“¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo”

Foto tomada de la galeria de: Ale Alvarez


Carlos Monsiváis
El Universal

No hay ni, por lo visto, puede haber culpables en la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, si acaso el azar y su informalidad devastadora porque la ciudad carece de responsables de lo que sea, y porque las guarderías son territorio del accidente. Algunos discreparán, pero la PGR, el IMSS, el GDS (Gobierno de Sonora) y otras siglas intachables ya lo han dicho. La PGR, por ejemplo, asegura: “Podrían configurarse delitos culposos, pero nadie irá a la cárcel por el caso de la guardería. El incendio no fue intencional; si hay delito se alcanzaría fianza”. El secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, arriesga toda su lucidez: “Deseo de corazón que no haya accidentes en estancias de Sedesol”. Se supone que acto seguido nombró a su corazón Comité de Vigilancia.

No hay culpables sino héroes declarativos, del equipo de salvación de la humanidad, hay funcionarios de buen corazón que acuden al lugar devastado y dan el pésame, y miran a las dos madres que dejaron entrar y les extienden su compasión como cubriéndolas con todas las devociones. El funcionario otorga el pésame, con copias a los medios y dos para el Archivo de Qué Mala Onda (los damnificados cambian un pésame del alto funcionario por 100 de sus vecinos), y el encumbrado político otorga dos o tres abrazos breves pero suntuosos y reparte condolencias y no se preocupa si no se las devuelven; son condolencias con las que pueden quedarse los interesados.

No hay culpables. El funcionario lo dice con pesadumbre: “Si quieren un consuelo adicional, búsquenlo en la religión, mis ayudantes les darán domicilios o correos electrónicos de los templos más próximos, y aguarden los favores del Seguro que vienen envueltos de buena voluntad, son a su modo graffitis en las paredes del alma, los últimos muros desocupados sobre la Tierra”.

(A propósito de condolencias, recuerde, señora, señor, no se les olvide, jóvenes, el antiguo presidente Vicente Fox, tesorero del voto útil, que en ocasión de la tragedia de Pasta de Conchos dijo a un grupo de madres de familia, es de suponer de familia aprobada por Dios o el partido en el gobierno, algo conmovedor: “El gobierno a mi encargo las quiere mucho por su sencillez y les comunica su pena por la muerte de sus deudos”. Eso dijo porque es de sabios no recordar el lugar donde dejaron su opinión: “Les comunica su pena por la muerte de sus deudos”. Muy bien, don Vicente; desde entonces los deudos son los muertos, tal vez porque se quedaron esperando a enterarse de la suerte de sus desaparecidos.)

No hay culpables en la tragedia de Hermosillo. ¿Podrían existir? El IMSS no lo es, desde luego; es institución y la culpa es de los hombres, y ahora también de las mujeres. La subrogación tampoco porque es iniciativa de funcionarios para nada adeptos al error, que han visto en las guarderías subrogadas la devolución del cuidado de la tierna infancia a los que sí saben hacerlo, los funcionarios. Ya el director del IMSS habló de los 50 millones de pesos que el gobierno tiene destinados para los niños de aquí a que fallezcan a la edad en que eso acontezca. De veras que no merecemos, me corrijo, de veras que no merecen estos niños tanta misericordia, sobre todo porque no habiendo culpables, el gobierno asume una culpa que no es suya y que no existe, para acabar con la maledicencia de los que no están de acuerdo con la infalibilidad de las decisiones gubernamentales.

No hay culpables. El presidente Calderón confía en las guarderías subrogadas: “Son excelentes opciones y no cuestan carretadas al Estado. Casas particulares o cocheras son adaptadas para brindar atención. Los padres de familia pueden estar tranquilos con ese servicio”. También se enorgullece de “la sociedad subrogada” y de “las elecciones subrogadas”, ya encargadas por contrato a los partidos, que dado el nivel de su inteligencia podrían también subrogar neuronas. Y por eso culpar a contratistas subrogadores por su rapacidad es tanto como demandar a Caín por la falta de documentos de adquisición y venta de la quijada de burro y eso sí que no.

No hay culpables. México requiere un Estado débil y un empresariado vigoroso, al que tonifica a diario la agonía del Estado débil. Por eso dan lástima las campañas de odio, los populistas que exigen el fin de las guarderías subrogadas; sí, cómo no, y con qué otra van a salir, con que ya no quieren una nación subrogada, con que dudan de la omnipotencia del salvador de la humanidad: la crisis nos ha hecho los mandados; la economía, oigan a Carstens, sigue un rumbo seguro, el de la eternidad a corto plazo, la más productiva o rentable, la eternidad a largo plazo no está a la alza en el mercado cambiario.

No hay culpables ni favorecidos ni empresarios voraces ni políticos que se casan para ser felices y para que sus mujeres los representen en los negocios. A una familia la pueden llevar al éxtasis financiero sus relaciones consanguíneas, pero oponerse a las ayudas entre parientes es como si se quisiera talar todos los árboles genealógicos disponibles, quedan tan pocos que sería un ecocidio oponerse a las ayudas entre familias.

No hay culpables. Hay fuerzas malignas que acusan al Subrogato de la República; quizá no han oído este término, pero es porque nadie ha querido subrogarlos, dense cuenta de su nulo sitio en la sociedad, ni siquiera necesitan el nulo voto, basta con que nadie los subrogue. ¡La República ha muerto, viva el Subrogato!

No hay culpables. El titular de Sedesol, que algo debe saber de algo, o no sabría nada y seguiría siendo secretario de Estado sin saber lo que dice, con lo cual estaría a punto de no decir para poner de relieve que lo que no sabe es lo que estuvo a punto de intuir, y que se me perdone este viaje por las suposiciones porque quise ayudarlo con la esperanza de que algún día sepa algo… Declara muy ufano: “Las guarderías subrogadas son más seguras que los lugares de origen de los niños”. ¿Podría demostrar este prócer de los trabajos de campo que esos niños viven en un campo de batalla en Afganistán, o que los llevan periódicamente a Atenco durante las demostraciones de fuerza de los peleadores de Peña Nieto? ¿O podría decirnos por qué está tan seguro de que nadie lee sus declaraciones? ¿O lo que dice no tiene que ver con lo que piensa, porque lo que piensa nunca llega a tiempo de enterarse de lo que dice?

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Hallan sin vida a dirigentes del pueblo mixteco que fueron desaparecidos el 13 de febrero

Difusión Cencos México D.F., 23 de febrero de 2009
Comunicado 008/09
Centro de Derechos Humanos Tlachinollan

* Estaban en bolsas de plástico y enterrados a 80 centímetros de profundidad.

* Su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos.

* Viudas y deudos exigen el esclarecimiento del asesinato y castigo a los responsables.

Sin vida, con visibles huellas de tortura y en avanzado estado de descomposición fueron hallados los cuerpos de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) quienes habían sido desaparecidos de manera forzada por presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desde el pasado viernes 13 en Ayutla de los Libres.
Hoy domingo por la mañana, las esposas de los extintos dirigentes, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves identificaron los cuerpos, que permanecían en las instalaciones del Servicio Medico Forense (Semefo) en Acapulco.
Raúl Lucas de 39 años y Manuel Ponce de 32 años de edad, fueron detenidos por tres hombres armados que se identificaron como policías, la tarde del viernes 13 de febrero cuando se encontraban en la escuela secundaria Plan de Ayutla -que está sobre el boulevar que comunica a Ayutla con Tecoanapa-, mientras Raúl esperaba a su esposa Guadalupe Castro que como regidora de Asuntos Indígenas del ayuntamiento de Ayutla participaba en un acto publico de inauguración de obras.
En ese mismo evento participaba el director de Seguridad Pública de Ayutla -y ex militar-, Luis José Sánchez Hernández quien junto con los policías que lo escoltaban se retiró del lugar justamente minutos antes de que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueran subidos a un vehículo sin placas y llevados con rumbo desconocido.
De acuerdo con información oficial que fue proporcionada a los familiares de Raúl Lucas y Manuel Ponce así como a sus asesores jurídicos y abogados del CDHM Tlachinollan, los cuerpos sin vida fueron encontrados la noche del pasado viernes 20 en Las Cazuelas, municipio de Tecoanapa ubicada a unos 30 minutos de Ayutla, dentro de la región de la Costa Chica de Guerrero.
Durante el reconocimiento de los cadáveres que se localizaron en bolsas de plástico y enterrados a unos 80 centímetros de profundidad, los familiares constataron que éstos presentaban visibles huellas de tortura y que en el caso particular de Raúl Lucas presentaba un orificio de bala en la cabeza, mientras que la muerte de Manuel Ponce se presume que pudo haber sido por traumatismo craneoencefálico.
Como Centro de Derechos Humanos estamos plenamente convencidos de que el de los dirigentes indígenas es un "crimen de Estado", porque éste no ha otorgado las garantías que permitan a los defensores de derechos humanos desempeñar su labor, así como asegurar que no sean objeto de represalias, ataques, amenazas, desapariciones y asesinatos como consecuencia de su trabajo.
Lamentamos las declaraciones públicas del procurador General de Justicia del Estado, Eduardo Murueta Urrutia cuando refiere que Raúl Lucas y Manuel Ponce fueron levantados "esto es un elemento que distrae la investigación y pretende justificar una ejecución extrajudicial" y para los familiares, integrantes de la OFPM y Tlachinollan "es insustituible que la línea de investigación a seguir deben ser los ataques, amenazas y atropellos que sufrieron por su lucha y su trabajo como defensores de derechos humanos del pueblo indígena, es decir, queda claro su asesinato es consecuencia de su actividad como defensores de derechos humanos".
Unimos nuestra voz a la de las viudas, deudos, familiares y compañeros de Raúl Lucas y Manuel Ponce para exigir al gobierno del estado y federal que se realice una investigación exhaustiva y objetiva para que se esclarezca este asesinato y se castigue a los responsables.
Contexto
La OFPM igual que la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), provienen de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) mediante la cual desde hace unos 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, los atropellos en que habían estado incurriendo los militares en varias comunidades de Ayutla.
En la zona mixteca donde tiene presencia la OFPM, es donde se encuentra El Charco, comunidad en donde soldados del Ejército masacraron a 11 indígenas, el 7 de junio de en 1998. De igual manera en tres comunidades de esa área como Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán, fueron esterilizados de manera forzada 18 indígenas por parte de la Secretaría de Salud.
El 24 de octubre del 2006, Raúl Lucas presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de soldados del Ejército mexicano a causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes. Por el mismo hecho, Raúl Lucas interpuso denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada, de la cual salió vivo.
Como presidente de la OFPM, Raúl documentó en 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la CNDH y denuncias penales.
La noche de su desaparición y la de Manuel Ponce, Tlachinollan interpuso dos amparos por incomunicación, posible tortura y privación ilegal de la libertad en los cuales se solicita al Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, que personal a su cargo inicie una búsqueda de los desaparecidos en las instalaciones y separos de la PIM, de la Policía Preventiva Municipal de Ayutla, del 48 Batallón de Infantería con sede en Cruz Grande y las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo y Acapulco.
El sábado 14 de febrero, los familiares de los desaparecidos, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) y Tlachinollan presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington D.C. una petición de medidas cautelares a favor de los dos indígenas y pidiera al gobierno de México, que estableciera todas las acciones y medidas pertinentes para dar con el paradero de los desaparecidos y garantizara la integridad física y sicológica de sus familias y que a los demás miembros de la organización no les pase lo mismo, a causa de su trabajo.
Ante la relevancia del caso Amnistía Internacional lanzó una acción urgente en la que externó su preocupación por la desaparición de Raúl Lucas y Manuel Ponce y exigió a las autoridades una investigación inmediata para dar con su paradero.

