas o tratos inhumanos y humillantes; mezclándolos con narcotraficantes, asesinos, violadores o secuestradores en penales estatales y de máxima seguridad.”
Fue insistente la liberación de los más de 700 presos políticos y la presentación de desaparecidos. Por eso una de las exigencias más expresadas en el evento fue: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
lunes, septiembre 24, 2007
Opinión - JAIME HERNANDEZ ORTIZ
Laicismo y democracia, una difícil pero necesaria relación
Hace poco más de una semana, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez pidió, casi en tono de exigencia, que los diputados le aclararan qué se entiende por laicismo, sin que hasta el momento, ninguno de ellos, funcionario o dirigente partidista, se haya atrevido a darle una respuesta. Lejos de esto, los diputados, dando por sentada toda posible respuesta, le hicieron un homenaje por ser un personaje de “gran cultura” y “defensor” de los derechos humanos.
No hay que olvidar que hace tres años el jerarca católico había acusado a las comisiones de Derechos Humanos de servir a intereses extranjeros, y en cuanto a los defensores, era mejor que “rodaran sus cabezas”.
Sin embargo, en otro lado se dieron diversas expresiones sobre lo que es el laicismo y su importancia, como uno de los más grandes valores ciudadanos e indispensable para toda sociedad democrática.
De esta forma, el pasado jueves 20 de septiembre se realizó en el auditorio Salvador Allende, de la Universidad de Guadalajara, un foro denominado Estado laico y sociedad, revisión del legado liberal, en el que se abordaron desde diversos ángulos los graves riesgos y peligros para la ciudadanía en general que el Estado mexicano pierda su sentido laico, permita la intolerancia religiosa como actualmente sucede y que acepte, bajo las presiones del clero católico, modificar el artículo 24 constitucional.
El evento, organizado por el Foro Intereclesiástico Mexicano (FIM), destacó en su conjunto la necesidad de defender al Estado y la educación laica, impulsar con mayor claridad la separación Estado-iglesias, combatir la discriminación y alentar el pluralismo religioso y político.
El clero en armas
En el evento, el investigador Sergio Alberto Campos Chacón, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, señaló que “la religión mayoritaria ha dado muestras de intolerancia hacia concepciones distintas a la suya, generando tensión social generalizada, sea de manera directa o indirecta, o refleja, particularizando por medio de agresiones incluso física a las personas y sus familias de religión distintas al punto de desplazamiento físico de sus comunidades”. Con ello, añadió, “se lesiona el principio de igualdad formal y se arremete contra el derecho fundamental de pensamiento y creencias, que se encuentra en la propia Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación”.
Por su parte, Edgar González Ruiz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, señaló que “en México, el Estado laico está amenazado por la llegada y permanencia en el poder del Partido Acción Nacional, dadas las tendencias católicas conservadoras predominantes en ese partido. Por ello, cotidianamente, funcionarios del gobierno federal y de las administraciones estatales y locales del blanquiazul cuestionan con sus hechos la separación entre el Estado y el clero. Con Calderón, los ataques al Estado laico han incluido la presencia de fuerzas militares en eventos políticos religiosos, además de que jerarcas católicos intervienen con toda libertad en los asuntos políticos”. Lo anterior, dijo, “se ha traducido en hechos que en México no hemos conocido en mucho tiempo como la injerencia del clero en los cuerpos represivos”.
Por su lado, Rigoberto Mata Medina, presidente del FIM, señaló que “no podemos hablar de laicidad sin dejar de pensar en sus agresores, sobre todo en el principal de ellos, que desde la separación Iglesia-Estado busca embestir al Estado laico de una manera destructiva, y busca incidir en las legislaciones de los países latinoamericanos, en clara referencia a México, con una retórica engañosa, diciendo que en estos países se limitan a conceder únicamente libertad de credo y culto, pero no reconocen la libertad religiosa, utilizando imprecisamente las palabras “libertad religiosa”, con la esperanza de nulificar los logros del valioso legado de Juárez y la Revolución Mexicana”. Por ello, añadió, “pretenden recuperar esa libertad en el sentido que ellos la conciben, que es verse favorecidos en recuperar su imperio perdido cuando gozaban de injerencia en asuntos públicos, la participación en medios de comunicación, la instauración de capillas y obispos castrenses del Ejército mexicano, y la que más extrañan y ambicionan es la impartición de educación religiosa en las escuelas públicas”.
Héctor Guillén Tamayo, de Redes Laicistas del Perú, denunció que en su país, durante el gobierno de Alberto Fujimori, y a espaldas de la Asamblea Legislativa, se firmó un concordato con el Vaticano, por medio del cual el obispo es quien autoriza qué maestros deben impartir clases de doctrina con cargo al erario público, además de que se paga a sacerdotes sueldos equivalentes a ministros de Estado, hechos que ha ratificado el actual presidente, Alan García.
Postura congruente
Los ponentes exhortaron defender el Estado laico, la eliminación de los prejuicios aún existentes sobre los grupos religiosos minoritarios, denunciar ante autoridades, medios y opinión pública los casos que se presenten y, sobre todo, promover que la educación pública siga siendo laica.
Precisaron que ante la pretensión de la jerarquía católica de modificar algunos artículos de la Constitución, asumen como postura, entre otros puntos: “1.- Que se eleve a rango constitucional la laicidad del Estado; 2-. Que siga como hasta hoy el principio histórico de la separación del Estado de las iglesias; 3.- Que se mantenga vigente la educación laica en las escuelas públicas, respetando el artículo 3º constitucional; 4.- Que se garantice la libertad religiosa y de creencias, dentro del marco actual del Estado laico; 5.- Que continúe la prohibición expresa de ministros de culto de no intervenir en asuntos políticos”.
Ante la devastación actual de la República, la reconstrucción de la democracia no se dará sin el laicismo. Es más, ni una sin la otra.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
lunes, agosto 27, 2007
Opinión - Jaime Hernandez
Informe espurio
La Jornada
Por cualquier lado que se le vea, la “figura presidencial” de Felipe Calderón, después de su eventual informe en el Congreso de la Unión, quedará igual o peor de deteriorada. Por un lado, si se presenta a “debatir” –o sea, poniéndose los guantes–, el único gran perdedor será él. Si actuando como porros los diputados y senadores panistas le abren paso “como sea” al recinto legislativo de San Lázaro, seguirán demostrando que sólo se puede gobernar con el uso de la fuerza.
Por otra parte, si “entrega y se va”, tal y como señala el artículo 97 de la Constitución, quedará en evidencia una vez más que Calderón no ha logrado la legitimidad ni el respaldo social para un simple acto protocolario, que en el marco del presidencialismo clásico mexicano era considerado como el “día del presidente”. Ese día, recordemos, se caracterizaba por la aparición de aplaudidores “espontáneos” que arrojaban toneladas de papel cortado multicolor; por el surgimiento planeado de interminables filas de “besamanos”, de múltiples poses cortesanas y fiestas de felicitación, que seguramente es lo que aún espera Calderón.
