Opinión - Rafael Sandoval

Crisis política, contrainsurgencia y campo de paz controlado

Jornada Jalisco

La clase política y los gobernantes de todos los partidos políticos han optado por intensificar la estrategia de contrainsurgencia como política de Estado para asegurar que la crisis política no desemboque en el derrumbe del sistema político. A la militarización de las instituciones públicas, no sólo las policiacas, se agrega la presencia del Ejército en las calles de las ciudades y se intensifica en las zonas rurales; además, se reorganiza el sistema de inteligencia política y espionaje como en los tiempos de la guerra sucia (servicio secreto, escuadrones de la muerte al estilo de la brigada blanca), pretendiendo con ello más eficacia para someter y controlar a la población.

En el Distrito Federal el gobierno del PRD da el siguiente paso y, siguiendo la política de Andrés Manuel López Obrador de tolerancia cero, establece su propia militarización en las calles de la ciudad; el gobierno panista de Calderón hace lo propio en los territorios donde se manifiesta la insubordinación de los pueblos y comunidades con el pretexto del combate al narcotráfico. Al mismo tiempo se imponen reglamentos y leyes estatales para legalizar la represión y el despojo de tierras, bosques, lagos y ríos. Es el caso de Jalisco con la Ley Indígena, la reglamentación del Servicio Secreto Policiaco y la Ley de Patrimonio Cultural y Natural.

Grave y peligrosa es la situación que desde la alternancia gubernamental del año 2000 se ha suscitado al mantener una abierta contradicción entre el discurso de respeto al estado de derecho y la flagrante violación del mismo: violación a la Constitución en su artículo 115 con el caso de la expropiación de tierras comunales; al convenio 169 de la OIT en el caso de la Ley Indígena; al artículo 25 de la Ley Reglamentaria sobre el Estado Laico; al artículo 123 constitucional en el caso de la violación a los cumplimientos de salario digno, vivienda y seguridad social en general; así como en lo que respecta a los artículos de la Constitución (1, 2, 6, 7, 8, 9 y 16) que garantizan la libertad de las personas y sistemáticamente son violados por todo tipo de burocracias, instituciones de seguridad e inteligencia política o grupos de seguridad privada y paramilitares; todas, muestras de la falta de un verdadero estado de derecho en nuestro país.

Ante esta situación se plantean diferentes interpretaciones e iniciativas de acción política. Pero si nos preguntamos acerca de si el Estado está en crisis como forma de relación social capitalista o sólo pasa por un proceso de reestructuración que se adapta a la estrategia de los capitalistas, en el sentido de convertirse en un Estado policiaco militarizado que pretende proteger los intereses de acumulación de riquezas, sin importar los costos ni los riesgos para el propio sistema capitalista, independientemente de la conclusión a la que lleguemos, seguramente tendríamos que considerar las posibilidades que se tienen de generar una alternativa de emancipación y autonomía como sociedades y pueblos que conformamos al México de abajo y dejaríamos de estar pensando desde la lógica y la perspectiva del propio sistema de dominación.

En ese sentido, el movimiento de rebelión y resistencia, en todas sus expresiones, que lucha por justicia, democracia y libertad, tiene en la reivindicación del respeto a los derechos humanos y el derecho a una vida digna para todos los mexicanos una coyuntura importante. La lucha contra la represión, desaparición, tortura y por la libertad de manifestación, ha sido una constante; se ha logrado mantener la memoria sobre los acontecimientos durante el último periodo histórico del siglo XX (1968-2000) y hasta el presente. En Jalisco se sigue exigiendo tanto la presentación de 37 desaparecidos que el gobierno secuestró por motivos políticos en la década de los 70, así como castigo para los responsables de la represión del 28 de mayo de 2004 por órdenes de Francisco Ramírez Acuña, entonces gobernador de Jalisco y hoy secretario de Gobernación.

Con todo, sigue pendiente recuperar la memoria sobre la resistencia y la rebelión contra la dominación y la explotación, la represión y el desprecio, para considerar las formas de hacer política que hoy son necesarias para construir la autonomía, el autogobierno y dejar de reproducir las formas de dominio y gobierno capitalista. Es una cuestión de cómo pensar el tiempo y el espacio desde la perspectiva de la rebeldía y no de la dominación. Se trata pues de, cada vez, empezar desde lo que somos, hemos sido y desde lo que hemos estado siendo. Resulta pertinente ofrecer una resistencia organizada regional y nacionalmente, pues contribuir a la fragmentación y desarticulación de la lucha que en cada localidad se lleva a cabo es facilitar la continuidad de la guerra sucia y la aplicación de la estrategia de guerra de baja intensidad.

Precisamente dotados de una conciencia política de toda esta situación, en todas las regiones de México, miles de luchadores y comunidades (indígenas, rurales y urbanas) han estado uniéndose en un proceso de transformación a través de sus formas de hacer política. Además, se reconoce que la “democracia” que vivimos sólo se reduce a fórmulas político-electorales que corresponden al mismo modelo liberal-capitalista que ahora es acompañado de un programa de militarización. Tal vez habrá que considerar la tesis de León Rozitchner de que en Latinoamérica dictadura y democracia configuran una cadena sucesiva y alternante, que no pueden ser separadas una de la otra en tanto el uso de la represión y el terror (tortura, desapariciones, la amenaza de muerte) apacigua a la gente y disuelve sus movilizaciones, y sólo entonces le sigue un campo de tregua que ha resultado ser el campo político de la democracia del tipo que se vive donde todo se reduce al juego de las elecciones, la alternancia gubernamental en la que igual todos los partidos aplican el modelo económico neoliberal.

En este sentido, habría que preguntarse si realmente es un avance en la emancipación de los pueblos, el arribo de los llamados gobiernos progresistas en los países latinoamericanos, donde han tomado el control del Estado los partidos y candidatos socialistas, o si sólo se trata de un campo de tregua para inhibir la rebelión del pueblo. Con todo, mientras se despeja el panorama de la confusión causada por el discurso de la “democracia” y los “derechos humanos”, impuestos por el Banco Mundial a todos los políticos profesionales que quisieran aspirar a gobernar en el siglo XXI, bajo la consideración de que es más barato modernizar el régimen político con una mezcla de democracia electoral y aplicación de la guerra de baja intensidad con una militarización (poco) disfrazada, lo que urge reconocer es que se aplica la democracia político-electoral como un campo de paz controlado, para quien se acoja a sus reglas y se le aplica la fuerza militar “pacificadora” a quien decida resistir y no contentarse con el juego electoral y la alternancia política.

No olvidemos que, como se decía en la revista Punto Crítico en 1985, el uso de la violencia y la represión tiene como intención mantener la situación de ofensiva estratégica frente al pueblo, restablecer el control y, en todo caso, modernizarlo; esta ofensiva estratégica ha sido articulada por distintas políticas –desde la ideología de la Revolución Mexicana hasta la teoría de la seguridad nacional– y que se han afinado desde 1910, constituyendo un sistema de dominación operado por el régimen político autoritario. La diversidad de doctrinas políticas que soportan la estrategia de contención en el fondo son semejantes, es una estrategia de contrainsurgencia que utiliza técnicas ideológicas, psicológicas, propagandísticas, de control de población y de acción militar directa y que, según las coyunturas, se acompañan de un reformismo preventivo que ha sido eficaz desde finales de los años setenta.