Tlapa, Guerrero a 22 de febrero de 2009

Más informacion:
Crimen de Estado, la doble ejecución de líderes mixtecos, asegura ONG: La Jornada (23/2/09)

AU de Amnestia Internacional “Posible desaparición / temor por la seguridad” (16/2/09)

El doble homicidio, un crimen de Estado, acusa Tlachinollan: La Jornada Guerrero (23/2/09)


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Opinión - Marcela Gomez Zalce

El ajuste de cuentas Fox-Calderón

La vacuna de Lino
• ¿Y Arturo Montiel...?

La mejor manera de salvar a muchos culpables, mi estimado, es sacrificando alguno. Olas desencadenadas por el ranchero favorito y su ambiciosa esposa amenazan con tambalear aún más al débil régimen de Felipe Calderón. Ayer finalmente se confirmó lo anunciado hace demasiadas lunas: Vicente Fox es copresidente (¿?) de la Internacional Demócrata del Centro (IDC), desde donde el guanajuatense ha afirmado entusiasmado que hay mucha tarea por hacer. Ajá.

La urgente, my friend, se llama desarrollar una simpaticona trinchera con reflector cosmopolita para evadir los severos cuestionamientos sobre su original patrimonio y que hoy son motivo de escándalo.

Porque la estrategia —guste o no— estuvo bastante bien meditada y las señales desde San Cristóbal y la cúpula azul iban, precisamente, hacia allá. Lo que no deja de ser excepcional es que el Gymboree y su jefecito no hicieran gestiones preventivas para evitar que Fox siga transitando con un detonador permanente sobre la legitimidad del hoy residente de Los Pinos.

Porque para medio México es bastante claro que Vicente y Marta jugaron un rol protagónico para entronizar a Felipe quien está obligado a mostrar esa mano firme y pasión —no sólo por los uniformes militares— para que la ex parejita presidencial rinda cuentas.

Aunque de fondo el divertido culebrón de este par va, por mucho, más allá. Y es que Vicente ya cuenta con su pase de viajero frecuente enarbolando las maravillosas banderas de la IDC que irán, indiscutiblemente, en sentido contrario con las blandidas por la política exterior calderonista que, bordando fino, ha ido reconstruyendo puentes y levantando el tiradero en América Latina que dejaron los dos cancilleres foxistas.

La espléndida batalla y el ajuste de cuentas entre Fox y Calderón no debe causar ninguna sorpresa, amable lector, sobre todo porque a días de dejar la Presidencia, el guanajuatense, en una sugestiva comida en el célebre restaurante Alfredo di Roma, acompañado de un selecto grupo de sus colaboradores, espetó la seductora frase de que los mexicanos lo íbamos a extrañar. (We don´t think so shithead).

Las razones esgrimidas fueron que Felipe, ya con el fallo del tepjf (con minúsculas) en la mano, le había enviado (ok, pues, espetado) soberbias señales de que no le debía nada y todos los funcionarios foxistas no sólo serían borrados del mapa sino estarían sujetos a, digamos, algún tipo de minucioso examen... sin descartar, of course, a la traviesa familia. Lo que fue leído como un gesto de deslealtad y traición.

Desde esos momentos, mi estimado, y gracias al arrogante mensaje se comenzaron a pavimentar vías alternas de alcance internacional para blindar al ex presidente. El comienzo fue la ODCA para Manuel Espino y de ahí la IDC. El caso de las distintivas Conferencias sería mero trámite para ser utilizadas como estupendos círculos mediáticos para el envío de recados y/o tubazos. Todo como parte integral de una sopesada táctica mientras Felipe y el Gymboree se embriagaban (ok, se emborrachan) de poder.

Lo interesante es que hay cabezas foxistas a las cuales no se pretende tocar ni con el pétalo de una investigación. El caso del ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, y su interesante teatro detrás de ISOSA donde el SAT, cuyo titular José María Zubiría Maqueo, amigo del buen Francisco, y Aduanas, con oootro de sus amigos José Guzmán Montalvo —ambos con divertida información sobre las entonces andanzas del buen Zhenli Ye Gon—están, por lo pronto, semiresguardados aunque parque sobra contra la mercería foxista.

Sobre todo por la ofensiva corrupción durante el gobierno del cambio que fue monumental. El tentador asunto es si Felipe Calderón continuará siendo su rehén. La fascinadora cuestión es que alguien será sacrificado. El atrayente problema es el indudable efecto dominó que un error de cálculo podría desencadenar aunque con la soberbia desplegada en Los Pinos, my friend, este ajuste de cuentas, como en las mafias, también promete sangre…

Por eso no sorprende, my friend, la resurrección de las prodigiosas vacunas. Una de ellas es, indiscutiblemente, la de Lino Korrodi…

¿Vamos bien o me regreso?

Por la Mirilla

El PRI y el PRD en San Lázaro ya salieron con su novedad de solicitar la creación de una comisión para investigar las travesuras de Fox, condicionando el Presupuesto de 2008. Y ya encarrerados, no estaría mal que en esa divertida carambola metieran también a Arturo Montiel Rojas... ¡Adiós!

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

Opinión - Porfirio Muñoz Ledo

‘Impunilandia’

El Universal

Nuestro país nunca ha vivido en un genuino estado de derecho aunque haya existido el derecho del Estado. El aparato jurídico fue edificado, desde la Colonia, para legitimar los actos de autoridad y establecer un orden segmentado entre los componentes de la sociedad. A pesar de que, como decía Torres Bodet, muchas de nuestras leyes han sido escritas con sangre libertaria, la pirámide del poder ha impedido que sirvan a la defensa de los ciudadanos.

Nuestros regímenes políticos han dispuesto de un variado instrumental jurídico para el ejercicio de la autoridad y lo han modificado a su guisa para incrementarlo. Ello ha facilita-do que, desde sus orígenes patrimonialistas, el poder público se haya asentado en una corrupción tolerada y regulada desde la cúspide, como reparto de botín, premio a los servicios o arma de disuasión.

Los monarcas españoles controlaban el desempeño de sus virreyes a través de visitadores, oidores y juicios de residencia, y éstos a su vez mantenían las riendas del poder premiando, castigando y consintiendo a discreción. La legalidad era sólo la forma ripiosa que encubría todo género de licencias, desde el soborno hasta la venta de los puestos y de los actos de autoridad.

De manera semejante procedieron los endebles gobiernos republicanos —sólo así se entiende la prédica moral de Juárez—, tanto como la administración porfiriana, los caudillos revolucionarios y los gobernantes institucionales.

La corrupción nos ha acompañado a través del tiempo hasta volverse signo ontológico de nuestra organización política. Otra forma de conocer nuestro pasado sería escudriñar las formas en que ésta se ha manifestado y la incansable imaginación con que se ha multiplicado.

