La ley Televisa: ¿otra factura por pagar?
Jornada Jalisco
A más de un año de haber sido aprobadas, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República, las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, mejor conocidas como Ley Televisa, y de haber sido impugnadas por un grupo de 47 ex senadores ante la Suprema Corte de Justicia, el fallo que emita ahora el máximo tribunal del país, como una moneda, ya se echó al aire.
La Corte, con su resolución, deberá aclarar muchos puntos: si el Estado mexicano, incluyendo a la misma Corte, deberá someterse al cada vez más creciente poder de Televisa y TV Azteca; si de verdad pueden y deben eliminarse los monopolios tal y como señala la Constitución; si la ciudadanía puede o no acceder a la democratización de los medios electrónicos y si es posible reorientar las televisoras en el marco de los intereses de la nación.
Por desgracia, el Poder Judicial de la Federación –la Corte y el Tribunal Electoral, por ejemplo– ya ha dado sobradas muestras de haber vulnerado los principios que sustentaban su quehacer, como era la autonomía, la certeza e independencia. Ahí está el fallo, por ejemplo, que validó el fraude electoral del 2 de julio de 2006 (y sobre el que aparecen ahora muchas pruebas de irregularidades y hasta confesiones de parte), y más recientemente el fallo que devuelve al Presidente la facultad de nombrar a los titulares de la Comisión Federal de Competencia (organismo que combate supuestamente la existencia de monopolios), hecho que parece ser un augurio de lo que puede ser el fallo sobre la ley Televisa.
Pero además, la discusión de este tema se desarrolla en el contexto de la censura previa que impuso la Secretaría de Gobernación a los programas en tiempo oficial del Frente Amplio Progresista y de la asignación oficiosa de publicidad oficial en los medios, tal como lo denunció en días pasados la directora general de La Jornada, Carmen Lira, al señalar que es “una de las rutas de la apropiación ilegítima y discrecional de recursos públicos”.
Factura pendiente
Como se recordará, un grupo de senadores de todas las fracciones partidistas, entre ellos algunos del PAN, presentó ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad sobre diversos artículos de la mencionada ley Televisa, centrando sus objeciones entre otros puntos, en la monopolización de la conversión tecnológica.
Así, luego de aprobar el pleno de la Corte un reglamento para la audiencia pública, que empieza desde hoy lunes, llama la atención que los especialistas universitarios, a los que se les confiere el carácter de “peritos”, tendrán muy poco tiempo para exponer sus argumentos en contra. En tanto que las televisoras y diversas cadenas de radio a través de sus representantes, han sido escuchadas ya en demasía y han emprendido desde tiempo atrás una campaña sin límite de tiempo para defender a una ley que ya consideran de su propiedad.
La ley Televisa es considerada, por muchos, como un pago de factura anticipada a la principal televisora privada del país, por su contribución al fraude electoral. Se aprobó de forma rapidísima en el Congreso de la Unión y con el visto bueno de Felipe Calderón.
Ahora Santiago Creel, entonces precandidato interno por el PAN a la primera magistratura (senador actual como premio de consolación), denunció haber sido objeto de “muchas presiones”. En este contexto es inadmisible, en un Estado que presume ser “democrático”, el cabildeo que ha realizado la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para evitar las reforma a la ley Televisa y para que se falle en su favor, como si fueran parte “agraviada”. El hecho por sí mismo es delicado, pero además el ministro José Ramón Cossío se declaró incompetente para participar en un fallo por “conflicto de intereses” al haber sido en otros tiempos asesor de empresas radiodifusoras. Otro ministro amenaza con no presentarse por estar “enfermo”, lo que haría difícil un fallo en un sentido u otro.
Los argumentos de la CIRT parecen ser “nobles”: “que no desaparezca la radio AM si no se digitaliza” y “que los mexicanos no pierdan la oportunidad de acceder a la modernización tecnológica”. Sin embargo, detrás de todo ello se encuentra la posibilidad de concentración de poder, información y comunicación. Uno de los artículos impugnados precisamente en la mencionada ley son los artículos 28 y 28 A, que abren las puertas a la posibilidad de que un solo operador, nada más uno, ofrezca telefonía, acceso a Internet, video y televisión por demanda, incluso televisión interactiva; conversión tecnológica que se lama “triple play”.
Es cierto que es necesaria una nueva ley de radio y televisión, pues la anterior era de hace 50 años. Es cierto que la radio necesita mejorar su calidad y digitalizarse, también que los acelerados cambios tecnológicos son hasta cierto punto inevitables e impostergables; que la conversión tecnológica arrastra y convence cada vez más a miles de familias con la aparición de nuevas tecnologías digitales. Pero también es cierto que las frecuencias por aire concentran cada vez mayor volumen de información cuyo acceso representa un inmenso negocio para quien lo controle. Imaginemos un aparato y un operador que concentre radio, video, Internet, telefonía celular de “tercera generación”, Wi Fi, e identificación por radiofrecuencia –por mencionar algunas propiedades–, por medio del cual se podrán hacer centenares de transacciones comerciales o de traspaso informático.
Por eso, este asunto no es técnico sino de cómo participamos en la conformación de una ciudadanía libre en la sociedad de la información y del conocimiento.
Hoy, como antes, el control del espacio, es una forma de apropiación y de dominio. El espectro de la radio y la televisión es de la nación y es del pueblo. Aún como está redactada dicha ley, se excluye a la radio comunitaria, a las educativas y públicas, que son tratadas como “oficiales” y permite al duopolio acceder al control del espectro electromagnético sin concursos ni licitaciones públicas de ningún tipo.
Frente a un escenario previsible, de buscar “parchar” una ley que de entrada no cumple las características de una ley que debe ser de “interés social” y que deja intocable el duopolio y sus redes de poder, y dada la resolución del ministro ponente Sergio Salvador Aguirre, “filtrada” intencionalmente por la Corte, lo adecuado es que se pronuncie declarando inconstitucional toda la ley Televisa y no sólo los artículos antes citados.
Pronto veremos si la Corte se declara por defender los principios rectores del Estado en la planificación económica y en el contexto de un desarrollo democrático del país, o bien, se somete a los principios de la economía neoliberal que día con día avasallan la soberanía nacional. ¿Cómo se pagará la factura?
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lunes, mayo 21, 2007
jueves, abril 12, 2007
El contubernio de empresarios con Fox y Calderón da la razón a AMLO: Monreal
Darles grandes privilegios fiscales ocasiona graves quebrantos al país, advierte
Califica de hecho escandaloso los 105 mil millones de pesos que adeudan de impuestos
Los recursos que usaron para apoyar al michoacano les fueron devueltos al mil por ciento
ANDREA BECERRIL , CAROLINA GOMEZ MENA
''Muy pronto, el tiempo ha dado la razón a Andrés Manuel López Obrador en las denuncias que formuló sobre el contubernio entre el gobierno de Vicente Fox Quesada y los grandes consorcios que financiaron la guerra sucia en su contra, para posteriormente ser beneficiados con exenciones de impuestos y otros privilegios fiscales, entre ellos permitir que dejen de pagar los gravámenes que les corresponden'', advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ricardo Monreal Avila.
Los datos dados a conocer recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran ''quebrantos graves, corrupción y desviación de recursos de manera ominosa, infame y cínica'', agregó el perredista. Hizo notar que con los 105 mil millones de pesos que adeudan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consorcios como Televisa, Bimbo, Cementos Mexicanos, Teléfonos de México y otros grandes contribuyentes, se podría pagar parte de la reforma fiscal que pretende ''el gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa''.
Se trata, insistió el legislador zacatecano, de un hecho escandaloso que muestra cómo las empresas que apoyaron al Partido Acción Nacional (PAN) y a su candidato, aportaron recursos que les fueron devueltos al mil por ciento, al permitirles que evadan impuestos o no los paguen.
Bastaría con que las autoridades hacendarias le cobraran a los dueños de los consorcios morosos, para no cargarle la mano a la clase media y a los estratos más pobres, con su pretendida reforma fiscal que incluye gravar con impuesto al valor agregado (IVA) medicinas y alimentos, señaló.
El ex gobernador de Zacatecas dijo que, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, con esa reforma pretenden recaudar 120 mil millones de pesos, que saldrían si Bimbo y las otras empresas cumplieran con su obligación de pagar impuestos y saldaran su adeudo.
Sin embargo, añadió, seguramente Calderón no va a molestar a los que le facilitaron ''usurpar la Presidencia de la República'' y les permitirá seguir con sus privilegios fiscales, ya que es ''rehén de los poderosos''.
Reacciones de los sindicatos
En el mismo sentido, sindicatos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvieron que el hecho de que 16 consorcios adeuden al fisco 105 mil millones de pesos confirma que los ''gobiernos panistas favorecen principalmente a los grandes empresarios''.
Carlos Galindo, secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), señaló en entrevista con este diario que lo anterior pone en evidencia que las administraciones neoliberales ''gobiernan para y en favor de los industriales'', y agregó que mientras se permite a los empresarios evadir impuestos, a los trabajadores ''sí se nos aplica una alta tasa impositiva, lo cual es vergonzoso''. A su vez, Benito Bahena, líder de la Alianza de Tranviarios de México, sostuvo que esta situación no es ninguna sorpresa, puesto que se sabe que las administraciones panistas tienen esta ''debilidad por los empresarios''.
Sostuvo que esta evasión u omisión de cobro de impuestos por parte del gobierno explica por qué los recursos gubernamentales tienden a ser escasos. ''Siempre falta dinero, porque los trabajadores no podemos sostener al gobierno; son los grandes industriales los que deben pagar en tiempo y forma sus impuestos''.
Califica de hecho escandaloso los 105 mil millones de pesos que adeudan de impuestos
Los recursos que usaron para apoyar al michoacano les fueron devueltos al mil por ciento
ANDREA BECERRIL , CAROLINA GOMEZ MENA
''Muy pronto, el tiempo ha dado la razón a Andrés Manuel López Obrador en las denuncias que formuló sobre el contubernio entre el gobierno de Vicente Fox Quesada y los grandes consorcios que financiaron la guerra sucia en su contra, para posteriormente ser beneficiados con exenciones de impuestos y otros privilegios fiscales, entre ellos permitir que dejen de pagar los gravámenes que les corresponden'', advirtió el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ricardo Monreal Avila.
