Falleció el periodista y crítico Miguel Ángel Granados Chapa

Personas como el Maestro Don Miguel Ángel Granados Chapa no debían morir! Y lo digo en el sentido más literal....

Comunicador de larga trayectoria, murió a los 70 años en la ciudad de México.

La Jornada en línea
Publicado: 16/10/2011 19:36

México, DF. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa falleció este domingo a los 70 años.

Nacido en Hidalgo en 1941, y autor de la columna Plaza Pública desde 1977 —que comenzó a publicarse en Cine Mundial— se despidió él mismo de sus lectores el pasado viernes en la edición del diario Reforma.

“Esta es la última vez en que nos encontramos. Con esa convicción digo adiós”, escribió.

Estudió de manera simultánea las carrera de Derecho y Ciencias de la Comunicación en la UNAM, donde fue profesor de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y desde cuya emisora de radio transmitía un noticiero matutino. Posteriormente estudió un doctorado en Historia en la Universidad Iberoamericana.

Ocupó la subdirección editorial de Excélsior, fue fundador y director del semanario Proceso y subdirector del diario La Jornada.

Asimismo, fue jefe de noticieros de Canal Once, director general de Radio Educación y dirigió la revista Mira. En 2008 recibió la medalla Belisario Domínguez del Senado, y en tres ocasiones ganó el Premio Nacional de Periodismo. En 1981 por artículo de fondo, en 2004 en reconocimiento a su trayectoria y en 2006 por su columna Plaza Pública.
Granados Chapa fue autor de varios libros, entre los que sobresalen: La Banca nuestra de cada día (1982), Alfonso Cravioto, un liberal hidalguense (1984), Votar, ¿para qué? manual de elecciones (1985), Comunicación y política (1986), ¡Nava sí, Zapata no!: la hora de San Luis Potosí: crónica de una lucha que triunfó (1992), ¡Escuche Carlos Salinas! (1996), Constancia hidalguense (1999) y Fox & Co. biografía no autorizada (2000).

Se desempeñó entre 1994 y 1996 como consejero ciudadano en el Consejo General del Instituto Federal Electoral. En 1999 compitió bajo las siglas del PRD para la gubernatura de Hidalgo.

Se informó que a petición del periodistas, las exequias tendrán carácter íntimo y sólo se espera la presencia de su familia.



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Opinion - Miguel Ángel Granados Chapa

Un año de mal agüero

Proceso

Si alguna vez tuvo sentido, la fórmula convencional para desear "¡feliz y próspero año nuevo" lo ha perdido por completo en esta oportunidad, porque raras veces fueron tan claros los signos de que para la mayor parte de las personas el ciclo que se inicia no vendrá acompañado de los elementos que hacen felices a las personas y les proveen bienestar creciente. Si bien nos va, tendrán que vivir con modestia los que podían hacerlo con cierta holgura, y se volverán menesterosos quienes mal que bien colmaban sus necesidades básicas. Claro que seguirá habiendo un millón o dos de personas a los que ninguna crisis afecta porque poseen patrimonios resistentes y suelen ser dueños de habilidades que les permiten obtener provecho de situaciones adversas para la mayoría. Pero casi todas las capas de la sociedad resentirán los crecientes efectos perniciosos de una crisis que no es como las que ha padecido México de modo casi rítmico, cíclico, sino que por su extensión universal genera consecuencias difícilmente eludibles.

No es de buen gusto predecir males, y no le cuadra hacerlo a un espíritu generalmente optimista como el de quien firma estas líneas. Pero es imposible sustraerse a la realidad, cuyas líneas principales quedaron ya trazadas en el año que acaba de expirar. No nos caerán infortunios por sorpresa, sino que ocurrirá lo previsible, que es previsible porque está en curso. La economía entrará en una espiral perversa en que efectos nocivos generan nuevos efectos nocivos. El consumo decaerá porque los desempleados no tienen poder adquisitivo y su número aumenta a tal punto que aun las autoridades encargadas de la estadística laboral, generalmente prestas a disfrazar y aun ocultar las cifras verdaderas, han tenido que reconocer una tasa de desempleo mayor que nunca. Crecerá la morosidad de los tarjetahabientes, castigados por altas tasas de interés impagables, y los bancos tendrán que restringir el crédito para no quedar al descubierto.

Menores flujos de dinero inciden a su vez en achicamiento de la economía, como empezará a verse de inmediato en el mercado de vehículos automotores, en que acaso quede lugar sólo para el consumo conspicuo, el de las enormes camionetas blindadas o que lo parecen. Por añadidura, el jueves pasado quedó abierta la frontera para automóviles y camiones usados procedentes de Estados Unidos, que abatirá los precios en ese mercado, en beneficio de los compradores que, a la larga, pagarán costos mayores, directamente por el mantenimiento oneroso e indirectamente por el daño social que las gangas automotrices generarán al alterar el medio ambiente a causa de su tecnología obsoleta.

La crisis económica incluirá la creciente salida de capitales, mexicanos o extranjeros, y la disminución de los ingresos principales de nuestro país, pues se abatirá el turismo, los precios del petróleo se mantendrán en los bajos niveles a que tendieron en los últimos meses de 2008, y dejarán de crecer las remesas de quienes trabajan en Estados Unidos a causa de la propia recesión estadunidense que los planes audaces y al mismo tiempo prudentes del nuevo presidente de ese país apenas podrán revertir en el plazo inmediato.

Las dificultades materiales de la gente en general acrecentarán la inseguridad, que encuentra en la pobreza un conveniente caldo de cultivo. Jóvenes imposibilitados para incorporarse al mercado laboral, cuenten con calificación o sin ella, tendrán a la mano la terrible tentación de engrosar la peor expresión de la economía informal, el narcomenudeo, una actividad que tiene clientela creciente y ofrece gratificaciones prontas y gordas. Es verdad que también está plagada de riesgos, como el de la muerte violenta causada por choques entre grupos rivales o por ajuste de cuentas. Pero el peligro de ser detenido y encarcelado no inhibirá a ningún muchacho de nuevo ingreso a esa innoble rama de la economía, porque sabe que el riesgo es menor, casi inexistente y salvable.

En ese escenario, dibujado aquí a grandes y burdos trazos (pero que no será radicalmente distinto si se le esboza con información precisa), se renovará la Cámara de Diputados, y media docena de entidades elegirán gobernador. El proceso electoral animará un poco la economía, porque el gasto de los partidos y los órganos electorales, aun disminuido, es fastuoso, pero generará tensiones sociales mayores que las causadas por la disputa electoral normal, pues la crisis económica y de la seguridad exacerban los ánimos y los hace proclives al choque y al disenso.

Como ocurrió en elecciones locales en los años 2006 y 2007, el PRI resultará el partido mejor librado en la contienda que se resolverá en julio. Quizá no haga retroceder el tiempo hasta antes de 1997 y no alcanzará, como dejó de hacerlo en ese año, la mayoría absoluta en la nueva legislatura. Pero apenas cabe duda que formará el grupo parlamentario de mayor tamaño, no por sus méritos ni por su acierto al presentar candidatos, sino por la irresponsabilidad e ineficacia de sus oponentes.

Si bien al partido tricolor lo afecta la falta de un liderazgo único, como el que inveteradamente ejerció el presidente de la República, sus disensiones no lo aproximan a la ruptura porque son resolubles con un adecuado reparto de posiciones y el poder y el dinero que ello conlleva. En cambio, la división interna en el PAN y en el PRD (y en su frente más amplio) puede causar daño electoral a esas formaciones. No es que las diferencias sean causadas por factores diversos que el dinero y el poder. Pero en ambos casos se agregan a la disputa interna tomas de posición, doctrinarias e ideológicas, como las que oponen al panismo histórico, centrista, con el de la extrema derecha que está en abierta impugnación al gobierno.

Y no se diga lo que ocurre y ocurrirá en el PRD, que no podrá mantener los niveles de votación a que llegó hace dos años, por la virtual escisión que ya padece, que no se resolverá en fractura pero tampoco se aliviará.

No será, pues, un buen año, casi por donde lo miremos. Sólo queda un posible factor atenuante: poner al mal tiempo buena cara. Ojalá podamos hacerlo.

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La Belisario Domínguez y la protesta de Rosario Ibarra

Fortalecer las libertades públicas y emitir ley de amnistía, exige Granados Chapa

■ Demanda atender reclamos, no criminalizar la protesta e impedir que la sociedad se disuelva

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Una vez que recibió la medalla Belisario Domínguez en su edición 2008 y el reconocimiento de los tres poderes de la Unión, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa advirtió sobre el crecimiento de “tendencias al autoritarismo, a la criminalización de la protesta social, a la guerra sucia enderezada no sólo contra los opositores al régimen, sino contra ciudadanos en reclamo de sus derechos”.

Ante el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, que ayer asistió exclusivamente como testigo de honor, ya que fue el presidente de la mesa directiva, el panista Gustavo Madero, quien entregó la presea al galardonado, el maestro Granados Chapa reivindicó las movilizaciones sociales, demandó fortalecer las libertades públicas y emitir una ley de amnistía “que haga salir de las cárceles a los presos políticos que hoy mismo, como en los peores tiempos del autoritarismo, padecen prisión injusta”.

