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martes, marzo 29, 2011

URGENTE: Apoyo a la lucha de Temacapulin






Como saben, desde hace tres años, los habitantes de los pueblos de Temacapulin, Acasingo y Palmarejo, han dado una lucha de resistencia civil pacífica para que no construyan la Presa El Zapotillo e inunde sus poblaciones. El día lunes, cansados de que los Tribunales les den la razón, pero que el gobierno del estado, encabezado por Emilio Glez Márquez y la CONAGUA continuen con los trabajos de la presa, violando la ley y todos los derechos humanos, decidieron tomar las instalaciones de manera pacífica, instalando un plantón permanente, hasta que haya una mesa de diálogo.
Mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas, están ahí vigilantes y cuidando su terruño, porque no quieren que les inunden su pueblo, sus recuerdos y su vida.
Desde el día de ayer, lograron parar parcialmente la obra. Y ayer mismo, nos trasladamos al lugar, el Diputado Federal Enrique Ibarra, Miguel Pelayo, Félix Márquez, Brígido Ernesto Rosas y Candelaria Ochoa. El Dip Ibarra, ratificó nuestra solidaridad de quienes integramos MORENA, además de haber realizado una acción ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para solicitar la presencia de un visitador y evitar que sean reprimidos quienes realizan el plantón.
Hacemos un llamado a todos los integrantes de MORENA y la ciudadanía en general para participar en el acopio de víveres como agua, fruta, comida, latas y todo lo que acciones de esta naturaleza requieren. Y hay que apoyarlos también con nuestra presencia, ya que la represión de este gobierno panista está latente, como lo comprobamos ayer.
Este apoyo lo puedes llevar a nuestra casa de enlace en Jamaica # 1672, Col. Chapultepec Country; el teléfono (33) 38 24 45 64. y con oportunidad la haremos llegar a nuestras amigas y amigos de Temacapulin, Acasico y Palmarejo que están defendiendo sus derechos.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2011::

martes, diciembre 15, 2009

Carta de un ciudadano

Querido Gobernador Emilio:

Mi nombre es Alejandro, me declaro un ciudadano activista en urbanismo que lucha por una movilidad sustentable e incluyente. En ocasiones parece que el gobierno y la ciudadanía estamos jalando para lados opuestos y que no existe diálogo entre ustedes y nosotros. Creo que la opción a la crisis de diálogo debe terminarse en una democracia moderna, las opciones de movilidad deben discutirse no sólo entre convenios de licitaciones de las constructoras y el gobierno, con proyectos de maquillaje a la ciudad, creo que deberíamos discutirlo entre los ciudadanos que pagamos impuestos y los niveles de gobierno, por tal motivo le propongo una tregua, le propongo un diálogo, le pido un pacto para abrir la plática y conozca mi situación y la de otros ciudadanos, que conozca como nos trasladamos los ciudadanos y que usted pueda también ser ciudadano y trasladarse a las casas del pueblo de Guadalajara para platicar. Porque si algo sabemos es que no todos los ciudadanos tenemos acceso a automóvil, sin embargo también las calles y avenidas de la ciudad son pensadas para automóviles, pero excluyendo a la bicicleta con rutas inseguras, arriesgándonos al atropello, literal y metafórico de nuestro derecho al libre tránsito. Pero ¿cómo pensar en moverse de ese modo si el mismo sistema de urbanización no lo permite?, hicieron el Nodo Colón, ¿usted cree que podría una bicicleta trasladarse por ahí? No, ni siquiera por la banqueta porque es tan angosta que ni peatonal resulta ser, porque ni una carriola cabe.

Sabemos todos el problema del tráfico y como ese mismo nodo se ha saturado a tan poco tiempo de su construcción, porque al fin y al cabo los semáforos detienen el tráfico al salir de él, haciéndolo no solamente insuficiente sino inseguro, y ¿aún así quieren seguir haciendo pasos a desnivel que maquillarán la ciudad pero que no soluciona de fondo el problema de urbanidad y a tan alto costo?

Se sienten orgullosos de haber hecho la primer ciclovía pero ¿A dónde te lleva?, es decir, yo vivo sobre la calle Pavo, y transito por ella para ir a casa de mis padres por plaza patria, pero al llegar a Ávila Camacho el tránsito no es peligroso, es peligrosísisisisimo, oiga y tampoco el macrobús solucionará el problema. De hecho si me permite opinar, sería bueno, aún no se si posible, hacer una ruta de tren subterránea desde la estación de Ávila Camacho hasta la basílica de Zapopan.

Esta ciclovía, no me permite llegar a la casa Jalisco para visitarlo, no me permite visitar a mis padres, tampoco a mi abuelita que vive en Tlaquepaque, tampoco a mi trabajo en periférico sur, chaale!! lo siento pero no me sirve aún, es insuficiente y eso solamente sirve para bajarle la voz al pueblo y que no se manifieste, y bueno como manifestarse si la represión a la protesta pública en su gobierno ha sido enérgica, nomás recordemos los golpes que se dieron a los que se manifestaron contra el macrobús, su pretexto fue por que obstruyeron las vías de transporte y justificaron ustedes su acción, pero ¿Qué no fueron también los panistas los que obstruyeron la vía de tránsito cuando le exigían su renuncia acusándole que por sus malas decisiones habían perdido las alcaldías en Jalisco y aún así se aferra?, discúlpeme mi gober pero lo que unos pocos pensamos, no le tiene que valer madre a nuestro gobernador, no nos debe de excluir y mandarnos a visitar a nuestras madres, no querido gobernador, usted propuso un gobierno incluyente y no esta cumpliendo. Sin embargo bueno, ya se dio cuenta, tengo muchas cosas que hablar con usted por tal motivo le propongo un pacto. Ahí va:

¿Qué le parece si le invito a cenar a mi casa? ¿qué le parece si se hace solidario con la causa de un ciudadano común y corriente? y tal vez con todos porque le aseguro que muchos querrán cenar con usted y dialogar, que conozca sus situaciones personales, entonces le propongo que en mi casa hablemos de estas situaciones y otras; podremos hablar de Temacapulin ¿Cómo no defender a los pueblos que CONAGUA con la presa el Zapotillo quiere inundar?, de las represas, podremos hablar de la movilidad urbana, de los mejores proyectos para los panamericanos, hablaremos para que los proyectos de movilidad urbana sean incluyentes, seguros, ecológicos y económicos, para una movilidad sustentable e inteligente, pensando en todos los ciudadanos y sus transportes.

La cena es gratis, cocinará un amigo que es vecino, aún no le digo pero lo arreglo al momento, el menú será el siguiente:

Crema de Champiñones, (La prepara buenísima)

Ensalada con verduras orgánicas (Algunas cosechadas por mí)

Pollo Cordon bleu

Agua de Frutas.

Postre:

Café orgánico de Chiapas

Jericallas de la tienda de los gordos (son buenísimas)

Le prometo que estará deliciosa la cena, gratuita y toda su familia esta convocada, quisiera ver también a Imelda y a sus hijos, solo le pido un pequeñito favor, prometa que me lo cumplirá, no le cuesta mas que a cualquier ciudadano como yo, el favor es que sea solidario conmigo y otros ciudadanos, por favor, transpórtese en bicicleta, silla de ruedas, macrobús, tren, camión, microbús, a pie o como usted guste (excepto taxi o su automóvil) desde su casa hasta su humilde hogar (es decir el mío) donde será agradablemente bienvenido. Por favor cuente conmigo y espero no me niegue la invitación.



P.D. Envío este mail a otros amigos porque se que no dudarán en invitarlo también o en caerle a su casa (otra vez mi casa) de gorrones, ya sabe como son. Lo espero, propóngame la fecha estoy disponible.

Lic. Alejandro González Vera


Lic. Alejandro González Vera

Altermundista porque otro mundo es posible, construyamos un mundo donde quepamos muchos mundos.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

miércoles, septiembre 02, 2009

Sobre represión y “derechos esenciales”

El pasado sábado los policías arremetieron contra niños y ancianos FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLO

Jorge Gómez Naredo

La Jornada Jalisco

Las palabras de Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno del estado de Jalisco, fueron claras: “el estado de derecho exige también el respeto a derechos esenciales de las personas como es el derecho al tránsito y que la manifestación de las ideas sea sin perjuicios de los derechos de los demás”. Es decir, quien ose manifestarse e impedir el tránsito será reprimido; quien cometa el incivil delito de tener una cuita o inconformidad en la cabeza y la haga visible, la alce y le dé voz, se topará con el sacrosanto estado de derecho de los demás, y con los toletes y los antimotines que son entrenados para golpear y humillar. Los que se manifiestan deben tener muy claras las palabras de Guzmán Pérez Peláez: salir a las calles y exigir derechos o protestar por derechos violados, es, cosas de la vida, infringir el estado de derecho.

