Conferencia de Javier Corral y la Ley de Medios

El día de hoy, continuaron las mesas de análisis sobre la Ley de Medios y tocó la participación a Javier Corral, quien preside la AMEDI (Asociación Mexicana por el Derecho a la Información)
En su ponencia Corral, afirmó que las estructuras de poder están intactas y que estos gobiernos panistas, supuestamente de "transición", en los hechos han traicionado ese principio, y se pregunta ¿por qué es tan dificil un conjunto de normas que incluya reglas mínimas sobre los medios de comunicación? Porque estas reglas establecerían normas sobre la competencia, que prohíba que una empresa televisiva controle el 35% de la cobertura y no permita que otra, entre al mercado de la competencia.
Mencionó que ha habido siete consultas sobre los medios de comunicación, de las cuales se cuenta con más de ocho mil propuestas, pero que no se le hace caso a nadie, ni se retoma ninguna y todo porque a pesar de ser un tema de los más debatidos, es notable que no existe consenso al respecto, menos, cuando los medios mismos son juez y parte, porque usufructuan un espacio que nos pertenece a todos, pero que no pagan por su uso y al mismo tiempo, y lo que les interesa mantener el control. Además los medios de comunicación no rienden cuentas a nadie.
México es el último en el renglón de países que no cuentan con una legislación que regule la competencia en los medios.
Por otro lado, contamos con infinidad de leyes, pero no se aplican, en la práctica son letra muerta, por cierto, tema que aborda Sara Sefchovich en su libro "País de mentiras".
El día anterior, participaron en la mesa sobre el tema, Raymundo Cárdenas del PRD, Santiago Creel del PAN y Ramiro Hernández del PRI, desafortunadamente, expresaron que "no tienen votos para una reforma como esta". Al respecto Corral dijo que cómo era posible que para normar a los medios no hubiera votos y sí para la reforma petrolera u otras y se expresó del gobierno de Fecal, "un gobierno de minireformas".
Hizo críticas fuertes a los tres partidos y especialmente al PAN, por solapar las arbitrariedades del sindicalismo, de los medios de comunicación y por no haber consolidado una transición política.
Salió raspado Pablo Gómez, quien en la Cámara propuso "dispensar" la lectura de la Ley Televisa y se aprobó en siete minutos.
Pero a Fox y Fecal les llovió sobre mojado, dijo de Fox tuvo la mejor coyuntura para una reforma de Estado, pero desaprovechó esa oportunidad.
De fecal -mini fecal- dijo que está seguro que en este periodo pre electoral dificilmente se atreverá a impulsar una ley de medios a pesar de que la Suprema Corte dió marcha atrás a la ley televisa.
Destacó que ahora sea el mismo Beltrones, quien quiere revivir esa misma ley, aunque peor. Lo acusó de oportunismo electoral y ser respresentante de una cultura de la simulación, porque quiere darle nuevos brios a lo que la Corte declaró ya como inconstitucional. A esto le denominó "el beltronazo".
Que pena que los diputados y senadores no tengan interés por normar unos medios de comunicación que respeten a la audiencia y además, respeten la ley.


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2008::

Las Reformas que nacieron muertas.

Cuarta República
Germán Robles
06 de septiembre de 2007

Las Reformas que nacieron muertas.

•Televisa litiga a favor de los consejeros del IFE

•La reforma electoral de los partidos apuntala vicios de origen.

Una vez pasados los espectáculos del no informe presidencial y la reinauguración del rito presidencialista pero ahora extralegal y en Palacio y salvo algunas escaramuzas provocadas por “errores técnicos”, los tres partidos políticos en particular PRD y PRI se alzan con todo contra la actual planilla de consejeros electorales en lo que se pretende como una reforma electoral de “tercera generación”.

Del otro bando, el poderoso grupo Televisa hace gala de sendos editoriales electrónicos en “defensa” de la autonomía del IFE y la no remoción de los consejeros encabezados por Luis C. Ugalde, ¿la razón? Porqué está en puerta la también denominada reforma a medios y en ella va de por medio la reducción de los costos de campañas y también un grillete como la disminución de la contratación de spots, lo que le pegaría nada más en sus bolsillos, mermaría e incluso suprimiría propaganda electoral en medios electrónicos; hacerlo sería como tronar la misma espina dorsal de la fábrica de sueños estúpidos.

Ayer en el noticiero nocturno de Televisa, trinchera de la defensa de la oligarquía, programas gubernamentales y planes de negocios de la misma empresa, se llevo un litigio mediático a favor del IFE y sus consejeros, ergo, un linchamiento de la clase política en particular tricolores y amarillos que ya han puesto a los consejeros entre la espada y la pared. Como si el canal dos fuese el pulpito laico, donde la visión de Televisa fuese entelequia de la realidad, dado que más de 60 millones de pobres no tienen más opción televisiva y como si se tratase de la única referencia del mundo moderno; intelectuales y analistas políticos orgánicos se pronunciaron vehementemente en contra del punto de la reforma que implica el corte de tajo de los consejeros.

Héctor Aguilar Camín, portavoz del grupo “nexos” al que también pertenece José Woldenberg ex presidente del IFE y varios miembros del grupo “compacto” salinista precedieron -orgánicamente- en palabra la salida a cuadro de Luis C. Ugalde, entrevistado por el señor López Dóriga, disfrazando el “debate” con el manto del montaje televisivo, cada pieza en su lugar; lo cierto es que la autonomía y los principios de no remoción por caprichos políticos si bien son entendibles, dichos estos desde Televisa, distan mucho de ser el target de la disputa. A Televisa e incluso a los mismos consejeros les importan un pito estos preceptos; los últimos se prestan al juego mediático de la empresa para meter presión a los diputados; lo que va por delante es el aviso de una interesante guerra donde tanto partidos como televisoras muestran interés en pactar reformas que les sean de mutuo propio pero antes cada quién muestra su poder y de lo que es capaz.

En el fondo lo que Televisa pretende con esta cruzada no es solamente pactar una reforma a la ley de medios a su modo, sino entrar al juego político de apoyar a los órganos políticos y de gobierno del IFE a cambio de una contrarreforma a la propia ley de medios; negociar una reforma por otra; ¿porqué? Porqué la actual estructura del IFE es garante de pagares firmados al consorcio; si le ponen ahí un candado político con la figura de la “contraloría” al instituto y por el otro lado se hace una reforma a los medios, -que aún siendo esta a su modo y talla-, Televisa no tendría certeza jurídica como principal acreedor de los dineros en campañas.

Una reforma electoral implica incluir en el mismo paquete una de medios; pero en nuestro mezquino modelo de democracia mexicana la lógica de las reformas “integrales” no existe; se toma la más conveniente para los congresistas y si “se bañan al menos salpiquen” dirían; en la rebatinga en San Lázaro, los diputados de las distintas fracciones se fueron por la línea política y cortoplacista de dar iniciativa a una reforma electoral para remover principalmente a los consejeros, porque antes que principios (que son utilizados como disfraz por los partidos) con los cuales nadie en su sano juicio podría estar en desacuerdo, tales como reducción de tiempos y dineros en campañas, regulación de precampañas, sujetarse a tiempos oficiales, etc.; antes, lo que les importa son las elecciones inmediatas y mientras Elba y Ugalde sigan a la cabeza los partidos no tendrán golpe de mano.

Así que ante esto los partidos decidieron que primero va la reforma electoral y después la de medios; ´si primero vamos con la de medios imposible la reforma electoral´; de tal suerte que lo único que puede resultar “integral” de ambas reformas es el común denominador del chantaje; a la clase política no le importa dejar de hinchar las arcas de Televisa, si lo que se obtiene es el poder, en el fondo no pretenden enemistarse con la empresa, la ley de medios será pactada a su modo, pero primero amenazan, muestran sus armas para “tantear el agua a los camotes” y ver lo que la empresa está dispuesta a ceder; y Azcarraga no quiere un “contralor” que le mine el flujo libre de dineros.