Armado hasta los dientes
Pero el asunto protocolario no es menor. De hecho, Calderón tiene prohibido acudir a deliberar al Congreso armado, no de valor, sino de pistolas y fusiles. De acuerdo con la Constitución, artículo 9, “ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar”, incluso “para tomar parte de los asuntos políticos del país”. La Constitución es muy clara: no se distingue si deben ser funcionarios o no, si deben tener permiso para portar armas o no. No puede ser exagerado este comentario. No olvidemos que de acuerdo con la misma Constitución, artículo 80, el “Supremo Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona”. Es decir, todas las funciones y atribuciones de las secretarías del Poder Ejecutivo se concentran en la sola persona. De manera entonces que los cientos de policías armados de la Policía Federal Preventiva que se instalarán dentro y fuera del recinto legislativo y acompañen a Felipe Calderón, lo hacen porque éste mismo lo ordena y es como si acudiera personalmente armado, como en efecto lo es. Simplemente es inconcebible que en un supuesto debate democrático de dos Poderes, uno de ellos acuda armado hasta los dientes. Una cosa es la seguridad personal y otra querer demostrar qué Poder es el verdadero poder.
Esto en cuestión de forma. Pero de fondo: ¿qué tiene que informar Calderón en su primer informe?, ¿informará de verdad acerca del lamentable “estado que guarda la nación”? No sabemos lo que se dirá ese día. Pero un informe espurio, imagino y supongo, que debe tener al menos algunos elementos ideológicos como los siguientes:
Honorable Congreso:
“Señoras y Señores: entrando en materia no pude resolver el problema de Oaxaca. En realidad no hay problema en ese lugar. El asunto, magnificado sólo por un grupo de rijosos, se resolverá plenamente y de forma natural con la terminación del periodo del gobernador Ulises Ruiz. Nuestro gobierno es, como fue el de Vicente Fox, respetuoso de los gobiernos de las entidades que configuran la Federación. Por lo tanto, todas las presuntas denuncias de injusticia social se resolverán en los tribunales locales, que para eso están. ¿Los muertos? Bueno, ellos mismos se buscaron su actual situación jurídica. En relación al tema de los derechos humanos, nuestro gobierno se compone de humanos derechos. Hay plena correspondencia e identidad entre derechos humanos y gobierno federal. Por ello, al ver que algunos activistas que no forman parte del gobierno y que intentaban que se cumpliera en su beneficio el Programa Nacional de Derechos Humanos acordado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, decidimos cancelarlo. Hombre probo, sin tacha alguna, respetuoso del Estado de Derecho, Francisco Javier Ramírez Acuña, impulsará un nuevo programa nacional que considere en el Plan 20-30, su pleno cumplimiento, y hasta ese entonces. El expediente de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, por fin, como su nombre lo indica, quedó en el pasado.
En relación al empleo tuvimos avances, sigo siendo el presidente del empleo. Recontratamos a miles de personas que querían autodespedirse del Ejército y de la Policía Federal Preventiva. Esto me permitió, y me felicito a mí mismo, convertirme en el presidente de la seguridad. Ahora, los recontratados se desplazan por todo el país soñando por un país mejor, recuperando territorios que estaban en manos de falsos poderes fácticos.
De esta manera hemos decomisado dinero abandonado. Más de 200 millones de dólares. Los dueños, argumentando con cuentos chinos, no entendieron que no era nuestro gobierno –surgido del triunfo legítimo del 2 de julio–, al que había que desestabilizar.
En asuntos migratorios no hay que ver al muro en la frontera como una afrenta, sino como un reto: de ¡todos modos lo vamos a brincar! En el rubro de macroeconomía tuvimos que reformar la ley del ISSSTE, de otra manera hubiéramos tenido que quitar las pensiones vitalicias de los ex presidentes y reducir salarios de los magistrados del Poder Judicial de la Federación que tanto han contribuido a la paz social. El alza de las tortillas debe entenderse en el marco de la constante demanda y capacidad adquisitiva de los mexicanos. Se encarece cualquier producto por su alta demanda. Además, eso demuestra que si los mexicanos queremos comprar algo es porque tenemos con qué.
En Educación hubo avances. Josefina Vázquez Mota, brillante, como es su libro “¡Dios mío, hazme viuda!”, realizará el programa “Dios mío, ¡escuela segura!”, que recogerá las propuestas sobre moral y valores cívicos que ha impulsado con tanto humanismo y desde tantos puestos de amigos, la maestra Elba Esther Gordillo. Hoy los padres de familia claman por exámenes antidoping para sus hijos, así como para que se reforme el artículo 24 de la Constitución, para permitir una educación religiosa conforme a sus principios. Estaremos pronto enviando una iniciativa en este sentido.
Hoy tenemos lista otra iniciativa, que esperamos apruebe incluso la izquierda moderna que tanto requiere el país, para alentar el sector energético. Ya no es posible que mantengamos el monopolio de la energía. Un Estado propietario atenta contra los más elementales principios de la economía de libre mercado. Por eso los mexicanos votaron el 2 de julio”.
Algo así por el estilo se espera este primero de septiembre, en rubros como “estado de derecho, seguridad pública, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, desarrollo sustentable y democracia efectiva y política exterior responsable”, según las propias palabras de Calderón.
En fin, un informe que estará muy lejos de ser veraz.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
La Jornada
Por cualquier lado que se le vea, la “figura presidencial” de Felipe Calderón, después de su eventual informe en el Congreso de la Unión, quedará igual o peor de deteriorada. Por un lado, si se presenta a “debatir” –o sea, poniéndose los guantes–, el único gran perdedor será él. Si actuando como porros los diputados y senadores panistas le abren paso “como sea” al recinto legislativo de San Lázaro, seguirán demostrando que sólo se puede gobernar con el uso de la fuerza.
Por otra parte, si “entrega y se va”, tal y como señala el artículo 97 de la Constitución, quedará en evidencia una vez más que Calderón no ha logrado la legitimidad ni el respaldo social para un simple acto protocolario, que en el marco del presidencialismo clásico mexicano era considerado como el “día del presidente”. Ese día, recordemos, se caracterizaba por la aparición de aplaudidores “espontáneos” que arrojaban toneladas de papel cortado multicolor; por el surgimiento planeado de interminables filas de “besamanos”, de múltiples poses cortesanas y fiestas de felicitación, que seguramente es lo que aún espera Calderón.