La crisis económica y el arribo de los neoliberales al poder representaron un salto cualitativo en la ilegalidad sistémica. La fuga de capitales —“ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”— y luego el uso de información privilegiada en materia financiera, cambiaria y bursátil; las privatizaciones arbitrarias, las desregulaciones selectivas, la asociación de los gobernantes con el narcotráfico y los descarados conflictos de interés. Fobaproa es la inmensa cereza sobre un pastel de abusos y porquerías.

Carlos Salinas fue el Copérnico de la corrupción. Nos colocó en otro horizonte: el de la sumisión del Estado a los poderes fácticos y transnacionales. En el trasfondo de esta metamorfosis está el fraude electoral de 1988. La cínica violación del sufragio público, la ausencia de legitimidad del gobierno y la búsqueda de asideros externos para el ejercicio de la autoridad.

En la transición democrática estaba la clave de la salud pública. Hacia allá se dirigió la lucha de la sociedad y el sacrificio de los militantes. Por ello es de lesa patria la traición de Fox. La impunidad de que goza tras sus incontables fechorías y de haber contrariado la soberanía popular erosiona los fundamentos de la República.

Es alto el costo de un gobierno ilegítimo, que no tiene siquiera la voluntad de enmendar y que intenta obstruir la salida institucional de una genuina reforma del Estado. Calderón es la réplica de Salinas, más el añadido de la complicidad indisoluble con el gobierno anterior, del cual es en rigor su prolongación delictiva.

La tragicomedia escenificada por las aventuras de Zhenli Ye Gon es muestra palmaria de la conurbación entre las brutales ilegalidades cometidas por Fox durante el proceso electoral y el ejercicio espurio del Poder Ejecutivo. Para preservar la continuidad institucional del país sería indispensable restaurar la legalidad, cortando de tajo la colusión entre los delitos y los del presente.

El personaje —a quien llamaremos El Chale conforme a la definición del diccionario, a efecto de no suscitar antiguas xenofobias— está envuelto en hechos y ha formulado declaraciones que involucran responsabilidades en el más alto nivel del gobierno. Delitos ordenados o consentidos por el presidente anterior, así como aprovechados y encubiertos por el actual. Una investigación a fondo se vuelve indispensable.

He pedido la formación de una fiscalía especial para Fox. La cuantía y entidad de sus agravios la ameritan. Pero qué hacer con quien habita Los Pinos. La Constitución señala, en su artículo 108 relativo al juicio político, que “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. ¿No podrían acaso configurarse esas faltas?

Dice también, en el artículo 109, “cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia”. ¿No hay de sobra probanzas sobre la defraudación electoral? ¿No podría crecer una enorme Fuenteovejuna que rescatara la dignidad ciudadana?

El desenlace del Watergate con la suspensión del mandato de Nixon en Estados Unidos y el final de los escándalos de Collor de Melo en Brasil fueron sin duda saludables para sus respectivos pueblos. En México es imprescindible una ruptura radical con el pasado. Impunilandia no puede continuar, porque no prevalecería la nación.

bitarep@gmail.com

Opinión - Jose Agustin Ortiz Pinchetti

Contra el maquiavelismo

Urnas y arcas

La Jornada

Manuel Clouthier dijo en 1988: "quien se roba las urnas luego se robará las arcas". Proverbio y pronóstico perfecto. Salinas robó la elección y luego saqueó la nación. También se podría decir... "quien roba las arcas, después se robará las urnas"...

La relación entre corrupción, abusos de poder y fraude electoral es inevitable. El régimen autoritario garantiza la impunidad. La democracia garantiza (en alguna medida) la rendición de cuentas. Para asegurar la impunidad es indispensable no perder las elecciones. Asegurarse que no habrá alternancia, que no habrá quien exija cuentas.

Hemos dicho que Vicente Fox es traidor a la democracia. Es cierto. Sacrificó su futuro como fundador de la democracia con tal de impedir que un auténtico opositor llegara al poder. Se piensa que su aversión por Andrés Manuel obedecía a cuestiones subjetivas y hasta patológicas. Error. Fox interviene con todos los recursos del Estado para alterar el resultado electoral como una medida desesperada para impedir que se le exigieran cuentas de su desempeño.

No hay día en que no se denuncien excesos cometidos por gente en los primeros círculos del gobierno de Fox. Los foxistas cometieron toda clase de despilfarros y de latrocinios. Fox temía que si llegaba a la Presidencia un legalista incorruptible como AMLO, muchos de sus allegados, parientes políticos y quizás él mismo, terminarían en la cárcel.

Para muestra basta... no un botón, sino un ramo espectacular: las redes de complicidades, encubrimientos, cohechos en el caso del empresario farmacéutico Zhenli Ye Gon. Conforme vamos sabiendo cosas, las responsabilidades penetran en la procuraduría y en tres secretarías suben hasta la Presidencia de la República.

Es cierto, Calderón no era hombre de las confianzas de Fox, quien había elegido como heredero a Santiago Creel. Pero Felipe era y es controlable: Fox lo tiene agarrado de los pelos chiquitos (para usar la expresión de Richard Nixon). Bastaría amenazarlo con hacer una de sus confesiones sobre la irregularidad de la elección presidencial para doblarlo. Madrazo era muy vulnerable por sus corruptelas. AMLO no era controlable.

Para garantizar la impunidad, Fox necesitaba un cómplice que ganara las elecciones y que luego lo protegiera. Seguro llegó a un acuerdo con Calderón. La primera cláusula era garantizar que ni Fox ni su familia ni su grupo serían investigados. Pero Fox necesitaba también la complicidad del PRI. Por eso él y Calderón negociaron con el viejo partido una cláusula de impunidad: los gobernadores y otros priístas corruptos e incluso delincuentes serían protegidos. A cambio, los priístas no molestarían a Fox ni a Calderón ni a sus mafias. Así los panistas protegen a Ulises Ruiz a pesar del clamor generalizado en su contra y el PRI bloquea la investigación de los negocios de los Bribiesca.

Estas complicidades no funcionarían sin otra muy importante, la de los medios electrónicos. Los comunicadores emiten mensajes para confundir y así atenuar la indignación pública. A pesar de las denuncias, la población no parece exaltarse. No saldremos de impunilandia (por favor lean a Porfirio Muñóz Ledo) ni llegaremos a la tierra prometida de la democracia, mientras no haya medios críticos y una oposición enérgica capaz de ganar el poder, no sólo de negociar con él.

jaop@prodigy.net.mx

Ni un solo culpable por el halconazo

Se cumplen 36 años de la agresión del grupo paramilitar a estudiantes y maestros

En 2006 el gobierno cerró el caso

Echeverría y Moya Palencia fueron exonerados

Evidencias: Los halcones atacan a los contingentes estudiantiles en San Cosme
Foto: Imagen de archivo

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Este domingo se cumplen 36 años de la matanza del jueves de Corpus sin que se haya castigado a uno solo de los responsables y poco más de un año de que el gobierno mexicano cerró el asunto.

La manifestación del 10 de junio de 1971 tenía como demandas la libertad de presos políticos; derogación de la Ley Orgánica de la Universidad de Nuevo León; promulgación de un proyecto para esa casa de estudios elaborado por maestros y estudiantes; democratización de la enseñanza; desaparición de todas las juntas de gobierno de las universidades del país; representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM; desaparición de "porras", y destinar 12 por ciento del producto nacional bruto a la educación.

La agresión comenzó a las cinco de la tarde, cuando los contingentes avanzaban sobre Avenida de los Maestros. Los responsables fueron Los Halcones, grupo paramilitar que comenzó a operar en 1961, bajo órdenes del teniente coronel Manuel Díaz Escobar Figueroa y que para 1971 estaba en la nómina del entonces Departamento del Distrito Federal.

Según los informes oficiales, el saldo fue de más de 40 heridos de bala, seis muertos y una decena de atropellados; sin embargo, la cifra real de personas que perdieron la vida se desconoce.

Hoy se cumple también un año de que el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y su entonces secretario de Gobernación Mario Moya Palencia fueran exonerados del delito de genocidio. La única posibilidad de que los responsables sean castigado es que el caso sea conocido por instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Opinión - Jaime Avilés

Desfiladero

¿Dónde está Rivera Carrera? ¿Por qué desapareció desde el domingo?

¿Es verdad que rompió con Calderón? ¿Recibirá un alto cargo en el Vaticano?

La Jornada

¿Dónde está el cardenal Norberto Rivera Carrera? El domingo pasado no ofició la misa de 12 en la Catedral Metropolitana, donde se dijo que se había ido a "Roma para tratar diversos asuntos" (La Jornada, 23 de abril de 2007, página 44). Por su parte, una fuente eclesiástica confió ayer a este reportero que ese día, en realidad, le cedió el espacio al obispo auxiliar Marcelino Hernández Rodríguez, porque en esa fecha éste cumplía un año más de su ordenación.

A lo largo de la semana, sin embargo, circularon insistentes rumores en el sentido de que Rivera Carrera no abandonó el país sino hasta la noche del propio domingo, y que el lunes llegó en efecto a Roma, de donde "ya no regresará a México" porque, en breve, el papa Benedicto XVI le dará un importante nombramiento como alto funcionario del Vaticano.