Claro que la figura del contralor es cuestionable, pues sujetaría a un órgano que presume carácter autónomo y “ciudadano” al vaivén de los partidos, ¿pero en algún momento después de la reforma política de 1978 a la fecha los órganos electorales han estado ajenos al control político, ya sea ejecutivo o partidos?; ¿no fue en 2003 cuando se traicionó la reforma electoral de 1996, cuando la Gordillo puso a sus entenados y ella misma marco el rumbo de la elección e impuso al “legal”?, ¿entonces que ladran?

*****

No sólo se trata de hacer un juicio sobre una reforma a medios a favor de Televisa; lo que será una contrarreforma de facto que no tocará sus intereses; se trata también de valorar que una reforma electoral en los términos políticos que se propone, más allá de la remoción de consejeros -que ellos mismos se encargaron de tronar la credibilidad del instituto en 2006-; es una reforma que no supera viejos vicios de origen; primero con la reforma política se creo un colegio electoral a cargo del ejecutivo; fue hasta la reforma de 1996 donde se excluyó del consejo directivo del IFE al ejecutivo (ídem); pero aún cuando verdaderos demócratas hicieron esas reformas no se eliminaba el vicio de que fueran los mismos partidos -en reparto de cuotas de poder- quienes pusieran consejeros a modo; todos militantes partidistas.

El IFE con o sin contralor, con o sin reformas, siempre ha estado cooptado por partidos y el ejecutivo, así que eso de la “autonomía” es relativo; pero eso no quita que la medida del “contralor” que se propone empeoraría las cosas; habría que descubrir el tejido fino de todo este entuerto y los términos finales de las reformas por que una cosa está clara: un órgano federado autónomo no está según la ley por encima del poder legislativo.

Además los argumentos para la remoción de los funcionarios son claros y todos van en relación al fraude electoral, lo que no es claro es el tipo de reforma que se pretende; en el caso de porque no se aplica un juicio político en contra de los consejeros sería dificil hacerlo a toro pasado siendo ya calificada la elección y con los argumentos fraudulentos de las derechas.

Si el PRI y PRD realmente quisieran hacer un juicio político a los consejeros se tendría que buscar los medios de objetivación del fraude electoral, ¿cuales?; el recuento profesional del voto por voto, la aceptación explícita por parte del PRI del fraude del cuál no sólo tienen conocimiento sino documentación, se tendría que destapar la cloaca pues, so riesgo de generar una inestabilidad política tal que pondría en riesgo incluso la seguridad nacional. De ahí que Ugalde puede amenazar pidiendo juicio político para su remoción pero en el fondo lo que menos quiere es que le tomen la palabra, lo que lo deja cojo en su defensa.

De ahí que el PRI y PRD principalmente ya van camino a la reforma electoral, amén de las mejoras que sin duda tendría la misma, empero, pesa más -y por ello la vuelve una contrarreforma- que no se eliminan los viejos vicios de la técnica jurídica y del viejo régimen en la elección de consejeros; el PRI va a cortar de tajo, será el arquitecto de la “reforma” y pavimentará el camino para que uno de sus candidatos allane la presidencia en 2012, uno de ellos: Enrique Peña Nieto. La justificada vendetta negro -amarilla puede servir de palanca para esos fines, (esa lectura la hizo bien el PRI), pero puede ser una trampa mortal a la vez para ellos, hay signos ominosos en estas reformas -en principio tan imperativas- y por el cauce que llevan no terminarán siendo útiles a los ciudadanos de a pie; han nacido muertas.

analista político

roblesg2@gmail.com

gerarq22@hotmail.com

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

Ley Televisa, los próximos escenarios

jenaro villamil México, D.F., 12 de junio (apro)

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de decretar inconstitucionales artículos centrales de la Ley Televisa ha colocado a los principales protagonistas y beneficiarios de esta contrarreforma en una posición incómoda y con profunda molestia.

Casi un mes después de que inició la discusión, el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, finalmente fijó una postura, por demás contradictoria. Expresidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado que dictaminó en favor de este ordenamiento sin cambiarle “una sola coma”, Osuna ahora consideró que los cambios ordenados por los ministros son sólo “cosméticos y tolerables”.

Sin embargo, expresó su preocupación por la anulación de todo el artículo 28 y del 28-A, de la Ley Federal de Radio y Televisión, el cual les permitía a los actuales concesionarios de la pantalla comercial ofrecer servicios adicionales de telecomunicaciones (telefonía e internet, principalmente) sin tener que pagar contraprestación alguna y quedándose con el espectro sobrante de la transición digital (alrededor de 80 mega hertz cuyo valor puede ascender a 1,600 millones de dólares, según estudios del Colegio Nacional de Economistas).

A través de Osuna están hablando los intereses de la industria televisiva. Para nadie es un secreto que el panista bajacaliforniano mantiene una buena relación con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, y que fue impulsado por esta empresa y por TV Azteca para que se mantenga al frente del organismo que deberá regular un sector que genera más de 30 mil millones de dólares anuales y registra el crecimiento más importante de toda la economía.

En otras palabras, el escenario siguiente será la lucha por mantener de facto el negocio que les permitía el artículo 28 derogado por la Suprema Corte, a menos que el Congreso legisle de una manera integral nuevas reformas que permitan vislumbrar un proceso de convergencia tecnológica que no excluya a ningún agente del sector y que permita una auténtica rectoría del Estado en este proceso de convergencia.

Es falso que la convergencia tecnológica o el llamado triple play estén en riesgo ante la decisión de los ministros de la Suprema Corte. Más falso es aún que nuestro país se retrasará en términos tecnológicos. Lo que se modifican son los privilegios monopólicos que la Ley Televisa consagraba en esas contrarreformas aprobadas por la mayoría de los diputados y senadores de la anterior legislatura.

El siguiente paso será definir la naturaleza y la composición de la Cofetel. El organismo regulador de un sector tan importante requerirá una modificación sustancial para garantizar autonomía frente a los regulados y eliminar la discrecionalidad de decisiones que puedan beneficiar a los grandes grupos y empresas dominantes en el sector (léase Televisa, TV Azteca, Telmex, Telefónica).

Por esta razón, Osuna se apresuró también a decir que no existen “motivos” para que él presente su renuncia al frente de la Cofetel o que se modifique la composición del organismo.

Nadie ha pedido su renuncia. Lo que se ha demandado es que la composición de Cofetel garantice una auténtica neutralidad, pluralidad y visión de Estado para que la convergencia tecnológica no sea regulada solamente por la ley de la selva, donde impera el más fuerte.

En este sentido, existen dos de los cinco integrantes de la Cofetel cuya posición está en riesgo porque un juez le otorgó el amparo a dos excandidatos que fueron rechazados por el Senado sin que se explicara claramente cuáles eran las razones.

El pleito por la Cofetel es el escenario más preocupante. No en balde, la reacción airada de las dos televisoras en contra de la Suprema Corte se concentró en evitar que el organismo regulador fuera modificado radicalmente.

Cambiaron ciertas reglas del juego, ahora es necesario que exista un árbitro confiable y nuevas reglas que permitan que el triple play beneficie a los usuarios, a las audiencias, a la sociedad civil, no solamente a los grupos más poderosos económica y mediáticamente hablando.

Email: jenarovi@yahoo.com.mx

Opinión - Manuel Garcia Urrutia

Ley Televisa, la desvergüenza del Ejecutivo y Legislativo

La Jornada Jalisco

La travesía de la llamada ley Televisa hasta su desenlace en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es realmente un recuento de vergüenzas y subordinaciones al poder real de los oligopolios que controlan los medios de comunicación y, finalmente, de la pequeña luz que hace que no se termine de perder toda la fe en las instituciones, explicando, en parte, por qué este país no se ha caído aún en pedazos –aunque poco le hace falta.

