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Ramírez Acuña y el espionaje político

Policías judiciales que ganan menos que cualquier edecán

Apesar de todas las críticas y las voces que han advertido sobre los riesgos de imponer en Jalisco una “policía infiltrada” o secreta, la mayoría panista de la 57 Legislatura del Congreso del Estado pretende aprobar esta semana la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, aún cuando en la próxima bancada del PAN y aún en el PRI, que había dado su aval, ya surgieron serias dudas, no sólo por que esa figura facilitaría la violación a los derechos humanos, sino que legalizaría la persecución a enemigos políticos y desarticular movimientos sociales.

La prueba más contundente de cómo el panismo ha utilizado policías para seguir y poner el dedo a dirigentes es la información, revelada a este diario –que la publica en su edición de hoy–, respecto de cómo el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, utilizó a uno de los agentes del Grupo Sigma para infiltrarlo en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y habría sido quien proporcionó información que permitió la aprehensión de los líderes del movimiento surgido en junio.

De hecho, este grupo de elite de la Secretaría de Seguridad Pública del estado asignó entre 2005 y 2006 un grupo de agentes para dar seguimiento a las actividades de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, primero en las giras de resistencia tras el desafuero y posteriormente ya en la campaña presidencial.

Uno de los puntos fundamentales para el seguimiento de López Obrador fue el jueves 21 de abril de 2005, cuando el jefe de gobierno sin fuero estuvo ante miles de simpatizantes en la Plaza Liberación de Guadalajara, horas después de que se presentó ante el juzgado 12 de distrito para entregar al juez Juan José Olvera López un escrito en el que le pidió la revocación de la libertad provisional bajo caución que de manera “tramposa” pagaron dos asambleístas del Distrito Federal, en acuerdo con el ahora presidente Felipe Calderón.

Al día siguiente, el juez negó la orden de presentación solicitada por la PGR, al considerar que el Ministerio Público dispuso de la libertad de López Obrador al admitir la fianza panista, y lo demás es historia.

El caso es que el ex candidato presidencial fue seguido por seis agentes del Grupo Sigma durante su corta estancia en Guadalajara, pues esa misma noche viajó a Tepic, Nayarit.

Así que, aún sin estar constituida la figura de “policía infiltrado”, Francisco Ramírez Acuña ya ha utilizado agentes policiacos con fines de espionaje político, primero cuando fue gobernador y posteriormente como secretario de Gobernación, así fuera para desarticular –en el caso oaxaqueño– un movimiento social con el que no había podido lidiar el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Si en momentos que no hay fundamento legal para utilizar policías con fines de investigación política, se les da un uso distinto al del combate al crimen, la pregunta es qué no podrá hacer, primero el gobierno panista de Jalisco, sino después el federal.

En caso de aprobarse este martes, como se planea, será no sólo un albazo legislativo debido a la premura con que el pleno le dio la primera lectura al dictamen de una iniciativa presentada apenas dos semanas y media antes por el gobernador interino Octavio Solís Gómez.

Además, el proyecto del ex secretario de Gobierno de Ramírez Acuña tiene el defecto de no ir acompañado de un cambio profundo en el ejercicio policiaco jalisciense; tampoco considera un necesario ajuste salarial que se antojaría obligatorio por la necesaria especialización de los agentes y el riesgo implícito de introducirse –como es el argumento oficial– en bandas de delincuentes para combatirlas desde dentro.

En todo el país, los policías reciben sueldos ínfimos y ello explica, en parte, el grado de corrupción que alcanzan las corporaciones en México. Pero en el estatus específico de los jaliscienses, los judiciales y un sector de peritos reciben salarios más bajos que los de las secretarias y las edecanes del gobernador interino Octavio Solís.

Veamos. De acuerdo a las nóminas de la primera quincena de diciembre de 2006, un policía investigador A tiene un salario mensual de 7 mil 49.66 pesos, que tras el descuento hace un sueldo neto de 5 mil 928.84 pesos, lo cual los ubica en el primer rango salarial.

Sin embargo, los policías investigadores B reciben un salario neto de 4 mil 154.95 pesos mensuales, 56.65 pesos menos que la secretaria privada del gobernador.

Esta tendencia se hace más vergonzante si se revisan los salarios de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Un especialista de ese tipo, adscrito a la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, categoría A, gana 3 mil 464.44 pesos –según la misma nómina–, es decir 11 pesos menos que una de las dos edecanes del gobernador, porque la otra gana 3 mil 436.82 pesos.

El comparativo es válido. Sobre todo porque son profesiones no sólo distintas, sino distantes. Como que no es lo mismo perseguir delincuentes que llevarle la agenda y el cafecito al gobernador.

La sobrina política de Felipe Calderón, Mariana Gómez Zavala, se hizo ayer finalmente de la dirección del PAN en el Distrito Federal, lo cual da una idea del corte que tendrá el manejo del blanquiazul en la era calderonista y la escuelita que dejó Marta Sahagún y sus hijos. La diletante presidenta del partido ha basado su reducida carrera a la sombra de su tía, Margarita Zavala.