Solá, ahora de México a España
proceso
México, D.F. (apro).- Logrado el objetivo de mantener al PAN en la presidencia de México, la derecha española se apresta a recuperar el poder en su país.
A finales del año pasado, empezó a reorganizarse y envió de regreso a Madrid al catalán Antonio Solá, el principal promotor de la propaganda negra que, en 2006, llevó a Felipe Calderón a la presidencia.
Para la derecha española, ganar las elecciones del 19 de marzo próximo es fundamental en su propósito de levantar banderas en América Latina a través del conservadurismo criollo, en una suerte de colonización política y conquista económica, aunque en ésta también participa activamente el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
En ese objetivo político, Antonio Solá se ha convertido en una pieza importante, luego del trabajo hecho en México, Nicaragua, Argentina, Guatemala y Colombia, aunque no ha sido del todo exitoso.
Fue el propio candidato del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy quien, a fines de 2007, llamó al catalán para tenerlo como su consejero de cabecera en propaganda con miras a las próximas elecciones generales en España.
Surgido del departamento de telegenia del PP, donde se dedicaba a explotar las cualidades de los candidatos de su partido para la televisión, Solá llegó a la política mexicana de la mano del expresidente de gobierno español, José María Aznar.
Según lo dicho por el propio Solá, llegó a México a mediados de los 90, acreditado como corresponsal freelance. Fue cuando contactó con Vicente Fox, Carlos Castillo Peraza y el propio Calderón.
Años después, a fines de esa década, Aznar fue uno de los principales promotores de la candidatura de Fox a la presidencia de México.
Aznar, quien de manera franca se entrometió en las elecciones del 2006 cuando llamó a los mexicanos a votar por Calderón, tuvo precisamente a Mariano Rajoy como uno de sus ministros en sus dos periodos de gobierno, de 1996 a 2004.
Rajoy fue primero ministro de Administraciones Públicas y luego de Educación y Cultura, desde donde Aznar lo llevó a la presidencia del PP y lo propuso como candidato para las elecciones generales de 2004, cuando perdió frente al candidato del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, con quien de nuevo disputa el control gubernamental español.
En la derecha española, Solá ahora está considerado como un propagandista de peso, luego del “milagro” que hizo con Calderón, sobre todo porque hasta ahora en las elecciones ibéricas no hay un claro favorito.
Solá, se dice en la prensa española, “está por encima de todos” y decide directamente con Rajoy, a pesar de que formalmente no forma parte de su estructura electoral. El mismo esquema que aplicó con Calderón.
Apenas el pasado 11 de enero, la revista madrileña Tiempo escribió: En las reuniones con Rajoy “suele participar (un) asesor que no está dentro del organigrama del partido, pero que no se separa de Rajoy ni un minuto en sus viajes o apariciones mediáticas: el barcelonés Antonio Solá, hombre de la casa desde hace años que ganó muchos puntos cuando consiguió que el mexicano Felipe Calderón ganara las últimas elecciones en contra de todos los pronósticos”.
¿Alguna duda sobre el objetivo del PAN y el PP sobre el control político en México y sus respectivos beneficios económicos?
Poco después de ese “prodigio”, que en realidad fue parte de una ofensiva en la que también participaron Fox y la elite empresarial mexicana, Solá dijo, en una entrevista con la revista española Época, en septiembre de 2006, que Calderón ganó en parte porque López Obrador forma parte de la “izquierda incivilizada” mexicana que sólo sabe gritar.
Y confirmó cómo en México las elecciones se ganaron con miedo y con exceso de gasto en favor de Calderón.
A diferencia de España, “en México la legislación es mucho más abierta en materia de publicidad: puedes comprar los minutos de televisión que quieras y no tienes periodos rígidos de campaña electoral”.
Esa libertad, precisamente, y no la libertad de expresión es la que los empresarios están defendiendo al ampararse, junto con un grupo de intelectuales, contra la reforma electoral que impide la compra de propaganda por parte de particulares.
Solá fue el autor de frases como “Felipe Calderón, presidente del empleo” y “Mano firme, pasión por México”; fue quien concibió el anuncio con el que se espantó a la clase media mexicana de que perdería su casa y otros bienes si votaba por López Obrador. Ese anuncio, reconoció, fue definitivo.
Las reservas y rechazo que ha despertado el nombramiento de Juan Camilo Mouriño en la Secretaría de Gobernación, son por tanto más que sentimientos xenófobos, como acusó recientemente el diario conservador ABC a quienes se han opuesto a esa designación.
El ABC es un diario tan franquista como los “populares” españoles que buscan hacerse del poder en su país tal y como lo hicieron en México, con un discurso del miedo enfocado en la política económica de Rodríguez Zapatero y de su negociación con el grupo terrorista ETA. (25 de enero de 2008)
jcarrasco@proceso.com.mx
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lunes, enero 28, 2008
lunes, enero 07, 2008
Opinión - Jorge Carrasco Araizaga
Periodismo Herido
proceso
MEXICO, D.F., 4 de enero (apro).- Cuando los periodistas se convierten en noticia, las más de las veces es síntoma de lo mal en que se encuentra la libertad de expresión.
Los asesinatos, secuestros o amenazas de periodistas son los extremos de un mal que también se expresa en la censura abierta –mediante la prohibición expresa y forzada de ventilar algo– o sutil, cuando se presiona a través de la publicidad oficial.
Pero hay también otras heridas al periodismo, como la censura que disfraza la comunión de los intereses económicos y políticos.
Eso fue lo que ocurrió con la salida de la periodista Carmen
Aristegui de W Radio, estación cuya propiedad comparten Televisa y el consorcio mediático español Prisa.
A pesar de tener los niveles más altos de audiencia en la edición matutina del noticiario Hoy por Hoy, la periodista debió salir de la estación por “incompatibilidad editorial” entre ella y los dueños de la estación.
En realidad, se trata de un eufemismo que oculta el ánimo censor no sólo de Televisa y Prisa, sino de la presidencia de la República y de grupos de poder, en especial la Iglesia católica.
Nada nuevo en el caso de Televisa. En el de Felipe Calderón, Aristegui no perdió oportunidad para recordar la manera en que llegó el actual ocupante de Los Pinos, ni dejó de abrirle el espacio a Andrés Manuel López Obrador.