En contradicción con lo anterior, un portavoz de la arquidiócesis primada de México, al hablar off the record con periodistas que cubren esa fuente, deslizó que el cardenal permanece en el país pero que "no está localizable" porque decidió "romper todo contacto" con la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, tras el apercibimiento que le hizo la oficina de Francisco Ramírez Acuña por la violencia de sus críticas contra los partidarios de la despenalización del aborto.

Estos son, pues, los datos que prefiguran la existencia de una crisis en el más alto nivel de la Iglesia católica mexicana: tras las amonestaciones que la Secretaría de Gobernación le enderezó la semana pasada, el arzobispo primado de México desaparece de la escena pública: no acude a la misa del domingo en catedral, donde sin proporcionar detalles específicos se informa que "se encuentra en Roma".

Lo demás, las especulaciones, las filtraciones y los rumores, abonan la sospecha de que Rivera Carrera está en el centro de un huracán cuya gravedad no es todavía ponderable, pero que abre dos líneas interpretativas. Una, que al designarlo como alto funcionario del Vaticano, el papa Benedicto XVI estaría reaccionando ante el juicio penal que se desarrolla en un tribunal de California, donde el arzobispo está acusado por encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar, que en México y luego en Estados Unidos abusó sexualmente de decenas de niños. En otras palabras, que al hacerlo "caer hacia arriba" asignándole un cargo en el gabinete del obispo de Roma, la Santa Sede impediría que la justicia estadunidense lo sentenciara como cómplice de un violador de menores.

La segunda posibilidad -la de su "rompimiento" con Felipe Calderón y Ramírez Acuña- no tiene pies ni cabeza. No hace falta ser un observador muy agudo para advertir que desde hace varias semanas Rivera Carrera fue perdiendo progresivamente la calma, a medida que el proceso penal de California daba un giro cada vez más desfavorable a sus intereses. Tampoco se requiere de gran astucia para percibir que al emprender su ruidosa campaña contra la despenalización del aborto -o en favor del aborto clandestino que causa la muerte de numerosas mujeres pobres cada año- creyó que la pelota estaba de nuevo en su cancha y recobraría su disminuida autoridad.

Tan seguro se sentía de eso que incluso se permitió hablar contra los pederastas como si no estuviera acusado de proteger a uno de ellos. Pero su táctica, marcada por la desesperación, culminó con un sonoro fracaso. No sólo no impresionó a nadie con sus medievales amenazas de excomunión, ni pudo sacar a las calles a más de tres mil personas -en una ciudad de 20 millones de habitantes-, sino que cometió el error de involucrar al Papa en una batalla que estaba irremediablemente perdida de antemano. Y si ahora, para colmo, rompió con Calderón, ha de estar al borde mismo de un colapso nervioso.

Lo cierto es que al meter a la Iglesia en la coyuntura del aborto para tratar de recomponer su imagen pública, Rivera Carrera ayudó a la ultraderecha a entretener a la sociedad en un debate filosófico, mientras en las cámaras del Poder Legislativo el PRIAN vencía a los diputados y senadores del Frente Amplio Progresista en batallas más trascendentes, como la reforma del ISSSTE, que hará pasar de la pobreza a la miseria a millones de jubilados, o las reformas a diversos códigos penales que mandarán a la cárcel por "terroristas" a los luchadores sociales que ejerzan el derecho constitucional de protestar contra el poder. Ulises Ruiz debe estar felicísimo.

La estrategia estuvo a punto de incluir en el mismo paquete la derogación de la Ley de Neutralidad. Sin embargo, gracias a la movilización inmediata de la resistencia civil, el PRI tuvo que pintar su raya afirmando que no contribuirá a facilitar la participación de México en las guerras de Estados Unidos.

Aunque el tema no está cerrado -el PAN volverá a la carga porque la supresión de esa ley es un compromiso que Vicente Fox contrajo con WC en 2005 y el "gobierno" federal está obligado a respetarlo-, la moraleja de esta semana es obvia: mientras Rivera Carrera buscaba consuelo en Roma, José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, era vapuleado en la Cámara de Diputados por su abominable actuación en la tragedia de Zongolica.

El denominador común entre ambos personajes es que cayeron en desgracia después de apoyar tramposamente a Calderón: uno por intervenir a gritos y sombrerazos en la polémica del aborto, reviviendo el odio que desataron los pasados comicios, y el otro por hacer suya la tesis, ya insostenible, de que la señora Ernestina no fue violada por miembros del Ejército. Pero si algo coloca en relación de igualdad a Rivera Carrera y Soberanes con el titular del IFE, Luis Carlos Ugalde, máximo responsable técnico del fraude electoral, es que su permanencia en los cargos que detentan sólo le causará más y más problemas al país.

Entre tanto, Maru Guerrero, creadora del pan de caja alternativo llamado Mi General, dijo a Desfiladero que el proyecto seguirá adelante, pero fuera del PRD. "Vamos a seguir trabajando con la sociedad, pero ya no con el partido, porque no queremos que el grupo de Gerardo Fernández Noroña lo termine convirtiendo en una nueva leche Betty", se quejó... Y, cosas de la vida, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal los mismos diputados perredistas que se cubrieron de gloria al despenalizar el aborto, están impulsando una reforma a la Ley de Espectáculos de la ciudad de México para que en las corridas de toros los jueces de plaza, que representan al gobierno de Marcelo Ebrard, queden sometidos a los caprichos de la mafia que en alianza con Televisa ha destruido la fiesta brava en esta metrópoli. Lo asombroso es que en la movida, seguramente por desinformación, está metido Salvador Martínez della Rocca, el legendario Pino. ¿Por qué?

Esperan sanción a culpables

Enrique Méndez y Roberto Garduño

Pobladores de Soledad Atzompa expresaron ayer su confianza en que el Ejército Mexicano sancionará, como ofreció el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, a los soldados que habrían participado en la presunta violación de la anciana Ernestina Ascensión Rosario.

En conferencia de prensa conjunta con diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Antonio Hernández expresó: "si no tuviéramos confianza en el gobierno y sus instituciones, no pediríamos que nos ayuden".

Por su parte, Braulio Antonio Rosario afirmó que al reclamar justicia, los indígenas de la sierra de Zongolica, Veracruz, no denigran la imagen de una persona o del Ejército: "lo que nos pasó es de verdad, es cierto. Si fuera una calumnia, no estaríamos aquí. Lo que queremos es que se esclarezca el crimen cometido por el Ejército. En vez de combatir a la delincuencia, los soldados fueron a delinquir".

Frente al argumento de que el destacamento militar se asentó en la comunidad para combatir grupos ligados a la delincuencia organizada, dijo: "ahí nos conocemos muy bien, no hay criminales, no hay guerrilla, ni tampoco el narcotráfico. ¿Por qué no nos hacen caso? ¿Porque no nos podemos defender porque somos muy humildes?"

Aproximadamente 50 personas, entre niños, mujeres, adolescentes y hombres que viven en Soledad Atzompa se presentaron en la Cámara de Diputados para insistir en que haya justicia y castigo para "aquellos que han cometido ese crimen".

Durante la conferencia, las diputadas Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, y Aliette Bautista cuestionaron el "papel de víctima" en el que se colocó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes.

"Se tiró al suelo y se hizo la víctima -dijo Maricela Contreras a los pobladores de Atzompa-. Lo más injusto es que quería presentar las fotos de la necropsia. Era una cuestión de ética no permitirlo. Ya lo había hecho, de manera irresponsable, en una conferencia de prensa".

Aliette Bautista aseguró que Soberanes conocía, de antemano, el formato de su comparecencia "y sabía a qué venía". Así que, dijo, su intento de presentar fotografías y pruebas sólo era para "dar un espectáculo. El doctor Soberanes está equivocado, defiende a los presuntos violadores y no los derechos humanos de las mujeres".

José Antonio Hernández tradujo un mensaje de Eustasia González, quien expresó en náhuatl su inconformidad "por el acto que se cometió por parte de los militares" y porque "este caso sea resuelto y sean ajusticiados los culpables".

Hernández dijo que las mujeres de Soledad Atzompa tienen la certeza de que la anciana sí fue violada por militares y por ello también tienen el temor "de que todos los soldados sean los mismos que cometieron esta anomalía. Tienen miedo de que si salen a la tienda, les suceda lo mismo" que a Ernestina.

A una pregunta respecto de si la comunidad conocía que Ernestina Ascensión Rosario estuviese enferma, y ello justificaría la versión oficial de su muerte por anemia, Javier Antonio Hernández dijo: "no estaba enferma. Ella se dedicaba a cuidar sus ovejas. Ella era una ciudadana común y por eso no nos explicamos por qué ese acto maléfico y tanto enredo".

Opinión - Jorge Rocha

Si nadie es culpable, todos son culpables, todos mienten

Jornada Jalisco

La crisis política del momento tiene a un cuarteto como protagonista: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Presidencia de la República, el gobierno del estado de Veracruz y la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena). En los diversos medios de comunicación hay argumentaciones encontradas, hechos contradictorios, acusaciones mutuas, hechos inexplicables y una defensa a ultranza de instituciones y personas que han llegado al extremo de plantear un escenario de confrontación, que más que a la reflexión, atiende a un declaracionismo cuasi-religioso: “yo le creo a Soberanes”, “yo le creo a Fidel Herrera, “yo le creo al Ejército” “yo le creo a Calderón”.

