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sábado, agosto 15, 2009

El mayor asesino de Acteal se llama Ernesto Zedillo

Foto
Algunos de los liberados del caso Acteal permanecen en un hotel de CintalapaFoto Moysés Zúñiga Santiago

Desfiladero

Jaime Avilés

La Jornada

Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor y Julio César Ruiz Ferro son los principales beneficiarios de la abominable decisión de la Suprema Corte, que el miércoles liberó a 20 paramilitares responsables de la matanza de Acteal y pronto soltará a 30 más.

No lo olvidemos: la noche del 22 de diciembre de 1997, cuando varios grupos de gatilleros a sueldo salieron de las comunidades de Los Chorros y Pechiquil, en el municipio de Chenalhó, para dirigirse a la ermita de Acteal donde oraban Las Abejas, Zedillo era presidente de la República y comandante supremo de las fuerzas armadas; Chuayffet era secretario de Gobernación y Ruiz Ferro gobernador de Chiapas, y ninguno de los tres desconocía el terrible clima de violencia, inducida, deliberadamente por ellos mismos, contra las bases de apoyo del EZLN en los Altos.

Era una política de Estado, planeada y aprobada en el más alto nivel del Poder Ejecutivo federal, y había sido puesta en marcha, en su fase crítica, hacía varios meses. Los paramilitares, armados y adiestrados por el Ejército, atacaban las casas y las cosechas de los zapatistas, las saqueaban, las incendiaban y obligaban a hombres, mujeres y niños a refugiarse en las montañas, tiritando bajo la lluvia y el frío.

Mientras esto ocurría –y La Jornada lo documentaba con las crónicas de Hermann Bellinghausen, antes que el tema fuera retomado en televisión por Ricardo Rocha–, Chuayffet se cambió de peinado, y posó para los medios, protagonizando una nota frívola, acerca de su nueva imagen. Zedillo entre tanto guardaba silencio y Ruiz Ferro coordinaba las operaciones locales.

El 4 de noviembre de 1997, mes y medio antes de la matanza, los obispos de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz y Raúl Vera, fueron tiroteados a su paso por una comunidad paramilitar del norte de Chiapas. Pero ni Zedillo, ni Chuayffet ni Ruiz Ferro intervinieron para frenar la escalada violenta creada, insisto, por ellos mismos.

La primera semana de diciembre, en el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente nacional del PRD, encabezó un mitin, no muy concurrido por cierto, para exigirle a Zedillo que frenara a los paramilitares. Pero los preparativos de la carnicería continuaron. Todo está documentado en las hemerotecas. En los centros defensores de los derechos humanos abundan los testimonios y las pruebas. Sobran evidencias para demostrar que se trató de un crimen de Estado, con una finalidad militar estratégica.

Hasta ese momento, a casi cuatro años del inicio de la rebelión, las fuerzas armadas no habían ocupado a su entera satisfacción los Altos de Chiapas. Necesitaban un pretexto. Y con la anuencia de Zedillo y de Chuayffet, y la sumisión de Ruiz Ferro, aplicando los manuales de guerra de baja intensidad del Pentágono y utilizando a los paramilitares que habían capacitado en los cuarteles, obligaron a miles de zapatistas a refugiarse en las montañas en calidad de desplazados. Una vez logrado ese objetivo dieron el golpe de gracia en Acteal. Entonces, miles de soldados se aposentaron en los Altos para evitar nuevos brotes de violencia.

Al paso de los años, la maniobra bien puede leerse como una jugada de pizarrón. De parte del gobierno, fue la respuesta más brutal a la declaración de guerra que el EZLN emitió el primero de enero de 1994. Pero, al autorizarla, Zedillo cometió un crimen de lesa humanidad por el que algún día, ojalá no muy remoto, será juzgado y condenado. Su delito, como se sabe, es imprescriptible, y cuando en México se restaure la justicia tendrá que responder, no sólo por Acteal sino también por las matanzas de Aguas Blancas, El Charco y El Bosque, cuyo gobierno instrumentó para alcanzar objetivos de corto plazo, entre otros, por ejemplo, justificar devaluaciones temporales del peso. Sólo una bestia como él –a la que según sus propias declaraciones nunca le ha dolido la cabeza– pudo haberle causado a México tantos daños económicos y sociales y, no obstante, conservar el cinismo que le permite pasearse por el mundo como el padre de la transición democrática mexicana... merced a la cual nos dejó entre las pezuñas de un burro como Vicente Fox.