Los datos dados a conocer recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran ''quebrantos graves, corrupción y desviación de recursos de manera ominosa, infame y cínica'', agregó el perredista. Hizo notar que con los 105 mil millones de pesos que adeudan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consorcios como Televisa, Bimbo, Cementos Mexicanos, Teléfonos de México y otros grandes contribuyentes, se podría pagar parte de la reforma fiscal que pretende ''el gobierno de facto de Felipe Calderón Hinojosa''.
Se trata, insistió el legislador zacatecano, de un hecho escandaloso que muestra cómo las empresas que apoyaron al Partido Acción Nacional (PAN) y a su candidato, aportaron recursos que les fueron devueltos al mil por ciento, al permitirles que evadan impuestos o no los paguen.
Bastaría con que las autoridades hacendarias le cobraran a los dueños de los consorcios morosos, para no cargarle la mano a la clase media y a los estratos más pobres, con su pretendida reforma fiscal que incluye gravar con impuesto al valor agregado (IVA) medicinas y alimentos, señaló.
El ex gobernador de Zacatecas dijo que, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda, con esa reforma pretenden recaudar 120 mil millones de pesos, que saldrían si Bimbo y las otras empresas cumplieran con su obligación de pagar impuestos y saldaran su adeudo.
Sin embargo, añadió, seguramente Calderón no va a molestar a los que le facilitaron ''usurpar la Presidencia de la República'' y les permitirá seguir con sus privilegios fiscales, ya que es ''rehén de los poderosos''.
Reacciones de los sindicatos
En el mismo sentido, sindicatos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvieron que el hecho de que 16 consorcios adeuden al fisco 105 mil millones de pesos confirma que los ''gobiernos panistas favorecen principalmente a los grandes empresarios''.
Carlos Galindo, secretario de Relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), señaló en entrevista con este diario que lo anterior pone en evidencia que las administraciones neoliberales ''gobiernan para y en favor de los industriales'', y agregó que mientras se permite a los empresarios evadir impuestos, a los trabajadores ''sí se nos aplica una alta tasa impositiva, lo cual es vergonzoso''. A su vez, Benito Bahena, líder de la Alianza de Tranviarios de México, sostuvo que esta situación no es ninguna sorpresa, puesto que se sabe que las administraciones panistas tienen esta ''debilidad por los empresarios''.
Sostuvo que esta evasión u omisión de cobro de impuestos por parte del gobierno explica por qué los recursos gubernamentales tienden a ser escasos. ''Siempre falta dinero, porque los trabajadores no podemos sostener al gobierno; son los grandes industriales los que deben pagar en tiempo y forma sus impuestos''.
jueves, marzo 08, 2007
Opinión - Ruben Martín
El primer chiste del sexenio
Publico
Emilio González Márquez no tiene una semana en el cargo y ya circula el primer chiste del sexenio. El nuevo gobernante panista dijo en su toma de posesión que la principal preocupación en su Administración consistiría en aumentar los ingresos de las familias, y está cumpliendo. Empezó con la suya.
Como todos los chistes, éste es exagerado y cruel. Pero ésa es la función del humor. A veces es el único recurso que les queda a los ciudadanos luego de comprobar una y otra vez que las promesas de campaña de los políticos son eso, promesas de políticos en busca del voto y que no se convierten en realidad.
Seguramente en el gobierno de Emilio los expertos dirán que los medios exageran la nota, que el gobernador no sabía de los nombramientos y que no son ilegales. Pero a la población no le importan esos detalles. La mayoría de las veces forma sus juicios con percepciones y se conduce con intuiciones. Y regularmente no falla. El juicio popular es despiadado, porque comúnmente es atinado. Aunque lo desprecie el saber experto. Y la percepción es que el primer tema relevante del nuevo de gobierno es que se dio chamba a los familiares.
En el Congreso, en tanto, no se conocen los asuntos sustanciales sobre los que trabajará la nueva Legislatura, pero sí sabemos que hubo una pelea feroz por las comisiones y que algunos coordinadores quieren vehículo nuevo, porque no les gustan las Durango que se compraron hace un año. Nada sustancial para la población.
En otros niveles las cosas no andan mejor. Los alcaldes asumieron hace dos meses y han mostrado más signos preocupantes que alentadores. Parece incomprensible que el principal empeño del alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen, reside en impedir que algunos trabajadores informales se ganen la vida en el centro de la ciudad y ahora incluso desalojando a indígenas purépechas de un espacio de trabajo que construyeron hace 32 años.
En Zapopan, la primera nota del alcalde Juan Sánchez Aldana fue el pago de favores con puestos a los grupos panistas que le ayudaron en su campaña y, en Tonalá, el alcalde Jorge Vizcarra se duplicó el sueldo.
Pero más allá de los casos particulares, se puede ver un patrón más o menos común que consiste en que los nuevos gobernantes quedan atrapados en una red de intereses que impone su lógica.
Esa red está tejida de hilos jalados por grupos particulares. Uno de estos proviene del seno del partido que postula a los candidatos. En cada gobierno aparece nítidamente el interés de grupos panistas por dar chamba a sus allegados. Cada vez es más clara la tendencia en el PAN de construir clientelas internas a través de la nómina. Y la pelea de los grupos panistas se traslada al seno de los gobiernos. Desde el punto de vista del PAN, el control del Ejecutivo quedó en manos del viejo grupo del Comité Estatal, que resurge en una versión más potente. Aislado de los puestos relevantes del gobierno estatal, el grupo de Francisco Ramírez Acuña se refugió en el Ayuntamiento de Guadalajara. Otra lógica de intereses que se impone a los gobernantes es la de los empresarios que pagaron las campañas. Estos empresarios o sus representantes ya están en puestos clave, desde donde van a cobrar caro el apoyo financiero que brindaron.
La otra lógica es la de la clase política, la lógica de pertenecer a un grupo profesional que vive de ejercer el poder y acostumbrado a ir aumentando sus ingresos y prebendas. Aquí encontramos las miserables disputas por los altos puestos, por los sueldos, por los mejores autos y oficinas.
Atrapados como están en estas tres lógicas (no son las únicas) los asuntos sustanciales que interesan a la gente siguen en el limbo, sin atenderse, sin resolverse. No pueden o no quieren.
Como quiera que sea, ahora más temprano que en otros gobiernos, las nuevas administraciones están produciendo desencanto, frustración e incluso arrepentimiento en algunos votantes. Son una muestra más de la incapacidad del sistema de representación y legitimación política para resolver de fondo los asuntos esenciales de la población. Y aquí el humor popular, que inventó el primer chiste del sexenio, se conecta con la sabiduría popular en la convicción de que, más allá de la voluntad de algunos, todos los gobernantes son iguales. Más vale reírse de ellos que decepcionarse.
rmartin@publico.com.mx, rmartin@milenio.com
Publico
Emilio González Márquez no tiene una semana en el cargo y ya circula el primer chiste del sexenio. El nuevo gobernante panista dijo en su toma de posesión que la principal preocupación en su Administración consistiría en aumentar los ingresos de las familias, y está cumpliendo. Empezó con la suya.
Como todos los chistes, éste es exagerado y cruel. Pero ésa es la función del humor. A veces es el único recurso que les queda a los ciudadanos luego de comprobar una y otra vez que las promesas de campaña de los políticos son eso, promesas de políticos en busca del voto y que no se convierten en realidad.
Seguramente en el gobierno de Emilio los expertos dirán que los medios exageran la nota, que el gobernador no sabía de los nombramientos y que no son ilegales. Pero a la población no le importan esos detalles. La mayoría de las veces forma sus juicios con percepciones y se conduce con intuiciones. Y regularmente no falla. El juicio popular es despiadado, porque comúnmente es atinado. Aunque lo desprecie el saber experto. Y la percepción es que el primer tema relevante del nuevo de gobierno es que se dio chamba a los familiares.
En el Congreso, en tanto, no se conocen los asuntos sustanciales sobre los que trabajará la nueva Legislatura, pero sí sabemos que hubo una pelea feroz por las comisiones y que algunos coordinadores quieren vehículo nuevo, porque no les gustan las Durango que se compraron hace un año. Nada sustancial para la población.
En otros niveles las cosas no andan mejor. Los alcaldes asumieron hace dos meses y han mostrado más signos preocupantes que alentadores. Parece incomprensible que el principal empeño del alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen, reside en impedir que algunos trabajadores informales se ganen la vida en el centro de la ciudad y ahora incluso desalojando a indígenas purépechas de un espacio de trabajo que construyeron hace 32 años.
En Zapopan, la primera nota del alcalde Juan Sánchez Aldana fue el pago de favores con puestos a los grupos panistas que le ayudaron en su campaña y, en Tonalá, el alcalde Jorge Vizcarra se duplicó el sueldo.
Pero más allá de los casos particulares, se puede ver un patrón más o menos común que consiste en que los nuevos gobernantes quedan atrapados en una red de intereses que impone su lógica.
Esa red está tejida de hilos jalados por grupos particulares. Uno de estos proviene del seno del partido que postula a los candidatos. En cada gobierno aparece nítidamente el interés de grupos panistas por dar chamba a sus allegados. Cada vez es más clara la tendencia en el PAN de construir clientelas internas a través de la nómina. Y la pelea de los grupos panistas se traslada al seno de los gobiernos. Desde el punto de vista del PAN, el control del Ejecutivo quedó en manos del viejo grupo del Comité Estatal, que resurge en una versión más potente. Aislado de los puestos relevantes del gobierno estatal, el grupo de Francisco Ramírez Acuña se refugió en el Ayuntamiento de Guadalajara. Otra lógica de intereses que se impone a los gobernantes es la de los empresarios que pagaron las campañas. Estos empresarios o sus representantes ya están en puestos clave, desde donde van a cobrar caro el apoyo financiero que brindaron.
