A propósito del sistema político actual y la corrupción panista
Jorge Gómez Naredo
El jueves pasado, en un diario local, Rubén Martín escribió un reflexivo artículo sobre las instituciones y los panistas jaliscienses. Ahí consideró errónea la concepción que ve al panismo y a su accionar como corruptos mientras las instituciones son consideradas como impolutas: “en realidad dichas instituciones y prácticas se crearon para ser lo que son: instrumentos políticos en manos de camarillas que buscan permanecer en el poder; y la clase política debe verse como un grupo de profesionales que se dedican ante todo a permanecer en el poder, sin importar principios y compromiso con los electores”. Es decir, no es que los panistas se hayan corrompido al llegar al poder, sino que es a lo único podían llegar, a lo que estaban destinados a arribar, pues el sistema político liberal así está planteado (además, nunca tuvieron ni tienen tintes de modificar radicalmente el estado de cosas). No es cuestión, pues, de “malas personas” en “instituciones buenas”.
No cabe duda que Rubén Martín rebasa las interpretaciones en las cuales se observa a las instituciones como algo positivo, benéfico para el conjunto de la sociedad. Es importante esta reflexión de Martín porque nos muestra que las instituciones no son, como se ha querido pensar y como se ha manejado, entes que por el simple hecho de existir son provechosos. Dentro de varias corrientes de pensamiento social, se observa a las instituciones como instrumentos de dominación que han sido creadas y son sostenidas para que una clase social privilegiada tenga el dominio y pueda, desde dicho dominio, continuar la explotación de las clases subalternas, legitimarse como poder expoliador y garantizar los principios liberales y/o neoliberales.
La defensa de las instituciones y de la institucionalidad (tan socorrida por el gobierno ilegítimo que ahora está despachando desde el ejecutivo federal) es la defensa de un grupo privilegiado que no solamente es político, sino también económico. Es decir, la institucionalidad significa la permanencia del statu quo, de los empresarios corruptos que se enriquecen al amparo de la pobreza de millones de mexicanos que carecen de lo más indispensable. La defensa férrea de lo institucional es la defensa del hombre más rico del mundo en un país con más de 60 millones de pobres, es la aceptación de un sistema económico que en lugar de mejorar las condiciones de vida de la población, de redistribuir equitativamente el ingreso, hace lo contrario: agrava las desigualdades.
En Jalisco, como bien lo menciona Rubén Martín, el PAN no solamente es el partido que nace como una esperanza y se convierte en un organismo político-gobierno caótico, protegiendo a un Procurador estatal involucrado en casos de pederastia y a un ex Gobernador (ahora Secretario de Gobernación) violador sistemático de los derechos humanos. Es más complejo el asunto: las instituciones son una forma de dominación y quien aspira a ellas, de una u otra manera, no se plantea el bien común (salvo honrosas excepciones), sino la dominación, los privilegios políticos y el continuismo de un estado de cosas.
El escándalo en Tonalá es de por sí denigrante: se venden puestos políticos (o se intercambian por apoyos electorales) y quienes supuestamente estaban encargados de mantener el “estado de derecho”, mandan asesinar a sus competidores. Este caso no es solamente el símbolo de la decadencia clara de un partido político, sino el deterioro de un orden político que en lugar de buscar lo ético y la mejora social, sirve como trampolín para la búsqueda denodada de poder, de beneficios políticos y económicos. Es el sistema: todos se adaptan a él y pocos tratan de modificarlo o reformarlo.
No cabe duda que Rubén Martín tiene razón cuando concluye: “un análisis crítico de la política en Jalisco (y por supuesto en el mundo) debe considerar en serio que lo que no funciona es el orden político liberal en su conjunto, y no centrarse en las ‘malas personas’ que corrompen las nobles instituciones”. Esta concepción, sin embargo, no debe erradicar las culpas que tienen los panistas, los delitos que, dentro del marco político-jurídico que nos rige (que está, sin duda, en decadencia), han cometido: los castigos son necesarios y merecidos. Hacer lo contrario sería, de cierta manera, exonerar a los panistas argumentado la decadencia del orden político actual.
No cabe duda, y este es un punto que debe resaltarse, que la única salida a la desfachatez de quienes gobiernan y al agotamiento del tradicional sistema político mexicano es el poder de la ciudadanía, la organización de la sociedad. Poco a poco se está dando, hay ejemplos: la resistencia civil pacífica en contra de la usurpación y en contra de “sus instituciones”, como lo mencionó Andrés Manuel López Obrador o, a nivel local, la unión de muchas organizaciones ciudadanas en el Colectivo de Organizaciones Ciudadanas por el Agua (COLOCA). Aunque no se avance a pasos agigantados, hay esperanza.
Quienes desde arriba defienden a las instituciones y al sistema político actuales, son los mismos que, como en la Procuraduría de Justicia del Estado o en el Ayuntamiento de Tonalá, se benefician de la de caducidad y mal congénito de un sistema para hacerse cada día de más poder y para proseguir con la explotación de las clases subalternas, es decir, de todos los pobres de este país. Son congruentes, no cabe duda: defienden la corrupción desde su propia corrupción.
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