Hace más de un año, en diciembre de 2005, cuando de manera sorprendente apareció una iniciativa de ley sobre medios diferente a la que existía “congelada” en el Senado –presentada desde 2002–, la Cámara de Diputados aprobaba por unanimidad y al vapor leyes federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones. Lo grave fue la opacidad y la rapidez inusitada con que esa ley se cabildeó, así como la falta de consulta y análisis de su contenido. Para la historia negra de la izquierda partidaria quedarán las penosas disculpas de Pablo Gómez, coordinador de la fracción de diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que reconoció que jamás leyó la ley y aun así votó, junto con su bancada, a favor de ella, aceptando de manera implícita que la negociación se dio por fuera de los espacios institucionales.

Eran tiempos electorales y nadie quería confrontar los intereses de Televisa y Televisión Azteca –en aquel entonces, se decía tras bambalinas que los tres principales candidatos a la Presidencia también fueron comparsas y habían dado su anuencia a los cambios legales que se proponían, a fin de evitar desavenencias con los poderosos dueños de los medios de comunicación, dominantes en el espectro nacional–. Vicente Fox y su gobierno, asimismo, empujaron con todo esa contrarreforma y cuando llegó a la Cámara Alta quisieron volver a aplicar la táctica del fast track, pero principalmente tres senadores se opusieron y desenmascararon la maniobra y pretensiones que estaban atrás de esa aparente ley “modernizadora” y, como todas las que hoy promueve y defiende el gobierno como “estructurales”, (disque) promotora de inversiones, empleos y progreso.

Gracias a Javier Corral, del Partido Acción Nacional (PAN); a Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, del Revolucionario Institucional (PRI), que fueron quienes denunciaron la trampa y quienes tuvieron (y tienen) que soportar la andanada de ataques de los principales “líderes de opinión”, de los sicarios de los dueños de los medios, fue que la sociedad pudo darse cuenta, a medias, de lo que se estaba fraguando: una ley a modo para asegurar sus concesiones y su poder. El pasado de esos personajes políticos salió a relucir, en especial el de los priístas que no podían presentar cartas credenciales de demócratas aunque en esta lucha tuvieran la razón de su parte. Ellos vivieron en carne propia la traición y los ataques de sus compañeros de bancada y el apoyo tardío y precario de un sector de senadores del PRD. Triste, muy triste papel el de un Poder de Estado que se dejó avasallar por intereses económicos poderosos y, como en los peores tiempos del priísmo más servil, se dejó llevar por la consigna, los argumentos viles y prepotentes para así hacer valer la mayoría mecánica, la “democracia” pueril –sin transparencia y sin capacidad de análisis–. No obstante, esos senadores fueron capaces de liderar y reunir las firmas necesarias entre sus colegas para promover el juicio de inconstitucionalidad de la ley Televisa ante la SCJN. Pequeño acto de dignidad parlamentaria.

El otro poder, el Ejecutivo, estuvo seis años coqueteando y haciéndoles favores a los dueños de los medios, a los otrora “soldados del PRI” –hoy, en los tiempos modernos, tal parece que el gobierno panista prefirió ser su subordinado–, así que no cayó de sorpresa su conducta –habría que recordar que Fox, desde el inicio de su sexenio, fue generoso con ellos en materia de concesiones y de exenciones fiscales–. Desde esa lógica, era imposible que fuera el propio Ejecutivo, mediante la Procuraduría General de la República (PGR), como abogado de la nación, que pudiera promover algún juicio contra la ilegalidad de la ley aprobada, en marzo de 2006, por el Senado, a pesar de las flagrantes violaciones constitucionales. El Ejecutivo era un aliado incondicional, un cómplice, de Televisa y TV Azteca.

Ahora con Felipe Calderón, se ha deslizado, después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el Presidente de la República habría dado su anuencia a la sentencia de los magistrados, lo que insinuaría una peligrosa dependencia del único Poder (el Judicial) que, en este caso, ha rescatado la credibilidad en las instituciones del Estado y, peor, indicaría que el Ejecutivo cabildeó con del duopolio televisivo y que buscaría la manera de resarcir la ilegalidad con que se aprobó la llamada ley Televisa. Preocupa que si no hay actores sociales y políticos independientes, si no hay transparencia, el pueblo se queda en estado de indefensión ante leyes injustas y contrarias a la Carta Magna y autoridades que pueden actuar a su arbitrio.

El año pasado escribía que la ley aprobada por el Poder Legislativo era diferente a la iniciativa presentada por el senador chihuahuense Javier Corral (en 2002), que fue consensuada y enriquecida, mediante reuniones, con diversas iniciativas ciudadanas en las que participaron especialistas, redes de medios públicos, estaciones comunitarias, universidades, pequeños y medianos propietarios, pero que fue vetada por el duopolio televisivo y la Cámara de Industriales de la Radio y la Televisión.

Entre las críticas que hacía el año pasado a la ley Televisa, era que se privilegiaba la concentración de las concesiones en favor de las grandes empresas televisivas; se fijaban reglas para que discrecionalmente los actuales propietarios extendieran sus servicios a otras áreas de la comunicación; se hacían distinciones entre las normas aplicables a los actuales propietarios de medios y las concesiones futuras que se sujetarían a subastas al mejor postor; se otorgarían facilidades a los grupos televisivos que no gozarían otros sectores de la comunicación, particularmente el radiofónico para su modernización (digitalización) y se omitían criterios de pluralidad, fundamentales en este tipo de concesiones; el Estado renunciaba a beneficios de carácter económico en las concesiones y omitía la posibilidad de hacer crecer y mejorar la red pública existente que cubre una función social destacada con muy pocos recursos; se desplazaba a las radios comunitarias condenándolas, en los hechos, a su extinción al olvidar su regulación plena y su fomento; era nula la presencia ciudadana y de sectores populares en el acceso a medios comunitarios, pero también en la vigilancia del desempeño responsable de los medios de comunicación –garantizando siempre la libre expresión–; la Comisión de Telecomunicaciones se volvía, en su integración y en sus funciones, en un títere del Ejecutivo y de los dueños de las telecomunicaciones y, finalmente, que no se procuraban reglas especiales que debían regir para sectores de la población que no tienen capacidad económica para competir (y defenderse) de los grandes grupos económicos.

Cabe citar y recordar lo anterior porque en cada uno de esos puntos la SCJN hizo apuntes para resarcir la ilegalidad de las regulaciones aprobadas con total falta de responsabilidad por el Legislativo.

Santiago Creel, uno de los protagonistas desde el gobierno de la contrarreforma, ha aceptado que hubo presiones generadas por la coyuntura política para pasarla como se aprobó. Independientemente de que otros representantes populares, que danzan de un cargo a otro por la vía plurinominal –porque serían incapaces de ganar un elección–, lo desmientan sin ninguna calidad moral para hacerlo, como Emilio Gamboa o Héctor Larios, lo cierto es que el desaseo quedó al descubierto y la fragilidad de nuestra democracia en evidencia, a pesar de contar hoy con Congresos divididos.

No basta, por eso, reconocer la pluralidad si no se cambian las prácticas y formas viciadas de hacer política, que antes veíamos como mal de un solo partido pero que hoy permean en toda la clase política. La ética y la razón son parte de cambios culturales que la modernidad, representada por la democracia liberal, le debe a la sociedad mexicana y, siendo honestos, creo que pasará tiempo para que a nuestros gobernantes les caiga el veinte o se los recuerde la beligerancia social que muestra hastío frente a la hipocresía de nuestro marco jurídico –que no se diseña de manera transparente ni se aplica de manera justa y pareja–. Luego nos quejamos de que no se respeta el estado de derecho; ahí está la Ley del ISSSTE como otro ejemplo de prepotencia legislativa. Pero síganle haciendo leyes así.

La Corte en su encrucijada

Bernardo Bátiz V.

La Jornada

Da, finalmente, la Suprema Corte de Justicia un paso correcto en su zigzagueante camino; deja entrever sus posibilidades, como uno de los tres poderes, el garante de la constitucionalidad de los actos de los otros dos y vigilante del cumplimiento de la ley.

