Anabel Hernández presenta: Los señores del Narco [Feria Internacional del Libro FIL]

Anabel Hernández una de las mejores periodistas de investigación en México, presentó su último libro de investigación, en el marco de la Feria Internacional del Libro que se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara. 

Después de cinco años de ardua investigación, Anabel Hernández logró desentramar una serie de relaciones entre los miembros de la clase política mexicana, del gobierno de Felipe Calderón y de la clase empresarial. La periodista, deja en claro que no es la sociedad la culpable de que los capos mexicanos actúen en total impunidad, sino que sin el apoyo de los poderosos en este país, el narcotráfico no hubiera podido coexistir. 

“Yo me preguntaba, ¿cómo estos hombres se convirtieron en eso? Quién los ayudó, quién los protege, quiénes les lavan el dinero, quiénes los asesoran financieramente si los señores no pasaron ni por Harvard ni por las grandes escuelas de economía, quiénes enseñan cuestiones militares, quiénes enseñan los operativos, quién les da las armas, los dineros, los pases, las entradas y salidas del país libremente” afirmo Anabel Hernández. 

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Opinion - Miguel Ángel Granados Chapa

Un año de mal agüero

Proceso

Si alguna vez tuvo sentido, la fórmula convencional para desear "¡feliz y próspero año nuevo" lo ha perdido por completo en esta oportunidad, porque raras veces fueron tan claros los signos de que para la mayor parte de las personas el ciclo que se inicia no vendrá acompañado de los elementos que hacen felices a las personas y les proveen bienestar creciente. Si bien nos va, tendrán que vivir con modestia los que podían hacerlo con cierta holgura, y se volverán menesterosos quienes mal que bien colmaban sus necesidades básicas. Claro que seguirá habiendo un millón o dos de personas a los que ninguna crisis afecta porque poseen patrimonios resistentes y suelen ser dueños de habilidades que les permiten obtener provecho de situaciones adversas para la mayoría. Pero casi todas las capas de la sociedad resentirán los crecientes efectos perniciosos de una crisis que no es como las que ha padecido México de modo casi rítmico, cíclico, sino que por su extensión universal genera consecuencias difícilmente eludibles.

No es de buen gusto predecir males, y no le cuadra hacerlo a un espíritu generalmente optimista como el de quien firma estas líneas. Pero es imposible sustraerse a la realidad, cuyas líneas principales quedaron ya trazadas en el año que acaba de expirar. No nos caerán infortunios por sorpresa, sino que ocurrirá lo previsible, que es previsible porque está en curso. La economía entrará en una espiral perversa en que efectos nocivos generan nuevos efectos nocivos. El consumo decaerá porque los desempleados no tienen poder adquisitivo y su número aumenta a tal punto que aun las autoridades encargadas de la estadística laboral, generalmente prestas a disfrazar y aun ocultar las cifras verdaderas, han tenido que reconocer una tasa de desempleo mayor que nunca. Crecerá la morosidad de los tarjetahabientes, castigados por altas tasas de interés impagables, y los bancos tendrán que restringir el crédito para no quedar al descubierto.

Menores flujos de dinero inciden a su vez en achicamiento de la economía, como empezará a verse de inmediato en el mercado de vehículos automotores, en que acaso quede lugar sólo para el consumo conspicuo, el de las enormes camionetas blindadas o que lo parecen. Por añadidura, el jueves pasado quedó abierta la frontera para automóviles y camiones usados procedentes de Estados Unidos, que abatirá los precios en ese mercado, en beneficio de los compradores que, a la larga, pagarán costos mayores, directamente por el mantenimiento oneroso e indirectamente por el daño social que las gangas automotrices generarán al alterar el medio ambiente a causa de su tecnología obsoleta.

La crisis económica incluirá la creciente salida de capitales, mexicanos o extranjeros, y la disminución de los ingresos principales de nuestro país, pues se abatirá el turismo, los precios del petróleo se mantendrán en los bajos niveles a que tendieron en los últimos meses de 2008, y dejarán de crecer las remesas de quienes trabajan en Estados Unidos a causa de la propia recesión estadunidense que los planes audaces y al mismo tiempo prudentes del nuevo presidente de ese país apenas podrán revertir en el plazo inmediato.

Las dificultades materiales de la gente en general acrecentarán la inseguridad, que encuentra en la pobreza un conveniente caldo de cultivo. Jóvenes imposibilitados para incorporarse al mercado laboral, cuenten con calificación o sin ella, tendrán a la mano la terrible tentación de engrosar la peor expresión de la economía informal, el narcomenudeo, una actividad que tiene clientela creciente y ofrece gratificaciones prontas y gordas. Es verdad que también está plagada de riesgos, como el de la muerte violenta causada por choques entre grupos rivales o por ajuste de cuentas. Pero el peligro de ser detenido y encarcelado no inhibirá a ningún muchacho de nuevo ingreso a esa innoble rama de la economía, porque sabe que el riesgo es menor, casi inexistente y salvable.

En ese escenario, dibujado aquí a grandes y burdos trazos (pero que no será radicalmente distinto si se le esboza con información precisa), se renovará la Cámara de Diputados, y media docena de entidades elegirán gobernador. El proceso electoral animará un poco la economía, porque el gasto de los partidos y los órganos electorales, aun disminuido, es fastuoso, pero generará tensiones sociales mayores que las causadas por la disputa electoral normal, pues la crisis económica y de la seguridad exacerban los ánimos y los hace proclives al choque y al disenso.

Como ocurrió en elecciones locales en los años 2006 y 2007, el PRI resultará el partido mejor librado en la contienda que se resolverá en julio. Quizá no haga retroceder el tiempo hasta antes de 1997 y no alcanzará, como dejó de hacerlo en ese año, la mayoría absoluta en la nueva legislatura. Pero apenas cabe duda que formará el grupo parlamentario de mayor tamaño, no por sus méritos ni por su acierto al presentar candidatos, sino por la irresponsabilidad e ineficacia de sus oponentes.

Si bien al partido tricolor lo afecta la falta de un liderazgo único, como el que inveteradamente ejerció el presidente de la República, sus disensiones no lo aproximan a la ruptura porque son resolubles con un adecuado reparto de posiciones y el poder y el dinero que ello conlleva. En cambio, la división interna en el PAN y en el PRD (y en su frente más amplio) puede causar daño electoral a esas formaciones. No es que las diferencias sean causadas por factores diversos que el dinero y el poder. Pero en ambos casos se agregan a la disputa interna tomas de posición, doctrinarias e ideológicas, como las que oponen al panismo histórico, centrista, con el de la extrema derecha que está en abierta impugnación al gobierno.

Y no se diga lo que ocurre y ocurrirá en el PRD, que no podrá mantener los niveles de votación a que llegó hace dos años, por la virtual escisión que ya padece, que no se resolverá en fractura pero tampoco se aliviará.

No será, pues, un buen año, casi por donde lo miremos. Sólo queda un posible factor atenuante: poner al mal tiempo buena cara. Ojalá podamos hacerlo.

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Opinion - Alvaro Delgado

El PAN y su jefe Beltrones

proceso

MEXICO, DF, 7 de julio (apro).- Hasta hace no mucho, ocho años exactos, el Partido Acción Nacional (PAN) fue consecuente con una de sus reiteradas quejas como oposición: decirse víctima del espionaje de un régimen al que definía ya no sólo como autoritario, sino dictatorial, uno de cuyos conspicuos operadores, desde las “cañerías” de la Secretaría de Gobernación, era identificado como Manlio Fabio Beltrones.

En el contexto de la elección del 2000, cuando por ejemplo se reveló que Vicente Fox había sido rescatado por el Fobaproa --algo que era absolutamente cierto--, se generó un gran escándalo y uno de los compromisos del gobierno de la alternancia fue cerrar el capítulo del espionaje, práctica asociada por el PAN al priismo y a políticos como Beltrones.

Mano derecha del mítico Fernando Gutiérrez Barrios, a quien los panistas terminaron por adorar cuando aterrizó los pactos con Carlos Salinas, Beltrones era detestado por muchos prominentes líderes del PAN y aun de su propio partido, como Elba Esther Gordillo, quien reiteradamente lo califica de “operador de cañerías”.

Uno de esos políticos panistas era Felipe Calderón, quien hace 18 años fungía como secretario general del PAN y en esa condición acusó a Beltrones, gobernador de Sonora, de imponer un “régimen policiaco” por la reiterada práctica oficial del espionaje telefónico contra miembros de ese partido.

“En el espionaje telefónico contra dirigentes del PAN en Sonora no sólo hay un problema legal, sino de impunidad política de funcionarios del gobierno de ese estado”, decía Calderón Hinojosa en entrevista con el semanario Proceso, y evocaba cómo, en 1991, antes y después de las elecciones, también se registró una práctica semejante.

“Se trata de una práctica reiterada de Beltrones por intervenir en la vida pública del PAN”, acusó Calderón, quien ya como presidente de su partido, en 1996, envió a un personaje con fama de duro a enfrenar al priista y erradicar su intervención en el PAN de Sonora. Era Manuel Espino.

A casi tres lustros de ese capítulo, la triada vuelve a encontrarse, en condiciones francamente semejantes en términos de poder, salvo por las posiciones de cada cual: aunque Calderón fue impuesto en la titularidad del Ejecutivo, y Espino fue echado del PAN, el poder lo ejerce Beltrones.

Y todo el mundo lo sabe: el futuro del gobierno de Calderón depende de la decisión de Beltrones, quien acaba de volver a poner en ridículo a la pandilla que, formalmente, gobierna México.

Por una parte, desbarató el recurrente alegato que el PAN mantuvo durante décadas de ser víctima del espionaje y de desmontarlo una vez llegado al poder y elevó el precio de su apoyo a la privatización del petróleo, pero sobre todo reventó la estrategia que, hacia las elecciones del 2009, se pretendía instrumentar para asociarlo a escándalos inclusive de carácter sexual.

Por eso la furia de Manuel Espino: la escrituración que Calderón ha hecho de la Presidencia de la República a Beltrones, en el 2012, sin que además exista garantía de que, por ejemplo, se apruebe la privatización del petróleo, de la que depende la viabilidad de la gestión actual.

Apuntes

Tiene razón el arzobispo de León, Guanajuato, Guadalupe Martín Rábago: es “asqueroso (y) humillante” lo visto en los videos difundidos sobre las clases de tortura impartidas a los gendarmes de esa ciudad gobernada, desde hace exactamente dos décadas, por el PAN.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

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Opinión - Alvaro Delgado

Hablan las actas: Calderón no ganó

proceso

México, D.F., 9 de junio (apro).- Poco después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio como ganador a Felipe Calderón, el 5 de septiembre del 2006, Carlos Salinas estaba molesto, pero no por el fallo, que lo hizo feliz por frenarse a su enemigo Andrés Manuel López Obrador, sino por la ingratitud del panista.

