La Jornada Jalisco - 02/01/07
Siempre el inicio de año está marcado por renovados propósitos y en el caso de Jalisco este sentimiento se “polítiza” con el relevo de las administraciones municipales. Sin duda todas, sin excepción, empezarán con ánimo su gestión, incluyendo el comité temporal de Tuxcueca, nombrado por el Congreso estatal, población que tendrá que esperar a que se repita la elección para definir quiénes serán sus autoridades, definidas a través del voto ciudadano –ahí, recordemos, empataron PAN y PRI en número de sufragios obtenidos y las instancias jurisdiccionales no pudieron dirimir un ganador-.
Otra intención, al término de un año, está marcada por el cierre de ciclos y los balances que hacemos del pasado reciente. Se dice, por ejemplo, que dentro de lo más destacado que vivimos en el 2006 se encuentra el conflicto electoral de julio -cuyas secuelas, como veremos este año, aún no terminan de evidenciarse-, que hay quien lo califica como el fraude más escandaloso de la historia reciente, después de la Revolución, de este país.
Empero, fue más evidente y descarado el fraude de 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas. No sólo se trató, en ese entonces, de que hubiera, desde el gobierno, operativos al viejo estilo –carruseles, ratones locos, robo de urnas, urnas embarazadas, sufragios comprado y corporativo, etc.- para afectar los resultados y de que el aparato que controlaba la organización electoral estuviera completamente en manos de la Secretaría de Gobernación. Se trató también de una descarada y concertada acción desde el poder para hacer “caer el sistema”, dividir a la oposición, reprimir y desaparecer disidentes, para luego, hacer una contrarreforma electoral –se eliminaron de la ley las candidaturas comunes, que fue la vía legal que hizo crecer y unificar a la oposición, vetando, hasta nuestros días, cualquier iniciativa que intente revivirlas- y quemar las boletas electorales –a propuesta de un entonces diputado corrupto, aún impune, cómplice del salinismo llamado Diego Fernández de Cevallos-; fue, realmente, una elección de Estado.
No estaba preparada la élite que nos había gobernado desde la creación del PRI, en 1929, para soltar el poder; el fenómeno cardenista los tomó por sorpresa y fue menospreciado. Organizaciones de la sociedad civil, independientes y alejadas de la simulación que eran los procesos electorales, salieron de las catacumbas, del trabajo clandestino, y, a pesar de la desconfianza en el gobierno y los partidos, impulsaron un movimiento que hizo que la correlación política y social del país se cargara a una izquierda de corte social y nacionalista que confrontaba el alejamiento del gobierno de los postulados de la Revolución Mexicana y la irrupción de las políticas neoliberales durante la gestión de Miguel de la Madrid.
Lo endeble de la unidad política representada por el Frente Democrático Nacional (FDN), dada su diversidad, sus fines coyunturales y la proclividad de los partidos satélites a usar las elecciones como fórmula para obtener concesiones del gobierno en turno, así como la prudencia de Cárdenas, hicieron fácil presa de la división y la cooptación al movimiento cardenista, que alcanzó a rescatar algo de lo que fue y reconfigurarse, de manera significativa y más consistente con la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a inicios de los noventa, pero ya sin la presencia de núcleos sociales importantes que prefirieron seguir manteniéndose al margen de la arena político-electoral, pero luchando por avances democráticos.
Sin duda, entre los acontecimientos más destacados del año pasado –y que representan, en mucho, lo que significó la administración foxista- está lo sucedido en Coahuila, en Pasta de Conchos, donde afloraron las condiciones deplorables en las que trabajan los mineros por la complicidad de líderes sindicales y patrones: el submundo laboral –la mayoría de los 65 trabajadores muertos y que hacían los trabajos más peligrosos, no estaban sindicalizados y no gozaban de prestaciones; eran subcontratados-. Pero además, se evidenció la protección que el gobierno de Fox desplegó con empresarios a los que les debía favores, tal es el caso de Industrial Minera México, responsables de lo sucedido en aquél lugar. Los compromisos del Presidente con los Larrea, dueños de dicho grupo empresarial provocó, a la postre, la torpeza oficial generada por la destitución del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia –que cayó de la gracia de dichos empresarios-, instrumentada por la Secretaría del Trabajo, y la posterior muerte de dos trabajadores, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, debido a la represión policíaca con que se respondió al paro laboral en Sicartsa, provocado por la arbitraria medida.
Si faltaran pruebas sobre la manera cómo los panistas entienden el ejercicio del poder a favor de los negocios de familiares, amigos y empresarios que los apoyaron, ahí están de muestra los escándalos de los hijos de Marta Sahagún y la llamada Ley Televisa, como casos ominosos de relaciones abusivas, que también son heridas abiertas cuyo desenlace aún está lejos de darse.
Pero 2006 también conoció la faceta represora e irrespetuosa de los derechos humanos del foxismo, expresada de manera directa y autoritaria –y no sólo de la forma señalada en los acontecimientos citados-, en Atenco y en el conflicto de Oaxaca donde afloró la falta de oficio político –que caracterizó, junto con la frivolidad de la figura presidencial, a todo el sexenio-. Asimismo, la aprobación, en el 2006, de la construcción de un muro a lo largo de la frontera con Estados Unidos representó el fracaso de una política exterior que perdió rumbo y se volvió veleidosa y contradictoria.
Finalmente, y concluyendo sobre el proceso electoral federal pasado, lo que se recordará del 2006 será una elección inequitativa que representó el triunfo cuestionado de Felipe Calderón. Y distingo este proceso del de 1988, porque, si bien se enfrentó la propuesta lópez-obradorista contra los poderes fácticos que se unieron para evitar que llegara a la presidencia, se contaban con otras condiciones institucionales y políticas para generar una estrategia más incluyente e inteligente, con un proyecto más definido –que fuera más allá de la simple confrontación a las políticas neoliberales- y una sociedad más dispuesta y confiada a manifestarse políticamente.
En 1988 hubo un fraude operado desde el Estado, en el 2006 hubo una campaña ilegal y alevosa con participación empresarial y de dueños de medios; hubo operativos parciales alentados por algunos gobernadores y secciones del sindicato de maestros y una actuación lamentable de las autoridades electorales, pero también deficiencias que no han sido suficientemente analizadas –de manera autocrítica- por el PRD, que no siempre estuvieron-algunas de sus corrientes- de acuerdo con la forma en que López Obrador se apropió del partido y lo rebasó marcando una línea que desdeñó momentos importantes y formas de organización para aumentar su presencia y confrontar su propuesta frente a las otras opciones políticas. No se pretende justificar la manera de actuar del gobierno ni la intromisión de actores que provocaron retrocesos en los pocos avances democráticos que se habían logrado en el país, como es el respeto al voto, y polarización social. Simplemente el matiz establece la necesidad de una revisión crítica del papel de la izquierda partidaria en el proceso electoral. La precaria legitimidad del gobierno y el tejido social desgarrado son la herencia del año que se fue.
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