Retorno a la guerra sucia
Jornada Jalisco
Que no vengan ahora con que es necesario infiltrar policías a las bandas del crimen organizado para combatirlo con mayor éxito. Propuesta digna del mundo al revés: quien ha infiltrado a los cuerpos de seguridad para trabajar mejor, ha sido el crimen organizado. Solo una reflexión: si las diferentes corporaciones policiacas y militares del país delinquen con el uniforme puesto, con el permiso del Estado, pensemos qué harán los policías ahora que se encuentren encubiertos. La sola propuesta del gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez (en realidad “pensada” por el secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña) de regresar a los tiempos de la policía secreta ofende y preocupa a la sociedad, dejando en claro que los panistas-yunquistas ven en el uso de la fuerza y la represión los instrumentos ideales para “gobernar”.
Nuestros gobernantes, en un claro maridaje con el poder económico, continúan apostando a la poca conciencia histórica, social y política de los mexicanos. Pretender buscar en las prácticas policiacas más oscuras del pasado, no solo de Jalisco, sino de México, la solución al crimen organizado solamente huele a una cosa: la intención de continuar criminalizando a los movimientos sociales y a las manifestaciones callejeras que no tienen un origen criminal, por el contrario, son consecuencia de una situación económica cada día más paupérrima y desesperante donde sobreviven al menos setenta millones de mexicanos.
Tal vez algunos compatriotas han olvidado las historias negras de la guerra sucia en el país, pero otros, las recuerdan tan bien que quisieran revivirlas para controlar de mejor manera a los grupos descontentos. La persecución de los movimientos sociales en el país fue la ignominia de los gobiernos priístas que cimentaron sus bases en la sangre de los luchadores sociales, y que hoy, los panistas-yunquistas pretenden revivir.
La simple enumeración de algunos sucesos que se presentaron en el marco de la guerra sucia en México a lo largo de los años sesenta, setenta y ochenta sería motivo suficiente para negarnos a que aparezca nuevamente la policía secreta, adornada con el falso discurso de la lucha contra el crimen organizado.
Acaso piensa el gobierno panista que el recuerdo de cientos de personas torturadas, desaparecidas y asesinadas en las diferentes cárceles del país a manos de un ejército de paramilitares, muchos de ellos entrenados en academias castrenses norteamericanas, puede ser sepultado y olvidado con la retórica de que esos eran tiempos priístas. No, el pasado represor no debe volver ahora pintado de azul.
Las historias negras sucedidas a partir del 12 de septiembre de 1961 en la cárcel preventiva del Campo Militar No. 1 en la ciudad de México, que por cierto, fue estrenada a tres días de su inauguración por 149 miembros del Movimiento Democrático Potosino, encabezado por el médico Salvador Nava, no deben repetirse. Asimismo, los motines fraguados al interior de los penales para reprimir a los presos políticos, lo mismo en Lecumberri que en el penal de Oblatos, no deben repetirse. Contrariamente es harto necesario esclarecer qué sucedió en esos oscuros años del priísmo más retardatario y qué subyace en la intención panista de revivirlos.
No busquemos en fórmulas del pasado represor el modelo a seguir para alcanzar una verdadera transición democrática. No es con la creación de grupúsculos policíacos y paramilitares como caminaremos hacia la democracia. Es tiempo de superar etapas históricas que fueron dominadas por personajes que hicieron de la tortura su modus operandi para mantenerse en el poder. No debe volver la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, el Batallón Olimpia, los Halcones, ni la Policía Secreta de Guadalajara; como tampoco deben volver los operativos secretos que el Estado ponía en marcha por medio del Ejército mexicano como fueron el “Plan de Operaciones de Contrainsurgencia”, las “Operaciones Telaraña, Amistad, Luciérnaga” y el “Plan Secreto de Operaciones Silenciador”, encaminados todos ellos a la lucha contra grupos disidentes en los años setenta.
No podemos permitir que regrese la tortura como método de investigación, el catálogo de esa práctica es extenso y criminal: los detenidos eran obligados a beber gasolina; sufrían múltiples fracturas; desfiguraciones en el rostro; quemaduras de tercer grado; les cortaban o rebanaban y quemaban las plantas de los pies; les insertaban clavos calientes en las rodillas y eran sometidos al pocito para intentar ahogarlos; recibían tortura sicológica y toques eléctricos en todo el cuerpo; eran amarrados de los testículos y colgados; además de introducirles mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos. A las mujeres les introducían botellas de vidrio en la vagina; sin olvidar los vuelos de la muerte en las costas del estado de Guerrero donde los guerrilleros eran lanzados a las aguas en costales del Ejército.
El mensaje es evidente, lo que se busca es infiltrar a los movimientos sociales para su mejor persecución y desmantelamiento. Es la verdadera razón que subyacen en la iniciativa de ley enviada por Gerardo Octavio Solís Gómez y que el Congreso local piensa aprobar por la vía libre. Como sociedad debemos exigir que los diputados no aprueben semejante engendro legal con el cual estarían sepultando nuevamente las incipientes vías democráticas que con tanto trabajo hemos construido para salir adelante. De aprobarse en el Congreso local el regreso de la Policía Secreta a Guadalajara, el gobernador interino y los diputados, regresarían el reloj de la historia cuarenta años. No a la Policía Secreta en Guadalajara.
Ihuatzio@hotmail.com
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