Evidentemente en este grado de neblina política que sólo provoca confusión en los ciudadanos, es necesario plantear interpretaciones que nos ayuden a discernir, no sólo para saber quiénes mienten o quiénes dicen la verdad (donde seguramente descubriremos que todos mienten), sino ¿por qué están pasando estas cosas? ¿por qué Ernestina Ascensión (mujer, anciana, indígena y pobre) terminó muerta?, ya sea por gastritis no atendidas o por violación tumultuaria, en ambos casos la causa es una grave violación a los derechos humanos. Es necesario recordar y exponer algunos hechos:

a) Felipe Calderón ha puesto en la base de su Gobierno a la Sedena. Los dichos y hechos concretos ha llevado a innumerables analistas a afirmar que el Presidente requiere de un Ejército fuerte para lograr la gobernabilidad que no logró en las urnas, por lo tanto no puede permitirse el lujo de “ensuciar” y dañar la credibilidad de esta institución y menos en el inicio de su gestión.

b) El Ejército Mexicano no tiene un buen historial en materia de derechos humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, desde el gobierno de Ernesto Zedillo han hecho una serie de recomendaciones al gobierno mexicano para que resuelva casos concretos de violación a derechos humanos perpetrados por militares, para que se retire el fuero militar y que no se utilice a esta institución para labores de seguridad pública. Además, tenemos los casos no resueltos de la guerra sucia y de la represión al movimiento estudiantil de 1968, las acusaciones de comunidades indígenas de las actuaciones de los militares en sus territorios donde han consumado violaciones a los derechos humanos y en este momento los escándalos de Zongolica y la violación a 13 mujeres perpe-trada por un grupo de militares, en la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila. En este último caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, el obispo Rául Vera y Jackie Campbell, responsable del área de comunicación de la Diócesis de Saltillo, han sido objeto de amenazas y difamaciones por acompañar y defender a las mujeres violadas. Es de notar que en todos estos hechos la impunidad es la constante.

c) La actuación del doctor José Luis Soberanes como ombudsman nacional ha dejado muchas dudas por la inconsistencia de su labor. Es cierto que en el caso de Atenco y los altermundistas de Guadalajara se emitieron informes valiosos y valientes (aunque habría que decir que sobre el 28 de mayo no hubo recomendaciones, sólo un informe especial, lo que le quita contundencia a esa acción). Sin embargo, frente al caso de Oaxaca y Zongolica, las ONG de defensa de Derechos Humanos han planteado serias y profundas críticas a las posiciones de la CNDH, al considerar que más que defender los derechos humanos, parece que pretenden ocultar la responsabilidad de los agresores. Es decir, son posiciones “a modo” para evadir la justicia de los violadores a los derechos humanos. En el caso de Ernestina Ascensión han caído en claras y preocupantes contradicciones.

Por otra parte, cuando Soberanes se reelige como presidente de la CNDH, se hicieron una serie de acciones que ponían en entre dicho su ética y compromiso por la defensa de los derechos humanos. Una de estas acciones fue celebrar un congreso de derechos humanos al que invitó a muchas ONG de asis-tencia social a Playa del Carmen con gastos pagados y con cargo al erario, por supuesto. Luego estas ONG fueron sus principales aliados en la reelección. Por otra parte los principales organismos civiles de defensa de derechos humanos en el país decidieron no asistir. Hasta ahora la relación entre CNDH y estos grupos es inexistente. Claro que si sabemos que el presupuesto del año pasado de la CNDH fue de 742 millones de pesos estas inconsistencias se tornan demasiado caras.

d) El gobierno de Fidel Herrera es el PRI viejo, caciquil, autocomplaciente y megalómano. De ellos se puede esperar todo, hasta una permanente campaña de comunicación social que todo asocia con Fidel.

Todos estos hechos pueden tener un hilo conductor, y es que Felipe Calderón no puede permitir que el actor eje de su política quede debilitado y en entre dicho. No puede permitir que los mexicanos tengan la imagen de militares violando mujeres, no puede permitir que el garante de su gobierno se resquebraje. Por otro lado, José Luis Soberanes ha demostrado ser un oportunista político y ha usado a la CNDH para sus fines. Con Vicente Fox intentó recuperar la imagen de un ombudsman fuerte, que incluso lo llevo a ser nombrado como posible presidente interino tras el pasado conflicto electoral. Sin embargo, con Calderón cambió su posición, se “acomodo” a los intereses del Ejecutivo. Calderón, la Sedena y Soberanes saben que la “piedra de toque” del Ejército es el respeto a los derechos humanos, quizá por ello niegan y amenazan cuando se presentan casos tan escandalosos como los de Castaños y Zongolica. Como ciudadanos no nos queda más que seguir exigiendo la verdad.

Opinión - Jose Gil Olmos

Zongolica

proceso

México, D.F., 5 de abril (apro).- Zongolica es una de las zonas más pobres del país. Sus habitantes indígenas náhuatl carecen de lo indispensable. Pero desde 1994 son vigilados porque en las instituciones de inteligencia del gobierno federal sostienen que ahí hay células de guerrilla. Por eso el Ejército no deja el lugar, no obstante el rechazo que generan sobre todo después de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una anciana de 73 años que antes de morir denuncio abuso de los soldados.

La sierra de Zongolica casi nunca es visitada por los gobernantes de este país. Si tienen suerte, sus habitantes son objeto de una parada electoral de algún candidato a la Presidencia de la República que llega hasta ahí cada seis años sólo para prometer bienestar y progreso, algo que nunca llega.

En 1994, Zongolica fue mencionado como uno de los lugares donde el EZLN tendría presencia. Así, antes de que llegara el bienestar prometido, lo que los indígenas pobres de esta zona recibieron fue la vigilancia militar.

A pesar que desde hace 13 años se mantiene una estrecha vigilancia, el gobierno federal no ha logrado confirmar que la guerrilla zapatista o algún otro grupo tenga bases de apoyo. Pero eso no ha sido impedimento para que se mantengan tropas militares entre los montes de la Sierra Sur de Veracruz.

En el municipio de Soledad Atzompa, región de Zongolica, vivía la anciana de 73 años Ernestina Ascencio Rosario. El 25 de febrero fue encontrada por sus familiares en muy mal estado, y ella le dijo en náhuatl a su hija que “los soldados se le vinieron encima”.

Ernestina aún llego viva al hospital de Río Blanco, pero su estado había empeorado. El primer examen médico reporta que se descubrió agresión sexual en su cuerpo, además de fractura craneal, lesiones en las costillas, brazos y piernas. Además se registraron restos de semen en su cuerpo.

Horas después la mujer murió y sólo hasta que se supo de las presuntas causas de su deceso en los medios es que Ernestina cobró importancia.

El 28 de febrero la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomó el caso en sus manos, una vez que la Procuraduría de Justicia de Veracruz ya había realizado el examen médico forense confirmando la agresión sexual que había sido víctima.

Pero al paso de los primeros días la CNDH y la Procuraduría de Justicia Militar exigieron la exhumación del cuerpo para comprobar la presunta violación de Ernestina por parte de un grupo de soldados. Para entonces la Secretaría de la Defensa Nacional ya había emitido dos comunicados importantes para el caso: en uno de ellos decía que “liquido seminal del cuerpo” había sido enviado a la PGR para que fuera examinado. El otro acusaba a un grupo de desconocidos haberse vestido de militares para cometer la violación y acusar al Ejército y de esta manera azuzar a la población para que exigiera su salida. Dicho boletín marcado con el numero 19 fue recogido ese mismo día por los mismos militares y sustituido por otro donde ya se había rasurado este párrafo.

El 13 de marzo, el presidente Felipe Calderón hizo una declaración sin que mediara una pregunta. Al final de una entrevista con el diario La Jornada, aseguró que Ernestina no había sido violada y que su muerte había sido causada por una “gastritis crónica”.

Cinco días después, el presidente de la CNDH, el defensor del pueblo, dijo algo similar, que la anciana indígena había muerto por “anemia aguda”. Es decir, por la hemorragia de sangre causada por una gastritis.

La verdad oficial chocó de inmediato con la verdad popular. En Zongolica la gente ha comenzado a manifestarse contra el presidente Calderón, el Ejército y la CNDH. Si el gobierno federal quería mantener bajo control esta zona pobre de Veracruz, ahora será más difícil.

Los indígenas sienten nuevamente la marginación, el desdén y el olvido al que han sido sometidos por siglos. El nuevo gobierno no les representa ningún cambio sino la continuidad de una política de exclusión y maltrato.

Las contradicciones del gobierno estatal y federal, de la CNDH y del propio Ejército son más que evidentes a lo largo de la investigación y difícilmente podrán ser resueltas sin provocar más conflictos.

Hoy el gobierno de Calderón y la CNDH quisieran enterrar para siempre a Ernestina, dejar en el olvido este asunto que sintetiza el maltrato que se le da al sector más olvidado del país: el pueblo indígena. Y lo hace en estos días en que precisamente llegará a México una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No quieren que el caso de Ernestina suba al ámbito internacional porque golpearía la imagen del gobierno de Calderón de por sí puesta en tela de juicio por las irregularidades en las elecciones del 2006 y, al mismo tiempo, dejaría mal parado a Soberanes quien, al parecer, quiere mantener su carrera pero como ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Pero Ernestina, al parecer, se niega a quedar en el olvido y su caso cobra cada vez mayor relevancia en la opinión pública, pese a que su rostro no sale en televisión.

