Buscaremos los mecanismos para darle seguridad a la gente, dijo el gobernador electo
Precisó que escucharán a los sectores que han expresado su rechazo para, en su caso, mejorarla
A Calddicó
EUGENIA BARAJAS Jornada Jalisco
La sociedad jalisciense es la que necesita una policía encubierta para combatir a la delincuencia organizada, subrayó el gobernador electo Emilio González Márquez, quien sin embargo, aclaró que en su gobierno no retomarán la iniciativa para la creación de esa corporación policiaca, sin antes consultar a los sectores de la sociedad que han externado su rechazo.
El próximo mandatario estatal dejó muy en claro que el polémico decreto de ley que espera su aprobación en el Congreso del Estado y que autorizaría la conformación de un grupo élite que se infiltraría en grupos delincuenciales, no lo impulsará al interior de la fracción panista sin antes escuchar las voces de los inconformes.
“He sido receptivo de inconformidades que se han planteado por sectores de la sociedad, lo primero que voy a hacer es acercarme con ellos y escuchar cuál es la alternativa mejor que la que está propuesta en esta iniciativa de ley, para implementarla”.
–¿Es necesaria para Jalisco? Se le preguntó.
–Voy a escuchar primero a los que se opusieron, porque sin duda hay algo sobre lo que se pueda mejorar en la iniciativa.
–Pero, ¿sí continúan en su postura de no aceptarla? Se insistió.
–No creo que exista en Jalisco gente que se oponga a todo por el placer de oponerse, sin duda tienen una mejor alternativa.
–Como gobernador electo, ¿la ve bien, la acepta?
–Lo que veo como gobernador y a lo que estoy obligado es a escuchar las voces de la sociedad que dicen que no les gusta…
–¿Realizaría algunos foros de consulta?
–No sería tan amplio como un foro, pero sí la consulta directa.
–¿El gobierno de Emilio González requiere de una policía infiltrada?
–El gobierno no necesita nada, vamos a ver qué necesita la sociedad, es la que necesita una mejor seguridad y vamos a encontrar los mejores mecanismos para que esto se pueda dar.
En el tema de la entrega recepción del gobierno estatal, el próximo mandatario adelantó que una vez que de a conocer este lunes los nombres de aquellos que conmformarán su gabinete, se integrarán a las secretarías que les corresponde para hacer el trámite directo.
“Conformaremos equipos de trabajo por parte de nuestro equipo de transición, pero ya con la persona que va a fungir como secretario al frente este equipo, la idea es que estén dentro de la secretaría y conociendo de viva voz los temas que se tratan y que no se limite la entrega recepción a la parte documental jurídica”, dijo González Márquez.
Además, afirmó que para el 15 de febrero ya espera contar con los nombres de los que integrarán el primer nivel de su gobierno, de los cuales se negó a adelantar nombres, pero sí confirmó que algunos de los actuales secretarios repetirán en el cargo o en otra secretaría para aprovechar su experiencia.
González Márquez aceptó que la elección de los miembros que integrarán las principales plazas del gobierno estatal ha sido complicada por la cantidad de personas capaces que tiene el estado y su equipo de trabajo.
“Hay mucha gente que creyó en este proyecto y que ha estado participando en el mismo y tiene capacidad para hacer miembros del gabinete, son muy pocas las secretarías y es mucha la gente que esta allí”, expresó.
Por último, descartó que los nombres que se han mencionado en los medios de comunicación sea una estrategia de golpeteo político para evitar que ciertos personajes lleguen al cargo y consideró que todo se debe a la inquietud de conocer como quedará conformado el gabinete. “Pero ya falta poco”, concluyó.
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jueves, febrero 08, 2007
miércoles, febrero 07, 2007
Opinión - Rogelio Barba
El agente encubierto
Publico
Deja mucho que desear la propuesta de ley para crear la figura del agente encubierto, amén de otros sinónimos, para el combate contra la delincuencia organizada. La exposición de motivos carece de técnica legislativa (término que no alcanzan a comprender los promotores de la iniciativa), al excluir de la exposición la Ley Estatal contra la Delincuencia Organizada del Estado de Morelos, manifestando que Jalisco y Baja California serían las únicas entidades federativas que cuentan con estos instrumentos para el combate a la criminalidad organizada.
Se equipara el crimen organizado con delincuencia organizada, cuando el primero es organización entre dos o más personas para ejecutar un delito, mientras que el segundo —como señala el artículo 2° de la Ley contra la Delincuencia Organizada en Jalisco— es la forma permanente o reiterada, a las que se deben sumar otras como la actividad secreta, la mezcla de actividades legítimas e ilegales, la estructura piramidal, utilización de disciplina y control al interior de las organizaciones.
De aprobarse la nueva ley, los ciudadanos de Jalisco renunciaríamos a ciertos privilegios constitucionales como la intimidad y la seguridad jurídica, para donar una parte a nuestros flamantes policías investigadores con la finalidad de aceptar su infiltración en organizaciones criminales que ni las mismas instituciones saben identificar. Además se les quiere dotar de poderes invisibles para combatir este tipo de criminalidad, sin ni siquiera utilizar de los instrumentos legaloides que tienen frente a sus narices. El agente encubierto, no infiltrado per se, ya existe en nuestro entorno de manera legítima, al limitarse en recoger información sobre la comisión de un delito. Estos agentes no emplean ninguna maniobra ilegítima y por sí misma constitutiva de delito.
El estado de derecho asume como legítima esta actuación como técnica de investigación de delitos ya cometidos. La propuesta en discusión, en cambio, pretende que con el agente encubierto se origine la provocación de delitos y, por lo tanto, el agente provocador. El primer supuesto se origina debido a la inducción engañosa de la Procuraduría de Justicia que, deseando la detención o investigación de algún sospechoso o banda criminal, incita al agente a perpetrar la infiltración y del que no tenía previamente tal propósito, originando así el nacimiento de una voluntad criminal en supuesto concreto, delito que de no ser por tal provocación no se hubiera producido. El segundo supuesto resulta de la conducta del agente que investiga escondiendo su identidad, porque difícilmente dicho agente se abstendrá de cometer ilícitos, conductas sui generis de las organizaciones criminales. Sería incongruente que un miembro de la delincuencia organizada, en este caso agente encubierto, no ejecute un hecho criminal acordado, pues las consecuencias serían irreversibles para su integridad.
Estas maniobras de investigación criminal, deberían consultarse de manera colegiada y con expertos en la materia. Es necesario el combate a la delincuencia organizada y al crimen organizado, pero el espíritu de esta ley carente de técnica legislativa provoca inseguridad social, privilegiando intereses que van más allá de los que verdaderamente se tienen que proteger: las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie, que se ven amenazados, por un lado, por la delincuencia común y corriente, la sofisticada y la desprotección del Estado y el Legislativo, acrecentado el derecho penal simbólico.
Barba es doctor en derecho penal, criminólogo y docente.
rokame00@hotmail.com
Publico
Deja mucho que desear la propuesta de ley para crear la figura del agente encubierto, amén de otros sinónimos, para el combate contra la delincuencia organizada. La exposición de motivos carece de técnica legislativa (término que no alcanzan a comprender los promotores de la iniciativa), al excluir de la exposición la Ley Estatal contra la Delincuencia Organizada del Estado de Morelos, manifestando que Jalisco y Baja California serían las únicas entidades federativas que cuentan con estos instrumentos para el combate a la criminalidad organizada.
Se equipara el crimen organizado con delincuencia organizada, cuando el primero es organización entre dos o más personas para ejecutar un delito, mientras que el segundo —como señala el artículo 2° de la Ley contra la Delincuencia Organizada en Jalisco— es la forma permanente o reiterada, a las que se deben sumar otras como la actividad secreta, la mezcla de actividades legítimas e ilegales, la estructura piramidal, utilización de disciplina y control al interior de las organizaciones.