Durante la sesión solemne de la Cámara de Senadores, a la que asistieron los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Cámara de Diputados, Guillermo Ortiz Mayagoitia y César Duarte Jáquez, respectivamente; integrantes de la academia, como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro; intelectuales, y miembros del gremio periodístico, la mayoría de los senadores del PRD decidió estar presente para acompañar a Granados Chapa.

Lo hicieron previo acuerdo con PAN y PRI de que Calderón asistiría, como indica el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso, sólo como invitado, sin que los perredistas tuvieran que saludarlo, sin fotos, sin participar en las comisiones para recibirlo y sin que fuera él el encargado de entregar el diploma y la medalla Belisario Domínguez.

Protesta en solitario

En ese contexto, Calderón se presentó en el Senado por segunda vez, y si bien los perredistas no lo increparon, apenas ocupó su lugar se escuchó el grito: “¡Es un honor estar con Obrador!”, que lanzó la periodista Andrea Fernández, hija del fallecido cronista deportivo Ángel Fernández.

Ricardo Monreal, Rosalinda López y Salomón Jara no aceptaron estar en el mismo sitio “que el espurio”, como declararon más tarde, y la senadora Rosario Ibarra, quien sí asistió, colocó en su escaño un cartel de Andrés Manuel López Obrador con la leyenda: “presidente legítimo”, visible desde la tribuna donde Calderón escuchó la proclama que Belisario Domínguez leyó, también ante la tribuna del Senado, en 1913, antes de ser asesinado por órdenes de Victoriano Huerta.

Al hablar en nombre del Senado, la perredista María Rojo se dirigió a “los señores titulares de los poderes de la Unión” para no referirse a Calderón por su nombre.

Expresó que a lo largo de su carrera, como conocedor de la historia, periodista, profesor, expositor y analista de nuestra realidad, el maestro Granados Chapa ha demostrado su congruencia en busca de la verdad.

“Si existiera alguna duda al respecto, para despejarla habría que referirse a la masiva participación de la comunidad cultural y de la sociedad civil mexicana y a la unánime aceptación de la propuesta para ser reconocido por el Senado mexicano.”

Rojo resaltó también que Belisario Domínguez es hoy un símbolo, porque fue un hombre honesto, íntegro y consecuente con sus principios, como lo es Miguel Ángel Granados Chapa, “un ejemplo de que se puede vivir con honradez, con dignidad, con limpieza, comprometiéndose a un tiempo con las causas justas, sin alejarse de la verdad”.

En su turno, Granados Chapa recordó que el doctor Domínguez era miembro del Senado cuando “arrostró con plena conciencia su muerte, con tal de expresar sus convicciones, su condena al régimen usurpador y criminal de Victoriano Huerta”.

Se refirió a las movilizaciones sociales y pidió no demonizarlas, sino reconocer y valorar sus cualidades motrices. “La gente en la calle, las multitudes que clamaron contra la inseguridad, impulsaron la presentación de iniciativas de reforma legal, de creación de nuevos instrumentos contra el hampa”.

La calidad del proceso legislativo acerca de la reforma de Petróleos Mexicanos sería otra, señaló, de no haberla precedido el amplio debate nacional sobre un tema “que, como pocos, hoy no puede ser abordado sin la presencia de la sociedad”. Hoy, juntos, legisladores y la gente, dirán “lo que hay que hacer para poner al día, en estricto apego a la Constitución, la industria petrolera nacional”.

Granados Chapa insistió: “esas libertades públicas requieren un fortalecimiento que impida retrocesos dañinos para la convivencia nacional”.

El autor de la columna Plaza Pública instó a los senadores a mejorar la legislación contra la desaparición forzada de personas, “que afecta hoy a decenas, cientos quizá de mexicanos a quienes autoridades federales o locales levantaron como si fueran los captores delincuentes, es decir, los detuvieron pero no los sometieron a juicio, como deben proceder de acuerdo con la ley, y acaso los privaron de la vida, como lo hacen los matones profesionales”.

Se requiere, dijo, una legislación que haga al Estado “cumplidor de la ley y no su infractor en perjuicio de los ciudadanos”, que sería “admirablemente completada por una ley de amnistía”.

“Bravo”, gritó desde su escaño el senador Pablo Gómez, y todos los perredistas presentes se pusieron de pie para aplaudir a Granados Chapa, quien concluyó su discurso con la advertencia de que, pese a la situación actual y a la difusión de un ánimo de desesperanza, el desenlace no es inexorable.

“No nos deslicemos a la desgracia, menos aún caigamos de súbito en su abismo. Cada quien desde su sitio, sin perder sus convicciones, pero sin convertirlas en dogma que impida el diálogo, impidamos que la sociedad se disuelva.”

Granados Chapa recibió un gran aplauso por varios minutos que le tributaron de pie senadores de todas las fuerzas políticas e invitados especiales, desde el rector de la UNAM, el ex senador Javier Corral y dirigente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información y la periodista Carmen Aristegui, hasta el actor Daniel Jiménez Cacho, José Agustín Ortiz Pinchetti, Francisco José Paoli y sus familiares.

Acompañado por Calderón y Madero, Granados Chapa salió del recinto para la develación de su nombre en el muro de honor de la medalla Belisario Domínguez y montar guardia frente a la estatua del senador sacrificado por Victoriano Huerta.

Una vez que Calderón y el Estado Mayor Presidencial abandonaron el recinto, Granados Chapa fue asediado por legisladores, comunicadores, ex alumnos y personal del Senado que lo abrazaron y felicitaron en reconocimiento a una vida dedicada al periodismo.



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Opinion - Miguel Ángel Granados Chapa

PRD: no todos son iguales

Reforma

En Chiapas, al menos 28 casillas que no fueron instaladas recogieron votos que se hicieron constar en actas, y en otras mesas votaron más de mil veloces militantes que, a ritmos inverosímiles, en pocos segundos depositaron sus papeletas en las urnas

Aunque es imposible disculpar a ninguna corriente del Partido de la Revolución Democrática de las trampas y maniobras ilícitas que produjeron la peor elección interna en ese partido, es claro que no puede hacerse tábula rasa de la personalidad de los dirigentes de ese partido.

En Nueva Izquierda, por ejemplo, hay distancia amplia entre la trayectoria de los dos Chuchos que han dado nombre a esa corriente. Jesús Zambrano Grijalva, que perdió ante Alejandra Barrales la presidencia del comité del Distrito Federal, vivió su juventud en la rebeldía estudiantil, pasó por la acción armada y la cárcel. Cuando quedó en libertad y resolvió continuar la lucha política por otros medios fue propulsor y dirigente de Corriente Socialista, un agrupamiento en que sobresalieron otros militantes con trayectoria semejante, entre ellos los sinaloenses Juan N. Guerra, hoy diputado federal, y Camilo Valenzuela, que fue candidato al liderazgo que hoy se disputan Jesús Ortega y Alejandro Encinas, y encabeza el Consejo Nacional perredista, máximo órgano de dirección de ese partido, al que correspondería tomar decisiones sobre una prolongación del mandato de Leonel Cota o la designación de un presidente interino en el que caso de que dentro de una semana, el 22 de abril, subsistiera el enigma de quién ganó los comicios del 16 de marzo.

El otro Chucho antonomásico, Ortega Martínez, a diferencia de su tocayo y compañero se inició en la vida política en la comodidad del subsidio. Fue lugarteniente de Rafael Aguilar Talamantes en el Partido Socialista de los Trabajadores, que gozó de la simpatía y, más importante aún, del patrocinio gubernamental para crear una corriente que estorbara, se opusiera y eventualmente anulara el esfuerzo de Heberto Castillo por crear el Partido Mexicano de los Trabajadores, ofreciendo una opción falsa, producto de la simulación. Junto con Ortega dirigieron ese partido, creado por Luis Echeverría, los hoy senadores Carlos Navarrete y Graco Ramírez.

En agosto de 1988, en una entrevista hecha por el finado Óscar Hinojosa, citada recientemente por el también reportero de Proceso Álvaro Delgado, Aguilar Talamantes se sinceró (aunque sólo parcialmente, según es de suponerse por la fluidez de recursos que ostentaba el PST):

"Echeverría dio instrucciones a Víctor Bravo Ahuja, secretario de Educación Pública, para que se nos proporcionaran 30,000 pesos mensuales. Con esa cantidad, más el auxilio que logramos con Fausto Cantú Peña (director del Instituto mexicano del café) el PST pudo sostener su actividad durante un largo periodo".

La eminente presencia de Ortega y Graco Ramírez a la cabeza del PST se evidenció en la composición de la primera bancada legislativa de ese partido, que obtuvo su registro condicionado para participar en la elección de 1979. De modo que el debut parlamentario de ambos se produjo en el seno de un partido con cuyo dirigente principal romperían en 1987, lance a partir del cual se integraron al Partido Mexicano Socialista y por esa vía resultaron fundadores del PRD, a cuyo liderazgo ha aspirado Ortega repetidamente. Lo intentó en 1996 pero antes del proceso electoral pactó una alianza con Andrés Manuel López Obrador, de quien fue candidato a secretario general. Contendió con Amalia García en el anulado proceso de 1999 y con Rosario Robles en 2002.