No era nada gratificante para Calderón que, en un medio de tanta penetración como la radio, se recordara en forma reiterada la manera en que llegó a Los Pinos, con los abusos del anterior presidente y la prepotencia del Consejo Coordinador Empresarial, al margen, desde luego, de los propios errores y soberbia de López Obrador.
El “desencuentro periodístico” de Aristegui con W Radio significa que ni a Televisa ni a la Presidencia le gustaba la cobertura y política editorial que estaban a cargo de la periodista.
Es, en realidad, una muestra más de la intolerancia de la Presidencia hacia la crítica.
Apenas Calderón ocupó la presidencia de la República, salió del aire el noticiario Monitor del periodista José Gutiérrez Vivó, a quien el equipo de comunicación presidencial le pidió que “se portara bien” para recibir publicidad oficial y mantenerse así en el aire.
El noticiario se encontraba en penuria económica debido al pleito legal con el Grupo Radio Centro, al que el gobierno de Vicente Fox defendió por considerar que Gutiérrez Vivó “era perredista”.
Después de tres meses, Monitor regresó al aire, pero confinado a una modesta estación de AM.
Ahora, la salida de Aristegui –intempestiva, pero esperada– se explica por la convergencia del poder político y el económico.
También, por lo insostenible que era para Prisa mantener una línea editorial crítica hacia un gobierno que, como el de Fox, le ha facilitado –como a otras empresas españolas– millonarios negocios en México, varios de ellos incluso por encima de la ley.
Ha sido con los gobiernos del PAN con los que Prisa pudo por fin tener presencia en México, luego de dos fallidos intentos durante los años noventa, cuando primero compró el diario La Prensa, del DF, y luego instaló una oficina para publicar El País México.
El de Prisa es un caso que ya en España había dado muestras de la incompatibilidad entre los contenidos editoriales y los interese económicos de las empresas, entre ellas el diario El País; la cadena de radio SER –asociada con Televisa–; la editorial Alfaguara; el Canal Plus, así como de los derechos de transmisión de fútbol en España.
Para el caso de México, El País, Alfaguara y la cadena SER han demostrado con creces su entendimiento con el actual poder político en México.
Durante la contienda poselectoral presidencial de 2006, El País apostó por Calderón y no dudó en criticar en su editorial institucional la estrategia de protesta de López Obrador. Luego, ya instalado Calderón, le dedicó su editorial con el título “Calderón, en serio”.
Más todavía, hace un año, Alfaguara designó al cuñado de Calderón, Juan Ignacio Zavala, como número dos de Prisa en México.
La permanencia de Aristegui era una esquizofrenia o, por lo menos, una contradicción que Prisa no podía sostener.
Pero es también una muestra más del periodismo herido, como el periodista y profesor español José Manuel de Pablos Coello tituló un libro publicado en 2001, en el que relata cómo El País se convirtió de defensor de la democracia a promotor no sólo de la monarquía juancarlista, sino de los intereses económicos de España en el exterior.
jcarrasco@proceso.com.mx
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sábado, noviembre 10, 2007
Tabasco, diplomacia y vulnerabilidad
jorge carrasco araizaga - proceso
México, D.F. (apro).- La crisis de Tabasco ha puesto en perspectiva la vulnerabilidad en la que se encuentra el Estado mexicano, no sólo por tratarse de una de las entidades que más recursos aporta al país a través del petróleo, sino por la manera en que se ha conducido la política exterior de Felipe Calderón.
Considerada como uno de los pilares en que se funda la seguridad nacional de cualquier país, la política exterior no sólo es la manifestación de la doctrina y las políticas de una nación en el exterior. Es también la expresión de cómo actúa un país ante los hechos o intentos de intervención en los asuntos internos.
Durante décadas, el régimen autoritario del PRI tuvo la habilidad política de presentar como una virtud la defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos, aunque la relación con Estados Unidos, de forma especial, diera muestra de lo contrario.
Ante casos de desastres, en esa época la ayuda internacional era controlada de tal manera que se evitaba la actuación directa de aquellos países que más allá de la buena voluntad pretendieran tener presencia en la zona devastada.
En el ámbito de la seguridad nacional, el control de la información es clave. Para un diplomático no hay nada más ganancioso que actuar libremente en la recolección de información para su cancillería.
En días recientes, bastó una simple llamada a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde la embajada de Alemania en México, para decir que esa representación diplomática entregaría de forma directa ayuda a la población afectada en Tabasco.
Además de la ayuda oficial que desde Berlín se anunció la semana pasada, la embajada de Alemania en nuestro país hizo una colecta entre las poderosas empresas alemanas asentadas en México.
Obtuvo no sólo dinero en efectivo –50 mil euros–, sino bienes que llenaron tres tráileres. De acuerdo con la información proporcionada a la cancillería, la ayuda se despachará desde Mérida y se entregará de forma directa a los damnificados.
Es decir, la embajada alemana no quiere dejar su ayuda en manos de autoridades de México, ni del gobierno federal ni del estatal.
Sin que esté en duda el sentido humanitario, lo que está detrás de ese comportamiento representa un verdadero desafío al Estado mexicano.
La pasividad de la cancillería –que es tratada sólo como una simple oficialía de partes– puede dar paso a que otras legaciones diplomáticas sigan el patrón alemán ante esta tragedia.
No sólo un gobierno extranjero y sus empresarios le están diciendo al Estado mexicano que no confían en él, sino que esa pasividad abre una enorme ventana de vulnerabilidad con la complacencia de los encargados del Ejecutivo federal, en especial de Calderón y su secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
El propio Calderón le abrió la puerta a Estados Unidos para que se meta de forma directa en el desastre. El viernes saludó que el embajador de Washington en México, Tony Garza; su esposa, la influyente empresaria María Asunción Aramburuzabala; y el presidente de la Cruz Roja estadunidense, Mark Everson, se trasladaran a Tabasco.
Los tres sobrevolaron las zonas afectadas y, a diferencia de los alemanes, no llevaron ayuda más allá de la anunciada por el gobierno de George Bush.
Lo que sí lograron fue obtener información de primera mano del gabinete de seguridad nacional que está operando en la entidad.