Fue un caso extremo sin duda el que la atención pública puso su mirada; se trató desde un principio del singular enfrentamiento entre un poder informal, enorme y aplastante, inmisericorde y temible, como es el de las televisoras, y la voluntad decidida de un puñado de ciudadanos, que fueron senadores y en tal carácter impulsaron el recurso y ahora ya concluido su cargo, continuaron su empeño justiciero con gran valor civil e inusual consistencia y tenacidad. Qué bueno sería que los reflectores de la opinión pública y de la crítica estuvieran presentes en todos los casos relevantes que están en manos del llamado máximo tribunal del país.

Destacaron por su presencia más constante, hablando, escribiendo, exigiendo que se corrigiera el entuerto de una ley elaborada por los mismos que con ella se iban a beneficiar: Javier Corral y Manuel Bartlett; este último después de una larga vida al servicio del sistema, como político duro envuelto siempre en conflictos y criticas, más bien con mala fama que con buena, rescata su imagen ya en el declive, más vale tarde que nunca, y el primero, Javier Corral, mucho más joven, panista muy diferente a sus compañeros de partido, poniendo en juego y en riesgo grave (las televisoras no tiran con flores ni con bolitas de papel), su, esperemos, larga y prometedora carrera política. Hay como se ve con su ejemplo, panistas de otro temple y con la mira en puntos de vista que no son los grandes negocios, el tráfico de influencias y el protagonismo vacío y de opereta que ahora gusta a los del partido azul.

Es bueno recordar que en su momento se enfrentó al llamado jefe Diego en varios asuntos, personaje tan aguerrido como él, sólo que metido siempre en causas tortuosas y de beneficio personal.

Corral (¿cuánto durará en el PAN?) se ha empeñado con entereza y desde hace ya algún tiempo en la lucha más importante de nuestra época. Después de defenestrar al PRI de Los Pinos y de que se mantuvo en el Gobierno del Distrito Federal el PRD, simultáneamente en el año 2000, lo que se veía en ese momento como el paso más importante en materia de democratización y elevación de la política era la lucha con el más temible de los poderes informales, por su potencial para causar daños, por su fuerza económica y por su capacidad inmoral de manipulación. A un enemigo así vale la pena enfrentarlo, aun a riesgo de perder la partida, porque, como ya se ve, no se dan por vencidos y ya están en busca de formas de eludir la resolución de la Corte. Cabe a Corral esta cita de uno de los discursos de José Vasconcelos: "todo el que acepta la pelea por una causa justa, sin preguntarse si puede o no vencer; todo el que es capaz de aceptar de antemano la derrota, si cree que el honor impone librar la batalla, es un héroe y también un Quijote".

La Suprema Corte, por otra parte, esta otra vez en la encrucijada; tiene pendientes varios casos importantes, entre ellos el de las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y el de la periodista Lydia Cacho; veremos qué camino toma en estos casos, especialmente en el de Oaxaca, donde la venganza del gobernador se ceba sobre ciudadanos que por expresar su repudio a su pésimo gobierno están ahora sujetos no sólo a procesos injustos, sino también a vejaciones y arbitrariedades, dispersos en cárceles lejanas de su lugar de origen y con prohibiciones absurdas como las de no poder tener libros en su celda o infinidad de dificultades para recibir visitas de familiares y abogados.

En este caso, el discreto pero eficaz ministro Juan Silva Meza formuló un proyecto en favor de constituir una comisión investigadora, con fundamento en el polémico artículo 97 de la Constitución, alguna vez descalificado por un insensible colega suyo. La propuesta es favorable, entre otras cosas, porque es difícil negar la evidencia de los tratos dados a los ciudadanos oaxaqueños.

Veremos si la Corte continúa por el camino que ha tomado en el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión o bien vuelve a desbarrar, como sucedió en los de la usura bancaria, la absolución a Espinosa Villarreal o el fallo a favor de la propiedad privada, aun a costa del bien público, en el pleito de la Cooperativa Pascual defendiendo la propiedad que se le dio en pago por un laudo de la Junta y del Gobierno de la ciudad de México defendiendo una fuente de empleo y una zona con vocación no habitacional de la urbe.

jusbbv@hotmail.com

La Corte en la política

jorge carrasco araizaga - proceso

México, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hace política, dice su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia; pero qué manera de incidir en la política ha tenido el máximo tribunal del país.

La resolución del juicio de acción de inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa, como se conoció a las contrarreformas de las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, demostraron una vez más la creciente importancia del Poder Judicial en el equilibrio de los poderes en México.

“La realidad es que no saben de lo que estamos hechos (los ministros), para cumplir con nuestras encomiendas, no pagamos costo político alguno”, dijo el ministro ponente de ese juicio, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al comienzo de la instrucción del mismo.

Su advertencia fue tanto para la campaña televisiva en su contra por proponer la anulación de partes sustanciales de esas reformas, como para quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad.

Fue la primera de las sorpresas del juicio que salió del pleno de ministros, sobre todo de aquellos que, comenzando por Aguirre, identificado con el PAN, son conocidos por sus posiciones conservadoras e interpretaciones ortodoxas de la Constitución.

A él se sumó el mismo Mariano Azuela, quien como antecesor de Ortiz Mayagoitia en la presidencia de la Corte sí hizo política en pleno proceso electoral del 2006 –y aún antes, en el caso del desafuero– con su abierta oposición a Andrés Manuel López Obrador.

En este juicio, Azuela fue de los ministros que con más énfasis reclamó no sólo la rectoría del Estado en el espacio radioeléctrico que pretendían a perpetuidad Televisa y TV Azteca, sino que se opuso a la discriminación que pretendían establecer las reformas de los permisionarios de las radios públicas y comunitarias respecto a los concesionarios de la radio y televisión comercial.

El pleno de ministros se erigió como tribunal constitucional, producto de la reforma al Poder Judicial de 1995 que le dio las facultades para resolver acciones de inconstitucionalidad –para que minorías parlamentarias calificadas impugnen las decisiones de las mayorías legislativas– y controversias constitucionales para dirimir las diferencias entre los poderes, los distintos niveles de gobierno o entre ambos.

Esa facultad ha permitido la incidencia de la Corte en la política, aunque también ha sido motivo para que la clase política quiera resolver sus diferencias en el máximo tribunal y no en la negociación que les debe ser propia y a la que están obligados.

Pero casos como la Ley Televisa demostraron, como pocas veces, la importancia del respeto a los principios constitucionales. De haber sido esa la actitud prevaleciente, la historia del país sería otra.

“Interpretamos el texto constitucional a partir de peticiones que se nos presentan. La agenda del tribunal constitucional de México es eminentemente pública: pertenece a quienes solicitan nuestra intervención”, dijo también Mayagoitia en un mensaje político en la conclusión del juicio que, por su trascendencia en la vida pública y económica, concentró la atención mediática.

No sólo eso, la Corte transparentó el desahogo del juicio, incluso con la puesta en internet del proyecto de resolución, algo que, como observó Azuela, no está previsto por la Ley de Transparencia, pues como en cualquier juicio el expediente debe estar reservado hasta que los jueces emitan su fallo.

Pero por tratarse de un asunto de interés público en el que estaba de por medio uno de los bienes de la nación –el espacio radioeléctrico– ese ministro propuso, incluso, que en casos similares que trate la Corte se proceda de la misma manera. La propuesta no se votó, pero ya está el precedente para que el máximo tribunal fije ese criterio.

Lo que sí hizo la Corte, fue darle los argumentos a Felipe Calderón para que, como presidente, tome decisiones políticas frente a las televisoras en defensa del interés público.

Superado este juicio, la Corte desahogará en lo inmediato otras causas judiciales que también incidirán en la política.

El primero, el recurso de reclamación de la Cámara de Diputados por la decisión de la Corte de admitir la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Federal Electoral contra ese órgano legislativo por supuesta invasión de esferas, generada con la decisión de los legisladores de recortarle el abultado presupuesto a la autoridad electoral.