La otra lógica es la de la clase política, la lógica de pertenecer a un grupo profesional que vive de ejercer el poder y acostumbrado a ir aumentando sus ingresos y prebendas. Aquí encontramos las miserables disputas por los altos puestos, por los sueldos, por los mejores autos y oficinas.
Atrapados como están en estas tres lógicas (no son las únicas) los asuntos sustanciales que interesan a la gente siguen en el limbo, sin atenderse, sin resolverse. No pueden o no quieren.
Como quiera que sea, ahora más temprano que en otros gobiernos, las nuevas administraciones están produciendo desencanto, frustración e incluso arrepentimiento en algunos votantes. Son una muestra más de la incapacidad del sistema de representación y legitimación política para resolver de fondo los asuntos esenciales de la población. Y aquí el humor popular, que inventó el primer chiste del sexenio, se conecta con la sabiduría popular en la convicción de que, más allá de la voluntad de algunos, todos los gobernantes son iguales. Más vale reírse de ellos que decepcionarse.
rmartin@publico.com.mx, rmartin@milenio.com
miércoles, enero 24, 2007
Abogado de la extrema derecha dirige los asuntos jurídicos de la Ssa
El abogado Bernardo Fernández (izquierda) y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, durante la rueda de prensa en la que hablaron de la defensa que se emprendería ante la denuncia contra el cardenal Norberto Rivera presentada por las víctimas de abuso sexual del sacerdote Nicolás Aguilar Foto: Archivo/Jesús Villaseca
Bernardo Fernández del Castillo integra también la defensa del cardenal Norberto Rivera
El litigante llevó la demanda de Provida contra la introducción de la anticoncepción de emergencia
ANGELES CRUZ MARTINEZ - La Jornada
Bernardo Fernández del Castillo, abogado del cardenal Norberto Rivera Carrera, y defensor del derecho a la vida desde el momento de la concepción es, desde el pasado 2 de enero, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud (Ssa).
El litigante ocupa la oficina por donde pasan, para su revisión y supervisión legal, todos los proyectos de reformas de leyes, reglamentos y modificaciones a las normas oficiales mexicanas, entre otros asuntos jurídicos relativos a la salud.
Con este nombramiento, que oficialmente no se ha dado conocer, el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, contribuye a confirmar las sospechas de las organizaciones civiles que, desde su nombramiento, plantearon el riesgo de que en su ejercicio como funcionario público pudiera anteponer sus creencias personales y religiosas a su responsabilidad como conductor de las políticas públicas de la salud en México.
Algunas agrupaciones consultadas señalaron que el debate de los días recientes sobre el posible cambio de Jorge Saavedra, como director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida, y las declaraciones del secretario en contra de los programas de promoción de uso del condón y la campaña contra la homofobia, representan apenas el inicio de lo que, previeron, será un cambio en la política sanitaria.
Lo anterior, no obstante que el mismo Córdova Villalobos ya ha "aclarado" que ni Jorge Saavedra se va del Censida, ni habrá un cambio en las campañas de prevención del VIH/sida, ni contra aquellas que buscan erradicar el estigma y discriminación de que son víctimas los homosexuales y los seropositivos.
Sin embargo, la segura designación de Fernández del Castillo sólo confirma las sospechas sobre la forma en que el secretario de Salud efectuará su gestión, indicaron los activistas. Lo que sí se le puede reconocer es que ha sido consecuente con su forma de pensar al designar al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos a un abogado al que se identifica, en el medio de los litigantes, por su apego a la extrema derecha.
Como legislador, Córdova Villalobos es recordado por sus posiciones en contra de la anticoncepción de emergencia, expresadas al entonces secretario de Salud Julio Frenk Mora; también fue partícipe de la dilación del proyecto de reforma a la Ley General de Salud sobre reproducción asistida, el cual sigue congelado en la Cámara de Diputados.
Aunque desde que se dio a conocer su designación como titular de la Ssa, Córdova Villalobos dijo que las políticas y programas que han demostrado su eficacia y que cuentan con bases científicas continuarán, con sus acciones da evidencias de lo contrario.
El nuevo director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Fernández del Castillo, ha sido abogado personal del cardenal Rivera Carrera y el asunto más reciente en que lo representó ante la opinión pública fue por la denuncia que Joaquín Aguilar interpuso en Estados Unidos en contra del arzobispo primado de México y el cardenal de Los Angeles, Roger Mahony. A ambos purpurados se les acusa por su presunta responsabilidad en el encubrimiento del sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, quien a su vez, está demandado por el delito de pederastia en Estados Unidos.
Antes, Fernández del Castillo ha tenido participación en varias denuncias y demandas de amparo presentadas ante tribunales por miembros de los grupos conservadores del país. Entre otros, asesoró a los diputados del Distrito Federal del Partido Acción Nacional que interpusieron una acción de inconstitucionalidad en contra de los cambios al Código Penal por los que se ampliaron las causales del aborto en la capital de la República, la llamada ley Robles del año 2000.
También llevó la demanda de amparo que inició el Comité Nacional Provida en contra de la introducción de la anticoncepción de emergencia a la norma oficial mexicana sobre los servicios de planificación familiar.
El abogado, de 60 años de edad, cuenta con varias especialidades, entre ellas una de derecho matrimonial canónico, la cual obtuvo por la Universidad Pontificia de México; también estudió derecho fiscal, derecho económico corporativo y filosofía del derecho en la Universidad Panamericana. Cuenta, además, con estudios de posgrado en alta dirección de empresas.
En su currículum destacan diversas conferencias que ha impartido como La actividad del litigante ante la justicia familiar, La corrupción, la moral y el derecho, El derecho a la vida y su reconocimiento constitucional. Esta última fue dictada por Fernández del Castillo ante la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 1998.
Otra presentación que sobresale es la que tituló Efectos jurídicos de la fertilización in vitro, paternidad, tutela y adopción en la Universidad Bonaterra de Aguascalientes, en el año 2000.
El nuevo director de Asuntos Jurídicos de la secretaría además es miembro de varias agrupaciones profesionales, como el ilustre y nacional colegio de abogados de México, en el que se ha desempeñado como subtesorero, tesorero y presidente.
martes, enero 02, 2007
Meta: el poder en la tierra
Rodrigo Vera - Proceso 1574
Con Felipe Calderón llegó al poder la derecha ortodoxa, y sus representantes, entre otros la jerarquía católica, sienten que es el momento de la reivindicación. Redivivo, el siglo XIX mexicano está aquí: dividido el país, exacerbados los ánimos sociales, los conservadores de hoy exigen título de propiedad. De forma explícita, el presidente del Episcopado mexicano, Carlos Aguiar, lo dice en entrevista con Proceso: con base en los compromisos de campaña del actual presidente de la República, la Iglesia va a exigir acceso a la educación pública, a los cuarteles, a los medios de comunicación, a todo...
TEXCOCO, MÉX.- El período presidencial de Felipe Calderón coincidirá con el de monseñor Carlos Aguiar Retes como presidente del Episcopado mexicano.
–El sexenio de Calderón será también el suyo –se le comenta al jerarca religioso.
Aguiar Retes reflexiona un momento y contesta: “Sí, sí. Y mire, a las instituciones las encabezamos personas. Las relaciones institucionales se ven o no favorecidas por los contactos personales. Yo espero que en nuestro caso la relación personal vaya creciendo y madurando. Espero que así sea”.
Piensa que puede aprovechar esa buena relación con el presidente Calderón para impulsar una “verdadera libertad”, que permita a la Iglesia poseer medios de comunicación masiva, impartir educación doctrinal en las escuelas públicas y dar auxilios espirituales en hospitales públicos, reclusorios, cuarteles del Ejército...
–De los tres principales candidatos a la Presidencia, quedó la impresión de que el Episcopado siempre tuvo mayor afinidad con Calderón –se le comenta.
–Bueno, los tres candidatos se autodefinieron como católicos. Pero la diferencia es que Felipe proviene de una familia con una formación religiosa mucho mayor. Además, por su formación filosófica, que es también propia de su partido político, tiene una postura muy cercana a la doctrina social de la Iglesia. En ese terreno, sus convicciones y valores son muy claros.
Aguiar Retes habla de las reuniones que, por separado, tuvieron los candidatos presidenciales con todos los obispos del país en abril pasado, en una asamblea plenaria del Episcopado, y en las que externaron sus posturas sobre temas que interesan a la jerarquía eclesiástica.
Dice que, ahí, Andrés Manuel López Obrador no se definió en asuntos que tienen que ver con el “derecho a la vida”, como el aborto o la eutanasia: “Nos dijo a los obispos que, de ser presidente, esos temas los sometería a la consulta, al consenso de la población”.
–¿Y Felipe Calderón?
–Él sí expresó claramente su convicción de que la vida hay que defenderla a toda costa. Mostró una posición afín al Episcopado. Mire, nosotros estamos a favor de la democracia, la entendemos como un mayor consenso entre los sectores sociales. Pero hay puntos en los cuales no podemos transigir. Por ejemplo, no podemos estar en contra de la vida ni de los derechos humanos, pues son piezas fundamentales para la buena organización social de cualquier país.
Amigos de la familia
Aguiar Retes charla con Proceso en su austera oficina de la catedral de Texcoco, diócesis de la que es obispo. Un escritorio y unos macizos sillones de madera componen todo el mobiliario, que se ve diminuto entre los gruesos y altos muros del edificio colonial.
Apenas en noviembre pasado, Aguiar Retes fue designado por sus compañeros obispos como nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), cargo que desempeñará durante tres años, con derecho a reelegirse por otro trienio, como ya es tradición en el Episcopado.
Su antecesor, monseñor José Guadalupe Martín Rábago, sólo estuvo tres años en el puesto; no quiso reelegirse por motivos de edad. Así, la designación recayó en Aguiar Retes, cuyos dos períodos a los que tiene derecho concluirán en 2012, coincidiendo con el sexenio del panista Felipe Calderón, cuya devota familia michoacana lo bautizó así en honor al mártir mexicano San Felipe de Jesús.