La pregunta es si los militares mexicanos –celosos como son en asuntos de seguridad nacional– están igualmente dejando pasar el comportamiento de su comandante en jefe en relación con el exterior ante la tragedia de Tabasco.( 9 de noviembre de 2007)
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::
México, D.F. (apro).- La crisis de Tabasco ha puesto en perspectiva la vulnerabilidad en la que se encuentra el Estado mexicano, no sólo por tratarse de una de las entidades que más recursos aporta al país a través del petróleo, sino por la manera en que se ha conducido la política exterior de Felipe Calderón.
Considerada como uno de los pilares en que se funda la seguridad nacional de cualquier país, la política exterior no sólo es la manifestación de la doctrina y las políticas de una nación en el exterior. Es también la expresión de cómo actúa un país ante los hechos o intentos de intervención en los asuntos internos.
Durante décadas, el régimen autoritario del PRI tuvo la habilidad política de presentar como una virtud la defensa del principio de no injerencia en los asuntos internos, aunque la relación con Estados Unidos, de forma especial, diera muestra de lo contrario.
Ante casos de desastres, en esa época la ayuda internacional era controlada de tal manera que se evitaba la actuación directa de aquellos países que más allá de la buena voluntad pretendieran tener presencia en la zona devastada.
En el ámbito de la seguridad nacional, el control de la información es clave. Para un diplomático no hay nada más ganancioso que actuar libremente en la recolección de información para su cancillería.
En días recientes, bastó una simple llamada a la Secretaría de Relaciones Exteriores desde la embajada de Alemania en México, para decir que esa representación diplomática entregaría de forma directa ayuda a la población afectada en Tabasco.
Además de la ayuda oficial que desde Berlín se anunció la semana pasada, la embajada de Alemania en nuestro país hizo una colecta entre las poderosas empresas alemanas asentadas en México.
Obtuvo no sólo dinero en efectivo –50 mil euros–, sino bienes que llenaron tres tráileres. De acuerdo con la información proporcionada a la cancillería, la ayuda se despachará desde Mérida y se entregará de forma directa a los damnificados.
Es decir, la embajada alemana no quiere dejar su ayuda en manos de autoridades de México, ni del gobierno federal ni del estatal.
Sin que esté en duda el sentido humanitario, lo que está detrás de ese comportamiento representa un verdadero desafío al Estado mexicano.
La pasividad de la cancillería –que es tratada sólo como una simple oficialía de partes– puede dar paso a que otras legaciones diplomáticas sigan el patrón alemán ante esta tragedia.
No sólo un gobierno extranjero y sus empresarios le están diciendo al Estado mexicano que no confían en él, sino que esa pasividad abre una enorme ventana de vulnerabilidad con la complacencia de los encargados del Ejecutivo federal, en especial de Calderón y su secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
El propio Calderón le abrió la puerta a Estados Unidos para que se meta de forma directa en el desastre. El viernes saludó que el embajador de Washington en México, Tony Garza; su esposa, la influyente empresaria María Asunción Aramburuzabala; y el presidente de la Cruz Roja estadunidense, Mark Everson, se trasladaran a Tabasco.
Los tres sobrevolaron las zonas afectadas y, a diferencia de los alemanes, no llevaron ayuda más allá de la anunciada por el gobierno de George Bush.
Lo que sí lograron fue obtener información de primera mano del gabinete de seguridad nacional que está operando en la entidad.
La pregunta es si los militares mexicanos –celosos como son en asuntos de seguridad nacional– están igualmente dejando pasar el comportamiento de su comandante en jefe en relación con el exterior ante la tragedia de Tabasco.( 9 de noviembre de 2007)
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jueves, agosto 09, 2007
Medina Mora
jorge carrasco araizaga
México, D.F., 3 de agosto (apro).- El procurador Eduardo Medina Mora se ha convertido en uno de los funcionarios más vulnerables con el escándalo de Zhenli Ye Gon. Desde hace días crecen las versiones, tanto en México como en Estados Unidos, sobre su posible salida de la Procuraduría General de la República (PGR).
Incluso, hay quienes se alistan para ocupar el cargo de quien ha sido señalado como una de las autoridades que omitieron investigar y advertir no sólo sobre las actividades del ciudadano mexicano de origen chino y su relación con las aduanas, sino que dejaron pasar el proceso de su naturalización.
Entre los más activos para controlar la PGR se encuentra el grupo que encabeza el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.
El senador priista no es ajeno a los asuntos de seguridad y justicia, pues además de haber sido gobernador de Sonora se formó al lado del exdirector de la desparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre de la policía política en México fallecido en 2000.
Uno de sus cercanos es el exdirector de Interpol en México, Juan Miguel Ponce Edmonson, quien se apresta a regresar a la PGR ante una eventual salida de Medina Mora.
Actual funcionario de la embajada de México en Uruguay, Ponce Edmonson tuvo la representación de la policía internacional en el país durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Y a pesar de la distancia geográfica y temporal, se mantiene como uno de los hombres más informados sobre la delincuencia en México, en especial sobre las operaciones internacionales de los narcotraficantes mexicanos.
Fue en ese sexenio (1994-2000) cuando el PAN empezó a ocupar posiciones de poder a nivel federal. En un arreglo político con quien había sido su contrincante en la elección presidencial, Diego Fernández, Zedillo designo como titular de la PGR a Antonio Lozano Gracia, cuyo periodo ha sido uno de los más desastrosos de la procuraduría, pero quien se encargó del trabajo sucio para encarcelar a Raúl Salinas de Gortari.
Una década después, la historia se repetiría pero con el PRI y el PAN en papeles contrarios, si Felipe Calderón invita a su gobierno a un priista para la PGR. De ser el obligado a conceder en 1994, el PRI pasaría a darle fuerza política a un gobierno con serios problemas de gobernabilidad, profundizados con la cada vez más descubierta red de protección oficial que recibió Ye Gon en el gobierno pasado y en el que Medina Mora fue uno de los hombres más informados.
Herencia del gobierno de Fox, Medina Mora llegó a la PGR por la interlocución que logró con Estados Unidos en sus cargos de director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de secretario de Seguridad Pública federal (SSP).