En seguida, la Corte tendrá que resolver la solicitud de la misma Cámara de Diputados para que se investiguen los hechos ocurridos el año pasado en Oaxaca, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y que involucran al gobernador Ulises Ruiz.

En el mismo sentido habrá de dar a conocer los resultados de la investigación que realiza en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín, por el caso Lydia Cacho.

También, sobre lo ocurrido en Atenco, en el Estado de México y en el que, además de involucrar a autoridades locales, aparece el procurador de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora.

La Corte, insiste, su presidente, no hace política. Pero de que influye en ella, no hay duda. (8 de junio de 2007)

La Corte resolverá sin ideologización el caso de la ley Televisa: Aguirre Anguiano

El Legislativo no garantizó el acceso de pueblos indígenas a los medios, plantea

JESUS ARANDA

"La realidad es que no saben de lo que estamos hechos", advirtió el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano al presentar ayer, ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), su "documento de trabajo" que servirá de base en la "resolución final" sobre la acción de inconstitucionalidad en torno a la ley Televisa. Esto en respuesta, sin mencionar nombres, a aquellos que han cuestionado el papel del máximo tribunal en la revisión de este asunto.

Para los presentes en el salón de sesiones, el ministro se refería, con su conocido sarcasmo, a la intención de senadores de "poner remedio" a la legislación impugnada, si la Corte no lo hace, y puntualizó: "Aparentemente en aproximadamente un año no se reflexionó en la solución legislativa, sin que, desde luego, nada lo impidiera".

Se comentó en la sede del máximo tribunal que otro destinatario del mensaje era el PRD, cuando mencionó "que la Corte no se deje presionar por persona o institución alguna, pero que si no resuelve la inconstitucionalidad de las leyes impugnadas provocará que el partido político que afirmó lo primero no colabore en los quehaceres propios de la reforma del Estado".

También tuvo tiempo para aludir a los promoventes de la acción de inconstitucionalidad, al indicar que hay quien piensa que, en dado caso, la Corte sería la responsable de perpetuar "un duopolio televisivo". También tuvo palabras que recordaron la campaña en los espacios informativos de Tv Azteca y Televisa, en los cuales se ha insistido en que si se invalidan las leyes federales de Telecomunicaciones (LFT) y de Radio y Televisión (LFRT) "se frenará el desarrollo tecnológico y comercial de la radio, la televisión y la telecomunicaciones".

Asimismo, Aguirre Anguiano cuestionó las declaraciones de legisladores de PAN, PRD y PRI, quienes han dicho que "de resolver la Corte el tema de las entidades desconcentradas (caso Comisión Federal de Competencia, en el que el pleno resolvió que el Senado no tiene por qué intervenir en la designación que haga el Ejecutivo federal), habrá una regresión innegable hacia el autoritarismo", además de las amenazas de que "la SCJN no puede legislar, pero que de persistir reformará la Constitución, para que en lo sucesivo no pueda pronunciarse igual".

En respuesta a esas presiones y cuestionamientos, Aguirre aseveró en su mensaje que "por cumplir nuestras encomiendas no pagamos costo político alguno; estamos prestos a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, sino simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias y como está previsto en la Constitución".

Para terminar, habló en nombre de los nueve ministros que conocerán de la acción de inconstitucionalidad, al señalar que su única ocupación será establecer la regularidad constitucional o ausencia de ella en las normas impugnadas: "No nos preocupan otras consecuencias en corto y a la larga. Como tribunal constitucional que somos, sabemos que la primacía de la Constitución es lo más rentable para el país".

Ante la presencia de los principales actores de la acción de inconstitucionalidad en el salón de plenos, los ex senadores Javier Corral y Manuel Bartlett, Aguirre Anguiano precisó "de qué no se trata ésta acción" y "de qué sí". Asimismo, reiteró cuáles son los artículos de la LFRTque plantea sean invalidados: "el 16, en la parte relativa al plazo de duración de las concesiones; el 17-G, en la parte referida al criterio de adjudicación por subasta pública; los artículo 28 y 28-A en su integridad, en tanto prevén el mecanismo para obtener una nueva concesión en materia de telecomunicaciones sin necesidad de participar en licitación o de pagar una contraprestación al Estado".

En su intervención, el ministro se refirió primero a "de qué no se trata esta acción": -No se trata de los aspectos técnicos de la convergencia tecnológica -dijo ante los seis expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional que comparecieron ante los ministros, quienes confirmaron que el espectro destinado con la actual ley a la televisión y radio digital permite no sólo servicios adicionales, servicios de telecomunicación e incluso la transmisión simultánea de dos señales en la misma frecuencia-; tampoco trata respecto a los beneficios de la tecnología digital sobre la analógica, ni respecto al ancho de banda de frecuencia.

"Tampoco -añadió- resolveremos sobre la competitividad a nivel nacional o internacional de los servicios de telecomunicaciones".

En cambio, precisó, el pleno determinará "qué constituye la propiedad originaria del Estado mexicano. ¿De qué es dueño el Estado? Establecer si el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público; precisar el régimen constitucional de las concesiones públicas; limitar la manera en que, constitucionalmente, los bienes o servicios públicos son concesionados; decidir si una concesión puede ser desvinculada de un uso determinado y específico del bien de dominio público sobre la cual fue otorgada".

Equidad y no discriminación

En resumen, indicó, establecer si las modificaciones a la LFRT y LFT respetan o no los principios constitucionales de equidad, no discriminación, concurrencia económica y rectoría del Estado.

Se refirió también a que los ministros analizarán si el Congreso tiene o no facultades para crear un órgano administrativo desconcentrado denominado Comisión Federal de Telecomunicaciones, y si ésta puede imponer obligaciones específicas en materia de tarifas, calidad de servicio e información, recibir el pago de derechos, intervenir en asuntos internacionales y ejercer facultades que correspondían originariamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros aspectos.

En otra parte de su intervención convalidó el artículo 16 de la LFRT, al afirmar que "los concesionarios que detentan ya un título de concesión en materia de radio y televisión han cumplido bien con los requisitos que establecía la ley anterior", además de que éstos "han realizado notables inversiones para explotar el bien concesionado", aunque señaló que el refrendo de la concesión no debe ser automático ni perpetuo.

Finalmente, mencionó que su proyecto plantea que existe una omisión del legislador, al no garantizar el acceso a los pueblos y comunidades indígenas a los medios de comunicación. Una vez que Aguirre presentó su documento, el pleno iniciará la discusión del asunto.

Algunos ministros de la Corte, en favor de anular más artículos de la ley Televisa

Arrancan las discusiones sobre la constitucionalidad de dicha legislación

JESUS ARANDA

En vísperas de que empiece la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la llamada ley Televisa, trascendió que la mayoría de ministros coincide con el proyecto de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que busca invalidar los artículos 16 (parcialmente), 17 G, 18, 28 y 28-A; sin embargo, hay quienes consideran que existen las condiciones para que la SCJN vaya "más allá" y declare que otros artículos también son contrarios a la Carta Magna.

De acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, hay ministros que consideran que el documento de Aguirre Anguiano se queda "corto" al invalidar parcialmente el artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), que establece que "el término de una concesión será de 20 años y podrá ser refrendada al mismo concesionario, que tendrá preferencia sobre terceros. El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley".

Si el pleno invalida el artículo 28, como propone el proyecto, y también el 16 en su totalidad, entonces la Corte estaría "cerrando la pinza" y con ello rompería la actual estructura de las leyes impugnadas, obligando así al Congreso de la Unión a instaurar un nuevo marco jurídico para las telecomunicaciones, la radio y la televisión, en el que se garanticen las condiciones de igualdad, acceso y competitividad que consagra la Constitución, indicaron los funcionarios que han tenido acceso a los distintos dictámenes elaborados por algunos ministros. Esto, independientemente de que otros artículos también corrieran la misma suerte.