Surgen entonces demasiadas, un montón de preguntas. ¿Cuándo el gobierno de Jalisco reprimirá, golpeará y meterá a la cárcel a todos los que han impedido que en la entidad no exista, como lo exige la Constitución mexicana, sustento digno para todos los habitantes, educación para la población entera, trabajo digno para quien ha nacido en estas tierras?, ¿cuándo irán los policías de Jalisco, con sus macanas y sus escudos, con sus gestos malencarados y sus pomitos de gases lacrimógenos, por ellos?, ¿cuándo Guzmán Pérez Peláez ordenará la detención de quienes han violado esos derechos “esenciales”?

¿Cuándo Emilio González Márquez (que es el jefe de Guzmán Pérez Peláez y responsable del actuar de la policía en el estado de Jalisco), ordenará que todos los miembros de la Secretaría de Seguridad Jalisco se organicen y capturen a los que violan el artículo 1° (un derecho “esencial”, sin duda) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”? ¿Cuándo?

¿Cuándo Fernando Guzmán Pérez Peláez se preocupará tanto por los “derechos esenciales” de las personas y montará un impresionante operativo para capturar a los culpables de infringir el artículo 123 de la Constitución mexicana, el cual, explica nítidamente: “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”?, ¿cuándo las autoridades estatales capturarán a los causantes del desempleo en la entidad, de la explotación de los trabajadores, de las jornadas mayores de ocho horas, de la casi esclavitud en la que viven muchos jaliscienses?, ¿cuándo Guzmán Pérez Peláez aplicará la ley a esos que impiden el cumplimiento de los derechos esenciales de los que habitamos en Jalisco?

¿Cuándo las fuerzas del orden en el estado capturarán (como lo hicieron el sábado pasado con quienes se manifestaban en contra de la construcción de las líneas 2 y 3 del Macrobús) a los culpables de que el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (el cual dice: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales) sea violado constantemente y no se cumpla a cabalidad en la entidad? ¿Cuándo lo veremos?

Cuándo se observará a los policías ir tras los delincuentes que contaminan las tierras y las aguas jaliscienses, que tiran fincas de valor artístico e histórico, que no promueven la cultura ni la formación de conciencia ecológica?, ¿cuándo el gobernador aplicará las leyes a quienes, desde su administración, no respetan el artículo 15 que obliga a las autoridades a proteger “el patrimonio ambiental y cultural de los jaliscienses”?, ¿cuándo se cumplirá ahí “el estado de derecho”?

Y por último, una pregunta que gran parte de los jaliscienses no se ha dejado de hacer: ¿cuándo, un gobernador que tuvo la desfachatez de mentarle la madre a sus gobernados, dejará su cargo?, ¿cuándo tendrá pundonor para dimitir?, ¿cuándo ese gobernador (que ha dado ya muestra de su veta represora), ayudará a los jaliscienses para que tengan ese derecho (sin duda “esencial”) de ser representados por un mandatario digno? ¿Cuándo?

jorge_naredo@yahoo.com


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

lunes, julio 27, 2009

Vivimos en la antesala de una Dictadura Militar.

Militares allanan, torturan y amenazan a familia en Jiutepec, Morelos, México.
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Amnistía Internacional.
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidos para México.
Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y Todas.
Frente Nacional contra la Represión.




La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., con domicilio en Guerrero 4 despacho 110, centro, Cuernavaca, Morelos, CP 62000, recibió el testimonio de la familia de trabajadores ZAMORA GOMEZ sobre el allanamiento, tortura y amenazas que militares del Ejército Mexicano realizaron el día 24 de julio de 2009 entre 12:30 y 2:00 de la madrugada en su domicilio ubicado en la calle Obradores Número 45, colonia Ampliación Vicente Guerrero, del municipio de Jiutepec, Morelos, México.
Este es el testimonio de la señora LUCIA GOMEZ ADAME, de 57 años de edad: "Estamos muy espantados y tememos por nuestra vida y la de mis hijos y nietos. Entró el Ejército en mi casa rompiendo la puerta como entre 12:30 y 2:00 de la mañana. Venían en un carro lleno de militares y entraron unos 15 soldados, todos estaban cubiertos de la cara de negro y llevaban armas largas que yo no conozco de que calibre sean porque no se nada de armas. No tocaron la puerta, sino que la tiraron a patadas y encontraron a mis hijos cuando estaban cenando y viendo la televisión luego de regresar de su trabajo. Inmediatamente se fueron sobre ellos y los agarraron entre muchos de ellos, los ataron de las manos y les torcieron los brazos. Cuando me di cuenta les grité qué querían y quienes eran, que mis hijos no son mala gente. Vi cuando un soldado empezó a golpear a mi hijo ANDRES ZAMORA GOMEZ, de 27 años de edad y a su cuñado JORGE HERNANDEZ JARDON de 24 años, y como empujaban a mi hijo menor JOSE NATIVIDAD ZAMORA GOMEZ de 25 años de edad. Mi hijo ANDRES había llegado de trabajar en la fábrica RINTEX en donde entra a las 2 de la tarde y sale a las 10 de la noche. Un soldado golpeo a mi hijo y lo taparon de la cabeza, le echaron agua con una jarra y no podía respirar y le preguntaba que dónde vendían las armas y las drogas. Uno de ellos le dijo que ya se lo había cargado la fregada. Yo espantada les decía que no los golpearan, que no habían hecho nada. Uno de los soldados encapuchados me gritó que no me metiera y que mejor les dijera donde estaban las armas y la droga, que mis hijos sabían de la banda de "Los Pelones" y que de una vez dijeran lo que sabían. A mi me empujaron dentro de uno de los cuartos donde se encontraban mis nueras y mis nietos. A mi nuera DOMINGA VAZQUEZ BARRERA, de 30 años de edad y mi otra nuera VERONICA HERNANDEZ JARDON, de 29 años, tambien les hacían las mismas preguntas en el cuarto, donde también estaban llorando y espantadas mis nietas DIANA MICHEL ZAMORA HERNANDEZ, de 8 años de edad y ANDREA MARGARITA ZAMORA HERNANDEZ de 2 años de edad, quienes no dejaban de llorar. También estaban mis nietos DIEGO ALEJANDRO ZAMORA VAZQUEZ de 2 años y medio y FELIX EDUARDO ZAMORA VAZQUEZ de 4 años."
Los militares encapuchados abrieron todos los muebles y sacaron ropa que la tienen para vender en un bazar.
El testimonio de ANDRES ZAMORA GOMEZ es el siguiente: "A mi me estaban ahogando con una funda con la que me taparon la cara y la cabeza y me echaban agua con una jarra, no podia respirar y estaba amarrado de las manos, sentado. Los militares me pegaban en la cabeza y me preguntaban por la banda de "Los Pelones", que ellos sabían que de mi casa habían visto salir una camioneta blanca de esa banda, pero yo solo tengo un coche Datsun 82 blanco. Les dije que no sabía nada. Que por qué me golpeaban. Que me dedico a trabajar. Me preguntaban por la droga y las armas. Vi como pateaban a mi hermano JOSE NATIVIDAD. Me sacaron de la cas y me tiraron en la calle. Luego me dejaron hablar y les dije que les podía mostrar mi identificación como trabajador de la empresa RINTEX. Me soltaron y permitieron sacar mi credencial y ya dejaron de golpearme cuando vieron que si les decía la verdad. Me dolía mucho mi cabeza y mis ojos, no podia respirar bien porque sentía que me ahogaba. Antes de irse me dijeron que iban a regresar otra vez para que les dijera todo lo que sabía. Les dije que por qué nos trataban así a mi y a mi familia. Uno de ellos, no lo conocí porque todos estaban encapuchados, pero era guero y alto con una gorra de oficial y con pasamontañas, dijo que ellos solo hacían su trabajo, y yo le dije que si así era su trabajo, torturarme sin deber nada. No respondió, pero dijo que iban a volver, y me dejaron con un trapo en la cabeza."
Los militares llegaron al domicilio en un camión grande para unos 40 militares y lo dejaron como a 8 metros del domicilio, se dispersaron todos por las calles y en las azoteas y entraron unos 15 al domicilio. Mientras permanecieron en el operativo de allanamiento, detuvieron a algunos vehículos que pasaron por el lugar y los dejaron ir luego de revisarlos.
Luego de que se fueron, la familia empezó a recoger sus pertenencias dispersas por el cuarto. No encontraron 1000.00 pesos que tenían para pagar la luz "porque nos llega bien cara", nos relata la señora LUCIA GOMEZ ADAME.
Por todo lo anterior, consideramos que existen los conceptos de violación de los derechos humanos siguientes:
Violación al artículo 129 de la Constitución que prohíbe que el Ejército realice labores que no le corresponden.
ALLANAMIENTO DE MORADA.
VIOLACION AL DOMICILIO.
VIOLACION A GARANTIAS DE SEGURIDAD.
TORTURA FISICA Y PSICOLOGICA.
DAÑO EN LAS COSAS.
ROBO.
VIOLACION A DERECHOS DE LAS Y LOS MENORES.
Estas garantías establecidas en la Carta Magna forman parte indisoluble de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y muestra un caso más del patrón de actuación que está siguiendo el Ejército Federal Mexicano, que sin respetar la PRESUNCION DE INOCENCIA de las y los ciudadanos, comete toda clase de vejaciones y malos tratos a la ciudadanía sin que haya ORDEN JUDICIAL ALGUNA para entrar en los domicilios como lo establece claramente el artículo 16 de la Constitución.

