Opinión - Jorge Rocha

Los “James Bond” de Jalisco

Jornada Jalisco

Imagine que frente a usted está un agente encubierto diciéndole: “mi nombre es Pérez… Jaime Pérez, agente 003 con licencia para matar”. Las reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada del estado de Jalisco nos pueden llevar a escenarios que ahora suenan irrisorios y de película de Hollywood, pero que en el mediano plazo pueden tener resultados desastrosos. Los mismos diputados que rechazaron la propuesta de ley contra la discriminación (elaborada y afinada por organismos de la sociedad civil), los que mandan remodelar sus baños con un costo de 2 millones de pesos, los que se dieron un bono para pagar sus impuestos, esos mismos diputados ahora están por aprobar una serie de reformas, no discutidas y consensuadas socialmente, sobre un tema nodal como lo es la lucha contra la delincuencia organizada, y claro, preocupa aún más que el gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, sea el principal promotor de estos cambios.

Los puntos centrales de estas reformas son la creación de una policía secreta que se pueda infiltrar en organizaciones criminales, con el fin de proporcionar información o pruebas para que luego las autoridades correspondientes puedan realizar su labor de perseguir el delito. Cabe aclarar que los delitos a perseguir son del fuero común, por ejemplo, el narcotráfico quedaría fuera de estas acciones por ser del fuero federal. El otro cambio sustantivo es la creación de la figura de testigo protegido, que se define como la persona que proporciona datos o pruebas suficientes que permitan la persecución de un delito. Este testigo mantendrá su identidad en confidencialidad y podrá declarar a través de videoconferencia o cualquier medio electrónico.

En estos días tanto la CEDHJ, algunas asociaciones y barras de abogados, y organizaciones civiles y de derechos humanos se han pronunciado en contra de estas reformas. Expresan que los cambios son anticonstitucionales y que los métodos que se plantean son inviables. Desde mi punto de vista algunas de las objeciones más importantes a estas reformas son las siguientes.

La situación de corporaciones policiales: en los últimos años se ha documentado, desde investigaciones, reportajes y notas en la prensa que los policías en Jalisco tienen serios problemas de corrupción interna, de condiciones laborales precarias, de uso sistemático de la tortura y de poca preparación en métodos científicos de investigación (reconocido por autoridades de nuevos gobiernos municipales). Evidentemente que cuando una policía tiene estas características, el riesgo de generar un grupo con las facultades que propone esta reforma puede ser muy alto por los excesos de poder y de impunidad que se podrían generar. La otra gran pregunta es ¿dónde reclutarán a esta nueva policía?, ¿de los que ya existen?, ¿del Ejército? Puede ser la oportunidad para aumentar la militarización de los cuerpos policiales.

Otro cuestionamiento importante es sobre la utilidad de esta policía secreta. Si uno va a una colonia cualquiera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, los vecinos de lugar ubican en la gran mayoría de los casos a los que roban autopartes, los que venden drogas, los que practican la usura. Por otro lado, si se quiere ubicar los centros de prostitución infantil no hace falta más que leer lo que se ha documentado al respecto, ya sea por investigación académica o reportajes periodísticos. Es decir, buena parte de los diagnósticos de los grandes problemas sociales del estado ya están identificados, o descubrirlos no es una tarea que requiera infiltrarse a las organizaciones criminales.

Otro cuestionamiento de fondo es el dilema ético y jurídico de los policías infiltrados, ¿qué harán cuando se tenga que delinquir?, ¿en ese momento denuncian el hecho?, ¿participación del hecho delictivo?, ¿delinquen si el hecho es mínimo y denuncian cuando sea un delito grave? Esto es un terreno muy pantanoso y puede legitimar de parte del gobierno el caer en la violación de la ley, es decir, ¿tendremos personas en estado de excepción de forma legal?, ¿se combatirá la violación de la ley con la violación de la ley? En el caso de las personas asignadas, ¿tendrán que portar documentos falsos emitidos por el gobierno para no ser identificados como miembros de la corporación? ¿Qué pasará con la Ley de Transparencia e Información Pública en esta materia?

Atendiendo a la historia de nuestro país, otro de los riesgos de estas reformas, es que esta policía secreta pueda entrar en los terrenos de la violencia política y la persecución de movimientos y activistas sociales. La tendencia mundial encabezada por Estados Unidos de criminalizar todo tipo de disidencia social puede desembocar en esta forma de violencia, ya que algunos sectores sociales consideran a los movimientos sociales como grupos organizados que ponen en riesgo la estabilidad del Estado y de las inversiones. Podríamos volver a los tiempos de la guerra sucia, lo que significaría un terrible retroceso.

Siguiendo con la tradición del sistema de justicia mexicano, la creación de los testigos protegidos efectivamente puede resolver, en parte, el miedo de las personas para denunciar un delito, sin embargo, por la forma como se contempla hacer, también se puede provocar la creación de testigos falsos y fabricados.

Todo lo expresado anteriormente puede invisibilizar de tal forma el sistema de procuración de justicia, que puede provocar la profundización de la corrupción y la legalización de la injusticia, más que resolver los problemas estructurales que desde hace mucho tiempo tenemos en Jalisco. Muchos expertos en el tema y las organizaciones de derechos humanos plantean que lo que se requiere es una reforma integral al sistema de justicia.

Para terminar, una pregunta, ¿por qué en Jalisco estas reformas?, ¿por qué la aprobación fast track?, ¿por qué Solís es el principal impulsor? Una respuesta es que Francisco Ramírez Acuña hará de Jalisco el campo experimental de lo que pretende hacer a nivel nacional… esperemos que no.