Graves abusos se cometieron en Atenco, acepta la mayoría de ministros en la Corte

Jesús Aranda

En San Salvador Atenco, estado de México, se cometieron violaciones graves a las garantías individuales en el uso excesivo de la fuerza pública, establecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la única opinión en contra de Sergio Aguirre Anguiano. Sin embargo, para la mayoría del pleno, el Estado no es el responsable de los hechos ocurridos en 2006.

Al concluir ayer por la tarde una parte del debate sobre la investigación de la Corte en torno al caso Atenco, cada ministro se pronunció sobre el proyecto que elaboró José de Jesús Gudiño Pelayo sobre si fue justificado el uso de la fuerza pública los días 3 y 4 de mayo, y si ésta derivó en el abuso de las garantías individuales.

En dos sesiones una matutina y otra vespertina, sólo Genaro David Góngora Pimentel inculpó directamente al Estado al señalar que lo ocurrido fue un acto de venganza en que intervinieron mandos superiores que aplicaron técnicas de control de masas utilizadas en las guerras sucias, como las instauradas en los años 70 en Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Chile, Vietnam, Guatemala y en México mismo.

El resto de sus compañeros señaló que sí hubo violaciones a los derechos humanos y que la muerte de dos jóvenes, las lesiones y las afrentas sexuales contra 31 detenidas, son ciertas. Pero cada uno precisó su opinión.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Juan N. Silva Meza respaldaron en sus términos el proyecto de Gudiño Pelayo, donde se señala de manera general la responsabilidad de autoridades estatales y federales en las violaciones a las garantías individuales, pero sin que responsabilizara a algún funcionario en particular.

Silva Meza añadió que el uso excesivo de la fuerza pública debe considerarse un delito y perseguirse como tal, y asentó que el Estado mexicano tiene la obligación moral de hacer valer que los funcionarios protejan el derecho a la vida, la libertad y la seguridad.

Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Sergio Valls, Margarita Luna Ramos, Mariano Azuela y Fernando Franco coincidieron, en términos generales, en que no se podía atribuir a altos funcionarios la responsabilidad de los abusos policiacos, que en todo caso, la Corte debe continuar el análisis para señalar a los funcionarios directamente responsables de los abusos y omisiones ocurridos. Es decir, se estaría hablando del personal operativo y de mandos bajos o medios.

Góngora apuntó la brutalidad excesiva de los policías federales, estatales y municipales, así como la falta de seguimiento de las autoridades competentes para sancionar las violaciones de los derechos humanos.

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