El respeto a las garantías individuales, asignatura pendiente en Jalisco: Barba

Carlos Manuel Barba García, estatal, durante el informe que presentó ayer en el Centro de la Amistad Internacional Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO

El estado no ha cumplido los requisitos para ser considerado democrático, afirmó

No permitiremos que desde el gobierno se difunda una acción contraria a los derechos humanos

JORGE COVARRUBIAS - Jornada Jalisco

“Jalisco aun no cumple con los requisitos para considerarse estado democrático de derecho, puesto que una de las condiciones indispensables e irrenunciables para la vigencia de éste es el respeto irrestricto de los derechos y libertades fundamentales. A la Comisión le consta que no se cumplió con esta ansiada meta entre 2001 y 2006”.

Lo anterior fue señalado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) Carlos Manuel Barba García en su último informe de actividades rendido ayer en las instalaciones del Centro de la Amistad Internacional , ante la notable ausencia de los acaldes panistas, -salvo el de Guadalajara Alfonso Petersen Farah-, el gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez, el presidente del Congreso del Estado José Luis Treviño Rodríguez, y el gobernador electo Emilio González Márquez.

En un legajo de once cuartillas, el ombudsman jalisciense recapituló algunas de las recomendaciones que emitió el organismo, -54 en total- durante la administración de Francisco Ramírez Acuña, actual Secretario de Gobernación, destacando la macrorecomendación que el año pasado giró la CEDHJ a la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar averiguaciones previas en contra de 45 funcionarios por la acreditación de nueve casos de tortura.

“Es penoso admitir que la tortura sigue existiendo en Jalisco; incluso de formas más sofisticadas. Con tal de combatir el delito y brindar seguridad se pueden utilizar innumerables recursos; sin embargo, en un gobierno cuya premisa fundamental es mantener el estado democrático de derecho estas acciones deberán estar impregnadas de un profundo respeto por la legalidad y los derechos y libertades del ser humano. En tanto existan evidencias de tortura, la Comisión dará cuenta de ello e insistirá en su erradicación, pues el último fin del Estado descansa en el respeto y reconocimiento de la dignidad de las personas”, señaló.

Mención aparte mereció el cintillo que en octubre del año pasado apareció en el periódico oficial del gobierno del estado con la leyenda: “Los derechos humanos son para todos, menos para los delincuentes”.

Barba García precisó que no permitirán que desde el propio estado, ya sea por acción u omisión, se difunda una acción contraria a los derechos humanos, porque ello estigmatizaría a una parte de la población y la condenaría al repudio social.

Entre las asignaturas pendientes, planteó la necesidad de que las corporaciones policíacas eliminen las detenciones arbitrarias, cuyas medidas representaron la mitad del total de las quejas presentadas en la CEDHJ , y motivaron la expedición de cuatro recomendaciones a los municipios, por lesiones de gravedad infligidas a las personas detenidas. Destaca el deceso de un ciudadano como consecuencia del mal uso de arma de fuego por parte de un policía de Zapopan, y la golpiza que propinaron custodios de los juzgados municipales de Guadalajara a una persona, ocasionándole incapacidad de por vida.

En medio de la reciente polémica propiciada por las declaraciones del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, quien la semana pasada afirmó que el organismo defensor de las garantías individuales es una “institución inútil”, se esperaba una respuesta directa y contundente del ombudsman tapatío. En lugar de ello prefirió enviar un mensaje para todos aquellos que dudan de la actividad desempeñada por el organismo.

“ La Comisión no actúa por capricho propio, ni de ninguna institución. Quienes conocen realmente nuestras normas, así lo entienden”, recalcó.

La Secretaría de Vialidad y Transporte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recibieron llamados de atención para enmendar sus procedimientos. Educación por ejemplo no logró reducir el número de quejas registradas entre el 2005 y 2006. La CEDJH reveló que algunos maestros continúan lesionando a los alumnos como un método correctivo en la enseñanza, al igual que han detectado situaciones de acoso y abuso sexual hacia estudiantes del sexo femenino.

Ya para terminar, Barba García se refirió a dos temas que levantaron repudio en diversos sectores de la sociedad; la intención de aprobar una policía investigadora en la anterior legislatura a propuesta del Gobierno del Estado, y la escasez de agua potable, cuyo abasto pretende resolverse con la construcción de la presa Arcediano.

“En esta materia, no existen en Jalisco las condiciones para crear la figura del agente encubierto, como se propone. Pero, más allá de no contar la entidad con un desarrollo profesional para introducir esta policía secreta en las organizaciones criminales, subyace un cuestionamiento de fondo, ya que infiltrarse en las bandas de delincuentes es reducirse a la categoría de criminal y olvidar el estatus que le corresponde como autoridad legal y moral”, subrayó, en tanto que en el segundo caso exhortó a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) dar a conocer los resultados del estudio de evaluación de riesgo e impacto a la salud elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en los márgenes del río Santiago.

A Emilio González Marquez, quien mañana toma posesión de la gubernatura, le pidió incorporar en su equipo de trabajo a personas comprometidas con los derechos humanos y libertades fundamentales para consolidar la democracia en Jalisco.

¡De la A a la Zeta… NO a la policía secreta!

Ma. Candelaria Ochoa Avalos

Para Rosario Ibarra en sus ochenta años de vida y muchos más luchando por las y los desaparecidos políticos.


El pasado miércoles 31 de enero, después de la marcha contra la carestía, un grupo de personas que participamos en las redes ciudadanas, acudimos al Congreso de Estado porque estaba por aprobarse el último día y a última hora, la ley que daría legitimidad a la política secreta.

La propuesta del gobernador interino, es directa del hoy Secretario de Gobernación, acusado por distintas instancias nacionales e internacionales de violación a los derechos humanos y quien pretende de Jalisco hacer el laboratorio para la impunidad y la ilegalidad. Esta iniciativa no fue difundida de manera amplia, por lo que no se generó un debate público sobre la pertinencia o no de esta policía, la conveniencia de la misma y la forma en cómo operaría y a quién daría cuentas.

Y es que el diputado Alonso Ulloa cuando fue abordado al exterior del Congreso, nos dijo que él iba a votar a favor de la iniciativa igual que les había dicho a los empresarios -con quienes sí lo discutieron-. Al parecer su compromiso no es con la ciudadanía, a quien se deben y representan. Ulloa reconoció que no se conocía la iniciativa y que según él era una buena ley en contra del narcomenudeo y delincuencia organizada. Pero nos preguntamos si es tan importante esta ley, entonces ¿por qué no se realizó una consulta pública al respecto?

Si nos preguntan que si estamos en contra del narcomenudeo y el crimen organizado, contestaremos que sí; pero si nos preguntan que esta ley tendrá policías infiltrados los cuales podrán detener arbitrariamente a cualquier ciudadana y ciudadano de manera irregular, entonces estoy segura que diremos que estamos en contra de la misma.

Se supone que el interés de esta ley estriba en el combate al narcomenudeo y al crimen organizado. Pero esta ley no tiene los alcances para ello, porque si un grupo ha sido infiltrado por el narcotráfico y la delincuencia organizada es precisamente el cuerpo policiaco. Se sabe que contra el narcomenudeo la solución es simple: impulsar reformas que permitan la revisión minuciosa y congelamiento de cuentas bancarias. Pero eso a los banqueros no les conviene, porque ese dinero los hace más ricos, sin importarles de dónde venga y quién se ostente como propietario.
Y contra el crimen organizado, pues se necesita sin duda, limpiar de corrupción los cuerpos policiacos, porque ello ayudará a conocer cómo se trafican las armas, cuántos autos robados se recuperan, en qué narcotienditas y domicilios particulares se vende droga, es decir, se sabe perfectamente de dónde cojea el sistema contra estos dos delitos, pero no se hace nada para combatirlo.

La policía secreta ha sido siempre utilizada contra las y los líderes sociales, no contra el narcotráfico o el crimen organizado, porque esos siguen aquí, permanecen y además se han fortalecido como hemos visto en los últimos días.

Recordemos que la policía secreta en México, a cargo de Nazar Haro, Gutiérrez Barrios y De la Barreda, fueron quienes reprimieron, encarcelaron, violaron y asesinaron a miles de líderes sociales con el pretexto de “ser un peligro para México”. O sea que los panistas no sólo aprendieron bien la plana para reprimir, sino que la van a repetir a pesar de los terribles errores que se cometieron en esa época y de la violación a los derechos humanos.

Tenemos que tener cuidado, porque los policías infiltrados también se infiltrarán en los grupos empresariales y sociales, los partidos políticos, las organizaciones civiles, los propios diputados, secretarios del gobierno y gobiernos municipales, de eso no tengan duda, y por supuesto, cualquier movimiento que sea crítico al sistema. Por eso quieren que Jalisco sea el laboratorio para infiltrar a esos movimientos sociales y ciudadanos.

Parece que los panistas no aprenden de la historia y “caen en la misma piedra”. El presumible partido “humanista” de antaño, que fue perseguido, reprimido e infiltrado se les ha olvidado, ha perdido los valores de los derechos humanos y los ha encerrado en el cajón del olvido, porque ahora están más preocupados por un estado de derecho impuesto sobre la represión y violación de los derechos humanos.

El próximo gobernador ha dicho que está interesado en retomar esa iniciativa de ley, ahora les exigimos a los diputados y al gobernador que realicen una consulta pública con la academia, los grupos empresariales, los medios de comunicación, pero sobre todo, con la ciudadanía a quien le deben su voto y estar ocupando una curul o el puesto de gobernador.

La pregunta es ¿queremos este futuro para la ciudadanía jalisciense?
Fuimos personas de las redes ciudadanas de Jalisco quienes impedimos con el grito: ¡De la A a la Zeta NO a la policía secreta! y con la toma de la tribuna del Congreso que impedimos que a usted, a mí, y a todas las ciudadanas y ciudadanos se nos persiga, infiltre o denuncie por unos policías que incluso puedan estar en nuestra casa, pero de los que no sabremos a qué intereses responden. Imagínese en manos de quién o quiénes quiere poner este gobierno nuestra seguridad.

