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::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Lic. Andrés Manuel López Obrador en 2010::
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A los mexicanos la perspectiva de regresar al pasado nos deja indiferentes porque vivimos en el siglo XIX hace ya muchos años: los últimos cuatro gobiernos sexenales destruyeron el pacto social que surgió de la Revolución de 1910 y nos hicieron retroceder a una época anterior al porfiriato, cuando, como ahora, no había ferrocarriles. Así que eso no nos preocupa. Somos la economía latinoamericana que ha registrado el menor crecimiento en 25 años. Intentemos atisbar, por lo mismo, qué nos reserva el futuro, al menos desde la perspectiva que anuncia el golpe de Estado en Honduras.
Zelaya pertenece a una acaudalada familia de latifundistas que, en muchas ocasiones, honró las tradiciones de crueldad e injusticia típicas de la oligarquía de su país. Una oscura leyenda habla de horrendos crímenes en la hacienda de su padre. Eso no está a discusión. Lo que interesa es que al llegar al poder emprendió reformas sociales en beneficio de los más pobres.
Aumentó los salarios mínimos, extendió la cobertura de la seguridad social y trató de reducir el analfabetismo, pero desarrolló una política exterior que molestó a los halcones de Washington y, por tanto, a las fuerzas armadas hondureñas. Específicamente, firmó con el gobierno de Hugo Chávez convenios para recibir petróleo venezolano a precios bajos y a pagar a largo plazo. Aunque los términos del pacto eran más que favorables, la oligarquía lo derrocó cuando propuso modificar la Constitución para que futuros gobernantes –no él– pudieran relegirse.
El golpe del 28 de junio, en realidad, no fue contra Zelaya sino contra Chávez y también contra Obama. Fue la respuesta de Cheney y los republicanos al discurso que el nuevo presidente demócrata leyó en Trinidad y Tobago, el 19 de abril de este año, cuando habló de su intención de establecer otro tipo de relaciones entre la Casa Blanca y América Latina. Sólo dos meses después, la caída de Zelaya lo puso a prueba: si usaba todo su poder para reinstalarlo en el cargo, en Washington lo acusarían de ser un peón a las órdenes de Chávez; si no metía las manos, quedaría en ridículo ante los votantes de habla hispana.
Obama ha reaccionado con extrema tibieza. Podía aplicar sanciones económicas que en menos de tres días habrían estrangulado al golpista Roberto Micheletti, pero prefirió que Hillary Clinton manejara la crisis por debajo del agua, concediendo a sus adversarios todas las ventajas. Estos ya preparan las elecciones de noviembre, de modo que sólo deben resistir algunos meses más para conformar un nuevo gobierno. A Zelaya, por lo contrario, el tiempo se le acaba. Su presencia en la frontera no produjo el efecto que esperaba, es decir, la salida del pueblo a las calles de todo el país para echar del poder a los usurpadores y acompañarlo en su retorno a Tegucigalpa.
Las reformas sociales de Zelaya –todo así parece indicarlo– fueron tan limitadas que el grueso de la población no se jugó la vida para defenderlas. Quienes se han manifestado exigiendo la restauración de la democracia son los sectores más lúcidos, que no confían en Zelaya pero lo ven como una posibilidad de llevar adelante cambios más profundos. En suma, las perspectivas no son lo que se llama optimistas y Felipe Calderón ya no es el único gobernante
de facto de América Latina.
Después de robarse la Presidencia de la República en las elecciones de 2006, y de perder en forma patética las de 2009, reprobado por los especialistas en todas las materias, vapuleado por el narcotráfico, Calderón gobierna cada vez más con el apoyo del Ejército y observa los acontecimientos hondureños con sumo interés, tomando nota de los detalles y prendiéndole veladoras a Fujimori, el ex presidente peruano que gracias a un decreto disolvió el poder legislativo y se convirtió en dictador.