Pero por lo pronto, seamos objetivos, Zedillo y sus cómplices aplazaron por algún tiempo más el juicio que no podrán eludir indefinidamente. Se anotaron, hay que reconocerlo, una pequeña victoria, junto con los sepultureros de la historiografía, que en 2006 desenterraron los cadáveres de los niños, de las mujeres, de los ancianos y de los hombres asesinados en Acteal, y de los fetos que fueron sacados del vientre materno a machetazos, para acusarlos de delitos nefandos. Que la patria los cubra de laureles y de euros.

Gracias a las momias de la Suprema Corte, el futuro de México está en manos de los paramilitares, esos nuevos actores políticos que, inspirado en la experiencia colombiana, Enrique Peña Nieto planea utilizar, si llega a Los Pinos, como agentes pacificadores en contra del descontento popular y, supuestamente, el narcotráfico. No por nada, las relaciones entre la ultraderecha prianista y el gobierno paramilitar de Álvaro Uribe están más sólidas que nunca.

Anteayer, en Bogotá, Calderón olvidó que preside el Grupo de Río y que debe fomentar las buenas relaciones diplomáticas entre los países de América Latina, y delante de Uribe se manifestó en favor de las siete bases militares que Estados Unidos planea modernizar en territorio colombiano, como parte de una eventual guerra contra Venezuela, Ecuador y Bolivia. Con ese gesto de adhesión a Uribe, Calderón lanzó una bofetada a Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales. Las consecuencias no tardarán en hacerse visibles.

Lo bueno es, sin embargo, que la inmensa mayoría de los mexicanos ni siquiera se enteró de la excarcelación de los asesinos de Acteal, o de las nuevas formas de represión made in Colombia que se fraguan, y de ningún otro asunto, trascendente o no, porque México, sí, ¡México, nuestro querido México!, le ganó 2-1 a Estados Unidos y eso es lo único que cuenta y por lo cual merece la pena vivir borrachos de gloria hasta que termine el campeonato mundial de Sudáfrica.

La victoria de México, ¡de todo México!, sobre el equipo de Estados Unidos es mil veces más importante que el anuncio, hecho el martes por Agustín Carstens, cuando dijo que en 2010 el país dejará de captar 316 mil millones de pesos por concepto de venta de petróleo y, por lo tanto, el gobierno recortará todos los programas sociales, no fomentará las actividades productivas, no construirá la nueva refinería (pero seguirá importando gasolina y cobrando comisiones por ello), despedirá a más burócratas y aplicará IVA a alimentos y medicinas, pero no rebajará los sueldos de ninguno de los altos funcionarios, ni disminuirá sus privilegios, ni pronunciará la palabra austeridad.

Al contrario, subirán todos los precios, se perderán cientos de miles de empleos, se recrudecerá la inseguridad y se multiplicarán las fuerzas represivas, pero sólo pensaremos en una cosa mágica, fascinante y extraordinaria: el futbol. Y cuando México, ¡sí, todo México!, tenga su boleto para irse a Sudáfrica, Televisa se encargará de mantenernos extasiados y anestesiados, incluso cuando no nos quede otro remedio que ir al Monte a empeñar la televisión. ¡Ah, qué maravillosos días se avecinan!

Por lo pronto, hay que ir al cine a ver Corazón del tiempo, la película que durante años y con enormes sacrificios escribieron Hermann Bellinghausen y Alberto Cortés, antes de filmarla en la selva Lacandona, con los miembros de una comunidad zapatista que relatan su propia vida, entretejida con la historia de amor entre una mujer que se quiere casar con un soldado del EZLN, pero tiene en contra la opinión de su familia. Un proyecto cinematográfico admirable, que desde su gestación contó con la simpatía y el apoyo de Robert Redford.

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

jueves, febrero 12, 2009

ATENCO, Expediente Abierto






A juicio del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, funcionarios de los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— pudieron incurrir en responsabilidad al permitir la violación de garantías constitucionales, no sólo por ordenar la actuación indiscriminada de los cuerpos policiacos contra la población de San Salvador Atenco, sino también por no evitar que las cosas se salieran de control.

Además, esos funcionarios públicos, federales y estatales, de los cuales no da sus nombres, cometieron graves omisiones en su función pública por no haber atendido a tiempo los problemas sociales que derivaron en un conflicto mayor, como fueron los brutales acontecimientos de San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006.

Lo anterior se desprende de la "versión pública" —de 940 fojas— del resultado de la investigación que encabezó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo sobre estos acontecimientos, y que fue subida a la página de Internet por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el caso será revisado por los propios ministros a partir del lunes.

