Tonalá y las maquinarias de corrupción
Publico
Como toda novela negra, la que se está contando en Tonalá tiene un buen capítulo de relaciones entre las mafias de la delincuencia con los grupos de poder. Y por supuesto que la exhibición de estas relaciones tiene consecuencias para los actores involucrados, por ejemplo para el PAN, pero lo que nos debe interesar es qué consecuencias tiene esta trama de asesinato, corrupción y venta de puestos públicos para la sociedad.
Debemos preguntarnos esto porque lo que ocurre en Tonalá y que está saliendo ahora a la luz pública no es un caso aislado, sino la norma en la actuación de los poderes públicos. En el caso Tonalá hay cosas que ya sabemos y otras que conviene explorar y conocer más a fondo.
Una de las cosas que sabemos es que las balas que dos sicarios dispararon contra Carlos Romo Guízar el 24 de abril no sólo mataron al entonces director de Mejoramiento Urbano: esas balas también están matando la credibilidad del PAN.
Después del caso Tonalá será muy difícil que los panistas tengan la desfachatez de presentarse en campaña como el partido de la honestidad y como abanderados de la lucha contra la impunidad.
La trama de asesinato, corrupción y venalidad en Tonalá afecta a todo el sistema político profesional, puesto que mina la credibilidad de los ciudadanos en los políticos y erosiona la legitimidad de las instituciones liberales. Todo el discurso de la alternancia en el poder y de la necesidad de la transición a la democracia como un proceso paulatino, gradual y complejo de cambios políticos se va al bote de la basura con evidencias tan tangibles como las de Tonalá.
Para una buena parte de la sociedad, ahora no hay ninguna diferencia entre los anteriores políticos priistas y la clase política panista. Y no sólo eso. A ojos de una buena cantidad de electores, los políticos del PAN han resultado peores.
En Tonalá se está cavando también la tumba de los esfuerzos para hacer un cambio social significativo a través de la supuesta transición a la democracia. Hace quince años, muchos ciudadanos, activistas sociales y militantes políticos creían que los problemas del país se llamaban PRI y que bastaba quitar del poder al viejo partido tricolor para que las cosas mejoraran para la mayoría de la población. Los panistas en Jalisco (como los perredistas en otros estados) se han encargado de demostrar que esto era falso.
El caso de Tonalá revela más aristas del funcionamiento del poder que conviene resaltar. Revela que los niveles de corrupción y los negocios ilícitos vinculados a los aparatos públicos están más extendidos y arraigados de lo que hemos supuesto y de lo que los políticos venden en sus discursos.
Durante muchos años, los políticos profesionales vendieron el discurso de que con la alternancia se terminarían la corrupción en el poder público y la impunidad. Ni una cosa ni la otra han ocurrido. La lección que nos dejan doce años de transición en Jalisco es que esas actividades ilícitas que tienen como propósito amasar capitales al amparo del poder público, no solo siguen funcionando sino que la nueva clase gobernante le encontró el modo de participar en esas maquinarias de corrupción.
Los panistas no sólo no han acabado con estas redes de corrupción, sino que las han cobijado y propiciado y usan una parte de esos recursos para financiar sus actividades políticas. Otra parte sirve simple y llanamente para enriquecer funcionarios.
Una lección que nos enseña Tonalá (y que antes ya se había manifestado en Guadalajara y en Zapopan) es que hay algunas áreas de los gobiernos municipales que, en esencia, son máquinas corruptas que reportan beneficios millonarios a quienes las controlan. Es el caso de las direcciones de Seguridad Pública y las áreas de Inspección y Vigilancia, engranajes perfectamente aceitados de extorsión a los ciudadanos.
