Carlos Manuel Barba García, estatal, durante el informe que presentó ayer en el Centro de la Amistad Internacional Foto: ARTURO CAMPOS CEDILLO
El estado no ha cumplido los requisitos para ser considerado democrático, afirmó
No permitiremos que desde el gobierno se difunda una acción contraria a los derechos humanos
JORGE COVARRUBIAS - Jornada Jalisco
“Jalisco aun no cumple con los requisitos para considerarse estado democrático de derecho, puesto que una de las condiciones indispensables e irrenunciables para la vigencia de éste es el respeto irrestricto de los derechos y libertades fundamentales. A la Comisión le consta que no se cumplió con esta ansiada meta entre 2001 y 2006”.
Lo anterior fue señalado por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) Carlos Manuel Barba García en su último informe de actividades rendido ayer en las instalaciones del Centro de la Amistad Internacional , ante la notable ausencia de los acaldes panistas, -salvo el de Guadalajara Alfonso Petersen Farah-, el gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez, el presidente del Congreso del Estado José Luis Treviño Rodríguez, y el gobernador electo Emilio González Márquez.
En un legajo de once cuartillas, el ombudsman jalisciense recapituló algunas de las recomendaciones que emitió el organismo, -54 en total- durante la administración de Francisco Ramírez Acuña, actual Secretario de Gobernación, destacando la macrorecomendación que el año pasado giró la CEDHJ a la Procuraduría General de Justicia del Estado para iniciar averiguaciones previas en contra de 45 funcionarios por la acreditación de nueve casos de tortura.
“Es penoso admitir que la tortura sigue existiendo en Jalisco; incluso de formas más sofisticadas. Con tal de combatir el delito y brindar seguridad se pueden utilizar innumerables recursos; sin embargo, en un gobierno cuya premisa fundamental es mantener el estado democrático de derecho estas acciones deberán estar impregnadas de un profundo respeto por la legalidad y los derechos y libertades del ser humano. En tanto existan evidencias de tortura, la Comisión dará cuenta de ello e insistirá en su erradicación, pues el último fin del Estado descansa en el respeto y reconocimiento de la dignidad de las personas”, señaló.
Mención aparte mereció el cintillo que en octubre del año pasado apareció en el periódico oficial del gobierno del estado con la leyenda: “Los derechos humanos son para todos, menos para los delincuentes”.
Barba García precisó que no permitirán que desde el propio estado, ya sea por acción u omisión, se difunda una acción contraria a los derechos humanos, porque ello estigmatizaría a una parte de la población y la condenaría al repudio social.
Entre las asignaturas pendientes, planteó la necesidad de que las corporaciones policíacas eliminen las detenciones arbitrarias, cuyas medidas representaron la mitad del total de las quejas presentadas en la CEDHJ , y motivaron la expedición de cuatro recomendaciones a los municipios, por lesiones de gravedad infligidas a las personas detenidas. Destaca el deceso de un ciudadano como consecuencia del mal uso de arma de fuego por parte de un policía de Zapopan, y la golpiza que propinaron custodios de los juzgados municipales de Guadalajara a una persona, ocasionándole incapacidad de por vida.
En medio de la reciente polémica propiciada por las declaraciones del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, quien la semana pasada afirmó que el organismo defensor de las garantías individuales es una “institución inútil”, se esperaba una respuesta directa y contundente del ombudsman tapatío. En lugar de ello prefirió enviar un mensaje para todos aquellos que dudan de la actividad desempeñada por el organismo.
“ La Comisión no actúa por capricho propio, ni de ninguna institución. Quienes conocen realmente nuestras normas, así lo entienden”, recalcó.
La Secretaría de Vialidad y Transporte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recibieron llamados de atención para enmendar sus procedimientos. Educación por ejemplo no logró reducir el número de quejas registradas entre el 2005 y 2006. La CEDJH reveló que algunos maestros continúan lesionando a los alumnos como un método correctivo en la enseñanza, al igual que han detectado situaciones de acoso y abuso sexual hacia estudiantes del sexo femenino.
Ya para terminar, Barba García se refirió a dos temas que levantaron repudio en diversos sectores de la sociedad; la intención de aprobar una policía investigadora en la anterior legislatura a propuesta del Gobierno del Estado, y la escasez de agua potable, cuyo abasto pretende resolverse con la construcción de la presa Arcediano.
“En esta materia, no existen en Jalisco las condiciones para crear la figura del agente encubierto, como se propone. Pero, más allá de no contar la entidad con un desarrollo profesional para introducir esta policía secreta en las organizaciones criminales, subyace un cuestionamiento de fondo, ya que infiltrarse en las bandas de delincuentes es reducirse a la categoría de criminal y olvidar el estatus que le corresponde como autoridad legal y moral”, subrayó, en tanto que en el segundo caso exhortó a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) dar a conocer los resultados del estudio de evaluación de riesgo e impacto a la salud elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en los márgenes del río Santiago.
A Emilio González Marquez, quien mañana toma posesión de la gubernatura, le pidió incorporar en su equipo de trabajo a personas comprometidas con los derechos humanos y libertades fundamentales para consolidar la democracia en Jalisco.
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