Distintas instancias del gobierno estadunidense han tenido en el actual procurador a uno de sus principales informantes. Con la llegada de Medina Mora al Cisen se dio un flujo amplio de información de México hacia Estados Unidos. Fue un hecho sin precedentes reconocido por los estadunidenses.
Medina Mora llegó al Cisen de la mano de Santiago Creel. El entonces secretario de Gobernación y actual coordinador del PAN en el Senado aparece como otro de los presuntos involucrados en el escándalo Ye Gon. De acuerdo con la norma, la naturalización del ciudadano mexicano de origen chino sólo era posible mediante una opinión de la secretaría que ocupaba Creel.
Esa opinión pasaba tanto por el Cisen –Medina Mora– y el Instituto Nacional de Migración INM), cuya titular era otra persona cercana de Creel, la publirrelacionista de formación internacionalista Magdalena Carral.
La aparente omisión de Medina Mora no sólo tiene que ver con la naturalización de Ye Gon, sino con sus “actividades empresariales”. Como director del Cisen era uno de los funcionarios que tenía la responsabilidad de alertar sobre la amenaza que representaba la masiva importación de pseudoefedrina que realizó el ciudadano mexicano de origen chino.
La importación, por cierto, le fue advertida al gobierno pasado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo adscrito a la ONU y cuya representante de México en el sexenio pasado fue María Elena Medina Mora.
Sobre el procurador pende, además, la amenaza de un grave señalamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los conflictos sociales de San Mateo Atenco y Oaxaca, el año pasado. En ese momento, era secretario de Seguridad Pública y, como tal, era responsable de la Policía Federal Preventiva (PFP).
En esa condición de vulnerabilidad de Medina Mora, a Calderón se le abre una ventana para empezar a distanciarse de Fox, a menos de que, en lealtad por haberlo hecho presidente, mantenga intactas las redes de protección de que gozó Ye Gon en el gobierno pasado.
jcarrasco@proceso.com.mx
México, D.F., 3 de agosto (apro).- El procurador Eduardo Medina Mora se ha convertido en uno de los funcionarios más vulnerables con el escándalo de Zhenli Ye Gon. Desde hace días crecen las versiones, tanto en México como en Estados Unidos, sobre su posible salida de la Procuraduría General de la República (PGR).
Incluso, hay quienes se alistan para ocupar el cargo de quien ha sido señalado como una de las autoridades que omitieron investigar y advertir no sólo sobre las actividades del ciudadano mexicano de origen chino y su relación con las aduanas, sino que dejaron pasar el proceso de su naturalización.
Entre los más activos para controlar la PGR se encuentra el grupo que encabeza el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones.
El senador priista no es ajeno a los asuntos de seguridad y justicia, pues además de haber sido gobernador de Sonora se formó al lado del exdirector de la desparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Fernando Gutiérrez Barrios, el hombre de la policía política en México fallecido en 2000.
Uno de sus cercanos es el exdirector de Interpol en México, Juan Miguel Ponce Edmonson, quien se apresta a regresar a la PGR ante una eventual salida de Medina Mora.
Actual funcionario de la embajada de México en Uruguay, Ponce Edmonson tuvo la representación de la policía internacional en el país durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Y a pesar de la distancia geográfica y temporal, se mantiene como uno de los hombres más informados sobre la delincuencia en México, en especial sobre las operaciones internacionales de los narcotraficantes mexicanos.
Fue en ese sexenio (1994-2000) cuando el PAN empezó a ocupar posiciones de poder a nivel federal. En un arreglo político con quien había sido su contrincante en la elección presidencial, Diego Fernández, Zedillo designo como titular de la PGR a Antonio Lozano Gracia, cuyo periodo ha sido uno de los más desastrosos de la procuraduría, pero quien se encargó del trabajo sucio para encarcelar a Raúl Salinas de Gortari.
Una década después, la historia se repetiría pero con el PRI y el PAN en papeles contrarios, si Felipe Calderón invita a su gobierno a un priista para la PGR. De ser el obligado a conceder en 1994, el PRI pasaría a darle fuerza política a un gobierno con serios problemas de gobernabilidad, profundizados con la cada vez más descubierta red de protección oficial que recibió Ye Gon en el gobierno pasado y en el que Medina Mora fue uno de los hombres más informados.
Herencia del gobierno de Fox, Medina Mora llegó a la PGR por la interlocución que logró con Estados Unidos en sus cargos de director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de secretario de Seguridad Pública federal (SSP).
Distintas instancias del gobierno estadunidense han tenido en el actual procurador a uno de sus principales informantes. Con la llegada de Medina Mora al Cisen se dio un flujo amplio de información de México hacia Estados Unidos. Fue un hecho sin precedentes reconocido por los estadunidenses.
Medina Mora llegó al Cisen de la mano de Santiago Creel. El entonces secretario de Gobernación y actual coordinador del PAN en el Senado aparece como otro de los presuntos involucrados en el escándalo Ye Gon. De acuerdo con la norma, la naturalización del ciudadano mexicano de origen chino sólo era posible mediante una opinión de la secretaría que ocupaba Creel.
Esa opinión pasaba tanto por el Cisen –Medina Mora– y el Instituto Nacional de Migración INM), cuya titular era otra persona cercana de Creel, la publirrelacionista de formación internacionalista Magdalena Carral.
La aparente omisión de Medina Mora no sólo tiene que ver con la naturalización de Ye Gon, sino con sus “actividades empresariales”. Como director del Cisen era uno de los funcionarios que tenía la responsabilidad de alertar sobre la amenaza que representaba la masiva importación de pseudoefedrina que realizó el ciudadano mexicano de origen chino.
La importación, por cierto, le fue advertida al gobierno pasado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo adscrito a la ONU y cuya representante de México en el sexenio pasado fue María Elena Medina Mora.
Sobre el procurador pende, además, la amenaza de un grave señalamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los conflictos sociales de San Mateo Atenco y Oaxaca, el año pasado. En ese momento, era secretario de Seguridad Pública y, como tal, era responsable de la Policía Federal Preventiva (PFP).