La jerarquía católica, hipócrita sobre el tema del aborto: Elisur Arteaga

Considera el jurista que la iniciativa de la ALDF no viola la Constitución

"No dudo que Marcial Maciel haya logrado la absolución por el pago de una multa"

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La Iglesia católica no siempre ha estado en contra del aborto y la fornicación. Desde 1517, cuando el papa León X -quien murió de sífilis a los 46 años de edad- promulgó la Taxa Camarae, se abrió la puerta para que cualquier sacerdote, obispo o cardenal que incurriera en esos u otros pecados pudiera ser exonerado actualmente con el pago de una tarifa a la santa sede.

Además, el máximo teólogo para los católicos, Santo Tomás de Aquino, opinó que el feto carece de alma durante las primeras semanas de gestación, tal como consta en su obra La summa contra los gentiles, capítulo 89, libro II.

"Tampoco puede afirmarse que el alma esté completa según su esencia desde el principio, aunque sus operaciones no aparezcan por deficiencia orgánica. Porque primero el alma se une con el cuerpo del que propiamente es su acto. Luego el alma es forma de un cuerpo órgano. Por lo tanto, (el alma) no está en acto en el semen, antes de la organización del cuerpo, sino únicamente en potencia o virtualmente; es después (durante la gestación) que se agrega al cuerpo", refiere dicho capítulo.

Estas y otras citas son documentadas por el constitucionalista Elisur Arteaga Nava, quien en entrevista con La Jornada considera que "la cúpula de la Iglesia católica siempre es y ha sido muy contradictoria e hipócrita en el tema del aborto".

Estudioso y conocedor a fondo del derecho canónico, el jurista afirma que la reforma de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que busca despenalizar la práctica del aborto hasta las 12 semanas de gestación, de ninguna forma contravendrá la Constitución.

"La norma que se propone no obliga a abortar, sólo dice: no te voy a castigar si lo haces, y únicamente puedes hacerlo en determinadas circunstancias y en tiempo límite de gestación", refirió Arteaga Nava.

En todo caso, agrega, los poderes Ejecutivos federal y estatales, Legislativo y/o un particular -siempre y cuando acredite su interés jurídico-, pueden recurrir a la acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional o al juicio de amparo, respectivamente, para impugnar la ley u obtener la protección de la justicia federal.

A decir del académico de la UAM, se debe retomar la idea que durante 30 años sostuvo la Iglesia católica en México: derogar la prohibición constitucional de atentar contra la vida de un ser humano, expresado en el artículo 130 constitucional.

"Se trata de una conducta penalizada que no ha derivado en sanciones, porque no se ha abierto un solo proceso y no hay sentencia contra quien haya abortado; es pues un delito que no se aplica", puntualizó.

Sobre el debate que existe sobre la propuesta de la ALDF de despenalizar el aborto, el jurista refirió que es mentira y un acto de "hipocresía" la afirmación del cardenal Norberto Rivera Carrera y del ex secretario de Gobernación, Carlos María Abascal, respecto de que la Iglesia siempre se ha opuesto a la aplicación de esa conducta considerada por ellos como pecado e inmoral.

"En un documento que todavía no ha sido derogado (Taxa Camarae), y que promulgó un Papa en el siglo XVI, la Iglesia permite y absuelve a los ministros de culto que forniquen, tengan sexo con una virgen o incluso a los que solapen la práctica del aborto, previo pago de una multa.

"Con toda seguridad, el padre Marcial Maciel, quien enfrentó acusaciones por pederastia, y el padre Nicolás Aguilar (acusado de abusar sexualmente de 90 niños en México y Estados Unidos) hayan sido absueltos por el actual Papa Benedicto XVI, luego de pagar su multa, tal como lo establece la Taxa Camarae", señaló.

Dijo que el teólogo Tomás de Aquino consideró que el alma no nace con el cuerpo, sino que "se agrega al mismo después de varias semanas de gestación".

La realidad, añade, es que los jerarcas de la Iglesia y los funcionarios ligados a la derecha, como Abascal, "se aprovechan de la ignorancia de los feligreses, que no saben de filosofía ni teología, para hablarles de moral y buenas costumbres; cuando ellos son los menos indicados para hacerlo".

Opinión - Jenaro Villamil

Ernestina Ascencio, la infamia

proceso

México, D.F., 4 de abril (apro).- El asesinato de la señora Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhualt de 73 años de edad, se ha convertido en un caso-tipo del mecanismo de la infamia que puede transformarse en sello de este gobierno. No sólo eso: amenaza con transformarse en una confrontación entre el gobierno de Veracruz y la administración de Calderón, y en poco tiempo alcanzará dimensiones internacionales, por las características propias del escandaloso homicidio, teñido de violencia, abuso sexual.

La operación de la infamia resulta grotesca. En menos de un mes, Los Pinos logró que la víctima se convierta en cómplice de su propia muerte por “anemia” y males “gastrointestinales”, y los medios de comunicación más oficiosos decidieron no investigar. La CNDH de José Luis Soberanes perdió el poco prestigio que le quedaba al prestarse a un juego de intriga y complicidad palaciega y olvidarse que la comisión fue creada para defender a los ciudadanos más débiles, no las apreciaciones presidenciales. La institución del Ejército reaccionó ante el caso como si se tratara de una acusación que involucrara a todo el alto mando y, en lugar de apoyar una investigación creíble y respetuosa, como al inicio la propia Sedena acreditó, ahora lo pervirtió al tomarlo como si fuera una ofensa institucional.

Por si fuera poco, el presidente Felipe Calderón, violando toda la autonomía de los ministerios públicos y de los organismos de derechos humanos, dictó la “línea” que sus voceros debían seguir, arrastrando en la infamia a la directora de Inmujeres, María del Rocío García Gaytán, quien se aventó la infamia de decir que las últimas palabras de Ernestina Ascencio, al ser pronunciadas en náhuatl y moribunda, no tienen el crédito de una denuncia. En declaraciones a la prensa, publicadas el sábado 31 de marzo, García Gaytan justificó así lo dicho por Calderón en La Jornada: “El es el presidente; tiene información privilegiada, tiene que estar enterado, y no es sospechoso de que haya adelantado un dictamen”.

Una simple relatoría de los sucesos nos da la idea de cómo una denuncia y un agravio se convirtieron en una persecución contra los familiares y vecinos de Ernestina Ascencio:

1.- El 2 de marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció que Ernestina Ascencio Rosario fue “violada tumultariamente por elementos castrenses, al parecer, pertenecientes al 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del domingo 25 de febrero” de este año.

El centro acreditó lo que algunos medios locales publicaron: la señora Ernestina fue hallada todavía con vida por sus familiares en la comunidad de Tetlalzingo. Presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y tenía “un daño especialmente grave en la cadera”. En testimonio dado a sus familiares, la anciana afirmó: “Los militares se me vinieron encima”. Por su estado crítico de salud, fue trasladada al hospital de Río Blanco, donde falleció el 26 de febrero. El certificado original de su muerte acreditaba que presentaba huellas de tortura y perforación del recto.

2.- La procuraduría de Veracruz abrió una investigación en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, en Ciudad Mendoza, bajo los números 140/07 y 471/07. El Centro Pro informó en su comunicado que versiones de los pobladores indicaban que entre cuatro y 11 militares pudieron estar detenidos por los hechos.

3.- En los días siguientes, los pobladores, encabezados por el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, realizaron manifestaciones para exigir castigo a los responsables. Enviaron un comunicado a Los Pinos, reclamándole a Calderón que, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, evitara la impunidad y ordenara que “el Ejército salga de nuestro territorio y que no vuelva nunca más”.

4.- La CNDH envió visitadores a la zona. Adelantó que investigaría las denuncias realizadas no sólo por los familiares, sino por decenas de organismos de derechos humanos que subrayaron un elemento fundamental: Ernestina Ascencio ha sido una entre otros casos similares, como el de Inés Fernández, indígena tlapaneca, originaria de Guerrero, que en 2002 fue agredida sexualmente por elementos castrenses; Valentina Rosendo Cantú, también indígena tlapaneca, violada y torturada en 2002; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixes, de Barrio Nuevo San José, Guerrero, y tres hermanas tzeltales: Ana, Beatriz y Celia González quienes, en 1994, después de haber sido privadas de su libertad, fueron violadas por militares.

5.- Sin que existiera pregunta de por medio, Calderón adelantó en una entrevista publicada en La Jornada, tres semanas después de los hechos, que obtuvo información de la CNDH que negaba que la señora Ascencio hubiera sido violada. Su muerte se debió a problemas “gastrointestinales”. Vaya, todo se hubiera resuelto con Pepto Bismol.

Días después, a pesar de las contradicciones iniciales, José Luis Soberanes acreditó un informe final de la CNDH, en el que estableció, como si fuera médico legista, que Ascencio murió de “úlceras gástricas” provocadas por una “anemia aguda”. Descartó que hubiera perforación rectal y afirmó que fueron inexistentes los indicios de traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales.