Armado hasta los dientes
Pero el asunto protocolario no es menor. De hecho, Calderón tiene prohibido acudir a deliberar al Congreso armado, no de valor, sino de pistolas y fusiles. De acuerdo con la Constitución, artículo 9, “ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar”, incluso “para tomar parte de los asuntos políticos del país”. La Constitución es muy clara: no se distingue si deben ser funcionarios o no, si deben tener permiso para portar armas o no. No puede ser exagerado este comentario. No olvidemos que de acuerdo con la misma Constitución, artículo 80, el “Supremo Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona”. Es decir, todas las funciones y atribuciones de las secretarías del Poder Ejecutivo se concentran en la sola persona. De manera entonces que los cientos de policías armados de la Policía Federal Preventiva que se instalarán dentro y fuera del recinto legislativo y acompañen a Felipe Calderón, lo hacen porque éste mismo lo ordena y es como si acudiera personalmente armado, como en efecto lo es. Simplemente es inconcebible que en un supuesto debate democrático de dos Poderes, uno de ellos acuda armado hasta los dientes. Una cosa es la seguridad personal y otra querer demostrar qué Poder es el verdadero poder.
Esto en cuestión de forma. Pero de fondo: ¿qué tiene que informar Calderón en su primer informe?, ¿informará de verdad acerca del lamentable “estado que guarda la nación”? No sabemos lo que se dirá ese día. Pero un informe espurio, imagino y supongo, que debe tener al menos algunos elementos ideológicos como los siguientes:
Honorable Congreso:
“Señoras y Señores: entrando en materia no pude resolver el problema de Oaxaca. En realidad no hay problema en ese lugar. El asunto, magnificado sólo por un grupo de rijosos, se resolverá plenamente y de forma natural con la terminación del periodo del gobernador Ulises Ruiz. Nuestro gobierno es, como fue el de Vicente Fox, respetuoso de los gobiernos de las entidades que configuran la Federación. Por lo tanto, todas las presuntas denuncias de injusticia social se resolverán en los tribunales locales, que para eso están. ¿Los muertos? Bueno, ellos mismos se buscaron su actual situación jurídica. En relación al tema de los derechos humanos, nuestro gobierno se compone de humanos derechos. Hay plena correspondencia e identidad entre derechos humanos y gobierno federal. Por ello, al ver que algunos activistas que no forman parte del gobierno y que intentaban que se cumpliera en su beneficio el Programa Nacional de Derechos Humanos acordado ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, decidimos cancelarlo. Hombre probo, sin tacha alguna, respetuoso del Estado de Derecho, Francisco Javier Ramírez Acuña, impulsará un nuevo programa nacional que considere en el Plan 20-30, su pleno cumplimiento, y hasta ese entonces. El expediente de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, por fin, como su nombre lo indica, quedó en el pasado.
En relación al empleo tuvimos avances, sigo siendo el presidente del empleo. Recontratamos a miles de personas que querían autodespedirse del Ejército y de la Policía Federal Preventiva. Esto me permitió, y me felicito a mí mismo, convertirme en el presidente de la seguridad. Ahora, los recontratados se desplazan por todo el país soñando por un país mejor, recuperando territorios que estaban en manos de falsos poderes fácticos.
De esta manera hemos decomisado dinero abandonado. Más de 200 millones de dólares. Los dueños, argumentando con cuentos chinos, no entendieron que no era nuestro gobierno –surgido del triunfo legítimo del 2 de julio–, al que había que desestabilizar.
En asuntos migratorios no hay que ver al muro en la frontera como una afrenta, sino como un reto: de ¡todos modos lo vamos a brincar! En el rubro de macroeconomía tuvimos que reformar la ley del ISSSTE, de otra manera hubiéramos tenido que quitar las pensiones vitalicias de los ex presidentes y reducir salarios de los magistrados del Poder Judicial de la Federación que tanto han contribuido a la paz social. El alza de las tortillas debe entenderse en el marco de la constante demanda y capacidad adquisitiva de los mexicanos. Se encarece cualquier producto por su alta demanda. Además, eso demuestra que si los mexicanos queremos comprar algo es porque tenemos con qué.
En Educación hubo avances. Josefina Vázquez Mota, brillante, como es su libro “¡Dios mío, hazme viuda!”, realizará el programa “Dios mío, ¡escuela segura!”, que recogerá las propuestas sobre moral y valores cívicos que ha impulsado con tanto humanismo y desde tantos puestos de amigos, la maestra Elba Esther Gordillo. Hoy los padres de familia claman por exámenes antidoping para sus hijos, así como para que se reforme el artículo 24 de la Constitución, para permitir una educación religiosa conforme a sus principios. Estaremos pronto enviando una iniciativa en este sentido.
Hoy tenemos lista otra iniciativa, que esperamos apruebe incluso la izquierda moderna que tanto requiere el país, para alentar el sector energético. Ya no es posible que mantengamos el monopolio de la energía. Un Estado propietario atenta contra los más elementales principios de la economía de libre mercado. Por eso los mexicanos votaron el 2 de julio”.
Algo así por el estilo se espera este primero de septiembre, en rubros como “estado de derecho, seguridad pública, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, desarrollo sustentable y democracia efectiva y política exterior responsable”, según las propias palabras de Calderón.
En fin, un informe que estará muy lejos de ser veraz.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
lunes, junio 25, 2007
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
Comisión Estatal de Derechos Humanos, al servicio del Estado
Una comisión pública de derechos humanos, para tener plena legitimidad, debe tener dos principios básicos innegociables: los referentes ético y jurídico. No podemos sostener ni afirmar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tenga estos principios ni los defienda. Ahí, ahora, todo se negocia: quejas, recomendaciones, cargos, etcétera.
¿Previsible imposición?
Con la elección del próximo presidente de la CEDHJ veremos sólo dos escenarios: uno, posible, pero menos factible, que los diputados elijan a conciencia, libre y personalmente, conforme el currículum, el análisis de proyectos, la experiencia y el compromiso con la sociedad civil de quien consideren reúne los requisitos para presidir el organismo; que le imprima el liderazgo, autonomía y la independencia necesarias para quitarle el inmenso letargo en que se encuentra.
El otro escenario, el más factible, que los diputados –en este caso los de las dos fracciones mayoritarias, PRI y PAN, y con algún otro partido para conseguir las dos terceras partes de votos necesarios– resuelvan confirmar la decisión, no desmentida, de Emilio González Márquez, para ratificar en el cargo a Carlos Barba García; buscando de esta manera que el organismo deje de ser un instrumento de la sociedad (por lo menos lo es formalmente) para constituirse abiertamente en un organismo al servicio del Estado.
No es de sorprender que los diputados del PAN asuman una actitud complaciente y de sometimiento a Emilio González Márquez, ya que una de las más grandes debilidades de su gobierno es precisamente la ausencia de políticas públicas en derechos humanos, y tener además una pesada herencia de agentes arbitrarios e impunes en procuraduría y policía estatal. Por ello, en realidad, una CEDHJ y un presidente incómodo lo puede ser también para ellos.
