Opinión - Jaime Hernandez

“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”: Frente Nacional Contra la Represión, capítulo Jalisco

La Jornada Jalisco

Con la participación de más de una veintena de organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos de reconocida trayectoria en la lucha ciudadana, se conformó este pasado fin de semana el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), capítulo Jalisco.

Como se recordará, ante la creciente militarización y criminalización de la protesta civil y la continua represión que viven numerosos movimientos sociales del país, hace apenas poco más de dos semanas, el 2 de octubre, se constituyó en la ciudad de México el FNCR. Con el acto realizado en Jalisco, nuestra entidad se constituye en la segunda en el país en conformar un frente local de este tipo. Con ello se demuestra que la resistencia democrática jalisciense, lejos de estar desgastada –que es a lo que le apuestan las autoridades locales–, sigue activa y dinámica.

Ante la represión, organización

Durante casi dos horas, decenas de intervenciones cuestionaron las políticas represivas gubernamentales que se impulsan a nivel federal, estatal y municipal. Orlando Esparza, representante de los alumnos de la Normal Rural de Atequiza, inició cuestionando las políticas represivas que se dan en su escuela, empezando por maestros que no reúnen el perfil académico. Arturo Contreras, del Movimiento de Bases Magisteriales, cuestionó la derecha personificada por Calderón, Ramírez Acuña, Manuel Espino y Emilio González, quienes, dijo, se han mofado de la democracia, para ellos la palabra “demos” no significa precisamente pueblo sino que “demos” trancazos al pueblo. María Gracia, del Colectivo Rodolfo Reyes Crespo, señaló que “la violencia institucional ha asumido ya muchas modalidades y la represión se ha constituido en una política de Estado, y ante la reciente desaparición de Francisco Paredes Ruiz, en Morelia, no cejaremos de exigir su presentación y buscar castigo a los responsables”.

Arcadia Lara, de la Coordinadora 28 de Mayo, señaló que “el verdadero pueblo nunca deja de luchar y siempre dice ¡basta! al gobierno; sin embargo, uno callado siempre resulta ser cómplice de él”. Candelaria Ochoa, del Congreso Ciudadano, señaló que “estos 13 años de gobiernos panistas sólo han sido de retrocesos: la represión del 28 de mayo, la propuesta de la policía secreta, Arcediano, la modificación de la López Mateos para un viaducto, el problema del parque Morelos y el reemplacamiento”.

Gonzalo Gómez, del Partido del Trabajo, señaló que el 2 de octubre fue un parteaguas de la historia, la lucha no fue en vano, por lo que llegó el momento de luchar unidos y organizados. Martín Guzmán, del Frente Popular Revolucionario, señaló que con Ramírez Acuña se agudizó la represión, y aún subsiste el racismo, desde los indígenas del parque Rubén Darío, los purépechas del panteón de San Felipe y el decomiso continuo de sus mercancías”. José Luis Sánchez, de la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular, señaló que el frente de Jalisco retoma la defensa de los derechos humanos desde una perspectiva antineoliberal; aprovechó para hacer “un reconocimiento para todos aquellos que han sido privados de su libertad en su lucha por las libertades del pueblo de Jalisco”: Luciano Rentería, Antonio Orozco Michel, Benjamín Hernández, Oscar Morales Pelayo y recientemente Plácido Rodríguez Perales; asimismo, propuso una marcha por los derechos humanos para el 8 de diciembre, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Por su parte, el mismo Luciano Rentería, incansable luchador civil, señaló que “como si fueran dos hermanos gemelos, el PRI y el PAN se han apoyado mutuamente; cuando el PRI era gobierno, el PAN siempre lo apoyaba y ahora es al revés”. Oscar González Garí, de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, señaló las motivaciones que llevaron a constituir el FNCR. Joel Robles Villaseñor, de la Asamblea de Redes y Movimientos Sociales, denunció acciones de represión que pueden llegar a genocidio en el caso del pueblo de San Pedro Itzican, municipio de Poncitlán, Jalisco, y los numerosos casos de insuficiencia renal debido a la contaminación con cadmio, plomo y mercurio, y cuya esperanza de vida es sólo de cinco años”.

Plan de acción y reacción

María del Carmen López, enviada especial del consejo del FNCR y miembro del Consejo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, tomó la protesta de todos los presentes para constituir el capítulo Jalisco, al tiempo que hizo un llamado a todas las fuerzas políticas, sindicales, sociales, redes y ciudadanos a contribuir con sus esfuerzos en una defensa incluyente de los derechos humanos, la libertad de todos los presos y de conciencia, la cancelación de las órdenes de aprehensión y por abolir la tortura.

Añadió que la defensa de los derechos humanos incluye los derechos laborales, así como frenar la militarización del país. Por ello, dijo, el FNCR se propone realizar asambleas constitutivas en toda la República para llevar adelante un sistema de urgencia, acción y reacción ante cualquier acto represivo. En este sentido, cuestionó la reforma judicial que impulsa Felipe Calderón, ya que es una forma de legalizar la represión y señaló los diversos actos inmediatos a apoyar como el Tribunal Nacional que se lleva a cabo en Atenco y asistir a la tercera asamblea nacional del FNCR, que se llevará a efecto el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La declaración constitutiva del FNCR, al que se adhiere el capítulo Jalisco, señala que “el Estado Mexicano encabezado por el Poder Ejecutivo del ilegítimo Felipe Calderón pretende convertir en norma las condiciones de excepción, a partir de las cuales, los derechos humanos y las libertades democráticas son suspendidos. En la práctica está imponiendo un amplio proceso de militarización, control de fronteras, sobrevigilancia de la ciudadanía, detenciones ilegales y arbitrarias, uso sistemático de la tortura, desaparición forzada, hostigamiento y persecución a defensores de derechos humanos y luchadores sociales; cambios en los marcos jurídicos para criminalizar la protesta social e introducir el delito de terrorismo y otros derivados, que en la práctica puedan ser aplicados a un amplio rango de movimientos y organizaciones sociales.

Las condiciones carcelarias en las que “sobreviven” los presos políticos también se han recrudecido hasta niveles terribles, como lo muestra el aislamiento, el traslado a lugares lejanos donde fueron aprehendidos; las dificultades para las visitas de abogados, familiares o cónyuges; el impedirles contar con lecturas o tratos inhumanos y humillantes; mezclándolos con narcotraficantes, asesinos, violadores o secuestradores en penales estatales y de máxima seguridad.”

Fue insistente la liberación de los más de 700 presos políticos y la presentación de desaparecidos. Por eso una de las exigencias más expresadas en el evento fue: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.


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