Desde el proceso electoral y pos electoral de resistencia civil se nos han infiltrado una cantidad importante de policías a los que hemos “descubierto”, van a nuestros actos, nos toman fotos, platican con nosotros y hasta van en carros del gobierno. Y esto no es una novedad. Estos grupos policiacos han existido siempre. Pero ahora pretenden que sean legales, que se metan a su casa, a la mía, se hagan nuestros amigos, para después tomar por asalto nuestra vida.

Quiénes lucharon y luchamos por un México justo y democrático no queremos que se persiga a nadie sin razón, el gobierno sabe perfectamente quiénes son los delincuentes, quiénes infringen la ley, quiénes son corruptos, quiénes son los capos de la droga, a esos es a los que tiene que perseguir de frente.

Refrendamos la carta de los derechos humanos que dice que todas las personas tenemos derecho a la libertad, la integridad y la seguridad, y pugnemos por un sistema de justicia transparente, justo y expedito. Por eso renovamos nuestra demanda “De la A a la Z NO la policía secreta”. ¡Defendamos el Estado de derecho!

Policías encubiertos

Jorge Regalado

Profesor investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara.

Gaceta Universitaria

Con las policías que tenemos actuando en Jalisco y en el país, a diario, dadas sus prácticas, se generan muchas dudas de la existencia real del estado de derecho. Si se permite la existencia del policía o agente encubierto, ¿dónde quedarían el Estado de derecho, la legalidad y la transparencia que los gobiernos actuales dicen defender?

Afortunadamente la legislatura anterior se despidió sin aprobar la iniciativa de reforma a la Ley estatal contra la delincuencia organizada que pretendía, entre otras cuestiones preocupantes, crear la figura del agente encubierto. Este punto fue el que llamó centralmente la atención de la opinión pública e hizo accionar a organizaciones sociales muy disímbolas, pero que coyunturalmente coincidieron en oponerse a dicha iniciativa. Ojalá esta oposición haya sido el acicate para que no fuera aprobada, pero queda la duda respecto de si lo fundamental no se habrá constituido en la imposibilidad de las fracciones partidarias para lograr una negociación. O sea, que los panistas no ofrecieron lo suficiente al resto de las bancadas. Lo digo así porque en realidad del interior del Congreso del Estado no se escucharon voces importantes que se opusieran contundentemente a esta iniciativa del Poder Ejecutivo.

Voy a presentar algunas interrogantes que me parecen importantes para seguir discutiendo sobre este tema que, en algún momento, aparecerá en la agenda de la LVIII legislatura, porque el gobernador interino y otros personajes han anunciado que no cejarán en su intento. ¿Qué razones puede tener un gobierno para pretender convencer a la sociedad jalisciense de que para tener éxito en el combate a la delincuencia es necesario crear la figura del agente encubierto? ¿Por qué se considera una buena vía el poner a la sociedad frente a más riesgos de los que ya vivimos con las policías actuales?

¿Acaso existen problemas tan graves que desconocemos los ciudadanos y de los cuales sólo el gobierno está enterado? ¿Es la fuerza del narcotráfico y la delincuencia organizada tan poderosa que el gobierno estatal reconoce que las policías constitucionales son insufi- cientes e incapaces para hacerles frente con éxito y, por tanto, imagina que sólo le queda la estrategia de la infiltración, misma que ha utilizado la delincuencia respecto de la policía, ella sí con mucho éxito? Si esto fuera así, ¿por qué no decir claramente que desde su perspectiva consideran imposible combatir al delito siendo respetuosos de la ley y de los derechos humanos? Estos conceptos les molestan a los malos gobernantes y a los malos policías, pero el problema, para ellos, es que están considerados en nuestras leyes y deben respetarlos si aspiran a ser reconocidos como go- bernantes y representantes populares que ejercen sus funciones apegados a la ley.

Con las policías que tenemos actuando en el territorio jalisciense (y podría generalizar esta opinión a todo el país) a diario, dadas sus prácticas, se generan muchas dudas de la existencia real del estado de derecho. Si se permite la existencia del policía o agente encubierto, ¿dónde quedarían el estado de derecho, la legalidad y la transparencia que los gobiernos actuales dicen defender?

Con policías de este tipo regresamos a los años setenta del siglo XX, cuando no había ningún respeto a los derechos humanos y los panistas, entre otros, se dedicaban a protestar por ello. Entonces, ¿cómo tendríamos que definir a un gobierno y un Congreso que pretendieron reconstruir este tipo de organismos policiales propios de una etapa de nuestra historia que se supone superada? ¿Ya se olvidaron de los excesos de la Policía Secreta o el Servicio Secreto de Jalisco; de los horrores cometidos por todo el país por la Dirección Federal de Seguridad y su temible Brigada Blanca; de esos monstruos que se crearon en la oscuridad, en los sótanos y las cañerías del viejo sistema político y que luego se volvieron incontrolables? ¿Cómo pueden asegurar que no será utilizada la policía encubierta para otros fines, o que a c t u a r á “conforme a derecho”, cuando el gobierno de Jalisco destaca internacionalmente por su poca preocupación por el respeto a los derechos humanos?

Está documentado por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, que en Jalisco las policías constitucionales practican cotidianamente la tortura como “método” predilecto de investigación, mientras las autoridades gubernamentales no hacen mayor cosa al respecto, ¿podemos imaginarnos cómo actuaría, cómo investigaría una policía secreta que por su misma naturaleza no tendría a quién rendirle cuentas claras y transparentes?

Si en Jalisco no hay control de las policías constitucionales, ¿cómo se piensa que podría ser controlable una Policía Secreta eufemísticamente denominada como policía encubierta? Por otro lado, al gobernador interino, autor de esta iniciativa, y los diputados de la anterior Legislatura, en ningún momento se les ocurrió, pequeño detalle, que deberían consultar a sus “representados” para saber su opinión al respecto. ¿El nuevo Congreso del Estado sí consultará a la sociedad para saber su opinión?

Al parecer, el gobernador interino quiere aprovecharse y chantajear con la preocupación social por la inseguridad que priva en Jalisco. Considero que está pasando por una gran confusión. Es muy diferente que los ciudadanos estemos preocupados por la falta de seguridad pública, a que por ello aceptemos, sin más, la existencia de policías encubiertos, secretos, que pondrían en mayor riesgo nuestros ya de por sí deteriorados y vulnerados derechos humanos.

Amenaza diputado con descongelar la Ley contra la Delincuencia Organizada

Gustavo González pugnará por que sea regresada a comisiones y se retome la discusión

El panista criticó que el Ejecutivo nunca justificó la viabilidad de crear una policía infiltrada

ZAIRA YAEL RAMIREZ - Jornada Jalisco

El diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gustavo González Hernández, buscará descongelar la propuesta de modificación a la Ley contra la Delincuencia Organizada, que quedó en el limbo tras la serie de manifestaciones en contra que impidieron su aprobación fast track en la Legislatura pasada. Explicó que pugnará para que sea regresada a comisiones y a partir de ahí se retome la discusión para hacerle las adecuaciones necesarias.

Los cambios propuestos por el Ejecutivo el pasado 8 de enero a la Ley contra la Delincuencia Organizada pretenden crear la figura de la policía infiltrada, que tendría la facultad de inmiscuirse entre los delincuentes con la finalidad de obtener información que logre su captura.

Gustavo González lamentó que los integrantes de la 58 Legislatura aprobarán en primera lectura las modificaciones a dicha ley, sin analizar los alcances de la misma. “Es una figura que tiene que analizarse con lupa. Es una institución que para las circunstancias y el contexto sociopolítico de México no se puede tomar a la ligera”, dijo.

El panista también criticó que el Ejecutivo nunca justificó en la exposición de motivos de la iniciativa, la viabilidad de la creación de una policía infiltrada. “Reconocemos que hay un problema de seguridad y parte de este tema tiene que ver con la delincuencia organizada, pero del análisis de la iniciativa que se presentó no se dan argumentos de fondo y contundentes para que podamos tomar la decisión de instituir la figura de la policía secreta.

“En el texto dicen que en Nuevo León se instituyó algo similar, pero no justifican cómo opera, cualquiera podría refutar ese argumento señalando que en la iniciativa no se explican los logros obtenidos en Nuevo León”, explicó González, quien confío en que una vez que sea remitida a la Comisión de Puntos Constitucionales podría transcurrir un mes para que se tenga el análisis para sustentar la viabilidad de esta figura.

Gustavo González dijo que la figura de la policía secreta debe ser una propuesta emanada desde la federación. “Por lo general, ese tipo de servicios son a nivel nacional, son servicios que tratan de proteger la seguridad de la nación de cualquier ataque, principalmente del exterior, pero prevén, como en el caso de Estados Unidos, cómo contar con un servicio de inteligencia capaz de proteger a la ciudadanía contra ataques terroristas”, expuso.

Además de la policía secreta, la iniciativa del Ejecutivo prevé la protección a testigos, que González Hernández calificó como necesaria, mientras que cuestionó la intención del gobierno estatal de darle facultad al Ministerio Público de arraigar a sospechosos.

“En el caso del arraigo, creo que violenta los derechos fundamentales de la Constitución, porque le otorga al Ministerio Público la potestad de arraigar en tus domicilios, antes sólo un juez podía dar esa orden”, explicó.

Estas mismas modificaciones prevén la creación de juzgados especializados para resolver los asuntos relacionados con actos de delincuencia organizada.