En esta versión pública del dictamen del ministro Gudiño se omitió intencionalmente dar a conocer una lista de exfuncionarios y funcionarios federales y estatales responsables de estos violentos hechos, y tampoco aparece alguna recomendación para la aplicación de sanciones, entre otras razones porque las reglas establecidas por la propia Corte para hacer este tipo de pesquisas no lo permiten.

No obstante, la Comisión Investigadora que ordenó la propia Suprema Corte y que fue integrada por los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Sergio Alejandro González Bernabé y 14 empleados judiciales más, en su informe final que consta de cinco mil 428 fojas, se mencionó entre los "entrevistados" a Enrique Peña Nieto, gobernador mexiquense, y al exsecretario de Seguridad Pública federal y ahora titular de la PGR, Eduardo Medina Mora.

Asimismo, a Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno; a Abel Villicaña Estrada, exprocurador de Justicia estatal, y a varios mandos policiales estatales y federales que participaron en estos acontecimientos, entre ellos Wilfrido Robledo.

Además, entrevistó a 45 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a varios extranjeros que fueron expulsados del país por las autoridades migratorias, así como a 31 mujeres detenidas que denunciaron haber sido objeto de agresiones sexuales por parte de elementos policiacos.

En la versión pública, si bien se omiten nombres y datos personales de las víctimas, de los funcionarios y policías involucrados, se reproducen los testimonios de las mujeres que denunciaron haber sido agredidas sexualmente.

Necesitan reglamento

En su reporte, el ministro Gudiño Pelayo destaca la inexistencia a nivel federal y estatal de una legislación y de reglamentos protocolarios que regulen el uso de la fuerza pública por parte del Estado, así como la impreparación, las carencias y deficiencias con que operan los cuerpos policiacos.

Esos elementos, sostiene, son parte de las causas que provocaron violaciones graves a las garantías constitucionales en contra de ciudadanos, en los hechos violentos Atenco.

Un ejemplo de lo anterior es la confirmación de que en los días 6 y 7 de mayo, en San Salvador Atenco y Texcoco, dos mil 500 policías federales y estatales actuaron sin control, y muchos de ellos cometieron violaciones graves a las garantías individuales, como se puede apreciar en testimonios, fotografías y videos recabados.

De los 207 detenidos, sólo nueve "resultaron ilesos". En la numeralia, el ministro Gudiño señala que de los 207 detenidos, al menos 27 requirieron de atención hospitalaria y cinco de ellos tuvieron fracturas; dos personas fallecieron —una por disparo de arma de fuego y la otra por una lesión en la cabeza—, y hay 31 testimonios de mujeres agredidas sexualmente .


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2009::

Graves abusos se cometieron en Atenco, acepta la mayoría de ministros en la Corte



Jesús Aranda

En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.

Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.

En dos sesiones una matutina y otra vespertina, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue un acto de venganza en que intervinieron mandos superiores que aplicaron técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias, como las instauradas en los años 70 en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo.

El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.

Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.

Góngora apuntó la brutalidad excesiva de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.


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miércoles, febrero 11, 2009

Graves abusos se cometieron en Atenco, acepta la mayoría de ministros en la Corte





Jesús Aranda

En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.

Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.

En dos sesiones una matutina y otra vespertina, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue un acto de venganza en que intervinieron mandos superiores que aplicaron técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias, como las instauradas en los años 70 en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo.

El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.

Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.

Góngora apuntó la brutalidad excesiva de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.
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miércoles, mayo 23, 2007

La Corte resolverá sin ideologización el caso de la ley Televisa: Aguirre Anguiano

El Legislativo no garantizó el acceso de pueblos indígenas a los medios, plantea

JESUS ARANDA

"La realidad es que no saben de lo que estamos hechos", advirtió el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al presentar ayer, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su "documento de trabajo" que servirá de base en la "resolución final" sobre la acción de inconstitucionalidad en torno a la ley Televisa. Esto en respuesta, sin mencionar nombres, a aquellos que han cuestionado el papel del máximo tribunal en la revisión de este asunto.

Para los presentes en el salón de sesiones, el ministro se refería, con su conocido sarcasmo, a la intención de senadores de "poner remedio" a la legislación impugnada, si la Corte no lo hace, y puntualizó: "Aparentemente en aproximadamente un año no se reflexionó en la solución legislativa, sin que, desde luego, nada lo impidiera".

Se comentó en la sede del máximo tribunal que otro destinatario del mensaje era el PRD, cuando mencionó "que la Corte no se deje presionar por persona o institución alguna, pero que si no resuelve la inconstitucionalidad de las leyes impugnadas provocará que el partido político que afirmó lo primero no colabore en los quehaceres propios de la reforma del Estado".

