Opinión - Jenaro Villamil

Ernestina Ascencio, la infamia

proceso

México, D.F., 4 de abril (apro).- El asesinato de la señora Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhualt de 73 años de edad, se ha convertido en un caso-tipo del mecanismo de la infamia que puede transformarse en sello de este gobierno. No sólo eso: amenaza con transformarse en una confrontación entre el gobierno de Veracruz y la administración de Calderón, y en poco tiempo alcanzará dimensiones internacionales, por las características propias del escandaloso homicidio, teñido de violencia, abuso sexual.

La operación de la infamia resulta grotesca. En menos de un mes, Los Pinos logró que la víctima se convierta en cómplice de su propia muerte por “anemia” y males “gastrointestinales”, y los medios de comunicación más oficiosos decidieron no investigar. La CNDH de José Luis Soberanes perdió el poco prestigio que le quedaba al prestarse a un juego de intriga y complicidad palaciega y olvidarse que la comisión fue creada para defender a los ciudadanos más débiles, no las apreciaciones presidenciales. La institución del Ejército reaccionó ante el caso como si se tratara de una acusación que involucrara a todo el alto mando y, en lugar de apoyar una investigación creíble y respetuosa, como al inicio la propia Sedena acreditó, ahora lo pervirtió al tomarlo como si fuera una ofensa institucional.

Por si fuera poco, el presidente Felipe Calderón, violando toda la autonomía de los ministerios públicos y de los organismos de derechos humanos, dictó la “línea” que sus voceros debían seguir, arrastrando en la infamia a la directora de Inmujeres, María del Rocío García Gaytán, quien se aventó la infamia de decir que las últimas palabras de Ernestina Ascencio, al ser pronunciadas en náhuatl y moribunda, no tienen el crédito de una denuncia. En declaraciones a la prensa, publicadas el sábado 31 de marzo, García Gaytan justificó así lo dicho por Calderón en La Jornada: “El es el presidente; tiene información privilegiada, tiene que estar enterado, y no es sospechoso de que haya adelantado un dictamen”.

Una simple relatoría de los sucesos nos da la idea de cómo una denuncia y un agravio se convirtieron en una persecución contra los familiares y vecinos de Ernestina Ascencio:

1.- El 2 de marzo de este año, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro denunció que Ernestina Ascencio Rosario fue “violada tumultariamente por elementos castrenses, al parecer, pertenecientes al 63 Batallón de Infantería de la 26 zona militar de Lencero, Veracruz, la mañana del domingo 25 de febrero” de este año.

El centro acreditó lo que algunos medios locales publicaron: la señora Ernestina fue hallada todavía con vida por sus familiares en la comunidad de Tetlalzingo. Presentaba golpes en diversas partes del cuerpo y tenía “un daño especialmente grave en la cadera”. En testimonio dado a sus familiares, la anciana afirmó: “Los militares se me vinieron encima”. Por su estado crítico de salud, fue trasladada al hospital de Río Blanco, donde falleció el 26 de febrero. El certificado original de su muerte acreditaba que presentaba huellas de tortura y perforación del recto.

2.- La procuraduría de Veracruz abrió una investigación en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, en Ciudad Mendoza, bajo los números 140/07 y 471/07. El Centro Pro informó en su comunicado que versiones de los pobladores indicaban que entre cuatro y 11 militares pudieron estar detenidos por los hechos.

3.- En los días siguientes, los pobladores, encabezados por el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, realizaron manifestaciones para exigir castigo a los responsables. Enviaron un comunicado a Los Pinos, reclamándole a Calderón que, en su calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, evitara la impunidad y ordenara que “el Ejército salga de nuestro territorio y que no vuelva nunca más”.

4.- La CNDH envió visitadores a la zona. Adelantó que investigaría las denuncias realizadas no sólo por los familiares, sino por decenas de organismos de derechos humanos que subrayaron un elemento fundamental: Ernestina Ascencio ha sido una entre otros casos similares, como el de Inés Fernández, indígena tlapaneca, originaria de Guerrero, que en 2002 fue agredida sexualmente por elementos castrenses; Valentina Rosendo Cantú, también indígena tlapaneca, violada y torturada en 2002; Francisca Santos y Victoriana Vázquez, indígenas mixes, de Barrio Nuevo San José, Guerrero, y tres hermanas tzeltales: Ana, Beatriz y Celia González quienes, en 1994, después de haber sido privadas de su libertad, fueron violadas por militares.

5.- Sin que existiera pregunta de por medio, Calderón adelantó en una entrevista publicada en La Jornada, tres semanas después de los hechos, que obtuvo información de la CNDH que negaba que la señora Ascencio hubiera sido violada. Su muerte se debió a problemas “gastrointestinales”. Vaya, todo se hubiera resuelto con Pepto Bismol.

Días después, a pesar de las contradicciones iniciales, José Luis Soberanes acreditó un informe final de la CNDH, en el que estableció, como si fuera médico legista, que Ascencio murió de “úlceras gástricas” provocadas por una “anemia aguda”. Descartó que hubiera perforación rectal y afirmó que fueron inexistentes los indicios de traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales.

El operativo mediático fue apabullante. Con la excepción de algunos medios impresos –como La Jornada, Proceso y otros periódicos locales de Veracruz-- más la puntual cobertura de Carmen Aristegui en W Radio, todos los demás medios optaron por reproducir textual las versiones oficiales.

Quien se salga de este guión ordenado desde Los Pinos y acatado por Soberanes, se vuelve, automáticamente, en sospechoso de querer dividir y agredir a las Fuerzas Armadas.

El panorama no puede ser peor. El gobierno de Veracruz y las autoridades municipales encabezan la protesta contra la CNDH. Las instancias internacionales como la CIDH vendrán a México a realizar sus propias investigaciones. El gobierno federal reacciona como si fuera una orden

En lugar de combatir la impunidad de algunos elementos del Ejército se alienta la impunidad institucional y se envía el mensaje más ominoso de todos: la vida de cualquier mujer, anciana, indígena y pobre, vale menos que la “honorabilidad” de una institución y el maquillaje mediático que siempre se desvanece ante las evidencias de la infamia.

jenarovi@yahoo.com.mx