Rechaza Flavio Romero la creación de la policía secreta en Jalisco; es peligroso para la sociedad, dice

Nada garantiza la probidad de los agentes y terminarían volviéndose cómplices de la delincuencia

El proyecto daría entrada de facto a la corrupción entre los elementos, sostiene el ex gobernador

EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco

El ex gobernador del estado, Flavio Romero de Velasco quien en su sexenio borrara de la sociedad jalisciense el terror del Servicio Secreto, rechaza contundente la medida de un posible regreso con la aprobación de la figura del policía encubierto, “No se debe regresar institucionalmente a esa medida porque no hay garantía de probidad en los agentes”.

Al paso de los años todavía enfrenta represalias por el atrevimiento de disolver el grupo policial. De aprobarse en el Congreso del Estado el decreto de ley que conformaría un grupo de élite de policías dedicados a infiltrarse en grupos delincuenciales y que marcaría el regreso del otrora Servicio Secreto sería peligroso para la sociedad porque de facto se daría paso a una corrupción evidente entre los agentes porque todos tienen su precio y se volverían cómplices de la delincuencia organizada, dejo muy en claro el ex mandatario estatal quien tras los abusos denunciados contra la policía secreta durante su gestión, decidió desaparecerla el 12 de marzo de 1981.

“No se debe regresar institucionalmente a la policía secreta, sí es una cosa institucionalizada, quién le garantiza a usted la probidad de las gentes que van a espiar a algún grupo y luego se ponen de acuerdo con los delincuentes. Era una policía anticonstitucional, por eso la clausure y se me arrancaron todos porque la sociedad decía que había desempleado a los más de 300 agentes y que iban a salir a delinquir, ese era el temor de la gente”.

Romero de Velasco recordó los negros días que vivió Guadalajara con los abusos y represiones del grupo encubierto en los años 70, elementos que de secretos no tenían nada.

“Fue un ciclo de muchos años el de la policía secreta, que no tenía nada de secreta porque ostensiblemente todas sus trampas las hacían en público, quien había cometido un delito primero pasaba por ellos y sí no se ponía a mano lo consignaban, de ahí salieron muchas fortunas”.

El ex gobernador narró el cambio que repercutió en la sociedad luego de disolver el Servicio Secreto la que recuperó un poco de confianza en las policías porque puntualizó, “eran verdaderos atracos los que cometían, era como la policía federal de seguridad que también saque de Jalisco, o la Judicial Federal que la extradite dos años del estado, tuve que luchar contra todas las policías”.

Las represalias por tomar una medida que concluía un ciclo de desapariciones, abusos y muertes casi le cuesta la vida a Flavio Romero tras recordar los atentados sufridos en ese entonces.

“Fue tanto el rencor que me tuvieron estos agentes que al salir del gobierno me ametrallaron mi casa. A partir de esa fecha el municipio tapatío me ofreció tener escoltas porque amenazaron a mis hijos y los tuve que sacar del estado. A ese grado llegaron las cosas y tuve amenazas por actuar con mano firme, no con mano dura porque eso es actuar al margen de la ley. Pero muchos que se sintieron lesionadas por la acción institucional del gobierno y creen que fue el gobernador quien lo hizo, todavía me traen a la fecha con amenazas y anónimos. Sí, los rencores no mueren”.

Descartó que tras la intención de formar ese grupo infiltrado se encuentre la mano del gobernador con licencia y hoy secretario regobernación, Francisco Ramírez Acuña, de quien se dice planea implementar la medida en todo el país y la entidad sería el laboratorio experimental.

Finalmente sostuvo su negativa a la creación de otro grupo igual a la llamada policía maldita porque resaltó que la misma policía judicial ya hace las veces de agentes investigadores profesionales, pero no aseguró que estuvieran lo suficientemente capacitados para infiltrarse en grupos delincuenciales.

La sociedad necesita la policía secreta, subraya González Márquez

Buscaremos los mecanismos para darle seguridad a la gente, dijo el gobernador electo

Precisó que escucharán a los sectores que han expresado su rechazo para, en su caso, mejorarla

A Calddicó

EUGENIA BARAJAS Jornada Jalisco

La sociedad jalisciense es la que necesita una policía encubierta para combatir a la delincuencia organizada, subrayó el gobernador electo Emilio González Márquez, quien sin embargo, aclaró que en su gobierno no retomarán la iniciativa para la creación de esa corporación policiaca, sin antes consultar a los sectores de la sociedad que han externado su rechazo.

El próximo mandatario estatal dejó muy en claro que el polémico decreto de ley que espera su aprobación en el Congreso del Estado y que autorizaría la conformación de un grupo élite que se infiltraría en grupos delincuenciales, no lo impulsará al interior de la fracción panista sin antes escuchar las voces de los inconformes.

“He sido receptivo de inconformidades que se han planteado por sectores de la sociedad, lo primero que voy a hacer es acercarme con ellos y escuchar cuál es la alternativa mejor que la que está propuesta en esta iniciativa de ley, para implementarla”.

–¿Es necesaria para Jalisco? Se le preguntó.

–Voy a escuchar primero a los que se opusieron, porque sin duda hay algo sobre lo que se pueda mejorar en la iniciativa.

–Pero, ¿sí continúan en su postura de no aceptarla? Se insistió.

–No creo que exista en Jalisco gente que se oponga a todo por el placer de oponerse, sin duda tienen una mejor alternativa.

–Como gobernador electo, ¿la ve bien, la acepta?

–Lo que veo como gobernador y a lo que estoy obligado es a escuchar las voces de la sociedad que dicen que no les gusta…

–¿Realizaría algunos foros de consulta?

–No sería tan amplio como un foro, pero sí la consulta directa.

–¿El gobierno de Emilio González requiere de una policía infiltrada?

–El gobierno no necesita nada, vamos a ver qué necesita la sociedad, es la que necesita una mejor seguridad y vamos a encontrar los mejores mecanismos para que esto se pueda dar.

En el tema de la entrega recepción del gobierno estatal, el próximo mandatario adelantó que una vez que de a conocer este lunes los nombres de aquellos que conmformarán su gabinete, se integrarán a las secretarías que les corresponde para hacer el trámite directo.

“Conformaremos equipos de trabajo por parte de nuestro equipo de transición, pero ya con la persona que va a fungir como secretario al frente este equipo, la idea es que estén dentro de la secretaría y conociendo de viva voz los temas que se tratan y que no se limite la entrega recepción a la parte documental jurídica”, dijo González Márquez.

Además, afirmó que para el 15 de febrero ya espera contar con los nombres de los que integrarán el primer nivel de su gobierno, de los cuales se negó a adelantar nombres, pero sí confirmó que algunos de los actuales secretarios repetirán en el cargo o en otra secretaría para aprovechar su experiencia.

González Márquez aceptó que la elección de los miembros que integrarán las principales plazas del gobierno estatal ha sido complicada por la cantidad de personas capaces que tiene el estado y su equipo de trabajo.

“Hay mucha gente que creyó en este proyecto y que ha estado participando en el mismo y tiene capacidad para hacer miembros del gabinete, son muy pocas las secretarías y es mucha la gente que esta allí”, expresó.

Por último, descartó que los nombres que se han mencionado en los medios de comunicación sea una estrategia de golpeteo político para evitar que ciertos personajes lleguen al cargo y consideró que todo se debe a la inquietud de conocer como quedará conformado el gabinete. “Pero ya falta poco”, concluyó.

Opinión - Rogelio Barba

El agente encubierto

Publico

Deja mucho que desear la propuesta de ley para crear la figura del agente encubierto, amén de otros sinónimos, para el combate contra la delincuencia organizada. La exposición de motivos carece de técnica legislativa (término que no alcanzan a comprender los promotores de la iniciativa), al excluir de la exposición la Ley Estatal contra la Delincuencia Organizada del Estado de Morelos, manifestando que Jalisco y Baja California serían las únicas entidades federativas que cuentan con estos instrumentos para el combate a la criminalidad organizada.

Se equipara el crimen organizado con delincuencia organizada, cuando el primero es organización entre dos o más personas para ejecutar un delito, mientras que el segundo —como señala el artículo 2° de la Ley contra la Delincuencia Organizada en Jalisco— es la forma permanente o reiterada, a las que se deben sumar otras como la actividad secreta, la mezcla de actividades legítimas e ilegales, la estructura piramidal, utilización de disciplina y control al interior de las organizaciones.

De aprobarse la nueva ley, los ciudadanos de Jalisco renunciaríamos a ciertos privilegios constitucionales como la intimidad y la seguridad jurídica, para donar una parte a nuestros flamantes policías investigadores con la finalidad de aceptar su infiltración en organizaciones criminales que ni las mismas instituciones saben identificar. Además se les quiere dotar de poderes invisibles para combatir este tipo de criminalidad, sin ni siquiera utilizar de los instrumentos legaloides que tienen frente a sus narices. El agente encubierto, no infiltrado per se, ya existe en nuestro entorno de manera legítima, al limitarse en recoger información sobre la comisión de un delito. Estos agentes no emplean ninguna maniobra ilegítima y por sí misma constitutiva de delito.

El estado de derecho asume como legítima esta actuación como técnica de investigación de delitos ya cometidos. La propuesta en discusión, en cambio, pretende que con el agente encubierto se origine la provocación de delitos y, por lo tanto, el agente provocador. El primer supuesto se origina debido a la inducción engañosa de la Procuraduría de Justicia que, deseando la detención o investigación de algún sospechoso o banda criminal, incita al agente a perpetrar la infiltración y del que no tenía previamente tal propósito, originando así el nacimiento de una voluntad criminal en supuesto concreto, delito que de no ser por tal provocación no se hubiera producido. El segundo supuesto resulta de la conducta del agente que investiga escondiendo su identidad, porque difícilmente dicho agente se abstendrá de cometer ilícitos, conductas sui generis de las organizaciones criminales. Sería incongruente que un miembro de la delincuencia organizada, en este caso agente encubierto, no ejecute un hecho criminal acordado, pues las consecuencias serían irreversibles para su integridad.