Objetivo: el petróleo
Envalentonados por su éxito y por la debilidad de Obama, los halcones de Washington avanzan rumbo al sur. Desde Colombia –que desempeña en Sudamérica el mismo papel que Israel en Medio Oriente– han lanzado una grave acusación contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa: afirman tener pruebas de que la guerrilla de las FARC financió su campaña a la presidencia.
Al mismo tiempo, Colombia da su beneplácito para que el Pentágono ponga bases militares cerca de la frontera venezolana. Ya que los halcones no pudieron acabar con Chávez mediante el golpe militar de abril de 2002, ahora hacen pública su intención de declararle la guerra. Entre tanto, continúan saboteando de todas las formas posibles al gobierno de Evo Morales. Les queda muy claro que Ecuador, Venezuela y Bolivia poseen, además de Brasil y México, las mayores reservas de petróleo y gas natural del subcontinente. Y Estados Unidos jamás renunciará a ellas.
México está destrozado; ningún adjetivo describe mejor lo que nos han hecho los gobiernos
de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón tras el desastroso sexenio de De la Madrid. Sobrevive la mitad de los mexicanos con mil 900 pesos al mes
, informó La Jornada, en su nota principal de primera plana, el domingo anterior y, al otro día, en el mismo espacio, desplegó la siguiente noticia: “Medio México, campo de batalla contra el narco”. No debemos extrañarnos: si la mitad de la población carece de lo más indispensable, es lógico que la mitad del territorio haya sucumbido a la violencia.
Pero falta lo peor. La crisis económica seguirá deteriorando las condiciones de vida de todos: aumentará el desempleo, la carestía, la falta de liquidez y la inseguridad, pero ni los dueños del país, ni los políticos a su servicio, ni los intelectuales que supuestamente deberían iluminarlos con sus reflexiones reconocen que este desastre fue causado por un modelo económico que debe ser sustituido. Lo más desesperante es que ni siquiera discuten el tema, no les pasa por la cabeza, no se les ocurre. Lo que más les preocupa, si acaso –en un plano muy secundario, además de sus continuas pérdidas económicas– es quién remplazará a Calderón en 2012.
¿Quién les administrará el rancho, quién mantendrá a raya a 80 millones de pobres? Ya lo verán en su momento. Ya decidirán, cuando llegue la hora, si el país queda en manos de Enrique Peña Nieto, el gobernador mexiquense que no oculta su admiración por Álvaro Uribe, es decir, por los ejércitos paramilitares que éste utiliza para combatir la guerrilla y el narcotráfico.
Por lo pronto, el martes próximo, Andrés Manuel López Obrador comenzará una gira por los más de 400 municipios de usos y costumbres de Oaxaca. Al final del año habrá concluido su visita a todos los ayuntamientos del país y habrá terminado de construir la red de comités del gobierno legítimo
, cuyos afiliados suman ya más de 2 millones de personas.
En la ciudad de México y en otras regiones del país, entre tanto, el movimiento que encabeza espera propuestas para reanudar sus actividades. Las señales, en principio, llegarán cuando se defina la agenda legislativa del Congreso. ¿Nos impondrán ahora el IVA a alimentos y medicinas? ¿Lo permitiremos?
Octavio Rodríguez Araujo
La Jornada
Las izquierdas mexicanas no se encuentran a sí mismas. Quienes se apoderaron hegemónicamente del Partido de la Revolución Democrática enseñaron el cobre y confirmaron sus tendencias, que ya habíamos visto con Ruth Zavaleta desde que le guardó el asiento a Manlio Fabio Beltrones el primero de diciembre de 2006 en la Cámara de Diputados. Los llamados chuchos (Nueva Izquierda) se han querido presentar como los “racionales”, cuya oposición puede ser negociada en la consabida dinámica oportunista del “buen entendimiento” institucional. Para ellos lo pasado ya pasó y no hay razón para pensar o actuar con base en nostalgias. El presente debe estar determinado por el futuro y éste debe construirse con criterios de realpolitik para sacarle todas las ventajas posibles.