También tuvo tiempo para aludir a los promoventes de la acción de inconstitucionalidad, al indicar que hay quien piensa que, en dado caso, la Corte sería la responsable de perpetuar "un duopolio televisivo". También tuvo palabras que recordaron la campaña en los espacios informativos de Tv Azteca y Televisa, en los cuales se ha insistido en que si se invalidan las leyes federales de Telecomunicaciones (LFT) y de Radio y Televisión (LFRT) "se frenará el desarrollo tecnológico y comercial de la radio, la televisión y la telecomunicaciones".

Asimismo, Aguirre Anguiano cuestionó las declaraciones de legisladores de PAN, PRD y PRI, quienes han dicho que "de resolver la Corte el tema de las entidades desconcentradas (caso Comisión Federal de Competencia, en el que el pleno resolvió que el Senado no tiene por qué intervenir en la designación que haga el Ejecutivo federal), habrá una regresión innegable hacia el autoritarismo", además de las amenazas de que "la SCJN no puede legislar, pero que de persistir reformará la Constitución, para que en lo sucesivo no pueda pronunciarse igual".

En respuesta a esas presiones y cuestionamientos, Aguirre aseveró en su mensaje que "por cumplir nuestras encomiendas no pagamos costo político alguno; estamos prestos a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias y como está previsto en la Constitución".

Para terminar, habló en nombre de los nueve ministros que conocerán de la acción de inconstitucionalidad, al señalar que su única ocupación será establecer la regularidad constitucional o ausencia de ella en las normas impugnadas: "No nos preocupan otras consecuencias en corto y a la larga. Como tribunal constitucional que somos, sabemos que la primacía de la Constitución es lo más rentable para el país".

Ante la presencia de los principales actores de la acción de inconstitucionalidad en el salón de plenos, los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett, Aguirre Anguiano precisó "de qué no se trata ésta acción" y "de qué sí". Asimismo, reiteró cuáles son los artículos de la LFRTque plantea sean invalidados: "el 16, en la parte relativa al plazo de duración de las concesiones; el 17-G, en la parte referida al criterio de adjudicación por subasta pública; los artículo 28 y 28-A en su integridad, en tanto prevén el mecanismo para obtener una nueva concesión en materia de telecomunicaciones sin necesidad de participar en licitación o de pagar una contraprestación al Estado".

En su intervención, el ministro se refirió primero a "de qué no se trata esta acción": -No se trata de los aspectos técnicos de la convergencia tecnológica -dijo ante los seis expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional que comparecieron ante los ministros, quienes confirmaron que el espectro destinado con la actual ley a la televisión y radio digital permite no sólo servicios adicionales, servicios de telecomunicación e incluso la transmisión simultánea de dos señales en la misma frecuencia-; tampoco trata respecto a los beneficios de la tecnología digital sobre la analógica, ni respecto al ancho de banda de frecuencia.

"Tampoco -añadió- resolveremos sobre la competitividad a nivel nacional o internacional de los servicios de telecomunicaciones".

En cambio, precisó, el pleno determinará "qué constituye la propiedad originaria del Estado mexicano. ¿De qué es dueño el Estado? Establecer si el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público; precisar el régimen constitucional de las concesiones públicas; limitar la manera en que, constitucionalmente, los bienes o servicios públicos son concesionados; decidir si una concesión puede ser desvinculada de un uso determinado y específico del bien de dominio público sobre la cual fue otorgada".

Equidad y no discriminación

En resumen, indicó, establecer si las modificaciones a la LFRT y LFT respetan o no los principios constitucionales de equidad, no discriminación, concurrencia económica y rectoría del Estado.

Se refirió también a que los ministros analizarán si el Congreso tiene o no facultades para crear un órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Federal de Telecomunicaciones, y si ésta puede imponer obligaciones específicas en materia de tarifas, calidad de servicio e información, recibir el pago de derechos, intervenir en asuntos internacionales y ejercer facultades que correspondían originariamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros aspectos.

En otra parte de su intervención convalidó el artículo 16 de la LFRT, al afirmar que "los concesionarios que detentan ya un título de concesión en materia de radio y televisión han cumplido bien con los requisitos que establecía la ley anterior", además de que éstos "han realizado notables inversiones para explotar el bien concesionado", aunque señaló que el refrendo de la concesión no debe ser automático ni perpetuo.

Finalmente, mencionó que su proyecto plantea que existe una omisión del legislador, al no garantizar el acceso a los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación. Una vez que Aguirre presentó su documento, el pleno iniciará la discusión del asunto.

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