Ya estamos conociendo los detalles de la porquería en Tonalá. Ahora debemos preguntarnos cómo están operando esas áreas en otros gobiernos municipales. Porque no hay duda de que siguen funcionando y alguien se está beneficiando de esos negocios ilegales. No esperemos a que haya un muerto para investigar qué está pasando ahí.
rmartin@publico.com.mx
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Como toda novela negra, la que se está contando en Tonalá tiene un buen capítulo de relaciones entre las mafias de la delincuencia con los grupos de poder. Y por supuesto que la exhibición de estas relaciones tiene consecuencias para los actores involucrados, por ejemplo para el PAN, pero lo que nos debe interesar es qué consecuencias tiene esta trama de asesinato, corrupción y venta de puestos públicos para la sociedad.
Debemos preguntarnos esto porque lo que ocurre en Tonalá y que está saliendo ahora a la luz pública no es un caso aislado, sino la norma en la actuación de los poderes públicos. En el caso Tonalá hay cosas que ya sabemos y otras que conviene explorar y conocer más a fondo.
Una de las cosas que sabemos es que las balas que dos sicarios dispararon contra Carlos Romo Guízar el 24 de abril no sólo mataron al entonces director de Mejoramiento Urbano: esas balas también están matando la credibilidad del PAN.
Después del caso Tonalá será muy difícil que los panistas tengan la desfachatez de presentarse en campaña como el partido de la honestidad y como abanderados de la lucha contra la impunidad.
La trama de asesinato, corrupción y venalidad en Tonalá afecta a todo el sistema político profesional, puesto que mina la credibilidad de los ciudadanos en los políticos y erosiona la legitimidad de las instituciones liberales. Todo el discurso de la alternancia en el poder y de la necesidad de la transición a la democracia como un proceso paulatino, gradual y complejo de cambios políticos se va al bote de la basura con evidencias tan tangibles como las de Tonalá.
Para una buena parte de la sociedad, ahora no hay ninguna diferencia entre los anteriores políticos priistas y la clase política panista. Y no sólo eso. A ojos de una buena cantidad de electores, los políticos del PAN han resultado peores.
En Tonalá se está cavando también la tumba de los esfuerzos para hacer un cambio social significativo a través de la supuesta transición a la democracia. Hace quince años, muchos ciudadanos, activistas sociales y militantes políticos creían que los problemas del país se llamaban PRI y que bastaba quitar del poder al viejo partido tricolor para que las cosas mejoraran para la mayoría de la población. Los panistas en Jalisco (como los perredistas en otros estados) se han encargado de demostrar que esto era falso.
El caso de Tonalá revela más aristas del funcionamiento del poder que conviene resaltar. Revela que los niveles de corrupción y los negocios ilícitos vinculados a los aparatos públicos están más extendidos y arraigados de lo que hemos supuesto y de lo que los políticos venden en sus discursos.
Durante muchos años, los políticos profesionales vendieron el discurso de que con la alternancia se terminarían la corrupción en el poder público y la impunidad. Ni una cosa ni la otra han ocurrido. La lección que nos dejan doce años de transición en Jalisco es que esas actividades ilícitas que tienen como propósito amasar capitales al amparo del poder público, no solo siguen funcionando sino que la nueva clase gobernante le encontró el modo de participar en esas maquinarias de corrupción.
Los panistas no sólo no han acabado con estas redes de corrupción, sino que las han cobijado y propiciado y usan una parte de esos recursos para financiar sus actividades políticas. Otra parte sirve simple y llanamente para enriquecer funcionarios.
Una lección que nos enseña Tonalá (y que antes ya se había manifestado en Guadalajara y en Zapopan) es que hay algunas áreas de los gobiernos municipales que, en esencia, son máquinas corruptas que reportan beneficios millonarios a quienes las controlan. Es el caso de las direcciones de Seguridad Pública y las áreas de Inspección y Vigilancia, engranajes perfectamente aceitados de extorsión a los ciudadanos.
Ya estamos conociendo los detalles de la porquería en Tonalá. Ahora debemos preguntarnos cómo están operando esas áreas en otros gobiernos municipales. Porque no hay duda de que siguen funcionando y alguien se está beneficiando de esos negocios ilegales. No esperemos a que haya un muerto para investigar qué está pasando ahí.
rmartin@publico.com.mx
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