Por todo lo anterior, solicitamos MEDIDAS CAUTELARES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA FAMILIA ZAMORA GOMEZ, en el domicilio arriba señalado, ante el temor fundado de que sigan siendo objeto de estas agresiones por parte de elementos del Ejército Federal Mexicano. Igualmente, debe existir la inmediata investigación de los hechos y la reparación de los daños cometidos en su patrimonio y en su integridad física y psicológica de las víctimas de este atropello.

Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

:: Democracia Ya, Patria Para el Humillado, Por el bien de todos Primero los pobres. Apoyando al Presidente Legitimo de México LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, resistencia civil pacifica MÉXICO 2009::

sábado, junio 13, 2009

Denuncian abusos de militares en México


Human Right Watch denunció que integrantes de las Fuerzas Armadas cometieron abusos en el marco de la lucha antinarco.
Univision.com y Agencias

12 de Junio de 2009

Homicidios y abusos
Amenazas y agresiones

CIUDAD DE MEXICO - Human Rights Watch (HRW) se sumó a Amnistía Internacional (AI) en la denuncia de abusos cometidos por militares y violaciones a los derechos humanos, en el marco de la guerra que le declaró el gobierno de Felipe Calderón a los carteles del narcotráfico en México.

En efecto, HRW señaló que el gobierno mexicano no investiga de manera exhaustiva las acusaciones sobre abusos de soldados, incluidos asesinatos, violaciones y torturas, presuntamente cometidos durante la ofensiva contra los carteles narcotraficantes.

Homicidios y abusos

Una declaración entregada el jueves por la organización, con sede en Nueva York, al Consejo de derechos Humanos de la ONU señala que la decisión del mandatario mexicano Felipe Calderón, de emplazar soldados federales para combatir el tráfico de drogas, ha llevado a un aumento drástico en las quejas de abusos militares.

La declaración señala que el delegar en el sistema de justicia castrense la investigación de los presuntos abusos ha contribuido a un clima de impunidad.

Tamara Taraciuk, investigadora de HRW, dijo que las cortes civiles deberían investigar las acusaciones.

Antes, Amnistía Internacional había denunciado que integrantes de las Fuerzas Armadas y la policía de México cometieron "graves violaciones de derechos humanos" en 2008, año en el que miles de agentes y soldados fueron dedicados a combatir el crimen organizado.

Según el Informe de AI sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, la seguridad pública y la reforma del sector energético dominaron "el debate político" en México durante ese año.

Exceso de excesos

La organización agrega que los graves abusos cometidos por las fuerzas de seguridad (policiales y militares) "incluían homicidios ilegítimos, uso excesivo de la fuerza, torturas y detenciones arbitrarias".

"Se desplegaron miles de efectivos de la policía federal y 45 mil miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones contra la delincuencia organizada. Sin embargo, aumentó el nivel de violencia atribuido a las redes delictivas", y, según los medios de comunicación, añade AI, "durante el año más de 6 mil personas perdieron la vida en incidentes violentos de este tipo".

Asimismo, "decenas de agentes de las fuerzas de seguridad murieron también o resultaron heridos en el cumplimiento de su deber".

AI detalla casos de matanzas y asesinatos encuadrados en el clima de violencia que sufre México, y cita algunas medidas o leyes impulsadas por las instituciones. Entre ellas figura el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

"En diciembre, el Congreso aprobó leyes en materia de seguridad pública para la regulación de las fuerzas de policía, pero no se reforzaron las garantías sobre derechos humanos", dice AI.

"En agosto, el Gobierno hizo público su Programa Nacional de Derechos Humanos, pero en éste no se precisaba ni cómo ni cuándo se llevarían a efecto los compromisos generales formulados en él", añade.

Con respecto a las fuerzas de seguridad, AI reporta que la Comisión Nacional mexicana de los Derechos Humanos "formuló nueve recomendaciones sobre los graves abusos perpetrados por personal militar durante 2008".

Asimismo, aunque se adoptaron medidas para "crear una policía federal única con mayores atribuciones en materia de investigación", AI dice que "no se pusieron en marcha iniciativas importantes para reforzar la rendición de cuentas de la policía por violaciones de los derechos humanos".

Además de reseñar casos de abusos atribuidos a fuerzas de seguridad, AI denuncia que los defensores de los derechos humanos "siguieron siendo objeto de amenazas, agresiones, cargos penales de motivación política" y otros actos hostiles. También hubo agresiones contra miembros de comunidades indígenas.

AI recuerda que al menos "cinco trabajadores de medios de comunicación" murieron violentamente y uno fue secuestrado, y que estos y otros delitos contra periodistas atribuidos a bandas de delincuentes "siguieron impunes".

La impunidad sigue amparando delitos atroces, como la matanza de Tlatelolco, más de cuarenta años después de que fuera perpetrada, el 2 de octubre de 1968, agrega Amnistía Internacional.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

martes, marzo 31, 2009

Obispos, aborto y castidad



La Iglesia católica ha puesto en marcha una campaña fundamentalista con el fin de paralizar la revisión de la ley de aborto vigente. Pero también prohíbe la contracepción. Sólo permite la castidad o el natalismo salvaje

La actual campaña de la Conferencia Episcopal contra los linces y las mujeres que abortan pone de relieve el patético deterioro de la formación intelectual del clero, que si bien nunca ha sobresalido por su nivel científico, al menos en el pasado era capaz de distinguir el ser en potencia del ser en acto. ¿Dónde quedó la teología escolástica del siglo XIII, que incorporó esas nociones aristotélicas? ¿Qué fue de la sutileza de los cardenales renacentistas? La imagen de deslavazada charlatanería y de enfermiza obsesión antisexual que ofrecen los pronunciamientos de la jerarquía católica no sólo choca con la ciencia y la racionalidad, sino que incluso carece de base o precedente alguno en las enseñanzas que los Evangelios atribuyen a Jesús.

La campaña episcopal se basa en el burdo sofisma de confundir un embrión (o incluso una célula madre) con un hombre. Por eso dicen que abortar es matar a un hombre, cometer un homicidio. El aborto está permitido y liberalizado en Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, Japón, India, China y en tantos otros países en los que el homicidio está prohibido. ¿Será verdad que todos ellos caen en la flagrante contradicción de prohibir y permitir al mismo tiempo el homicidio, como pretenden los agitadores religiosos, o será más bien que el aborto no tiene nada que ver con el homicidio? De hecho, el único motivo para prohibir el aborto es el fundamentalismo religioso. Ninguna otra razón moral, médica, filosófica ni política avala tal proscripción. Donde la Iglesia católica (o el islamismo) no es prepotente y dominante, el aborto está permitido, al menos durante las primeras semanas (14, de promedio).

Una bellota no es un roble. Los cerdos de Jabugo se alimentan de bellotas, no de robles. Y un cajón de bellotas no constituye un robledo. Un roble es un árbol, mientras que una bellota no es un árbol, sino sólo una semilla. Por eso la prohibición de talar los robles no implica la prohibición de recoger sus frutos. Entre el zigoto originario, la bellota y el roble hay una continuidad genealógica celular: la bellota y el roble se han formado mediante sucesivas divisiones celulares (por mitosis) a partir del mismo zigoto. El zigoto, la bellota y el roble constituyen distintas etapas de un mismo organismo. Es lo que Aristóteles expresaba diciendo que la bellota no es un roble de verdad, un roble en acto, sino sólo un roble en potencia, algo que, sin ser un roble, podría llegar a serlo. Una oruga no es una mariposa. Una oruga se arrastra por el suelo, come hojas, carece de alas, no se parece nada a una mariposa ni tiene las propiedades típicas de las mariposas. Incluso hay a quien le encantan las mariposas, pero le dan asco las orugas. Sin embargo, una oruga es una mariposa en potencia.