El artículo 28 de la LFRT señala, según el dictamen, una diferenciación injustificada en favor de los concesionarios de radiodifusión, a los que privilegia permitiéndoles obtener concesiones en materia de telecomunicaciones, sin someterlos al procedimiento de licitación pública a que se encuentra sujeto cualquier otro interesado y, además, previendo como mera posibilidad el pago de una contraprestación a cambio de la nueva concesión.

Aguirre señala en su documento que no existe una "una razón objetiva" que justifique el trato privilegiado que se otorga a los concesionarios de radio y televisión abiertas, "al permitirles acceder a concesiones de servicios de telecomunicaciones sin sujetarlos al procedimiento de licitación y sin que se les exija el pago de la contraprestación correspondiente.

"No queda claro por qué el trato privilegiado a determinado sector de las telecomunicaciones podría favorecer el desarrollo de la digitalización en la transmisión de audio y video a través del espectro radioeléctrico nacional", sostiene el ministro instructor.

Hay ministros que consideran que si se invalidan en su totalidad los artículos 16 y 28, con eso se dan "por bien servidos", porque se rompería la estructura de la LFRT, sostuvieron los informantes.

En este tenor, se informó también que hay integrantes del pleno que consideran que los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales serán fundamentales para lograr la inconstitucionalidad de los artículos referidos, que tienen que ver también con la radio comunitaria y con garantizar que exista igualdad y equidad en la entrega de concesiones.

Dichos artículos de la Carta Magna, particularmente el 25, son claros en afirmar "la rectoría del Estado en la planeación del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una distribución más justa del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales".

En este contexto, el artículo 27 constitucional señala que "el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes...", y que independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas.

Este lunes se iniciará en sesión pública el análisis de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) con la comparecencia de especialistas en el tema provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, que responderán a un cuestionario que previamente les envió la presidencia de la Corte, además de que resolverán dudas que aún tienen los ministros sobre aspectos técnicos de dicha legislación.

Se espera que el martes comience la discusión de la acción de inconstitucionalidad con una introducción general del ministro instructor Aguirre Anguiano, en la que abordarán los temas principales de su proyecto, para después dar paso a la discusión.

Opinión - Jaime Hernandez

La ley Televisa: ¿otra factura por pagar?

Jornada Jalisco

A más de un año de haber sido aprobadas, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República, las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, mejor conocidas como Ley Televisa, y de haber sido impugnadas por un grupo de 47 ex senadores ante la Suprema Corte de Justicia, el fallo que emita ahora el máximo tribunal del país, como una moneda, ya se echó al aire.

La Corte, con su resolución, deberá aclarar muchos puntos: si el Estado mexicano, incluyendo a la misma Corte, deberá someterse al cada vez más creciente poder de Televisa y TV Azteca; si de verdad pueden y deben eliminarse los monopolios tal y como señala la Constitución; si la ciudadanía puede o no acceder a la democratización de los medios electrónicos y si es posible reorientar las televisoras en el marco de los intereses de la nación.

Por desgracia, el Poder Judicial de la Federación –la Corte y el Tribunal Electoral, por ejemplo– ya ha dado sobradas muestras de haber vulnerado los principios que sustentaban su quehacer, como era la autonomía, la certeza e independencia. Ahí está el fallo, por ejemplo, que validó el fraude electoral del 2 de julio de 2006 (y sobre el que aparecen ahora muchas pruebas de irregularidades y hasta confesiones de parte), y más recientemente el fallo que devuelve al Presidente la facultad de nombrar a los titulares de la Comisión Federal de Competencia (organismo que combate supuestamente la existencia de monopolios), hecho que parece ser un augurio de lo que puede ser el fallo sobre la ley Televisa.

Pero además, la discusión de este tema se desarrolla en el contexto de la censura previa que impuso la Secretaría de Gobernación a los programas en tiempo oficial del Frente Amplio Progresista y de la asignación oficiosa de publicidad oficial en los medios, tal como lo denunció en días pasados la directora general de La Jornada, Carmen Lira, al señalar que es “una de las rutas de la apropiación ilegítima y discrecional de recursos públicos”.

Factura pendiente

Como se recordará, un grupo de senadores de todas las fracciones partidistas, entre ellos algunos del PAN, presentó ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad sobre diversos artículos de la mencionada ley Televisa, centrando sus objeciones entre otros puntos, en la monopolización de la conversión tecnológica.

Así, luego de aprobar el pleno de la Corte un reglamento para la audiencia pública, que empieza desde hoy lunes, llama la atención que los especialistas universitarios, a los que se les confiere el carácter de “peritos”, tendrán muy poco tiempo para exponer sus argumentos en contra. En tanto que las televisoras y diversas cadenas de radio a través de sus representantes, han sido escuchadas ya en demasía y han emprendido desde tiempo atrás una campaña sin límite de tiempo para defender a una ley que ya consideran de su propiedad.

La ley Televisa es considerada, por muchos, como un pago de factura anticipada a la principal televisora privada del país, por su contribución al fraude electoral. Se aprobó de forma rapidísima en el Congreso de la Unión y con el visto bueno de Felipe Calderón.

Ahora Santiago Creel, entonces precandidato interno por el PAN a la primera magistratura (senador actual como premio de consolación), denunció haber sido objeto de “muchas presiones”. En este contexto es inadmisible, en un Estado que presume ser “democrático”, el cabildeo que ha realizado la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para evitar las reforma a la ley Televisa y para que se falle en su favor, como si fueran parte “agraviada”. El hecho por sí mismo es delicado, pero además el ministro José Ramón Cossío se declaró incompetente para participar en un fallo por “conflicto de intereses” al haber sido en otros tiempos asesor de empresas radiodifusoras. Otro ministro amenaza con no presentarse por estar “enfermo”, lo que haría difícil un fallo en un sentido u otro.

Los argumentos de la CIRT parecen ser “nobles”: “que no desaparezca la radio AM si no se digitaliza” y “que los mexicanos no pierdan la oportunidad de acceder a la modernización tecnológica”. Sin embargo, detrás de todo ello se encuentra la posibilidad de concentración de poder, información y comunicación. Uno de los artículos impugnados precisamente en la mencionada ley son los artículos 28 y 28 A, que abren las puertas a la posibilidad de que un solo operador, nada más uno, ofrezca telefonía, acceso a Internet, video y televisión por demanda, incluso televisión interactiva; conversión tecnológica que se lama “triple play”.

Es cierto que es necesaria una nueva ley de radio y televisión, pues la anterior era de hace 50 años. Es cierto que la radio necesita mejorar su calidad y digitalizarse, también que los acelerados cambios tecnológicos son hasta cierto punto inevitables e impostergables; que la conversión tecnológica arrastra y convence cada vez más a miles de familias con la aparición de nuevas tecnologías digitales. Pero también es cierto que las frecuencias por aire concentran cada vez mayor volumen de información cuyo acceso representa un inmenso negocio para quien lo controle. Imaginemos un aparato y un operador que concentre radio, video, Internet, telefonía celular de “tercera generación”, Wi Fi, e identificación por radiofrecuencia –por mencionar algunas propiedades–, por medio del cual se podrán hacer centenares de transacciones comerciales o de traspaso informático.

Por eso, este asunto no es técnico sino de cómo participamos en la conformación de una ciudadanía libre en la sociedad de la información y del conocimiento.

Hoy, como antes, el control del espacio, es una forma de apropiación y de dominio. El espectro de la radio y la televisión es de la nación y es del pueblo. Aún como está redactada dicha ley, se excluye a la radio comunitaria, a las educativas y públicas, que son tratadas como “oficiales” y permite al duopolio acceder al control del espectro electromagnético sin concursos ni licitaciones públicas de ningún tipo.