Acaso los diversos orígenes y prácticas explican la diferente reacción de los Chuchos ante el resultado electoral. Zambrano se ha rendido a la evidencia de que su candidatura fue batida por la de Barrales en proporción superior a dos por uno. En cambio, Ortega litiga la conclusión de un cómputo que incluya contar votos surgidos de casillas ¡que no se instalaron!, y cuya suma le ofrece ventaja sobre Encinas.

Un caso paradigmático, no único, pero sí el peor quizá, ocurre en Chiapas, donde se previó instalar 249 casillas. Es claro, porque está documentado desde el 16 de marzo mismo, que al menos 28 de ellas no se instalaron. Pero, en un caso que debe resolver no sólo una investigación política sino quizá una cavilación metafísica, de esas casillas, que por no haberse instalado no existieron, surgieron actas y votos: ¡de la nada brotaron sufragios, la mayor parte a favor de Ortega según sus propias copias de actas!

Ortega venció en Chiapas a Encinas con una diferencia abrumadora, una desproporción aun mayor que la observada en el Distrito Federal en sentido contrario, si bien la vertiente local de la elección capitalina no ha sido objetada. Ortega obtuvo en las lejanías chiapanecas 49 mil 546 votos contra sólo 3 mil 857 para Encinas. A ese resultado contribuyeron los sospechosos votos de casillas no instaladas, en que se produjeron diferencias análogas a las del total: 832 contra 40; 265 contra 15; 251 a 4; 988 a 0; 926 a 31, etcétera.

Encinas planteó que resultados como ésos, o los registrados en casillas donde hubo más de mil votantes, no se consideran en el cómputo nacional pues su rotunda inexistencia haría ridícula su anulación (¿cómo invalidar la nada?). No fue escaso el número de esas casillas ubérrimas, o prodigiosas, a las que acudieron más de mil votantes, que al hacerlo dieron ejemplo de velocidad pues sufragaron uno cada 36 segundos (o, más admirablemente, cada seis, si se considera que se realizaban seis elecciones simultáneamente). En promedio, en las entidades donde no se objetó la elección, votaron 265 militantes, mientras que en Chiapas la media fue del doble: 540, dos veces también el promedio de la elección estatal de 2006.

Cajón de Sastre

Después de un nuevo desencuentro con la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, que le demandó reanudar el cómputo interrumpido pero no resolvió la consulta que para hacerlo con eficacia le solicitó la Comisión Técnica Electoral, ésta se desmanteló ayer, con la renuncia de Arturo Núñez y Edmundo Cancino. Hace dos semanas había dimitido Graciela Sánchez Mota, la tercera integrante de ese órgano que pudo, sin embargo, seguir funcionando un corto trecho antes de declarar concluido el cómputo nacional con las cuentas completas de 23 entidades. Con la renuncia de los comisionados electorales -que hicieron cuanto estuvo a su alcance para cumplir su peliaguda encomienda- el proceso queda en manos de la Comisión de Garantías, también picada por un germen de división.

miguelangel@granadoschapa.com

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En Bucareli, un secretario ilegal

Si consta que la señora madre del nuevo secretario de Gobernación se naturalizó mexicana antes del 1o. de agosto de 1971, en que nació en Madrid Juan Camilo Mouriño, téngase por no dicho lo que aquí se dice sobre la nacionalidad del número dos del gobierno

Miguel Ángel Granados Chapa

Pareció que un mínimo rubor había condicionado el cargo recibido por Juan Camilo Mouriño de su amigo Felipe Calderón el 4 de diciembre de 2006: se le hizo jefe de la Oficina de la Presidencia y se le dotó de mayor poder que a los secretarios de Estado porque no podía ser uno de ellos, ya que no es mexicano por nacimiento. Y sin embargo, al asumir ayer la Secretaría de Gobernación, pasando por alto ese impedimento, Calderón y Mouriño infringen la ley, por más que el funcionario nacido en Madrid haya buscado tender una cortina de humo sobre su origen.

Mouriño nació en Madrid el 1o. de agosto de 1971, hijo de Carlos Mouriño y María de los Ángeles Terrazo Blanco, ambos naturales de Galicia. Ella nació en Avión, el mismo pueblo de donde son originarios los Vázquez Raña. Sin embargo, fue presentada por su ahora muy conocido hijo menor como mexicana, al optar por la nacionalidad del país al que llegó a los 7 años de edad. El 2 de octubre de 1989 Mouriño obtuvo el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento por ser "hijo de madre mexicana". Para efecto de su registro como candidato a diputado federal, Mouriño hizo certificar notarialmente ese documento, el 7 de abril de 1997. Ni ante la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ante la autoridad electoral mostró el certificado de naturalización de su señora madre, si lo hay, indispensable para saber si fue expedido cuando la familia residía en España o si fue obtenido tras llegar a México en 1978.

La opción que hizo Mouriño en 1989, dos meses después de cumplir 18 años de edad, no fue óbice para que se ostentara como súbdito español. El diario campechano El Sur mostró que en agosto de 1996 Mouriño ingresó a territorio mexicano mediante el pasaporte 8800581 expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través de su consulado en Miami, y obtenido en la época en que el ahora secretario de Gobernación estudiaba en la Universidad de Tampa.

Se diría que la actual redacción del artículo 30 de la Constitución valida el status jurídico de Mouriño para ingresar en el gabinete formal. La fracción III de ese precepto extiende la condición de mexicanos por nacimiento (requisito para ser secretario de Estado, según el artículo 91 de la propia carta constitucional) a los hijos de padres mexicanos por naturalización, o de padre o madre en esa circunstancia. Pero el texto data apenas del 20 de marzo de 1997, y por lo tanto no es aplicable a quienes nacieron en fecha anterior. Al decidir obtener la nacionalidad mexicana en 1989 Mouriño partió del supuesto de que no la tenía.

A mayor abundamiento, el artículo 32, reformado también hace 11 años, establece que "el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad". La portación de un pasaporte español mostró que en su momento, si no es que actualmente aún, Mouriño había adquirido otra nacionalidad, lo que también lo inhabilita para el cargo.

Es probable, en consecuencia, que la actuación del nuevo huésped principal del ministerio de Bucareli esté afectada por la ilegalidad, por una suerte de incompetencia de origen. El refrendo que el nuevo titular de Gobernación otorgue a los decretos presidenciales, y cada uno de los actos que realice a partir de ayer miércoles puede ser impugnado porque no satisface uno de los requisitos constitucionales para ser secretario de Estado.

Al designarlo no obstante esa fragilidad jurídica, y convertirse con él en infractor de la Constitución, Calderón ha mostrado que las proclamas cotidianas por el Estado de derecho son mera palabrería. Mostró también que por encima de la ley está su interés en que la política interior, deficientemente gestionada por el secretario depuesto, quede a cargo de su mano derecha, la persona de mayor confianza entre quienes lo rodean.

Al retirarse contra su voluntad de Bucareli, el ex gobernador de Jalisco Francisco Ramírez Acuña no se ahorró recordar a quien lo nombró y ahora lo despide la antigüedad de su apoyo a su aspiración presidencial. En efecto, en mayo de 2004 el ahora político en desgracia presentó al entonces secretario de Energía -que lo fue sólo por 48 horas más después de aquel lance- como su candidato a la Presidencia de la República, en un rumboso mitin efectuado en el rancho de Abraham González, que seguramente a esta hora habrá dejado de ser subsecretario de Gobernación.

En aquel momento, Mouriño era subsecretario de Electricidad en el ministerio que Calderón encabezó por sólo unos meses. Se aducía entonces como razón para que ejerciera ese cargo su experiencia legislativa. En efecto, como diputado en la LVIII Legislatura, había encabezado la Comisión de Energéticos pero no hay en esos años registro de alguna iniciativa o dictamen que mostrara las capacidades del legislador en esa materia. Más bien se le había asignado ese cargo por la presencia de su familia en el mercado de combustibles en la península de Yucatán, donde el Grupo Energético del Sureste, fundado por Carlos Mouriño Atanés, pionero de la reconquista española de la economía mexicana, era ya una presencia dominante.

El tránsito de Mouriño a un cargo en el gabinete tiene un ángulo positivo. Como secretario de Gobernación ejercerá atribuciones sobre las que rendirá cuentas, a diferencia del privilegio que lo acompañaba como virtual vicepresidente de la República.

Cajón de Sastre

Han aparecido los primeros cinco volúmenes del proyecto Viajes al siglo XIX. La Fundación para las Letras Mexicanas (cuyo consejo directivo está formado por los empresarios Bernardo Quintana, Manuel Arango, Alberto Baillères y Fernando Senderos) encabezada por Miguel Limón Rojas, ex secretario de Educación Pública, lanzó esta iniciativa concretada por el Instituto de Investigaciones Filológicas y publicada por el Fondo de Cultura Económica. Con la asesoría de José Emilio Pacheco y Vicente Quitarte, la doctora Edith Negrín fue la coordinadora académica de esta serie integrada por antologías de la obra de Ignacio Manuel Altamirano (Para leer la patria diamantina), José Tomás de Cuéllar (Los tiempos de la desenfrenada democracia), José Joaquín Fernández de Lizardi (El laberinto de la utopía), Laura Méndez de Cuenca (Impresiones de una mujer a solas) y Amado Nervo (El libro que la vida no me dejó escribir). En cada caso se presenta una semblanza del escritor, una selección de sus textos, una cronología y ensayos críticos sobre la obra.