De aprobarse la nueva ley, los ciudadanos de Jalisco renunciaríamos a ciertos privilegios constitucionales como la intimidad y la seguridad jurídica, para donar una parte a nuestros flamantes policías investigadores con la finalidad de aceptar su infiltración en organizaciones criminales que ni las mismas instituciones saben identificar. Además se les quiere dotar de poderes invisibles para combatir este tipo de criminalidad, sin ni siquiera utilizar de los instrumentos legaloides que tienen frente a sus narices. El agente encubierto, no infiltrado per se, ya existe en nuestro entorno de manera legítima, al limitarse en recoger información sobre la comisión de un delito. Estos agentes no emplean ninguna maniobra ilegítima y por sí misma constitutiva de delito.
El estado de derecho asume como legítima esta actuación como técnica de investigación de delitos ya cometidos. La propuesta en discusión, en cambio, pretende que con el agente encubierto se origine la provocación de delitos y, por lo tanto, el agente provocador. El primer supuesto se origina debido a la inducción engañosa de la Procuraduría de Justicia que, deseando la detención o investigación de algún sospechoso o banda criminal, incita al agente a perpetrar la infiltración y del que no tenía previamente tal propósito, originando así el nacimiento de una voluntad criminal en supuesto concreto, delito que de no ser por tal provocación no se hubiera producido. El segundo supuesto resulta de la conducta del agente que investiga escondiendo su identidad, porque difícilmente dicho agente se abstendrá de cometer ilícitos, conductas sui generis de las organizaciones criminales. Sería incongruente que un miembro de la delincuencia organizada, en este caso agente encubierto, no ejecute un hecho criminal acordado, pues las consecuencias serían irreversibles para su integridad.
Estas maniobras de investigación criminal, deberían consultarse de manera colegiada y con expertos en la materia. Es necesario el combate a la delincuencia organizada y al crimen organizado, pero el espíritu de esta ley carente de técnica legislativa provoca inseguridad social, privilegiando intereses que van más allá de los que verdaderamente se tienen que proteger: las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos de a pie, que se ven amenazados, por un lado, por la delincuencia común y corriente, la sofisticada y la desprotección del Estado y el Legislativo, acrecentado el derecho penal simbólico.
Barba es doctor en derecho penal, criminólogo y docente.
rokame00@hotmail.com
martes, febrero 06, 2007
"Ya no somos policías de pueblo", podemos tener policía secreta: SSPE
Se deben precisar las atribuciones de los agentes, afirmó Salvador González de los Santos
La iniciativa está encaminada hacia lo delincuencial pero "se fueron por el lado político", añadió
El Procurador indicó que por cuestión de tiempos ya no le tocará ver a los infiltrados en acción
EUGENIA BARAJAS - La Jornada Jalisco
El procurador de Justicia del Estado, Salvador González de los Santos, reconoció que las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada que establece la figura del policía infiltrado, requiere ser acotada para normar las acciones del agente, así se refirió tras hacer un recuento de las ejecuciones que se han registrado en el estado.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Alfonso Gutiérrez Santillán, indicó que Jalisco está preparado para un grupo encubierto, al decir: “ya no somos policías de pueblo”.
El procurador de Justicia del Estado aceptó que se requiere de mayor claridad en la postulación hecha para crear un grupo élite dedicado al espionaje dentro de las células delincuenciales y que se propuso al Congreso por su ex compañero, el hoy gobernador interino Gerardo Octavio Solís.
“Desde luego habría la necesidad en los reglamentos internos de establecer específicamente cómo, cuándo, dónde y a qué horas iba a operar la policía, habría que preciar y detallar más esta situación”.
Tras preguntarle sobre la posibilidad que se aprobaran las reformas en este mes, antes de concluir el sexenio y tener la opción de dar el banderazo inicial, el funcionario externó que por tiempos ya no le tocaría ver funcionar ese cuerpo policiaco.
“Si se aprobara no nos tocaría a nosotros, porque hay que crear los reglamentos para el correcto funcionamiento de esta policía, cómo va a operar, en qué condiciones, bajo qué circunstancias, entonces nos llevaría algún tiempo para poderlo aplicar concretamente o en algún caso preciso”.
Dijo desconocer el tiempo en que podría entrar en funciones el nuevo grupo encubierto una vez que fuera aprobado por los legisladores, se establecieran los reglamentos, se conjuntara a los participantes y se capacitaran.
“Habría que estipular o más o menos programar por una parte los cursos, la capacitación, la selección del personal y eso lleva un tiempo”, añadió.
El procurador expresó que la reticencia de los empresarios para aceptar al policía infiltrado y catalogarlo como el regreso del Servicio Secreto, se debió a causa de un desconocimiento de las reformas o de que los mal informaron.
“Creo que se fueron algunos por aspectos de índole político más que de seguridad, creo que les mal informaron porque, insisto, iba encaminada a un sector delincuencial, que en este caso era la delincuencia organizada y que además proponía como la protección de testigos, los juzgados especializados, recompensas, pero bueno”.
Respecto de la cantidad de homicidios registrados el año pasado en comparación con el actual, explicó que en 2006 fueron 47 y lo que va de este año se cuentan 36, de estos 8 ó 9 son relacionados con ejecuciones.
Agregó que 85 por ciento de los homicidios acaecidos el año pasado lograron ser esclarecidos, cifra que calificó de buena.
Respecto a la narcofosa detectada en el municipio de Zapopan, donde se encontraron dos cuerpos y se arraigó a una persona, González de los Santos adelantó que dentro de las averiguaciones el dueño del lugar responde al apellido Félix, a quien ya se investiga.
Entrevistado en el marco del aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, el secretario de Seguridad, Alfonso Gutiérrez, reiteró su postura sobre la iniciativa de crear un cuerpo policial que se infiltre en la delincuencia organizada, como lo pretendido por el extinto Servicio Secreto y aseguró que es necesario y conveniente para Jalisco contar con dicho grupo élite.
“Jalisco está preparado para tener una policía infiltrada, ya no somos una policía de pueblo, estamos capacitados y hemos avanzado bastante”, afirmó.
Informó que tras la detección de un interno del reclusorio de Puente Grande que se dedicaba a la extorsión telefónica, se han llevado a cabo revisiones de los sistemas inhibidores de señales para celulares, incluso argumentó que la semana pasada miembros del Sistema Nacional de Seguridad acudieron al centro de readaptación para comprobar el funcionamiento de los aparatos.
“Estamos perfeccionándolos, el problema es que en los alrededores de los centros penitenciarios instalan antenas repetidoras de señal de celulares y eso afecta, porque los internos tienen acceso”, precisó.
La iniciativa está encaminada hacia lo delincuencial pero "se fueron por el lado político", añadió
El Procurador indicó que por cuestión de tiempos ya no le tocará ver a los infiltrados en acción
EUGENIA BARAJAS - La Jornada Jalisco
El procurador de Justicia del Estado, Salvador González de los Santos, reconoció que las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada que establece la figura del policía infiltrado, requiere ser acotada para normar las acciones del agente, así se refirió tras hacer un recuento de las ejecuciones que se han registrado en el estado.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Alfonso Gutiérrez Santillán, indicó que Jalisco está preparado para un grupo encubierto, al decir: “ya no somos policías de pueblo”.
El procurador de Justicia del Estado aceptó que se requiere de mayor claridad en la postulación hecha para crear un grupo élite dedicado al espionaje dentro de las células delincuenciales y que se propuso al Congreso por su ex compañero, el hoy gobernador interino Gerardo Octavio Solís.
“Desde luego habría la necesidad en los reglamentos internos de establecer específicamente cómo, cuándo, dónde y a qué horas iba a operar la policía, habría que preciar y detallar más esta situación”.
Tras preguntarle sobre la posibilidad que se aprobaran las reformas en este mes, antes de concluir el sexenio y tener la opción de dar el banderazo inicial, el funcionario externó que por tiempos ya no le tocaría ver funcionar ese cuerpo policiaco.
“Si se aprobara no nos tocaría a nosotros, porque hay que crear los reglamentos para el correcto funcionamiento de esta policía, cómo va a operar, en qué condiciones, bajo qué circunstancias, entonces nos llevaría algún tiempo para poderlo aplicar concretamente o en algún caso preciso”.
Dijo desconocer el tiempo en que podría entrar en funciones el nuevo grupo encubierto una vez que fuera aprobado por los legisladores, se establecieran los reglamentos, se conjuntara a los participantes y se capacitaran.
