La Corte en la política

jorge carrasco araizaga - proceso

México, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hace política, dice su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia; pero qué manera de incidir en la política ha tenido el máximo tribunal del país.

La resolución del juicio de acción de inconstitucionalidad de la llamada Ley Televisa, como se conoció a las contrarreformas de las leyes federales de Radio y Televisión, y de Telecomunicaciones, demostraron una vez más la creciente importancia del Poder Judicial en el equilibrio de los poderes en México.

“La realidad es que no saben de lo que estamos hechos (los ministros), para cumplir con nuestras encomiendas, no pagamos costo político alguno”, dijo el ministro ponente de ese juicio, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, al comienzo de la instrucción del mismo.

Su advertencia fue tanto para la campaña televisiva en su contra por proponer la anulación de partes sustanciales de esas reformas, como para quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad.

Fue la primera de las sorpresas del juicio que salió del pleno de ministros, sobre todo de aquellos que, comenzando por Aguirre, identificado con el PAN, son conocidos por sus posiciones conservadoras e interpretaciones ortodoxas de la Constitución.

A él se sumó el mismo Mariano Azuela, quien como antecesor de Ortiz Mayagoitia en la presidencia de la Corte sí hizo política en pleno proceso electoral del 2006 –y aún antes, en el caso del desafuero– con su abierta oposición a Andrés Manuel López Obrador.

En este juicio, Azuela fue de los ministros que con más énfasis reclamó no sólo la rectoría del Estado en el espacio radioeléctrico que pretendían a perpetuidad Televisa y TV Azteca, sino que se opuso a la discriminación que pretendían establecer las reformas de los permisionarios de las radios públicas y comunitarias respecto a los concesionarios de la radio y televisión comercial.

El pleno de ministros se erigió como tribunal constitucional, producto de la reforma al Poder Judicial de 1995 que le dio las facultades para resolver acciones de inconstitucionalidad –para que minorías parlamentarias calificadas impugnen las decisiones de las mayorías legislativas– y controversias constitucionales para dirimir las diferencias entre los poderes, los distintos niveles de gobierno o entre ambos.

Esa facultad ha permitido la incidencia de la Corte en la política, aunque también ha sido motivo para que la clase política quiera resolver sus diferencias en el máximo tribunal y no en la negociación que les debe ser propia y a la que están obligados.

Pero casos como la Ley Televisa demostraron, como pocas veces, la importancia del respeto a los principios constitucionales. De haber sido esa la actitud prevaleciente, la historia del país sería otra.

“Interpretamos el texto constitucional a partir de peticiones que se nos presentan. La agenda del tribunal constitucional de México es eminentemente pública: pertenece a quienes solicitan nuestra intervención”, dijo también Mayagoitia en un mensaje político en la conclusión del juicio que, por su trascendencia en la vida pública y económica, concentró la atención mediática.

No sólo eso, la Corte transparentó el desahogo del juicio, incluso con la puesta en internet del proyecto de resolución, algo que, como observó Azuela, no está previsto por la Ley de Transparencia, pues como en cualquier juicio el expediente debe estar reservado hasta que los jueces emitan su fallo.

Pero por tratarse de un asunto de interés público en el que estaba de por medio uno de los bienes de la nación –el espacio radioeléctrico– ese ministro propuso, incluso, que en casos similares que trate la Corte se proceda de la misma manera. La propuesta no se votó, pero ya está el precedente para que el máximo tribunal fije ese criterio.

Lo que sí hizo la Corte, fue darle los argumentos a Felipe Calderón para que, como presidente, tome decisiones políticas frente a las televisoras en defensa del interés público.

Superado este juicio, la Corte desahogará en lo inmediato otras causas judiciales que también incidirán en la política.

El primero, el recurso de reclamación de la Cámara de Diputados por la decisión de la Corte de admitir la controversia constitucional interpuesta por el Instituto Federal Electoral contra ese órgano legislativo por supuesta invasión de esferas, generada con la decisión de los legisladores de recortarle el abultado presupuesto a la autoridad electoral.

En seguida, la Corte tendrá que resolver la solicitud de la misma Cámara de Diputados para que se investiguen los hechos ocurridos el año pasado en Oaxaca, relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y que involucran al gobernador Ulises Ruiz.

En el mismo sentido habrá de dar a conocer los resultados de la investigación que realiza en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín, por el caso Lydia Cacho.

También, sobre lo ocurrido en Atenco, en el Estado de México y en el que, además de involucrar a autoridades locales, aparece el procurador de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora.

La Corte, insiste, su presidente, no hace política. Pero de que influye en ella, no hay duda. (8 de junio de 2007)