Reforma
17/01/2008

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Opinión - Miguel Angel Granados Chapa

PLAZA PÚBLICA

Catedral cerrada, doble provocación

Mural

Al cerrar la Catedral Metropolitana, la arquidiócesis de México afectó antes que nadie a su propia feligresía. Así se infiere de la definición de iglesia contenida en el canon 1214 del Código respectivo, que además de su apreciación material señala su razón de ser: "Por iglesia se entiende un edificio sagrado destinado al culto divino al que los fieles tienen derecho a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino". Y el canon 1221 refuerza esta idea al establecer que "la entrada a la iglesia debe ser libre y gratuita". Durante esta semana la Iglesia infringió esas normas.

Aunque se anunció ya la reapertura del principal templo de la Ciudad de México, quizá para hoy jueves y con seguridad para ofrecer a tiempo los servicios dominicales, eso no priva a la decisión del Consejo Episcopal de la Arquidiócesis de México del carácter de una segunda provocación, luego de la inicial tomada por quien ordenó el repique de las campanas catedralicias fuera de toda norma mientras una multitud se reunía en el Zócalo. El padre José de Jesús Aguilar explicó anteanoche a Joaquín López Dóriga que las campanas doblan durante tres periodos de 10 minutos cada uno, a las once treinta, once cuarenta y cinco y doce. Pero no explicó que eso es propio de los días de fiesta y el 18 de noviembre no lo es en el ritual católico. Debió aclararlo porque esa especificación consta en el Manual de Procedimientos para Campanario del propio Aguilar. Por lo demás, no es verdad que a las once treinta hubiera comenzado un repique de tal naturaleza.

Nadie en su sano juicio puede cohonestar la reacción de quienes, asistentes o no a la tercera asamblea de la Convención Nacional Democrática, entraron por la fuerza a la Catedral y causaron temor y molestia a quienes se hallaban en su interior. Ya antes, con motivo de reiteradas agresiones de este género, me he permitido señalar que más aún que el cardenal Norberto Rivera Carrera, o tanto como él, los fieles que acuden a la liturgia dominical deben ser respetados porque ejercen una libertad conectada a lo más profundo y elevado de su espíritu. De modo que no ha de disminuirse la gravedad del asalto ni dejar de exigirse a los responsables de la organización, partidaria o civil, del mitin del domingo, no sólo un deslinde sino una condena a prácticas que redondean la provocación sonora que partió del campanario.

Es más grave, sin embargo, que en una evidente desproporción la autoridad arzobispal dispusiera cerrar la Catedral como si un ataque aun de mayores dimensiones fuera esperable durante el asueto del lunes o en los siguientes días de la semana. El que se recordara que en 1926 se ordenó una clausura semejante permite medir a cabalidad la exageración de la medida. El 25 de julio de aquel año el Episcopado Mexicano emitió una carta pastoral en que se anunció la suspensión del culto público a partir del 31 siguiente, en que los templos quedarían al cuidado de los vecinos para que el público pudiera acudir a ellos sin la presencia sacerdotal. La decisión de los obispos se inscribía en un clima de tensión creciente, suscitado por la emisión de leyes y disposiciones reglamentarias del artículo 130 de la Constitución que constreñían la libertad religiosa.

La Secretaría de Gobernación dispuso que los ayuntamientos y no los vecinos recibieran los templos y, en la Catedral y el templo del Sagrario se procedió así el 31 de julio. No se realizó el inventario ordenado por la circular oficial, pero fueron selladas las puertas y el mobiliario para evitar un uso impropio de bienes nacionales afectos a una instalación religiosa. Entonces la Iglesia Católica tenía que vérselas con un gobierno hostil. Ni pensar en que, como ocurrió en los días siguientes, se buscara desde la administración capitalina un arreglo basado en seguridades a que tiene derecho la feligresía y todos cuantos busquen entrar en ese templo magno.

El uso propagandístico del inadmisible episodio dominical, en el que irresponsablemente se solaza la arquidiócesis, recuerda la legendaria Batalla del Jueves Santo del 9 de abril de 1856 en cuyo centro se colocó al gobernador del DF, Juan José Baz. Para afirmar el patronato que el Estado tenía sobre la Iglesia, el jacobino tapatío acudió a la Catedral a recibir la llave del sagrario que él debía conservar hasta el Sábado de gloria. Pero un canónigo anunció al gobernador que por orden del arzobispo Lázaro de la Garza no sería recibido. Era una insolente respuesta a la emisión de las primeras leyes de reforma, cuyo desacato fue castigado en esa oportunidad con el arresto de varios sacerdotes. Ignacio Aguilar y Marocho, un periodista y poeta conservador, imaginó al gobernador jinete dentro del templo y le dedicó estas décimas satíricas:

"En este sistema ruin/ en que no impera la ley/ ¿qué es Comonfort? Es el rey./ ¿Y Juan Baz? Es el delfín", a quien el decimista llama Duque del Jueves Santo y al que se dirige sarcástico:

"De tu casa en el blasón/ es bueno que se registre/ con escudo, lanza en ristre/ manopla y yelmo un campeón/ que al correr de su trotón/ entre aplauso general/ lleno de furia infernal/ se vea con estudio y arte/ pasando de parte a parte/ a la iglesia Catedral./ Moribundas dos navetas,/ desangrándose un telliz,/ manca una sobrepelliz,/ una estola con muletas,/ un alba huyendo en chancletas,/ prisioneros dos manteos,/ dispersos seis solideos,/ contuso un bonete adulto/ y un misal pidiendo indulto:/ esos serán tus trofeos".

Cajón de Sastre

Es bien conocida la vulnerabilidad de los ciudadanos en general en Sonora, donde hace más de 30 meses desapareció el reportero Alfredo Jiménez, aparentemente secuestrado por agentes policiacos sin que, tal vez por ese motivo, se tenga noticia de su paradero. Tan generalizada es la precariedad de la ley allí, que el lunes pasado el domicilio de Lázaro González Cruz, jefe de la escolta del gobernador Eduardo Bours, fue cateado por agentes judiciales federales, provistos de una orden judicial expedida en una investigación por narcomenudeo. No hallaron nada y sus jefes han pedido disculpas, lo que no impidió que Bours sospeche que es un amago dirigido a su entorno y a él en lo personal, porque ha notificado a la PGR que el jefe regional de la Agencia Federal de Investigación, Lorenzo Castrejón Tavira, posee varias propiedades además de vehículos de modelo reciente. Por eso contentaría al gobernador que la AFI se fuera de Sonora, como resultó con jefes de la Policía Federal Preventiva a los que denunció en mayo.

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Opinión - Miguel Angel Granados Chapa

Fraude... atrévete a ver la verdad

Plaza Pública

Hoy se estrena en las cadenas de cine comercial la película de Luis Mandoki titulado “Fraude: México 2006”, que narra el prolongado y a la postre exitoso esfuerzo por evitar que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente de la república. Su publicidad propone el desafío a que se refiere el título de esta columna: “Atrévete a ver la verdad”.

Mandoki ha sido un triunfador en la industria cinematográfica. Su primera obra, realizada mientras estudiaba cine en Londres, fue premiada en Cannes en el rubro de cortometrajes, en 1976.

De vuelta a México, en 1980 su película “El secreto” obtuvo el Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Luego emprendió una cinta sobre Gaby Brimmer, una joven afectada por la parálisis cerebral desde su nacimiento, que sólo podía expresarse trazando letras con el pulgar de su pie izquierdo.

La historia, abordada también en la literatura por Elena Poniatowska, llevó a Mandoki al cine de Hollywood, donde permaneció 15 años. La película de su debut estuvo en las ternas del Óscar de 1987 y de los Globos de Oro. Desde el sitio que ganó en la sede de la más notoria cinematografía, Mandoki dirigió a estrellas como Susan Sarandon, Paul Newman, Meg Ryan, Kevin Costner, Kevin Bacon y Jennifer López.

Precedido por esa fama volvió a México para hacer “Voces inocentes”, una intensa narración sobre los niños protagonistas y víctimas de la guerra en El Salvador, que obtuvo el Oso de Cristal en el festival de Berlín y el premio Stanley Kramer. Igualmente, Mandoki fue galardonado como el mejor director de 2005 por la Cámara de la Industria Cinematográfica.

Cuando concluía “Voces inocentes”, Mandoki percibió con interés el encono con que se perseguía a López Obrador, al grado de pretender (y lograr) su desafuero. Se acercó entonces al jefe de Gobierno y entablaron desde entonces una relación de confianza que se concretó, en el arte de Mandoki, en una serie de documentales bajo el título común de “¿Quién es el señor López?”, cuyo propósito al contestar esa pregunta era combatir las mil mentiras que se esparcían por doquier respecto a la personalidad y los objetivos del político tabasqueño. Fue un éxito de comunicación política, pues se imprimieron y vendieron 2.000,000 de ejemplares en DVD, que fueron vistos por un número todavía mayor de personas.