Salinas había tratado de comunicarse con Calderón para reunirse con él antes de la toma de posesión, el 1 de diciembre, pero César Nava Vázquez, el secretario particular, no quería tomarle la llamada, ni siquiera con la intervención de un allegado de ambos.

“Salinas está muy enojado con Calderón, porque no le quiere tomar la llamada y a él le debe su triunfo. Dice que el marcador en el Tribunal Electoral estaba 4-3, con riesgo de convertirse en 3-4, que era la nulidad, y él hizo la unanimidad de 7-0”, reveló al reportero un prominente abogado panista --amigo de Salinas y de Nava--, quien pidió reserva sobre su identidad.

Esta historia tenía cierta lógica en el contexto poselectoral del 2006, porque se sabía de magistrados que se inclinaban por anular la elección presidencial debido a las abundantes irregularidades en todo el proceso, particularmente por la violación de, al menos, dos principios constitucionales en la materia --la equidad y la certeza--, y sin embargo, en medio de la opacidad, se emitió un dictamen unánime.

Ahora, a dos años de esa elección, aparece una rigurosa y exhaustiva investigación de José Antonio Crespo, experto en materia electoral y con una acreditada solvencia moral, que exhibe el “desaseo” y parcialidad de los magistrados para validar la elección presidencial y dar como ganador a Calderón.

En 2006: Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana, una de las muchas conclusiones de Crespo, profesor del Instituto de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), es que el triunfo de Calderón no se sustenta “lógica y aritméticamente”, como lo aseguró el dictamen del TEPJF, después de desahogar las impugnaciones.

--¿Entonces calderón no ganó? --le pregunté.

--La respuesta no es “no ganó” Calderón, así solita, porque entonces implicaría que ganó López Obrador --dijo Crespo. Y enseguida soltó: “No se puede saber quién ganó, no sabemos cuál fue la voluntad mayoritaria de los ciudadanos.”

Se trata de una frase lapidaria por cuanto significa para una democracia la falta de certeza de cuál fue, auténticamente, la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y lo que implica en términos de legitimidad para, por ejemplo, llamar a la sociedad --con verdadera autoridad moral y política-- a combatir, junto con el gobierno y todas las instituciones del Estado, a la delincuencia.

Crespo revisó lo que nadie hasta ahora: 63 mil de las 130 mil actas de casilla en 150 de los 300 distritos electorales del país, es decir, la mitad de casillas y distritos, una muestra que, por sí sola, arroja resultados esclarecedores sobre la elección.

El principal es que, como él mismo lo dijo, ni Calderón ni López Obrador ganaron la elección, sino que no se puede saber el verdadero resultado porque, conforme a su investigación, existen 316 mil votos “irregulares” --es decir, los que no pudieron justificarse ni depurarse, porque no se abrieron los paquetes electorales-- son mayores al número de sufragios de ventaja del supuesto ganador, que oficialmente fue de 233 mil 831, equivalente al famoso .6%.

Estas cifras desmienten a los magistrados del ETPJF que, en su dictamen, aseguraron, en primer lugar, que los errores de cómputo en las actas eran justificados y en segundo, que los votos “irregulares” no afectaban el resultado, porque no eran mayores a la diferencia entre el primero y el segundo lugar en la elección.

Por tanto, concluye Crespo, la elección debió haberse anulado, porque la existencia de tal cantidad de votos “irregulares” vulneró el principio constitucional de certeza.

Es preciso subrayar, al respecto, que los 316 mil votos “irregulares” no son producto de una proyección a partir de una muestra reducida de actas y distritos, sino que fue producto de una revisión “acta por acta, inconsistencia por inconsistencia” que arrojó votos “contantes y sonantes”. Una proyección del total de actas y distritos arrojaría, entonces, que habría 633 mil votos “irregulares”, el triple de los que dieron a Calderón ganador.

Crespo no niega que, de haberse depurado tal cantidad de votos “irregulares”, se hubiera producido el triunfo de Calderón, pero tampoco descarta que produjera una voltereta a favor de López Obrador. La única posibilidad de tener una “aproximación” mayor al resultado real es, dice, el recuento total de las boletas que existen en los paquetes.

Sí, esos que el Instituto Federal Electoral (IFE), los magistrados del TEPJF y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no quieren que se abran, a petición por ejemplo del semanario Proceso, del investigador Sergio Aguayo y del propio Crespo, porque muy probablemente el resultado no sería el oficial.

Ya hablaron las actas, gracias a Crespo. Ahora falta que, pese a todas las resistencias, hablen los votos.

Por lo pronto el libro de Crespo aporta, demás, con base sólo en la revisión de las actas, que se han derrumbado lo que a su juicio dos mitos sobre la elección del 2006: El “magno-fraude electoral”, que sostienen los simpatizantes de López Obrador, y el “triunfo inobjetable e inequívoco” de Calderón.

No se sabe quién gano, pues.

Pero Crespo tiene razón: Si en la democracia se gana y se pierde con un voto, el corolario es que por un voto irregular no se pude saber quién resulta victorioso. Y en un contexto en que ha tomado fuerza la involución en todos los órdenes, entre ellos la impune adulteración de la voluntad popular –como en todos los procesos electorales locales después del 2006--, vale la pena tenerlo en cuenta… Como el trabajo que Salinas hizo con los magistrados a favor de Calderón, con quien, por supuesto, se reunió.

Apuntes

En Querétaro un crimen conduce a otro: Resulta que, el viernes 6, un día antes de que se conmemorara el día de la Libertad de Expresión, el escritor Julio Figueroa recibió una notificación de arraigo domiciliario y un emplazamiento o demanda de parte de Federico Humberto Ruiz Lomelí, hijo del concesionario de Coca-Cola en ese estado y señalado como autor del asesinato, el 27 de noviembre del 2004, de Marco antonio Hernández Galván. Este personaje ha demandado también a Miguel Gerardo Rivera Alcántar, José Alfonso Rodríguez Sánchez, Gerardo Alcocer Murguía, Sergio Guerrero Patiño y Roberto Zamarripa de la Peña, así como a los periódicos Reforma y A.M. Ruiz Lomelí ha gozado de la protección del gobierno del panista Francisco Garrido Patrón, y esto implica un precedente nefasto para este nuevo episodio de impunidad… Ya que está en México el Comité de Protección de Periodistas, con sede en Nueva York, es preciso que tome nota de este nuevo embate y no se quede con lo que Calderón les dijo hoy, martes 9, en Los Pinos, que respeta la libertad de expresión y demás palabrería… Calderón siempre ha sido un político irascible, intolerante, explosivo, pero ese talante ha llegado a extremos inadmisible para quien, en el papel, es el responsable del gobierno. Con motivo de la inundación de tabasco, el año pasado, amenazó a un lugareño con enviar a soldados para traerlo y hacer faena, como la que él hacía sólo para una fotografía propagandística. Hace unos días, consciente ya del fracaso de su estrategia contra el crimen organizado, responsabilizó a todo el mundo del trabajo que él está obligado a hacer y cuyas culpas quiere compartir. Ahora, como no encuentra auditorios donde pueda hacerse escuchar sin que se le eche en cara su ilegitimidad, hizo citar a la elite que usufructúa el presupuesto para decirle, en hora y media de palabrería, lo que deberían estar haciendo desde hace un año y medio: trabajar. Tenía razón el diputado Juan José Rodríguez Prats: El gabinete de Calderón es bastante mediocre… Resulta que, dentro del despilfarro que implicó la organización de una reunión denominada NASCO 2008, que incluyó el alquiler de carpas por 4 millones y medio de pesos, baños móviles de súper lujo y hasta 38 palmeras gigantes portátiles, el gobierno de Guanajuato, que encabeza Juan Manuel Oliva –consentido de Calderón--, le pagó 250 mil dólares a José María Aznar, el español propagandista de la derecha en México. Son dos millones y medio de pesos que, obviamente, salen del bolsillo de los guanajuatenses…

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A devolver la macrolimosna

felipe cobián y víctor m. lópez alvaro - Proceso

Guadalajara, Jal., 18 de junio (apro).- De manera inesperada, el pasado viernes 13 el cardenal Juan Sandoval Íñiguez pidió a la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires que, en bien de “la paz, la armonía y caridad cristianas”, devuelva los 30 millones de pesos que le entregó el gobernador del estado como adelanto de la macrolimosna de 90 millones de pesos que le prometió públicamente.

Ese adelanto, para el que Emilio González Márquez echó mano de recursos públicos, ha provocado más de 7 mil denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), así como una investigación oficial de las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, a petición de la Cámara de Diputados.

El 24 de marzo pasado, en una ceremonia efectuada en la Casa Jalisco –residencia oficial del mandatario– y a la que asistió Sandoval Íñiguez, González Márquez entregó a la mencionada fundación el cheque por 30 millones de pesos, fechado el 13 del mismo mes.

Pero el viernes 13 de junio, de viva voz, el cardenal Sandoval expuso lo que poco después el Arzobispado difundió en un comunicado:

“Como pastor de esta iglesia de Guadalajara, estimo que la paz y la concordia en la sociedad debe estar por encima de cualquier otra cosa. Por tal motivo, y tomando en cuenta las inconformidades que se han dado a propósito de los recursos que el gobierno del estado de Jalisco aportó para la obra de caridad del Santuario de los Mártires de Cristo, le pido a la comisión de finanzas de la Fundación Pro-Construcción del Santuario de los Mártires de Cristo, A.C., considere la posibilidad de devolver dichos recursos. La armonía y caridad cristianas forman parte importante del Reino de Dios, que el Señor nos manda buscar en primer lugar”.

A este breve comunicado, la oficina de comunicación social del Arzobispado añadió la aclaración de que el cardenal “no pidió ni tiene dicha aportación”, por lo que sugiere a la fundación que regrese el dinero.

El secretario de la fundación y tesorero en funciones, Juan Manuel Hernández, dijo ser el primer sorprendido ante la petición del cardenal, acotó que desconoce si ya se gastó el dinero y señaló que “será la comisión de finanzas de la fundación la que decida si es posible devolver el donativo”.

El martes 11, el Arzobispado informó que Sandoval Íñiguez se presentará a declarar ante el juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, Héctor Martínez Flores, sobre el caso de la macrolimosna, puesto que un grupo de particulares interpuso un amparo (991/2008) para impedir la entrega de los 60 millones restantes que prometió Emilio González.

La institución católica confirmó que la investigación sobre el fundamento legal de la aportación del gobierno del estado seguirá su curso, “lo mismo que la respuesta del purpurado al citatorio del juez tercero del Tribunal de lo Administrativo”, el próximo martes 24.