“Habría que estipular o más o menos programar por una parte los cursos, la capacitación, la selección del personal y eso lleva un tiempo”, añadió.
El procurador expresó que la reticencia de los empresarios para aceptar al policía infiltrado y catalogarlo como el regreso del Servicio Secreto, se debió a causa de un desconocimiento de las reformas o de que los mal informaron.
“Creo que se fueron algunos por aspectos de índole político más que de seguridad, creo que les mal informaron porque, insisto, iba encaminada a un sector delincuencial, que en este caso era la delincuencia organizada y que además proponía como la protección de testigos, los juzgados especializados, recompensas, pero bueno”.
Respecto de la cantidad de homicidios registrados el año pasado en comparación con el actual, explicó que en 2006 fueron 47 y lo que va de este año se cuentan 36, de estos 8 ó 9 son relacionados con ejecuciones.
Agregó que 85 por ciento de los homicidios acaecidos el año pasado lograron ser esclarecidos, cifra que calificó de buena.
Respecto a la narcofosa detectada en el municipio de Zapopan, donde se encontraron dos cuerpos y se arraigó a una persona, González de los Santos adelantó que dentro de las averiguaciones el dueño del lugar responde al apellido Félix, a quien ya se investiga.
Entrevistado en el marco del aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, el secretario de Seguridad, Alfonso Gutiérrez, reiteró su postura sobre la iniciativa de crear un cuerpo policial que se infiltre en la delincuencia organizada, como lo pretendido por el extinto Servicio Secreto y aseguró que es necesario y conveniente para Jalisco contar con dicho grupo élite.
“Jalisco está preparado para tener una policía infiltrada, ya no somos una policía de pueblo, estamos capacitados y hemos avanzado bastante”, afirmó.
Informó que tras la detección de un interno del reclusorio de Puente Grande que se dedicaba a la extorsión telefónica, se han llevado a cabo revisiones de los sistemas inhibidores de señales para celulares, incluso argumentó que la semana pasada miembros del Sistema Nacional de Seguridad acudieron al centro de readaptación para comprobar el funcionamiento de los aparatos.
“Estamos perfeccionándolos, el problema es que en los alrededores de los centros penitenciarios instalan antenas repetidoras de señal de celulares y eso afecta, porque los internos tienen acceso”, precisó.
lunes, febrero 05, 2007
Opinión - Jaime Hernandez
La seguridad del Estado versus los Derechos Humanos
Jornada Jalisco
Gracias a la oportuna presencia de integrantes de organismos civiles en el Congreso del Estado el pasado 31 de enero (videos de la manifestacion en el Congreso), se logró impedir momentáneamente la aprobación de la iniciativa que crea la policía secreta; medida que además contemplaba la creación de supuestos “tribunales especializados” y el cambio de identidad de agentes infiltrados en cualquier organización considerada “sospechosa”.
Era evidente que los diputados salientes no hubieran retirado de motu proprio la iniciativa del orden del día. La orden de Francisco Javier Ramírez Acuña, gobernador ex post facto, y de Octavio Solís Gómez, gobernador de derecho, era contundente; debía aprobarse a como diera lugar.
La propuesta, en conjunto, tenía y tiene por objeto criminalizar el descontento popular. Sólo se retiró del orden del día y podría regresar ya que fue aprobada en comisiones. Pero además tiene como fin privilegiar esa vieja tesis autoritaria de la supremacía del Estado por encima de los derechos de la persona. Un proyecto de esta naturaleza, es evidente, no es compatible con un sistema democrático y un régimen de libertades civiles y políticas.
Algunas voces sugieren que debe darse una discusión pública sobre esta propuesta. Y si bien en el fondo la idea es correcta, sucede que los derechos humanos son irrenunciables, inextinguibles e imprescriptibles, de manera que sólo daría pie a que por cualquier pretexto se intenten vulnerar. La propuesta es pues regresiva y contraria a la legalidad. Algunos ejemplos:
Habeas corpus
El habeas corpus es la presentación inmediata y la exhibición personal de un detenido. Este recurso procede contra toda detención ilegal o arbitraria sea militar o civil (incluso si fuera legal); procede incluso ante el juez que dio la orden. Cualquier persona que tenga conocimiento de alguna detención puede y debe exigir la presentación aun sin tener mayores datos de los agentes.
Sin embargo, la existencia de una policía secreta permitiría estados de excepción y el establecimiento de lugares clandestinos de detención y confinamiento. Por lo general estas agencias secretas niegan tener algún detenido.
Presunción de inocencia
Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad. Un señalamiento por policías encubiertos, que fabriquen pruebas y alteren hechos no admite la posibilidad de esta presunción esencial en la protección de los derechos humanos, dado que nuestro sistema penal no lo contempla.
Este principio fundamental y no otro, es el que debe incorporarse en el código penal de Jalisco. Sería fatal que cualquier persona que sea señalada por esos agentes encubiertos y como sucede ahora, sea detenido con la presunción de culpabilidad.
Control judicial
No basta que exista una orden judicial para detener o catear, sino cómo ha sido llevado a cabo y cómo ha sido realizada en la práctica. La inmediata puesta a disposición judicial de los detenidos es clave para evitar abusos. Toda detención debe ser controlada por un órgano judicial imparcial. Pero, con la existencia de policías encubiertos, los jueces no serían imparciales, serían de consigna. Un control judicial eficaz serviría para sancionar posibles actos que vulneren la integridad física y moral de un detenido. Los agentes encubiertos serían una amenaza hasta para el propio juez.
Detención preventiva
La presunción de inocencia combina con el derecho a estar sólo en comparecencia, es decir, en libertad, mientras se desarrolla el procedimiento y no se produzca en contra una sentencia condenatoria que sea consentida y ejecutoriada. Cualquier otro supuesto ha de ser considerado como un adelanto de la pena, lo que es cuestionable.
En muchos casos la prisión preventiva no se justifica, excepto que existan dudas sobre la posible sustracción de la justicia, y dado que en estas circunstancias no existen los detenidos in fraganti estaríamos ante un masivo espionaje para fabricar delitos y culpables.
Debido proceso
De principio a fin el debido proceso está torcido. No hay garantía de independencia de jueces frente a sus superiores jerárquicos; tampoco frente a grupos privados de intereses ni frente a una de las partes: los propios agentes encubiertos a los que debe conocer. ¿Cómo se apelará en segunda instancia?, ¿habrá una sala especializada?
Si todo se hace en secreto y con ocultamiento: ¿cómo se garantizará que no se juzgue dos veces o se elija libremente a un abogado defensor antes de que le impongan al detenido uno de oficio, sumiso y obediente al Ministerio Público?
Desapariciones forzadas
La desaparición forzada de personas implica la violación continuada de diversos derechos, tales como el derecho a la libertad y la integridad personal; además no se requiere estar “desaparecido” mucho tiempo, pues puede ser momentánea.
Por regla general la desaparición forzada tiene por objeto que las autoridades se hagan justicia “por mano propia”; tiene como trasfondo la aplicación de la “ley fuga” y los “suicidios espontáneos” dada la “repentina” depresión del detenido en los separos.
El Estado es responsable tanto sí participa en las desapariciones, como por tolerarlas, apoyarlas, no investigarlas, no sancionarlas o no repararlas. Toda persona tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a la información y la transparencia.
Pero la iniciativa anula que cualquier persona que demuestre interés jurídico, como defensores de derechos humanos y representantes de las ONG, puedan acceder al caso.
No debe confundirse seguridad pública con la seguridad del Estado. Como se observa, el Estado no tiene capacidad ilimitada para determinar a capricho causas que justifiquen combatir el supuesto crimen organizado con otras medidas criminales. En realidad el objetivo es otro: es combatir a la oposición política.
Jornada Jalisco
Gracias a la oportuna presencia de integrantes de organismos civiles en el Congreso del Estado el pasado 31 de enero (videos de la manifestacion en el Congreso), se logró impedir momentáneamente la aprobación de la iniciativa que crea la policía secreta; medida que además contemplaba la creación de supuestos “tribunales especializados” y el cambio de identidad de agentes infiltrados en cualquier organización considerada “sospechosa”.