Mandoki siguió la campaña electoral de forma puntual, y a efecto de obtener una visión lo más amplia posible de la jornada electoral y los cómputos distritales, el cineasta laureado instó a ciudadanos a que provistos con sencillas cámaras de vídeo atestiguaran lo que ocurriera entonces.

El resultado de una buena parte de esos logrados empeños es uno de los pasajes más elocuentes del documental concebido y armado por Mandoki, pues evidencia contra todo desmentido el afán de funcionarios del IFE y representantes de Acción Nacional por evitar que se cumpliera la ley y se abrieran los paquetes electorales allí donde se apreciaban errores notorios en la confección de las actas, en cuya manipulación consistió buena parte del fraude que dio título al documental. Se integraron al mismo, igualmente, escenas de información real difundida por la televisión.

Si bien el desarrollo de la historia está marcado por la narración que hizo López Obrador a Mandoki, es la gente quien protagoniza la cinta. La presencia popular es dominante en las varias fases del combate contra López Obrador, ya sea durante las marchas y concentraciones multitudinarias en el Zócalo, como en los momentos iniciales de la resistencia civil.

Con razón, al ver a esas personas tristes por el desenlace, pero al mismo tiempo resueltas a no dejarse dominar por decisiones tramposas, López Obrador se niega a inducir una respuesta violenta, pues como dirigente político, según dice ante la cámara, no tiene derecho a poner en riesgo la vida de las personas. Reflexivo enemigo de la violencia, López Obrador razona su opción por la vía pacífica.

Para la realización de la cinta, Mandoki integró con Federico Arreola la compañía “Contraelviento films, S. A.”, que con aportaciones de ambos y de mucha gente concluyeron el documental hace algunas semanas. Cuando estaba en su fase final, el director en México de Warner Bros, Juan Manuel Borbolla, interesado en que Mandoki retomara el megáfono para una cinta comercial, se interesó también en distribuir el documental que ya se llamaba tal como hoy se le verá en la cartelera: “Fraude: México 2006”.

Hasta anticipó a los productores 2.000,000 de pesos, 10% de la cantidad que esperaba recaudar. Pero cuando se vio aparecer en la pantalla a los jefes superiores de Televisa, Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, Borbolla se atuvo al criterio de Fernando Pérez Gavilán, director de Videocine, la filial del consorcio en ese ramo, y canceló su compromiso de hacer ver la película al público mexicano.

Otros distribuidores, en cambio, percibieron el potencial del trabajo de Mandoki sus colaboradores inmediatos y la cauda de ciudadanos que aportaron sus imágenes y resolvieron difundir la cinta por medio de los consorcios de la exhibición, para lo cual grabaron 200 copias que podrán ser vistas a partir de hoy en toda la República. Quienes la vean lo harán con provecho, cualquiera que sea su posición ante López Obrador o ante el fraude. Será especialmente importante para quienes, a lo largo del último año han descreído, en número creciente según encuestas, de la pureza del proceso electoral y de su resultado.— México, D.F.

miguelangel@granadoschapa.com

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Suspensión de Monitor vulnera el derecho a la libre expresión: Granados Chapa

Carolina Gómez y AFP

11/07/2007 18:00

México, DF. La salida del aire de Radio Monitor es más mucho más que un pleito entre particulares, aseguraron los participantes en el foro sobre libertad de expresión realizado en el Club de Periodistas; la suspensión de transmisiones de ese noticiero vulnera un derecho constitucional; el relativo a la libertad de expresión.

En dicho foro, el ex senador Javier Corral, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y trabajadores de dicha emisora expusieron que “este crimen” no debe quedar impune y confiaron en que pronto “esta voz que fue acallada retome los micrófonos”.

En tanto, aproximadamente 200 ciudadanos radioescuchas y trabajadores de Monitor marcharon este miércoles del Angel de la Independencia hacia la residencia oficial de Los Pinos para denunciar censura del gobierno federal.

Durante la marcha los manifestantes calificaron de "hipócritas" al presidente Felipe Calderón y a su antecesor Vicente Fox por defender en el discurso la libertad de prensa y no en los hechos. Durante el recorrido también se enscucharon consignas como "¡Es un honor estar con Monitor!".

El informativo, encabezado por el periodista José Gutiérrez, fue durante años el de mayor audiencia hasta su salida, hace unos meses, de la frecuencia modulada para seguir transmitiendo sólo por amplitud modulada.

Los trabajadores de Monitor, 100 de ellos afiliados al Sindicato de la Industria de la Radio y la Televisión y 250 empleados de confianza, no han recibido su salario en cinco quincenas.

Además del presunto "boicot económico", Monitor tiene un litigio legal desde hace más de seis años con la empresa Radio Centro por incumplimiento de contrato, lo que ha significado también una considerable pérdida de ingresos para Monitor.

En tanto, el abogado Javier Quijano dio a conocer que será a fines de agosto o a más tardar a principios de septiembre cuando el 13 tribunal colegiado en materia civil determine si es válida o no la nulidad del laudo arbitral que le otorgó la razón a José Gutiérrez Vivó y ordenó pagar a Radio Centro 25 millones de dólares por incumplimiento de contrato.

Opinión - Miguel Angel Granados Chapa

Plaza Publica

Radio Monitor

Reforma - 6 Jul. 07

Las causas de la insolvencia económica que puso fin a las transmisiones del servicio animado por José Gutiérrez Vivó fueron el incumplimiento del Grupo Radio Centro, deudor millonario en dólares, y el activismo faccioso del presidente Fox, que disuadía a los anunciantes

Tras una resistencia que duró cuarenta meses, hace una semana quedó silenciado Radio Monitor. Con efecto tardío, lo hundió un torpedo lanzado en su contra por Grupo Radio Centro (GRC) el 3 de marzo de 2004. A sus estragos se añadieron el activismo directo del presidente Fox promoviendo un boicot de anunciantes, y la justicia demorada que, como se sabe, es justicia denegada. Si bien el cierre de una emisión informativa que estuvo más de 33 años al aire ha suscitado reacciones y movilizaciones diversas, todo el proceso previo de desgaste ha sido atestiguado con una impasibilidad que por desgracia es muestra de un cinismo social que condona toda suerte de infracciones, incluso las que rayan en la delincuencia.

La causa eficiente del infortunio de Radio Monitor es la negativa de GRC a acatar un laudo que la obligó a pagar más de 21 millones de dólares. En vez de cumplir un acuerdo basado en la probidad, pues el arbitraje descansa en la buena fe y la solvencia moral de los que lo pactan, la empresa de la familia Aguirre Gómez asestó a su acreedor un golpe de múltiples consecuencias. Cuando en 1998 Grupo Radio Centro adquirió las concesiones de AM y FM de Radio Red, suscribió un contrato de prestación de servicios informativos con Infored, propiedad de José Gutiérrez Vivó, que se concretaba en la transmisión de las varias ediciones de Monitor. En 2002 ambas partes denunciaron el contrato y comenzaron, tal como habían convenido si llegaban a una diferencia extrema, un juicio de arbitraje que se desarrolló durante casi dos años. En ese lapso, no obstante la situación litigiosa que las distanciaba, las partes mantuvieron la situación acordada: Monitor se transmitía por las dos frecuencias de Radio Red, propiedad de GRC.

En enero de 2004 el panel de tres árbitros emitió el laudo que resolvía la controversia planteada por las dos partes. El fallo favoreció a Infored, que esperó en vano durante las semanas siguientes el acatamiento de la resolución, pues para eso las empresas prefieren la justicia privada, arbitral, para que sin incidentes de ejecución se cumpla lo determinado por los árbitros, dos de los cuales representan a las partes, siendo el tercero escogido por los anteriores. El 3 de marzo, súbitamente, sin aviso, con agravio a los oyentes que como lo habían hecho por décadas escuchaban Monitor, el Grupo Radio Centro invadió los canales que, siendo ciertamente de su propiedad estaban usados legítimamente por su contraparte, y dejó en silencio a Monitor. Después de minutos de estupor, los emisores colocaron su señal en dos estaciones de Amplitud Modulada cuya concesión corresponde a Infored (pues habían sido parte del pago fijado en 1998). Horas antes, al concluir una entrevista de Gutiérrez Vivó con Andrés Manuel López Obrador éste había explicitado su decisión de ser candidato presidencial.

Con esa sola operación, ante la cual los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sólo se alzaron de hombros, Radio Centro infirió de inmediato daños y perjuicios a Infored. La dejó fuera del mercado de Frecuencia Modulada, que es al que tienden anunciantes y escuchas (aunque no deja de haber sólo prejuicio respecto de la atención que sigue prestándose a las emisoras de AM) y sólo después de un tiempo el público de Monitor localizó en las nuevas frecuencias la información que deseaba escuchar. Infored se vio en el caso de alquilar una frecuencia de FM, cuya renta no pudo cubrir debido al boicot publicitario sugerido desde Los Pinos, y de la cual salió el último día de noviembre pasado.