Todos inconformes

El 24 de marzo, durante la entrega del cheque por 30 millones de pesos en la Casa Jalisco, Sandoval Íñiguez aseguró que el donativo “tiene pleno carácter legal” y que cumplía con las leyes de transparencia y de “la ley que contempla apoyar al turismo religioso”.

Así mismo, el jerarca católico reconoció que la macrolimosna causaría críticas, pero agradeció el apoyo del gobernador:

“A nombre de obispos, sacerdotes y fieles de esta Arquidiócesis de Guadalajara, doy a usted y a sus colaboradores las más sinceras gracias por esta oportuna ayuda para el Santuario de los Mártires.

“La mayoría de la gente comprende la importancia y el significado actuales y futuros de este santuario. Los católicos y las personas de buena voluntad agradecerán su ayuda, la cual, en realidad, es una inversión a mediano y largo plazo en bien de esta ciudad y del estado de Jalisco.”

Y remató: “Que Dios les pague y bendiga”.

Tan pronto fue entregado de manera oficial el cheque por 30 millones el 24 de marzo, el rechazo a la macrolimosna se generalizó en la sociedad, incluidos miles de católicos y miembros del clero.

Ante esas reacciones, el vocero del arzobispado, Antonio Gutiérrez Montaño, declaró: “Si se determina que (la entrega del donativo) es un acto ilegal, no iremos en contra de las leyes” (Proceso Jalisco 181). En cambio, el tesorero de la Fundación Pro Santuario de los Mártires, Juan Manuel Hernández, dijo de inmediato que el dinero no sería devuelto al gobierno del estado “porque es para obras sociales”.

No obstante, miles de personas acusaron a González Márquez, miembro destacado de la organización secreta de ultraderecha El Yunque, de violar la Constitución Política y concretamente la laicidad del Estado mexicano. Después se presentaron 7 mil quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) por el uso discrecional de recursos públicos.

Semanas después de la entrega oficial del adelanto de 30 millones, Sandoval Íñiguez minimizó estas denuncias; dijo incluso que no le preocupaba si se presentaban 3 millones de ellas.

En su edición del pasado 30 de marzo, Semanario, el órgano oficial de la Arquidiócesis de Guadalajara, justificó:

“Aunque las aportaciones de los fieles católicos han sido generosas y constantes, no han resultado suficientes. De ahí que una importante y saludable inyección monetaria al proyecto, como la que anunció por parte del estado el gobernador Emilio González Márquez, vendrá a fortalecer y a acelerar los trabajos. Se trata de dinero del erario público, proveniente de ciudadanos contribuyentes y que será destinado a estimular la promoción del turismo religioso.”

Sin embargo, el vocero de la Arquidiócesis, Antonio Gutiérrez Montaño, aseguró a este semanario que el donativo “no era estrictamente necesario” (Proceso Jalisco 181, del 27 de abril).

Ilegalidad

Los 30 millones de pesos del adelanto para el Santuario de los Mártires se extrajeron de la partida presupuestal 4222 Promoción Turística, a través del Programa de Apoyo a Sitios de Interés Turístico, que exigía al menos ocho requisitos para tener acceso a esos recursos. Sin embargo, la fundación solicitante no cumplió la mitad de esas condiciones.

Debió entregar su acta constitutiva actualizada, la descripción del proyecto para el cual solicitó el apoyo y una constancia en la que indicara claramente que éste no es incompatible con su objeto social.

Así mismo, la fundación tenía que justificar los beneficios directos e indirectos que obtendrá el estado e indicar el costo total de la obra desglosando la cantidad de apoyo solicitado y cómo se financiará el resto.

Las reglas del programa exigen además que la organización solicitante entregue una carta compromiso para asegurar que cumplirá la normatividad establecida e incluir una “relación sucinta y detallada de los conceptos a los que serán destinados los apoyos otorgados”, lo mismo que el calendario físico y financiero de la ejecución del proyecto.

Documentos obtenidos por Proceso muestran que la Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires entregó una solicitud de sólo dos cuartillas, su acta constitutiva, la carta compromiso –sin la firma del presidente de la fundación, Carlos Álvarez Bermejillo– y el programa financiero de la obra, incluyendo una descripción arquitectónica.

Sin embargo, no entregó la relación “de los conceptos que serán cubiertos con el apoyo solicitado”, no especifica cómo se financiará el resto del proyecto y tampoco presentó la “justificación de los beneficios directos e indirectos” para el estado (Proceso 1646).

A esas carencias de documentación deben agregarse irregularidades como el hecho de que la solicitud del donativo se hizo en papel membretado de una constructora propiedad del secretario de la fundación, Juan Manuel Hernández Méndez.

Además, en el expediente gubernamental de la macrolimosna los documentos que deberían servir de sustento jurídico carecen de número de folio y no están firmados por los funcionarios que realizaron los oficios, lo que se presta a la manipulación y alteración de los mismos.

Posteriormente y ante la presión pública, en una visita al Santuario de la Virgen de Talpa de Allende el gobernador anunció que se invertirán 90 millones de pesos, a largo plazo, para mejorar las rutas de los peregrinos. Hasta ahora no se sabe que se haya realizado alguna.

Lo que sí está documentado es que un año antes Emilio González donó a Televisa 67.5 millones de pesos para su programa Espacio 2007 y alrededor de 40 millones para el Teletón, más una cantidad similar tanto en efectivo como en apoyo logístico y viáticos para la producción de la telenovela Las tontas no van al cielo.

El mandatario panista también repartió dinero a otras empresas: 34 millones a la trasnacional Flextrinix, con el mismo pretexto de “generar empleos”; y a Televisión Azteca y MTV para la producción de distintos programas.

El 24 de abril pasado aportó “un pinche papelito” de 15 millones de pesos para la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos.

En esa ocasión, en el Banquete del Hambre, a voz en cuello y alcoholizado el jefe del Ejecutivo estatal dijo que le “valían madre” las críticas por sus donativos.

Y ante el cardenal Juan Sandoval Íñiguez soltó desde el estrado:

“Digan lo que quieran –perdón, señor cardenal–, chinguen a su madre. Ya se dieron cuenta que a mí lo que algunos poquitos dicen (sobre la macrolimosna) me vale madre, así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco”.

Ya encarrerado, soltó: “Este es un cuete, no me importa, me cae, don Juan (Sandoval), absuélvame desde allá”... Y enseñó el cheque por 15 millones. Según él, no tenía que consultar a nadie: “La gente votó por mí”.

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Opinión - Jenaro Villamil

Testigos claves del caso Mouriño

proceso

México, D.F., 25 de marzo (apro).- Tres funcionarios de Pemex Refinación son claves para explicar el vertiginoso ascenso de la empresa Transportes Especializados Ivancar. Se tratan de los exgerentes de Transporte Terrestre, Irma Alejandra Rodríguez Baeza y Jesús Villarreal Gallegos, y del actual subgerente de Operación, Oswaldo Machado Martínez. La firma de cada uno de ellos aparece en los distintos contratos que, de diciembre de 2000 a junio de 2005, firmó la empresa donde figuró como apoderado el actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.

De acuerdo con el expediente que hizo público el senador del PRD, Carlos Navarrete, estos tres funcionarios de la paraestatal fueron testigos del ascenso de una empresa que pasó de recibir contratos por 252 mil pesos, en noviembre de 2000, a tener un contrato multianual por casi 40 millones de pesos, en enero de 2005, y con vigencia hasta 2008.

Irma Alejandra Rodríguez Baeza autorizó la adjudicación directa para Ivancar, el 20 de diciembre de 2000 por un mínimo de 2 millones 750 mil pesos y un máximo de 6 millones 850 mil pesos. En este documento, con el folio GTT-0142-01/2001, Mouriño firma en su calidad de apoderado legal de la empresa, al mismo tiempo que fungía como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Por su parte, la firma de Jesús Villarreal Gallegos, sutituto de Rodríguez Baeza en la gerencia de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, aparece en cuatro contratos exhibidos por el PRD: del 20 de diciembre de 2001, por un monto mínimo de 3 millones 143 mil pesos y un máximo de 7 millones 859 mil pesos; del 20 de diciembre de 2002, del 1 de septiembre de 2003 y del 29 de diciembre de 2003. En todos ellos, el monto mínimo fue de 3.3 millones y un máximo de 8.3 millones de pesos.

Mouriño firma en cada uno de ellos en su condición de “apoderado general”, a pesar de que era diputado federal, primero y luego funcionario de la Secretaría de Energía.

Villarreal Gallegos autorizó un convenio modificatorio, el GTT-00142-01-2PP/2003, del 1 de septiembre de 2003, para ampliarle las rutas de transporte a Ivancar. De acuerdo con el contrato, las ocho nuevas rutas para los autotanques de la empresa de Mouriño se basan en el plan piloto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex Refinación que consideró “altamente rentables” las rutas de El Castillo-Guadalajara, Rosarito-Tijuana, Madero-Valles, Madero-Mante y Gómez Palacio-Durango.

La empresa Transportes Unidos demandó a Villarreal Gallegos ante el órgano de control interno de Pemex Refinación. Lo acusaron de violar el convenio de carga para 2003. La Secretaría de la Función Pública inició una investigación en contra de este funcionario que firmó más de 150 contratos por año con las empresas transportistas al servicio de Pemex Refinación entre 2003 y 2004.

Villarreal obtuvo una suspensión de un juez federal ante la posible inhabilitación y desde abril de 2007 se desempeñó como consultor en la coordinación técnica de la Secretaría de Seguridad Pública, del Distrito Federal, bajo las órdenes de Joel Ortega.

Ante el escándalo desatado en torno a los contratos, Ortega le pidió el viernes 14 de marzo la renuncia a Villarreal, con el objetivo de facilitar los trabajos de investigación de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública en torno a los contratos de Ivancar. El jefe de la policía capitalina afirmó que la renuncia de este funcionario le parecía “saludable” y aclaró que en la SSP sólo desempeñaba labores de carácter técnico. Leer mas

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Opinión - Jenaro Villamil

Pemex, la segunda expropiación

proceso

México, D.F., 18 de marzo (apro).- Ningún aniversario reciente de la expropiación petrolera llegó con tanta carga simbólica y política como el actual. Si algún símbolo claro del nacionalismo existe para el mexicano común éste se concentra en Petróleos Mexicanos, a pesar de la insistente campaña para desacreditar a la empresa más grande de América Latina como ineficaz, hundida en la corrupción sindical y burocrática, sin recursos suficientes y atenazada por el enorme manjar que representa para las corporaciones internacionales una paraestatal que genera rendimientos mayores a los 60 mil millones de dólares anuales.