Era evidente que los diputados salientes no hubieran retirado de motu proprio la iniciativa del orden del día. La orden de Francisco Javier Ramírez Acuña, gobernador ex post facto, y de Octavio Solís Gómez, gobernador de derecho, era contundente; debía aprobarse a como diera lugar.
La propuesta, en conjunto, tenía y tiene por objeto criminalizar el descontento popular. Sólo se retiró del orden del día y podría regresar ya que fue aprobada en comisiones. Pero además tiene como fin privilegiar esa vieja tesis autoritaria de la supremacía del Estado por encima de los derechos de la persona. Un proyecto de esta naturaleza, es evidente, no es compatible con un sistema democrático y un régimen de libertades civiles y políticas.
Algunas voces sugieren que debe darse una discusión pública sobre esta propuesta. Y si bien en el fondo la idea es correcta, sucede que los derechos humanos son irrenunciables, inextinguibles e imprescriptibles, de manera que sólo daría pie a que por cualquier pretexto se intenten vulnerar. La propuesta es pues regresiva y contraria a la legalidad. Algunos ejemplos:
Habeas corpus
El habeas corpus es la presentación inmediata y la exhibición personal de un detenido. Este recurso procede contra toda detención ilegal o arbitraria sea militar o civil (incluso si fuera legal); procede incluso ante el juez que dio la orden. Cualquier persona que tenga conocimiento de alguna detención puede y debe exigir la presentación aun sin tener mayores datos de los agentes.
Sin embargo, la existencia de una policía secreta permitiría estados de excepción y el establecimiento de lugares clandestinos de detención y confinamiento. Por lo general estas agencias secretas niegan tener algún detenido.
Presunción de inocencia
Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca su culpabilidad. Un señalamiento por policías encubiertos, que fabriquen pruebas y alteren hechos no admite la posibilidad de esta presunción esencial en la protección de los derechos humanos, dado que nuestro sistema penal no lo contempla.
Este principio fundamental y no otro, es el que debe incorporarse en el código penal de Jalisco. Sería fatal que cualquier persona que sea señalada por esos agentes encubiertos y como sucede ahora, sea detenido con la presunción de culpabilidad.
Control judicial
No basta que exista una orden judicial para detener o catear, sino cómo ha sido llevado a cabo y cómo ha sido realizada en la práctica. La inmediata puesta a disposición judicial de los detenidos es clave para evitar abusos. Toda detención debe ser controlada por un órgano judicial imparcial. Pero, con la existencia de policías encubiertos, los jueces no serían imparciales, serían de consigna. Un control judicial eficaz serviría para sancionar posibles actos que vulneren la integridad física y moral de un detenido. Los agentes encubiertos serían una amenaza hasta para el propio juez.
Detención preventiva
La presunción de inocencia combina con el derecho a estar sólo en comparecencia, es decir, en libertad, mientras se desarrolla el procedimiento y no se produzca en contra una sentencia condenatoria que sea consentida y ejecutoriada. Cualquier otro supuesto ha de ser considerado como un adelanto de la pena, lo que es cuestionable.
En muchos casos la prisión preventiva no se justifica, excepto que existan dudas sobre la posible sustracción de la justicia, y dado que en estas circunstancias no existen los detenidos in fraganti estaríamos ante un masivo espionaje para fabricar delitos y culpables.
Debido proceso
De principio a fin el debido proceso está torcido. No hay garantía de independencia de jueces frente a sus superiores jerárquicos; tampoco frente a grupos privados de intereses ni frente a una de las partes: los propios agentes encubiertos a los que debe conocer. ¿Cómo se apelará en segunda instancia?, ¿habrá una sala especializada?
Si todo se hace en secreto y con ocultamiento: ¿cómo se garantizará que no se juzgue dos veces o se elija libremente a un abogado defensor antes de que le impongan al detenido uno de oficio, sumiso y obediente al Ministerio Público?
Desapariciones forzadas
La desaparición forzada de personas implica la violación continuada de diversos derechos, tales como el derecho a la libertad y la integridad personal; además no se requiere estar “desaparecido” mucho tiempo, pues puede ser momentánea.
Por regla general la desaparición forzada tiene por objeto que las autoridades se hagan justicia “por mano propia”; tiene como trasfondo la aplicación de la “ley fuga” y los “suicidios espontáneos” dada la “repentina” depresión del detenido en los separos.
El Estado es responsable tanto sí participa en las desapariciones, como por tolerarlas, apoyarlas, no investigarlas, no sancionarlas o no repararlas. Toda persona tiene derecho a saber la verdad, tiene derecho a la información y la transparencia.
Pero la iniciativa anula que cualquier persona que demuestre interés jurídico, como defensores de derechos humanos y representantes de las ONG, puedan acceder al caso.
No debe confundirse seguridad pública con la seguridad del Estado. Como se observa, el Estado no tiene capacidad ilimitada para determinar a capricho causas que justifiquen combatir el supuesto crimen organizado con otras medidas criminales. En realidad el objetivo es otro: es combatir a la oposición política.
Confía bancada de AN legalizar la policía secreta en este mes
El tema se tiene que acelerar, afirmó el dirigente estatal del blanquiazul, Eduardo Rosales
Se tomarán en cuenta las opiniones de los expertos, no las de cualquier ocurrente, añadió
EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco
El Partido Acción Nacional (PAN) no da por muerta la creación de una policía secreta en el estado y urgirá a que se aprueben las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada antes de concluir el sexenio, enfatizó el presidente del blanquiazul en el estado, Eduardo Rosales, quien estimó que para su aceptación solamente se tomarán en cuenta las opiniones de expertos y no habrá posturas demagógicas.
Tras lavarse las manos la pasada legislatura y dejar de lado la creación de un cuerpo policial que intervendría infiltrado en grupos delictivos, se esperaba que las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada quedaran en la congeladora legislativa y de esta manera disminuir la presión social arremetida en su contra; sin embargo, los panistas continuarán en su empeño de lograr sacar adelante el proyecto presentado por gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, así lo deja claro el líder estatal.
“Sí, es urgente y se tendría que analizar lo más pronto posible y espero que pueda salir este mismo mes”, sentenció tras interrogarlo sobre la aprobación de la medida antes de que concluya el mandato de Solís Gómez, que como autor de la iniciativa, se prevé de manera velada que Jalisco sea el experimento a nivel nacional de proyectos de este tipo impulsados por el gobernador con licencia y hoy secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
Además, consideró que el decreto de ley que se aprobó en primera lectura y fue rechazado de la orden del día para su segunda lectura y aprobación el último día de la 57 Legislatura del Congreso, gracias a la negociación entre fuerzas políticas para amarrar plazas que beneficiaron a priístas, verde ecologistas y perredistas a cambio de asegurar el nombramiento del nuevo secretario general, Alfredo Argüelles, tiene que pasar por un estudio y análisis de expertos especialistas en temas de seguridad y dejar de lado opiniones ocurrentes.
“Es un tema que se tiene que acelerar y las opiniones que tienen que ser tomadas más en cuenta son las de los expertos en temas de seguridad, no en la de cualquier ocurrente que sin ser especialista actúe con una demagogia sin fundamento para quedar bien o tener elementos para su rueda de prensa semanal”, fustigó en clara alusión a los organismos empresariales como la Coparmex y la Canaco, cuyos dirigentes, Luis Fernando Pérez Aguayo y José María Andrés Villalobos, se han mostrado como acérrimos enemigos de la posibilidad de que ejerza en Jalisco una policía secreta y se obsequie el cambio de identidad a los agentes en una clara evasión de la acción de la justicia so pretexto de obedecer órdenes en actos ilegales.
“Me parece que han emitido opiniones con ligereza mientras sus agremiados sufren las consecuencias de una falta de herramientas de los elementos de seguridad, seguramente si les preguntan a sus agremiados no opinarían igual, nada más que como son organismos que no necesariamente son democráticos, no tenemos posibilidad ni certeza para saberlo”, arremetió Rosales.