Grupo Radio Centro, contraviniendo la esencia del arbitraje y poniendo en riesgo la credibilidad de México en la comunidad internacional de negocios, donde se acude de más en más a la justicia privada, demandó ante la justicia estatal anular el laudo arbitral. Consiguió que en noviembre de 2004 un juez civil del Distrito Federal incurriera en el despropósito de invalidar dicha sentencia. Lo hizo sobre bases tan frágiles que tan pronto Infored acudió al juicio de amparo obtuvo en mayo de 2005 la protección de la justicia federal, lo que significada dejar sin efectos la anulación del laudo. Las partes acudieron a la revisión, de que correspondió conocer al décimo tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito. El 8 de junio del año pasado, en ausencia de la magistrada presidenta y mediante la habilitación de un secretario de acuerdos, ese tribunal revocó por mayoría el amparo, lo que Radio Centro proclamó como el final de la contienda y la consagración de su abuso como deudor que rehúsa cumplir sus compromisos. Una inteligente promoción del abogado Javier Quijano consiguió, sin embargo, que la Suprema Corte de Justicia de la nación aceptara un excepcional recurso de revisión constitucional, por lo que el 30 de enero pasado el caso fue devuelto al décimo tercer tribunal colegiado que lo tiene entre sus pendientes a pesar de los cinco meses transcurridos desde entonces.

Mientras tanto, el presidente Fox disuadía a interlocutores a los que buscaba ex profeso, de anunciarse en Monitor. Generó el infundio de que Gutiérrez Vivó era propagandista de López Obrador, sólo porque lo entrevistaba cada tres meses, como había hecho siempre con los jefes de Gobierno. Al iniciarse la nueva administración, un vocero de la misma dijo a Gutiérrez Vivó que verían si "se portaba bien" para mudar aquella actitud o mantenerla. Por lo visto el comunicador no pasó la prueba.



Cajón de Sastre

Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Frida Kahlo, figura señera en la historia mexicana, como mujer libre y combativa y como pintora cuyo mérito no tardó en ser reconocido aunque no en la medida ni con la frivolidad con que ha impregnado a su persona y su arte la explosiva fridomanía. Fue joven amante de Alejandro Gómez Arias y luego amó intensamente sin estar atada ni atar a Diego Rivera, y se abrió paso en las artes plásticas por su propio mérito, sin depender del nombre y el prestigio del esposo influyente. Sometida al sufrimiento físico desde la niñez, cuando la asaltó la poliomielitis, y víctima después de un destructor accidente de tránsito, de sus fragilidades y severas dolencias extrajo fortalezas que la llevaron a aparentes excentricidades como hacerse transportar a una exposición suya trascendente, sin abandonar su propio lecho del dolor, pues no quería dejar de disfrutar el reconocimiento que su búsqueda y sus logros le merecieron. Fue asimismo mujer de claras y firmes convicciones políticas.

Correo electrónico:miguelangel@granadoschapa.com

El extraño caso de Zhenli Ye Gon

PLAZA PÚBLICA

Miguel Ángel Granados Chapa

4 Jul. 07 - reforma

Ya era complicado e insólito el caso de un empresario que acumula en su casa 205 millones de dólares en billetes y huye al ser localizada esa fortuna. Ahora la situación se enreda más todavía pues el prófugo de la justicia señala que ese dinero era del Partido Acción Nacional

Ya era extrañísimo el extraño caso de Zhenli Ye Gon. Y desde el domingo se ha vuelto más que superlativamente extraño. Es una complicada trama en que al partido en el gobierno se le involucra en lavado de millonarias sumas de dinero en dólares y un secretario de Estado no mencionado por su nombre se pone el saco y sale a responder el señalamiento de que obligó a un empresario dedicado a actividades lícitas a guardar millones de dólares, el año pasado, destinado a la campaña de Felipe Calderón.

El domingo pasado la Procuraduría General de la República dio a conocer la presentación de una extraña carta del abogado en Estados Unidos del empresario prófugo, destinada "a buscar un arreglo que beneficie a su cliente". El documento insinúa, dice la PGR, que el dinero hallado en su casa en marzo pasado "había sido eventualmente destinado a la pasada campaña del Partido Acción Nacional".

Como se recuerda, porque el asunto es inolvidable, el 15 de marzo fue hallada en un domicilio de las Lomas de Chapultepec una suma inmensa en billetes cuidadosamente empacados: 205 millones de dólares y sumas menores de euros y pesos. La PGR difundió fotografías que permitieron saber que no eran 150 mil pesos los hallados sino 17 millones. Pero eso, siendo importante, era lo de menos. Lo de más es que en apariencia la enorme fortuna provenía del narcotráfico: a través de su empresa, legalmente establecida, Zhenli Ye Gon importaba precursores químicos que eran vendidos a productores de anfetaminas, una droga ilegal. El empresario no fue detenido, pero sí quienes fueron reputados como sus cómplices, incluida su esposa y cuñado, que están siendo procesados a partir del 23 de junio.

En la siguiente semana el abogado del prófugo de la justicia presentó una propuesta de negociación, supongo que dentro de la cultura jurídica norteamericana de lograr un deal entre la acusación y la defensa. La promoción disgustó a la Procuraduría mexicana que la calificó de "inescrupulosa" destinada "inútilmente a chantajear al gobierno de México con afirmaciones absurdas e inverosímiles". Carente de lógica, el relato de Zhenli Ye Gon puede parecer fantasioso. Pero eso puede decirlo cualquier persona, no la autoridad ministerial encargada de perseguir los delitos, cuando quien lo formula es un presunto delincuente. En vez de decir que atribuir el dinero al PAN "es una afirmación no sólo falsa, sino ridícula", la PGR tendría la obligación de urgir la captura del empresario, que se presume está en México, para indagar su dicho y concluir si es verdadero o falso. Pero la PGR se apresuró a desmentir expresiones no dichas. Se habló del PAN, no del gobierno de la República, por lo que carece de sentido afirmar que ese gobierno "que nada tiene que ocultar ni temer al respecto, rechazó de inmediato y de manera enérgica dicho intento de chantaje perverso".

Igual apresuramiento y error cometió el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Una persona llamada Javier Alarcón fue citada por Zhenli Ye Gon y por lo tanto el neoneopanista -apenas la semana pasada se afilió al partido- pudo legítimamente rechazar las interpretaciones que lo involucran, ya que no es el suyo sino otro nombre el implicado. Pero emitió un comunicado de prensa como si se le involucrara y dio varias entrevistas de prensa en igual sentido. Se mostró irritadísimo ante "acusaciones... falsas, absurdas, inverosímiles, tramposas y perversas". Tanto él personalmente, como el gobierno según dijo la PGR, se reservaron "el derecho de acudir a los tribunales de México y de Estados Unidos de América para denunciar al señor Zhenli Ye Gon y a sus abogados por las aseveraciones difamatorias y calumniosas que le fueron dolosamente imputadas".

Aguzado su sentido de la oportunidad periodística ante la emisión del comunicado de la PGR, la agencia The Associated Press, AP, difundió una entrevista de televisión realizada en Nueva York el 17 de mayo con el propio Zhenli Ye Gon, y que estaba embargada en espera de concluir una investigación más amplia sobre el tema. Aunque su mal español podría prestarse a interpretaciones, es inequívoco que el empresario relata la presión ejercida sobre él por "Javier Alarcón" para obligarlo a guardar millonarias sumas de dinero.

Rogelio de la Garza -abogado en México de Zhenli Ye Gon, que lo fue también de Vicente Carrillo Fuentes y de otros presuntos narcotraficantes eminentes- apareció en la escena con versiones extrañas sobre su cliente y su abogado en Estados Unidos. Acaso porque estorba su estrategia local, asegura que la propuesta de Ning Ye a la representación mexicana en Washington fue hecha sin anuencia ni conocimiento del empresario, y que no necesariamente dice lo que aparece diciendo a AP. Asegura que Zhenli Ye Gon habría preferido hablar en inglés y no en español, que mal utiliza. Y ofreció una información relevante que debimos conocer no por su boca sino por el gobierno mexicano: los 205 millones de dólares fueron enviados al Bank of America, en Estados Unidos, siendo que están bajo el régimen de bienes asegurados y oficialmente se les trasladó a la sede principal del Banco Nacional del Ejército y la Armada. El Servicio de Administración y Enajenación de bienes (SAE) supone que están en la reserva federal norteamericana, lo que de ser cierto es un nuevo factor extraño, extrañísimo en el extraño caso del señor Zhenli Ye Gon, extrañamente prófugo siendo que una agencia periodística es capaz de hallarlo.



Cajón de Sastre

Terco en introducir un régimen de economía de mercado en el campo mexicano, aun en cultivos como el de la caña de azúcar que se realiza con resabios feudales, el presidente Fox sigue mostrando, siete meses después de haberse marchado, que su terquedad ha sido y es gravosa para el país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación está discutiendo una acción de inconstitucionalidad emprendida por la Procuraduría General de la República en septiembre de 2005 para frenar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Impulsada por los legisladores cañeros, esa ley iba a ser vetada por Fox, pero lo impidieron numerosas marchas de cultivadores del dulce. Ante la presión, Fox publicó la ley el 22 de agosto de aquel año, en el entendido de que serían reformados posteriormente los pasajes que le incomodaban. Como los legisladores cañeros no cumplieron su palabra, Fox pidió a la PGR iniciar esta acción de inconstitucionalidad que busca impedir la fijación del precio de la caña, pues se le supone contrario a la Constitución.


Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Opinión - Miguel Angel Granados Chapa

¿Qué pasa en la CNDH?

Reforma

En el dictamen resultante de la exhumación del cadáver de la señora Ernestina Ascensio Rosario figuran datos contrarios a la conclusión que difundió el ombudsman, que parece empeñado sólo en exonerar a presuntos atacantes pertenecientes al Ejército

Conocidos ayer por el público a través del programa de Carmen Aristegui en XEW, los dictámenes sobre la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario (emitidos tras la primera necropsia el 26 de febrero, y tras la exhumación practicada el 9 de marzo) revelan sin lugar a duda que la Comisión Nacional de Derechos Humanos carece de bases para negar que la víctima fue violada y para afirmar que falleció por razones médicas. Al contrario, del segundo de esos documentos, solicitado por la CNDH para remediar omisiones e insuficiencias del primero se desprende que la cabeza de la señora Ernestina muestra "equimosis por contusión"; que en la región perianal se observan "múltiples zonas equimóticas" y "desgarros recientes"; que la causa de la muerte fue "mecánica" y que la anemia fue "debida a sangrado de tubo digestivo alto, como consecuencia de un esfuerzo".

Como si hubiera conocido un dictamen diferente, la CNDH en su comunicado 46 del jueves pasado negó que la causa de la muerte haya sido un traumatismo craneoencefálico (sin preguntarse por el origen de la equimosis por contusión en la cabeza); "descartó... la existencia de una perforación rectal", y determinó que la víctima murió por "causas de origen médico" y no mecánico como lo dice con sus letras el dictamen en que la oficina del ombudsman dice haberse basado.

Aun si se tratara sólo de una pésima lectura del dictamen realizado a petición suya, la CNDH habría incurrido en una descomunal irresponsabilidad. Pero podría tratarse de algo mucho peor que la ineptitud, de una conducta orientada a exonerar a miembros del Ejército que presuntamente atacaron a la víctima y al ultrajarla le provocaron la muerte. Es imposible, sin embargo, distorsionar los hechos en el sentido buscado por la Comisión, porque hay y son contundentes expresiones oficiales en sentido contrario. Por ejemplo, es insostenible negar, como lo han hecho el propio presidente de la República y el de la CNDH, que hubo violación. De no haberla, ¿cómo es que se halló en el cuerpo de la víctima líquido seminal?

De ese hallazgo informó la Secretaría de la Defensa Nacional, que el 6 de marzo, en su comunicado 19 (el que permanece vigente pues la Sedena emitió con el mismo número dos boletines, el primero de los cuales pidió retirar) hizo saber que "peritos especialistas llevan a cabo el dictamen pericial en materia forense, consistente en comparar el líquido seminal recogido del cuerpo de la hoy occisa, con muestras de sangre que se tomen del personal militar". Al día siguiente, en el comunicado 20 se insiste en el tema, diciendo que esas muestras hemáticas "junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, DF, para que con apoyo en los servicios periciales de la Procuraduría General de la República se obtengan los perfiles genéticos que permitan compararlos y arribar a resultados contundentes, para deslindar responsabilidades". El mismo boletín avisa que tales resultados se obtendrían en "un tiempo estimado de 15 a 20 días". El plazo máximo, contado a partir del 7 de marzo, concluyó el martes de la semana pasada, si consideramos días naturales, o si contamos días hábiles y excluimos de ellos el jueves y el viernes santos, a principios de la próxima semana. La Sedena estará obligada, en mínima consecuencia a su comunicado 20 a dar noticia de los resultados.

En una comunicación informal, pero remitida desde la CNDH, se me hizo saber sobre ese tema el viernes pasado que "los peritos y especialistas de la CNDH no encontraron presencia alguna de líquido seminal en el recto ni en ninguna cavidad". Y no podrían haberla hallado porque la exhumación la realizó el perito médico forense de la Procuraduría veracruzana, no los enviados de la Comisión. La oficina del ombudsman pretende restar importancia a ese elemento atribuyendo el carácter de mera "apreciación" al dicho de la Sedena, cuando que se trata de un dato material, la muestra de semen hallado en el cuerpo de la víctima. La CNDH dice entonces, desentendiéndose de la existencia material del líquido seminal que esa "apreciación" se basó en la primera necropsia "cuando se ignoraba que la misma estaba viciada de origen". Viciada o no, la calidad de la necropsia no tiene que ver con el hecho de que la autoridad militar tenía consigo el semen mismo, pues no se trata de una referencia documental.

En otros aspectos en que al parecer la CNDH obró al margen de sus deberes, el comunicado informal asegura que la Comisión "no informó al Presidente o a funcionarios de las apreciaciones y hallazgos surgidos de la renecropsia (la misma que la CNDH leyó mal o tergiversó) del 9 de marzo" y sugiere que la fuente pudo ser otra, pues estaban presentes peritos de la Procuraduría veracruzana y de la Sedena. Pero es el caso que Calderón citó sólo a la CNDH al emitir su diagnóstico sobre la muerte de la señora Ernestina.

Y por lo que hace al uso de información de la CNDH por el diputado presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, general Justiniano González, la oficina del ombudsman pretende escurrir el bulto refiriendo que el procurador militar informó del caso a legisladores el 27 de marzo. Pero el hecho es que el general y diputado no citó esa reunión como fuente de su información, sino explícitamente al comunicado de la CNDH que sólo al día siguiente aparecería ante el público en general.

Es grave que se enrede cada vez más la CNDH en su pretensión de exonerar a militares.

Cajón de Sastre

A diferencia de acciones semejantes en que la Policía Federal Preventiva utiliza la fuerza frente a personas inermes y las hace encarcelar sin causa, la operación por la cual se abrió el acceso al edificio del Paseo de la Reforma en que funcionan varias dependencias del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes combinó, creo que porque así lo demandó la autoridad afectada, la firmeza de la ley (que no equivale a mano dura) y el respeto a las personas. Los trabajadores que desde el martes 27 cerraron aquellas oficinas fueron desplazados sin violencia por la fuerza policiaca, acompañada por representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, garantes de que tal respeto se practicara. Apalear a manifestantes no es sólo arbitrario sino ineficaz. Si como parece, las demandas laborales que provocaron la acción de los empleados del consejo son justas, las mismas inteligencia y sensibilidad aplicadas a liberar la entrada a Reforma 175 se desplegarán para conocer las exigencias de los trabajadores y ofrecer la respuesta viable.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Opinión - Miguel Angel Granados Chapa

Ernestina Ascensio Rosario

Reforma

La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se introdujo al caso de la señora indígena ultrajada y muerta reconociendo que falleció a causa de las lesiones que le fueron infligidas, transitó hasta negarlo y ahora endereza su acción contra la Procuraduría veracruzana
No nos sorprendamos si pronto se nos dice que en realidad se suicidó la señora Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años, cuya familia la encontró moribunda en el campo donde pastoreaba sus ovejas, a tiempo de oírla denunciar que había sido atacada por militares, infame agresión que habría generado su muerte. En "la etapa final de la elaboración de la opinión integral sobre el caso", la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en que sugiere que la víctima falleció de causas naturales, insinúa que no hubo violación y asegura que "no se observaron lesiones de origen traumático exterior". En un episodio en que integrantes del Ejército podrían estar involucrados, es grave que antes que hacerlo saber a la opinión pública, la oficina del ombudsman nacional hiciera conocer esa información a los mandos castrenses, incluido el comandante supremo de las fuerzas armadas.

El 3 de marzo la CNDH informó haber abierto una "queja de oficio" sobre el caso de la señora Ascensio Rosario "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas". Es probable que tres semanas más tarde esa Comisión hallara que se equivocó en ese diagnóstico precoz, pero no ha expresado que hubiera error en su afirmación inicial, que consta así con todas sus letras: "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas".

Días más tarde, la CNDH detectó "diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz", por lo que solicitó exhumar el cadáver y la práctica de una nueva necropsia. Esos hechos se realizaron el viernes 9 de marzo. El lunes siguiente, antes que nadie -¿no se ha dicho que el Presidente es el hombre mejor informado de México?- Felipe Calderón estaba al tanto del resultado de la necropsia. Sólo que oyó o leyó mal el informe que le fue ofrecido (él mismo sugirió que por la propia CNDH) y atribuyó el fallecimiento de la señora a "gastritis crónica no atendida". Negó también que hubiera violación. Todo lo dijo sin mediar pregunta al respecto en una entrevista a La Jornada con motivo de los 100 días de su gobierno.

Al leer esa declaración, Julio Atenco, funcionario municipal en el ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, se comunicó con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, visitador de la CNDH que solicitó la exhumación, quien le habría dicho "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados; además, la información es confidencial". (La Jornada, 15 de marzo) Sin embargo, de inmediato el mencionado visitador negó "categóricamente haber realizado tales aseveraciones... en ese sentido o en cualquier otro" y aclaró que "en ningún momento coordiné el grupo interdisciplinario de trabajo de la CNDH que realizó esas actividades".