En esa condición de vulnerabilidad de Medina Mora, a Calderón se le abre una ventana para empezar a distanciarse de Fox, a menos de que, en lealtad por haberlo hecho presidente, mantenga intactas las redes de protección de que gozó Ye Gon en el gobierno pasado.
jcarrasco@proceso.com.mx
domingo, julio 29, 2007
Opinión - Jorge Carrasco Araizaga
Negocios millonarios
proceso
México, D.F., (apro).- En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha optado por evitar las cuentas con su antecesor. A pesar de las evidencias, ha preferido el silencio ante hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración de Vicente Fox.
Uno de ellos, más que documentado, está en manos del secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cáceres. Desde septiembre de 2006 está en poder de esa dependencia un dictamen jurídico elaborado para revisar las licitaciones realizadas por Pemex Refinación cuando el director era Juan Bueno Torio, actual senador del PAN por Veracruz y aspirante a gobernar el estado.
Bueno Torio –quien quedó en medio del escándalo al trascender que otorgó contratos de esa división de Pemex a empresas de su familia y a Saint Martin Construcciones, vinculada con los hijos de Marta Sahagún– tuvo como colaboradores a personas que en ese dictamen son señaladas como probables responsables de haberle causado un “grave daño” al Estado mexicano.
Se trata del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, del gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo, Jorge A. Basualdo Ramírez, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano.
Los tres son señalados como presuntos responsables de operaciones ilegales, mediante licitaciones orientadas, de arrendamiento de cuatro buques tanque durante 2005, para transportar productos petroleros en las dos costas de la República Mexicana.
Los contratos fueron por cinco años, sin opción a compra y con un acuerdo técnico elaborado por la gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo, a cargo de Basualdo Ramírez. Los buques requeridos eran de entre 37 y 47 mil toneladas.
Elaborado a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, el dictamen señala que los tres involucrados “concertaron, indujeron, licitaron y adjudicaron cuatro buques a las dos únicas empresas mexicanas participantes (una en cada licitación), no obstante, el muy elevado sobreprecio al que fueron ofertados, afectando gravemente con ello al Estado mexicano por los daños y perjuicios económicos derivados de dicha contratación”.
Las dos empresas beneficiadas fueron Arrendadora Ocean Mexicana y Naviera del Pacífico S.A. de C.V. El dictamen no señala la cifra total, pero por los datos que proporciona, cada empresa logró contratos por 100 millones de dólares; es decir, fueron operaciones por unos 200 millones de dólares.
Arrendadora Ocean Mexicana es parte del Grupo Blue Marine Technology, que preside Juan Marcos Issa, quien trabajó en Pemex como coordinador de asesores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo. Naviera del Pacífico es una filial del Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM).
La primera de las firmas ofreció dos embarcaciones, la Torm Alice y la Torm Agnete, propiedad de la empresa danesa Torm.
De acuerdo con la revisión técnica y jurídica de esa adjudicación, para ambos buques el porcentaje de la tarifa de arrendamiento fue de 35.94% superior respecto de la tarifa original de Pemex. En precios, el contrato se tradujo en una tarifa diaria de 25 mil 500 dólares para el Torm Alice y de 29 mil 5000 para el Torm Agnete.
En todos los casos, los precios incluyen lo que se conoce como el acuerdo técnico, que consiste en el mantenimiento, administración y gestión naútica.
Naviera del Pacífico ofreció, a su vez, las embarcaciones Fearless y Elka Baluni.
Los estudios solicitados por Pemex Refinación en el curso de la licitación recomendaron tarifas muchos más bajas. En el caso del Fearless la estimación recomendada, sin acuerdo técnico, era de 14 mil 500 dólares, pero el contrato fue adjudicado por 21 mil 674 dólares diarios.
Para el busque Elka, la tarifa de arrendamiento se fijó en 29.75 por ciento por encima de la tarifa ofrecida por Pemex. Eso significó que la tarifa diaria que se le pagó a TMM fue de 28 mil 117 dólares.
No sólo fueron los sobreprecios; también la manera en que se hizo la adjudicación. En lugar de ser nacional se debió hacer una licitación internacional, debido a que, de antemano, se sabía que en México no había una empresa que pudiera ofrecer directamente las embarcaciones requeridas.
De esa forma, Pemex habría financiado ilícitamente a las empresas ganadoras el arrendamiento de los buques, pues de acuerdo con el dictamen no hay evidencia de que las embarcaciones sean propiedad de las firmas beneficiadas o que las tengan por arrendamiento financiero.
Las evidencias del daño las tiene Germán Martínez en su escritorio. Él y su jefe y amigo, Felipe Calderón, tienen una oportunidad más para revisar y actuar sobre la cada vez más sospechosa administración foxista. (27 de julio de 2007)
proceso
México, D.F., (apro).- En sus primeros meses de gobierno, Felipe Calderón ha optado por evitar las cuentas con su antecesor. A pesar de las evidencias, ha preferido el silencio ante hechos de presunta corrupción cometidos durante la administración de Vicente Fox.
Uno de ellos, más que documentado, está en manos del secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cáceres. Desde septiembre de 2006 está en poder de esa dependencia un dictamen jurídico elaborado para revisar las licitaciones realizadas por Pemex Refinación cuando el director era Juan Bueno Torio, actual senador del PAN por Veracruz y aspirante a gobernar el estado.
Bueno Torio –quien quedó en medio del escándalo al trascender que otorgó contratos de esa división de Pemex a empresas de su familia y a Saint Martin Construcciones, vinculada con los hijos de Marta Sahagún– tuvo como colaboradores a personas que en ese dictamen son señaladas como probables responsables de haberle causado un “grave daño” al Estado mexicano.
Se trata del subdirector de Almacenamiento y Distribución, Pedro Carlos Gómez Flores, del gerente de Operación y Mantenimiento Marítimo, Jorge A. Basualdo Ramírez, y del gerente de Recursos Materiales, Guillermo González Lozano.
Los tres son señalados como presuntos responsables de operaciones ilegales, mediante licitaciones orientadas, de arrendamiento de cuatro buques tanque durante 2005, para transportar productos petroleros en las dos costas de la República Mexicana.
Los contratos fueron por cinco años, sin opción a compra y con un acuerdo técnico elaborado por la gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo, a cargo de Basualdo Ramírez. Los buques requeridos eran de entre 37 y 47 mil toneladas.