Destacó que una vez que se instalen las comisiones en el Congreso y se determine a quienes las presidirán sostendrá pláticas con su fracción para llevar a buen término todos los asuntos pendientes que le interesan a su partido, uno de ellos y de los prioritarios, las polémicas inclusiones a la ley de los juzgados especializados contra la delincuencia organizada, la figura del policía encubierto y el cambio de identidad de los agentes.
Rosales Castellanos puntualizó que es urgente aprobar la medida y no esperar a que se dé el cambio de autoridades estatales, con el gobernador Emilio González Márquez.
Trascendió que al interior del equipo de transición del mandatario electo, la polémica despertada por el posible regreso de la policía secreta no sería prioritario en caso de no aprobarse antes del primero de marzo, por lo que al grupo de Ramírez Acuña y sus operadores políticos, Jorge Salinas –coordinador de los diputados locales–, y Eduardo Rosales, pugnarán por el reconocimiento de las reformas antes de que concluya el periodo de Gerardo Octavio Solís, quien al dejar el cargo podría encargarse en la Secretaría de Gobernación, al lado de Ramírez Acuña de promover y autorizar el proyecto en todo el país.
Se tomarán en cuenta las opiniones de los expertos, no las de cualquier ocurrente, añadió
EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco
El Partido Acción Nacional (PAN) no da por muerta la creación de una policía secreta en el estado y urgirá a que se aprueben las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada antes de concluir el sexenio, enfatizó el presidente del blanquiazul en el estado, Eduardo Rosales, quien estimó que para su aceptación solamente se tomarán en cuenta las opiniones de expertos y no habrá posturas demagógicas.
Tras lavarse las manos la pasada legislatura y dejar de lado la creación de un cuerpo policial que intervendría infiltrado en grupos delictivos, se esperaba que las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada quedaran en la congeladora legislativa y de esta manera disminuir la presión social arremetida en su contra; sin embargo, los panistas continuarán en su empeño de lograr sacar adelante el proyecto presentado por gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, así lo deja claro el líder estatal.
“Sí, es urgente y se tendría que analizar lo más pronto posible y espero que pueda salir este mismo mes”, sentenció tras interrogarlo sobre la aprobación de la medida antes de que concluya el mandato de Solís Gómez, que como autor de la iniciativa, se prevé de manera velada que Jalisco sea el experimento a nivel nacional de proyectos de este tipo impulsados por el gobernador con licencia y hoy secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
Además, consideró que el decreto de ley que se aprobó en primera lectura y fue rechazado de la orden del día para su segunda lectura y aprobación el último día de la 57 Legislatura del Congreso, gracias a la negociación entre fuerzas políticas para amarrar plazas que beneficiaron a priístas, verde ecologistas y perredistas a cambio de asegurar el nombramiento del nuevo secretario general, Alfredo Argüelles, tiene que pasar por un estudio y análisis de expertos especialistas en temas de seguridad y dejar de lado opiniones ocurrentes.
“Es un tema que se tiene que acelerar y las opiniones que tienen que ser tomadas más en cuenta son las de los expertos en temas de seguridad, no en la de cualquier ocurrente que sin ser especialista actúe con una demagogia sin fundamento para quedar bien o tener elementos para su rueda de prensa semanal”, fustigó en clara alusión a los organismos empresariales como la Coparmex y la Canaco, cuyos dirigentes, Luis Fernando Pérez Aguayo y José María Andrés Villalobos, se han mostrado como acérrimos enemigos de la posibilidad de que ejerza en Jalisco una policía secreta y se obsequie el cambio de identidad a los agentes en una clara evasión de la acción de la justicia so pretexto de obedecer órdenes en actos ilegales.
“Me parece que han emitido opiniones con ligereza mientras sus agremiados sufren las consecuencias de una falta de herramientas de los elementos de seguridad, seguramente si les preguntan a sus agremiados no opinarían igual, nada más que como son organismos que no necesariamente son democráticos, no tenemos posibilidad ni certeza para saberlo”, arremetió Rosales.
Destacó que una vez que se instalen las comisiones en el Congreso y se determine a quienes las presidirán sostendrá pláticas con su fracción para llevar a buen término todos los asuntos pendientes que le interesan a su partido, uno de ellos y de los prioritarios, las polémicas inclusiones a la ley de los juzgados especializados contra la delincuencia organizada, la figura del policía encubierto y el cambio de identidad de los agentes.
Rosales Castellanos puntualizó que es urgente aprobar la medida y no esperar a que se dé el cambio de autoridades estatales, con el gobernador Emilio González Márquez.
Trascendió que al interior del equipo de transición del mandatario electo, la polémica despertada por el posible regreso de la policía secreta no sería prioritario en caso de no aprobarse antes del primero de marzo, por lo que al grupo de Ramírez Acuña y sus operadores políticos, Jorge Salinas –coordinador de los diputados locales–, y Eduardo Rosales, pugnarán por el reconocimiento de las reformas antes de que concluya el periodo de Gerardo Octavio Solís, quien al dejar el cargo podría encargarse en la Secretaría de Gobernación, al lado de Ramírez Acuña de promover y autorizar el proyecto en todo el país.
sábado, febrero 03, 2007
Histórico 31 de Enero en el Congreso de Jalisco
LA VOZ DEL PUEBLO, LA VOZ DE DIOS
UN GRUPO DE CIUDADANOS VALIENTES TOMAN LA TRIBUNA DEL CONGRESO
EL PUEBLO TIENE LA ÚLTIMA PALABRA
UN GRUPO DE CIUDADANOS VALIENTES TOMAN LA TRIBUNA DEL CONGRESO
EL PUEBLO TIENE LA ÚLTIMA PALABRA
viernes, febrero 02, 2007
Debe la 58 Legislatura reflexionar bien sobre el proyecto de la policía secreta: Barba García
Existe la posibilidad de que los nuevos diputados retomen la iniciativa de ley
Faltó establecer los criterios éticos que serán normas jurídicas, señaló el ombudsman jalisciense
JUAN CARLOS G. PARTIDA - Jornada Jalisco
Ante la inminencia de que la nueva Legislatura que ayer entró en funciones en Jalisco retome la iniciativa de ley que envió hace menos de un mes el gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, al Congreso para crear una policía secreta estatal, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Carlos Manuel Barba García, recomendó a los nuevos diputados que hagan “una completa reflexión del proyecto, estableciendo también los criterios éticos que en última instancia se van a convertir en las normas jurídicas, que fue a nuestro juicio lo que faltó”.
Luego de reunirse con el director de Quejas, Orientación y Seguimiento, además del secretario ejecutivo de la CEDHJ para estudiar la iniciativa y el dictamen que ya pasó la primera lectura en el pleno legislativo, el ombudsman dijo que a título de ellos tres se percibió que la exposición presentada por el gobernador interino “no justificaba la necesidad de establecer a la policía infiltrada, ni jurídica ni socialmente.
“No decían cuáles iban a ser las formas en que, por ejemplo, un policía infiltrado posteriormente iba a declarar en contra de la persona que tuviera sujeta a un procedimiento judicial”, dijo, lo cual recordó que es una garantía constitucional. “Eso podría dar lugar también a aspectos de inconstitucionalidad que tendrían que ser resueltos previamente a la elaboración de esta ley.
“En lo que se refiere a esta famosa infiltración de agentes investigadores dentro de la delincuencia organizada no estaba suficientemente motivada en la ley estableciendo todos los supuestos que se podrían dar para que estos agentes de la policía en un momento dado tuvieran los candados necesarios para no ser, a través de una justificación legal, aliados de la delincuencia”.
Afirmó que del análisis hecho por los tres funcionarios de la CEDHJ, se concluyó la anticonstitucionalidad del proyecto de ley que contravenía el espíritu de los artículos 17 y 20 en relación con que la justicia debe ser completa, imparcial y sin favoritismos, como sucedía en el caso de los agentes del Ministerio Público y a los jueces.
“Por eso se necesita que se estudie más, que se motive más y que se contemplen los posibles escenarios. El artículo 20 constitucional establece en una de sus fracciones que uno tiene el derecho de saber quién lo acusa, de qué lo acusa, y también quién declara en su contra, una pregunta que no tiene contestación todavía, sobre todo con los cambios de nombre e identificación”, agregó.