Tampoco sorprende la postura de los diputados del PRI, pues donde son gobierno, la actuación del organismo público de derechos humanos es igual que aquí. Ahí está el caso de Puebla, con Mario Marín; o la del estado de México, cuyo organismo se distinguió por su ausencia frente a la represión en Atenco; o la de Oaxaca, que aún antes de los sucesos represivos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los funcionarios de la CEDH ya se caracterizaban por reprimir a los mismos activistas pasando de laborar del organismo al gobierno y viceversa. Lo que sorprende es el aparente autoengaño en que están los diputados, panistas y priístas, al afirmar que “votarán juntos por un solo candidato”. Creen que votando en bloque por un solo aspirante le darán la legitimidad de la que hoy carece la institución.
Una CEDHJ crítica, independiente, con un claro ejercicio público autónomo, conviene a todos, gobierno y ciudadanía, más que como actualmente está. Las crecientes inconformidades contra la CEDHJ, más pronto que tarde se revertirán contra el PAN. Recordemos que antes de ser gobierno contaban con mucha gente en organizaciones civiles y ciudadanas. Ahora esa gente y sus organizaciones están desapareciendo. ¿Les convendrá estar tan alejados de la sociedad? Por su parte, el PRI revela pobreza moral, ¿no tiene otro mejor candidato que Carlos Barba? Si hace tres años el PRI y sus diputados hubieran hecho una férrea defensa de los detenidos por el 28 de mayo de 2004 –jaliscienses o no– ante los hechos de tortura y malos tratos que recibieron –sin ir al fondo de si cometieron delitos o no–, y hubieran desmentido la versión mediática de Ramírez Acuña, la realidad, posiblemente, hubiera sido otra. Pero dijeron que no, que “no iban a pagar el costo político”. Y ya vimos lo que pasó. Lo tuvieron que pagar y muy caro. ¿Les convendrá tener entre sus filas a Carlos Barba y seguir defendiendo sus débiles imposturas?
Fallas en el plan B
Incluso la propia comisión bipartidista del Congreso (¿alguien pensaba que debe ser plural?), no sabe lo que son los derechos humanos. Es previsible que no sólo no presente en estos tres años ningún proyecto relevante en la materia, sino que realice propuestas regresivas. Una de las tareas más inmediatas será arropar a Barba García con un consejo ciudadano que hasta el momento realiza tareas intrascendentes.
Como ejemplo de ello vemos ahora que esta Comisión, contra toda norma, acepta a César Orozco, el actual director de Quejas de la CEDHJ, como aspirante al cargo, con la irrisoria argumentación de que “no es funcionario sino un servidor público”. Bueno, pues decisiones arbitrarias como ésa son las que generan precisamente las violaciones a los derechos humanos en la entidad, de servidores públicos como diputados (a ver si al rato no dicen que no son servidores ni públicos) que interpretan las leyes a su capricho y antojo; lo que ameritaría incluso una impugnación seria contra el propio Congreso por tomar medidas discriminatorias para todos los servidores públicos que pudieron haberse inscrito y que entendieron claramente no estar laborando dos años antes de la elección. Hubieran dicho claramente: “aspirantes, de directores para abajo. Y podrán hacerlo de los tres poderes y organismos autónomos” ¿Esta era la señal acordada entre ambos funcionarios, perdón, ciudadanos, Felipe Pulido y César Orozco?
Esta medida, claro está, se hace pensando como un plan B, ante el inmenso descrédito de Carlos Barba y pensar equivocadamente en cierta forma en una reelección técnica y un enroque. ¿Aceptarán pagar el alto costo político de una decisión así?
Hoy más que nunca los diputados deben demostrar si están dispuestos a fortalecer a una institución que debe estar completamente en favor de la ciudadanía, decidiendo por sí y no el gobernador, o de plano nos dirán si con una reelección piensan en liquidarla.
Análisis público
Mañana martes 26 de junio, 11 horas, patio del Congreso, presentación pública de proyectos democráticos y ciudadanos de aspirantes a presidir la CEDHJ. Convocan organismos civiles que los postulan.
Una comisión pública de derechos humanos, para tener plena legitimidad, debe tener dos principios básicos innegociables: los referentes ético y jurídico. No podemos sostener ni afirmar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tenga estos principios ni los defienda. Ahí, ahora, todo se negocia: quejas, recomendaciones, cargos, etcétera.
¿Previsible imposición?
Con la elección del próximo presidente de la CEDHJ veremos sólo dos escenarios: uno, posible, pero menos factible, que los diputados elijan a conciencia, libre y personalmente, conforme el currículum, el análisis de proyectos, la experiencia y el compromiso con la sociedad civil de quien consideren reúne los requisitos para presidir el organismo; que le imprima el liderazgo, autonomía y la independencia necesarias para quitarle el inmenso letargo en que se encuentra.
El otro escenario, el más factible, que los diputados –en este caso los de las dos fracciones mayoritarias, PRI y PAN, y con algún otro partido para conseguir las dos terceras partes de votos necesarios– resuelvan confirmar la decisión, no desmentida, de Emilio González Márquez, para ratificar en el cargo a Carlos Barba García; buscando de esta manera que el organismo deje de ser un instrumento de la sociedad (por lo menos lo es formalmente) para constituirse abiertamente en un organismo al servicio del Estado.
No es de sorprender que los diputados del PAN asuman una actitud complaciente y de sometimiento a Emilio González Márquez, ya que una de las más grandes debilidades de su gobierno es precisamente la ausencia de políticas públicas en derechos humanos, y tener además una pesada herencia de agentes arbitrarios e impunes en procuraduría y policía estatal. Por ello, en realidad, una CEDHJ y un presidente incómodo lo puede ser también para ellos.
Tampoco sorprende la postura de los diputados del PRI, pues donde son gobierno, la actuación del organismo público de derechos humanos es igual que aquí. Ahí está el caso de Puebla, con Mario Marín; o la del estado de México, cuyo organismo se distinguió por su ausencia frente a la represión en Atenco; o la de Oaxaca, que aún antes de los sucesos represivos contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los funcionarios de la CEDH ya se caracterizaban por reprimir a los mismos activistas pasando de laborar del organismo al gobierno y viceversa. Lo que sorprende es el aparente autoengaño en que están los diputados, panistas y priístas, al afirmar que “votarán juntos por un solo candidato”. Creen que votando en bloque por un solo aspirante le darán la legitimidad de la que hoy carece la institución.