Elaborado a solicitud de la Secretaría de la Función Pública, el dictamen señala que los tres involucrados “concertaron, indujeron, licitaron y adjudicaron cuatro buques a las dos únicas empresas mexicanas participantes (una en cada licitación), no obstante, el muy elevado sobreprecio al que fueron ofertados, afectando gravemente con ello al Estado mexicano por los daños y perjuicios económicos derivados de dicha contratación”.
Las dos empresas beneficiadas fueron Arrendadora Ocean Mexicana y Naviera del Pacífico S.A. de C.V. El dictamen no señala la cifra total, pero por los datos que proporciona, cada empresa logró contratos por 100 millones de dólares; es decir, fueron operaciones por unos 200 millones de dólares.
Arrendadora Ocean Mexicana es parte del Grupo Blue Marine Technology, que preside Juan Marcos Issa, quien trabajó en Pemex como coordinador de asesores del exdirector de Petróleos Mexicanos, Luis Ramírez Corzo. Naviera del Pacífico es una filial del Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM).
La primera de las firmas ofreció dos embarcaciones, la Torm Alice y la Torm Agnete, propiedad de la empresa danesa Torm.
De acuerdo con la revisión técnica y jurídica de esa adjudicación, para ambos buques el porcentaje de la tarifa de arrendamiento fue de 35.94% superior respecto de la tarifa original de Pemex. En precios, el contrato se tradujo en una tarifa diaria de 25 mil 500 dólares para el Torm Alice y de 29 mil 5000 para el Torm Agnete.
En todos los casos, los precios incluyen lo que se conoce como el acuerdo técnico, que consiste en el mantenimiento, administración y gestión naútica.
Naviera del Pacífico ofreció, a su vez, las embarcaciones Fearless y Elka Baluni.
Los estudios solicitados por Pemex Refinación en el curso de la licitación recomendaron tarifas muchos más bajas. En el caso del Fearless la estimación recomendada, sin acuerdo técnico, era de 14 mil 500 dólares, pero el contrato fue adjudicado por 21 mil 674 dólares diarios.
Para el busque Elka, la tarifa de arrendamiento se fijó en 29.75 por ciento por encima de la tarifa ofrecida por Pemex. Eso significó que la tarifa diaria que se le pagó a TMM fue de 28 mil 117 dólares.
No sólo fueron los sobreprecios; también la manera en que se hizo la adjudicación. En lugar de ser nacional se debió hacer una licitación internacional, debido a que, de antemano, se sabía que en México no había una empresa que pudiera ofrecer directamente las embarcaciones requeridas.
De esa forma, Pemex habría financiado ilícitamente a las empresas ganadoras el arrendamiento de los buques, pues de acuerdo con el dictamen no hay evidencia de que las embarcaciones sean propiedad de las firmas beneficiadas o que las tengan por arrendamiento financiero.
Las evidencias del daño las tiene Germán Martínez en su escritorio. Él y su jefe y amigo, Felipe Calderón, tienen una oportunidad más para revisar y actuar sobre la cada vez más sospechosa administración foxista. (27 de julio de 2007)
miércoles, julio 25, 2007
Opinión - Jorge Carrasco Araizaga
Por la libre
Proceso
México, D.F. (apro).- Felipe Calderón regresa este martes a la Escuela Libre de Derecho. Encabezará, como presidente, el 95 aniversario de la fundación de la institución de la que se graduó en 1987.
La Libre de Derecho es en verdad alma mater de Calderón, pues entre los fundadores se encuentra Manuel Herrera y Laso, uno de los primeros egresados de la escuela y uno de los fundadores del PAN. Ahí estudiaron también su suegra, Mercedes Gómez del Campo y su esposa, Margarita Zavala.
Creada en 1912 como una escisión de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, actual Facultad de Derecho de la UNAM, la Libre de Derecho es ahora no sólo uno de los principales centros de pensamiento conservador del país, sino un importante centro de reclutamiento de las elites gobernantes y surtidor del sector privado.
Reconocidos muchos de sus egresados en la academia, el gobierno, el Poder Judicial o la práctica privada, sobran también los nombres de exalumnos que han sido y son personajes centrales de escándalos políticos y defraudación del país.
Dos de ellos son José Guzmán Montalvo y Ernesto Enríquez Rubio, quienes hasta ahora han sido señalados en las actividades del ciudadano mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon.
Guzmán Montalvo, egresado en 1990, ha sido identificado en la trama porque durante su gestión como director general de las Aduanas de México, Ye Gon importó toneladas de pseudoefedrina sin que las autoridades de fiscalización aduanera a su cargo lo impidieran.
Enríquez Rubio, graduado en 1969, aparece también mencionado en las actividades de Ye Gon, pues como director que fue de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tampoco se dio por enterado de la cuantiosa importación del químico con que se elaboran drogas sintéticas, a pesar de las advertencias hechas en su momento por la ONU al gobierno de Vicente Fox.
El propio rector de la ELD, Ignacio Morales Lechuga, ha sido mencionado en esta historia. Como titular de la Notaría Pública 116, en la Ciudad de México, el exprocurador general de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dio fe pública de varias operaciones del ahora prófugo de la justicia.
Entre ellas, la compra venta de la residencia de Ye Gon en la que fueron incautados 205 millones de dólares, y la adquisición de los terrenos en el Estado de México, donde el nacionalizado mexicano estableció su planta para elaborar lo que el acusado asegura que eran medicamentos.
Lo mismo hizo Morales Lechuga con Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino protagonista de uno de los escándalos más grandes en la historia reciente de México y a quien el rector identifica como un amigo.
También de esa escuela, y más precisamente de la generación de Calderón, es el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a quien el ciudadano de origen asiático había querido implicar en la trama de la fortuna incautada.
Egresado de la Libre de Derecho es también el panista Luis Eduardo Zuno Chavira, quien como delegado en Álvaro Obregón intentó introducir de contrabando armas y dinero a México en un avión de Ahumada.
Zuno Chavira no ha sido el único egresado de la ELD metido en un grave problema judicial. También está Javier Armas Arroyo, acusado de quebrantar con 100 millones de dólares al desaparecido Banco Unión.
Entre los abogados que intervinieron en la liberación de Ahumada también están egresados de la Libre de Derecho. Uno de ellos, el actual procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas.