Cuando el espermatozoide de un hombre fecunda el óvulo maduro de una mujer y los núcleos haploides de ambos gametos se funden para formar un nuevo núcleo diploide, se forma un zigoto que (en circunstancias favorables) puede convertirse en el inicio de un linaje celular humano, de un organismo que pasa por sus diversas etapas de mórula, blástula, embrión, feto y, finalmente, hombre o mujer en acto. Aunque estadios de un desarrollo orgánico sucesivo, el zigoto no es una blástula, y el embrión no es un hombre. Un embrión es un conglomerado celular del tamaño y peso de un renacuajo o una bellota, que vive en un medio líquido y es incapaz por sí mismo de ingerir alimentos, respirar o excretar -no digamos ya de sentir o pensar-, por lo que sólo pervive como parásito interno de su madre, a través de cuyo sistema sanguíneo come, respira y excreta. Este parásito encierra la potencialidad de desarrollarse durante meses hasta llegar a convertirse en un hombre. Es un milagro maravilloso, y la mujer en cuyo seno se produzca puede sentirse realizada y satisfecha. Pero en definitiva es a ella a quien corresponde decidir si es el momento oportuno para realizar milagros en su vientre.

El niño es un anciano en potencia, pero un niño no tiene derecho a la jubilación. Un hombre vivo es un cadáver en potencia, pero no es lo mismo enterrar a un hombre vivo que a un cadáver. A los vegetarianos, a los que les está prohibido comer carne, se les permite comer huevos, porque los huevos no son gallinas, aunque tengan la potencialidad de llegar a serlas. Un embrión no es un hombre, y por tanto eliminar un embrión no es matar a un hombre. El aborto no es un homicidio. Y el uso de células madre en la investigación, tampoco.

Otra falacia consiste en decir que, si los padres de Beethoven hubieran abortado, no habría habido Quinta Sinfonía, y si nuestros padres hubieran abortado el embrión del que surgimos, ahora no existiríamos. Pero si los padres de Beethoven y los nuestros hubieran sido castos, tampoco habría Quinta Sinfonía y tampoco existiríamos nosotros. Si esto es un argumento para prohibir el aborto, también lo es para prohibir la castidad. Pero tanta prohibición supongo que resultaría excesiva incluso para la Iglesia católica. Una de sus múltiples contradicciones estriba en que impone un natalismo salvaje a los demás, mientras a sus propios sacerdotes y monjas les exige el celibato y la castidad absoluta.

Desde luego, la contracepción es mucho mejor que el aborto, pero la Iglesia la prohíbe también (siguiendo en ambos casos al ex-maniqueo Agustín de Hipona, no a Jesús). Tanto el anterior papa Wojtyla como el actual papa Ratzinger se han dedicado a viajar por África y Latinoamérica despotricando contra los preservativos y el aborto, lo que equivale a promover el sida y la miseria. En cualquier caso, la contracepción puede fallar. A veces el embarazo imprevisto será una sorpresa muy agradable. Otras veces, llevarlo a término supondría partir por la mitad la vida de una mujer, arruinar su carrera profesional o incluso traer al mundo un subnormal profundo o un vegetal humano descerebrado. Sólo a la mujer implicada le es dado juzgar esas graves circunstancias, y no a la caterva arrogante de prelados, jueces, médicos y burócratas empeñados en decidir por ella. El aborto es un trauma. Ninguna mujer lo practica por gusto o a la ligera. Pero la procreación y la maternidad son algo demasiado importante como para dejarlo al albur de un descuido o una violación. El aborto, como el divorcio o los bomberos, se inventó para cuando las cosas fallan.

Muchas parejas anhelan tener hijos, muchas mujeres desean quedar embarazadas y esperan con ilusión el nacimiento de la criatura. El infante querido y deseado suele estar bien alimentado y educado, colmado de cariño y estimulación y (salvo raro defecto genético) su cerebro se desarrolla bien. Por desgracia, el mundo está lleno de madres violadas o forzadas y de niños no deseados, abandonados a la mendicidad y la delincuencia, famélicos, con los cerebros malformados por la carencia alimentaria y la falta de estímulos, carne de cañón de guerrillas crueles y explotaciones prematuras. La jerarquía eclesiástica se ensaña con esas mujeres desgraciadas. El cardenal nicaragüense Obando y Bravo se opuso al aborto terapéutico de una niña de nueve años, violada, enferma y con su vida en peligro. Hace un par de años, la Iglesia de Nicaragua acabó apoyando políticamente al dictador Daniel Ortega a cambio de que éste prohibiese definitivamente el aborto terapéutico. Hace unas semanas el arzobispo Cardoso ha excomulgado en Brasil a la madre de otra niña de nueve años violada por su padrastro y en peligro de muerte por su embarazo doble, así como a los médicos que efectuaron el aborto. En 2007 se hizo famoso el caso de Miss D, una irlandesa de 17 años embarazada con un feto con anencefalia, es decir, sin cerebro ni parte del cráneo, condenado a ser un niño vegetativo, ciego, sordo, irremediablemente inconsciente, incapaz de percibir, pensar ni sentir nada, ni siquiera dolor. Las autoridades impidieron que Miss D fuera a Inglaterra a abortar, aunque más tarde los tribunales anularon la prohibición. Los grupos católicos fanáticos presionan para que se impida a las irlandesas que viajen a Inglaterra a abortar, lo que choca con la legislación comunitaria, que garantiza la libertad de movimientos en la UE.

En España misma, el año pasado, una mujer preñada de un feto con holoprosencefalia, condenado a morir al nacer o a vivir como vegetal, tuvo que ir a Francia a abortar. El derecho a abortar es para muchas mujeres más importante que el derecho a votar en las elecciones, y ha de serles reconocido incluso por aquellos que personalmente jamás abortarían. En 1985 se aprobó la reforma del Código Penal para cumplir a medias y mal el programa electoral del PSOE. Desde entonces, tanto los Gobiernos de Felipe González como de Zapatero se han dedicado a marear la perdiz, diciendo que no era el momento oportuno y que había que esperar a que los obispos dejasen de vociferar. Pero los obispos nunca van a dejar de vociferar. Después de 24 años de remilgos, espero que los socialistas se decidan finalmente a liberalizar el aborto dentro de las primeras semanas del embarazo. Tampoco hace falta ser tan progre para ello. Margaret Thatcher lo tenía ya perfectamente asumido hace 30 años.

Jesús Mosterín es profesor de Investigación en el Instituto de Filosofía del CSIC




encontrado en los foros de ba-k, gracias dannyatm

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EL CERCO GUBERNAMENTAL CONTRA LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS



Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

(información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos el 24 de marzo de 2009)

En la medida en que los ciudadanos y ciudadanas nos involucramos y comprometemos en la promoción, la defensa y el disfrute de los derechos humanos de la población más desprotegida del estado, en esa medida los defensores y defensoras, empezamos a experimentar la animadversión y el golpeteo de las autoridades que no están dispuestas a cumplir con su responsabilidad primordial de proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Esta actitud hostil se expresa en la desatención a nuestros planteamientos, en ignorar nuestro trabajo, descalificarnos y criminalizarnos.

La mayoría de las autoridades estatales y municipales actúan con prepotencia y con un sentimiento revanchista ante los planteamientos que hacemos en torno a casos de violaciones a derechos humanos. Piensan en automático que nuestras intervenciones, están motivadas por intereses partidistas. No conciben que nuestro trabajo esté inspirado en una causa universal que está más allá de interese económicos y políticos, por el contrario se nos denigra y se forjan concepciones erróneas sobre lo que hacemos, como el hecho de catalogarnos como defensores de delincuentes, como lucradores sociales, protectores de la delincuencia organizada y como parapetos de organizaciones guerrilleras.

Todos estas visiones se construyen dentro de las esferas de un poder omnímodo e impune, que no tolera el trabajo de los defensores de derechos humanos y mucho menos acepta que las organizaciones civiles hagamos públicas sus actuaciones ilegales y que actúen con transparencia y honestidad.

Este trabajo a pesar de estar respaldado por la ONU, es una actividad de alto riesgo en nuestro país y en nuestro estado. La crispación política que vivimos, el ambiente de inseguridad, la narcoviolencia y la militarización, son indicadores alarmantes de un retorno a la época más oscura y siniestra que se tienen memoria, como la guerra sucia. Más allá de las formalidades y los discursos plagados de verborrea democrática, la realidad es que la alternancia política no ha significado una transformación de las estructuras gansteriles del poder, mucho menos un desmantelamiento del autoritarismo político y de todo su aparato represor.

La libertad económica promovida por el neoliberalismo, es la libertad que restringe los derechos y las libertades ciudadanas. La libertad económica requiere leyes que protejan los grandes intereses financieros y de una clase política dócil y alineada al paradigma del libre mercado. Lo más importante para este modelo político es contar con un aparato represivo que contenga el malestar de la sociedad.

La falta de legitimidad de las autoridades y sobretodo la implantación de políticas públicas contrarias a los intereses de la población mayoritariamente pobre, nos ha colocado en una situación de confrontación permanente, por la lucha de intereses de clase antagónicos, que hacen imposible la solución pacifica de los conflictos, debido a que las ambicione del gran capital nunca van a coincidir con las aspiraciones legitimas de la clase trabajadora. En este contexto donde la tendencia unipolar del sistema neoliberal quiere seguir dominando y sometiendo a las mayorías empobrecidas, hacen inviables los principios democráticos de justicia, igualdad, equidad, libertad y solidaridad entre todos los pueblos.