Una CEDHJ crítica, independiente, con un claro ejercicio público autónomo, conviene a todos, gobierno y ciudadanía, más que como actualmente está. Las crecientes inconformidades contra la CEDHJ, más pronto que tarde se revertirán contra el PAN. Recordemos que antes de ser gobierno contaban con mucha gente en organizaciones civiles y ciudadanas. Ahora esa gente y sus organizaciones están desapareciendo. ¿Les convendrá estar tan alejados de la sociedad? Por su parte, el PRI revela pobreza moral, ¿no tiene otro mejor candidato que Carlos Barba? Si hace tres años el PRI y sus diputados hubieran hecho una férrea defensa de los detenidos por el 28 de mayo de 2004 –jaliscienses o no– ante los hechos de tortura y malos tratos que recibieron –sin ir al fondo de si cometieron delitos o no–, y hubieran desmentido la versión mediática de Ramírez Acuña, la realidad, posiblemente, hubiera sido otra. Pero dijeron que no, que “no iban a pagar el costo político”. Y ya vimos lo que pasó. Lo tuvieron que pagar y muy caro. ¿Les convendrá tener entre sus filas a Carlos Barba y seguir defendiendo sus débiles imposturas?
Fallas en el plan B
Incluso la propia comisión bipartidista del Congreso (¿alguien pensaba que debe ser plural?), no sabe lo que son los derechos humanos. Es previsible que no sólo no presente en estos tres años ningún proyecto relevante en la materia, sino que realice propuestas regresivas. Una de las tareas más inmediatas será arropar a Barba García con un consejo ciudadano que hasta el momento realiza tareas intrascendentes.
Como ejemplo de ello vemos ahora que esta Comisión, contra toda norma, acepta a César Orozco, el actual director de Quejas de la CEDHJ, como aspirante al cargo, con la irrisoria argumentación de que “no es funcionario sino un servidor público”. Bueno, pues decisiones arbitrarias como ésa son las que generan precisamente las violaciones a los derechos humanos en la entidad, de servidores públicos como diputados (a ver si al rato no dicen que no son servidores ni públicos) que interpretan las leyes a su capricho y antojo; lo que ameritaría incluso una impugnación seria contra el propio Congreso por tomar medidas discriminatorias para todos los servidores públicos que pudieron haberse inscrito y que entendieron claramente no estar laborando dos años antes de la elección. Hubieran dicho claramente: “aspirantes, de directores para abajo. Y podrán hacerlo de los tres poderes y organismos autónomos” ¿Esta era la señal acordada entre ambos funcionarios, perdón, ciudadanos, Felipe Pulido y César Orozco?
Esta medida, claro está, se hace pensando como un plan B, ante el inmenso descrédito de Carlos Barba y pensar equivocadamente en cierta forma en una reelección técnica y un enroque. ¿Aceptarán pagar el alto costo político de una decisión así?
Hoy más que nunca los diputados deben demostrar si están dispuestos a fortalecer a una institución que debe estar completamente en favor de la ciudadanía, decidiendo por sí y no el gobernador, o de plano nos dirán si con una reelección piensan en liquidarla.
Análisis público
Mañana martes 26 de junio, 11 horas, patio del Congreso, presentación pública de proyectos democráticos y ciudadanos de aspirantes a presidir la CEDHJ. Convocan organismos civiles que los postulan.
martes, junio 19, 2007
Arrecian las manifestaciones de repudio a la reelección de Barba en la CEDHJ
Diversas ONG analizan posibilidad de instaurar juicio popular contra el titular del órganismo
Hay dados cargados de la fracción panista en el Congreso hacia el ombudsman: Jaime Hernández
Cuestiona el aspirante a la presidencia de la Comisión que no aparezca su nombre en la lista oficial
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Los pronunciamientos en contra de la reelección de Carlos Manuel Barba García como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) se intensifican en la recta final rumbo al nombramiento que deberá hacer el Congreso del Estado, en primera instancia, antes de que finalice este mes. Por lo pronto, a las protestas realizadas ayer por integrantes del Partido Alternativa y del Colegio Nacional de la Diversidad Sexual contra la posible reelección, otro de los candidatos, el abogado Jaime Hernández Ortiz, luego de lamentar que en la lista de aspirantes “filtrada” a la prensa no apareciera su nombre, dijo que este martes diversas organizaciones no gubernamentales realizarán una reunión para determinar la posibilidad de instaurar un juicio popular contra Barba García y su gris gestión al frente del organismo defensor de los derechos humanos.
Tras el señalamiento del coordinador de los diputados panistas, Jorge Salinas Osornio, de que ese grupo parlamentario votaría en bloque para elegir al siguiente ombudsman jalisciense, declaración que, además, acompañó de un reconocimiento a la labor de Barba García –cuestionada por un amplio números de organizaciones no gubernamentales que a su vez han señalado que se trata de un funcionario a modo de los intereses del gobierno en turno–, para Jaime Hernández Ortiz se trata simplemente de anticipar que los dados se encuentran cargados a favor del actual presidente de la CEDHJ, apreciación a la que se suma su exclusión de la primera lista que fue entregada a los medios de comunicación y en la cual no aparece su nombre a pesar de que se registró en tiempo y forma el pasado 15 de junio, como lo establecía la convocatoria.
“Me parece una cuestión de muy mala fe del Congreso permitir que se difunda una lista que no firma ninguna dependencia. Yo tengo mi registro formal a las 14.48 del día 15, formal y legalmente estoy registrado, no he sido rechazado, mi pregunta es por qué no aparecí en la lista”, dijo Hernández Ortiz, conocido en particular tras la defensa que hizo al integrar el colectivo Coordinadora 28 de Mayo de los altermundistas detenidos tras la marcha en contra de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea aquí, en mayo de 2004, y que luego fueron torturados y encarcelados.
La lista que difundió de origen el Congreso incluye a los candidatos Francisco Jasso Méndez, José Luis Tello Ramírez, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, Alejandro Sánchez Gómez, Héctor Guadalupe Navarro García, Adolfo Ochoa, Ruth Gabriela Gallardo Vega, Alberto Bayardo Pérez Arce, María Gerardo Razo Saldaña, Alberto Solorio Becerra, Roberto Alejandro Sedano Cárdenas, Barba García, Alejandra de Gante Casas, César Alejandro Orozco Sánchez, Alfonso Hernández Barrón, María Candelaria Ochoa Avalos, Jerónimo Flores González, Raquel Gutiérrez Nájera y César Bernardo Solís Alcántara. No incluía a Hernández Ortiz.
Cuando muy tarde, el 29 de junio la Comisión de Derechos Humanos del Congreso deberá tener listo el dictamen para que el pleno, en votación este mismo mes y siempre y cuando se logre la conjunción de dos terceras partes de los votos de los presentes, avale el nombre del próximo ombudsman.
