El PAN y el narco

josé gil olmos - proceso

México, D.F., 16 de octubre (apro).- Este lunes el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, lanzó una acusación grave: la vinculación de miembros importantes del PAN con el narcotráfico. Aunque se han querido negar o esconder, este es un hecho con una larga historia de nombres desde hace más de una década.

Las versiones de una estrecha vinculación entre panistas distinguidos y jefes de algunos de los carteles más importantes no son nuevas. Cuando Francisco Barrio llegó al gobierno de Chihuahua surgieron acusaciones de que negociaba con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”; y a Ernesto Rufo, como gobernador de Baja California, se le vinculó con los hermanos Arellano Félix. Cuando era gobernador de Morelos, a Sergio Estrada Cajigal se le descubrió una relación con Nadia Esparragoza, la hija de Juan José Esparragoza, “El Azul”, uno de los jefes del cartel de Juárez.

Otro de los casos es el del actual embajador de México en Canadá, el sinaloense Emilio Goicoechea, quien fuera secretario particular de Vicente Fox en Los Pinos y quien en 1992 quiso ser gobernador de su estado. La revista Proceso (1590) publicó un amplio reportaje en el que se exponían fotos de Goicochea con Genaro Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero, tomadas cuando hacía campaña por la gubernatura de Sinaloa.

En 12 fotografías se comprobaba la versión que por años había transcurrido: que Goicoechea había tenido un encuentro con Genaro Caro y que su campaña había tenido apoyo del narcotráfico. Pero ese no fue el único escándalo en el que estuvo involucrado el panista sinaloense. Cuando era secretario particular de Fox, contrató a Nahum Acosta como director de giras de la Presidencia, quien fue detenido el 3 de febrero de este año bajo la acusación de haber filtrado la agenda del Ejecutivo Federal a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

El texto escrito por el reportero Alejandro Gutiérrez sobre las fotos de Goicoechea y el hermano de Caro Quintero no tuvo ninguna respuesta del panista y tampoco del gobierno de Felipe Calderón, a quien representa en Canadá. Y el que calla otorga.

Un caso más es el de Saúl Rubio, quien era candidato a diputado, y Wilfrido Veliz Figueroa, aspirante a presidente municipal de Culiacán. Ambos asistieron al sepelio del narcotraficante Miguel Ángel Beltrán, “El Ceja Güera”. Aunque en noviembre del 2004 recibieron el apoyo del dirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, al final tuvieron que ser sustituidos, pues fueron denunciados penalmente por el PRI.

El caso más reciente y que atañe directamente a Felipe Calderón es el que denunció el profesor Moreira en su pasado Informe de Gobierno: “Queremos que se investigue a quienes tienen vínculos con el narcotráfico y son panistas (…) No he recibido amenazas, pero ahorita que destapo que están vinculados con el narcotráfico como lo dijo la revista Proceso, ellos van a estar atacando, además son unos rateros y lo podemos demostrar”, declaró el gobernador de Coahuila y responsabilizó de su seguridad al propio presidente de la República y al senador del PAN, Guillermo Anaya.

En su número 1583 de marzo de este año Proceso publicó un reportaje sobre la ampliación del narcotráfico en la comarca lagunera (Durango y Coahuila) y la presunta vinculación del capo Sergio Villarreal, “El Grande”, con el senador del PAN, Guillermo Anaya y con la exalcadesa Rosario Castro Lozano, hermana del exasesor jurídico de la Presidencia de la República, Juan de Dios Castro Lozano, actual funcionaria de la Secretaría de Gobernación.

La acusación de Moreira vincula directamente a Felipe Calderón, si tomamos en cuenta que, como se publicó en Proceso, el 24 de agosto del 2006, asistió a una fiesta para apadrinar a la hija del senador Guillermo Anaya Llamas y en el ágape estaba nada más y nada menos que Sergio Villareal “El Grande”, quien es investigado por la PGR por presuntos vínculos con el narcotráfico y es hermano de Adolfo Hernán Villarreal, esposo de Elsa María, hermana del legislador del PAN.

Es imposible que para entonces el Estado Mayor Presidencial, que cuidaba a Felipe Calderón, no estuviera al tanto de la relación de la familia de Guillermo Anaya con el hermano del narcotraficante. El compadrazgo ahí concretado tendría graves repercusiones que hoy ya vemos.

El gobernador de Coahuila ha pedido que se investigue la relación de los dos panistas con “El Grande”, sobre todo porque, según lo publicado en Proceso (número 1583) Rosario Castro Lozano es señalada como protectora del narcotraficante.

“Fuentes del más alto nivel del gobierno de Durango la señalan como protectora de Sergio Villarreal, sucesor de “El Chaky”. Aseguran que durante un operativo que encabezó en Lerdo, Durango, el comandante de la Décima Región Militar, Roberto Miranda, para detener al narcotraficante, Rosario le pidió que no entrara”.

Moreira, luego de entregar su segundo Informe lanzó el reto: “Los panistas tienen miedo a las investigaciones por su parentesco con el narcotráfico y el alto mando tiene compadrazgos con los narcotraficantes, luego dicen que lleguemos a acuerdos en lo oscurito, que les perdonemos los 7 millones y medio (de pesos) que se robó uno de esos panistas, pero no vamos a perdonarles nada, vamos a desenmascarar a aquellos que tienen doble moral; no vamos a negociar nada, ellos pueden decir que son amigos de los pobres, y como dijo Lucerito: ‘¿Y qué?’.”

Esas palabras suenan a reto. El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, ya pidió pruebas e inició así la estrategia del gobierno calderonista de aislar el problema, dejarlo que se muera solo en los medios y “no hacer olas”. Pero las pruebas las hay, están en la PGR y este asunto seguramente crecerá con el tiempo y en algún momento reventará en Los Pinos.