Ante la imposibilidad de cumplir con estas demandas, los gobiernos han recurrido al uso del ejército mexicano para que puedan suplantarlos ante la debilidad política de las autoridades civiles. Esta situación permite que tanto el ejército como las fuerzas policiacas vuelvan por sus fueros para imponer la ley del terror, como sucedió en la guerra sucia, una época que muchos creíamos difícil de reeditar en tiempos de la derecha empresarial.

Los autores de la represión al quedar impunes vuelven a recobrar fuerza y a levantar vuelo para continuar con sus tareas clandestinas de hacer el trabajo sucio contra los que luchan por la transformación de las instituciones.

A los ciudadanos nos toca padecer las formas de cómo ejercen el poder las autoridades y soportar a una burocracia que se ha enquistado dentro de instituciones obsoletas. ¿Qué institución pública se hace eco del sentir ciudadano y es capaz de atender y resolver sus demandas legitimas? ¿Hay alguna institución gubernamental que experimente que la ciudadanía esté dispuesta a defenderla porque sabe que vela por sus intereses? ¿Qué dependencia pública puede ufanarse de que cuenta con el respaldo y la confianza de la población?

El desencanto ciudadano radica en la traición que la clase gobernante le propinó al movimiento social que lo cooptó, lo dividió y lo intenta someter y desmantelar. La nueva muralla de la nueva clase política en estos tiempos de crisis, también le ha sabido abrir las puertas a la delincuencia de cuello blanco y a todas las manifestaciones del crimen organizado, que alimenta los negocios de la economía criminal. Estas fuerzas oscuras son parte orgánica de un sistema político que lucra con el tema de la transición política y vive de las rentas que le deja la corrupción y la impunidad. En esta telaraña de intereses inconfesables donde se desdibujan los grandes anhelos de la sociedad que se organiza desde abajo, los luchadores sociales o los defensores y defensoras de derechos humanos, apareceremos como disruptores del status quo y como actores incómodos para los mercenarios de la política.

En la región de Ayutla se expresa con mayor nitidez la estrategia gubernamental de amenazar, perseguir, torturar, detener, desaparecer y ejecutar a defensores indígenas, que en medio de su pobreza han sabido organizarse para defender sus derechos. Son ellos los que aparecen en la línea de fuego, los que han sufrido torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales como las de El Charco y las de Raúl Lucas y Manuel Ponce, violaciones sexuales como las de Inés y Valentina; esterilizaciones forzadas; también sufren amenazas de muerte como las que enfrenta desde hace seis años Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez; son víctimas de la fabricación de delitos, como los casos de Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago, Manuel Cruz y Raúl Hernández, los cinco presos de conciencia de la OPIM, que el pasado 19 de marzo, 4 de ellos alcanzaron su libertad.

La libertad de los 4 Me phaa es una conquista más del movimiento de los derechos humanos en Guerrero, pero por desgracia esto ha generado reacciones contrarias en el mismo gobierno del estado a través de la Procuraduría de Justica, al seguir enviando mensajes amenazantes de que no cejará en su intención de criminalizar a los indígenas que fueron declarados inocentes. Coincidentemente los grupos de poder en la región de Ayutla que se encargaron de fabricar estos delitos, volvieron a reactivar sus métodos delincuenciales, difundiendo en la comunidad de El Camalote, que la libertad de los cuatro compañeros la pagaran con su vida. A la compañera Obtilia le volvieron a enviar varios mensajes a su celular para recordarle que en cualquier momento le va a pasar algo, como sucedió con Raúl y Manuel.

Este ambiente hostil contra los defensores y defensoras de derechos humanos es propiciado por las mismas autoridades estatales y municipales que no reconocen y más bien criminalizan y atacan todos nuestros esfuerzos para que la justicia sea una realidad en la Montaña de los olvidados. Las visiones reduccionistas y cargadas de animadversión de la clase política y los cuerpos de seguridad, así como la indiferencia, la falta investigaciones sobre las amenazas a defensores son mensajes claros desde las altas esferas del poder de no reconocer y respetar nuestro trabajo como defensores.

En Guerrero vemos cómo las autoridades se colocan en la trinchera contraria de los defensores de derechos humanos y se empeñan en denostarnos desde diferentes frentes para acallar nuestras voces, para contener por la fuerza nuestras luchas y por ende, para que claudiquemos por la causa de los derechos de los indígenas y campesinos. En estas circunstancias difíciles vemos muy lejos a las autoridades para que asuman con gran responsabilidad su compromiso de garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Falta voluntad política para desmantelar todo el tinglado de intereses políticos y económicos oscuros que prefieren hacer la guerra los indígenas en lugar de que llegue la justicia y la paz donde reina la muerte, la violencia, la pobreza y la impunidad.




::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

lunes, febrero 23, 2009

Hallan sin vida a dirigentes del pueblo mixteco que fueron desaparecidos el 13 de febrero


Difusión Cencos México D.F., 23 de febrero de 2009
Comunicado 008/09
Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

* Estaban en bolsas de plástico y enterrados a 80 centímetros de profundidad.

* Su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.

* Viudas y deudos exigen el esclarecimiento del asesinato y castigo a los responsables.

Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el pasado viernes 13 en Ayutla de los Libres.
Hoy domingo por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco.
Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del viernes 13 de febrero cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla -que está sobre el boulevar que comunica a Ayutla con Tecoanapa-, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto publico de inauguración de obras.
En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla -y ex militar-, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.
De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del CDHM Tlachinollan, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del pasado viernes 20 en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero.
Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un "crimen de Estado", porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo.
Lamentamos las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados "esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial" y para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan "es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos".
Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables.
Contexto
La OFPM igual que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), provienen de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) mediante la cual desde hace unos 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades de Ayutla.
En la zona mixteca donde tiene presencia la OFPM, es donde se encuentra El Charco, comunidad en donde soldados del Ejército masacraron a 11 indígenas, el 7 de junio de en 1998. De igual manera en tres comunidades de esa área como Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán, fueron esterilizados de manera forzada 18 indígenas por parte de la Secretaría de Salud.
El 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes. Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.
Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.
La noche de su desaparición y la de Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos amparos por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, que personal a su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones y separos de la PIM, de la Policía Preventiva Municipal de Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo y Acapulco.
El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollan presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al gobierno de México, que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.
Ante la relevancia del caso Amnistía Internacional lanzó una acción urgente en la que externó su preocupación por la desaparición de Raúl Lucas y Manuel Ponce y exigió a las autoridades una investigación inmediata para dar con su paradero.

Tlapa, Guerrero a 22 de febrero de 2009

Más informacion:
Crimen de Estado, la doble ejecución de líderes mixtecos, asegura ONG: La Jornada (23/2/09)

AU de Amnestia Internacional “Posible desaparición / temor por la seguridad” (16/2/09)

El doble homicidio, un crimen de Estado, acusa Tlachinollan: La Jornada Guerrero (23/2/09)



::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

miércoles, febrero 11, 2009

Graves abusos se cometieron en Atenco, acepta la mayoría de ministros en la Corte





Jesús Aranda

En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.

Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.

En dos sesiones una matutina y otra vespertina, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue un acto de venganza en que intervinieron mandos superiores que aplicaron técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias, como las instauradas en los años 70 en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo.

El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.

Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.

Góngora apuntó la brutalidad excesiva de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.
::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

sábado, diciembre 13, 2008

Invitacion al 60º Aniversario de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos


Concierto x Los Derechos Humanos

¡ Defiende, Difunde y Disfruta tus Derechos !


60º Aniversario de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos

13 de Diciembre 2008
17:30 Horas
Andador Escorza (Juarez casi esq. Enrique Diaz de Leon)

Entrada Libre

Grupos Invitados

Esperantho - www.myspace.com/esperantho

Barrio Zumba - www.myspace.com/barriozumba

Cirko Kandela - www.myspace.com/cirkokandela


Organiza:

Amnistia Internacional Mexico

arteporamnistia.org

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miércoles, agosto 13, 2008

RADIOS CIUDADANAS, RADIOS COMUNITARIAS.

EL DERECHO DE FUNDAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN.



Conferencia magistral del Dr. José Ignacio López Vigil en donde nos fundamenta política, cultural y legalmente; nuestros mas básicos derechos humanos a la información, a la libertad de expresión y a través de la palabra retomar nuestro derecho no ser súbditos para transformarnos en ciudadanos a través de la reforma agraria al espectro electromagnético y tener igualdad de derechos que el sector publico y el sector privado a poseer parte del espectro para fundar radios y televisiones comunitarias.