Frente a un escenario previsible, de buscar “parchar” una ley que de entrada no cumple las características de una ley que debe ser de “interés social” y que deja intocable el duopolio y sus redes de poder, y dada la resolución del ministro ponente Sergio Salvador Aguirre, “filtrada” intencionalmente por la Corte, lo adecuado es que se pronuncie declarando inconstitucional toda la ley Televisa y no sólo los artículos antes citados.

Pronto veremos si la Corte se declara por defender los principios rectores del Estado en la planificación económica y en el contexto de un desarrollo democrático del país, o bien, se somete a los principios de la economía neoliberal que día con día avasallan la soberanía nacional. ¿Cómo se pagará la factura?

Ahora o nunca

Ahora o nunca

Las formas “abusivas y prepotentes” de la televisión se impusieron durante los debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa, asegura el exsenador panista Javier Corral, quien ante ello ve venir la conformación de una nueva propuesta de ley en materia de medios electrónicos que, afirma, retomaría los principales argumentos de los ministros en su deliberación pública que inicia el lunes 21, dice el reportaje que publica Proceso este domingo 20 de mayo.

Las declaraciones de Corral, principal crítico de este ordenamiento, coinciden con lo que en estos días han expresado los senadores Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, y Ricardo García Cervantes, del Partido Acción Nacional, quienes además han exigido a las televisoras –Televisa y TV Azteca concretamente– que suspendan las “campañas de linchamiento” contra los exsenadores y organismos que han acudido a la SCJN a expresar sus puntos de vista.

“El fallo que adopte la Corte será un referente, un primer piso para la reforma de medios”, ha dicho García Cervantes, exsubsecretario de Normatividad de Medios, quien el martes 15 dio a conocer que poco más de 20 legisladores de su partido están a favor de una nueva ley de medios.

A su vez, Televisa y TV Azteca iniciaron el viernes 11 una campaña de desprestigio en contra de la Corte, luego de que el pleno de ministros resolvió que el Senado carece de facultades para objetar el nombramiento de los integrantes de la Cofeco.

Entrevistado por Proceso, Javier Corral, uno de los principales impugnadores de la mencionada ley durante la pasada Legislatura, sostiene que “la televisión ha venido actuando contra el Estado, está dispuesta a sustituirlo y esta ambición desmedida es lo que tiene hasta la madre a la clase política. Todos, todos se quejan. Unos en privado, otros en voz baja, pero todos están hartos de esta situación”, dice la edición 1594 del semanario.

La ley Televisa, base del triunfo de Calderón: Corral

Espino presionó para aprobarla, denuncia el ex senador

Entrevista a JAVIER CORRAL JURADO, EX SENADOR DE LA REPUBLICA


La democracia depende del fallo a la ley Televisa
La Corte puede dar una gran lección al Ejecutivo y al Legislativo

Revela que existe una grabación del exhorto de Manuel Espino a los parlamentarios panistas para que en 2006 votaran en favor de esa normativa, porque así convenía a Felipe Calderón

ANDREA BECERRIL

De la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la ley Televisa depende el futuro de la democracia en México. Los ministros pueden dar una gran lección a los poderes Ejecutivo y Legislativo, que "terminaron doblegados ante la presión y el chantaje de las televisoras", advirtió Javier Corral Jurado, ex senador por el Partido Acción Nacional (PAN).

En entrevista con La Jornada respondió al dirigente nacional de su partido, Manuel Espino, quien días antes le exigió probar que se hubiera presionado a los panistas para votar en sus términos la polémica legislación de medios electrónicos: "Qué mayor presión para un militante de Acción Nacional, que le digan que de la aprobación de una ley depende que su candidato presidencial triunfe, que sin Televisa no ganamos".

Corral recordó a Espino la existencia de una grabación de ese debate de ocho horas, del 21 de marzo de 2006, en el que el dirigente, "en nombre del sistema nacional PAN", pidió al grupo legislativo, encabezado entonces por Héctor Larios, el voto en favor de la ley Televisa, porque así convenía a Felipe Calderón.

A su juicio, Espino, Larios, la ahora secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, y los otros actores políticos involucrados "en este proceso tan penoso", deben seguir el ejemplo de Santiago Creel, ex secretario de Gobernación, y rectificar.

Aun si la Corte declarara sólo parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad contra la ley Televisa, como se propone en el proyecto de resolución del ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, "será una avance fundamental, para hacer luego una corrección mayor, que quedará a cargo del Congreso".

Sin embargo, reconoció, se requieren los votos de ocho ministros.

Representante común, junto con el priísta Manuel Bartlett, de los 47 senadores de las fuerzas políticas que presentaron hace un año la acción de inconstitucionalidad contra las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como ley Televisa, Corral Jurado advirtió que ha sido una "larga y dura batalla contra intereses muy poderosos, pero están satisfechos y confían en que los ministros, libres de presiones indebidas y de chantajes, asuman su papel histórico de garantes de la Constitución, pero también de árbitros de la transición política frente a los poderes fácticos".

La presencia constante de funcionarios y emisarios de Televisa en la SCJN, intensificada luego de que se divulgó la propuesta de resolución, "comprueba su autoría en el diseño de la ley; asisten sin tener representación alguna en el proceso, porque son los principales beneficiarios de la legislación", advirtió Corral.

Consideró vergonzoso que dos senadores, Federico Döring (del PAN) y Javier Orozco (del Partido Verde Ecologista de México), "estén reducidos a la defensa de estrictos intereses particulares, en uno de los mayores despojos que se ha intentado cometer contra la nación".

-Espino sostiene que no dio instrucción a los senadores para que aprobaran en sus términos la ley Televisa y hasta le exige que pruebe sus dichos -se le plantea.

-A mí, el presidente nacional de mi partido no me va a hacer pasar como mentiroso. Si él quiere, revelo los contenidos exactos del debate que se dio la tarde-noche del 21 de marzo de 2006. Hasta ahora he mantenido en términos de confidencialidad esa discusión brutal que se dio, en lo que fue uno de los días más tristes de mi vida, por los argumentos esgrimidos. Espino debe recordar que ese debate está grabado, fueron ocho horas de discusión y todas están grabadas.

-Al otro día, el 22 de marzo, La Jornada publicó una nota informativa, con versiones de algunos senadores de que Espino les pidió aprobar la ley Televisa, porque la televisora se comprometía a hacer la campaña a Felipe Calderón que le permitiría ganar. ¿Así fue?

-Sí. No puede haber presión mayor para un legislador que le digan que de la aprobación de un una ley depende el triunfo del candidato presidencial, que la posibilidad de llegar o no a Los Pinos depende de esto, y que "sin Televisa no ganamos".

Corral aclaró que él no se dejó presionar y votó en contra en la reunión con Espino y al otro día declaró que la decisión de la bancada panista de apoyar en sus términos la ley Televisa fue por criterios de estricto carácter electoral. "Pero que la presión cayó al grupo, ¡le cayó!". La mayoría se sumó a la petición de Espino, a pesar de que el grupo legislativo había acordado en una reunión plenaria, celebrada poco antes -en Morelos- 13 modificaciones de fondo a la ley, ya que ésta, en palabras del entonces coordinador, Héctor Larios, requería de "una cirugía mayor", por contener insuficiencias, deficiencias y aberraciones.

Advirtió luego que Espino va en contra "del momento de la rectificación" de actitudes, como la asumida por el ahora coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, quien reconoció públicamente que la ley Televisa se impuso por presiones electorales.

"A Creel -dijo- hay que reconocerle que es el primero que tiene la valentía de rectificar, luego de un proceso de reflexión de su actuar político y gubernamental". Es un ejemplo que deberían seguir Espino, Larios, Vázquez Mota y "los demás actores políticos que estuvieron involucrados en este proceso tan penoso".

Corral sostuvo que los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y PAN, así como sus candidatos presidenciales son responsables de la aprobación de la ley Televisa, "no sólo por su silencio, sino por el visto bueno que dieron a la legislación en distintos momentos". Hubo quien rectificó, el PRD en el Senado, y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, pero, todos, recalcó, "fueron rehenes de ese principio absurdo de no pelearse con la televisión, con la valoración de que la necesitaban para ganar".