El operativo mediático fue apabullante. Con la excepción de algunos medios impresos –como La Jornada, Proceso y otros periódicos locales de Veracruz-- más la puntual cobertura de Carmen Aristegui en W Radio, todos los demás medios optaron por reproducir textual las versiones oficiales.

Quien se salga de este guión ordenado desde Los Pinos y acatado por Soberanes, se vuelve, automáticamente, en sospechoso de querer dividir y agredir a las Fuerzas Armadas.

El panorama no puede ser peor. El gobierno de Veracruz y las autoridades municipales encabezan la protesta contra la CNDH. Las instancias internacionales como la CIDH vendrán a México a realizar sus propias investigaciones. El gobierno federal reacciona como si fuera una orden

En lugar de combatir la impunidad de algunos elementos del Ejército se alienta la impunidad institucional y se envía el mensaje más ominoso de todos: la vida de cualquier mujer, anciana, indígena y pobre, vale menos que la “honorabilidad” de una institución y el maquillaje mediático que siempre se desvanece ante las evidencias de la infamia.

jenarovi@yahoo.com.mx

Todos los pueblos de la sierra Zongolica reclaman la renuncia de José Luis Soberanes

La "sed de justicia" por el asesinato de Ernestina Ascencio une a PRD y PRI

Crean comité representativo y unitario para dar seguimiento a las investigaciones del crimen

René Huertas, dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la sierra Zongolica, conminó a realizar las investigaciones que sean necesarias para resolver el crimen. Lo acompañan los hijos de Ernestina Ascencio Foto: Marco Peláez

BLANCHE PETRICH ENVIADA

Soledad Atzompa, Veracruz, 3 de abril. Con "sed de justicia" y respaldados por todos los pueblos de la sierra Zongolica, los cinco hijos de la señora Ernestina Ascencio demandaron la destitución del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, "porque miente a la población al decir que la muerte de nuestra madre fue por enfermedad". Las tres mujeres de largas trenzas, Marta, Carmen y Juana, a ratos se tapan la boca con el rebozo, apenadas. Los dos hombres, Julio y Francisco, se muestran firmes. Juntos, los hermanos Inés Ascencio encabezaron este martes una asamblea en la que participaron más de 100 hombres y mujeres congregados de los 22 municipios serranos y de algunas zonas urbanas de Orizaba y Córdoba.

El presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, que al asumir su papel de autoridad habla por ellos, reitera: "Ellos son testigos de la última palabra de su señora madre, de que fue atacada sexualmente. Y lamentablemente la declaración de la CNDH agrede a la familia. Le pedimos a todas las autoridades que ya no sigan lacerando a los hermanos en este dolor que tienen".

Con estas declaraciones ante un nutrido grupo de periodistas veracruzanos concluyó una intensa y compacta asamblea realizada en el salón de actos de la agencia de Atzompa. Todos los agentes de los 22 municipios de la Zongolica acudieron y aprobaron la iniciativa de exigir la salida de Soberanes del cargo de ombudsman nacional, por considerar que al ventilar públicamente sus puntos de vista sobre la muerte de la señora Ernestina y desconocer la instancia correspondiente, a escala estatal, faltó el respeto a la familia de la víctima. "Nosotros -expresaron las autoridades- respetamos las instancias y los plazos debidos. Nos dijeron que técnica y científicamente había plazos que esperar. Y esperamos. El señor Soberanes, lamentablemente, no lo hizo".

Además de las organizaciones campesinas y de mujeres, las autoridades comunitarias de municipios de las montañas, acudieron representantes de redes ciudadanas de los núcleos urbanos de Mendoza, Nogales, Orizaba, 18 municipios de la zona de Córdoba y varios más de las sierras Negra y de Orizaba, que confluyen con sus alturas y laderas en el verde valle que se extiende a los pies de Atzompa. Hubo priístas y perredistas, líderes rivales que hasta hace poco tenían fricciones y diferencias, grupos de base y cuadros políticos.

A partir de hoy los une una causa común. "Levante la mano quien esté de acuerdo con pedir justicia", pide el presidente de debates. Y en el sofocante auditorio donde está por concluir la asamblea, toda en náhuatl, se levantan todas las manos, hasta las de los niños que asisten pegados a las faldas de sus madres. Y todos dicen en español: "¡Justicia!"

Momentos antes se había propuesto la creación de un comité, representativo y unitario, que arropara con su solidaridad y sus acciones a la familia Inés Ascencio. Más de 50 personas se levantaron a firmar el acta constitutiva. Hacía años que en la sierra Zongolica no se vivía una acción unitaria como esta. Pero además, se anunció que pedirán a todos los legisladores veracruzanos, tanto a los que representan al estado en el Congreso como los diputados locales, a que se sumen a la iniciativa. Más aun, afirmó el regidor de obra pública Julio Atenco, "le tomamos la palabra al señor gobernador (Fidel Herrera), que ha ratificado que lo que se perpetró contra la señora Ernestina fue un crimen y no ocurrió por muerte natural, lo cual lo pone en contradicción con la CNDH. Eso ha marcado un paso muy importante de congruencia del gobierno veracruzano, que queremos reconocer". Sus palabras fueron secundadas por la audiencia.

A partir de este momento, se anunció, se esperará "un tiempo determinado", para que la fiscalía especial asignada al caso por la Procuraduría General de Justicia Estatal, que encabeza Juan Alatriste, lleve a cabo la investigación "hasta sus últimas consecuencias". Pero, advirtió el alcalde Pérez Pascuala, "si no hubiera respuesta a nuestra petición, se iniciarían movilizaciones en diferentes partes de la entidad, pidiendo únicamente que este crimen no quede impune".

Se aclaró, de paso, que aquí "no se está culpando a nadie". Aunque por varios antecedentes de conflictos y atropellos, y por las circunstancias que rodearon la muerte de la abuela Ernestina, incluyendo su último testimonio, no hay duda, en estos pueblos, sobre la responsabilidad de los soldados.

Durante la asamblea, las tres hijas de Ernestina hablaron largamente, con seguridad. La audiencia bebía sus palabras. Algunos vocablos en español daban idea de por dónde iban los discursos: "Anemia no es cierto", "mucho coraje", "presidente de los derechos humanos". Pero ya frente a la prensa, inhibidas frente a un idioma ajeno, resumieron su sentir en unas pocas frases, pronunciadas con las mejillas encendidas: "Tenemos hambre y sed pero no queremos comida ni agua. No queremos dinero, no queremos nada, queremos justicia. Sólo eso, compañeros y compañeras, señor gobernador".

En su turno en el uso de la palabra, el dirigente de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra Zongolica (CROISZ), René Huertas, explicó lo difícil que fue para los hermanos Inés Asencio, espiritualmente, acceder a la petición de proceder a exhumar el cuerpo de su madre, apenas un día después de que, conforme a los usos funerarios de los pueblos indígenas, acudieron los dolientes al cementerio a "levantar la cruz" de la difunta. Pero lo hicieron por contribuir a la investigación.

Nadie, de todos los presentes, recordaba un solo caso de exhumación de restos en estos pueblos.

Por ello, insistió, "si alguna institución dice tener la verdad, vamos a pedirle que se dirija a la instancia especializada que el gobierno del estado instruyó. La fiscalía ha asegurado que está dedicada, y sabemos que sí, las 24 horas a trabajar en el caso. Es la única que va a definir legalmente este proceso. Los demás serán simplemente decires. Pero en esos decires no queremos que sigan dañando a la familia".

Por su parte, Julio Atenco señaló que, además de trabajar en la estrategia jurídica, el comité de apoyo a la familia Ascencio trabajará una línea de estrategia de lucha política con apoyo solidario de grupos civiles de México, con diputados federales, entre ellos el perredista nahua Marcos Matías, que preside la Comisión de Asuntos Indígenas; la organización Enlace Continental de Mujeres, que sólo en México cuenta con más de 100 grupos en toda la República, y con Amnistía Internacional. "En este asunto cada vez más complejo -señaló Atenco- vamos a agotar todas las instancias nacionales, pero sabemos que al final vamos a tener que llegar a instancias internacionales con tal de que este crimen no quede impune."

Reprueba alcoholemia joven 'influyente'

La camioneta Ecosport conducida por Francisco Xavier Álvarez del Castillo Íñiguez, de 19 años, fue retirada por una grúa de Vialidad

Santiago Vega

Guadalajara, México(1 marzo 2007).- Por manejar en tercer grado de ebriedad fue detenido por agentes viales Francisco Xavier Álvarez del Castillo Íñiguez, de 19 años, quien en noviembre del 2006 se vio envuelto en un caso de tráfico de influencias junto con el hijo del ex jefe de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

El 26 de noviembre, Álvarez del Castillo Íñiguez, y Christian Arias de la Torre, hijo de Fernando Arias Pérez, ex vocero estatal y actual funcionario federal, jugaban carreras en sus autos y en el cruce de las Avenida Juárez y Federalismo, impactaron el Volkswagen Sedán conducido por Nestor Alán Rodríguez Licea.

Nestor Alán, de 18 años, falleció, mientras que los presuntos causantes, quienes al parecer manejaban bajo los efectos de bebidas embriagantes, fueron detenidos.

Los dos jóvenes salieron libres bajo fianza al no comprobarse la agravante de conducir en estado de ebriedad, ya que la alcoholemia dio negativa, pues se les practicó seis horas después del accidente.