Comenta Aguiar Retes que uno de sus primeros encuentros con Calderón fue justamente en la reunión de abril pasado. Después, el 23 de octubre, Aguiar Retes fue a la casa de transición de Calderón junto con otros prelados con la finalidad de invitar al ya presidente electo a la asamblea plenaria que los obispos realizaron a mediados de noviembre.
Calderón asistió de buen grado a esa reunión, en la que Aguiar Retes fue designado presidente de la CEM. Ahí se felicitaron mutuamente.
–¿Se ha reunido con Calderón ya como presidente de la República en funciones? –se le pregunta al obispo.
–El día que tomó posesión, el 1 de diciembre, fui invitado a la comida que ofreció en el Museo de Antropología. Ahí me tocó saludarlo nuevamente.
Entre los jerarcas que asistieron a ese banquete estuvieron el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México; Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia y vicepresidente del Episcopado; así como Rodrigo Aguilar, actual obispo de Tehuacán.
Revela Aguiar Retes: “El presidente Calderón invitó a esa comida a monseñor Rodrigo Aguilar por motivos personales, pues éste fue su maestro en la preparatoria, allá en la ciudad de Morelia”.
–Tengo entendido que, además, el actual vicepresidente del Episcopado fue amigo de Luis Calderón Vega, el padre de Felipe.
–Bueno, no hay que olvidar que Suárez Inda es el arzobispo de Morelia, la ciudad natal del presidente. Y hoy el arzobispo es amigo de la madre de Calderón.
–¿Hay entonces buenas relaciones personales entre la familia Calderón y miembros de la jerarquía católica?
–Así es. Y el presidente tiene un gran respeto no sólo por la Iglesia católica, sino también por otras iglesias. Durante su campaña, se reunió con los evangélicos y con la comunidad judía, por ejemplo.
La “verdadera” libertad
El 25 de enero de 2006, Calderón sostuvo un encuentro con el grupo interconfesional Por México, integrado por representantes de la Iglesia católica, ortodoxa y anglicana, así como por líderes de iglesias evangélicas. Les prometió que, de llegar a la Presidencia, tendrían medios de comunicación masiva, podrían impartir educación religiosa en las escuelas públicas, evangelizar a los militares y todas los demás puntos enmarcados en la propuesta eclesiástica de “libertad religiosa”.
En el 2000, cuando Vicente Fox era candidato presidencial, hizo promesas similares que plasmó en un documento conocido como el “decálogo”. Pero ya en la Presidencia no cumplió. “Todo quedó en un buen propósito. El tema nunca estuvo en la agenda pública”, dice Aguiar Retes, quien como nuevo presidente del Episcopado ya trazó un plan para satisfacer esas demandas:
“El presidente de la República puede tener coincidencias muy fuertes con la Iglesia. Está bien, pero el presidente no lo puede hacer todo. Se necesita también a las fuerzas políticas expresadas en el Congreso. La clave no está, pues, en el poder Ejecutivo, sino en el Legislativo”.
–¿Ahora piensa usted influir en el Congreso?
–Así es. Espero que, durante este período en el que fui elegido, se puedan hacer contactos personales en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país, para así alcanzar la democracia plena.
“Hace falta que las leyes mexicanas garanticen la libertad religiosa. Actualmente, la Constitución sólo garantiza la libertad de creencia y de culto; esto es, que cada quien pueda creer en lo que mejor le plazca y realizar el culto convenido, para que nadie lo obligue a creer en algo distinto. Pero esto es apenas una pequeña parte de la verdadera libertad religiosa. De manera que hablamos de un asunto de leyes, y las leyes dependen del Legislativo. Por eso son más importantes las relaciones con el Congreso que con el Ejecutivo”.
–En términos prácticos, ¿cómo operará la CEM en el Congreso?
–A través de su presidencia y de su secretaría general, el Episcopado (que representa a cada obispo para estos casos que desbordan su competencia individual) implementará una relación institucional con el Senado y con la Cámara de Diputados.
–¿Ante quiénes se hará labor de convencimiento?
–Fundamentalmente ante los líderes de las bancadas. Hay que entrar en relación personal con ellos. Es indispensable hablar, porque muchos políticos piensan que, en materia de relaciones Iglesia-Estado, ya no hay nada qué hacer después de que, en el sexenio de Salinas de Gortari, se dio el reconocimiento jurídico a la Iglesia y la relación diplomática con la Santa Sede. Fue un gran paso, por supuesto, pero aún falta alcanzar la libertad religiosa.
“A los diputados y senadores vamos a clarificarles, por un lado, que la libertad religiosa es más que la libertad de culto y de creencia. Y por otro, que ésta libertad es también un derecho humano consagrado por la ONU y varios países, entre ellos México, para poder alcanzar una verdadera democracia.”
Aguiar Retes indica que el principal operador eclesiástico en el Congreso será Leopoldo González, secretario general de la CEM y quien tiene además bajo su cargo el Departamento de Relaciones Iglesia-Estado. “Monseñor Leopoldo González será la pieza clave para hacer toda esta relación con el Congreso. Y por supuesto, yo estaré al pendiente de la marcha de estas relaciones e intervendré cuando sea necesario”, dice.
–¿Qué cambios constitucionales quiere la Iglesia?
–Fundamentalmente, que se modifique el artículo 24 constitucional, que garantiza la libertad de culto y de creencia. Queremos que ese concepto se amplíe por el de libertad religiosa, como lo estipula la ONU, y donde ya se abarca todo el derecho humano a la expresión, asociación, gestión y servicio de una fe.
Aguiar Retes lamenta, por ejemplo, que en las escuelas públicas no se dé instrucción religiosa: “La Iglesia no quiere que la educación pública deje de ser laica. No. Que siga siendo laica. Pero no un laicismo contrarreligioso, sino simplemente un laicismo que exprese la neutralidad del Estado ante las distintas creencias, donde se respete el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe. Eso es lo que todavía no está garantizado.
“El 90% de la educación en este país la imparte el Estado, pero la imparte sin enseñanza religiosa. ¿Qué significa esto? Que no toma en cuenta el gran aporte que dan las religiones a cualquier sociedad. La fe le da un elemento extraordinario a la persona, la fortalece espiritualmente porque le da una relación con la trascendencia. El saber que tras la muerte hay una vida eterna hace que todas sus luchas no se vean frustradas.
“Actualmente, la enseñanza religiosa que recibe el niño o el joven en su hogar no se ve complementada en la escuela pública. Por eso decimos que, en ese campo, no hay todavía liberad religiosa”.
Aguiar Retes habla también de los “permisos” que deben solicitar los ministros de culto para dar “auxilios espirituales” en los hospitales, reclusorios o cuarteles del Ejército: “Se necesita una petición explícita del interesado para poder darle un auxilio espiritual, y este permiso se puede o no se puede dar. La autoridad puede decir: ‘Yo prohíbo que a esta institución ingresen sacerdotes’. Y lo está haciendo conforme a la ley. De manera que aquí hay una restricción legal”.
–¿La libertad religiosa incluye el que la Iglesia pueda poseer medios de comunicación masiva?
–Por supuesto, también incluye ese renglón.
–¿Y el que los ministro de culto puedan acceder a cargos de elección popular?
–Hay que tomar en cuenta que el sacerdote es también un ciudadano. Por lo tanto, las leyes civiles no le pueden prohibir ese derecho. En América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá, los ministros de culto pueden postularse a cargos de elección popular, porque son ciudadanos con todos sus derechos. Aunque aquí son las leyes eclesiásticas quienes hacen esa prohibición, porque esos cargos no son compatibles con la función religiosa. Más no por eso, la ley civil se los debe impedir.
Agrega: “Que quede claro que nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio. Sólo queremos que en el país estos derechos sean reconocidos, como en cualquier democracia”.
También evalúa el período que le toca presidir: “La época álgida de las relaciones entre la Iglesia y el Estado ya quedó atrás. Actualmente no padecemos la persecución ni el ataque. Creo que estamos viviendo un proceso de crecimiento en esas relaciones. Vamos avanzando. Vamos entendiéndonos”.
Y enfatiza, sobre todo, que la jerarquía católica reconoce plenamente el triunfo de Felipe Calderón en los pasados comicios presidenciales, por lo que llevará una relación “institucional” con su gobierno.
–¿El Episcopado no reconoce entonces al llamado “gobierno legítimo” de López Obrador?
–Evidentemente que no reconocemos a ese gobierno. Eso sí, a López Obrador lo reconocemos como un líder con fuerza política. Sin embargo, esa fuerza se está desgastando. López Obrador tiene que rectificar, de lo contrario se hundirá.
–Al gobierno de Calderón se le tacha de ser de ultraderecha. Se dice que la Iglesia es una de sus principales aliadas. ¿Qué opina al respecto?
–Mire, según las últimas estadísticas, 88% de los mexicanos se declaran católicos. De manera que hubo católicos que votaron por López Obrador, por Madrazo y por Calderón. La Iglesia estuvo en las tres opciones, no pudo ser de otro modo.
“Además, quienes emitieron su voto fueron casi 60% de los ciudadanos empadronados. La población católica está muy por encima de esa cifra. Y la Iglesia, después de la familia, sigue siendo la institución más confiable en este país, de manera que el Episcopado se manejó siempre con imparcialidad, no había por qué inclinar la balanza hacia un lado u otro. Finalmente, los tres candidatos presidenciales nos mostraron su respeto hacia la institución eclesiástica. Con cualquiera de ellos en la Presidencia hubiéramos llevado buena relación”.
Con Felipe Calderón llegó al poder la derecha ortodoxa, y sus representantes, entre otros la jerarquía católica, sienten que es el momento de la reivindicación. Redivivo, el siglo XIX mexicano está aquí: dividido el país, exacerbados los ánimos sociales, los conservadores de hoy exigen título de propiedad. De forma explícita, el presidente del Episcopado mexicano, Carlos Aguiar, lo dice en entrevista con Proceso: con base en los compromisos de campaña del actual presidente de la República, la Iglesia va a exigir acceso a la educación pública, a los cuarteles, a los medios de comunicación, a todo...