Estas maniobras de investigación criminal, deberían consultarse de manera colegiada y con expertos en la materia. Es necesario el combate a la delincuencia organizada y al crimen organizado, pero el espíritu de esta ley carente de técnica legislativa provoca inseguridad social, privilegiando intereses que van más allá de los que verdaderamente se tienen que proteger: las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie, que se ven amenazados, por un lado, por la delincuencia común y corriente, la sofisticada y la desprotección del Estado y el Legislativo, acrecentado el derecho penal simbólico.

Barba es doctor en derecho penal, criminólogo y docente.
rokame00@hotmail.com

"Ya no somos policías de pueblo", podemos tener policía secreta: SSPE

Se deben precisar las atribuciones de los agentes, afirmó Salvador González de los Santos

La iniciativa está encaminada hacia lo delincuencial pero "se fueron por el lado político", añadió

El Procurador indicó que por cuestión de tiempos ya no le tocará ver a los infiltrados en acción

EUGENIA BARAJAS - La Jornada Jalisco

El procurador de Justicia del Estado, Salvador González de los Santos, reconoció que las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada que establece la figura del policía infiltrado, requiere ser acotada para normar las acciones del agente, así se refirió tras hacer un recuento de las ejecuciones que se han registrado en el estado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Alfonso Gutiérrez Santillán, indicó que Jalisco está preparado para un grupo encubierto, al decir: “ya no somos policías de pueblo”.

El procurador de Justicia del Estado aceptó que se requiere de mayor claridad en la postulación hecha para crear un grupo élite dedicado al espionaje dentro de las células delincuenciales y que se propuso al Congreso por su ex compañero, el hoy gobernador interino Gerardo Octavio Solís.

“Desde luego habría la necesidad en los reglamentos internos de establecer específicamente cómo, cuándo, dónde y a qué horas iba a operar la policía, habría que preciar y detallar más esta situación”.

Tras preguntarle sobre la posibilidad que se aprobaran las reformas en este mes, antes de concluir el sexenio y tener la opción de dar el banderazo inicial, el funcionario externó que por tiempos ya no le tocaría ver funcionar ese cuerpo policiaco.

“Si se aprobara no nos tocaría a nosotros, porque hay que crear los reglamentos para el correcto funcionamiento de esta policía, cómo va a operar, en qué condiciones, bajo qué circunstancias, entonces nos llevaría algún tiempo para poderlo aplicar concretamente o en algún caso preciso”.

Dijo desconocer el tiempo en que podría entrar en funciones el nuevo grupo encubierto una vez que fuera aprobado por los legisladores, se establecieran los reglamentos, se conjuntara a los participantes y se capacitaran.

“Habría que estipular o más o menos programar por una parte los cursos, la capacitación, la selección del personal y eso lleva un tiempo”, añadió.

El procurador expresó que la reticencia de los empresarios para aceptar al policía infiltrado y catalogarlo como el regreso del Servicio Secreto, se debió a causa de un desconocimiento de las reformas o de que los mal informaron.

“Creo que se fueron algunos por aspectos de índole político más que de seguridad, creo que les mal informaron porque, insisto, iba encaminada a un sector delincuencial, que en este caso era la delincuencia organizada y que además proponía como la protección de testigos, los juzgados especializados, recompensas, pero bueno”.

Respecto de la cantidad de homicidios registrados el año pasado en comparación con el actual, explicó que en 2006 fueron 47 y lo que va de este año se cuentan 36, de estos 8 ó 9 son relacionados con ejecuciones.

Agregó que 85 por ciento de los homicidios acaecidos el año pasado lograron ser esclarecidos, cifra que calificó de buena.

Respecto a la narcofosa detectada en el municipio de Zapopan, donde se encontraron dos cuerpos y se arraigó a una persona, González de los Santos adelantó que dentro de las averiguaciones el dueño del lugar responde al apellido Félix, a quien ya se investiga.

Entrevistado en el marco del aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, el secretario de Seguridad, Alfonso Gutiérrez, reiteró su postura sobre la iniciativa de crear un cuerpo policial que se infiltre en la delincuencia organizada, como lo pretendido por el extinto Servicio Secreto y aseguró que es necesario y conveniente para Jalisco contar con dicho grupo élite.

“Jalisco está preparado para tener una policía infiltrada, ya no somos una policía de pueblo, estamos capacitados y hemos avanzado bastante”, afirmó.

Informó que tras la detección de un interno del reclusorio de Puente Grande que se dedicaba a la extorsión telefónica, se han llevado a cabo revisiones de los sistemas inhibidores de señales para celulares, incluso argumentó que la semana pasada miembros del Sistema Nacional de Seguridad acudieron al centro de readaptación para comprobar el funcionamiento de los aparatos.

“Estamos perfeccionándolos, el problema es que en los alrededores de los centros penitenciarios instalan antenas repetidoras de señal de celulares y eso afecta, porque los internos tienen acceso”, precisó.

Opinión - Jaime Hernandez

La seguridad del Estado versus los Derechos Humanos

Jornada Jalisco

Gracias a la oportuna presencia de integrantes de organismos civiles en el Congreso del Estado el pasado 31 de enero (videos de la manifestacion en el Congreso), se logró impedir momentáneamente la aprobación de la iniciativa que crea la policía secreta; medida que además contemplaba la creación de supuestos “tribunales especializados” y el cambio de identidad de agentes infiltrados en cualquier organización considerada “sospechosa”.

Era evidente que los diputados salientes no hubieran retirado de motu proprio la iniciativa del orden del día. La orden de Francisco Javier Ramírez Acuña, gobernador ex post facto, y de Octavio Solís Gómez, gobernador de derecho, era contundente; debía aprobarse a como diera lugar.

La propuesta, en conjunto, tenía y tiene por objeto criminalizar el descontento popular. Sólo se retiró del orden del día y podría regresar ya que fue aprobada en comisiones. Pero además tiene como fin privilegiar esa vieja tesis autoritaria de la supremacía del Estado por encima de los derechos de la persona. Un proyecto de esta naturaleza, es evidente, no es compatible con un sistema democrático y un régimen de libertades civiles y políticas.

Algunas voces sugieren que debe darse una discusión pública sobre esta propuesta. Y si bien en el fondo la idea es correcta, sucede que los derechos humanos son irrenunciables, inextinguibles e imprescriptibles, de manera que sólo daría pie a que por cualquier pretexto se intenten vulnerar. La propuesta es pues regresiva y contraria a la legalidad. Algunos ejemplos:

Habeas corpus

El habeas corpus es la presentación inmediata y la exhibición personal de un detenido. Este recurso procede contra toda detención ilegal o arbitraria sea militar o civil (incluso si fuera legal); procede incluso ante el juez que dio la orden. Cualquier persona que tenga conocimiento de alguna detención puede y debe exigir la presentación aun sin tener mayores datos de los agentes.

Sin embargo, la existencia de una policía secreta permitiría estados de excepción y el establecimiento de lugares clandestinos de detención y confinamiento. Por lo general estas agencias secretas niegan tener algún detenido.

Presunción de inocencia

Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad. Un señalamiento por policías encubiertos, que fabriquen pruebas y alteren hechos no admite la posibilidad de esta presunción esencial en la protección de los derechos humanos, dado que nuestro sistema penal no lo contempla.

Este principio fundamental y no otro, es el que debe incorporarse en el código penal de Jalisco. Sería fatal que cualquier persona que sea señalada por esos agentes encubiertos y como sucede ahora, sea detenido con la presunción de culpabilidad.

Control judicial

No basta que exista una orden judicial para detener o catear, sino cómo ha sido llevado a cabo y cómo ha sido realizada en la práctica. La inmediata puesta a disposición judicial de los detenidos es clave para evitar abusos. Toda detención debe ser controlada por un órgano judicial imparcial. Pero, con la existencia de policías encubiertos, los jueces no serían imparciales, serían de consigna. Un control judicial eficaz serviría para sancionar posibles actos que vulneren la integridad física y moral de un detenido. Los agentes encubiertos serían una amenaza hasta para el propio juez.

Detención preventiva

La presunción de inocencia combina con el derecho a estar sólo en comparecencia, es decir, en libertad, mientras se desarrolla el procedimiento y no se produzca en contra una sentencia condenatoria que sea consentida y ejecutoriada. Cualquier otro supuesto ha de ser considerado como un adelanto de la pena, lo que es cuestionable.

En muchos casos la prisión preventiva no se justifica, excepto que existan dudas sobre la posible sustracción de la justicia, y dado que en estas circunstancias no existen los detenidos in fraganti estaríamos ante un masivo espionaje para fabricar delitos y culpables.

Debido proceso

De principio a fin el debido proceso está torcido. No hay garantía de independencia de jueces frente a sus superiores jerárquicos; tampoco frente a grupos privados de intereses ni frente a una de las partes: los propios agentes encubiertos a los que debe conocer. ¿Cómo se apelará en segunda instancia?, ¿habrá una sala especializada?

Si todo se hace en secreto y con ocultamiento: ¿cómo se garantizará que no se juzgue dos veces o se elija libremente a un abogado defensor antes de que le impongan al detenido uno de oficio, sumiso y obediente al Ministerio Público?

Desapariciones forzadas

La desaparición forzada de personas implica la violación continuada de diversos derechos, tales como el derecho a la libertad y la integridad personal; además no se requiere estar “desaparecido” mucho tiempo, pues puede ser momentánea.

Por regla general la desaparición forzada tiene por objeto que las autoridades se hagan justicia “por mano propia”; tiene como trasfondo la aplicación de la “ley fuga” y los “suicidios espontáneos” dada la “repentina” depresión del detenido en los separos.

El Estado es responsable tanto sí participa en las desapariciones, como por tolerarlas, apoyarlas, no investigarlas, no sancionarlas o no repararlas. Toda persona tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a la información y la transparencia.