En tanto, la Comisión emitió un segundo comunicado el 14 de marzo en que, como ahora mismo, orientó su pesquisa al modo en que se realizó la autopsia y no tanto al caso de la señora Ascensio Rosario (a quien ya había cambiado el primer apellido y llamaba Ascensión). Dijo que el personal médico forense de la Procuraduría estatal incurrió en omisiones que lo condujeron "a asegurar indebidamente que la anciana falleció por 'traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'". Conforme a "la revisión del 9 de marzo", dijo la CNDH, "no existe luxación o fractura de esas o de ninguna otra vértebra". Informó también la Comisión que "en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los 'múltiples desgarros' que manifestaba la autopsia". Las equimosis en el cuerpo de la víctima, supuso la comisión, no se produjeron por "maniobras de sujeción o sometimiento" sino quizá "fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer". Eso no obstante, la CNDH manifestó "que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida".

En su comunicado de ayer, donde restituye a la víctima su apellido verdadero, la Comisión sugiere que falleció de muerte natural. No lo afirma, pero lo insinúa: "se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior".

Conocedor de esta descripción en la víspera de que la CNDH la hiciera pública, el diputado panista, general retirado Justiniano González, presidente de la Comisión de defensa nacional en San Lázaro expresó en declaración periodística lo que la CNDH no se atrevió a afirmar: que la señora falleció "debido a una anemia aguda secundaria". Y citó como fuente un "dictamen oficial", la información de la CNDH a la que tuvo acceso privilegiado. (La Jornada, 29 de marzo)

Dejadas atrás de ese modo las imputaciones a militares -no obstante que un comunicado del Ejército mencionó la existencia de líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina- ahora la pesquisa se dirige contra el Ministerio Público local y sus auxiliares.

Cajón de Sastre

El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia sobre la situación política de Oaxaca y recomendó cautela a sus nacionales si viajan a esa entidad. Habría sido un gesto atinado que el presidente Felipe Calderón tuviera en cuenta esas consideraciones y se abstuviera de ir a esa entidad o, en caso extremo, hacerlo con cuidado. Pero se comprende que se desplazara a Oaxaca pues, por un lado, no corre riesgos personales y, por otro lado, ha de ser fiel cumplidor de sus compromisos. La escolta y el circuito de seguridad que rodean al Ejecutivo, más amplios y rigurosos que nunca, le impiden aproximarse a la realidad de los lugares que visita. Y tiene que recompensar el apoyo que el PRI le ofrece para afianzarse en la silla, contribuyendo a que gobernadores en cuestión como el de Puebla, Mario Marín, y como Ulises Ruiz superen sus contratiempos. La recomendación norteamericana revela un mayor sentido de la realidad que el del Presidente, que parece desarrollar las afinidades electivas de que habló Goethe.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

Opinión - Miguel Angel Granados Chapa

CND, segunda asamblea

Reforma

De enero a marzo, Andrés Manuel López Obrador ha recorrido la décima parte del total de municipios del país, a todos los cuales se propone visitar. Ha recibido unas 300 mil cartas compromiso y entregado credenciales a otros tantos "representantes del gobierno legítimo"
Hoy comienza la segunda asamblea de la Convención Nacional Democrática, citada para esta fecha al cabo de la primera, que se realizó el 16 de septiembre, cuando Andrés Manuel López Obrador fue proclamado Presidente legítimo de México, dado el fraude a que sus partidarios atribuyen la victoria de Felipe Calderón.

La reunión se desarrollará de aquí al domingo: hoy por la tarde habrá un mitin ante el Hemiciclo a Juárez, considerado por López Obrador (y muchos mexicanos más) como el estadista de mayor y más honda presencia en las instituciones y la sociedad. Mañana, el viernes y el sábado ocurrirán las mesas de discusión (que han sido precedidas de debates sectoriales o regionales) y en la mañana del 25 de marzo, tras una marcha que partirá del monumento a la Independencia, en el Zócalo se efectuará un mitin donde López Obrador ofrecerá su primer informe, a seis meses del comienzo de su movimiento de resistencia civil pacífica. Dado que en la Plaza de la Constitución se ha hecho evidente en más de una ocasión su capacidad de convocatoria, será irresistible la tentación de considerar la cuantía de la presencia ciudadana ese día como medidor del estado actual de la movilización lópezobradorista.

Títulos y contenidos de las mesas de trabajo reiteran el programa de López Obrador como candidato y como cabeza de la resistencia: La patria no se vende: Defender el patrimonio de la nación y los intereses del pueblo; El derecho a la felicidad: Llevar a cabo todas las acciones necesarias para impulsar un estado de bienestar; Que se oiga la voz de todos: Hacer valer el derecho público a la información; México es de todos: Trabajar para acabar con el estado patrimonialista, en manos de una minoría; Un país mejor es posible: Luchar por la transformación profunda de las instituciones nacionales; y Primero es el campo.

Aunque la primera asamblea autorizó a López Obrador a designar un gabinete, que efectivamente se integró en noviembre pasado, no es su acción la tarea más visible e importante que despliega o encabeza el ex candidato presidencial. Es más activo el Frente Amplio Progresista, formado por los partidos que lo apoyaron en la contienda electoral, y es mucho más concreto y notorio, y puede ser más trascendente, el proselitismo que personalmente realiza López Obrador. El Frente ha mantenido su apoyo a la resistencia civil pacífica y a la Convención, y al propio activismo de su abanderado, así como su consistencia en la actuación parlamentaria. No le ha sido posible, sin embargo, cumplir su propósito de prolongar su coalición en elecciones locales. Ni en Baja California ni en Yucatán, donde se elegirá gobernador este año, se ha reproducido su alianza.

Ha sido más eficaz, en cambio, la campaña personal de López Obrador para mantener vivo el movimiento que lo sigue. Desde enero de este año dedica cuatro días a la semana a un recorrido que se propone cubrir los 2 mil 500 municipios (2 mil 452 es la cifra oficial) en todo el país. Antes de concluir el primer trimestre de este activismo, ha visitado ya la décima parte de aquella cifra, 250 cabeceras municipales. Aparte el mutuo confortamiento que se ofrecen y reciben los visitados y el visitante, ante la derrota de julio pasado, y aparte reiterar que no admiten el resultado de una elección que fue trucada, el fruto más palpable de las citas municipales ha sido la afiliación de partidarios directos de López Obrador.

Bajo la forma de reclutamiento de representantes del gobierno legítimo, López Obrador ha pedido a sus seguidores firmar un compromiso a cambio del cual reciben una credencial en que consta tal representación. El compromiso expresa "de manera voluntaria, libre y consciente" la "adhesión y el apoyo" de quien firma "al gobierno legítimo de México, cuyos postulados son la protección de los derechos del pueblo y la defensa del patrimonio nacional". También se comprometen los suscriptores a acudir "al llamado o convocatoria que haga el presidente legítimo de México para defender estas causas" que se concreta en la participación en mítines y marchas donde se manifieste dicha defensa. Al 11 de marzo, a decir de José Agustín Ortiz Pinchetti, responsable de los asuntos políticos en el gabinete de López Obrador, se habían expedido unas 300 mil credenciales.

Si bien es claro que la estrategia de desconocer a Calderón como Presidente electo (y llamarlo espurio) y de estorbar su toma de posesión (y aun pretender impedirla) ha disminuido el volumen de asentimiento ciudadano a López Obrador (medido respecto de su votación el 2 de julio), también es verdad que se ha situado a sí mismo y a su partido como los principales protagonistas de la oposición. En la encuesta Ipsos-Bimsa levantada a fines de febrero el 78 por ciento de los consultados considera al PRD como el principal partido opositor (y en agudo contraste sólo el 11 por ciento atribuyó ese papel al PRI). El 69 por ciento de los entrevistados tuvo a López Obrador como el principal opositor. El porcentaje de aprobación al modo en que se ejerce dicha oposición es mucho menor, pero el primer lugar corresponde una vez más a López Obrador y a su partido: el 27 por ciento asiente con el perredista y el 26 por ciento con el PRD (mientras que los líderes parlamentarios priistas llegan apenas a 12 y 10 por ciento). Es de tenerse en cuenta, por supuesto, que el 54 por ciento de los interrogados desaprueba el modo lópezobradorista de hacer oposición. (El Universal, 5 de marzo).

Cajón de Sastre

El lunes 19 murió el general de brigada diplomado de Estado Mayor Luis Gutiérrez Oropeza. Acerca de su conducta el 2 de octubre de 1968 escribió el entonces secretario de la Defensa Marcelino García Barragán: "Entre las 7 y 8 de la noche el general Crisóforo Mazón Pineda me pidió autorización para registrar los departamentos desde donde todavía los francotiradores hacían fuego a las tropas. Se le autorizó el cateo. Habían transcurrido unos quince minutos cuando recibí un llamado telefónico del general (Luis Gutiérrez) Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, quien me dijo: Mi general, yo establecí oficiales armados con metralletas para que dispararan contra los estudiantes, todos alcanzaron a salir de donde estaban, sólo quedan dos que no pudieron hacerlo, están vestidos de paisano, temo por sus vidas. ¿No quiere usted ordenar que se les respete?" Interrogados por el general Mazón, esos dos detenidos corroboraron, cada uno por su parte, "que tenían órdenes... del Estado Mayor Presidencial de disparar contra la multitud".

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com