También afirmó que un aspecto fundamental es recordar las experiencias que en Jalisco se tuvo con policías con este tipo de prerrogativas, experiencias “que no fueron nada positivas, fueron épocas en que hubo una violación patente de derechos humanos y garantías individuales”.
Por ello, concluyó, a falta de motivación “no se tuvieron los suficientes razonamientos de tipo jurídico y ético para sostener la justificación de estas policías”.
Faltó establecer los criterios éticos que serán normas jurídicas, señaló el ombudsman jalisciense
JUAN CARLOS G. PARTIDA - Jornada Jalisco
Ante la inminencia de que la nueva Legislatura que ayer entró en funciones en Jalisco retome la iniciativa de ley que envió hace menos de un mes el gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, al Congreso para crear una policía secreta estatal, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Carlos Manuel Barba García, recomendó a los nuevos diputados que hagan “una completa reflexión del proyecto, estableciendo también los criterios éticos que en última instancia se van a convertir en las normas jurídicas, que fue a nuestro juicio lo que faltó”.
Luego de reunirse con el director de Quejas, Orientación y Seguimiento, además del secretario ejecutivo de la CEDHJ para estudiar la iniciativa y el dictamen que ya pasó la primera lectura en el pleno legislativo, el ombudsman dijo que a título de ellos tres se percibió que la exposición presentada por el gobernador interino “no justificaba la necesidad de establecer a la policía infiltrada, ni jurídica ni socialmente.
“No decían cuáles iban a ser las formas en que, por ejemplo, un policía infiltrado posteriormente iba a declarar en contra de la persona que tuviera sujeta a un procedimiento judicial”, dijo, lo cual recordó que es una garantía constitucional. “Eso podría dar lugar también a aspectos de inconstitucionalidad que tendrían que ser resueltos previamente a la elaboración de esta ley.
“En lo que se refiere a esta famosa infiltración de agentes investigadores dentro de la delincuencia organizada no estaba suficientemente motivada en la ley estableciendo todos los supuestos que se podrían dar para que estos agentes de la policía en un momento dado tuvieran los candados necesarios para no ser, a través de una justificación legal, aliados de la delincuencia”.
Afirmó que del análisis hecho por los tres funcionarios de la CEDHJ, se concluyó la anticonstitucionalidad del proyecto de ley que contravenía el espíritu de los artículos 17 y 20 en relación con que la justicia debe ser completa, imparcial y sin favoritismos, como sucedía en el caso de los agentes del Ministerio Público y a los jueces.
“Por eso se necesita que se estudie más, que se motive más y que se contemplen los posibles escenarios. El artículo 20 constitucional establece en una de sus fracciones que uno tiene el derecho de saber quién lo acusa, de qué lo acusa, y también quién declara en su contra, una pregunta que no tiene contestación todavía, sobre todo con los cambios de nombre e identificación”, agregó.
También afirmó que un aspecto fundamental es recordar las experiencias que en Jalisco se tuvo con policías con este tipo de prerrogativas, experiencias “que no fueron nada positivas, fueron épocas en que hubo una violación patente de derechos humanos y garantías individuales”.
Por ello, concluyó, a falta de motivación “no se tuvieron los suficientes razonamientos de tipo jurídico y ético para sostener la justificación de estas policías”.
jueves, febrero 01, 2007
Golpes y caos en la última sesión de la 57 Legislatura del Congreso estatal
Con el cinismo del deber cumplido, golpes, toma de tribuna, dos recesos, dos sesiones, manifestaciones de encubiertos, inconformidades sindicales, presiones para aprobar de última hora dictámenes de Ley y una despedida sin mariachi, concluyó la LVII Legislatura.
Los ánimos subieron de tono, cuando un grupo de exbraceros intentó tomar la tribuna, provocando la intervención de los cuerpos de seguridad. En ese ambiente el presidente de la mesa directiva del Congreso, Enrique García aceptó los errores emitidos en tres años y dio el cerrojazo a los trabajos de 40 diputados que se distinguieron por los abusos y dispendio a las finazas públicas.
Ayer, cerca de las dos de la tarde, al iniciar la primera de las dos sesiones programadas se citó a los escasos 31 diputados que deambulaban por los pasillos para que ocuparan su curul y aprobaran sin escollos la licencia por tiempo indefinido del diputado Alfredo Argüelles Basave, quien minutos después de recibir 28 votos a favor y dos en contra, rindió protesta como secretario general del Congreso por unas horas, con la intención de amarrar con la siguiente legislatura y ser el escudero que evitará las auditorias a los salientes.
De nada valieron las denuncias penales en contra del diputado por solicitar 10 millones de pesos para garantizar el incremento en la tarifa del transporte, ni los juicios políticos que tenía en su contra.
Al mismo tiempo y en paquete, aprobaron el presupuesto de egresos 2007 por 460 millones de pesos y se autorizó el cambio de firmas para los siguientes legisladores, todo en menos de 15 minutos. Después en un largo y angustiante receso donde continuaron los estira y afloja en la Junta de Coordinación Política un tema dominó: la aprobación de las reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
El consenso al interior de la bancada de los blanquiazules nunca se logró. El diputado presidente de la comisión de cultura, Gabriel Guerra Bejar, amenazó inclusive, con abandonar el pleno y no votar las reformas que lo harían cómplice en una reforma que carece de respaldo social. Otra de las diputadas panistas inconformes ante la indefinición y la falta de información sobre los cambios de última hora realizados en el decreto de ley aprobado en comisiones el pasado 17 de enero, fue Cielo López Díaz Barriga, quién mostró dudas al desconocer el texto que se aprobaría o rechazaría.
Los legisladores de todas las fracciones votaron en blanco la primera lectura del decreto de ley porque no recibieron el documento durante la pasada sesión del miércoles 24, aceptaron desconocer el documento tal como se aprobó y entre los coordinadores se negociaron cambios para la segunda lectura, modificaciones que al reanudarse la sesión eran clasificadas como reservadas.
En los pasillos y en una incisiva forma de externar su repudio al regreso del servicio secreto, un grupo de simpatizantes de redes ciudadanas con indumentaria de agentes secretos se infiltraron entre la gente que esperaba el inicio de la última sesión ordinaria, con letreros que signaban, “soy un diputado infiltrado”.
“No es posible que exista la obediencia de vida en la que bajo las directrices de obediencia de los jefes, puedes matar, desaparecer o golpear bajo la premisa de que están persiguiendo un delincuente y eso bajo ninguna circunstancia o régimen de derecho debe existir. No porque exista un servicio secreto en Estados Unidos tenemos que traer una calca en la peor expresión y con facultades discrecionales y de manera absurda. Son copias burdas, siniestras, nefastas,que quieren hacer bajo el supuesto amparo de la ley”, dijeron tajantes los inconformes.
La cereza del pastel en el cierre de la legislatura la colocó el que fuera diputado suplente de Joaquín Domínguez, Catarino Olea Velásquez, que exigió a través de un oficio a la Secretaría General y con fecha de enero del 2007, una computadora laptop, “toda vez que tengo derecho a ella, de conformidad al acuerdo de la Comisión de Administración del mes de febrero del 2004, durante el tiempo que fui diputado de esta Legislatura”.
miércoles, enero 31, 2007
PRI y PRD dicen no a la policía secreta; el PAN ofrece asumir todo el costo político de la iniciativa
El panista Rafael Ocampo convocó a reunión urgente a Enrique García y Salvador Cosío
Ultimos intentos de Acción Nacional por reunir los votos suficientes para la reforma
EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco
Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD en el Congreso del Estado, Enrique García y Salvador Cosío, respectivamente, anunciaron ayer que dejarán solos a los panistas en su intento por aprobar las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, con las que se pretende crear en la entidad una policía secreta y legalizar el espionaje. Los diputados priístas y perredistas subrayaron que no cederán a las presiones del gobernador interino, Gerardo Ocatvio Solís, quien se ha asumido como el principal impulsor y defensor de las enmiendas legislativas.