Hernández Ortiz dijo que se tratará de impedir por todos los medios que una labor facciosa como la de Barba García pueda continuar y con ello se contradiga el espíritu de autonomía que debe prevalecer en la CEDHJ, vulnerado por recomendaciones negociadas con las autoridades o bien con simples conciliaciones. Por ello, anticipó, hoy martes se realizará una reunión que determine medidas a tomar para que la sociedad civil sancione la labor de Barba García, entre ellas un juicio popular, similar al que se hizo contra el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, a pesar del ambiente de hostigamiento que prevalece de parte de las autoridades estatales.
Apoyado por 12 agrupaciones, entre ellas la Asamblea Popular de los Pueblos de Jalisco, el Movimiento de Bases Magisteriales, el Tianguis Cultural, la Academia Jalisciense de Derechos Humanos y la Coordinadora 28 de Mayo, Hernández Ortiz dijo que lo ideal es que todos los candidatos presenten su propuesta para aspirar al cargo y en ella den a conocer a detalle qué acciones tomarían para lograr que la CEDHJ vuelva a ser un organismo autónomo.
Su proyecto plantea 12 propuestas, entre ellas un diagnóstico de la situación actual de los derechos humanos en la entidad, un programa de seguimiento efectivo a las recomendaciones; atención a problemas como el caso 28 de mayo, la cancelación de la presa de Arcediano y punto final a las secuelas del 22 de abril; instaurar una comisión de la verdad para dilucidar lo ocurrido en la guerra sucia de los 70 en Jalisco, creación de audiencias populares para recibir quejas contra las autoridades y una reestructuración a fondo, con capacitación incluida de la propia CEDHJ.
Notas relacionadas:
No hay ningún candidato incómodo al gobierno: Pulido
Panistas, por candidato único a CEDHJ; no podrán votar por ningún otro aspirante
Afloran artimañas políticas en la convocatoria para elegir al candidato a dirigir la CEDHJ
Se registraron 16 aspirantes al cierre de la convocatoria
Hay dados cargados de la fracción panista en el Congreso hacia el ombudsman: Jaime Hernández
Cuestiona el aspirante a la presidencia de la Comisión que no aparezca su nombre en la lista oficial
El aspirante a la presidencia de la CEDHJ, Jaime Hernández, en conferencia de prensa Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
JUAN CARLOS G. PARTIDA
Los pronunciamientos en contra de la reelección de Carlos Manuel Barba García como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) se intensifican en la recta final rumbo al nombramiento que deberá hacer el Congreso del Estado, en primera instancia, antes de que finalice este mes. Por lo pronto, a las protestas realizadas ayer por integrantes del Partido Alternativa y del Colegio Nacional de la Diversidad Sexual contra la posible reelección, otro de los candidatos, el abogado Jaime Hernández Ortiz, luego de lamentar que en la lista de aspirantes “filtrada” a la prensa no apareciera su nombre, dijo que este martes diversas organizaciones no gubernamentales realizarán una reunión para determinar la posibilidad de instaurar un juicio popular contra Barba García y su gris gestión al frente del organismo defensor de los derechos humanos.
Tras el señalamiento del coordinador de los diputados panistas, Jorge Salinas Osornio, de que ese grupo parlamentario votaría en bloque para elegir al siguiente ombudsman jalisciense, declaración que, además, acompañó de un reconocimiento a la labor de Barba García –cuestionada por un amplio números de organizaciones no gubernamentales que a su vez han señalado que se trata de un funcionario a modo de los intereses del gobierno en turno–, para Jaime Hernández Ortiz se trata simplemente de anticipar que los dados se encuentran cargados a favor del actual presidente de la CEDHJ, apreciación a la que se suma su exclusión de la primera lista que fue entregada a los medios de comunicación y en la cual no aparece su nombre a pesar de que se registró en tiempo y forma el pasado 15 de junio, como lo establecía la convocatoria.
“Me parece una cuestión de muy mala fe del Congreso permitir que se difunda una lista que no firma ninguna dependencia. Yo tengo mi registro formal a las 14.48 del día 15, formal y legalmente estoy registrado, no he sido rechazado, mi pregunta es por qué no aparecí en la lista”, dijo Hernández Ortiz, conocido en particular tras la defensa que hizo al integrar el colectivo Coordinadora 28 de Mayo de los altermundistas detenidos tras la marcha en contra de la Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea aquí, en mayo de 2004, y que luego fueron torturados y encarcelados.
La lista que difundió de origen el Congreso incluye a los candidatos Francisco Jasso Méndez, José Luis Tello Ramírez, Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, Alejandro Sánchez Gómez, Héctor Guadalupe Navarro García, Adolfo Ochoa, Ruth Gabriela Gallardo Vega, Alberto Bayardo Pérez Arce, María Gerardo Razo Saldaña, Alberto Solorio Becerra, Roberto Alejandro Sedano Cárdenas, Barba García, Alejandra de Gante Casas, César Alejandro Orozco Sánchez, Alfonso Hernández Barrón, María Candelaria Ochoa Avalos, Jerónimo Flores González, Raquel Gutiérrez Nájera y César Bernardo Solís Alcántara. No incluía a Hernández Ortiz.
Cuando muy tarde, el 29 de junio la Comisión de Derechos Humanos del Congreso deberá tener listo el dictamen para que el pleno, en votación este mismo mes y siempre y cuando se logre la conjunción de dos terceras partes de los votos de los presentes, avale el nombre del próximo ombudsman.
Hernández Ortiz dijo que se tratará de impedir por todos los medios que una labor facciosa como la de Barba García pueda continuar y con ello se contradiga el espíritu de autonomía que debe prevalecer en la CEDHJ, vulnerado por recomendaciones negociadas con las autoridades o bien con simples conciliaciones. Por ello, anticipó, hoy martes se realizará una reunión que determine medidas a tomar para que la sociedad civil sancione la labor de Barba García, entre ellas un juicio popular, similar al que se hizo contra el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, a pesar del ambiente de hostigamiento que prevalece de parte de las autoridades estatales.
Apoyado por 12 agrupaciones, entre ellas la Asamblea Popular de los Pueblos de Jalisco, el Movimiento de Bases Magisteriales, el Tianguis Cultural, la Academia Jalisciense de Derechos Humanos y la Coordinadora 28 de Mayo, Hernández Ortiz dijo que lo ideal es que todos los candidatos presenten su propuesta para aspirar al cargo y en ella den a conocer a detalle qué acciones tomarían para lograr que la CEDHJ vuelva a ser un organismo autónomo.
Su proyecto plantea 12 propuestas, entre ellas un diagnóstico de la situación actual de los derechos humanos en la entidad, un programa de seguimiento efectivo a las recomendaciones; atención a problemas como el caso 28 de mayo, la cancelación de la presa de Arcediano y punto final a las secuelas del 22 de abril; instaurar una comisión de la verdad para dilucidar lo ocurrido en la guerra sucia de los 70 en Jalisco, creación de audiencias populares para recibir quejas contra las autoridades y una reestructuración a fondo, con capacitación incluida de la propia CEDHJ.