Pero la iniciativa anula que cualquier persona que demuestre interés jurídico, como defensores de derechos humanos y representantes de las ONG, puedan acceder al caso.

No debe confundirse seguridad pública con la seguridad del Estado. Como se observa, el Estado no tiene capacidad ilimitada para determinar a capricho causas que justifiquen combatir el supuesto crimen organizado con otras medidas criminales. En realidad el objetivo es otro: es combatir a la oposición política.

Confía bancada de AN legalizar la policía secreta en este mes

El tema se tiene que acelerar, afirmó el dirigente estatal del blanquiazul, Eduardo Rosales

Se tomarán en cuenta las opiniones de los expertos, no las de cualquier ocurrente, añadió

EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco

El Partido Acción Nacional (PAN) no da por muerta la creación de una policía secreta en el estado y urgirá a que se aprueben las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada antes de concluir el sexenio, enfatizó el presidente del blanquiazul en el estado, Eduardo Rosales, quien estimó que para su aceptación solamente se tomarán en cuenta las opiniones de expertos y no habrá posturas demagógicas.

Tras lavarse las manos la pasada legislatura y dejar de lado la creación de un cuerpo policial que intervendría infiltrado en grupos delictivos, se esperaba que las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada quedaran en la congeladora legislativa y de esta manera disminuir la presión social arremetida en su contra; sin embargo, los panistas continuarán en su empeño de lograr sacar adelante el proyecto presentado por gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, así lo deja claro el líder estatal.

“Sí, es urgente y se tendría que analizar lo más pronto posible y espero que pueda salir este mismo mes”, sentenció tras interrogarlo sobre la aprobación de la medida antes de que concluya el mandato de Solís Gómez, que como autor de la iniciativa, se prevé de manera velada que Jalisco sea el experimento a nivel nacional de proyectos de este tipo impulsados por el gobernador con licencia y hoy secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

Además, consideró que el decreto de ley que se aprobó en primera lectura y fue rechazado de la orden del día para su segunda lectura y aprobación el último día de la 57 Legislatura del Congreso, gracias a la negociación entre fuerzas políticas para amarrar plazas que beneficiaron a priístas, verde ecologistas y perredistas a cambio de asegurar el nombramiento del nuevo secretario general, Alfredo Argüelles, tiene que pasar por un estudio y análisis de expertos especialistas en temas de seguridad y dejar de lado opiniones ocurrentes.

“Es un tema que se tiene que acelerar y las opiniones que tienen que ser tomadas más en cuenta son las de los expertos en temas de seguridad, no en la de cualquier ocurrente que sin ser especialista actúe con una demagogia sin fundamento para quedar bien o tener elementos para su rueda de prensa semanal”, fustigó en clara alusión a los organismos empresariales como la Coparmex y la Canaco, cuyos dirigentes, Luis Fernando Pérez Aguayo y José María Andrés Villalobos, se han mostrado como acérrimos enemigos de la posibilidad de que ejerza en Jalisco una policía secreta y se obsequie el cambio de identidad a los agentes en una clara evasión de la acción de la justicia so pretexto de obedecer órdenes en actos ilegales.

“Me parece que han emitido opiniones con ligereza mientras sus agremiados sufren las consecuencias de una falta de herramientas de los elementos de seguridad, seguramente si les preguntan a sus agremiados no opinarían igual, nada más que como son organismos que no necesariamente son democráticos, no tenemos posibilidad ni certeza para saberlo”, arremetió Rosales.

Destacó que una vez que se instalen las comisiones en el Congreso y se determine a quienes las presidirán sostendrá pláticas con su fracción para llevar a buen término todos los asuntos pendientes que le interesan a su partido, uno de ellos y de los prioritarios, las polémicas inclusiones a la ley de los juzgados especializados contra la delincuencia organizada, la figura del policía encubierto y el cambio de identidad de los agentes.

Rosales Castellanos puntualizó que es urgente aprobar la medida y no esperar a que se dé el cambio de autoridades estatales, con el gobernador Emilio González Márquez.

Trascendió que al interior del equipo de transición del mandatario electo, la polémica despertada por el posible regreso de la policía secreta no sería prioritario en caso de no aprobarse antes del primero de marzo, por lo que al grupo de Ramírez Acuña y sus operadores políticos, Jorge Salinas –coordinador de los diputados locales–, y Eduardo Rosales, pugnarán por el reconocimiento de las reformas antes de que concluya el periodo de Gerardo Octavio Solís, quien al dejar el cargo podría encargarse en la Secretaría de Gobernación, al lado de Ramírez Acuña de promover y autorizar el proyecto en todo el país.

Histórico 31 de Enero en el Congreso de Jalisco

LA VOZ DEL PUEBLO, LA VOZ DE DIOS

UN GRUPO DE CIUDADANOS VALIENTES TOMAN LA TRIBUNA DEL CONGRESO

EL PUEBLO TIENE LA ÚLTIMA PALABRA

FIN DE FIESTA: LOS MARIACHIS CALLARON

Me parecio interesante la opinión de la lectora, hace una crónica de lo ocurrido en el Congreso. Ingenioso el apodo a FRA: "El Hitler de Jamay".
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El correo ilustrado

Jornada Jalisco

Señor Director: El miércoles por la tarde nos enteramos que la fracción del PAN intentaría dar otro albazo tratando de aprobar fast-track la tristemente célebre iniciativa de ley sobre la “policía infiltrada” presentada por el gato mayor del Yunque en Jalisco, Gerardo Octavio Solís, quien tiene el cargo de cuidar el trono del “El Hitler de Jamay”, Francisco Javier Ramírez Acuña quien por cierto es el autor intelectual y el principal impulsor de dicha iniciativa.

Acudimos de inmediato y nos enteramos que así era, los jaloneos y acuerdos se estaban cocinando mientras otro cúmulo de puntos de la agenda la hacían a un lado para darle prioridad a la “iniciativa fascista” como resultado de las presiones ejercidas desde la Secretaría de Gobernación.

Después de un largo receso, tiempo suficiente para darnos cuenta que muchos diputados se preparaban para el festejo de “fin de asalto al pueblo de Jalisco” en “La Fuente” y en otros lugares de jolgorio, la fiesta se les aguadó porque pocos minutos antes de iniciar la sesión, algunos compañeros nuestros se habían encargado de prepararles “otra fiesta”.

Las graderías estaban llenas exigiendo que hicieran lo que nunca en sus tres largos años hicieron los 40 diputados y su ejército de apoyo pagados con nuestros impuestos: ¡que se pusieran a trabajar!

Como vimos que no les urgía y como ya conocemos la “forma de trabajo” de esta y otras Legislaturas, decidimos presionar y tomar la tribuna. ¿El motivo de nuestra presencia ahí? Evitar a toda costa que la iniciativa del “Hitler de Jamay”, fuera discutida y aprobada. ¿Por qué? Por muchas razones de las que puedo mencionar algunas rápidamente:

1.- Esta iniciativa no es conocida por la ciudadanía y requiere imprescindiblemente que sea informada para externar su opinión

2.- El tema sobre la figura de la policía encubierta para infiltrar organizaciones criminales implica riesgos para la ciudadanía y consideramos que afectará gravemente a la sociedad en lo general por lo que se hace necesario someterla a consulta popular.

3.- Para quienes conocemos la historia reciente de Jalisco, sabemos de la actuación del desaparecido Servicio Secreto, de sus prácticas gansteriles, de sus detenciones y secuestros, de sus desapariciones forzadas y de la impunidad que reinó durante más de 3 décadas.

4.- Porque sabemos que para ser aprobada una iniciativa en tan corto tiempo, los diputados no estaban pensando precisamente en la ciudadanía sino en las ventajas que sacarían al vender su alma al diablo tal y como sucedió. Al verse rebasados por el rechazo ciudadano, le vendieron su alma al PRI e intercambiaron su iniciativa por otros “favores”.

5.- La iniciativa es impulsada desde Gobernación. Se trata de que Jalisco se convierta en un “tubo de ensayo” para instaurarla en todo el territorio nacional, Ramírez Acuña intenta legalizar la infiltración de la disidencia y frenar la organización popular y ciudadana.

Anoche unos cuantos ciudadanos con dignidad dimos una lección de civilidad, de congruencia y de conocimientos al diputado Alonso Ulloa del PAN quien con argumentos legaloides intentó justificar su actuación y nunca dudó en aprobar la mencionada Ley.

Después, en la sala de sesiones, los ciudadanos miembros de diferentes organizaciones presionamos logrando evitar que la iniciativa de la “Policía Infiltrada” fuera discutida en el pleno deteniéndola aunque temporalmente.

Sabemos que la nueva Legislatura intentará retomarla pero como hicimos del conocimiento a la opinión pública, nosotros estaremos ahí cuantas veces sea necesario para evitar el retroceso que implicaría el regresar a los tiempos del oscurantismo político en Jalisco. Anoche el pueblo hizo lo que siempre debe hacer: exigir que el Poder Legislativo en el estado trabaje por el bien de Jalisco y que desquiten los millones de pesos que les pagamos.

A los medios de comunicación que censuraron lo que pasó anoche en el Congreso del Estado de Jalisco les decimos que ya nadie puede callar la verdad, el pueblo sabe de qué pata cojea la clase política en la entidad y en todo el país, los niveles de desacreditación y de desconfianza hacia los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se revertirán con la censura y el bloqueo informativo, ustedes mismos están siendo señalados por la ciudadanía y tarde o temprano también serán juzgados por la historia.

Aproximadamente a las 10 de la noche comenzamos a retirarnos no sin antes mandar un mensaje a la nueva legislatura: volveremos.