:: Democracia Ya, Patria Para el Humillado. Apoyando al Presidente Legitimo de México LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ::
Publicado por TONATIUH.

martes, febrero 19, 2008

Bernardo Bátiz El engaño de la Reforma Judicial (Audio)

Compañeros:
Por su importancia, por el peligro que representa para México, para cada
uno de los ciudadanos, hombres y mujeres libres, para los jóvenes a
quienes no les vamos a dejar una herencia de represión y castigo, me
permití grabar estas palabras del Maestro Bernardo Bátiz Secretario de
Justicia y Seguridad del Gobierno Legitimo de México.

Palabras publicadas en la Jornada el 18 de febrero del 2008 y como se dice
que en México muy pocos leen, pues aquí lo tienen grabado, a escuchar y
difundir entre sus conocidos aun es tiempo.
Aquí el código:

Fraternalmente
Raúl Martell
Cantautor

boomp3.com



::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::

viernes, octubre 19, 2007

Derechos humanos a la Constitución

sara lovera lópez - proceso

México, D.F., 15 de octubre (apro-cimac).- Una reforma profunda a la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos ha sido propuesta por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, empezando por el artículo primero que sustituiría las garantías individuales por derechos humanos.

Se trata de un meticuloso examen de la Constitución para renovarla y ponerla al día en el concierto internacional, en el cual la jerarquía de los tratados internacionales esté por encima y se evite cualquier interpretación.

La reforma a 6 artículos de la Constitución y la adición a dos centrales como el 20 y 133, son, como propuesta, una verdadera revolución que pondrá frente al espejo a políticos que se llenan la boca de respetos y declaraciones vacías. Deja atrás parches inoperantes y revisa armonizando todos los detalles.

Si la propuesta se aprobara, en México la carta magna recogería y haría congruente al siglo XXI la exigencia de que cese el abuso, la tortura, la desaparición forzada, el genocidio y cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana. Eso incluye el horrendo panorama de la violencia feminicida en México y combatiría desde la Constitución la impunidad.

Se trata de una reforma a 6 artículos fundamentales y la adición a dos centrales, como lo son el 20 y el 133 de nuestra Constitución.

La propuesta de la senadora Ibarra de Piedra, atiende, como dice la exposición de motivos el nuevo contexto político y social y evidencia la urgencia de decir desde el artículo 1 que en este país se aseguran los Derechos Humanos, más allá de algunos de sus aspectos como la discriminación o la prohibición de la esclavitud.

El artículo 1 diría: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como de las garantías establecidas para su protección.

“Las normas protectoras de las personas contenidas en los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional y prevalecen sobre el derecho interno en la medida en que confieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos humanos.”

Para las mujeres la reforma propuesta sería una garantía central para hacer efectivas leyes generales que por falta de un asidero constitucional son por ahora inaplicables en tanto que se contradicen con leyes secundarias, vericuetos en códigos penales y confusión respecto de la doctrina de 1857 relativa a una imperfecta visión, entonces sólo liberal y denominada como garantías individuales.

La riqueza de la propuesta incluye desaparecer del artículo 13 el “fuero de guerra”, para evitar que los militares no sean juzgados por la justicia civil; garantizará mediante una adición al artículo 20, la protección efectiva de las víctimas; evitará que los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura sean prescriptibles.

Adelantamos desde ahora que esta propuesta que pone a prueba al Congreso de la Unión, inicia un litigio en cuanto a reforma de Estado se refiere y recoge, de la coyuntura y del pasado todas las contradicciones de un sistema que llamándose democrático, sistemáticamente viola los derechos fundamentales y la dignidad humana. Es como decir basta.

La reforma aparece en un momento en que se ha reanudado en México la persecución por movilizaciones sociales y la tortura sexual que para las mujeres ha constituido una amenaza latente.

Y aun cuando no es una iniciativa con perspectiva de género, al elevar claramente las obligaciones del Estado respecto a la firma de convenciones y tratados internacionales, nos incluye.

La propuesta que apenas se presentó la semana pasada requiere de una amplia discusión, dentro de la Reforma del Estado que tan pomposamente se ha puesto en el tapete de las discusiones y pretende tener diversas paternidades.

En su exposición de motivos la iniciativa define claramente qué es genocidio y queda claro que ello es congruente con una ley tan importante y abarcadora como la General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres o la relativa a la igualdad entre mujeres y hombres.

La desaparición de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; la violación de las indígenas tlapanecas que están ahora en discusión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el cúmulo de denuncias que a diario se reciben en las comisiones o procuradurías de derechos humanos, encontrarían una referencia en la Constitución que sería inapelable.

La propuesta para que desaparezca el “fuero de guerra” y la que se prepara en la Cámara de Diputados relativa al Código Militar serían congruentes. Lo trascendente es que ambas son propuestas de legisladoras que hacen evidente la importancia de tenerlas en el Congreso, congruentes con sus principios y sus luchas. Rosario Ibarra, también impulsora del Frente Nacional contra la Represión, deja en claro que tiene sentido y profundidad llegar al Congreso fuera de toda duda y clientelismo.

Es el artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio del 9 de diciembre de 1948, donde se precisa que por ese delito debía entenderse cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, describiéndose como tal la matanza de miembros del grupo, lesionar gravemente la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo; esta es la esencia que recoge nuestro derecho al tipificar tales conductas como genocidio

De dicha descripción, se desprende que el bien jurídico tutelado por tal delito es la preservación de la existencia de determinados grupos humanos considerados como estables, mientras que el elemento subjetivo del tipo es la intención de destruir total o parcialmente al grupo humano, debiendo distinguirse que esa intención de destrucción no es el móvil del delito, sino elemento subjetivo del injusto, lo que se traduce en que el móvil con el que se actúa es irrelevante para la existencia del delito, en razón de que se puede actuar con el propósito de destruir al grupo por motivos políticos, económicos, por venganza u otros, sin que ello sea relevante para la configuración del delito, porque lo que interesa es la intención de destruir total o parcialmente al grupo humano, con independencia de los motivos o razones que se tengan para ello.

La presente iniciativa busca no sólo fortalecer normativamente los derechos humanos desde el aspecto sustantivo, sino también el aspecto adjetivo o procesal de tutela de los derechos humanos. En este sentido, se modifica el supuesto de procedencia de nuestro juicio de amparo, modificando la categoría “garantías individuales” por la de “derechos humanos”; esto último amplía el ámbito protector del juicio de amparo, no sólo a las libertades públicas reconocidas por la Ley Suprema, sino a las que reconocen los propios tratados internacionales, los cuales también se establecen en la modificación propuesta.


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

jueves, septiembre 13, 2007

¿Los derechos humanos les importan a los diputados?

Ha sido conocido por miles de personas, que los gobiernos del PAN en Jalisco se han caracterizado por su intolerancia, pero sobre todo, por ser gobiernos represores, la lista es larga: casos de tortura por directores de la policía de Guadalajara cuando Ramírez Acuña era presidente municipal de Guadalajara y le quedó la tradición, el 28 de mayo y ahora recientemente la policía de El Salto, en donde su director es personalmente quien encabeza la represión en el muicipio.

Pues bien, Emilio González convocó a la "Gran Alianza" para legitimar su preocupación en el campo de los derechos humanos, en la cual participaron algunas ONG como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y programas de derechos humanos como el ITESO, quienes después de manifestar públicamente que no se habían integrado las propuestas para atender de fondo el respeto a los derechos humanos, renunciaron el pasado martes a su participación.

Hoy el diputado Leonardo García Camarena contesta que le despreocupa que se hayan salido porque no afectará ... y pueden sumarse otros como la CEDH...".

Quizá lo primero por lo que debería preocuparse el diputado es por qué se salieron estos grupos que están realizando un trabajo permanente en este campo y segundo, cómo es posible que antes la CEDH no estuviera integrada a esta gran alianza, ojalá se integre y defienda las iniciativas ciudadanas de derechos humanos que se han manifestado contra la represión y la tortura, así como la defensa por agua limpia para Guadalajara y las y los habitantes de la zona metropolitana y que por fin, se pronuncie por la violación a los derechos humanos de Lupita Lara....

Vaya que si tiene trabajo, así que a exigirle que lo haga y bien!!!!



Apoyando al Peje en 2007::

domingo, septiembre 02, 2007

Continúa la impunidad: un caso más de violaciones a los derechos humanos

JORGE GÓMEZ NAREDO

El 28 de mayo de 2004, en la ciudad de Guadalajara, cientos de ciudadanos (en su mayoría jóvenes) se manifestaron para protestar –con todo derecho– por la tercera reunión de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. El entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña (que días después “destaparía” a Felipe Calderón como candidato a la Presidencia de México y que en pago a dicho favor obtendría la Secretaría de Gobernación), ordenó reprimir a los marchantes. Los testimonios de quienes fueron capturados ese día son aterradores: tortura, golpes, intimidación, incomunicación, amenazas y un sinfín de vejaciones más. Organismos defensores de derechos humanos locales, nacionales e internacionales pidieron que se esclarecieran los hechos y se castigara a los culpables. El Ejecutivo local no tomó en cuenta las recomendaciones y, en su lugar, premió a los uniformados que participaron en la represión.