Los políticos, insistió, seguirán como rehenes de las televisoras si no reconocen que legislar en materia de medios de comunicación es uno de los temas torales de la reforma del Estado.

Comentó que la ponencia del ministro Aguirre Anguiano significa de alguna manera "un triunfo de carácter moral, jurídico y político", para la minoría que presentó la acción de inconstitucionalidad, toda vez que les da la razón en la objeción central, contenida en el artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, de que se creó un régimen privilegiado para los actuales concesionarios, en especial para los dos televisoras, lo que reforzará la concentración monopólica de los medios.

Es reconfortante, agregó, que el ministro Aguirre Anguiano retomara intervenciones completas de quienes la madrugada del 30 de marzo de 2006 argumentaron una y otra vez, en la tribuna del Senado, sobre las consecuencias negativas de la legislación, sin ser siquiera rebatidos por una mayoría decidida a aprobar por consigna la ley Televisa.

Sin embargo, dijo, se desestimaron algunas de las peticiones de inconstitucionalidad, como el refrendo automático, a perpetuidad de las concesiones y las facultades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Esos temas, adelantó, se tratarán de recuperar en la discusión con los ministros.

Hizo notar que el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, "ha tenido una actitud muy transparente, muy moderna, que se le debe reconocer, al decidir ventilar la discusión, hacerla pública". Con ese criterio, decidió abrir dos sesiones de audiencias públicas conjuntas, una hoy, en que recibirá a todos aquellos en favor de la ley Televisa y el martes a los contrarios.

Buena parte de los 47 ex senadores que interpusieron la demanda estarán con Ortiz Mayagoitia el martes, pero, opinó Corral, "lo interesante es ver quiénes acuden hoy, ya que a Televisa le sobran asesores y cabilderos".

http://www.jornada.unam.mx/2007/05/14/index.php?section=politica&article=005e1pol

Astillero. Reversibles

Julio Hernández López

Lo que el Papa quiso decir
San Tiago se arrepiente
Guarderías electorales

Su infalible Santidad ha reculado. Por medio de su Rubén Aguilar, el Santo Padre ha hecho saber que no quiso decir lo que dijo a bordo del avión que lo llevaba a Brasil para participar en una importante reunión de obispos latinoamericanos. En el aire, el B-16 alemán se mostró dogmático (al fin y al cabo fue el jefe de la versión actual del Santo Oficio) y habló de que los políticos que aprueban legislaciones abortistas están fuera de la Iglesia no por veleidades contemporáneas sino por reglas eclesiásticas antiguas e invariables. Pero luego su vocero vaticano hizo saber que lo que los periodistas habían escuchado y transmitido no era exactamente lo que quería decir don Benedicto. Cual si fuera procurador veracruzano de justicia, Federico Lombardi (así se dice Rubencito Aguilar en italiano) se echó atrás de sus propias palabras. Primero, según AP, había dicho que "los políticos que habían votado a favor del aborto se habían excomulgado automáticamente por sus actos". Pero luego, en la doble marcha en reversa, el vocero excusó a su jefe, B-16, y a sí mismo, de las hogueras de leña verde que habían montado contra Marcelo Ebrard y los legisladores asambleísticos chilangos.

Otro al que pareciera que la Virgen se le ha aparecido es al arrepentido santo mexicano Creel (San Tiago), quien ha hecho ejercicios espirituales de contrición para liberarse de los pecados de conciencia que le dejaron algunas aventurillas mundanas recientes. Tentado por los demonios de las ambiciones presidenciales, el beato crédulo se entregó a los placeres de los juegos de azar y las vanidades televisivas. Pero ahora, de hinojos declarativos, el Señor de los Books se arrepiente de todo, ¡bingo!, y ha dicho que la aprobación de las reformas llamadas ley Televisa fue producto de una imposición (a la que él, pobrecito, no se pudo oponer porque era secretario de Gobernación y principal aspirante panista a la candidatura de 2006) y, cuando los beneficiados por esa ley le han revirado, San Tiago se ha flagelado más, al puntualizar que las presiones no fueron individuales sino "producto del entorno político", de "un clima particularmente agitado" que "eran la constante, como es natural, en tiempos electorales". ¡Bienaventurados los que se arrepienten, porque de ellos será el reino de los Bartlett!

Y, después de muerto el niño en varias partes del país, pero sobre todo a partir del bazucazo de Apatzingán, el gobierno federal pretende tapar un hoyo jurídico al crear, a partir de hoy, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, nuevo poder operativo que enfrentará fenómenos y "situaciones excepcionales" en el país, todo bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso sí: el Ejército y la Fuerza Aérea sólo entrarán en acción a partir de órdenes directas del Presidente de la República y por solicitud "expresa, fundada y motivada" de las autoridades civiles.

En materia de recular, varios lectores le aplicaron a este tecleador una variación adjetival doble (gracias al prefijo re) que equivale a miedoso u ojéis: reprochan al escribano que hubiese omitido críticas y referencias a la otra parte del cuadro de corrupción en que participó Carlos Ahumada. No hablar de René Bejarano y de su jefe Andrés Manuel López Obrador, y no extender las suspicacias y catilinarias de esta columna a esa pareja perredista sería, dicen esos lectores, una demostración de que el firmante de este espacio ejerce un periodismo sesgado, partidista, proclive a AMLO y al PRD por razones oscuras o demasiado claras.

Donde ya no saben si recular o avanzar es en el gobierno capitalino. Luego del servicio de martirologio propocionado a Carlos Ahumada la madrugada en que de las puertas de la cárcel fue llevado a una inexplicable "presentación" ante un agente del Ministerio Público, el comité de campaña de Marcelo Ebrard no sabe si arraigar al monólogo de la Argentina, y correr el riesgo de que un juez no encuentre razones para procesarlo por otras acusaciones de fraude, o dejar que al pájaro defendido por el jefe Diego le den ganas de correr mundo.

Astillas

Las guarderías infantiles manejadas por la secretaría federal de Desarrollo Social forman parte del proyecto de proselitismo electoral del PAN, según han denunciado trabajadores de la mencionada secretaría. "No sólo las delegaciones estatales de Sedeso están llenas de panistas", comentó a esta columna uno de esos empleados, sino que "la lista de las responsables del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles está elaborada a partir de los grupos de apoyo a la campaña de Felipe Calderón". Al frente de ese programa está la directora general de Políticas Sociales, Lía Limón García, quien fue esposa de Luis Carlos Ugalde, actual consejero presidente del IFE. Quienes visitaron Astillero para presentar quejas aseguran que la señora Limón (hija del ex secretario de educación pública Miguel Limón Rojas) trata de manera altanera al personal de Sedeso. Además, denunciaron que el nombramiento de las responsables de las guarderías se hizo a partir de "listas de recomendados", y entregaron una copia de pantalla de un correo electrónico enviado a los delegados estatales de Sedeso el 20 de febrero pasado por Alexandra Solana, de la Unidad de Coordinación de Delegaciones para que, por instrucciones de la citada Lía Limón, y de Myriam Arabián, coordinadora de delegaciones, reciban "el directorio recomendado para contratación de personal, ya sea como responsables (de guarderías) o como enlaces en caso de ya contar con un responsable". También se sugiere la contratación de "grupos de señoras que conformen voluntariados para ofrecer asistencia social a su comunidad". Ayer, Felipe Calderón anunció la creación del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Lo acompañaron Margarita Zavala, la secretaria Beatriz Zavala y la delegada Gabriela Cuevas... Y mientras sigue la guerra en Apatzingán, el tribunal electoral se pregunta si el sindicato elbista tuvo mucho que ver en la creación del Panal, Zedillo consigue calcetines rotos para aspirar al Banco Mundial, ¡hasta mañana, en espera de que se organice el apoyo real a Atenco y a los líderes aberrantemente sentenciados!