Políticamente, Pemex vuelve a estar en el corazón de las decisiones del país. Por un lado, el gobierno federal ha insistido que la reforma energética no trata de privatizar Petróleos Mexicanos, sino de buscar los recursos suficientes y la tecnología necesaria para que podamos encontrar el “tesoro” perdido en las aguas profundas.

El spot televisivo y radiofónico, así como las planas de publicidad que Los Pinos han pagado en esta campaña para modificar las percepciones públicas han generado un efecto boomerang. Las audiencias no se creen el cuento de que con “asociaciones” privadas lograremos los mexicanos defender nuestro tesoro negro. Ni siquiera los niños que disfrutaron la saga cinematográfica de Los Piratas del Caribe pueden creer que las trasnacionales sean sólo divertidas y carismáticas como el capitán Jack Sparrow.

La operación política y mediática para encubrir la privatización ha resultado contraproducente. El escándalo en torno al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, ha fijado en el imaginario popular a un auténtico pirata del presupuesto público. Ese sí, en busca del “tesoro negro”, gracias a su aceptación pública de que su fortuna se deriva de jugosos contratos de prestación de servicios con Pemex Refinación.

La acusación en contra de Mouriño, lanzada originalmente por López Obrador, produjo un severo daño en la base de flotación del gobierno calderonista, pero también desbarrancó toda la operación de la privatización light.

Ahora, el excandidato presidencial del PRD –a quien tantas veces se le ha dado por muerto y enterrado, como el tesoro del Perla Negra-- vuelve a resurgir con dos triunfos políticos indiscutibles: la victoria interna en su partido y el cierre de filas de todas las tribus, grupos y corrientes perredistas en torno a la defensa de Pemex como patrimonio nacional.

Cada día que pase Mouriño al frente de la Secretaría de Gobernación le restará credibilidad a la reforma energética calderonista, y le otorgará réditos y crédito político al principal opositor de izquierda.

Sin embargo, algo más importante que la polarización política revivida es el hecho de que se ha comenzado a fijar en la agenda pública un nuevo debate sobre los verdaderos alcances y necesidades de la reforma energética.

Figuras políticas como Francisco Rojas, exdirector de Pemex durante ocho años; el exsenador y exgobernador de Puebla, Manuel Bartlett; y hasta el exsecretario de Hacienda y Crédito Público, David Ibarra, han formado un inédito bloque de priistas que están aportando en el debate puntos esenciales de discusión que no se asemejan a la simplificación del spot calderonista o a la retórica poco sustancial de los otros operadores de la privatización, como Francisco Labastida, Manlio Fabio Beltrones o Emilio Gamboa.

Por increíble que parezca, las posiciones de Rojas, un cuadro político del salinismo, se asemejan cada vez más a las de Bartlett, furibundo antisalinista; a las del propio López Obrador y a la de decenas de especialistas e investigadores del tema energético.

Todos ellos coinciden en un punto fundamental: la verdadera reforma de Petróleos Mexicanos consiste en “expropiar” a la paraestatal de la sangría constante que el régimen fiscal de la Secretaría de Hacienda le ha impuesto a la principal compañía del país. La segunda expropiación se dará para que Pemex pueda invertir sus enormes rendimientos --60 mil 800 millones de dólares tan sólo en 2007-- en exploración, perforación y construcción de nuevas refinerías que no nos hagan dependientes de otros grandes conglomerados.

Otro punto importante de coincidencia tiene relación con la llamada exploración en “aguas profundas”. Estas voces coinciden en que más allá de ir hacia los tesoros en el fondo del mar se requiere invertir primero en las exploraciones y perforaciones en aguas someras, sin necesidad de asociarse con capitales privados.

Un tercer punto fundamental: la corrupción en Pemex. Los escándalos mayores de corrupción se han dado no porque Petróleos Mexicanos sea una empresa paraestatal, sino porque existe una enorme impunidad y un saqueo permanente del sindicato, de sus directivos y de la clase política frente al oro negro del presupuesto. Lo que se requiere es expropiar a Pemex de los auténticos piratas con patente de corzo en puestos públicos.

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Opinión - Jorge Carrasco Araizaga

Solá, ahora de México a España

proceso

México, D.F. (apro).- Logrado el objetivo de mantener al PAN en la presidencia de México, la derecha española se apresta a recuperar el poder en su país.

A finales del año pasado, empezó a reorganizarse y envió de regreso a Madrid al catalán Antonio Solá, el principal promotor de la propaganda negra que, en 2006, llevó a Felipe Calderón a la presidencia.

Para la derecha española, ganar las elecciones del 19 de marzo próximo es fundamental en su propósito de levantar banderas en América Latina a través del conservadurismo criollo, en una suerte de colonización política y conquista económica, aunque en ésta también participa activamente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

En ese objetivo político, Antonio Solá se ha convertido en una pieza importante, luego del trabajo hecho en México, Nicaragua, Argentina, Guatemala y Colombia, aunque no ha sido del todo exitoso.

Fue el propio candidato del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy quien, a fines de 2007, llamó al catalán para tenerlo como su consejero de cabecera en propaganda con miras a las próximas elecciones generales en España.

Surgido del departamento de telegenia del PP, donde se dedicaba a explotar las cualidades de los candidatos de su partido para la televisión, Solá llegó a la política mexicana de la mano del expresidente de gobierno español, José María Aznar.

Según lo dicho por el propio Solá, llegó a México a mediados de los 90, acreditado como corresponsal freelance. Fue cuando contactó con Vicente Fox, Carlos Castillo Peraza y el propio Calderón.

Años después, a fines de esa década, Aznar fue uno de los principales promotores de la candidatura de Fox a la presidencia de México.

Aznar, quien de manera franca se entrometió en las elecciones del 2006 cuando llamó a los mexicanos a votar por Calderón, tuvo precisamente a Mariano Rajoy como uno de sus ministros en sus dos periodos de gobierno, de 1996 a 2004.

Rajoy fue primero ministro de Administraciones Públicas y luego de Educación y Cultura, desde donde Aznar lo llevó a la presidencia del PP y lo propuso como candidato para las elecciones generales de 2004, cuando perdió frente al candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien de nuevo disputa el control gubernamental español.

En la derecha española, Solá ahora está considerado como un propagandista de peso, luego del “milagro” que hizo con Calderón, sobre todo porque hasta ahora en las elecciones ibéricas no hay un claro favorito.

Solá, se dice en la prensa española, “está por encima de todos” y decide directamente con Rajoy, a pesar de que formalmente no forma parte de su estructura electoral. El mismo esquema que aplicó con Calderón.

Apenas el pasado 11 de enero, la revista madrileña Tiempo escribió: En las reuniones con Rajoy “suele participar (un) asesor que no está dentro del organigrama del partido, pero que no se separa de Rajoy ni un minuto en sus viajes o apariciones mediáticas: el barcelonés Antonio Solá, hombre de la casa desde hace años que ganó muchos puntos cuando consiguió que el mexicano Felipe Calderón ganara las últimas elecciones en contra de todos los pronósticos”.

¿Alguna duda sobre el objetivo del PAN y el PP sobre el control político en México y sus respectivos beneficios económicos?

Poco después de ese “prodigio”, que en realidad fue parte de una ofensiva en la que también participaron Fox y la elite empresarial mexicana, Solá dijo, en una entrevista con la revista española Época, en septiembre de 2006, que Calderón ganó en parte porque López Obrador forma parte de la “izquierda incivilizada” mexicana que sólo sabe gritar.

Y confirmó cómo en México las elecciones se ganaron con miedo y con exceso de gasto en favor de Calderón.

A diferencia de España, “en México la legislación es mucho más abierta en materia de publicidad: puedes comprar los minutos de televisión que quieras y no tienes periodos rígidos de campaña electoral”.

Esa libertad, precisamente, y no la libertad de expresión es la que los empresarios están defendiendo al ampararse, junto con un grupo de intelectuales, contra la reforma electoral que impide la compra de propaganda por parte de particulares.

Solá fue el autor de frases como “Felipe Calderón, presidente del empleo” y “Mano firme, pasión por México”; fue quien concibió el anuncio con el que se espantó a la clase media mexicana de que perdería su casa y otros bienes si votaba por López Obrador. Ese anuncio, reconoció, fue definitivo.

Las reservas y rechazo que ha despertado el nombramiento de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación, son por tanto más que sentimientos xenófobos, como acusó recientemente el diario conservador ABC a quienes se han opuesto a esa designación.

El ABC es un diario tan franquista como los “populares” españoles que buscan hacerse del poder en su país tal y como lo hicieron en México, con un discurso del miedo enfocado en la política económica de Rodríguez Zapatero y de su negociación con el grupo terrorista ETA. (25 de enero de 2008)

jcarrasco@proceso.com.mx

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Opinión - Jenaro Villamil

Estado de censura

proceso

México, D.F., 15 de enero (apro).- “El objetivo del poder es el poder mismo. El poder es narcisista por naturaleza, se esfuerza constantemente por perpetuarse por medio de la clonación y se acerca cada vez más a un estado de completa homogeneidad por el procedimiento de expulsar todo lo que le parece extraño o desviado”, escribió George Orwell, el novelista británico autor de 1984 y Rebelión en la granja, al describir de esa manera la lógica de la censura detrás de la ideología autoritaria.

La expulsión de lo extraño, lo desviado, lo que no se controla plenamente o lo que disiente del consenso del poder (entiéndase poder económico, político, religioso o mediático), es justamente lo que explica el silenciamiento del noticiero de Carmen Aristegui.

Tan contundente ha sido esa estrategia de censura que los poderes mismos pretenden minimizar la cancelación del espacio de Hoy por Hoy. En los medios dedicados a reproducir el narcisismo del poder (especialmente en la televisión) el caso simplemente no existió.

En la radio no pocos comentaristas han señalado que existe “ambigüedad” por parte de Aristegui y que, para ellos, no se trata de un caso de censura. Algo similar se lee en algunos espacios de análisis editorial.

En contra de esta idea de silenciamiento en los medios masivos, una mayoría contundente de la opinión pública --expresada en foros de análisis en el ciberespacio, en cartas a los medios impresos, en desplegados y en miles de correos electrónicos-- tiene un claro sentimiento de agravio y molestia por la censura a Carmen Aristegui.

La censura de Televisa Radio –operada por funcionarios contratados por PRISA, el socio español-- se explica en las propias palabras de la empresa: a partir de la “incompatibilidad”, la dirección de W Radio ha señalado que Aristegui se tuvo que ir por diferencias en el “modelo editorial”.

¿Cuál es ese “modelo editorial” con el cual no compaginaba Aristegui? ¿Confunden deliberadamente acciones administrativas –modificaciones en “la parrilla”-- para encubrir la cancelación de otro modelo editorial que sí existió, que fue exitoso en términos periodísticos y de audiencia?

