La última sesión de la 57 Legislatura fue caótica. En la imagen, momentos del enfrentamiento entre ex braceros y elementos de seguridad del recinto legislativo cuando los manifestantes intentaron tomar la tribuna Foto: HECTOR JESUS HERNANDEZ
Derrotados en su proyecto, los panistas orientaron la negociación hacia la Secretaría General
La presión del PRD y el PRI terminaron por heredar su aprobación o rechazo a la próxima Legislatura
EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco
Las fracciones de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, negaron al gobernador Gerardo Octavio Solís la facultad de crear y operar en el estado una policía secreta. “No hubo consenso con el PAN, ellos querían que salieran completas las reformas y las demás fracciones acotamos la figura del policía encubierto”, explicó el coordinador perredista, Salvador Cosío. El acuerdo al interior de la Junta de Coordinación fue: sí el PRI y el PRD aprueban el nombramiento del panista Alfredo Argüelles como secretario general del Congreso, los blanquiazules retiraban el servicio secreto. Y así ocurrió.
Derrotados en la defensa del proyecto de Solís Gómez, los diputados del PAN orientaron su punto de negociación hacia la Secretaría General, logrando que Argüelles –sobre quien pesan denuncias por soborno a los transportistas– se quede a cargo de todos los asuntos jurídicos, administrativos, fiscales y laborales del Legislativo. Rodolfo Ocampo debió reconocer que, a final de cuentas, la negociación no le salió tan mal, pues un correligionario suyo se quedará, el tiempo suficiente, para tapar los hoyos de la 57 Legislatura.
Luego de 10 horas de intensas negociaciones y amarres entre los coordinadores de las cuatro fracciones, dos recesos y reclamos en contra, una toma de tribuna y golpes entre los asistentes, el coordinador de Acción Nacional, Rodolfo Ocampo, intercambió fichas y propuso al resto de las bancadas que aprobaran la designación de Alfredo Argüelles como secretario general, más 140 plazas laborales repartidas entre los cuatro organismos políticos; a cambio, ofreció hacer a un lado las pretensiones del mandatario estatal en su iniciativa de crear una policía infiltrada.
Por su parte la bancada perredista y la priísta aceptaron el trato, compartieron los nuevos nombramientos y de ribete les aprobaron a los tricolores una veintena de decretos de la comisión de Justicia, propuestos por el diputado Javier Hidalgo y Costilla.
“No hubo consenso, en la fracción del PAN se empeñaron en aprobar las reformas completas sin acotaciones, el resto de los diputados propusimos que se dejara fuera la figura del policía encubierto, que fue el punto que causó más polémica entre la sociedad y los panistas no accedieron, por lo que se retiró de la orden del día”, puntualizó Cosío Gaona, en una versión oficial ante los medios.
Las posturas en contra de organismos sociales que externaron el retroceso y las repercusiones sobre la operatividad de una policía encubierta que dejaba libre el regreso del Servicio Secreto, marcó el final de una reforma que nació muerta, según consignaba la Coparmex al externar su rechazo a la medida.
A las 21:40 horas, y tras las presiones de grupos de ex braceros y de redes ciudadanas encabezados por Gilberto Parra, los 31 diputados presentes aprovecharon el marco para vestirse de héroes y votaron en económico retirar de la orden del día el dictamen 6.16 que ocultaba en su redacción las modificaciones a la controvertida Ley Contra la Delincuencia Organizada.
A los enroques para dejar fuera de esta Legislatura de crear la nueva corporación policiaca, los coordinadores parlamentarios agregaron la fusión de la comisión de administración a la junta de coordinación política, de modo de dejar las decisiones de todos los asuntos financieros a los coordinadores y de paso asegurar, con el nuevo secretario general, que no trascienda a los medios las irregularidades de la saliente Legislatura.
Las presiones al interior de la bancada del PAN para no acatar las órdenes del mandatario estatal en su lucha por crear su servicio secreto, y las exteriores con el PRD y el PRI terminaron por heredar a la siguiente legislatura un decreto de ley que a partir de hoy jueves inicia un nuevo proceso de discusión.
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