Aeroméxico: pago de facturas

La Jornada

Sobre la adjudicación de Aeroméxico a un grupo de inversionistas encabezado por José Luis Barraza González y Banamex se ciernen las sospechas. El perdedor en la puja, Moisés Saba Masri, se quejó de que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB, sucesor del Fobapora) “utilizó en dos días consecutivos criterios distintos para casos idénticos” y señaló la comisión de “irregularidades lamentables” en la venta de la aerolínea.

Ha de señalarse que el tramo final de la desincorporación sólo podía reflejar la poca pulcritud observada a todo lo largo del proceso, que pasó por una devaluación planificada de los activos de CINTRA, las empresas Mexicana y Aeroméxico, que en conjunto valían unos 800 millones de dólares a principios de 2005, y que acabaron siendo rematadas en 165 millones (Mexicana) y 249 millones (Aeroméxico), es decir, en algo así como la mitad de su valor real. Ello constituye un quebranto mayúsculo al erario y confirma las escandalosas ineptitud y falta de transparencia con que ha operado el IPAB, rematador de los bienes rescatados con dinero público por medio del Fobaproa. En conjunto, sólo se ha recuperado 30 por ciento del valor de tales activos, como se informó en estas páginas el pasado 20 de marzo, y ello no sólo ha representado una cuantiosa pérdida para las finanzas de la nación, sino también un sinfín de oportunidades para la realización de negocios fáciles y la conformación de fortunas instantáneas para los compradores de tales bienes.

Más allá de las pérdidas públicas que equivalen a ganancias privadas, es cuando menos cuestionable, de acuerdo con las disposiciones legales, que Banamex, entidad “rescatada” por el gobierno zedillista y saneada –con dinero público– por esa administración y la siguiente, adquiera ahora una empresa que se encontraba en situación análoga, en una operación exenta del pago de impuestos, como lo fue el mismo traspaso del banco de Roberto Hernández a Citigroup.

Ciertamente, cualquier empresario compra –si tiene el dinero para hacerlo– cuando se topa con un bien barato o por debajo de su valor, y no se le puede recriminar por ello. Pero no escapa a la atención que en esta ocasión el beneficiario principal de la transacción con Aeroméxico sea José Luis Barraza, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y quien, desde ese cargo, orquestó una costosa campaña electoral y propagandística paralela a la oficial en favor de Felipe Calderón Hinojosa y en contra de Andrés Manuel López Obrador. Con ese antecedente, resulta inevitable percibir un cobro de facturas y de favores en la operación por medio de la cual le fue adjudicada la línea aérea.

En última instancia ha sido el gobierno calderonista el responsable de malbaratar, por medio del IPAB y de Nacional Financiera, una empresa cuya propiedad era mayoritariamente pública. Y más que una señal de torpeza e incapacidad administrativa, la transacción parece una radiografía impecable del modus operandi con el que el grupo político-empresarial que detenta el poder transfiere bienes públicos a manos privadas, y sus integrantes se pagan y se cobran favores entre ellos, todo con cargo a la propiedad de la nación.


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