La oposición, según la entienden, es un elemento para negociar, no para oponerse. Los principios, si algunos, no cuentan. Lo que vale para ellos son los cargos que puedan ganar, el financiamiento público, las prebendas y las pequeñas cuotas de poder aunque sea para dar la nota en los medios. Se sienten la mayoría en su partido porque así lo dijo el tribunal que dos años antes cuestionaban, y tal vez lo sean. Hablan de reconstruir su partido, pero no dicen que su idea es convertirlo (en relación con el PAN) en una suerte de Partido Popular Socialista (de triste historia, en relación con el PRI) o en revivir al también triste Partido Socialista de los Trabajadores del cual salieron en buena medida, y que nunca fue socialista ni de trabajadores.
Los guiños de los chuchos con el Partido Social Demócrata (PSD) no pasaron de ahí, y según las apariencias en este momento no concretarán ninguna alianza para 2009. El PSD, por otro lado, ha tenido como único mérito su lucha en contra de las legislaciones antitabaco que, en muchos sentidos, sobre todo en el Distrito Federal, son irracionales, intolerantes y totalitarias. El PSD, fuera de esta cualidad mencionada, difícilmente podría ser considerado de izquierda y de oposición sustancial al poder instituido.
Algo semejante podría decirse del partido Convergencia, cuya apuesta es a mantenerse como partido político con registro en alianza con los seguidores de López Obrador y también con el Partido del Trabajo (PT). Los partidos y partiditos que aspiran a registrarse como Frente Amplio Progresista para la próxima elección de diputados federales, cuentan o quieren contar con el lopezobradorismo que, obviamente, no está con quienes se apoderaron de la dirección del PRD. López Obrador, por su lado, no tiene mucho espacio para dónde hacerse una vez que Alejandro Encinas fue descalificado por el tribunal electoral como presidente del partido al que todavía pertenece (hasta ahora). Convergencia y PT, unidos, más otras corrientes que dentro y fuera del PRD luchan por sobrevivir y ampliarse en la oposición, son los aliados naturales del lopezobradorismo, una fuerza social y política innegable, con un proyecto más o menos claro y de oposición real al panismo yunquizado de Calderón et al. Pero tal alianza es por conveniencia más que por convicciones y lo que está detrás, para unos, es mantenerse como partidos y, para otros, lograr al menos una candidatura que sirva para no perder voz en una de las tribunas colectivas de mayor resonancia en el país. Para López Obrador su juego es claro: conservar su muy bien ganado liderazgo en la oposición, en realidad la única sólida oposición que tienen Calderón y sus socios, y conquistar espacios en los órganos de representación para no marginarse de las instituciones de la República, en este caso del Poder Legislativo que, como quiera que sea, no es lo mismo que el Poder Ejecutivo (unipersonal).
Es previsible que el PRI se convierta en la bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados, y no es muy difícil pensar que con buena parte de los diputados tricolores se puedan establecer acuerdos contra el PAN en la próxima legislatura. Al Revolucionario Institucional le convendría que los mexicanos lo vean más cerca de las izquierdas (sin confundirse) que de las derechas panistas, pues será su mejor carta para la elección presidencial de 2012, y más si la crisis, como también es previsible, continúa para entonces.
Cómo la jueguen los chuchos y los lopezobradoristas (con sus aliados) en la próxima legislatura, está por verse. Pero hay indicios para pensar que Dante Delgado y Alberto Anaya, por un lado, y el mismo López Obrador con Camacho y Muñoz Ledo, no tendrían dificultad para entenderse con los priístas contra Calderón y el PAN, a diferencia de Jesús Ortega, dirigente formal de primera en su partido, pero líder de segunda fuera de él.