El periodista Daniel Moreno, el único vocero de W Radio que ha hecho declaraciones para argumentar más sobre el caso de Aristegui, no ha sido claro. Pretende señalar que las modificaciones contractuales fueron la causa de la salida de la periodista, tal como lo señaló en su entrevista del sábado 12 de enero de Milenio Diario.

Moreno, incluso, lanzó un reto: que Aristegui aceptara mostrar los “términos del contrato”. Sin embargo, nunca explicó de qué se trata el “modelo editorial” con el cual era incompatible el noticiario matutino de Hoy por Hoy.

El estado de censura que avala el consorcio PRISA no sólo es una alteración al ethos de la propia empresa sino una clara violación a la ética periodística más elemental. El caso Aristegui nos indica claramente que los valores y las reglas periodísticas desaparecen para subordinarse a las reglas de los intereses comerciales, políticos y corporativos.

Como en el mito de Narciso, el propio poder puede caer ahogado frente a una falsa imagen uniformada que ahora pretende establecerse en los medios electrónicos.

El escritor sudafricano J. M. Coetzee, en su alegato Contra la censura, también nos advierte:

“Como la tiranía se basa en la mentira, simplemente forma parte de su naturaleza odiar la verdad… Como odia la verdad del artista –o del periodista--, el Estado tiránico trata de hacerla desaparecer. Sin embargo, de un modo u otro la verdad se acaba sabiendo”.

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Notas del Proceso de la Semana

Documentados, los "arreglos"

Siguen saliendo datos de los robos de Fox y su sexenio.

Patricia Dávila

Desde su origen, el programa Enciclomedia tuvo anomalías como un pago irregular –una “donación” por 7 millones de pesos– a su autor, Felipe Bracho Carpizo, el incumplimiento por parte de las empresas en la instalación y operación de las aulas prometidas, así como el tráfico de influencias en el otorgamiento de los contratos de licitación.

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Enciclomedia: costosas mentiras

Enciclomedia es uno de los servicios estrella que como muchos, se han destruido ante la corrupción de el sexenio del cambio.

Patricia Dávila

El programa Enciclomedia, puntal de la autopromoción del presidente Vicente Fox en el último tramo de su gobierno, fue un desastre educativo y financiero: se pagaron cientos de millones de pesos por equipos que no funcionan. Además, la empresa y el gobierno federal manipularon datos para proclamar que la panacea educativa estaba en marcha… pero la realidad muestra que fue un fraude.

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Conaliteg: polvos de lodos foxistas

Como vemos en el caso d eestas investigaciones de Proceso, los datos proporcionados de la educación es donde se ha documentado el robo Foxista. Aquí sobre los libros de texto.

Jorge Carrasco Araizaga

Cuando a comienzos de la administración de Vicente Fox el titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Jorge Velasco y Félix, decidió modificar los mecanismos para la licitación de contratos, afectó intereses económicos que ahora lo enfrentan a varias demandas. Éstas fueron presentadas por Armando Prida Huerta, cuyas empresas acaparaban contratos para imprimir millones de libros editados por la Conaliteg. Velasco asegura que intentó proteger los intereses del organismo a su cargo afectados por la voracidad del impresor. Pero Prida alega que, en su afán de obstaculizarlo, el funcionario violó la ley y le causó grandes perjuicios económicos.

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La "guerra" contra Proceso

La libertad de expresión se encuentra en situación rara: mientras el Pelele lo grita en los "medios" en la realidad deja fuera a un medio importante: Proceso.

Daniel Lizárraga Desde sus primeros meses en el poder, Felipe Calderón –como dice la expresión popular– se muerde la lengua cada vez que se pronuncia por el respeto a la libertad de expresión, a la crítica y al trabajo periodístico. En abierto desacuerdo con la labor de Proceso, aunque sin elementos para contradecir la información que publicamos, su Coordinación de Comunicación Social obstaculiza a los reporteros de este semanario la cobertura de las actividades presidenciales y aplica así su verdadera política de información.

Más en PROCESO

Sobreprotección presidencial

Un gasto excesivo de seguridad en los viajes del Usurpador Felipe Calderón. Cuantas veces lo hemos visto en el Zócalo en la ciudad de México.

Daniel Lizárraga

Con un celo poco usual, el Estado Mayor Presidencial está protegiendo al presidente Felipe Calderón. Desde el año pasado se instalaron cámaras de circuito cerrado en Los Pinos y otros nueve edificios públicos para vigilar todos los movimientos de personal. Lo peculiar de esta medida es que se contrataron los servicios de una empresa privada. Pero también se instaló en el conmutador de Los Pinos un aditamento para escuchar todas las conversaciones telefónicas, sin que los interlocutores se den cuenta de ello.

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El panismo avala la reconquista

La entrada de empresas españolas (caso Mouriño) dan pie a beneficios que las nacionales no tienen, competencia desleal al final de cuentas. Aquí la historia.

Carlos Acosta Córdova

La invasión es avasallante: Centenares de empresas españolas ganan terreno en México debido a las enormes facilidades que los gobiernos panistas les han brindado en todos los sectores de la economía nacional. Esta “reconquista española” o “nueva colonización”, como la califican sectores académicos y la prensa, muestra ya sus primeros signos: conculcación de derechos laborales de trabajadores mexicanos, destrucción de áreas naturales, ganancias de usura en servicios bancarios… Todo con el aval, hoy, del gobierno de Felipe Calderón.

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Serie de artículos en apoyo a Carmen Aristegui

PRISA: Negocios al amparo del poder

PRISA: Negocios al amparo del poder
Carlos Acosta Córdova

El golpe contra Carmen Aristegui por parte de Televisa y el grupo español PRISA puso en la mira de la opinión pública a este último consorcio, fundado por Jesús de Polanco a mediados de los setenta junto con su empresa emblemática, el diario El País. Enquistado en México en áreas de alta rentabilidad económica, entre éstas la editorial y la de medios de comunicación, su estilo de hacer negocios –tanto en España como aquí– consiste en aliarse con el poder político para sacar provecho económico de ello.

Más en PRISA

El acoso, las presiones, el silenciamiento

Jenaro Villamil

A raíz de las preguntas que se han formulado sobre su salida de W Radio, la periodista Carmen Aristegui relata, en entrevista con Proceso, cómo prevaleció el interés político de los dueños de la estación y las cúpulas empresariales –adversos a su cobertura informativa independiente– sobre sus buenos resultados radiofónicos. A los acosos iniciales, siguieron las presiones, luego la represión y, finalmente, el silenciamiento...

Todo parece indicar que hay quien pidió mi cabeza y hay quien la cedió. Hay autores materiales y autores intelectuales en esta historia”, acusa Carmen Aristegui, al relatar los acontecimientos que condujeron a su salida de la W Radio.

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Opinión - Jorge Carrasco Araizaga

Periodismo Herido

proceso

MEXICO, D.F., 4 de enero (apro).- Cuando los periodistas se convierten en noticia, las más de las veces es síntoma de lo mal en que se encuentra la libertad de expresión.

Los asesinatos, secuestros o amenazas de periodistas son los extremos de un mal que también se expresa en la censura abierta –mediante la prohibición expresa y forzada de ventilar algo– o sutil, cuando se presiona a través de la publicidad oficial.

Pero hay también otras heridas al periodismo, como la censura que disfraza la comunión de los intereses económicos y políticos.

Eso fue lo que ocurrió con la salida de la periodista Carmen

Aristegui de W Radio, estación cuya propiedad comparten Televisa y el consorcio mediático español Prisa.

A pesar de tener los niveles más altos de audiencia en la edición matutina del noticiario Hoy por Hoy, la periodista debió salir de la estación por “incompatibilidad editorial” entre ella y los dueños de la estación.

En realidad, se trata de un eufemismo que oculta el ánimo censor no sólo de Televisa y Prisa, sino de la presidencia de la República y de grupos de poder, en especial la Iglesia católica.

Nada nuevo en el caso de Televisa. En el de Felipe Calderón, Aristegui no perdió oportunidad para recordar la manera en que llegó el actual ocupante de Los Pinos, ni dejó de abrirle el espacio a Andrés Manuel López Obrador.

No era nada gratificante para Calderón que, en un medio de tanta penetración como la radio, se recordara en forma reiterada la manera en que llegó a Los Pinos, con los abusos del anterior presidente y la prepotencia del Consejo Coordinador Empresarial, al margen, desde luego, de los propios errores y soberbia de López Obrador.

El “desencuentro periodístico” de Aristegui con W Radio significa que ni a Televisa ni a la Presidencia le gustaba la cobertura y política editorial que estaban a cargo de la periodista.

Es, en realidad, una muestra más de la intolerancia de la Presidencia hacia la crítica.

Apenas Calderón ocupó la presidencia de la República, salió del aire el noticiario Monitor del periodista José Gutiérrez Vivó, a quien el equipo de comunicación presidencial le pidió que “se portara bien” para recibir publicidad oficial y mantenerse así en el aire.

El noticiario se encontraba en penuria económica debido al pleito legal con el Grupo Radio Centro, al que el gobierno de Vicente Fox defendió por considerar que Gutiérrez Vivó “era perredista”.

Después de tres meses, Monitor regresó al aire, pero confinado a una modesta estación de AM.

Ahora, la salida de Aristegui –intempestiva, pero esperada– se explica por la convergencia del poder político y el económico.

También, por lo insostenible que era para Prisa mantener una línea editorial crítica hacia un gobierno que, como el de Fox, le ha facilitado –como a otras empresas españolas– millonarios negocios en México, varios de ellos incluso por encima de la ley.

Ha sido con los gobiernos del PAN con los que Prisa pudo por fin tener presencia en México, luego de dos fallidos intentos durante los años noventa, cuando primero compró el diario La Prensa, del DF, y luego instaló una oficina para publicar El País México.

El de Prisa es un caso que ya en España había dado muestras de la incompatibilidad entre los contenidos editoriales y los interese económicos de las empresas, entre ellas el diario El País; la cadena de radio SER –asociada con Televisa–; la editorial Alfaguara; el Canal Plus, así como de los derechos de transmisión de fútbol en España.

Para el caso de México, El País, Alfaguara y la cadena SER han demostrado con creces su entendimiento con el actual poder político en México.

Durante la contienda poselectoral presidencial de 2006, El País apostó por Calderón y no dudó en criticar en su editorial institucional la estrategia de protesta de López Obrador. Luego, ya instalado Calderón, le dedicó su editorial con el título “Calderón, en serio”.

Más todavía, hace un año, Alfaguara designó al cuñado de Calderón, Juan Ignacio Zavala, como número dos de Prisa en México.

La permanencia de Aristegui era una esquizofrenia o, por lo menos, una contradicción que Prisa no podía sostener.