Otros actores de la vida pública salidos de la ELD son el exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza; el exdiputado del PAN, Luis Pazos de la Torre; el senador panista Fauzi Hamdam; el exsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero; el exsecretario de Economía del gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales; y el gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. (20 de julio de 2007)
jcarrasco@proceso.com.mx
Proceso
México, D.F. (apro).- Felipe Calderón regresa este martes a la Escuela Libre de Derecho. Encabezará, como presidente, el 95 aniversario de la fundación de la institución de la que se graduó en 1987.
La Libre de Derecho es en verdad alma mater de Calderón, pues entre los fundadores se encuentra Manuel Herrera y Laso, uno de los primeros egresados de la escuela y uno de los fundadores del PAN. Ahí estudiaron también su suegra, Mercedes Gómez del Campo y su esposa, Margarita Zavala.
Creada en 1912 como una escisión de la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia, actual Facultad de Derecho de la UNAM, la Libre de Derecho es ahora no sólo uno de los principales centros de pensamiento conservador del país, sino un importante centro de reclutamiento de las elites gobernantes y surtidor del sector privado.
Reconocidos muchos de sus egresados en la academia, el gobierno, el Poder Judicial o la práctica privada, sobran también los nombres de exalumnos que han sido y son personajes centrales de escándalos políticos y defraudación del país.
Dos de ellos son José Guzmán Montalvo y Ernesto Enríquez Rubio, quienes hasta ahora han sido señalados en las actividades del ciudadano mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon.
Guzmán Montalvo, egresado en 1990, ha sido identificado en la trama porque durante su gestión como director general de las Aduanas de México, Ye Gon importó toneladas de pseudoefedrina sin que las autoridades de fiscalización aduanera a su cargo lo impidieran.
Enríquez Rubio, graduado en 1969, aparece también mencionado en las actividades de Ye Gon, pues como director que fue de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tampoco se dio por enterado de la cuantiosa importación del químico con que se elaboran drogas sintéticas, a pesar de las advertencias hechas en su momento por la ONU al gobierno de Vicente Fox.
El propio rector de la ELD, Ignacio Morales Lechuga, ha sido mencionado en esta historia. Como titular de la Notaría Pública 116, en la Ciudad de México, el exprocurador general de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal dio fe pública de varias operaciones del ahora prófugo de la justicia.
Entre ellas, la compra venta de la residencia de Ye Gon en la que fueron incautados 205 millones de dólares, y la adquisición de los terrenos en el Estado de México, donde el nacionalizado mexicano estableció su planta para elaborar lo que el acusado asegura que eran medicamentos.
Lo mismo hizo Morales Lechuga con Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino protagonista de uno de los escándalos más grandes en la historia reciente de México y a quien el rector identifica como un amigo.
También de esa escuela, y más precisamente de la generación de Calderón, es el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a quien el ciudadano de origen asiático había querido implicar en la trama de la fortuna incautada.
Egresado de la Libre de Derecho es también el panista Luis Eduardo Zuno Chavira, quien como delegado en Álvaro Obregón intentó introducir de contrabando armas y dinero a México en un avión de Ahumada.
Zuno Chavira no ha sido el único egresado de la ELD metido en un grave problema judicial. También está Javier Armas Arroyo, acusado de quebrantar con 100 millones de dólares al desaparecido Banco Unión.
Entre los abogados que intervinieron en la liberación de Ahumada también están egresados de la Libre de Derecho. Uno de ellos, el actual procurador de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Félix Cárdenas.
Otros actores de la vida pública salidos de la ELD son el exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza; el exdiputado del PAN, Luis Pazos de la Torre; el senador panista Fauzi Hamdam; el exsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero; el exsecretario de Economía del gobierno de Vicente Fox, Fernando Canales; y el gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. (20 de julio de 2007)
jcarrasco@proceso.com.mx
jueves, julio 12, 2007
La pesadilla
jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- A los cuatro días de haber asumido el poder, el gobierno de Felipe Calderón hizo su primer anuncio espectacular en contra del narcotráfico.
El día 5 de diciembre, la PGR había incautado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento con 19.4 toneladas de acetato de efedrina, sustancia base para la elaboración de drogas sintéticas.
La sustancia procedía de China y estaba dirigida a la empresa Unimed Pharm Chem, dedicada a la elaboración de medicamentos en México.
Durante días, la televisión presentó la información para demostrar que el nuevo gobierno iba a ser diferente en el combate al narcotráfico. Eduardo Medina Mora, el nuevo titular de la PGR que apenas en la administración saliente había sido secretario de Seguridad Pública federal no se cansaba de dar ese mensaje.
Una semana después, Calderón echó a andar, precisamente en Michoacán, donde nació, sus operativos armados contra el narcotráfico, encabezados por el Ejército.
El escenario de la “guerra” al narcotráfico, con el coro de la mayoría de los medios de información, se siguió armando. Tres meses después, el 15 de marzo, la PGR dio a conocer la incautación de 205 millones de dólares en efectivo en una casa de Las Lomas, un exclusivo barrio al poniente de la Ciudad de México.
El gobierno de Calderón se adjudicó el golpe como resultado del trabajo de los aparatos de seguridad mexicanos bajo la nueva administración. El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, pronto le reclamó la mezquindad, pues la información sobre el dinero también había salido de las oficinas estadunidenses. No sólo eso, el gobierno de ese país buscó quedarse con parte del botín.
El dinero está ahora depositado en un banco de Estados Unidos, pues según el gobierno de Calderón el sistema financiero mexicano no está en capacidad de recibir tal cantidad de efectivo.
El aseguramiento fue noticia mundial, pues hasta entonces no se había incautado tal cantidad, equivalente a más de 2 mil millones de pesos, lo que representa más de 6% del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para este año.
En ese momento se informó que el dinero pertenecía a la empresa a la que se le había incautado la efedrina. Unimed Pharm Chem, se supo entonces, era del naturalizado mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon.
Hasta ahí la estrategia gubernamental iba funcionando. Pero el 2 de julio, justo en el primer año de la controvertida elección presidencial, el gobierno de Calderón empezó a vivir una pesadilla.