Atentamente
Guadalupe Zepeda Díaz

Debe la 58 Legislatura reflexionar bien sobre el proyecto de la policía secreta: Barba García

Existe la posibilidad de que los nuevos diputados retomen la iniciativa de ley

Faltó establecer los criterios éticos que serán normas jurídicas, señaló el ombudsman jalisciense

JUAN CARLOS G. PARTIDA - Jornada Jalisco

Ante la inminencia de que la nueva Legislatura que ayer entró en funciones en Jalisco retome la iniciativa de ley que envió hace menos de un mes el gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, al Congreso para crear una policía secreta estatal, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Carlos Manuel Barba García, recomendó a los nuevos diputados que hagan “una completa reflexión del proyecto, estableciendo también los criterios éticos que en última instancia se van a convertir en las normas jurídicas, que fue a nuestro juicio lo que faltó”.

Luego de reunirse con el director de Quejas, Orientación y Seguimiento, además del secretario ejecutivo de la CEDHJ para estudiar la iniciativa y el dictamen que ya pasó la primera lectura en el pleno legislativo, el ombudsman dijo que a título de ellos tres se percibió que la exposición presentada por el gobernador interino “no justificaba la necesidad de establecer a la policía infiltrada, ni jurídica ni socialmente.

“No decían cuáles iban a ser las formas en que, por ejemplo, un policía infiltrado posteriormente iba a declarar en contra de la persona que tuviera sujeta a un procedimiento judicial”, dijo, lo cual recordó que es una garantía constitucional. “Eso podría dar lugar también a aspectos de inconstitucionalidad que tendrían que ser resueltos previamente a la elaboración de esta ley.

“En lo que se refiere a esta famosa infiltración de agentes investigadores dentro de la delincuencia organizada no estaba suficientemente motivada en la ley estableciendo todos los supuestos que se podrían dar para que estos agentes de la policía en un momento dado tuvieran los candados necesarios para no ser, a través de una justificación legal, aliados de la delincuencia”.

Afirmó que del análisis hecho por los tres funcionarios de la CEDHJ, se concluyó la anticonstitucionalidad del proyecto de ley que contravenía el espíritu de los artículos 17 y 20 en relación con que la justicia debe ser completa, imparcial y sin favoritismos, como sucedía en el caso de los agentes del Ministerio Público y a los jueces.

“Por eso se necesita que se estudie más, que se motive más y que se contemplen los posibles escenarios. El artículo 20 constitucional establece en una de sus fracciones que uno tiene el derecho de saber quién lo acusa, de qué lo acusa, y también quién declara en su contra, una pregunta que no tiene contestación todavía, sobre todo con los cambios de nombre e identificación”, agregó.

También afirmó que un aspecto fundamental es recordar las experiencias que en Jalisco se tuvo con policías con este tipo de prerrogativas, experiencias “que no fueron nada positivas, fueron épocas en que hubo una violación patente de derechos humanos y garantías individuales”.

Por ello, concluyó, a falta de motivación “no se tuvieron los suficientes razonamientos de tipo jurídico y ético para sostener la justificación de estas policías”.

Opinión - Ruben Martín

Gente encabronada

Publico

Enojo, enfado, molestia, disgusto. Se podrán usar muchos calificativos para sinterizar lo que siente la población ante los excesos de los diputados. Pero encabronamiento lo resume mejor. La gente está encabronada por el desvergonzado desempeño de los diputados locales que terminaron ayer su periodo. Está encabronada porque aprovecharon el puesto para obtener beneficios personales antes que procurar el bienestar colectivo.

Hay encabronamiento por los altos sueldos de los diputados (equivalente a 52 salarios mínimos mensuales), por sus viajes al extranjero, porque algunos se quedaron con el dinero para casas de enlace, por la corrupción en que incurrieron algunos, por poner tarifa a su voto, por el cinismo de exigir el cumplimiento de las leyes cuando a ellos se les subsidian los impuestos, por la remodelación de baños a sobreprecio, por el bono etílico de diez mil pesos, por mendigar el pago de boletos de avión que (según ellos) habían perdido, por alegar la pérdida de comprobantes de viáticos, por faltar a las sesiones, por llegar al Congreso por un partido y luego cambiarse a otro bajo la promesa de un cargo público, por estar reclamando constantemente un bono de 600 mil pesos, por quedarse con los mejores regalos que se iban a repartir a los trabajadores, por ignorar lo que opinaba la gente e irse a un viaje de a Asia, por contratar un yate en 16 mil dólares para pasear por las costas de Vallarta, por pelear plazas para los cuates, por las veleidades de pedir un frigobar o una computadora extra, por recibir vales por 500 litros de gasolina al mes, por transar cuentas públicas y por pactar con el gobernador los asuntos que le interesaban a éste a cambio de sugerir constructoras para hacer obra pública...

Sobran los motivos para el encabronamiento. Cada uno de los asuntos anteriores merecería la reprobación de los ciudadanos. Pero sumados dejan un saldo patético para el Poder Legislativo. Esta Legislatura enterró el ideal liberal de la división de poderes, de rendición de cuentas, de fiscalización de recursos y de contrapeso al Poder Ejecutivo.

Ya sabíamos que con los gobiernos priistas, las funciones legislativas dependían directamente del gobernador. Ahora a fines de este sexenio las cosas vuelven al lugar donde estaban en 1995. Otra vez el gobernador decide los asuntos esenciales y los diputados únicamente los operan. ¿Ejemplos? Arcediano, policía secreta, reformas a las leyes de obras públicas y desarrollo urbano, contrarreforma a la Ley de Transparencia, nombramiento de magistrados, designación de consejeros de los órganos autónomos y, lo más importante, el diseño del gasto público y la aprobación de cuentas públicas.

Esto ocurre porque el Ejecutivo, ya sea directamente o a través de los coordinadores parlamentarios, opera para tener a modo a los diputados. El pago es el aumento de sueldo y de prebendas. Gracias a este mecanismo de satisfacción de las ambiciones y avaricia de los diputados, el Poder Legislativo es nuevamente apéndice del Ejecutivo.

Si este intento de explicación de lo que ocurre es cierto, llegamos a dos conclusiones: 1. debemos dejar de pensar que las ambiciones, corruptelas y excesos son una desviación personal de algunos “malos legisladores” para verlo más bien como algo normal en un sistema político que requiere diputados a modo; 2. estas prácticas no fueron un exceso de la Legislatura saliente, sino que manifiestan una tendencia hacia donde evolucionará el sistema político local en los próximos años.

Y esta tendencia corrupta y llena de prebendas para los representantes populares es a su vez una necesidad para un sistema político que responda a las necesidades de los negocios privados y de los intereses empresariales que buscan, ante todo, la mayor rentabilidad de su capital. En este esquema, un Congreso autónomo y diputados respondiendo a los intereses de la población son un estorbo y un obstáculo a la prosperidad de los intereses privados y a la acumulación de capital.

Por eso cualquier intento de reforma destinada a “moderar” los abusos de los diputados (como los del resto de la clase política) está destinado al fracaso. Porque al final todos los componentes del sistema político funcionan no para servir a la sociedad, sino para servir a los intereses privados. Lo bueno de la Legislatura que terminó es que los diputados dejaron en claro quiénes son sus verdaderos amos.

rmartin@publico.com.mx

Golpes y caos en la última sesión de la 57 Legislatura del Congreso estatal

EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco

Con el cinismo del deber cumplido, golpes, toma de tribuna, dos recesos, dos sesiones, manifestaciones de encubiertos, inconformidades sindicales, presiones para aprobar de última hora dictámenes de Ley y una despedida sin mariachi, concluyó la LVII Legislatura.

Los ánimos subieron de tono, cuando un grupo de exbraceros intentó tomar la tribuna, provocando la intervención de los cuerpos de seguridad. En ese ambiente el presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique García aceptó los errores emitidos en tres años y dio el cerrojazo a los trabajos de 40 diputados que se distinguieron por los abusos y dispendio a las finazas públicas.

Ayer, cerca de las dos de la tarde, al iniciar la primera de las dos sesiones programadas se citó a los escasos 31 diputados que deambulaban por los pasillos para que ocuparan su curul y aprobaran sin escollos la licencia por tiempo indefinido del diputado Alfredo Argüelles Basave, quien minutos después de recibir 28 votos a favor y dos en contra, rindió protesta como secretario general del Congreso por unas horas, con la intención de amarrar con la siguiente legislatura y ser el escudero que evitará las auditorias a los salientes.

De nada valieron las denuncias penales en contra del diputado por solicitar 10 millones de pesos para garantizar el incremento en la tarifa del transporte, ni los juicios políticos que tenía en su contra.

Al mismo tiempo y en paquete, aprobaron el presupuesto de egresos 2007 por 460 millones de pesos y se autorizó el cambio de firmas para los siguientes legisladores, todo en menos de 15 minutos. Después en un largo y angustiante receso donde continuaron los estira y afloja en la Junta de Coordinación Política un tema dominó: la aprobación de las reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

El consenso al interior de la bancada de los blanquiazules nunca se logró. El diputado presidente de la comisión de cultura, Gabriel Guerra Bejar, amenazó inclusive, con abandonar el pleno y no votar las reformas que lo harían cómplice en una reforma que carece de respaldo social. Otra de las diputadas panistas inconformes ante la indefinición y la falta de información sobre los cambios de última hora realizados en el decreto de ley aprobado en comisiones el pasado 17 de enero, fue Cielo López Díaz Barriga, quién mostró dudas al desconocer el texto que se aprobaría o rechazaría.

Los legisladores de todas las fracciones votaron en blanco la primera lectura del decreto de ley porque no recibieron el documento durante la pasada sesión del miércoles 24, aceptaron desconocer el documento tal como se aprobó y entre los coordinadores se negociaron cambios para la segunda lectura, modificaciones que al reanudarse la sesión eran clasificadas como reservadas.

En los pasillos y en una incisiva forma de externar su repudio al regreso del servicio secreto, un grupo de simpatizantes de redes ciudadanas con indumentaria de agentes secretos se infiltraron entre la gente que esperaba el inicio de la última sesión ordinaria, con letreros que signaban, “soy un diputado infiltrado”.