En mala hora las izquierdas (con los matices que se quiera) se desunieron. La crisis, cuyos estragos veremos muy pronto en toda su crudeza, las favorecía, pero no la supieron aprovechar o no la previeron. Antepusieron sus intereses de grupo a los de las mayorías del país y, una vez más, López Obrador se les adelantó, dictando la agenda de las luchas por venir. Todavía hay tiempo –supongo– si los chuchos, por ejemplo, en vez de ofrecer disculpas recapacitan y se comprometen con la historia y su coyuntura actual. ¿Podrán o les gana su soberbia?
Juan Balboa - La Jornada 10/01/07
Militantes y simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) realizaron ayer la primera marcha-mitin frente a los Pinos para "recordarle" al presidente Felipe Calderón Hinojosa que su gobierno "es ilegítimo, espurio", y que llegó a la silla presidencial "gracias a un fraude electoral". El partido del sol azteca decidió realizar los primeros días de cada mes una marcha-plantón frente a la casa presidencial en protesta por el fraude electoral del pasado 2 de julio, recordarle a Calderón Hinojosa que tiene el rechazo de la mayoría de los mexicanos y reafirmando su total e incondicional apoyo al "gobierno legítimo" que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Cerca de 50 perredistas intentaron clausurar simbólicamente la puerta principal de la residencia oficial de Los Pinos, pero una centena de policías y miembros del Estado Mayor Presidencial se lo impidieron.
Otra intención, al término de un año, está marcada por el cierre de ciclos y los balances que hacemos del pasado reciente. Se dice, por ejemplo, que dentro de lo más destacado que vivimos en el 2006 se encuentra el conflicto electoral de julio -cuyas secuelas, como veremos este año, aún no terminan de evidenciarse-, que hay quien lo califica como el fraude más escandaloso de la historia reciente, después de la Revolución, de este país.
Empero, fue más evidente y descarado el fraude de 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas. No sólo se trató, en ese entonces, de que hubiera, desde el gobierno, operativos al viejo estilo –carruseles, ratones locos, robo de urnas, urnas embarazadas, sufragios comprado y corporativo, etc.- para afectar los resultados y de que el aparato que controlaba la organización electoral estuviera completamente en manos de la Secretaría de Gobernación. Se trató también de una descarada y concertada acción desde el poder para hacer “caer el sistema”, dividir a la oposición, reprimir y desaparecer disidentes, para luego, hacer una contrarreforma electoral –se eliminaron de la ley las candidaturas comunes, que fue la vía legal que hizo crecer y unificar a la oposición, vetando, hasta nuestros días, cualquier iniciativa que intente revivirlas- y quemar las boletas electorales –a propuesta de un entonces diputado corrupto, aún impune, cómplice del salinismo llamado Diego Fernández de Cevallos-; fue, realmente, una elección de Estado.
No estaba preparada la élite que nos había gobernado desde la creación del PRI, en 1929, para soltar el poder; el fenómeno cardenista los tomó por sorpresa y fue menospreciado. Organizaciones de la sociedad civil, independientes y alejadas de la simulación que eran los procesos electorales, salieron de las catacumbas, del trabajo clandestino, y, a pesar de la desconfianza en el gobierno y los partidos, impulsaron un movimiento que hizo que la correlación política y social del país se cargara a una izquierda de corte social y nacionalista que confrontaba el alejamiento del gobierno de los postulados de la Revolución Mexicana y la irrupción de las políticas neoliberales durante la gestión de Miguel de la Madrid.
Lo endeble de la unidad política representada por el Frente Democrático Nacional (FDN), dada su diversidad, sus fines coyunturales y la proclividad de los partidos satélites a usar las elecciones como fórmula para obtener concesiones del gobierno en turno, así como la prudencia de Cárdenas, hicieron fácil presa de la división y la cooptación al movimiento cardenista, que alcanzó a rescatar algo de lo que fue y reconfigurarse, de manera significativa y más consistente con la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a inicios de los noventa, pero ya sin la presencia de núcleos sociales importantes que prefirieron seguir manteniéndose al margen de la arena político-electoral, pero luchando por avances democráticos.