Unas horas antes de la celebración, la PGR emitió un boletín para tratar de anticiparse al escándalo que estallaría Ye Gon. El empresario acusado de narcotráfico por el gobierno mexicano había declarado --a la agencia estadunidense de noticias Associated Press (AP)-- que el dinero incautado pertenecía en realidad al PAN como parte de los recursos utilizados para la campaña del 2006.
Como intermediario señaló a quien había sido el jefe del llamado cuarto de guerra de la campaña de Calderón, Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo. Aunque en su declaración el ciudadano de origen chino mencionó a “Javier Alarcón”, el funcionario se encuentra en medio de la tormenta y dispuesto a la pelea, pues ha anunciado una demanda contra su acusador.
Cierta o no la acusación, el asunto se le salió de control al gobierno aun desde antes que Ye Gon soltara la bomba. Las autoridades mexicanas no supieron qué hacer con el tema del dinero, incluida su custodia, aunque Calderón ya había dispuesto de él.
No se trata sólo de un asunto policial. Por sus dimensiones, ha exhibido la peligrosa deficiencia del Estado mexicano. Hasta ahora se ha empezado a voltear hacia una poderosa entidad como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), encargada en México de autorizar la importación de sustancias para la elaboración de medicamentos.
Han empezado a saltar los nombres de personajes como Ernesto Enríquez Rubio, quien estuvo a cargo de la Cofepris, a la que llegó de la mano del exsecretario de Salud, Julio Frenk, y vinculado al ya fallecido Carlos Hank González.
Pero hay todavía un agujero más: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de recabar la información relativa a las transacciones financieras relacionadas con actividades ilícitas.
Sólo un botón de muestra. La UIF, de acuerdo con el organigrama de la SHCP, no tiene titular.
Ni siquiera la sección segunda del Ejército, encargada de la inteligencia militar, parece que anticipó el escándalo que puede derivar en un desastre político para Calderón, como le ha ocurrido en su momento a otros presidentes latinoamericanos. (6 de julio de 2007)
México, D.F. (apro).- A los cuatro días de haber asumido el poder, el gobierno de Felipe Calderón hizo su primer anuncio espectacular en contra del narcotráfico.
El día 5 de diciembre, la PGR había incautado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento con 19.4 toneladas de acetato de efedrina, sustancia base para la elaboración de drogas sintéticas.
La sustancia procedía de China y estaba dirigida a la empresa Unimed Pharm Chem, dedicada a la elaboración de medicamentos en México.
Durante días, la televisión presentó la información para demostrar que el nuevo gobierno iba a ser diferente en el combate al narcotráfico. Eduardo Medina Mora, el nuevo titular de la PGR que apenas en la administración saliente había sido secretario de Seguridad Pública federal no se cansaba de dar ese mensaje.
Una semana después, Calderón echó a andar, precisamente en Michoacán, donde nació, sus operativos armados contra el narcotráfico, encabezados por el Ejército.
El escenario de la “guerra” al narcotráfico, con el coro de la mayoría de los medios de información, se siguió armando. Tres meses después, el 15 de marzo, la PGR dio a conocer la incautación de 205 millones de dólares en efectivo en una casa de Las Lomas, un exclusivo barrio al poniente de la Ciudad de México.
El gobierno de Calderón se adjudicó el golpe como resultado del trabajo de los aparatos de seguridad mexicanos bajo la nueva administración. El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, pronto le reclamó la mezquindad, pues la información sobre el dinero también había salido de las oficinas estadunidenses. No sólo eso, el gobierno de ese país buscó quedarse con parte del botín.
El dinero está ahora depositado en un banco de Estados Unidos, pues según el gobierno de Calderón el sistema financiero mexicano no está en capacidad de recibir tal cantidad de efectivo.
El aseguramiento fue noticia mundial, pues hasta entonces no se había incautado tal cantidad, equivalente a más de 2 mil millones de pesos, lo que representa más de 6% del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para este año.
En ese momento se informó que el dinero pertenecía a la empresa a la que se le había incautado la efedrina. Unimed Pharm Chem, se supo entonces, era del naturalizado mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon.
Hasta ahí la estrategia gubernamental iba funcionando. Pero el 2 de julio, justo en el primer año de la controvertida elección presidencial, el gobierno de Calderón empezó a vivir una pesadilla.
Unas horas antes de la celebración, la PGR emitió un boletín para tratar de anticiparse al escándalo que estallaría Ye Gon. El empresario acusado de narcotráfico por el gobierno mexicano había declarado --a la agencia estadunidense de noticias Associated Press (AP)-- que el dinero incautado pertenecía en realidad al PAN como parte de los recursos utilizados para la campaña del 2006.
Como intermediario señaló a quien había sido el jefe del llamado cuarto de guerra de la campaña de Calderón, Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo. Aunque en su declaración el ciudadano de origen chino mencionó a “Javier Alarcón”, el funcionario se encuentra en medio de la tormenta y dispuesto a la pelea, pues ha anunciado una demanda contra su acusador.
Cierta o no la acusación, el asunto se le salió de control al gobierno aun desde antes que Ye Gon soltara la bomba. Las autoridades mexicanas no supieron qué hacer con el tema del dinero, incluida su custodia, aunque Calderón ya había dispuesto de él.
No se trata sólo de un asunto policial. Por sus dimensiones, ha exhibido la peligrosa deficiencia del Estado mexicano. Hasta ahora se ha empezado a voltear hacia una poderosa entidad como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), encargada en México de autorizar la importación de sustancias para la elaboración de medicamentos.
Han empezado a saltar los nombres de personajes como Ernesto Enríquez Rubio, quien estuvo a cargo de la Cofepris, a la que llegó de la mano del exsecretario de Salud, Julio Frenk, y vinculado al ya fallecido Carlos Hank González.
Pero hay todavía un agujero más: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de recabar la información relativa a las transacciones financieras relacionadas con actividades ilícitas.
Sólo un botón de muestra. La UIF, de acuerdo con el organigrama de la SHCP, no tiene titular.
Ni siquiera la sección segunda del Ejército, encargada de la inteligencia militar, parece que anticipó el escándalo que puede derivar en un desastre político para Calderón, como le ha ocurrido en su momento a otros presidentes latinoamericanos. (6 de julio de 2007)
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