El caso de Aline Castellanos.
Por: Pedro Matías
Oaxaca, Oax., 30 de enero (apro).- “En Oaxaca nadie está a salvo de la persecución por el hecho de exigir derechos o ser opositor, y eso hace más evidente el estado de excepción”, afirmó, desde el exilio, la activista defensora de derechos humanos, Aline Castellanos Jurado.
Y agregó: “Podrán callar 10 o 20 voces pero al lado, adelante y atrás de nosotros hay muchísima más gente como para acallar este movimiento. Tendrían que meter a la cárcel a más de cien mil personas”.
La representante del Espacio Civil en el Congreso Constitutivo y en el consejo directivo de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fue acusada por la directora la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Mercedes Rojas Saldaña, por la toma del Canal 9, registrada el primero de agosto de 2006.
Fue el 26 de septiembre del 2006 en que el juez de lo penal, Victoriano Barroso, libró la orden de aprehensión en contra de la periodista y feminista, quien podría ser sentenciada de dos a seis años de cárcel.
Es por ello que la expresidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, fundadora del Grupo de Apoyo a la Educación de la Mujer y Mujer Libre, así como integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, interpuso un juicio de amparo en contra de dicha orden, el que radica en el juzgado cuarto de distrito del décimo tercer circuito, el 1267/2006.
Aclaró que sí participó en la marcha de las cacerolas del uno de agosto de 2006, pero nunca intervino en la toma del Canal 9, sin embargo, era predecible que se librara una orden de aprehensión en contra de la sociedad civil porque “el gobierno de Ulises Ruiz volvió delincuentes a todos los opositores a él”.
Confesó que ese hecho cambió su vida de manera radical porque tuvo que abandonar su tierra, a su familia, sus amigos, sus compañeros y su trabajo que venía realizando en el Frente de Organismos Civiles y como consejera de la APPO, en que se defienden los derechos de las mujeres y de los indígenas, el cual desarrollo dentro del ámbito legal.
Hizo hincapié en que “no hay tal despojo agravado, como se me acusa, porque no estuve en la toma del Canal 9. Estuve en la marcha de las cacerolas como miles de mujeres, y como un ejercicio totalmente legal del derecho a manifestarse públicamente, pero no incurrí en ningún delito”.
Entonces, dijo, “de entrada hay una visión del gobierno estatal que concluye que todo aquel que se opone es un delincuente y se le acusa de delitos”.
Y “en Oaxaca aunque estés ejerciendo un derecho legal y legítimo, el Estado ha estado violentando sistemáticamente esos derechos, y ahí esta la prueba, de que hay personas muertas, desaparecidas y encarceladas”, puntualizó.
Entrevistada vía telefónica, la también integrante de Mujer Libre y del Patronato Pro Defensa del Patrimonio Cultural y Natural de Oaxaca que preside el pintor Francisco Toledo, considera que esta persecución judicial es un mensaje para ciertos sectores como de la sociedad civil, de la Iglesia y de los académicos.
Con el antecedente de que su domicilio particular ha sido saqueado en dos ocasiones, insistió en que el mensaje es que ningún sector “está a salvo de la represión”.
“No es contra una persona que toma una carretera o quema autobuses, sino también a la gente que realiza un trabajo de interlocución con las autoridades, como es el caso de los activistas que sólo defienden los derechos civiles y políticos de los oaxaqueños”.
Aquí lo “grave es que el gobierno utiliza a las instituciones y las leyes para castigarte y te imposibilita para defenderte legalmente, entonces, si en Oaxaca no hay vigencia de garantías, se tiene que recurrir a la justicia federal”, añadió.
Castellanos Jurado destacó que “en Oaxaca no hay confianza en las leyes e instituciones por las arbitrariedades que han estado documentando (y es que) el sistema de justicia está preocupado por sostener a un gobernador que no tiene legitimidad porque ha sido un gobierno ilegal que no respeta las leyes”.
Por lo pronto, adelantó que “hay un proceso de amparo pendiente en que el Poder Judicial federal tendrá que resolver. Esperamos una resolución apegada al marco normativo”.
Aunque la visión del gobierno pareciera que el hecho de descabezar a un movimiento puede desarticularlo, aclaró que “están equivocados porque este movimiento no es de liderazgos”.
Si están pensando encarcelar a cien o 200, o librar cientos de órdenes de aprehensión para desaparecer este movimiento, “están equivocados porque aunque hay mucho miedo, nos seguimos reorganizando”, remató.
Así mismo, hizo un llamado al gobierno federal para rectificar, pues ni Atenco, Chiapas, Guerrero o Oaxaca hay una inconformidad social por gusto, sino porque existen demandas incumplidas.
“Si con Vicente Fox la estrategia social no funcionó, Felipe Calderón debe voltear a ver hacia otro lado y entender la inconformidad social, ahí está el caso del precio de la tortilla; de lo contrario, esto puede reventar”, puntualizó.
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