Sin embargo, ya cerca de la medianoche, el líder de los diputados locales de Acción Nacional, Rodolfo Ocampo, mantenía firme su compromiso de sacar adelante la iniciativa del Ejecutivo y poco antes de convocar a una reunión urgente a sus homólogos del PRI y del PRD, se reunió con los 19 integrantes de su bancada con el propósito de convencer a los indecisos de la "pertinencia" de mantener la unidad interna, a fin de fortalecer su posición en la negociación final. El resultado de ese cabildeo se verá esta tarde en el recinto parlamentario, cuando en el último día de sesiones de la actual Legislatura se defina el futuro de la controvertida iniciativa, cuya autoría es atribuida en diferentes círculos políticos y sociales al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien de acuerdo con estas versiones estaría utilizando a Jalisco como el laboratorio para un proyecto de alcance nacional.
Así, en un claro mensaje a priístas y perredistas, los panistas que defienden este proyecto de ley aseguraron, inclusive, que están dispuestos a asumir todo el costo político y social que implique la aprobación de las reformas. Y en su afanosa búsqueda por amarrar los votos que les asegure la mayoría calificada que se requiere, propusieron aprobarla por la vía del fast track, es decir, sin discusión ni mayor análisis en el pleno. El costo político, insistieron, será todo de ellos.
Pero a pesar de la velada presión a perredistas y priístas, el hecho es que los promotores de la iniciativa tuvieron que sortear anoche las impugnaciones dentro de su propio partido, toda vez que algunos diputados del PAN, identificados con el próximo gobernador, Emilio González Márquez, han manifestado serias dudas sobre la conveniencia de sacar adelante un proyecto que no cuenta con el respaldo social y que podría acarrearle más problemas que beneficios al futuro jefe del Ejecutivo estatal, amén de que se trata de un proyecto con el sello único de Ramírez Acuña.
La negociación al interior de la bancada del blanquiazul se prolongó hasta ya avanzada la noche y todos los protagonistas optaron por guardar silencio. El único que sí alzó la voz, generando una presión extra, fue el coordinador de los diputados del PAN que entrarán en funciones mañana, abogando entre sus correligionarios de la 57 Legislatura para que avalen el dictamen "y no le dejen esa carga a su bancada".
Los diputados panistas que rechazan las enmiendas argumentan, por un lado, la falta de sustento jurídico de la medida, que ya levantó ámpula entre diversos sectores de la población al descubrirse las presiones y amenazas del mandatario estatal, y por el otro, la inconveniencia política de llevar a buen puerto una iniciativa que se presentó por consigna del secretario de Gobernación.
Tan cerrada y ríspida se tornó la discusión entre los panistas, que nadie se atrevió a hacer pronósticos, pues todo hace indicar que será minutos antes de la sesión –programada para iniciar a las 12 horas de este miércoles– cuando se defina si hay línea, si se omite se de la orden del día o, como una tercera opción, se hace un exhorto a la 58 Legislatura a retormar el paquete de reformas. De cualquier forma, y a sabiendas de que más tarde haría un último intento por convencer al PRD y al PRI de reconsiderar su postura, Rafael Ocampo pidió a los integrantes de su bancada no faltar a esta última sesión, con la esperanza de, finalmente, amarrar los votos suficientes.
Todo hacía indicar, empero, que Ocampo iba a contracorriente, pues horas antes de la encerrona panista y de la convocatoria a Cosío y García, priístas y perredistas habían reiterado su negativa a votar la iniciativa.
La fracción de tricolor sustentó su rechazo en la propuesta que presentó su vocal en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, Javier Hidalgo y Costilla, quien sugirió dejar pasar la la iniciativa de ley –que ya fue bautizada como la ley de la tortura sin rostro– hasta hacer un análisis a fondo de sus implicaciones políticas y sociales.
En el mismo sentido se pronunció la bancada del sol azteca, que en voz de Cosío no votará a favor de un dictamen plagado de buena intenciones pero sin el respaldo de la sociedad, por los riesgos que la creación de una policía secreta implicaría.
Ultimos intentos de Acción Nacional por reunir los votos suficientes para la reforma
EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco
Los coordinadores parlamentarios del PRI y del PRD en el Congreso del Estado, Enrique García y Salvador Cosío, respectivamente, anunciaron ayer que dejarán solos a los panistas en su intento por aprobar las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, con las que se pretende crear en la entidad una policía secreta y legalizar el espionaje. Los diputados priístas y perredistas subrayaron que no cederán a las presiones del gobernador interino, Gerardo Ocatvio Solís, quien se ha asumido como el principal impulsor y defensor de las enmiendas legislativas.
Sin embargo, ya cerca de la medianoche, el líder de los diputados locales de Acción Nacional, Rodolfo Ocampo, mantenía firme su compromiso de sacar adelante la iniciativa del Ejecutivo y poco antes de convocar a una reunión urgente a sus homólogos del PRI y del PRD, se reunió con los 19 integrantes de su bancada con el propósito de convencer a los indecisos de la "pertinencia" de mantener la unidad interna, a fin de fortalecer su posición en la negociación final. El resultado de ese cabildeo se verá esta tarde en el recinto parlamentario, cuando en el último día de sesiones de la actual Legislatura se defina el futuro de la controvertida iniciativa, cuya autoría es atribuida en diferentes círculos políticos y sociales al secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien de acuerdo con estas versiones estaría utilizando a Jalisco como el laboratorio para un proyecto de alcance nacional.
Así, en un claro mensaje a priístas y perredistas, los panistas que defienden este proyecto de ley aseguraron, inclusive, que están dispuestos a asumir todo el costo político y social que implique la aprobación de las reformas. Y en su afanosa búsqueda por amarrar los votos que les asegure la mayoría calificada que se requiere, propusieron aprobarla por la vía del fast track, es decir, sin discusión ni mayor análisis en el pleno. El costo político, insistieron, será todo de ellos.
Pero a pesar de la velada presión a perredistas y priístas, el hecho es que los promotores de la iniciativa tuvieron que sortear anoche las impugnaciones dentro de su propio partido, toda vez que algunos diputados del PAN, identificados con el próximo gobernador, Emilio González Márquez, han manifestado serias dudas sobre la conveniencia de sacar adelante un proyecto que no cuenta con el respaldo social y que podría acarrearle más problemas que beneficios al futuro jefe del Ejecutivo estatal, amén de que se trata de un proyecto con el sello único de Ramírez Acuña.
La negociación al interior de la bancada del blanquiazul se prolongó hasta ya avanzada la noche y todos los protagonistas optaron por guardar silencio. El único que sí alzó la voz, generando una presión extra, fue el coordinador de los diputados del PAN que entrarán en funciones mañana, abogando entre sus correligionarios de la 57 Legislatura para que avalen el dictamen "y no le dejen esa carga a su bancada".
Los diputados panistas que rechazan las enmiendas argumentan, por un lado, la falta de sustento jurídico de la medida, que ya levantó ámpula entre diversos sectores de la población al descubrirse las presiones y amenazas del mandatario estatal, y por el otro, la inconveniencia política de llevar a buen puerto una iniciativa que se presentó por consigna del secretario de Gobernación.
Tan cerrada y ríspida se tornó la discusión entre los panistas, que nadie se atrevió a hacer pronósticos, pues todo hace indicar que será minutos antes de la sesión –programada para iniciar a las 12 horas de este miércoles– cuando se defina si hay línea, si se omite se de la orden del día o, como una tercera opción, se hace un exhorto a la 58 Legislatura a retormar el paquete de reformas. De cualquier forma, y a sabiendas de que más tarde haría un último intento por convencer al PRD y al PRI de reconsiderar su postura, Rafael Ocampo pidió a los integrantes de su bancada no faltar a esta última sesión, con la esperanza de, finalmente, amarrar los votos suficientes.
Todo hacía indicar, empero, que Ocampo iba a contracorriente, pues horas antes de la encerrona panista y de la convocatoria a Cosío y García, priístas y perredistas habían reiterado su negativa a votar la iniciativa.
La fracción de tricolor sustentó su rechazo en la propuesta que presentó su vocal en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso, Javier Hidalgo y Costilla, quien sugirió dejar pasar la la iniciativa de ley –que ya fue bautizada como la ley de la tortura sin rostro– hasta hacer un análisis a fondo de sus implicaciones políticas y sociales.
