Opinión - Jaime Aviles

Desfiladero

Zedillo: crimen de Estado

Se cumplen 10 años de la matanza de Acteal

Hay que juzgarlo junto a sus tres cómplices

Implicados, Chuayffet, Ruiz Ferro y militares

He leído (con tapones en la nariz) la primera parte del texto de Héctor Aguilar Camín sobre la matanza de Acteal (Nexos de octubre), que a partir de una serie de testimonios a modo, recopilados por la PGR, el gobierno de Chiapas y el Ejército, pretende reconstruir el clima político imperante en la zona de los Altos, antes de la mañana del 22 de diciembre de 1997, cuando fueron asesinadas, y en algunos casos descuartizadas a machetazos, 45 personas que oraban en una ermita del municipio de San Pedro Chenalhó.

Aguilar Camín vuelve a utilizar una técnica de montaje documental que Nexos ya había puesto en práctica para mostrar a los combatientes del EZLN como violadores de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Chiapas que no participaron en la insurrección de 1994. Esa misma técnica fue la que a su turno empleó el historiador Carlos Tello Díaz en La rebelión de las cañadas, un libelo confeccionado con filtraciones del Cisen, delaciones de un desertor de la comandancia zapatista y datos de otros informantes de la misma estofa.

El explícito, como puede comprobarlo quien hojee Nexos, aspira a demostrar que la matanza de 1997 fue un acto legítimo de defensa propia, al que no tuvieron más remedio que acudir las “víctimas” de los abusos cometidos por los filozapatistas en la región. O a reforzar, con otras palabras, la vieja tesis oficialista, la del conflicto entre dos comunidades “por la disputa de un banco de arena”, según la cual, en el episodio nada tuvo que ver el gobierno de la República.

Aunque todavía no llega tan lejos en lo que se ha publicado hasta ahora, no se necesita una bola de cristal para anticipar que hacia allá se dirige la publicación en pos de su segundo objetivo, el implícito, y que no pretende sino desvirtuar de antemano las exigencias que ya está formulando la sociedad civil para que dentro de dos meses, cuando se cumplan 10 años de la matanza, el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet Chemor, el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y el general Mario Renán Castillo, ex jefe de las tropas federales en Chiapas, sean detenidos, juzgados y castigados como notorios responsables de un crimen de Estado que en su momento horrorizó y avergonzó a la humanidad.

Qué bueno que los intelectuales orgánicos del régimen reabran el caso Acteal, porque ello permitirá no sólo revisar de nuevo un asesinato colectivo, concebido, preparado y ejecutado con fines eminentemente estratégicos –para concretar la ocupación militar de los Altos, que nada justificaba hasta ese momento–, sino examinar otra vez, y con mayor perspectiva, la gestión de Zedillo, autor intelectual del Fobaproba, el mayor atraco perpetrado contra el patrimonio de los mexicanos, y arquitecto del puente inconcluso a la “transición”, que en realidad condujo al país a la catástrofe del foxismo.

Acerca de esto reflexionaba, conmovido, el pasado lunes por la mañana, recorriendo las instalaciones del flamante memorial de Tlatelolco que en ese instante inauguraba el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, en compañía del jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon; de Elena Poniatowska y de algunos protagonistas del movimiento estudiantil de 1968, en la planta baja de la antigua torre de la cancillería, frente a la Plaza de las Tres Culturas, donde ocurrió la matanza del 2 de octubre.

El edificio, que pertenecía a la Secretaría de Relaciones Exteriores y quedó en manos del gobierno capitalino durante el sexenio pasado, fue entregado a la UNAM por Andrés Manuel López Obrador, cuando gobernaba el Distrito Federal, para que allí se erigiera un centro cultural en recuerdo de la lucha de la inteligencia contra el despotismo, así como de la represión que la aplastó, convirtiendo a los estudiantes de aquella generación en modernizadores de la vida pública del país.

Bajo la dirección de Sergio Raúl Arroyo, ex titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que renunció a ese cargo tras oponerse a los intentos de saqueo de Vicente Fox y Marta Sahagún en algunos museos de sitio, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco ha reunido un centenar de testimonios audiovisuales de personajes destacados de aquella lucha, analistas políticos y actores colaterales, como el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, diseñador de la torre de la cancillería, que se pueden consultar en computadoras dispuestas para tal efecto.

Asimismo, ofrece una cronología del conflicto que estalló a fines de julio de 1968, al suscitarse un pleito entre estudiantes de una preparatoria y una vocacional, y de su vertiginoso desarrollo a lo largo de agosto y septiembre, que cimbró al sistema político en sus cimientos en medio de una represión creciente que sólo podía desembocar en el asesinato de cientos de jóvenes. Ilustrado con espléndidos videos, películas, fotografías, canciones, carteles, periódicos, revistas y volantes de la época; se trata de un elocuente y estremecedor discurso museográfico que estuvo a cargo de un brillante equipo de historiadores conformado por Álvaro Vázquez Mantecón, Alejandro García, Juncia Avilés, Ximena Molina, Cinthia Velázquez y Andrea Navarro.

De acuerdo con la idea original tanto del rector como de sus creadores, este espacio continuará añadiendo elementos a su acervo –en breve será puesta en exhibición la puerta de la escuela de San Ildefonso destruida por un bazucazo del Ejército, por ejemplo– y pronto, sin duda, se transformará en un nuevo escenario de la política y la cultura. Hay que visitarlo y comprobar que ante todo es un lugar sumamente emocionante, que inspirará las luchas de las próximas generaciones, y que renovará el optimismo y la esperanza de quienes hoy combaten por la democracia, la libertad y la justicia desde las filas de la APPO, la Convención Nacional Democrática (CND), Atenco, las comunidades indígenas y tantos frentes de batalla cívica más, y a diario reciben los insultos, el desprecio, el odio y la violencia del régimen golpista, como en su momento lo sufrieron los héroes del 68, cuya dolorosa victoria es desde ya precursora de la nuestra.

Si en la construcción del memorial de Tlatelolco tuvieron un papel decisivo quienes se obstinaron en llevar a juicio a Gustavo Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, ahora, para poner la primera piedra del monumento a las víctimas de Acteal y garantizar que nadie jamás olvide ese crimen de Estado, hay que movilizarse desde ya para encausar penalmente a Zedillo y sus cómplices. Buena ocasión para ello podría ser el próximo domingo 18 de noviembre, en el Zócalo, cuando se celebre la tercera asamblea de la CND, que será encabezada por López Obrador.


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