TEXCOCO, MÉX.- El período presidencial de Felipe Calderón coincidirá con el de monseñor Carlos Aguiar Retes como presidente del Episcopado mexicano.
–El sexenio de Calderón será también el suyo –se le comenta al jerarca religioso.
Aguiar Retes reflexiona un momento y contesta: “Sí, sí. Y mire, a las instituciones las encabezamos personas. Las relaciones institucionales se ven o no favorecidas por los contactos personales. Yo espero que en nuestro caso la relación personal vaya creciendo y madurando. Espero que así sea”.
Piensa que puede aprovechar esa buena relación con el presidente Calderón para impulsar una “verdadera libertad”, que permita a la Iglesia poseer medios de comunicación masiva, impartir educación doctrinal en las escuelas públicas y dar auxilios espirituales en hospitales públicos, reclusorios, cuarteles del Ejército...
–De los tres principales candidatos a la Presidencia, quedó la impresión de que el Episcopado siempre tuvo mayor afinidad con Calderón –se le comenta.
–Bueno, los tres candidatos se autodefinieron como católicos. Pero la diferencia es que Felipe proviene de una familia con una formación religiosa mucho mayor. Además, por su formación filosófica, que es también propia de su partido político, tiene una postura muy cercana a la doctrina social de la Iglesia. En ese terreno, sus convicciones y valores son muy claros.
Aguiar Retes habla de las reuniones que, por separado, tuvieron los candidatos presidenciales con todos los obispos del país en abril pasado, en una asamblea plenaria del Episcopado, y en las que externaron sus posturas sobre temas que interesan a la jerarquía eclesiástica.
Dice que, ahí, Andrés Manuel López Obrador no se definió en asuntos que tienen que ver con el “derecho a la vida”, como el aborto o la eutanasia: “Nos dijo a los obispos que, de ser presidente, esos temas los sometería a la consulta, al consenso de la población”.
–¿Y Felipe Calderón?
–Él sí expresó claramente su convicción de que la vida hay que defenderla a toda costa. Mostró una posición afín al Episcopado. Mire, nosotros estamos a favor de la democracia, la entendemos como un mayor consenso entre los sectores sociales. Pero hay puntos en los cuales no podemos transigir. Por ejemplo, no podemos estar en contra de la vida ni de los derechos humanos, pues son piezas fundamentales para la buena organización social de cualquier país.
Amigos de la familia
Aguiar Retes charla con Proceso en su austera oficina de la catedral de Texcoco, diócesis de la que es obispo. Un escritorio y unos macizos sillones de madera componen todo el mobiliario, que se ve diminuto entre los gruesos y altos muros del edificio colonial.
Apenas en noviembre pasado, Aguiar Retes fue designado por sus compañeros obispos como nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), cargo que desempeñará durante tres años, con derecho a reelegirse por otro trienio, como ya es tradición en el Episcopado.
Su antecesor, monseñor José Guadalupe Martín Rábago, sólo estuvo tres años en el puesto; no quiso reelegirse por motivos de edad. Así, la designación recayó en Aguiar Retes, cuyos dos períodos a los que tiene derecho concluirán en 2012, coincidiendo con el sexenio del panista Felipe Calderón, cuya devota familia michoacana lo bautizó así en honor al mártir mexicano San Felipe de Jesús.
Comenta Aguiar Retes que uno de sus primeros encuentros con Calderón fue justamente en la reunión de abril pasado. Después, el 23 de octubre, Aguiar Retes fue a la casa de transición de Calderón junto con otros prelados con la finalidad de invitar al ya presidente electo a la asamblea plenaria que los obispos realizaron a mediados de noviembre.
Calderón asistió de buen grado a esa reunión, en la que Aguiar Retes fue designado presidente de la CEM. Ahí se felicitaron mutuamente.
–¿Se ha reunido con Calderón ya como presidente de la República en funciones? –se le pregunta al obispo.
–El día que tomó posesión, el 1 de diciembre, fui invitado a la comida que ofreció en el Museo de Antropología. Ahí me tocó saludarlo nuevamente.
Entre los jerarcas que asistieron a ese banquete estuvieron el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México; Alberto Suárez Inda, arzobispo de Morelia y vicepresidente del Episcopado; así como Rodrigo Aguilar, actual obispo de Tehuacán.
Revela Aguiar Retes: “El presidente Calderón invitó a esa comida a monseñor Rodrigo Aguilar por motivos personales, pues éste fue su maestro en la preparatoria, allá en la ciudad de Morelia”.
–Tengo entendido que, además, el actual vicepresidente del Episcopado fue amigo de Luis Calderón Vega, el padre de Felipe.
–Bueno, no hay que olvidar que Suárez Inda es el arzobispo de Morelia, la ciudad natal del presidente. Y hoy el arzobispo es amigo de la madre de Calderón.
–¿Hay entonces buenas relaciones personales entre la familia Calderón y miembros de la jerarquía católica?
–Así es. Y el presidente tiene un gran respeto no sólo por la Iglesia católica, sino también por otras iglesias. Durante su campaña, se reunió con los evangélicos y con la comunidad judía, por ejemplo.
La “verdadera” libertad
El 25 de enero de 2006, Calderón sostuvo un encuentro con el grupo interconfesional Por México, integrado por representantes de la Iglesia católica, ortodoxa y anglicana, así como por líderes de iglesias evangélicas. Les prometió que, de llegar a la Presidencia, tendrían medios de comunicación masiva, podrían impartir educación religiosa en las escuelas públicas, evangelizar a los militares y todas los demás puntos enmarcados en la propuesta eclesiástica de “libertad religiosa”.
En el 2000, cuando Vicente Fox era candidato presidencial, hizo promesas similares que plasmó en un documento conocido como el “decálogo”. Pero ya en la Presidencia no cumplió. “Todo quedó en un buen propósito. El tema nunca estuvo en la agenda pública”, dice Aguiar Retes, quien como nuevo presidente del Episcopado ya trazó un plan para satisfacer esas demandas:
“El presidente de la República puede tener coincidencias muy fuertes con la Iglesia. Está bien, pero el presidente no lo puede hacer todo. Se necesita también a las fuerzas políticas expresadas en el Congreso. La clave no está, pues, en el poder Ejecutivo, sino en el Legislativo”.
–¿Ahora piensa usted influir en el Congreso?
–Así es. Espero que, durante este período en el que fui elegido, se puedan hacer contactos personales en el Congreso que nos ayuden a llevar a cabo la anhelada reforma en materia religiosa que necesita el país, para así alcanzar la democracia plena.
“Hace falta que las leyes mexicanas garanticen la libertad religiosa. Actualmente, la Constitución sólo garantiza la libertad de creencia y de culto; esto es, que cada quien pueda creer en lo que mejor le plazca y realizar el culto convenido, para que nadie lo obligue a creer en algo distinto. Pero esto es apenas una pequeña parte de la verdadera libertad religiosa. De manera que hablamos de un asunto de leyes, y las leyes dependen del Legislativo. Por eso son más importantes las relaciones con el Congreso que con el Ejecutivo”.
–En términos prácticos, ¿cómo operará la CEM en el Congreso?
–A través de su presidencia y de su secretaría general, el Episcopado (que representa a cada obispo para estos casos que desbordan su competencia individual) implementará una relación institucional con el Senado y con la Cámara de Diputados.
–¿Ante quiénes se hará labor de convencimiento?
–Fundamentalmente ante los líderes de las bancadas. Hay que entrar en relación personal con ellos. Es indispensable hablar, porque muchos políticos piensan que, en materia de relaciones Iglesia-Estado, ya no hay nada qué hacer después de que, en el sexenio de Salinas de Gortari, se dio el reconocimiento jurídico a la Iglesia y la relación diplomática con la Santa Sede. Fue un gran paso, por supuesto, pero aún falta alcanzar la libertad religiosa.
“A los diputados y senadores vamos a clarificarles, por un lado, que la libertad religiosa es más que la libertad de culto y de creencia. Y por otro, que ésta libertad es también un derecho humano consagrado por la ONU y varios países, entre ellos México, para poder alcanzar una verdadera democracia.”
Aguiar Retes indica que el principal operador eclesiástico en el Congreso será Leopoldo González, secretario general de la CEM y quien tiene además bajo su cargo el Departamento de Relaciones Iglesia-Estado. “Monseñor Leopoldo González será la pieza clave para hacer toda esta relación con el Congreso. Y por supuesto, yo estaré al pendiente de la marcha de estas relaciones e intervendré cuando sea necesario”, dice.
–¿Qué cambios constitucionales quiere la Iglesia?
–Fundamentalmente, que se modifique el artículo 24 constitucional, que garantiza la libertad de culto y de creencia. Queremos que ese concepto se amplíe por el de libertad religiosa, como lo estipula la ONU, y donde ya se abarca todo el derecho humano a la expresión, asociación, gestión y servicio de una fe.
Aguiar Retes lamenta, por ejemplo, que en las escuelas públicas no se dé instrucción religiosa: “La Iglesia no quiere que la educación pública deje de ser laica. No. Que siga siendo laica. Pero no un laicismo contrarreligioso, sino simplemente un laicismo que exprese la neutralidad del Estado ante las distintas creencias, donde se respete el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe. Eso es lo que todavía no está garantizado.
“El 90% de la educación en este país la imparte el Estado, pero la imparte sin enseñanza religiosa. ¿Qué significa esto? Que no toma en cuenta el gran aporte que dan las religiones a cualquier sociedad. La fe le da un elemento extraordinario a la persona, la fortalece espiritualmente porque le da una relación con la trascendencia. El saber que tras la muerte hay una vida eterna hace que todas sus luchas no se vean frustradas.
“Actualmente, la enseñanza religiosa que recibe el niño o el joven en su hogar no se ve complementada en la escuela pública. Por eso decimos que, en ese campo, no hay todavía liberad religiosa”.
Aguiar Retes habla también de los “permisos” que deben solicitar los ministros de culto para dar “auxilios espirituales” en los hospitales, reclusorios o cuarteles del Ejército: “Se necesita una petición explícita del interesado para poder darle un auxilio espiritual, y este permiso se puede o no se puede dar. La autoridad puede decir: ‘Yo prohíbo que a esta institución ingresen sacerdotes’. Y lo está haciendo conforme a la ley. De manera que aquí hay una restricción legal”.