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No hay ningún candidato incómodo al gobierno: Pulido
Panistas, por candidato único a CEDHJ; no podrán votar por ningún otro aspirante
Afloran artimañas políticas en la convocatoria para elegir al candidato a dirigir la CEDHJ
Se registraron 16 aspirantes al cierre de la convocatoria
lunes, junio 18, 2007
Opinión - Jaime Hernandez Ortiz
Comisión Estatal de Derechos Humanos, desprestigio y decadencia
Sin la participación activa de la sociedad y específicamente de la sociedad civil organizada, cualquier programa o institución pública de derechos humanos está condenada al fracaso.
Para que una comisión pública de derechos humanos funcione es necesaria una relación estrecha de las acciones que realiza con las demandas ciudadanas. Sólo el respaldo popular y civil puede otorgar legitimidad y autoridad moral al trabajo de un organismo público. Sin embargo, hoy por hoy, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) está divorciada de la sociedad y, en cambio, muy cercana de la autoridad, prueba de ello es la “línea” de Emilio González Márquez para que los diputados panistas ratifiquen unidos al actual titular.
Los resultados de estos hechos ya se observan con antelación: aumento de violaciones a los derechos humanos, impunidad, descrédito del propio organismo y, lo que es peor aún, desmoralización de muchos ciudadanos. Hoy el único futuro que tiene el organismo estatal es que se elija a un presidente surgido de la sociedad civil, con vocación, formación y compromiso en los derechos humanos; que inicie una renovación institucional que le imprima, con creatividad e imaginación, un nuevo rumbo.
Por desgracia esto no parece ser posible. Hoy la CEDHJ se ha judicializado y gran parte de sus acciones se centra en realizar triquiñuelas jurídicas para “conciliar” a los quejosos con las autoridades; característica que consiste en que las autoridades “consienten” en iniciar un procedimiento administrativo a presuntos responsables de abusos a cambio de que no se llegue a la “recomendación”. Pero incluso en una “recomendación” sucede que no se llega a castigar a los responsables de los abusos de autoridad, pues el procedimiento administrativo requiere que el quejoso “ratifique”, identifique a sus agresores, inicie un nuevo procedimiento (cuando pudo hacerlo sin necesidad de la CEDHJ) y aporte nuevas pruebas al proceso a realizar.
Cuando esto sucede el quejoso prefiere mejor retirarse, pues si no decide ir hasta el fondo, la comisión hace la conciliación de forma “oficiosa” y asunto terminado. Aparentemente queda bien con todos. Por eso, ¿alguien sabe de verdad cuántos servidores públicos han sido amonestados, suspendidos o destituidos como resultado de una recomendación?
De ahí, entonces, que las autoridades del estado, empezando por Emilio González Márquez y diputados panistas, consideran que Carlos Barba repita como presidente cómodo, dúctil y sumiso.
Duro contra los ciudadanos
Desde que el actual diputado Felipe de Jesús Pulido era director del jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Guadalajara, su actuación se dejó ver con la actitud asumida por Emilio González Márquez de informar tardíamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los sucesos del 28 de mayo de 2004. En esa ocasión el Ayuntamiento de Guadalajara fue el más tardado en responder a los requerimientos del organismo nacional, sobre los policías municipales, pues rindió su informe a pocos días del Informe Especial de la CNDH, que difundió el 16 de agosto de 2004. Recordemos que decenas de policías del Ayuntamiento se prestaron en la fabricación de pruebas contra altermundistas, según una comisión especial de tres regidores del PRI y el PRD. Y el mismo Informe Especial implicó a González Marquez.
Por otra parte, es posible que Pulido, en contubernio con César Orozco, hayan operado conjuntamente para simular que se cumpliría la recomendación 05/2005 de la CEDHJ, de fecha 28 de mayo de 2005, que recomendaba a Emilio González Márquez iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a tres inspectores del Ayuntamiento que dieron órdenes a decenas de policías cómplices (que por cierto no fueron ni mencionados en la recomendación) al decomisar ilegal y arbitrariamente el 19 de octubre de 2004 veinte mantas de la Coordinadora 28 de Mayo en el plantón que se tenía entonces en Plaza de Armas. Todavía sin cumplir la recomendación pero ya impugnada, en noviembre de 2005 Orozco se comunicó con un miembro de la coordinadora para informar que las mantas serían enviadas a la CEDHJ (de hecho todavía están ahí), argumentando que “había hablado con gente del Ayuntamiento y que a Emilio González no le gustaría que el caso llegara a la CNDH, pues iba a ser candidato”; mostrando así los gajes del oficio y dotes de “negociador” delegadas por su jefe Carlos Barba y con plena autorización de éste.
Cuando se terminó la simulación de un desahogo de acta administrativa contra los tres inspectores del Ayuntamiento –uno de ellos mencionó que eran “órdenes directas del ahora gobernador”–, la Comisión de Inspección del Ayuntamiento, sólo con el voto de regidores panistas, resolvió exonerar a los tres inspectores, aun cuando confesaron haber actuado ilegal y delictuosamente. De esa manera, ni se sancionó a los tres inspectores ni se regresaron las mantas, pero en el informe anual de la CEDHJ de 2006 la recomendación aparece como “parcialmente cumplida”. ¿Cómo la ven?
¿Elección facciosa?
Como premio a sus “aportes” al estado de derecho, Felipe de Jesús Pulido es premiado con una diputación. Y desde ahí, para colmo de un mundo kafkiano, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, donde expresó recientemente: “para qué investigar los hechos del 28 de mayo si ya pasaron tres años”.
La reciente carta denostativa contra Carlos Barba (La Jornada Jalisco, 16 de junio), presuntamente firmada por César Orozco, director de Quejas de la CEDHJ, y virtualmente difundida por Felipe de Jesús Pulido –aunque el primero niegue haberla firmado–, tiene todos los visos de ser totalmente cierta y mostrar con ello un claro contubernio que debe ser analizado, incluso de forma penal. ¿Por qué se utilizan documentos y con el sello oficial para fines distintos y políticos? ¿No salió de la oficina de Barba? ¿No es éste un abuso en sí mismo? ¿Hay o no falsificación de firmas?
Por su parte, César Orozco recibe de aquél la promesa de “recibir señales” en la elección del ombudsman. Pero, ¿realmente cumple el requisito de estar dos años al margen del servicio público o de veras cree que el organismo ya es privado? De ser cierta la relación impropia entre este diputado, la CEDHJ y Orozco, éste como aspirante demuestra ser comparsa y el diputado Pulido deberá excusarse de conocer y emitir su voto por sus evidentes posturas facciosas, mismas que se encuentran muy lejos de estar sustentadas en los auténticos valores de los derechos humanos.