Según el acta circunstanciada 185/07 elaborada por peritos de la Secretaría de Vialidad y Transporte (SVT), a las 2:30 horas de ayer, Álvarez del Castillo Íñiguez manejaba una camioneta Ford Ecosport, placas JDN-8879, por Avenida Patria, cuando fue interceptado frente a la escuela UNICO por no utilizar el cinturón.

El documento señala que José Martín Hernández Aceves, oficial tercero de la dependencia estatal, solicitó la alcoholemia; el resultado reveló que el joven tenía 189 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, 39 miligramos más de los permitidos, aunque esa prueba no es totalmente contundente para medir la cantidad de licor consumida.

Álvarez del Castillo Íñiguez fue llevado ante un agente del Ministerio Público y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tomaron una muestra de sangre para medir la concentración de alcohol, cuyo resultado fue de 304 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre, es decir tercer grado de ebriedad.

Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados en México, explicó que al no haber una sentencia contra el joven, el fiscal no tiene razones para mantenerlo preso, aunque consideró que el o los jueces que sigan los procesos deben tomar en cuenta los dos incidentes.

"Yo espero que en este caso (la última detención de Álvarez del Castillo Íñiguez) lo tome en cuenta para efectos de dictar la sentencia, porque yo creo que pueda provocarse otro accidente", opinó Nestor Rodríguez Gómez, padre de Nestor Alán.

Quince personas vieron y asistieron a Ernestina en sus 12 últimas horas

En Zongolica se gesta una movilización que clama "por la verdad y la justicia"

Testigos relatan una historia contraria a la versión de fallecimiento por causas naturales

El cadáver de Ernestina Ascensio Rosario Foto: Cortesía de Proceso

BLANCHE PETRICH

En el lapso de casi doce horas que transcurrieron entre las cinco de la tarde del domingo 25 de febrero, cuando la abuela nahua Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años, fue encontrada malherida en un paraje de su pueblo, Tetlatzinga, y la madrugada del lunes 26, cuando expiró, al menos 15 personas la vieron y asistieron en su agonía.

Sus hijos Julio, Marta, Francisco, dos vecinos de la comunidad, Luis Aguilar y José Vázquez, la enfermera de la clínica rural de la comunidad de Acultzinapa, de nombre Luisa, un médico de Ciudad Mendoza y tres especialistas del hospital regional de Río Blanco, que la atendieron durante siete horas y media en terapia intensiva, la vieron moribunda y constataron su estado físico.

También son testigos el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, y el regidor, el comandante de la policía municipal y el juez que lo acompañaron. Y René Huerta, dirigente de Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica. Todos relatan una historia que no coincide con la hipótesis de muerte natural, por úlceras pépticas y anemia.

El acta de defunción firmada por el doctor Juan Pablo Mendizábal, la primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y declaraciones del procurador estatal, Emetrio López, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana. Por ese motivo la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento depende del 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero.

Esta fue la hipótesis que prevaleció entre el 26 de febrero y el 13 de marzo, cuando el presidente Felipe Calderón, en entrevista con Elena Gallegos y Claudia Herrera, de La Jornada, dijo que la señora había muerto "por gastritis". A partir de entonces la versión oficial cambió de dirección y la Secretaría de la Defensa Nacional y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, se lanzaron a secundar al mandatario con la hipótesis de muerte por enfermedad.

"Lo que la gente vio y sabe"

Pero "lo que nuestra gente vio y sabe no se puede borrar con declaraciones oficiales", sostiene Julio Atenco, funcionario del ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ).

Por eso, el alcalde y su cabildo, acompañado por las autoridades de las 36 comunidades del municipio, acudieron el jueves 29 a Xalapa a entregar al gobierno estatal un pronunciamiento en el que ofrecen "no hablar" en los próximos 15 días y esperar el resultado oficial de las investigaciones, a cargo del fiscal especial Juan Alatriste. Pero advierten: "Si no tenemos resultados y se continúa haciendo lo posible para garantizar impunidad a los militares, entonces nuestro pueblo iniciará una movilización social". Solicitan "a pesar de todo", audiencias con Calderón y el ombudsman. Su petición no ha merecido respuesta.

Los testimonios de la muerte de Ernestina, presentados ante el Ministerio Público y dos visitadores de la CNDH describen a la mujer tirada en una loma en las afueras del pueblo, a unos pasos de un campamento militar. "Tenía la falda levantada, se le veían sus piernitas", dijo Luis Aguilar. El y José Vázquez, indígenas nahuas, ayudaron a levantarla con todo cuidado para subirla a la camioneta en la que fue trasladada.

Además está el testimonio de su hija Marta, que declaró a los funcionarios de la procuraduría estatal y a los periodistas que su madre, antes de expirar, le dijo que había sido agredida por soldados. Funcionarios federales del más alto nivel pretenden hoy "desmentir" esa confesión de la madre a su hija, instantes antes de expirar.

Los 22 agentes municipales que acompañaron a Pérez Pascuala a dar testimonio de la muerte violenta de quien llaman "nuestra hermana mayor" respaldan la convicción del dirigente: "No dudamos de la palabra de la difunta Ernestina".

Se cuenta además con el testimonio de René Huerta, líder de la CROISZ, uno de los hombres que ayudó a bajar a doña Ernestina de la camioneta en el hospital de Río Blanco, en una cobija. "Sí sangraba. El médico de guardia la tapó con una bata. Escuché el testimonio de sus hijos. Ellos no mienten ni tienen motivo para hacerlo."

Los médicos legistas María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez, que dictaminaron muerte violenta por hemorragia causado por un desgarre interno, ahora se niegan a hacer cualquier declaración, incluso en defensa propia, acorralados por la fuerte campaña gubernamental. Han sido amenazados con una investigación penal para determinar si incurrieron en negligencia y "declaraciones falsas".

Otros testigos también empiezan a retractarse, como Marcos Rojas, ex subagente municipal de Tetlatzinga, que había declarado ante las autoridades que a la una de la tarde, dos horas antes del presunto ataque a Ernestina (se calcula que habría ocurrido entre las dos y tres de la tarde) había visto a dos soldados en el paraje donde ocurrieron los hechos. Agregó un detalle: los militares estaban comiendo naranjas. Los visitadores de la CNDH acudieron al lugar y constataron que había cáscaras de naranja.

Se ha insinuado que los hombres a los que vio Rojas eran "civiles disfrazados de militares o guerrilleros". Esto es "imposible", porque nadie en la sierra ha visto guerrilleros, asegura Julio Atenco. Y si los hubiera, "difícilmente estarían descansando y comiendo naranjas a unos pasos de un campamento militar".

Pero mientras en el Distrito Federal se teje, difunde y defiende la hipótesis por muerte natural, en Xalapa se habla -según fuentes del palacio de gobierno- de "una confrontación" entre el gobierno estatal y el federal, y en Zongolica se gesta una movilización que clama "por la verdad y la justicia".

"La familia de doña Ernestina le abrió sus puertas a la CNDH, accedió a la exhumación y la segunda necropsia. Sólo pidieron respeto a su dignidad, a su dolor y a su inteligencia. No es lo que ha hecho Soberanes. Hay que tener cuidado. Declaraciones irresponsables sobre un hecho tan delicado puede poner en riesgo la tranquilidad de toda la Zongolica", recomienda Huerta, líder de la CROISZ.

Antes de la muerte de Ernestina, explica Mauricio Xocua Méndez, dirigente de la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica (OCISZ) "ya había un ambiente muy fuerte" de tensión entre el Ejército y las comunidades del municipio de Soledad Atzompa y sus vecindades, generada por el soterrado conflicto por la explotación forestal.

La incursión de soldados en los pueblos de la montaña "se da por temporadas, para inhibir que la gente busque otras opciones de organización", explica el líder, quien admite que los incidentes "son constantes, pero nadie habla de ellos".

La mayoría de los roces entre soldados y pobladores se produce porque los militares acostumbran tomar la leña que necesitan sin pedirla, mucho menos comprarla. Los indígenas no organizados, cuyas labores de explotación forestal es calificada como "tala ilegal", bajan la cabeza y se resignan. Pero, aclara Xocua, "la gente organizada en grupos productivos de uso sustentable de la madera no. Acuden al cuartel y denuncian estos robos. Eso disgusta a los militares".

El problema forestal en Zongolica se agudizó a raíz de una iniciativa del gobierno estatal de "prohibir la tala clandestina", sin tomar en cuenta los proyectos sustentables de las organizaciones. "Llegan sin presentar alternativas a para la gente que no tiene otra fuente de subsistencia. Esto genera inconformidad, se han tomado alcaldías y agencias municipales. De vez en cuando la autoridad confisca una motosierra, o la leña de la gente. Además se percibe la intención del gobierno de distorsionar los hechos, cuando habla de guerrillas, cuando hace décadas que no hay movimiento armado en la zona. Eso agrava la situación de ofensa en la comunidad".

Xocua asegura que Zongolica "está muy organizada". Predominan en la región la OCISZ y la CROISZ. Y considera que puede venir una respuesta en solidaridad con la demanda de justicia de Soledad Atzompa de los 14 municipios de la sierra, "siempre y cuando así lo solicite la comunidad".