–¿La libertad religiosa incluye el que la Iglesia pueda poseer medios de comunicación masiva?
–Por supuesto, también incluye ese renglón.
–¿Y el que los ministro de culto puedan acceder a cargos de elección popular?
–Hay que tomar en cuenta que el sacerdote es también un ciudadano. Por lo tanto, las leyes civiles no le pueden prohibir ese derecho. En América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá, los ministros de culto pueden postularse a cargos de elección popular, porque son ciudadanos con todos sus derechos. Aunque aquí son las leyes eclesiásticas quienes hacen esa prohibición, porque esos cargos no son compatibles con la función religiosa. Más no por eso, la ley civil se los debe impedir.
Agrega: “Que quede claro que nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio. Sólo queremos que en el país estos derechos sean reconocidos, como en cualquier democracia”.
También evalúa el período que le toca presidir: “La época álgida de las relaciones entre la Iglesia y el Estado ya quedó atrás. Actualmente no padecemos la persecución ni el ataque. Creo que estamos viviendo un proceso de crecimiento en esas relaciones. Vamos avanzando. Vamos entendiéndonos”.
Y enfatiza, sobre todo, que la jerarquía católica reconoce plenamente el triunfo de Felipe Calderón en los pasados comicios presidenciales, por lo que llevará una relación “institucional” con su gobierno.
–¿El Episcopado no reconoce entonces al llamado “gobierno legítimo” de López Obrador?
–Evidentemente que no reconocemos a ese gobierno. Eso sí, a López Obrador lo reconocemos como un líder con fuerza política. Sin embargo, esa fuerza se está desgastando. López Obrador tiene que rectificar, de lo contrario se hundirá.
–Al gobierno de Calderón se le tacha de ser de ultraderecha. Se dice que la Iglesia es una de sus principales aliadas. ¿Qué opina al respecto?
–Mire, según las últimas estadísticas, 88% de los mexicanos se declaran católicos. De manera que hubo católicos que votaron por López Obrador, por Madrazo y por Calderón. La Iglesia estuvo en las tres opciones, no pudo ser de otro modo.
“Además, quienes emitieron su voto fueron casi 60% de los ciudadanos empadronados. La población católica está muy por encima de esa cifra. Y la Iglesia, después de la familia, sigue siendo la institución más confiable en este país, de manera que el Episcopado se manejó siempre con imparcialidad, no había por qué inclinar la balanza hacia un lado u otro. Finalmente, los tres candidatos presidenciales nos mostraron su respeto hacia la institución eclesiástica. Con cualquiera de ellos en la Presidencia hubiéramos llevado buena relación”.
miércoles, diciembre 20, 2006
Jalisco en el Gabinete
Luis Ignacio Román Morales - Proceso 1572 - Suplemento Jalisco 110
Como pocas veces en la historia, los políticos jaliscienses tiene n diversos lugares de privilegio en la toma de decisiones de la política nacional. Francisco Ramírez Acuña se convierte en uno de los tres políticos con más poder (junto con Calderón y Carstens) y se hace acompañar de diversos subsecretarios provenientes de Jalisco; Alberto Cárdenas reedita una posición de autoridad muy significativa, en tanto que en el Congreso de la Unión los políticos de la entidad asumen posiciones clave, como las comisiones de Presupuesto y de Educación en la Cámara de Diputados.
Una reacción inmediata puede ser la de identificar tal situación con la de un posible beneficio especial para el estado: si los políticos jaliscienses toman decisiones nacionales críticas, cabe suponer que en tales decisiones saldrá beneficiada su patria chica.
Sin embargo, tal afirmación implicaría varios supuestos: entre otros, que los intereses de los jaliscienses son homogéneos (si no, el beneficio de unos no será el de los otros); que a los políticos les interesa apoyar a su lugar de origen más que su propia carrera política federal, que cuentan con el margen de maniobra para hacerlo, y que son ellos los que mejorarán la imagen y presencia de Jalisco en el entorno nacional.
Suponiendo que tales afirmaciones fuesen ciertas, sería cuestionable la pertinencia de la mayor parte: ¿Conviene que los gobernantes federales beneficien a su lugar de origen y no operen con criterios de imparcialidad? Esas actitudes generarían mayor polarización social y la profundización de lógicas de privilegio en vez de los criterios de eficiencia o de justicia que teóricamente deberían prevalecer en las decisiones públicas.
En cuanto a los intereses de los jaliscienses, éstos distan de ser homogéneos: El estado cuenta con una distribución del ingreso similar a la media nacional, que es una de las más concentradas del mundo; en el plano territorial, es uno de los estados más centralistas, y en cuestión de derechos humanos, es un campeón en las denuncias por violaciones a los mismos. Ello implica que efectivamente hay beneficiarios de la forma en la que funciona el estado, pero están lejos de ser mayoría.
En cuanto a los intereses particulares de estos funcionarios, resulta difícil anticipar su futuro, aunque Alberto Cárdenas ha mantenido un perfil más popular y cercano a sus
coterráneos que Ramírez Acuña.
Ambos tendrán que enfrentar problemas extremadamente complejos. Ramírez Acuña se encarga de una secretaría que teóricamente debería fortalecer la gobernabilidad del país. Para ello resultaría crucial entender que la solución a las tensiones sociales y económicas es, valga la redundancia, de carácter social y económico, no sólo de orden policial. Si las tensiones se tratan de resolver como si fuese sólo una cuestión de delincuencia y no de profundos problemas en la estructura social del país, el riesgo de polarización se seguirá acentuando y, con éste, la propia inseguridad y obstáculos a la gobernabilidad.
Podrá haber aplausos por la "mano firme", pero ello sólo contribuirá a la generación de una imagen personal y no a la solución de los conflictos. Maquiavelo consideraba que era preferible que el Príncipe fuese temido a que fuese amado. Faltaría ver si el desarrollo y la cohesión social se pueden construir con base en el temor.
Por otra parte, la defensa de la "mano dura" y el desdén por la defensa de los derechos humanos implican un flagrante contrasentido con la campaña presidencial del PAN. ¿No señalaban que no había que votar por López Obrador porque podría formar un gobierno autoritario? El doble discurso recuerda el dicho de que lo que el pobre es borrachera en el rico es sociabilidad, lo que en uno es un defecto en el otro se considera virtud.
En cuanto a Alberto Cárdenas, entra en una posición debilitada, desde el momento mismo en que la secretaría a su cargo se incluye en el gabinete social y no en el económico. Ante la apertura total del mercado del maíz y del frijol en el TLC para 2008, parece fundamental que se diseñe una política económica agropecuaria: tal sector sigue siendo fundamental en términos de la estructura de empleo, de territorio ocupado, de problemáticas sociales y de seguridad nacional, de abasto de alimentos, de materia prima para la industria y de productos de exportación. Si a la Secretaría de Agricultura se le concibe fuera de la estructura de decisiones económicas, el fracaso será inevitable. Tal parece que Cárdenas no tendrá margen de maniobra.
¿Cuentan estos políticos con la capacidad para responder al reto que tienen enfrente o su nombramiento es el resultado de nexos personales b de los compromisos políticos que estableció Calderón durante .su campaña?
En el caso de Ramírez Acuña, su imagen como gobernador estuvo marcada por la manifestación y la represión del 28 de mayo de 2004, durante la cumbre América Latina-Unión Europea, aunque desde su entrada al puesto fue altamente cuestionada la exclusión de Guadalupe Morfín al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También se destacaron sus conflictos con el Instituto Estatal de Transparencia de Jalisco, los retrasos e incrementos de costos en la obra pública y la afectación ecológica, así como la calidad de la obra de la carretera Mascota-Las Palmas, posiblemente la mayor obra de infraestructura de su gobierno.
Durante su gubernatura también se recuerdan sus innumerables viajes alrededor del mundo y la caída de Jalisco en los indicadores de competitividad y de captación de inversión extranjera. De hecho, también se registraron diferencias significativas con la Comisión Nacional Forestal y con la Secretaría del Medio Ambiente cuando Alberto
Cárdenas fue titular en esas dependencias.
Más allá de los secretarios, la nota la ha dado el diputado jalisciense Raúl Alejandro Padilla, presidente dela Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Un aspecto básico para evaluar el trabajo legislativo podrá estar referido a la capacidad de que dispongan los políticos y sus equipos para tomar decisiones. Las primeras muestras de ignorancia llevadas al extremo han sidolasdec.laraciones del legislador para apoyar la reducción del presupuesto a la UNAM, descalificándola porque "la norma mínima de calificación. es de cinco y si usted saca cero la mínima calificación es cinco".
Además de que lo anterior es totalmente falso, refleja la pobreza de argumentos y el desconocimiento sobre lo que implica la UNAM y en general las universidades públicas en cuanto a su desarrollo académico y a que son las instituciones que acogen la inmensa mayoría de la escasa investigación que se realiza en nuestro país.
La declaración del panista fue, además, una defensa barata de la propuesta gubernamental de reducir el presupuesto para la UNAM. Es evidente que estas posturas están lejos de mejorar la presencia de Jalisco a nivel nacional.
Sea como sea, la nueva influencia de Jalisco en el gabinete y en el Congreso apenas está iniciando. En términos generales, los antecedentes y las primeras señales en la torna de decisiones no son halagüeñas. Sin embargo, queda el beneficio de la duda; apenas van dos semanas del nuevo gobierno y la historia está por construirse. Valentín Gómez Farías, Ignacio Vallarta o Manuel Gómez Morín contribuyeron a generar una imagen para Jalisco; Victoriano Huerta generó otra diametralmente opuesta.
Como pocas veces en la historia, los políticos jaliscienses tiene n diversos lugares de privilegio en la toma de decisiones de la política nacional. Francisco Ramírez Acuña se convierte en uno de los tres políticos con más poder (junto con Calderón y Carstens) y se hace acompañar de diversos subsecretarios provenientes de Jalisco; Alberto Cárdenas reedita una posición de autoridad muy significativa, en tanto que en el Congreso de la Unión los políticos de la entidad asumen posiciones clave, como las comisiones de Presupuesto y de Educación en la Cámara de Diputados.