Solidaridad
Martes 19 de junio a las 10 horas, en la Casa Cultural de la Calle, acto de solidaridad y pronunciamiento contra las arteras agresiones sufridas por dos jóvenes, un consejero de la CEDHJ y la ex candidata del PASC, y contra la decadente actuación de Carlos Barba.
Sin la participación activa de la sociedad y específicamente de la sociedad civil organizada, cualquier programa o institución pública de derechos humanos está condenada al fracaso.
Para que una comisión pública de derechos humanos funcione es necesaria una relación estrecha de las acciones que realiza con las demandas ciudadanas. Sólo el respaldo popular y civil puede otorgar legitimidad y autoridad moral al trabajo de un organismo público. Sin embargo, hoy por hoy, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) está divorciada de la sociedad y, en cambio, muy cercana de la autoridad, prueba de ello es la “línea” de Emilio González Márquez para que los diputados panistas ratifiquen unidos al actual titular.
Los resultados de estos hechos ya se observan con antelación: aumento de violaciones a los derechos humanos, impunidad, descrédito del propio organismo y, lo que es peor aún, desmoralización de muchos ciudadanos. Hoy el único futuro que tiene el organismo estatal es que se elija a un presidente surgido de la sociedad civil, con vocación, formación y compromiso en los derechos humanos; que inicie una renovación institucional que le imprima, con creatividad e imaginación, un nuevo rumbo.
Por desgracia esto no parece ser posible. Hoy la CEDHJ se ha judicializado y gran parte de sus acciones se centra en realizar triquiñuelas jurídicas para “conciliar” a los quejosos con las autoridades; característica que consiste en que las autoridades “consienten” en iniciar un procedimiento administrativo a presuntos responsables de abusos a cambio de que no se llegue a la “recomendación”. Pero incluso en una “recomendación” sucede que no se llega a castigar a los responsables de los abusos de autoridad, pues el procedimiento administrativo requiere que el quejoso “ratifique”, identifique a sus agresores, inicie un nuevo procedimiento (cuando pudo hacerlo sin necesidad de la CEDHJ) y aporte nuevas pruebas al proceso a realizar.
Cuando esto sucede el quejoso prefiere mejor retirarse, pues si no decide ir hasta el fondo, la comisión hace la conciliación de forma “oficiosa” y asunto terminado. Aparentemente queda bien con todos. Por eso, ¿alguien sabe de verdad cuántos servidores públicos han sido amonestados, suspendidos o destituidos como resultado de una recomendación?
De ahí, entonces, que las autoridades del estado, empezando por Emilio González Márquez y diputados panistas, consideran que Carlos Barba repita como presidente cómodo, dúctil y sumiso.
Duro contra los ciudadanos
Desde que el actual diputado Felipe de Jesús Pulido era director del jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Guadalajara, su actuación se dejó ver con la actitud asumida por Emilio González Márquez de informar tardíamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los sucesos del 28 de mayo de 2004. En esa ocasión el Ayuntamiento de Guadalajara fue el más tardado en responder a los requerimientos del organismo nacional, sobre los policías municipales, pues rindió su informe a pocos días del Informe Especial de la CNDH, que difundió el 16 de agosto de 2004. Recordemos que decenas de policías del Ayuntamiento se prestaron en la fabricación de pruebas contra altermundistas, según una comisión especial de tres regidores del PRI y el PRD. Y el mismo Informe Especial implicó a González Marquez.
Por otra parte, es posible que Pulido, en contubernio con César Orozco, hayan operado conjuntamente para simular que se cumpliría la recomendación 05/2005 de la CEDHJ, de fecha 28 de mayo de 2005, que recomendaba a Emilio González Márquez iniciar un procedimiento administrativo para sancionar a tres inspectores del Ayuntamiento que dieron órdenes a decenas de policías cómplices (que por cierto no fueron ni mencionados en la recomendación) al decomisar ilegal y arbitrariamente el 19 de octubre de 2004 veinte mantas de la Coordinadora 28 de Mayo en el plantón que se tenía entonces en Plaza de Armas. Todavía sin cumplir la recomendación pero ya impugnada, en noviembre de 2005 Orozco se comunicó con un miembro de la coordinadora para informar que las mantas serían enviadas a la CEDHJ (de hecho todavía están ahí), argumentando que “había hablado con gente del Ayuntamiento y que a Emilio González no le gustaría que el caso llegara a la CNDH, pues iba a ser candidato”; mostrando así los gajes del oficio y dotes de “negociador” delegadas por su jefe Carlos Barba y con plena autorización de éste.
Cuando se terminó la simulación de un desahogo de acta administrativa contra los tres inspectores del Ayuntamiento –uno de ellos mencionó que eran “órdenes directas del ahora gobernador”–, la Comisión de Inspección del Ayuntamiento, sólo con el voto de regidores panistas, resolvió exonerar a los tres inspectores, aun cuando confesaron haber actuado ilegal y delictuosamente. De esa manera, ni se sancionó a los tres inspectores ni se regresaron las mantas, pero en el informe anual de la CEDHJ de 2006 la recomendación aparece como “parcialmente cumplida”. ¿Cómo la ven?
¿Elección facciosa?
Como premio a sus “aportes” al estado de derecho, Felipe de Jesús Pulido es premiado con una diputación. Y desde ahí, para colmo de un mundo kafkiano, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, donde expresó recientemente: “para qué investigar los hechos del 28 de mayo si ya pasaron tres años”.
La reciente carta denostativa contra Carlos Barba (La Jornada Jalisco, 16 de junio), presuntamente firmada por César Orozco, director de Quejas de la CEDHJ, y virtualmente difundida por Felipe de Jesús Pulido –aunque el primero niegue haberla firmado–, tiene todos los visos de ser totalmente cierta y mostrar con ello un claro contubernio que debe ser analizado, incluso de forma penal. ¿Por qué se utilizan documentos y con el sello oficial para fines distintos y políticos? ¿No salió de la oficina de Barba? ¿No es éste un abuso en sí mismo? ¿Hay o no falsificación de firmas?
Por su parte, César Orozco recibe de aquél la promesa de “recibir señales” en la elección del ombudsman. Pero, ¿realmente cumple el requisito de estar dos años al margen del servicio público o de veras cree que el organismo ya es privado? De ser cierta la relación impropia entre este diputado, la CEDHJ y Orozco, éste como aspirante demuestra ser comparsa y el diputado Pulido deberá excusarse de conocer y emitir su voto por sus evidentes posturas facciosas, mismas que se encuentran muy lejos de estar sustentadas en los auténticos valores de los derechos humanos.
Solidaridad
Martes 19 de junio a las 10 horas, en la Casa Cultural de la Calle, acto de solidaridad y pronunciamiento contra las arteras agresiones sufridas por dos jóvenes, un consejero de la CEDHJ y la ex candidata del PASC, y contra la decadente actuación de Carlos Barba.
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