Pero es también una muestra más del periodismo herido, como el periodista y profesor español José Manuel de Pablos Coello tituló un libro publicado en 2001, en el que relata cómo El País se convirtió de defensor de la democracia a promotor no sólo de la monarquía juancarlista, sino de los intereses económicos de España en el exterior.

jcarrasco@proceso.com.mx

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Opinión - Alvaro Delgado

Los pactos mafiosos de Calderón

proceso

México, D.F., 19 de noviembre (apro).- Salvo la retención del gobierno de Baja California, en cuya estrategia electoral fue clave la intervención del aparato gubernamental para aplastar a Jorge Hank Rhon, el Partido Acción Nacional (PAN) sólo recogió derrotas en el año electoral que ya concluyó, pero ahora se sabe que en buena medida esto obedeció a Felipe Calderón, pero no sólo por su incompetencia al frente del gobierno federal, sino, sobre todo, por pactos mafiosos con el priismo.

¿Un acuerdo semejante o idéntico al que establecieron, a partir de 1988, Carlos Salinas y el PAN para beneficiarse mutuamente con el reparto del poder político en México y que, en buena medida explica, la alternancia en la Presidencia de la República en el año 2000 y la extensión de ese proyecto otros seis años? Parece que sí.

Manuel Espino, el saliente presidente del PAN, afirma que desde Los Pinos se han tramado pactos con el priismo para que su partido resulte derrotado en elecciones clave, como en su momento la de Yucatán, el 20 de mayo, cuando se “cedió” la gubernatura; y las más recientes en Oaxaca, de Ulises Ruiz; Veracruz, de Fidel Herrera; Puebla, de Mario Marín; Tamaulipas, de Eugenio Hernández; y Michoacán, de los Cárdenas.

En la entrevista publicada en la más reciente edición del semanario Proceso, Espino revela detalles de cómo en las últimas elecciones de este año, apenas el 11 de noviembre, Mario Marín hizo lo que le vino en gana para operar electoralmente y logró aplastar al PAN, que sólo pudo ganar uno de los 26 distritos electorales y un pequeño número de alcaldías, cuando se trata del gobernador más desprestigiado, a raíz de la acreditada colusión con el empresario Kamel Nacif para reprimir a la periodista Lydia Cacho.

En Puebla el activismo del gobierno estatal para favorecer al PRI fue obvio, en ejercicio de los presupuestos estatal y federal para, tal como se hacen ahora las elecciones, con toda la fuerza del aparato, levantarse con el triunfo, pese al elevado abstencionismo. Marín lo hizo con total impunidad.

Calderón no intervino tampoco para, conforme a sus facultades, evitar la arbitraria intervención del gobernador, igual que no actuó ante Ulises Ruiz en la elección estatal de Oaxaca ni en Veracruz, ni en Tamaulipas, elecciones que han exhibido mayor ostentación de los gobiernos estatales priistas. En este último estado, la acción del crimen organizado en la acción política alcanzó niveles nunca vistos.

Espino, quien en tres semanas entregará la presidencia del PAN a Germán Martínez, a quien Calderón designó por dedazo, asegura que operadores del gobierno federal han interferido en los procesos electorales para, en cumplimiento de “acuerdos en los oscurito", ponerse por encima de las dirigencias estatales y candidatos, y evitar los triunfos panistas. En esos "arreglijos", aclara, la dirigencia nacional se ha mantenido al margen.

No se trata de una imputación cualquiera: Espino podrá estar desprestigiado a los ojos de muchos panistas, sobre todo los que han sido siempre sus enemigos o quienes ya se han acomodado con la fuerza hegemónica, incluyendo a sus “jilgueros”, pero es todavía el presidente del PAN y sus declaraciones son de inobjetable interés público.

Las aseveraciones de Espino tienen sentido: Calderón, con el déficit de legitimidad con el que recibió el triunfo que le dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, requería de un pacto con el PRI, que ha obrado como en su momento lo hizo Salinas con el PAN, y que comenzó con la asistencia de los diputados y senadores priistas a la toma de posesión, hace casi un año.

El pacto se ha traducido en muchas ganancias económicas para el PRI y, sobre todo, sus gobernadores, utilizados para el clientelismo político y la adulteración de la voluntad popular: A cambio de presupuestos abultados, Calderón ha ganado margen de maniobra en el Congreso y ha logrado que se aprueben reformas tan regresivas como la del ISSSTE, que fue otro pago de facturas a Elba Esther Gordillo.

El caso de Puebla es claro: Marín no sólo logró evitar el juicio político que ya debería estar desahogado la Cámara de Diputados, sino que la Procuraduría General de la República debió ya haber consignado a un juez las averiguaciones previas contra el gobernador, la procuradora Blanca Laura Villeda y otros funcionarios por el caso de Lydia Cacho. Y nada.

Al contrario, Calderón ha ido repetidas veces a Puebla para retratase, sin sonrojo, con quien es identificado como el góber precioso, contra quien el PAN pensó que podía obtener dividendos electorales hasta que, el 11 de noviembre, se topó con que fue todo lo contrario.

Y eso a nivel del estado está todavía más claro: El diputado federal Alfonso Bello declaró, también al semanario Proceso, que el pacto de Calderón con Marín se puede acreditar no con dichos, sino con hechos: En tres meses, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Juan Camilo Mouriño, y el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se negaron a recibir a los legisladores federales panistas para informarles del involucramiento de Marín en el proceso electoral.

Ambos funcionarios allegados a Calderón no sólo les dieron largas para las entrevistas solicitadas, sino que a última hora, ante la inminencia de las elecciones, las cancelaron, aseguró el diputado Bello Pérez, quien también reveló que el juicio político contra Marín no ha avanzado por decisión de Diódoro Carrasco, exgobernador priista de Oaxaca y actual diputado federal del PAN.

Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Carrasco Altamirano fue propuesto por Calderón a Espino para inscribirlo en la lista de candidatos plurinominales a diputados, como parte de los pactos con un sector del priismo que hizo durante la campaña; y ha sido el operador para robustecer éstos, como el que mantiene con Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, quien en las elecciones locales también aplastó a la oposición.

En este espacio se había escrito, hace más de un año, que Calderón estableció un pacto mafioso con el PRI para dejar hacer lo que le dé la gana a los gobernadores en sus estados, porque a cambio recibiría apoyo para tomar posesión y después para aprobar reformas que a él le importaban y, con ello, cumplir los compromisos que hizo con quienes financiaron su campaña.

Habrá quienes desde el PAN, con la misma abyección que tuvieron los priistas con Carlos Salinas, ignoren y hasta descalifiquen las revelaciones de Espino y Bello, pero sólo evidenciarán el retroceso que padece el país con estos pactos de mafia instrumentados por Calderón, quien no puede alegar que ignora lo que hacen subordinados como Mouriño o Ramírez Acuña, salvo que sea un pusilánime hasta para ellos.

Apuntes

Nada justifica la irrupción de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador en la Catedral Metropolitana, este domingo, no sólo porque los fieles tienen derecho a visitar con seguridad y tranquilidad ese centro religioso, sino porque en general un derecho no se ejerce negando otro. La acción del clero y específicamente de Norberto Rivera Carrera --y sus acólitos políticos-- es lo de menos, porque ya se sabe a quiénes vende sus bendiciones, pero es inadmisible todo acto de intolerancia, aunque en sus orígenes sea un montaje de quienes pretenden reabrir el expediente cristero.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

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Opinión - Jose Gil Olmos

La doble derrota de Calderón

proceso

México, D.F., 14 de noviembre (apro).- Según los simpatizantes del PAN, la derrota en Michoacán tiene el sabor del triunfo para Felipe Calderón. Pero esto es un eufemismo para ocultar el grave costo que tendrá para el michoacano perder en su propia tierra y, al mismo tiempo, perder la alianza con Elba Esther Gordillo.

Bajo la idea de que a veces cuando se pierde en realidad se gana o de que hay derrotas que al final son victorias, los panistas y sus allegados tratan de disfrazar con sofismas el doble fracaso que ha sufrido Calderón en su propia tierra. Sostienen la idea de que cedió Michoacán a cambio de ganar gobernabilidad.

Sin embargo, no se puede ocultar que Calderón si quería ganar en su tierra, y hasta mediados de la campaña metió las manos en el proceso electoral en favor de su amigo Salvador López Orduña. En varias ocasiones estuvo en la entidad y se reunió con empresarios, así como con líderes de diversos sectores, incluidos los religiosos, a los que les dijo: “Si votan por el PAN, a Michoacán le va a ir bien”.

Para entonces, Calderón tenía una aliada de peso: la maestra Elba Esther Gordillo, quien en las recientes elecciones de Baja California había demostrado su efectividad al hacer ganar al panista José Guadalupe Osuna Millán, poniendo en operación la misma estrategia electoral de 2006, echando a andar la maquina electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Desde el principio de la competencia, el perredista Leonel Godoy mostró una ventaja considerable, pero el apoyo de Calderón balanceó las fuerzas y el candidato del PAN casi lo alcanzó en las encuestas. Pero no fue suficiente.

Resulta que la alianza Calderón-Gordillo comenzó a sufrir golpes y, al mismo tiempo, en Michoacán la disidencia magisterial de la Sección 18, encabezada por Artemio Ortiz, apoyado por el exoperador político de la maestra, Noe Rivera, implementaron una estrategia para anular y detener la ingeniería electoral de Gordillo, que consiste en comprar credenciales y acarrear votantes en las secciones especiales para, de esa manera, manipular los resultados conforme a su propia conveniencia.

Los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se oponen al cacicazgo de Gordillo, organizaron cuadrillas “antimapaches” para perseguir a los operadores de la maestra, y tuvieron éxito pues descubrieron el plan y lo revelaron ante la prensa.

No obstante, lo que más afectó la operación de Elba Esther Gordillo fue la decisión velada de Calderón, de empezar a desmarcarse e, incluso, a voltearle la cara a éste personaje, a pesar de que le ayudó a ganar la elección del 2 de julio de 2006.

En el Senado y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el PAN no se opuso a que se presentara una iniciativa de ley que permitirá que se auditen los recursos públicos millonarios que reciben los sindicatos, como el SNTE. Dada la trascendencia política de dicha iniciativa, difícilmente se podría presentar y ser apoyada por Acción Nacional sin el apoyo del presidente de la República.

Ese fue el mensaje más claro de Calderón en su intento por romper cualquier liga con Elba Esther Gordillo, porque le pesa la historia de corrupción de la expriista, sobre todo cuando pretende pasar a la historia como un presidente honesto, sin nada que le manche las manos.

El segundo mensaje del rompimiento fue la disminución considerable de recursos en 85 por ciento en la Ley de Egresos de la federación a la subsecretaría de Educación Básica de la SEP, que dirige Fernando González, yerno de la maestra Godillo, así como el distanciamiento de éste funcionario con la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota.