Una reacción inmediata puede ser la de identificar tal situación con la de un posible beneficio especial para el estado: si los políticos jaliscienses toman decisiones nacionales críticas, cabe suponer que en tales decisiones saldrá beneficiada su patria chica.
Sin embargo, tal afirmación implicaría varios supuestos: entre otros, que los intereses de los jaliscienses son homogéneos (si no, el beneficio de unos no será el de los otros); que a los políticos les interesa apoyar a su lugar de origen más que su propia carrera política federal, que cuentan con el margen de maniobra para hacerlo, y que son ellos los que mejorarán la imagen y presencia de Jalisco en el entorno nacional.
Suponiendo que tales afirmaciones fuesen ciertas, sería cuestionable la pertinencia de la mayor parte: ¿Conviene que los gobernantes federales beneficien a su lugar de origen y no operen con criterios de imparcialidad? Esas actitudes generarían mayor polarización social y la profundización de lógicas de privilegio en vez de los criterios de eficiencia o de justicia que teóricamente deberían prevalecer en las decisiones públicas.
En cuanto a los intereses de los jaliscienses, éstos distan de ser homogéneos: El estado cuenta con una distribución del ingreso similar a la media nacional, que es una de las más concentradas del mundo; en el plano territorial, es uno de los estados más centralistas, y en cuestión de derechos humanos, es un campeón en las denuncias por violaciones a los mismos. Ello implica que efectivamente hay beneficiarios de la forma en la que funciona el estado, pero están lejos de ser mayoría.
En cuanto a los intereses particulares de estos funcionarios, resulta difícil anticipar su futuro, aunque Alberto Cárdenas ha mantenido un perfil más popular y cercano a sus
coterráneos que Ramírez Acuña.
Ambos tendrán que enfrentar problemas extremadamente complejos. Ramírez Acuña se encarga de una secretaría que teóricamente debería fortalecer la gobernabilidad del país. Para ello resultaría crucial entender que la solución a las tensiones sociales y económicas es, valga la redundancia, de carácter social y económico, no sólo de orden policial. Si las tensiones se tratan de resolver como si fuese sólo una cuestión de delincuencia y no de profundos problemas en la estructura social del país, el riesgo de polarización se seguirá acentuando y, con éste, la propia inseguridad y obstáculos a la gobernabilidad.
Podrá haber aplausos por la "mano firme", pero ello sólo contribuirá a la generación de una imagen personal y no a la solución de los conflictos. Maquiavelo consideraba que era preferible que el Príncipe fuese temido a que fuese amado. Faltaría ver si el desarrollo y la cohesión social se pueden construir con base en el temor.
Por otra parte, la defensa de la "mano dura" y el desdén por la defensa de los derechos humanos implican un flagrante contrasentido con la campaña presidencial del PAN. ¿No señalaban que no había que votar por López Obrador porque podría formar un gobierno autoritario? El doble discurso recuerda el dicho de que lo que el pobre es borrachera en el rico es sociabilidad, lo que en uno es un defecto en el otro se considera virtud.
En cuanto a Alberto Cárdenas, entra en una posición debilitada, desde el momento mismo en que la secretaría a su cargo se incluye en el gabinete social y no en el económico. Ante la apertura total del mercado del maíz y del frijol en el TLC para 2008, parece fundamental que se diseñe una política económica agropecuaria: tal sector sigue siendo fundamental en términos de la estructura de empleo, de territorio ocupado, de problemáticas sociales y de seguridad nacional, de abasto de alimentos, de materia prima para la industria y de productos de exportación. Si a la Secretaría de Agricultura se le concibe fuera de la estructura de decisiones económicas, el fracaso será inevitable. Tal parece que Cárdenas no tendrá margen de maniobra.
¿Cuentan estos políticos con la capacidad para responder al reto que tienen enfrente o su nombramiento es el resultado de nexos personales b de los compromisos políticos que estableció Calderón durante .su campaña?
En el caso de Ramírez Acuña, su imagen como gobernador estuvo marcada por la manifestación y la represión del 28 de mayo de 2004, durante la cumbre América Latina-Unión Europea, aunque desde su entrada al puesto fue altamente cuestionada la exclusión de Guadalupe Morfín al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También se destacaron sus conflictos con el Instituto Estatal de Transparencia de Jalisco, los retrasos e incrementos de costos en la obra pública y la afectación ecológica, así como la calidad de la obra de la carretera Mascota-Las Palmas, posiblemente la mayor obra de infraestructura de su gobierno.
Durante su gubernatura también se recuerdan sus innumerables viajes alrededor del mundo y la caída de Jalisco en los indicadores de competitividad y de captación de inversión extranjera. De hecho, también se registraron diferencias significativas con la Comisión Nacional Forestal y con la Secretaría del Medio Ambiente cuando Alberto
Cárdenas fue titular en esas dependencias.
Más allá de los secretarios, la nota la ha dado el diputado jalisciense Raúl Alejandro Padilla, presidente dela Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Un aspecto básico para evaluar el trabajo legislativo podrá estar referido a la capacidad de que dispongan los políticos y sus equipos para tomar decisiones. Las primeras muestras de ignorancia llevadas al extremo han sidolasdec.laraciones del legislador para apoyar la reducción del presupuesto a la UNAM, descalificándola porque "la norma mínima de calificación. es de cinco y si usted saca cero la mínima calificación es cinco".
Además de que lo anterior es totalmente falso, refleja la pobreza de argumentos y el desconocimiento sobre lo que implica la UNAM y en general las universidades públicas en cuanto a su desarrollo académico y a que son las instituciones que acogen la inmensa mayoría de la escasa investigación que se realiza en nuestro país.
La declaración del panista fue, además, una defensa barata de la propuesta gubernamental de reducir el presupuesto para la UNAM. Es evidente que estas posturas están lejos de mejorar la presencia de Jalisco a nivel nacional.
Sea como sea, la nueva influencia de Jalisco en el gabinete y en el Congreso apenas está iniciando. En términos generales, los antecedentes y las primeras señales en la torna de decisiones no son halagüeñas. Sin embargo, queda el beneficio de la duda; apenas van dos semanas del nuevo gobierno y la historia está por construirse. Valentín Gómez Farías, Ignacio Vallarta o Manuel Gómez Morín contribuyeron a generar una imagen para Jalisco; Victoriano Huerta generó otra diametralmente opuesta.
lunes, diciembre 11, 2006
González Uyeda, agarró de los "huevos" a fecal. Cobro de facturas
YA BASTA, de que el poder del dinero se imponga a la moral, a la dignidad del PUEBLO DE MEXICO, apoyemos a Obrador
Juan Carlos G. Partida y Zaira Y. Ramírez
- Nunca ganó un cargo de elección popular por el voto directo; ahora ocupa uno de los más importantes
- Juan María Naveja, acompañante de FRA en el golf, ocupa la Subsecretaría de Normatividad de medios.
Abraham Kunio González Uyeda, el brazo derecho del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, es. un empresario lechero jalisciense con mucha suerte. Nunca ha ganado un cargo de elección popular por el voto directo, a pesar que los ha buscado, pero ahora ya es el subsecretario de Gobierno, uno de los cargos públicos más importantes del país.
Además de sus millones, la cercanía con Ramírez Acuña, para quien trabajó. como secretario de Promoción Económica primero y de Administración después, le valieron para obtener el importante nombramiento de la mano, por supuesto, su también cercanía con el presidente Felipe Calderón, quien lo llamó desde la etapa de transición para que formara parte de su equipo bajo el eufemístico cargo de coordinador de Reestructura Fina durante los meses previos a su toma de posesión.
González Uyeda forma parte del equipo jalisciense que en la Secretaría de Gobernación perfilará el área política. Otro de los llamados hasta ahora es Juan María Naveja, ex asesor de coordinadores de Ramírez Acuña durante su etapa de gobernador, quien se quedó como subsecretario de Normatividad de Medios, otra de las áreas torales.
"Su interés por gobernar el municipio de Tonalá, la candidatura plurinominal a una diputación federal, nunca las logró por medio de votación. Todo lo que tiene ha sido a cambio de favores, nunca por ganar una elección, creo que hay magníficos premios de consolación", dijo Gabino Berumen, presidente del. PRD en Jalisco, al ser cuestionado sobre el nombramiento de González Uyeda.
"Es cierto. El dueño de Lechera Guadalajara, quien el 29 de mayo de 2004 prestó su rancho en el municipio de Tlajomulco para que se festinara el destape de Felipe Calderón en una época en que nadie daba un cacahuate por el futuro político del hoy Presidente de la República, ha sabido mover sus momios más allá de 'las urnas electorales." Incluso cuando perdió la disputa por la alcaldía de Tonalá -ganada por el priísta Palemón García-, el empresario panista no se quedó abandonado, pues su amigo Ramírez Acuña lo llamó de inmediato para que regresara al gobierno estatal, ahora en la cartera de secretario de Administración.
El premio de consolación fue bien recibido por el también ingeniero, pues durante su campaña para Tonalá no escatimó recursos en promocionarse con espots continuos en todos los medios. de comunicación y con actos masivos en los que llegó incluso a contratar al cotizado cantante de música sinaloense Julio Preciado, quien tampoco pudo hacer mucho para levantarlo en las encuestas.
Una campaña donde además se comprobó que el gobierno estatal de Ramírez Acuña metía mano, al incluso prestar vehículos para llevar equipo a los diferentes actos del candidato, lo que motivó una investigación en el entonces Consejo Estatal Electoral que no llegó a ninguna sanción.
COMENTARIO AL PIE: Vaya, vaya, ya salió el peine el mismísimo González Uyeda, quién a saber según muchos testigos de pláticas de café y servicios prestados, no tenía ningún empacho en decir que había "apoyado, donado" a fecal con 10 millones de USD, y a decir del mismo Gónzalez Uyeda, tenía por ello "agarrado de los huevos a Calderón"(dixit).