El entonces subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Filiberto Ortiz Amador, participó en el operativo y, según cuentan los testimonios de quienes fueron capturados, fungió como uno de los más fieros torturadores. A este personaje, fácilmente reconocible por padecer problemas de vitiligo (manchas blancas en la piel producidas por la pérdida de células productoras de pigmento –melanocitos–), se le conoce con el apodo de El Pinto. Era común verlo en toda manifestación, siempre acompañado de más de diez efectivos, siempre fiero, siempre intimidador. El primero de noviembre de 2006, decenas de personas marcharon por las calles de Guadalajara para protestar por la violación a los derechos humanos en Oaxaca. Ese mismo día Ortiz Amador tomó, junto con más de 40 antimotines, el quiosco de la Plaza de Armas de la capital jalisciense. Su sorpresa fue mucha cuando los manifestantes enrollaron el quiosco con papel de baño para condenar la ocupación del citado espacio público. A El Pinto se le observó torvo, amenazador: rompiendo el papel con enojo, con rabia, colérico.

El 2 de julio, Absalón García Ochoa, ex subsecretario de Asuntos Internos durante el sexenio de Ramírez Acuña, ganó la presidencia municipal de Ocotlán y nombró, rápidamente, a Filiberto Ortiz Amador como jefe de la policía municipal. Las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desde la llegada de El Pinto a Ocotlán se han incrementado de una manera alarmante: en 2005 y 2006 la policía de dicho municipio acumuló cinco; en lo que va de 2007 se han recibido 42. El alcalde panista ha apoyado a Ortiz Amador en todo momento. El miércoles pasado, cuando la mitad del cabildo pretendió suspender al jefe policiaco mientras se realizan las investigaciones sobre los casos de tortura, persecución e intimidación, lo salvó el voto de calidad de Absalón García como presidente municipal.

El gobernador de Jalisco, presto a aprovechar los reflectores periodísticos en todo momento, no pudo quedarse callado y dejar que las investigaciones siguieran su curso; raudo, respaldó a Ortiz Amador: “igual [y el aumento de quejas ante la CEDHJ en Ocotlán] es porque la policía está cumpliendo con su deber”. Es decir, para González Márquez, que se haya incrementado el número de quejas estrepitosamente no indica que la población esté sufriendo vejaciones, sino que la policía realiza su labor. Podría resumirse su visión de la siguiente manera: quien acude a la CEDHJ es un embustero hasta que se demuestre lo contrario.

Filiberto Ortiz Amador también se ha defendido. En una entrevista realizada por el reportero de La Jornada Jalisco, Juan Carlos G. Partida, arguyó que ha cumplido su labor de una manera eficiente, pues “el índice [delictivo indica] que ha bajado la delincuencia en Ocotlán un 66 por ciento en ocho meses, imagínate de aquí a tres años”. Quizá lo que no entienda El Pinto sea que no se le acusa de no haber combatido la delincuencia, sino de haber cometido violaciones a los derechos humanos.

Es muy difícil hacerles entender a los gobiernos y a los cuerpos policiacos que todos, absolutamente todos los ciudadanos tienen derechos humanos que se deben respetar. El combate a la delincuencia es, sin duda, una labor necesaria y loable; sin embargo, no se puede realizar sin respetar las garantías constitucionales.

Filiberto Ortiz Amador es, sin duda, un ejemplo de la impunidad. El 28 de mayo de 2004 participó en la represión en contra de cientos de jóvenes. No se le castigó y sí se le permitió continuar con los excesos, las torturas, la intimidación y la siempre constante amenaza de formar, de facto, una policía encubierta, secreta. Pero no es el único que sigue libre y sin castigo. Ejemplos hay muchos y, el más emblemático es, sin duda, el de Francisco Ramírez Acuña. ¿Cuándo se castigará al hoy secretario de Gobernación? ¿Cuándo?

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lunes, agosto 06, 2007

Se abre una nueva etapa para los derechos humanos en Jalisco.


Se abre una nueva etapa para los derechos humanos en Jalisco.
Por : Jorge Rocha.

Frente a la ola de comentarios vertidos en la opinión pública en el proceso de entrega-recepción de la presidencia de la CEDHJ, que van desde las denuncias de ocultamiento y extravío de expedientes comprometedores de parte del ex presidente Carlos Barba, de los supuestos vínculos del nuevo presidente, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, con el polémico Gobernador de Colima y la petición de parte del Consejo Ciudadano de la Comisión de mantener a ciertos funcionarios en sus puestos (el secretario ejecutivo y la tercera visitadora).

Lo que desde mi perspectiva toca hacer como ciudadanos interesados y preocupados en el tema de los derechos humanos, es observar con sumo detenimiento los primeros días de la nueva administración, en torno a tres asuntos de particular interés:

1) Quiénes fueron las personas designadas por el nuevo ombudsman como visitadores generales y el secretario ejecutivo de la Comisión;

2) cuál es la agenda de trabajo y la planeación de la institución; y

3) qué políticas de transparencia se implementarán, tanto en los procedimientos para formular una recomendación, como en el uso de los recursos financieros.

Lo que podamos observar sobre estos tópicos no ayudará a visualizar el derrotero de la CEDHJ en los próximos cinco años, ya que nos permitirá ver qué se hará, con quiénes y de qué forma. Valdrá la pena hacer un análisis pormenorizado sobre estos elementos, para vislumbrar qué tipo de Comisión tendremos en el estado de Jalisco en esta cuarta etapa que se inauguró el día de ayer.

A pesar de estas situaciones que generan dudas y preocupaciones, hay buenas noticias en materia de derechos humanos en Jalisco. También el día de ayer se presentó oficialmente el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), una nueva ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos en el estado. Junto con la presentación de esta institución, que ya había realizado algunas acciones previas como un balance de la administración de Francisco Ramírez Acuña en derechos humanos, se dio a conocer el “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2006”. Este documento incluye doce trabajos entre los que destacan algunos temas como la tortura en Jalisco, el caso 28 de mayo, los derechos de las y los jóvenes, los derechos de las mujeres en el estado. Toca varias situaciones en torno a los derechos ambientales y a la salud; y concluye con varios apartados sobre el desempeño de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en el periodo que acaba de concluir.

Este impreso tiene un doble valor: por un lado es el primer informe en muchos años, que desde una perspectiva de gran amplitud y con la mirada de la sociedad civil, aborda la situación global de los derechos humanos en Jalisco y por otro lado, que cuenta con una concepción interdisciplinar y desde la complejidad de los derechos, ya que no se reduce al seguimiento de los derechos civiles y políticos, que tradicionalmente han sido los más conocidos y defendidos, sino que tiene trabajos desde una perspectiva sectorial y otros que retoman los llamados derechos de segunda y tercera generación, es decir, los económicos, sociales, culturales y ambientales.

Una de las partes más interesantes del citado informe es el apartado de recomendaciones, donde el CEPAD expone 43 planteamientos derivados de los trabajos que integran el documento. Entre las recomendaciones que más destacan están la necesidad de elaborar un diagnóstico estatal de derechos humanos, elaborado por expertos, académicos y organizaciones de la sociedad civil, que de paso a la formulación de un Programa Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, que dicho sea de paso, es una de las principales acciones que se propondrá al Gobierno del Estado desde la Mesa Temática de Derechos Humanos de la Gran Alianza por Jalisco. Otra de las propuestas que sobresalen es la adopción de un sistema penal de tipo acusatorio y garantizar el derecho al debido proceso. También hay una serie de recomendaciones referidas al tema de la tortura, donde se plantea que es necesario armonizar el marco jurídico a los estándares internacionales y aplicar el Protocolo de Estambul para erradicar estas prácticas en todas las dependencias de procuración de justicia.

Se pide al Gobierno de Jalisco poner atención en el tema de la creciente violencia feminicida en el estado y la realización de un diagnóstico que ayude a valorar la vigencia de los derechos de la mujer en nuestra entidad. Otro de los planteamientos que llaman poderosamente la atención, es la propuesta de considerar el acceso a agua de calidad como un derecho humano fundamental y se hace un llamado urgente a resolver el grave problema de contaminación ambiental en el Río Santiago por los daños a la salud que se están generando en la población de El Salto de Juanacatlán. También se incluyen una serie de recomendaciones que apuntan a la defensa de los derechos de las y los jóvenes, sobre todo en lo referente a una sana e informada vivencia de la sexualidad y no ser objeto de discriminación o criminalización de parte de los cuerpos de seguridad pública.