“No es posible que exista la obediencia de vida en la que bajo las directrices de obediencia de los jefes, puedes matar, desaparecer o golpear bajo la premisa de que están persiguiendo un delincuente y eso bajo ninguna circunstancia o régimen de derecho debe existir. No porque exista un servicio secreto en Estados Unidos tenemos que traer una calca en la peor expresión y con facultades discrecionales y de manera absurda. Son copias burdas, siniestras, nefastas,que quieren hacer bajo el supuesto amparo de la ley”, dijeron tajantes los inconformes.

La cereza del pastel en el cierre de la legislatura la colocó el que fuera diputado suplente de Joaquín Domínguez, Catarino Olea Velásquez, que exigió a través de un oficio a la Secretaría General y con fecha de enero del 2007, una computadora laptop, “toda vez que tengo derecho a ella, de conformidad al acuerdo de la Comisión de Administración del mes de febrero del 2004, durante el tiempo que fui diputado de esta Legislatura”.

No pasó la iniciativa para crear la policía secreta en el estado

La última sesión de la 57 Legislatura fue caótica. En la imagen, momentos del enfrentamiento entre ex braceros y elementos de seguridad del recinto legislativo cuando los manifestantes intentaron tomar la tribuna Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ

Derrotados en su proyecto, los panistas orientaron la negociación hacia la Secretaría General

La presión del PRD y el PRI terminaron por heredar su aprobación o rechazo a la próxima Legislatura

EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco

Las fracciones de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, negaron al gobernador Gerardo Octavio Solís la facultad de crear y operar en el estado una policía secreta. “No hubo consenso con el PAN, ellos querían que salieran completas las reformas y las demás fracciones acotamos la figura del policía encubierto”, explicó el coordinador perredista, Salvador Cosío. El acuerdo al interior de la Junta de Coordinación fue: sí el PRI y el PRD aprueban el nombramiento del panista Alfredo Argüelles como secretario general del Congreso, los blanquiazules retiraban el servicio secreto. Y así ocurrió.

Derrotados en la defensa del proyecto de Solís Gómez, los diputados del PAN orientaron su punto de negociación hacia la Secretaría General, logrando que Argüelles –sobre quien pesan denuncias por soborno a los transportistas– se quede a cargo de todos los asuntos jurídicos, administrativos, fiscales y laborales del Legislativo. Rodolfo Ocampo debió reconocer que, a final de cuentas, la negociación no le salió tan mal, pues un correligionario suyo se quedará, el tiempo suficiente, para tapar los hoyos de la 57 Legislatura.

Luego de 10 horas de intensas negociaciones y amarres entre los coordinadores de las cuatro fracciones, dos recesos y reclamos en contra, una toma de tribuna y golpes entre los asistentes, el coordinador de Acción Nacional, Rodolfo Ocampo, intercambió fichas y propuso al resto de las bancadas que aprobaran la designación de Alfredo Argüelles como secretario general, más 140 plazas laborales repartidas entre los cuatro organismos políticos; a cambio, ofreció hacer a un lado las pretensiones del mandatario estatal en su iniciativa de crear una policía infiltrada.

Por su parte la bancada perredista y la priísta aceptaron el trato, compartieron los nuevos nombramientos y de ribete les aprobaron a los tricolores una veintena de decretos de la comisión de Justicia, propuestos por el diputado Javier Hidalgo y Costilla.

“No hubo consenso, en la fracción del PAN se empeñaron en aprobar las reformas completas sin acotaciones, el resto de los diputados propusimos que se dejara fuera la figura del policía encubierto, que fue el punto que causó más polémica entre la sociedad y los panistas no accedieron, por lo que se retiró de la orden del día”, puntualizó Cosío Gaona, en una versión oficial ante los medios.

Las posturas en contra de organismos sociales que externaron el retroceso y las repercusiones sobre la operatividad de una policía encubierta que dejaba libre el regreso del Servicio Secreto, marcó el final de una reforma que nació muerta, según consignaba la Coparmex al externar su rechazo a la medida.

A las 21:40 horas, y tras las presiones de grupos de ex braceros y de redes ciudadanas encabezados por Gilberto Parra, los 31 diputados presentes aprovecharon el marco para vestirse de héroes y votaron en económico retirar de la orden del día el dictamen 6.16 que ocultaba en su redacción las modificaciones a la controvertida Ley Contra la Delincuencia Organizada.

A los enroques para dejar fuera de esta Legislatura de crear la nueva corporación policiaca, los coordinadores parlamentarios agregaron la fusión de la comisión de administración a la junta de coordinación política, de modo de dejar las decisiones de todos los asuntos financieros a los coordinadores y de paso asegurar, con el nuevo secretario general, que no trascienda a los medios las irregularidades de la saliente Legislatura.

Las presiones al interior de la bancada del PAN para no acatar las órdenes del mandatario estatal en su lucha por crear su servicio secreto, y las exteriores con el PRD y el PRI terminaron por heredar a la siguiente legislatura un decreto de ley que a partir de hoy jueves inicia un nuevo proceso de discusión.

Los diputados se fueron entre gritos y protestas

El tema de la policía encubierta, que finalmente fue dejado como un pendiente más para los nuevos legisladores, concitó las principales quejas durante las protestas de ayer. Foto: Rafael del Río

Manifestantes intentaron tomar la tribuna en la última sesión de la LVII Legislatura

Fue una sesión larga y accidentada, y los diputados salientes dejaron a sus sucesores temas como juicios orales y la creación de una policía encubierta estatal.

Publico

Con gritos como: “Ahí están, ésos son, los que roban la nación”, “Congreso fascista, te queremos en la lista”, la Mesa Directiva tomada en medio de una protesta y la exigencia de que no aprobaran la creación de la policía encubierta, ayer terminaron sus funciones los diputados de la LVII Legislatura de Jalisco.

Fue un día largo, de negociaciones de última hora entre los coordinadores parlamentarios del PAN, Rodolfo Ocampo; del PRI, Enrique García; del PRD, Salvador Cosío; y del PVEM, Luis Alejandro Rodríguez. El resto de los diputados, como hicieron a lo largo de la Legislatura, aguardó los resultados.

Tres puntos atoraron a los líderes parlamentarios: la oposición del PRI a la creación de figuras como la policía encubierta y testigos protegidos; la oposición del PAN a que se prohibiera a los presidentes municipales participar en procesos electorales antes de que concluyan sus mandatos, y la repartición de plazas del Poder Legislativo.

Poco antes de las 21:00 horas, aún no había acuerdo en el tema de policías encubiertos y los candados a presidentes municipales. Pero los diputados ya se estaban arreglando en aprobar la asignación de plazas, sólo que con la modalidad de contratos por tres años como “supernumerarios”. Fueron 140 lugares repartidos y asignados entre las cuatro fuerzas políticas.

Los diputados fueron convocados a su última sesión ordinaria a las 12:00 horas. No comenzaron a tiempo.

Empezaron dos horas después, pero sólo para aprobar algunos acuerdos propuestos por la Junta de Coordinación Política: el Presupuesto de Egresos 2007, por 460 millones de pesos; la licencia del diputado Alfredo Argüelles, facultarlo para firmar documentos y luego elegirlo como secretario general del Congreso (ver aparte).

Luego, Enrique García, presidente de la Mesa Directiva, decretó un breve receso, para luego volver a tomar la protesta de Argüelles, que se encerró en la oficina del secretario general para “cerrar” asuntos, como la recepción de documentos y firmas de contratos para el personal que continuará en la LVIII Legislatura.

Enseguida se decretó otro receso. Faltaban diez minutos para las 15:00 horas.

A marchas forzadas, con el tiempo encima, pues sólo podrían actuar como diputados hasta las 24:00 horas, la Junta de Coordinación Política echó a andar el área administrativa del Congreso para dar contratos a 140 personas. Técnicamente no fue una basificación, pero sí les garantizaron trabajo con un contrato de tres años.

Por la tarde, los coordinadores parlamentarios negociaban la agenda legislativa. El PRI se opuso a la creación de la policía secreta y, el PAN, a prohibir que presidentes municipales compitan para otro cargo si no han concluido su periodo de gobierno.

No avanzaron, nadie cedió, y con el acuerdo de retirar de la agenda todo asunto donde hubiera algún punto en desacuerdo, para agilizar la sesión ordinaria, se reunieron en el salón del pleno, donde los aguardaban al menos 80 personas, que en su mayoría había participado en una marcha contra el incremento de alimentos y servicios básicos. “No queremos pan, queremos tortilla”, coreaban, y otros golpeaban cacerolas.

La sesión estaba por comenzar cuando un grupo de 50 personas, a empujones, se apropió del área de la Mesa Directiva, por el frente. “La tribuna no”, gritaba impotente un guardia de seguridad del Congreso.

Rodolfo Ocampo se puso al centro de los manifestantes y les aseguró que el dictamen de la policía encubierta sería retirado y dejado a los nuevos diputados.Los manifestantes le creyeron y regresaron a la galería, y luego, al comenzar la sesión, Enrique García reiteró lo que les había dicho Ocampo. Eran las 21:10 horas. Para que no quedara duda, al momento de retirar ese dictamen, se pidió que se leyera. El retiro sucedió a las 21:40 horas.

Satisfechos, los manifestantes se fueron poco a poco.

La sesión continuó, y para terminar a tiempo, pues a las 24:00 horas dejarían de legislar, retiraron sin discusión dictámenes con dudas, como la instauración de juicios orales.

La LVII Legislatura concluyó. En el salón se escuchó un comentario: “El virus que los infectó al comienzo de la Legislatura la dejó necrosada”. El “virus”, comentaban diputados en los pasillos, fue el mismo que le hizo cambios sin consultar a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que crearon el 6 de febrero de 2004, cuando comenzaron su función. El “virus”, decían, fue Salvador Cosío Gaona.