Que pronto, se cobró el favor y fecal comenzó a pagar las respectivas facturas, directo se va Gónzalez Uyeda con O-paco, fascista cabeza de cebolla y peinado de salón a servirse con la cuchara grande de la SEGOB.
Este tipo y demás miserables mercachifles que financiaron el fraude electoral, vaya que tienen razón; tienen a Calderón por los huevos, ¿ o no es así fecal?
El empresario lechero Abraham González Uyeda, nuevo subsecretario de Gobierno
Jornada Jalisco - 09/12/06
Juan Carlos G. Partida y Zaira Y. Ramírez
- Nunca ganó un cargo de elección popular por el voto directo; ahora ocupa uno de los más importantes
- Juan María Naveja, acompañante de FRA en el golf, ocupa la Subsecretaría de Normatividad de medios.
Abraham Kunio González Uyeda, el brazo derecho del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, es. un empresario lechero jalisciense con mucha suerte. Nunca ha ganado un cargo de elección popular por el voto directo, a pesar que los ha buscado, pero ahora ya es el subsecretario de Gobierno, uno de los cargos públicos más importantes del país.
Además de sus millones, la cercanía con Ramírez Acuña, para quien trabajó. como secretario de Promoción Económica primero y de Administración después, le valieron para obtener el importante nombramiento de la mano, por supuesto, su también cercanía con el presidente Felipe Calderón, quien lo llamó desde la etapa de transición para que formara parte de su equipo bajo el eufemístico cargo de coordinador de Reestructura Fina durante los meses previos a su toma de posesión.
González Uyeda forma parte del equipo jalisciense que en la Secretaría de Gobernación perfilará el área política. Otro de los llamados hasta ahora es Juan María Naveja, ex asesor de coordinadores de Ramírez Acuña durante su etapa de gobernador, quien se quedó como subsecretario de Normatividad de Medios, otra de las áreas torales.
"Su interés por gobernar el municipio de Tonalá, la candidatura plurinominal a una diputación federal, nunca las logró por medio de votación. Todo lo que tiene ha sido a cambio de favores, nunca por ganar una elección, creo que hay magníficos premios de consolación", dijo Gabino Berumen, presidente del. PRD en Jalisco, al ser cuestionado sobre el nombramiento de González Uyeda.
"Es cierto. El dueño de Lechera Guadalajara, quien el 29 de mayo de 2004 prestó su rancho en el municipio de Tlajomulco para que se festinara el destape de Felipe Calderón en una época en que nadie daba un cacahuate por el futuro político del hoy Presidente de la República, ha sabido mover sus momios más allá de 'las urnas electorales." Incluso cuando perdió la disputa por la alcaldía de Tonalá -ganada por el priísta Palemón García-, el empresario panista no se quedó abandonado, pues su amigo Ramírez Acuña lo llamó de inmediato para que regresara al gobierno estatal, ahora en la cartera de secretario de Administración.
El premio de consolación fue bien recibido por el también ingeniero, pues durante su campaña para Tonalá no escatimó recursos en promocionarse con espots continuos en todos los medios. de comunicación y con actos masivos en los que llegó incluso a contratar al cotizado cantante de música sinaloense Julio Preciado, quien tampoco pudo hacer mucho para levantarlo en las encuestas.
Una campaña donde además se comprobó que el gobierno estatal de Ramírez Acuña metía mano, al incluso prestar vehículos para llevar equipo a los diferentes actos del candidato, lo que motivó una investigación en el entonces Consejo Estatal Electoral que no llegó a ninguna sanción.
COMENTARIO AL PIE: Vaya, vaya, ya salió el peine el mismísimo González Uyeda, quién a saber según muchos testigos de pláticas de café y servicios prestados, no tenía ningún empacho en decir que había "apoyado, donado" a fecal con 10 millones de USD, y a decir del mismo Gónzalez Uyeda, tenía por ello "agarrado de los huevos a Calderón"(dixit).
Que pronto, se cobró el favor y fecal comenzó a pagar las respectivas facturas, directo se va Gónzalez Uyeda con O-paco, fascista cabeza de cebolla y peinado de salón a servirse con la cuchara grande de la SEGOB.
Este tipo y demás miserables mercachifles que financiaron el fraude electoral, vaya que tienen razón; tienen a Calderón por los huevos, ¿ o no es así fecal?
sábado, diciembre 09, 2006
Dan cargo a quien prestó rancho para ´destape´
- Abraham González ocupa el segundo cargo en importancia en la Segob; "yo no pensaría en un pago de facturas ni me siento con un estigma en lo más mínimo", sentenció el nuevo subsecretario de Gobernación
Jorge Ramos
El Universal - Viernes 08 de diciembre de 2006
Abraham González Uyeda recordó de frente y sin rodeos: "Fue en mi rancho" el destape de Felipe Calderón como precandidato a la Presidencia de la República.
Ahora que fue nombrado subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, señaló ayer que de ninguna manera es un pago a esa fidelidad:
"Yo no pensaría en un pago de facturas ni me siento con un estigma en lo más mínimo", sentenció.
-Se señala a Ramírez Acuña como un represor y la Subsecretaría de Gobierno es la mano política, ¿usted qué respondería a estos señalamientos de que llega la mano dura, sobre todo con la detención de Flavio Sosa?- se le interrogó.
-La detención de Flavio tiene (que ver) en estricto sentido con el cumplimiento de la ley al haberse girado algunas órdenes de aprehensión, no tiene nada que ver con ser "mano dura", tiene que ver con el estado de derecho que todo mundo demandaría que se cumpliera. Ese calificativo de "mano dura" no deberá confundirse con el cumplimiento del estado de derecho a toda costa- respondió González Uyeda.
"Fuera de estigmas deberíamos de considerar que el estado de derecho se va a aplicar por parte de la Segob para aquellos que cumplan con la ley; habrá que empujar para que la ley los cobije, como aquellos que infrinjan la ley habrá que empujar para que la ley los sancione ", señaló.
Ahora que ocupa el segundo puesto en importancia en la Segob, González Uyeda subraya que si bien estuvo con Francisco Ramírez Acuña mientras fue gobernador de Jalisco y en todo momento apoyó la candidatura de Calderón -incluso contra la oposición del presidente Vicente Fox-, él tiene una carrera detrás que lo avala:
"Creo que tengo una carrera probada en la iniciativa privada con empresas que son hasta el momento exitosas, en la Secretaría de Desarrollo Económico: pasando una de las más fuertes crisis de recesión mundial que inició en el 2000, llegamos a controlar una condición muy específica del Estado que tenía un control muy fuerte sobre la manufactura y no perdimos empresas", sostuvo.
El subsecretario de Gobernación también da definiciones:
"Lo más importante es que el país tenga el menor volumen o el menor número de movimientos que alteren la paz social".
Agregó que "hay una decisión muy firme del Presidente y el secretario de Gobernación de entablar el diálogo, de desgastarnos en el diálogo hasta el cansancio mismo para evitar los enfrentamientos, llevar la relación del gobierno federal con cualquier tipo de ciudadano que en su libre derecho se quiera manifestar, llegar a los acuerdos lo más pronto posible sin perjudicar los derechos de terceros".
-¿No van a negociar la libertad de los detenidos, las órdenes de aprehensión (en el caso Oaxaca)?
-La ley no se negocia; se aplica, el estado de derecho lo demanda
Jorge Ramos
El Universal - Viernes 08 de diciembre de 2006
Abraham González Uyeda recordó de frente y sin rodeos: "Fue en mi rancho" el destape de Felipe Calderón como precandidato a la Presidencia de la República.
Ahora que fue nombrado subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, señaló ayer que de ninguna manera es un pago a esa fidelidad:
"Yo no pensaría en un pago de facturas ni me siento con un estigma en lo más mínimo", sentenció.
-Se señala a Ramírez Acuña como un represor y la Subsecretaría de Gobierno es la mano política, ¿usted qué respondería a estos señalamientos de que llega la mano dura, sobre todo con la detención de Flavio Sosa?- se le interrogó.
-La detención de Flavio tiene (que ver) en estricto sentido con el cumplimiento de la ley al haberse girado algunas órdenes de aprehensión, no tiene nada que ver con ser "mano dura", tiene que ver con el estado de derecho que todo mundo demandaría que se cumpliera. Ese calificativo de "mano dura" no deberá confundirse con el cumplimiento del estado de derecho a toda costa- respondió González Uyeda.
"Fuera de estigmas deberíamos de considerar que el estado de derecho se va a aplicar por parte de la Segob para aquellos que cumplan con la ley; habrá que empujar para que la ley los cobije, como aquellos que infrinjan la ley habrá que empujar para que la ley los sancione ", señaló.
Ahora que ocupa el segundo puesto en importancia en la Segob, González Uyeda subraya que si bien estuvo con Francisco Ramírez Acuña mientras fue gobernador de Jalisco y en todo momento apoyó la candidatura de Calderón -incluso contra la oposición del presidente Vicente Fox-, él tiene una carrera detrás que lo avala:
"Creo que tengo una carrera probada en la iniciativa privada con empresas que son hasta el momento exitosas, en la Secretaría de Desarrollo Económico: pasando una de las más fuertes crisis de recesión mundial que inició en el 2000, llegamos a controlar una condición muy específica del Estado que tenía un control muy fuerte sobre la manufactura y no perdimos empresas", sostuvo.
El subsecretario de Gobernación también da definiciones:
"Lo más importante es que el país tenga el menor volumen o el menor número de movimientos que alteren la paz social".
Agregó que "hay una decisión muy firme del Presidente y el secretario de Gobernación de entablar el diálogo, de desgastarnos en el diálogo hasta el cansancio mismo para evitar los enfrentamientos, llevar la relación del gobierno federal con cualquier tipo de ciudadano que en su libre derecho se quiera manifestar, llegar a los acuerdos lo más pronto posible sin perjudicar los derechos de terceros".
-¿No van a negociar la libertad de los detenidos, las órdenes de aprehensión (en el caso Oaxaca)?
-La ley no se negocia; se aplica, el estado de derecho lo demanda
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