Sin duda alguna la aparición del CEPAD en el espectro político y ciudadano de Jalisco y la renovación de la presidencia de la CEDHJ, abre un nuevo escenario en el tema de los derechos humanos en el estado. Tenemos una nueva administración del organismo público que debe defender los derechos de todas y todos, y frente a esta institución, un nuevo interlocutor construido desde la ciudadanía. Esperemos que este escenario nos de cómo resultado que en Jalisco se vivan y se respeten cada vez más los derechos humanos. Buena suerte a ambas instituciones.

Comentarios : jerqmex@hotmail.com

Opinion - Jorge Gomez Naredo

La CEDHJ y su nuevo presidente

La Jornada Jalisco

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tiene nuevo presidente: Felipe de Jesús Alvarez Cibrián. Su designación fue controvertida, pues no hubo igualdad en el trato que los diputados dieron a los contendientes (más de 15), no se suscitaron debates ni se supo públicamente cuáles eran los perfiles y las propuestas de los candidatos (salvo casos excepcionales). Todo se hizo a través del cabildeo, de los amarres entre las cúpulas, entre las elites, entre quienes detentan el poder y tratan, por todos los medios posibles, de evitar una comisión incómoda, crítica, comprometida. En la sesión en la cual se eligió a Alvarez Cibrián, el ahora muy viajero diputado perredista (un mes en el extranjero con cargo al erario) Samuel Romero Valle solicitó el apoyo de la fuerza pública e incluso hubo una persona golpeada. Este proceso de elección no representa un buen augurio para la situación del respeto a los derechos humanos en Jalisco: tendremos un presidente desligado de la sociedad y cercano a la elite política, al poder.

La CEDHJ es un órgano público autónomo y ciudadano, es decir, recibe recursos estatales pero no obedece los designios del Ejecutivo o del Legislativo (aunque éste, cosas de la vida, lo elige). Esta supuesta separación no se cumple a cabalidad. El caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es emblemático: su actual presidente, José Luis Soberanes, se ha plegado a las intenciones de Felipe Calderón, ha repetido sus argumentos y parece representar una oficina más de la Presidencia y no un órgano autónomo. En su más reciente dislate, Soberanes fustigó (como antes lo había hecho Ulises Ruiz y la Secretaría de Gobernación) el informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y en México, presentado por Irene Khan, secretaria general del organismo más importante y con más prestigio en defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional.

En Jalisco los derechos humanos se violan constantemente, pero al gobierno de cuño panista poco le importa el asunto. Los policías discriminan, pegan, torturan y tenemos casos tan oprobiosos como el del 28 de mayo de 2004, cuando cientos de jóvenes fueron brutalmente golpeados por policías estatales y municipales por el pecaminoso hecho de atreverse a protestar y a marchar. Ninguna autoridad ha sido castigada por este incidente: el entonces gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, ahora es secretario de Gobernación a nivel federal y parece que jamás, nunca, en ningún momento, será castigado por sus extravíos y por violar los derechos humanos en su estado natal.

Felipe de Jesús Alvarez Cibrián arribó a la presidencia de la CEDHJ con los estigmas de la sospecha y la desconfianza: se han ventilado públicamente sus nexos con el gobernador de Colima, Silverio Cavazos, con otros políticos y con el diputado panista Gustavo González Hernández; además, ha corrido el rumor de que su designación obedeció a un arreglo con las fracciones del PAN y del PRI en el Congreso local, las cuales pidieron “plazas” a cambio de elegir a Alvarez Cibrián. ¿Podrá el nuevo presidente actuar de manera autónoma y confrontarse con el gobierno y los partidos políticos para garantizar los derechos humanos en Jalisco? Seguramente no.

El respeto a las garantías constitucionales no solamente es un asunto entre la CEDHJ y los poderes políticos, sino una cuestión ciudadana: sin ésta, todo esfuerzo está condenado al fracaso. Por otra parte, el presupuesto a este organismo público autónomo dibuja muy bien el interés de las autoridades por el respeto a los derechos humanos: es de 50 millones de pesos anuales, es decir, menos de lo otorgado por Emilio González Márquez para el desangelado y superfluo evento de Televisa, Espacio 2007, celebrado del 4 al 8 de junio del presente año. ¿Cuántas actividades y proyectos se pudieron realizar con los 67 millones de pesos que González Márquez otorgó a la televisora si dicho dinero se hubiera invertido en la concientización de la población sobre la necesidad imperante de respetar los derechos humanos, de conocerlos y ejercerlos?

No cabe duda que la defensa de los derechos humanos no está en la CEDHJ, sino en la sociedad misma, en la organización de ésta para poder combatir los excesos que a diario cometen los potentados. Sin embargo, hubiera sido deseable que, en la presidencia de la comisión, hubiera estado una persona que tuviera conocimiento de la situación actual de los derechos humanos en Jalisco y que poseyera vínculos con la sociedad civil. No se dio, pues los diputados prefirieron un ombudsman maniatado, débil y más cercano a las elites e intereses políticos que a la defensa de las garantías constitucionales. Con estos hechos, la tarea por hacer de Jalisco un estado más justo, igualitario y donde se respeten las garantías constitucionales será una labor más difícil, titánica, pero que, sin duda, la sociedad debe y precisa afrontar.

jorge_naredo@yahoo.com

miércoles, julio 25, 2007

Human Rights Watch urge a Ulises indagar y sancionar abusos policiacos

Human Rights Watch urge a Ulises indagar y sancionar abusos policiacos, dudo que lo haga pues PERRO NO COME PERRO.


El 16 de julio hubo excesos contra los manifestantes de la APPO, sostiene Vivanco

Human Rights Watch urge a Ulises indagar y sancionar abusos policiacos

VICTOR BALLINAS

Human Rights Watch (HRW) urgió al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, a realizar "una investigación exhaustiva e imparcial de las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias cometidas por policías contra integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el 16 de julio".

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, sostuvo que si Ulises Ruiz está comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su estado, "debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados".

Refirió que el pasado lunes 16 de julio, durante una marcha de miembros y simpatizantes de la APPO, se produjo una "violenta" confrontación con agentes municipales y estatales. "La policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y ambos grupos lanzaron piedras".

Sin embargo, aseveró, HRW ha recibido informaciones creíbles de que la policía realizó detenciones arbitrarias, arrestó a personas que se encontraban en coches y autobuses, y golpeó a los detenidos. Leer más


lunes, junio 18, 2007

Cuidado de los derechos

Miguel Bazdresch

La costumbre es una excelente crema antiarrugas. La costumbre, la inefable continuidad de la cotidianidad torna invisibles las rugosidades de la vida diaria de personas y pueblos. La fuerza de la costumbre no es violenta. Es igual a la fuerza de la gota de agua sobre la piedra: tenaz, incansable y, sobre todo, terriblemente eficaz. Contra el muro de la costumbre se estrellan normas, leyes, razones, razonamientos y, desde luego, toda ideología. A esa fuerza se enfrenta quien intenta cuidar los derechos humanos en una colectividad como la nuestra.

Alguna vez, un amigo, involuntario maestro de vialidad, me dijo: “Manejar en esta ciudad consiste en aprender cuáles de las señales de tránsito son adorno y cuáles son respetables”. La señal se respetaba si era coherente con las prácticas de vialidad del sitio concreto. De otro modo, se ignoraba. Reinaba la costumbre.

El cuidado de los derechos humanos, esa formidable construcción racional con la cual pretendemos evitar los males causados por quien se comporta como superior a otros, se enfrenta a las costumbres. Son éstas, y no las leyes escritas, las que determinan si se vale o no cierta acción de la autoridad. Ejemplos leves: vejar a un joven porque se atrevió a mirar de frente al policía que lo retiene, sin derecho, es costumbre aceptada. “No los provoques”, es el consejo. Burlas y peticiones indignantes de custodios y funcionarios es lo mínimo a soportar por una mujer (peor si es joven) si quiere salir de un trance de barandilla. “Es un acto aislado” o “se lo merecen”, es la acostumbrada (y aceptada) declaración acerca de una golpiza, de un exceso, de una tortura. Cobros misteriosos, trámites inusitados, favores denigrantes, son la costumbre en la relación entre gobernantes y pobladores. ¿Qué derechos son adorno y cuáles se pueden exigir?

En estos días, el Congreso del Estado ha de nombrar a quien fungirá como ombudsman jalisciense los próximos cinco años. Ese cargo tiene el mandato constitucional de cuidar los derechos humanos, es decir, hacerse cargo de sancionar su vigencia en las actuaciones de la autoridad con la población. La belleza del encargo se enfrentará con la sordidez de la costumbre autoritaria cotidiana. Y con el hábito ciudadano de aceptarlo. El ombudsman ha de ayudarnos a ver nuestras arrugas, a hacernos inaceptables de vejación, la discriminación, el exceso “necesario”, la prepotencia y la impunidad. Se trata de aprender a cuidar, todos, de los derechos de todos.

mbazdresch@milenio.com

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