Sin duda, entre los acontecimientos más destacados del año pasado –y que representan, en mucho, lo que significó la administración foxista- está lo sucedido en Coahuila, en Pasta de Conchos, donde afloraron las condiciones deplorables en las que trabajan los mineros por la complicidad de líderes sindicales y patrones: el submundo laboral –la mayoría de los 65 trabajadores muertos y que hacían los trabajos más peligrosos, no estaban sindicalizados y no gozaban de prestaciones; eran subcontratados-. Pero además, se evidenció la protección que el gobierno de Fox desplegó con empresarios a los que les debía favores, tal es el caso de Industrial Minera México, responsables de lo sucedido en aquél lugar. Los compromisos del Presidente con los Larrea, dueños de dicho grupo empresarial provocó, a la postre, la torpeza oficial generada por la destitución del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia –que cayó de la gracia de dichos empresarios-, instrumentada por la Secretaría del Trabajo, y la posterior muerte de dos trabajadores, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, debido a la represión policíaca con que se respondió al paro laboral en Sicartsa, provocado por la arbitraria medida.
Si faltaran pruebas sobre la manera cómo los panistas entienden el ejercicio del poder a favor de los negocios de familiares, amigos y empresarios que los apoyaron, ahí están de muestra los escándalos de los hijos de Marta Sahagún y la llamada Ley Televisa, como casos ominosos de relaciones abusivas, que también son heridas abiertas cuyo desenlace aún está lejos de darse.
Pero 2006 también conoció la faceta represora e irrespetuosa de los derechos humanos del foxismo, expresada de manera directa y autoritaria –y no sólo de la forma señalada en los acontecimientos citados-, en Atenco y en el conflicto de Oaxaca donde afloró la falta de oficio político –que caracterizó, junto con la frivolidad de la figura presidencial, a todo el sexenio-. Asimismo, la aprobación, en el 2006, de la construcción de un muro a lo largo de la frontera con Estados Unidos representó el fracaso de una política exterior que perdió rumbo y se volvió veleidosa y contradictoria.
Finalmente, y concluyendo sobre el proceso electoral federal pasado, lo que se recordará del 2006 será una elección inequitativa que representó el triunfo cuestionado de Felipe Calderón. Y distingo este proceso del de 1988, porque, si bien se enfrentó la propuesta lópez-obradorista contra los poderes fácticos que se unieron para evitar que llegara a la presidencia, se contaban con otras condiciones institucionales y políticas para generar una estrategia más incluyente e inteligente, con un proyecto más definido –que fuera más allá de la simple confrontación a las políticas neoliberales- y una sociedad más dispuesta y confiada a manifestarse políticamente.
En 1988 hubo un fraude operado desde el Estado, en el 2006 hubo una campaña ilegal y alevosa con participación empresarial y de dueños de medios; hubo operativos parciales alentados por algunos gobernadores y secciones del sindicato de maestros y una actuación lamentable de las autoridades electorales, pero también deficiencias que no han sido suficientemente analizadas –de manera autocrítica- por el PRD, que no siempre estuvieron-algunas de sus corrientes- de acuerdo con la forma en que López Obrador se apropió del partido y lo rebasó marcando una línea que desdeñó momentos importantes y formas de organización para aumentar su presencia y confrontar su propuesta frente a las otras opciones políticas. No se pretende justificar la manera de actuar del gobierno ni la intromisión de actores que provocaron retrocesos en los pocos avances democráticos que se habían logrado en el país, como es el respeto al voto, y polarización social. Simplemente el matiz establece la necesidad de una revisión crítica del papel de la izquierda partidaria en el proceso electoral. La precaria legitimidad del gobierno y el tejido social desgarrado son la herencia del año que se fue.