En Michoacán, por otra parte, existen versiones de que Calderón habría pactado con Cuauhtémoc Cárdenas y Leonel Godoy dejar solo al candidato del PAN, López Orduña, a cambio de que la corriente histórica del PRD le dé reconocimiento como presidente legítimo y, con ello, también aceptar futuras negociaciones políticas.

De ser cierto esto, dicho pacto se sumaría a la decisión de Calderón de romper la alianza estratégica con Gordillo. Pero en lugar de ganar perdiendo, como esgrimen sus simpatizantes, en realidad el jefe del Ejecutivo pierde por partida doble.

Pierde en su estado, con lo que políticamente manda un mensaje de debilidad, y pierde una aliada que, como enemiga, es muy peligrosa. Solo habría que recordarle a Calderón cómo Elba Esther Gordillo acabó con el futuro político de Roberto Madrazo, sacando a relucir sus constantes traiciones en pleno proceso electoral.

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Opinión - Jenaro Villamil

Yucatán y Michoacán, las derrotas de Solá

Proceso

México, D.F., 13 de noviembre (apro).- Ante la derrota electoral en Michoacán, los panistas tendrán, por lo menos, que relevar a su asesor estrella en marketing político: el consultor español Antonio Solá. Dos fracasos al hilo lleva el artífice de las campañas de guerra sucia –Yucatán y Michoacán--, además de un abultado presupuesto de honorarios, con cargo al erario de municipios o estados panistas, disfrazadas de “asesorías en comunicación”.

El paso de Solá por Michoacán fue menos documentado que el de Yucatán, pero en ambos casos los resultados fueron desastrosos ante la misma medicina. Especializado en lo que él llama “campaña de contrastes”, en realidad, el sembrador de guerras sucias electorales sólo ha resultado eficaz para polarizar, inducir un elevado abstencionismo y transformar las contiendas en un despilfarro, en favor de las grandes televisoras.

Desde la última semana de septiembre, el dueño de la consultoría Ostos & Solá estuvo en Morelia, para asesorar a Salvador López Orduña, amigo personal de Felipe Calderón y de César Nava. Su gestión fue significativa para arreciar la campaña de spots que, según los monitoreos del organismo electoral de Michoacán, fue de una profusión de 4 a 1 en relación con los del candidato del PRD, Leonel Godoy.

Después del mal desempeño de Salvador López Orduña en el debate con Leonel Godoy, el primer círculo calderonista-panista decidió, a fines de octubre, aplicar la misma receta que les dio resultado en la campaña de 2006: la guerra sucia a todo lo que diera. Ya no fueron sólo inserciones en prensa, ni inducción de rumores vía internet, sino la utilización de la pantalla.

Solá ideó un mecanismo muy caro e ineficaz: ante la prohibición expresa en la ley local para que se transmitan spots de guerra sucia, se convino con Alejandro Quintero, el vicepresidente de comercialización de Televisa, que se difundieran a través de la señal de la cadena en las emisoras regionales de Guanajuato y Jalisco, estados colindantes con Michoacán, para tener un impacto en la región del Bajío y la ciénega michoacanas. Televisa vendió al equipo de López Orduña el “paquete Peña Nieto”; es decir, un millonario convenio de publicidad, que incluyó gacetillas electrónicas, menciones en programas de espectáculos al candidato del PAN, incluida una referencia en el programa Juan Querendón. Obviamente, todo esto a un precio elevado.

El contenido de los spots panistas cambió. La imagen de Godoy se transformaba gradualmente hasta convertirse en el mismo rostro del “peligro para México”, Andrés Manuel López Obrador. La referencia resultó ridícula. ¿No fueron los mismos panistas y comunicadores afines quienes promovieron la idea de un pleito, de una ruptura entre Godoy y López Obrador en Michoacán?

La campaña del miedo redujo de 10 a 6 puntos la ventaja inicial de Godoy frente a López Orduña en las encuestas. No les dio tiempo para arreciar este método heredado de la contienda de 2006.

El problema con Antonio Solá y sus recetas no radica sólo en su insistencia en estigmatizar al perredismo o al priismo (como ocurrió en Yucatán). Lo que han generado es descontento, desconcierto e inequidad al interior de las propias filas panistas.

En Baja California, argumentan los defensores de la guerra sucia, les funcionó en contra de Jorge Hank Rohn, el candidato del PRI. Sin embargo, evaden mencionar que la fama pública del dueño de los hipódromos y de las casas de apuesta Caliente pesó mucho más que los ofensivos spots de la campaña panista que pretendían indignarse reproduciendo la misma inmoralidad de la que acusaban a la campaña del PRI.

En Yucatán, la presencia de Solá y la mala estrategia del candidato panista Xavier Abreu, así como la renuncia de Ana Rosa Payán a las filas de Acción Nacional, provocaron lo increíble: que Acción Nacional redujera su ventaja de 20 puntos iniciales hasta perder la gubernatura, frente a la priista Ivonne Ortega Pacheco. Evidentemente, hubo un duelo de despilfarro y de malas mañas en materia de publicidad política, pero lo que quedó claro es que la guerra sucia se transforma en un peligroso boomerang para quienes la promueven, financian y protagonizan.

Al menos, esa lección puede aprenderse de la derrota reciente en Michoacán. La otra lección, no menor, es que la vendedora estrella de “favores políticos”, la profesora Elba Esther Gordillo, resultará cada vez más incómoda como aliada para el PAN de la era Calderón.

jenarovi@yahoo.com.mx

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Encabeza AMLO estreno del filme Fraude: México 2006, de Luis Mandoki

* El viernes 16 será exhibida comercialmente en 200 cines del país; Gobernación le otorgó clasificación “A” para toda la familia

columba vértiz de la fuente - proceso

México, D. F., 12 de noviembre (apro).- El excandidato presidencial de la coalición “Por el Bien de Todos”, Andrés Manuel López Obrador, encabezó hoy la presentación del documental Fraude: México 2006, de Luis Mandoki, que recoge episodios desconocidos del proceso electoral del año pasado.

En la sala Julio Bracho, del Centro Cultural Universitario de la UNAM, se llevó a cabo la presentación privada del documental, clasificado por la Secretaría de Gobernación con la letra “A”; es decir, para toda la familia.

Acompañaron al “presidente legitimo de México” el realizador Luis Mandoki y el periodista Federico Arreola, productor ejecutivo de la cinta.

El largometraje inicialmente tenía una duración de cinco horas y finalmente quedó reducido a una hora y media. En el filme Mandoki presenta material inédito sobre la elección del año pasado y el proceso de sucesión, a partir del juicio de desafuero hasta el análisis que realizaron matemáticos universitarios para probar el “fraude cibernético”.

Al estreno acudieron colaboradores cercanos a López Obrador y miembros del Partido de la Revolución Democrática, como Alejandro Encinas, exjefe de Gobierno; Claudia Sheinbaum, Bertha Chaneca Maldonado, Horacio Duarte, Arturo Núñez, el periodista y también productor de la cinta Federico Arreola, Ifigenia Martínez, José Agustín Ortiz Pinchetti, el actor Jesús Ochoa, la directora de teatro Jesusa Rodríguez, Asa Cristina Laurel y Martí Batres, secretarios de Salud y de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, respectivamente.

El estreno comercial de la cinta será el próximo viernes 16 de noviembre en poco más de 200 salas, cifra récord para un material fílmico de esta naturaleza.

Mandoki estuvo el pasado fin de semana en Monterrey, Nuevo León, donde adelantó partes del filme –20 minutos—durante su participación en la mesa redonda “El cine que más circula y el cine que más influye”, que clausuró el tercer Encuentro Internacional de Cineastas.

El director de Voces inocentes y Cuando un hombre ama a una mujer, fue ovacionado por unas 600 personas en el Teatro del Centro de las Artes por su película Fraude: México 2006. Ahí mencionó que la Secretaría de Gobernación clasificó al documental con A (para toda la familia).

Mandoki destacó que su vida y su carrera siempre han ido a contracorriente:

“He creado cosas diferentes y he encontrando nuevos caminos. En los años ochenta cuando no se filmaban películas de calidad, realicé Gaby: una historia verdadera y me abrió puertas para hacer cine en el extranjero. Mi sueño no era hacer cine en Hollywood, sino rodar cine de calidad, que dijera algo, y Hollywood me abrió las puertas cuando en México estaban bastante cerradas. Fui el primer cineasta mexicano en irme a la meca del cine.

“Luego se hizo moda irse a Estados Unidos y es cuando yo me regreso porque mi anhelo era hacer una cinta en español y realicé Voces inocentes, sobre niños en la guerra de El Salvador, pero me faltaba hacer mi película sobre mi país. Entonces el fenómeno del desafuero me llamó la atención y me sorprendió que un político, Andrés Manuel López Obrador, fuera tan atacado, y me aventuré a hacer el documental sobre esos momentos de México e hice ¿Quien es el señor López? vendió 40 mil copias en 24 horas; 2 millones de copias vendimos en total.”

Entonces, dada la situación del 2 de julio de 2006, el día de las elecciones, se le ocurrió convocar a la gente para que filmara las irregularidades en los distritos electorales. Y llegaron 3 mil horas de imágenes:

“Me sentí comprometido de mostrar ese material y lo incluí en Fraude: México 2006 pero no quería que saliera sólo en DVD y le di forma a la película. Llegamos a un corte, la cinta duraba 5 horas y finalmente en octubre de este año quedó en una hora 40 minutos.”

Fraude: México 2006 se proyectará a partir del 16 de noviembre en 220 salas de todo el país.

Mandoki recordó que la película la presentó en Los Ángeles, California, con sus amigos, quienes se sorprendieron que por primera vez un fraude electoral se mostrara visualmente y que hubiera información que no pasaron las televisoras.

En esa proyección, al actor español Antonio Banderas le comentó al realizador: “Entonces, el diario El País me mintió.”

En la proyección que ofreció --fueron cuatro segmentos del documental-- se observa cómo gente de Instituto Federal Electoral (IFE) abre cajas ya cerradas para ingresar más boletas.

Además, en el recuento se ve que no coinciden el número de boletas clasificadas que decía la caja.

Al final el aplauso fue general y largo. También se escucharon voces: “¡Bravo! ¡Bravo!”…

Durante la charla con los presentes muchos lo alabaron y le preguntaron sobre las dificultades que ha enfrentado con el largometraje.

Le dijeron:

“Con esta película está abriendo mentes y dejando una constancia de que hubo fraude por lo que se está traicionando el ideal de Francisco I. Madero.”