- Claves
De corrido

• Se dejó para la LVIII Legislatura el dictamen que crea la policía encubierta y el sistema de testigos protegidos, así como la instauración de los juicios orales en Jalisco

• Se fusionó la Comisión de Administración con la Junta de Coordinación Política, volviendo al esquema de la antigua Ley Orgánica: asuntos administrativos se resuelven a la par que los políticos

• Se declara 2007 Año de la Participación Ciudadana

• Se crearon la Ley de Gestión Integral de los Residuos; la Ley de Coordinación en Materia de Sanidad Animal; la Ley del Agua para el Estado de Jalisco; la Ley sobre el Escudo, Bandera e Himno del Estado de Jalisco, y la Ley de Caminos y Puentes

• Se aprobaron sin cargos diez cuentas públicas municipales

• Se declaró benemérito en grado heroico a Francisco Tenamaxtli y se inscribirá en letras de oro en el Salón de Sesiones del Congreso

Guadalajara / Rubén Alonso

Repudio de la sociedad jalisciense a la creación de la Policía Secreta

EL CORREO ILUSTRADO - Jornada Jalisco

Señor Director: El Congreso del Estado de Jalisco intenta aprobar la formación de una policía secreta con el pretexto de combatir al crimen organizado. La historia reciente de nuestro país nos muestra lo catastrófico que es para la sociedad la existencia de cuerpos policíacos y paramilitares encubiertos, pues siempre han sido utilizados para reprimir y perseguir a los críticos y opositores del régimen y han dejado un saldo de cientos de desaparecidos y presos políticos e innumerables muertos. Oaxaca es la última prueba de lo anterior. Jalisco no ha sido la excepción, durante la llamada guerra sucia de los años setenta, el régimen empleó a ese tipo de policías para hostigar, torturar, encarcelar, asesinar y desaparecer a muchos luchadores y luchadoras sociales de esta entidad. Asimismo, debemos tomar en cuenta que aún siendo identificables los elementos de las policías, la mayoría de sus abusos permanecen impunes; de manera que al ser secreta, sus ilegalidades se mantendrían con mayor razón fuera de toda posibilidad de vigilancia y crítica ciudadanas. Los conflictos económicos y políticos por los que atraviesa en la actualidad el país –más allá del hecho de que el crimen organizado, en efecto, opera por todo el territorio nacional y de la inseguridad pública dominante–, son un llamado de alerta para no permitir que en nombre de la supuesta búsqueda de justicia social, se instrumente un organismo que sólo sirva para cumplir las amenazas de “mano dura” y represión, tan anunciadas en los últimos meses. Los abajo firmantes estamos convencidos de que deben ser otras las formas que nos permitan convivir en armonía, combatir la impunidad, el crimen organizado y la injusticia social, por lo que hacemos un llamado a la sociedad jalisciense y nacional para que se manifieste de manera clara y firme en contra de la creación de una policía secreta. ¡No podemos volver a la era del terror!

Atentamente

Alicia Vargas Amésquita, María Teresa Pérez Botello, Patricia Eugenia Bravo Cárdenas, Mercedes Palencia Villa, Héctor Efrén Hernández Zavala, Luis Humberto Bañuelos Medina, Juan Diego Ortiz Acosta, María Gracia Castillo Ramírez, Alfredo Barragán Cabrales, Valentín Castillo Ramírez, Angélica Romina Martínez Castellanos, Rosa Herminia Yáñez Rosales, Luis Enrique Ortiz Gutiérrez, Jesús Heriberto Ureña Pajarito, Mara Gabriela Gallegos Ramírez, Raúl Pérez Salazar, Rogelio Marcial Vázquez, Jaime Horta Rojas, Rafael Sandoval Alvarez, Omar López Ramos, Maira Judith Hernández Zavala, Rosina Adaljisa Valdez Castro, Luis Rodolfo Morán Quiroz, Hilda Mercedes Morán Quiroz, Jorge A. Gómez Treviño, Ernesto Cortes Navarro, José T. Partida Castillo, Ana Rosa L. Partida Castillo, Fernanda Partida Gallegos, Salvador Gallegos Quiroz, María de los Angeles Ramírez de la Paz, Luz María Malagón Ugalde, Francisco Javier Ponce Martínez, Alma Cristina Díaz Padilla, Hugo García Macías, Elvia Vega Llamas, Rebeca Martínez Gómez, Patricia E. Guerrero Aranda, María Dolores Pérez Padilla, Roberto de Jesús Díaz Padilla, Jennifer Abril Collazo Díaz, Guillermina Rivera Moreno, José de Jesús Niño Torres, Salvador Romero Montalvo, José de Jesús Torres Contreras, María Lourdes Hernández Armenta, Agustín Hernández Ceja, Yésica Higareda Rangel, Laura Catalina Díaz Robles, Emilia Carrara Castillejas, Giovanni Vicente Russildi Gallegos, Florencia Stéfana Russildi Gallegos, Mónica Márquez, Víctor Manuel Caamaño, Coral Paloma Miramontes Gutiérrez, Jorge Franco Nuñez, Katia Bono Gazca, Karen Carrillo Meza, Diego Cerda Cornejo, Luz María S. Plascencia Flores, Hugo Adrián Medina, Ernestina Partida Castillo

PRI y PRD dicen no a la policía secreta; el PAN ofrece asumir todo el costo político de la iniciativa

El panista Rafael Ocampo convocó a reunión urgente a Enrique García y Salvador Cosío

Ultimos intentos de Acción Nacional por reunir los votos suficientes para la reforma

EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco

Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD en el Congreso del Estado, Enrique García y Salvador Cosío, respectivamente, anunciaron ayer que dejarán solos a los panistas en su intento por aprobar las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, con las que se pretende crear en la entidad una policía secreta y legalizar el espionaje. Los diputados priístas y perredistas subrayaron que no cederán a las presiones del gobernador interino, Gerardo Ocatvio Solís, quien se ha asumido como el principal impulsor y defensor de las enmiendas legislativas.

Sin embargo, ya cerca de la medianoche, el líder de los diputados locales de Acción Nacional, Rodolfo Ocampo, mantenía firme su compromiso de sacar adelante la iniciativa del Ejecutivo y poco antes de convocar a una reunión urgente a sus homólogos del PRI y del PRD, se reunió con los 19 integrantes de su bancada con el propósito de convencer a los indecisos de la "pertinencia" de mantener la unidad interna, a fin de fortalecer su posición en la negociación final. El resultado de ese cabildeo se verá esta tarde en el recinto parlamentario, cuando en el último día de sesiones de la actual Legislatura se defina el futuro de la controvertida iniciativa, cuya autoría es atribuida en diferentes círculos políticos y sociales al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien de acuerdo con estas versiones estaría utilizando a Jalisco como el laboratorio para un proyecto de alcance nacional.

Así, en un claro mensaje a priístas y perredistas, los panistas que defienden este proyecto de ley aseguraron, inclusive, que están dispuestos a asumir todo el costo político y social que implique la aprobación de las reformas. Y en su afanosa búsqueda por amarrar los votos que les asegure la mayoría calificada que se requiere, propusieron aprobarla por la vía del fast track, es decir, sin discusión ni mayor análisis en el pleno. El costo político, insistieron, será todo de ellos.

Pero a pesar de la velada presión a perredistas y priístas, el hecho es que los promotores de la iniciativa tuvieron que sortear anoche las impugnaciones dentro de su propio partido, toda vez que algunos diputados del PAN, identificados con el próximo gobernador, Emilio González Márquez, han manifestado serias dudas sobre la conveniencia de sacar adelante un proyecto que no cuenta con el respaldo social y que podría acarrearle más problemas que beneficios al futuro jefe del Ejecutivo estatal, amén de que se trata de un proyecto con el sello único de Ramírez Acuña.

La negociación al interior de la bancada del blanquiazul se prolongó hasta ya avanzada la noche y todos los protagonistas optaron por guardar silencio. El único que sí alzó la voz, generando una presión extra, fue el coordinador de los diputados del PAN que entrarán en funciones mañana, abogando entre sus correligionarios de la 57 Legislatura para que avalen el dictamen "y no le dejen esa carga a su bancada".

Los diputados panistas que rechazan las enmiendas argumentan, por un lado, la falta de sustento jurídico de la medida, que ya levantó ámpula entre diversos sectores de la población al descubrirse las presiones y amenazas del mandatario estatal, y por el otro, la inconveniencia política de llevar a buen puerto una iniciativa que se presentó por consigna del secretario de Gobernación.

Tan cerrada y ríspida se tornó la discusión entre los panistas, que nadie se atrevió a hacer pronósticos, pues todo hace indicar que será minutos antes de la sesión –programada para iniciar a las 12 horas de este miércoles– cuando se defina si hay línea, si se omite se de la orden del día o, como una tercera opción, se hace un exhorto a la 58 Legislatura a retormar el paquete de reformas. De cualquier forma, y a sabiendas de que más tarde haría un último intento por convencer al PRD y al PRI de reconsiderar su postura, Rafael Ocampo pidió a los integrantes de su bancada no faltar a esta última sesión, con la esperanza de, finalmente, amarrar los votos suficientes.

Todo hacía indicar, empero, que Ocampo iba a contracorriente, pues horas antes de la encerrona panista y de la convocatoria a Cosío y García, priístas y perredistas habían reiterado su negativa a votar la iniciativa.

La fracción de tricolor sustentó su rechazo en la propuesta que presentó su vocal en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, Javier Hidalgo y Costilla, quien sugirió dejar pasar la la iniciativa de ley –que ya fue bautizada como la ley de la tortura sin rostro– hasta hacer un análisis a fondo de sus implicaciones políticas y sociales.

En el mismo sentido se pronunció la bancada del sol azteca, que en voz de Cosío no votará a favor de un dictamen plagado de buena intenciones pero sin el respaldo de la sociedad, por los riesgos que la creación de una policía secreta implicaría.