Jóvenes del Partido de la Revolución Democrática platicaron:

“Hace unos días nos reunimos, y ante la situación actual del país pensábamos que no había valido la pena el tiempo que invertimos, pero concluimos que somos actores importantes y por lo tanto vamos a seguir en la lucha.”

Otra persona, un señor de cerca de 60 años, gritó emocionado:

“Está aportando mucho para el país y le estaremos eternamente agradecidos.”

Un chico le preguntó si no ha sido objeto de censura o amenaza y Mandoki respondió que no, e incitó “a denunciar todo públicamente”.

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Opinión - Alvaro Delgado

Elecciones: Mentiras y simulación

proceso

México, D.F., 12 de noviembre (apro).- Pasada la jornada electoral de este domingo en los cuatro estados donde se celebraron comicios, con lo que se cierra el año electoral, se impondrán los lugares comunes conforme a los que ganaron y resultaron derrotados: el panismo sigue en picada de la mano de Felipe Calderón, el priismo mantiene su “recuperación” y el perredismo recibe una “bocanada de aire fresco” gracias al cardenismo.

No porque tengan cierta razón, conforme a lo acontecido este domingo 11 de noviembre, dejan de ser lugares comunes, y lo son porque pasan por alto lo fundamental: la decrepitud del sistema electoral y de la clase política de México, traducida no en las “prácticas que creíamos superadas” --como cita otro engañoso lugar común--, sino en las que no han dejado de cometerse cotidianamente.

Las últimas elecciones de este año terminan igual que las primeras, con Yucatán como inicio, aunque el prólogo fue el 2006: uso de abundantes recursos económicos de oscuro origen, a menudo del presupuesto público y con el gobernador al frente, para la compra, coacción y adulteración del voto; campañas sucias eufemísticamente denominadas de contraste; empleo de métodos violentos para intimidar y aun someter a los adversarios; parcialidad de organismos electorales locales; desconfianza en las autoridades jurisdiccionales; impunidad en la comisión de todo tipo de delitos, y un largo etcétera conforme las condiciones de cada estado.

Al cabo de numerosas quejas de quienes se ven afectados en la lógica local, aun los asesinatos --como ocurrió en Veracruz y Puebla--, no pasa nada: cada cuál se queda con sus agravios y comienza a tramar el desquite en el siguiente episodio, con recursos peores, por supuesto, en una espiral de degradación que va hundiendo a la República en el fango.

Pero no sólo: las mafias del narcotráfico y, en general, el crimen organizado tienen una presencia cada vez más ostentosa, no sólo por su operación abiertamente delictiva, sino en activismo electoral, tal como lo asegura un frustrado alcalde con licencia de Reynosa, Tamaulipas, quien en su queja por la derrota sólo exhibe a su amigo Calderón, que nada ha hecho en ese estado.

Y eso mismo ocurre en Michoacán: estado emblemático en el aparatoso uso del Ejército supuestamente contra el narcotráfico, los organismos oficiales saben de los candidatos controlados por las bandas criminales, pero la politiquería les impone su silencio para no reconocer su incompetencia y complicidad.

Hubo en México una breve primavera democrática, que obviamente no comenzó con la entrega pactada de Carlos Salinas al PAN de gubernaturas, en una compra de legitimidad que ahora ensaya Calderón Hinojosa, sino con la reforma política de 1996 que duró hasta el 2000, cuyo fenómeno de la alternancia fue paradójicamente el dique a la transformación para robustecer la equidad en la disputa por la representación popular.

Salvo la aprobación por el Congreso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya autonomía del órgano garante (el IFAI) duró muy poco, no hubo durante el foxiato un sola “reforma estructural” de profundización democrática: si al inicio del sexenio se decía que era vino nuevo en odres viejos, antes de concluir ese periodo quedó claro que la nueva alta burocracia jamás fue una bebida generosa, sino francamente avinagrada, adulterada y corriente.

Así, en el proceso para la elección del 2 de julio del 2006, todo se valió y todo fue tolerado, pero no a todos, sino a quienes lograron alinearse en la convergencia de derecha. Y el documento de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tal como se escribió aquí en su momento, fue el manual perfecto para cometer cualquier atropello a la ley y a la ética con la garantía de que no hay sanción.

Las mismas acciones cometidas en los comicios federales del 2006 se reprodujeron, y de peor forma, en Tabasco en la elección de hace un año, de la que surgió Andrés Granier, y que a nadie importó pese a la violencia que desplegó el gobierno de Manuel Andrade.

Lo que aconteció en las elecciones del 2007 fue en el mismo nivel: si no era el PAN el que se quejaba, y se queja, de las elecciones del Estado --como Manuel Espino lo reclamó en Durango, Chihuahua, Veracruz y ahora Tamaulipas y Puebla--, el PRI lo hizo en el caso de Baja California, cuando fue inequívoca la intervención del gobernador panista contra el hampón Jorge Hank.

Vale destacar lo que ya es rutina en el partido que todavía sostiene que la política es eminentemente ética: en los dirigentes y militantes del PAN hay una fijación de erigirse como cruzados para defender a la nación del “peligro”, como identifica a sus adversarios, lo mismo a Andrés Manuel López Obrador que a César Raúl Ojeda, Hank y Leonel Godoy.

Hay algo muy curioso de lo ocurrido este domingo 11: después de acusar a los gobernadores Mario Marín, de Puebla, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas, de encabezar “elecciones de Estado” --ambos socios del PAN en la elección del 2006--, Espino declaró, la víspera, que el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, se había mantenido neutral.

Y este guiño de Espino a Cárdenas, como antes lo ha hecho el propio Calderón, revela no las complicidades entre el caudillo y su criatura con la derecha --que han sido obvias--, sino el nivel de simulación y mentira que prevalece en la clase política: la neutralidad de los servidores públicos de todos los niveles y de todos los partidos políticos, en un proceso electoral, es un mandato legal, no un capricho ni una concesión.

Si es excepción y no regla que un gobernante se aparte por su voluntad de los procesos electorales o de cualquier asunto de carácter legal para no influir, a favor o en contra, sólo se revela el tamaño del problema que enfrentamos los mexicanos.

Nadie puede, con sinceridad, ignorar que el atraso político es México es mayor al que nos atrevemos a asumir, más allá de qué partidos o candidatos sean los ganadores, porque con ellos todos salimos derrotados. Y todavía hay quienes se preguntan por qué los ciudadanos, y no los aparatos partidistas, no salen a votar.

Apuntes

“Gana el PAN en Michoacán o me retiro de la política”, se comprometió, muy decidido, Germán Martínez Cázares, el candidato de unidad a la presidencia nacional del PAN. Fue a principios de octubre, en su primera visita a ese estado para apoyar a Salvador López Orduña, el candidato de ese partido que enfrentó al perredista Leonel Godoy, según la columna “Arsenal”, de Francisco Garfias, fechada el 5 de octubre… Si tiene palabra, Martínez Cázares abdicará de presidir su partido, pero --claro-- es posible anticipar que se hará el desentendido... Mario Marín está feliz: puede ufanarse de que la impunidad arroja buenas ganancias. Igualito que Ulises Ruiz, cada uno con su Congreso controlado. ¿Juicio político? ¡Qué tontería!... A principios de la campaña en Puebla capital, con casi 20 puntos de ventaja sobre el PRI, el PAN se ufanaba que la alcaldía la ganaba “hasta un burro”. Y Bernardo Ardavín, jefe general de El Yunque, impuso como candidato a su socio empresarial, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, quien fue derrotado dos a uno…

Tabasco, diplomacia y vulnerabilidad

jorge carrasco araizaga - proceso

México, D.F. (apro).- La crisis de Tabasco ha puesto en perspectiva la vulnerabilidad en la que se encuentra el Estado mexicano, no sólo por tratarse de una de las entidades que más recursos aporta al país a través del petróleo, sino por la manera en que se ha conducido la política exterior de Felipe Calderón.

Considerada como uno de los pilares en que se funda la seguridad nacional de cualquier país, la política exterior no sólo es la manifestación de la doctrina y las políticas de una nación en el exterior. Es también la expresión de cómo actúa un país ante los hechos o intentos de intervención en los asuntos internos.

Durante décadas, el régimen autoritario del PRI tuvo la habilidad política de presentar como una virtud la defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos, aunque la relación con Estados Unidos, de forma especial, diera muestra de lo contrario.

Ante casos de desastres, en esa época la ayuda internacional era controlada de tal manera que se evitaba la actuación directa de aquellos países que más allá de la buena voluntad pretendieran tener presencia en la zona devastada.

En el ámbito de la seguridad nacional, el control de la información es clave. Para un diplomático no hay nada más ganancioso que actuar libremente en la recolección de información para su cancillería.

En días recientes, bastó una simple llamada a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde la embajada de Alemania en México, para decir que esa representación diplomática entregaría de forma directa ayuda a la población afectada en Tabasco.

Además de la ayuda oficial que desde Berlín se anunció la semana pasada, la embajada de Alemania en nuestro país hizo una colecta entre las poderosas empresas alemanas asentadas en México.

Obtuvo no sólo dinero en efectivo –50 mil euros–, sino bienes que llenaron tres tráileres. De acuerdo con la información proporcionada a la cancillería, la ayuda se despachará desde Mérida y se entregará de forma directa a los damnificados.

Es decir, la embajada alemana no quiere dejar su ayuda en manos de autoridades de México, ni del gobierno federal ni del estatal.

Sin que esté en duda el sentido humanitario, lo que está detrás de ese comportamiento representa un verdadero desafío al Estado mexicano.

La pasividad de la cancillería –que es tratada sólo como una simple oficialía de partes– puede dar paso a que otras legaciones diplomáticas sigan el patrón alemán ante esta tragedia.

No sólo un gobierno extranjero y sus empresarios le están diciendo al Estado mexicano que no confían en él, sino que esa pasividad abre una enorme ventana de vulnerabilidad con la complacencia de los encargados del Ejecutivo federal, en especial de Calderón y su secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.

El propio Calderón le abrió la puerta a Estados Unidos para que se meta de forma directa en el desastre. El viernes saludó que el embajador de Washington en México, Tony Garza; su esposa, la influyente empresaria María Asunción Aramburuzabala; y el presidente de la Cruz Roja estadunidense, Mark Everson, se trasladaran a Tabasco.

Los tres sobrevolaron las zonas afectadas y, a diferencia de los alemanes, no llevaron ayuda más allá de la anunciada por el gobierno de George Bush.

Lo que sí lograron fue obtener información de primera mano del gabinete de seguridad nacional que está operando en la entidad.

La pregunta es si los militares mexicanos –celosos como son en asuntos de seguridad nacional– están igualmente dejando pasar el comportamiento de su comandante en jefe en relación con el exterior ante la tragedia de Tabasco.( 9 de noviembre de 2007)

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