En el mismo sentido se pronunció la bancada del sol azteca, que en voz de Cosío no votará a favor de un dictamen plagado de buena intenciones pero sin el respaldo de la sociedad, por los riesgos que la creación de una policía secreta implicaría.
Denuncia el PRI presiones de Solís Gómez para aprobar la iniciativa de la policía secreta
Los diputados del PAN inconformes fueron amenazados con auditarlos si no se disciplinan
El líder de la Coparmex en Jalisco rechaza el proyecto y anuncia que se ampararán
EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco
Las presiones del gobernador del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, que en forma desesperada intenta forzar a los legisladores del Congreso para autorizar antes de que concluya su periodo las controvertidas reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que permitiría operar de forma legal a la policía secreta y el cambio de identidad, no han surtido efecto hasta el momento.
El decreto de ley se mantiene en reserva al interior de la bancada de Acción Nacional por la falta de consenso, situación que ha provocado que algunos diputados sean amenazados de ser sometidos a una auditoría, en caso de no disciplinarse con la decisión cupular.
En tanto, en el grupo parlamentario del PRI se multiplicaron las voces en contra de la iniciativa del gobierno panista, al tiempo que denunciaron las presiones de que han sido objeto por el propio Solís Gómez.
La posibilidad de crear una policía política en la entidad provocó también la airada reacción del dirigente de la Confederación Patronal de la República en Jalisco, Luis Fernando Pérez Aguayo, quien incluso advirtió que el organismo empresarial podría ampararse en caso de que el Legislativo apruebe las reformas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el priísta Alberto Maldonado Chavarín, puso al descubierto los enjuagues del gobernador y los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD.
“El gobernador interino está promoviendo, está presionando para que esto (la iniciativa) pase a través del cabildeo con los diputados de Acción Nacional y la Junta de Coordinación Política; por lo menos eso nos ha dicho Enrique García, nuestro coordinador al interior de la bancada, que es una petición reiterada del Ejecutivo que esto pase.
"Me da la impresión de que se está haciendo con los pies, por no decirlo de otra manera, a partir de que hay una desesperación porque esta sea la legislatura que lo apruebe cuando es un tema sumamente grave”, denunció.
El legislador confirmó las versiones de presiones ejercidas por el gobernador interino, mismas que fueron rechazadas el pasado viernes por su compañero de bancada, Javier Hidalgo y Costilla; sin embargo, Maldonado Chavarín aceptó que la polémica ley, que avizora el regreso del Servicio Secreto a Jalisco ha carecido del consenso suficiente para trabajarla.
“Yo sostengo y apoyo a la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, a las ONG y a la sociedad civil organizada que han manifestado que es un tema que se tiene que discutir con toda calma y dando el tiempo necesario para la discusión y no hacerlo de manera sorpresiva, intempestiva, como (el gobernador) pretende que se realice antes de concluir la legislatura, estaré luchando hasta el último día para que no sea esta legislatura la que al vapor quiera aprobarlo por aprobarlo”, sentenció.
El legislador del tricolor externó serias dudas respecto a que el próximo gobernador, Emilio González Márquez, abrace el proyecto de un servicio secreto como una de sus prioridades; asimismo, dudó que la próxima legislatura se apropie del decreto de ley que puede entrar a segunda lectura y aprobación mañana miércoles, último día de la 57 Legislatura.
Consideró por demás grave que se llegara al extremo de forzar a los integrantes de la fracción del PRI para que acepten el dictamen, presión que delata una situación, por lo menos sospechosa, para el legislador, ya que el coordinador de su bancada mostró una gran indiferencia, al no realizar foros de consulta como los organizados para discutir la implementación de los juicios orales o las reformas a la Ley de Transparencia.
Maldonado Chavarín resaltó que mientras algunos de sus compañeros de bancada rechazan de facto la medida, otros muestran un total desconocimiento del tema, lo que hace más grave certificar la figura de un agente encubierto que no se precisa en el cuerpo de la ley cómo operará y deja sin especificar la forma en que cambiarán la identidad del policía, por lo que exigirán sesionar con expertos en el tema.
“Estoy con ellos en el sentido que se requiere platicar con expertos, porque la reunión que se tuvo la semana pasada con la Comisión de Derechos Humanos fue muy light y apenas se tocó el tema. Creo que en este caso en particular se debe dar el tiempo necesario para que la próxima legislatura retome el tema y sea la ciudadanía la que opine si quieren una policía secreta, sí quieren regresar a la época del oscurantismo, a la época que tanto se le criticó a mi partido, el PRI, donde había gente que no se sabía si eran delincuentes o policías los que hacían las detenciones”.
Coincidió con la opinión de la CEDHJ de la existencia y operatividad de policías encubiertos que trabajan en el estado y a nivel federal, por lo que lanzó un exhorto a todos los sectores de la sociedad para evitar a toda costa que las reformas se concreten.
“Hemos socializado nuestro temor por razones muy importantes, por los ciudadanos, por las madres de familia y las familias no sólo del estado, sino del país, a las que se les causó mucho dolor, momentos de tragedia, de desesperación con la policía secreta”, indicó.
Al respecto, tanto el diputado Aristóteles Sandoval, como Juvenal Esparza, y Alberto Maldonado coincidieron que la fracción del PRI votará en contra del retorno del Servicio Secreto.
El polémico decreto enviado por el Ejecutivo estatal mantiene a las fracciones políticas del Congreso confrontadas al exterior y al interior de sus bancadas y la de Acción Nacional no pudo quedarse al margen de la discusión y en reunión previa a la sesión de ayer, en la que se preveía que se presentaría a segunda lectura, los integrantes del blanquiazul se enfrascaron en un álgido intercambio de ideas y de advertencias de auditorías sobre los dispendios financieros de esta legislatura, en caso que concluyera el plazo aprobatorio y la medida quedara como herencia. El resultado: se retiró de la orden del día.
Algunos de los legisladores blanquiazules que estuvieron presentes en la reunión, a la que no asistió el coordinador, Rodolfo Ocampo, manifestaron que han sido objeto de chantajes para consentir las reformas vía fast track en esta legislatura; en caso contrario, serán víctimas de una puntual auditoría a sus gastos y exhibidos en la próxima legislatura.
No obstante, recalcaron que los acuerdos para llevar a término una cierta cantidad de leyes fue entre los coordinadores de las diferentes bancadas con el Ejecutivo en una reunión la semana pasada, lo que causó el malestar entre algunos diputados de Acción Nacional, que no comparten ni aprueban la decisión cupular.
La fracción de Acción Nacional denota a su interior un resquebrajamiento, al grado de no poder asegurar los 21 votos que se requieren para que la iniciativa se convierta en ley y se publique en el Periódico Oficial del Estado.
Coparmex podría ampararse
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su presidente, Luis Fernando Pérez Aguayo, lanzó un enérgico llamado al pleno del Congreso del Estado para evitar que lleven a la realidad la ley que autorice una policía secreta por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos y sostuvo que es de llamar la atención que en tres años fue imposible que acordaran sobre una reforma en materia de seguridad y a unas horas de terminar su encomienda aprueben la operación de espías.
El líder patronal advirtió que de concretarse la reforma en el Congreso, la Coparmex puede llegar al extremo de solicitar amparos para evitar la aparición del cuerpo policial infiltrado, palabras que avaló la vicepresidenta del organismo, Martha Susana Rodríguez, quien fustigó al increpar que la ley nació muerta por la premura de los diputados de aprobarla y reprobó las reformas, a las que criticó de mal elaboradas por la falta de supervisión de los elementos y la latente posibilidad de ser presas de abusos o extorsiones por parte de los elementos encubiertos.
El líder de la Coparmex en Jalisco rechaza el proyecto y anuncia que se ampararán
EUGENIA BARAJAS - Jornada Jalisco
Las presiones del gobernador del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, que en forma desesperada intenta forzar a los legisladores del Congreso para autorizar antes de que concluya su periodo las controvertidas reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que permitiría operar de forma legal a la policía secreta y el cambio de identidad, no han surtido efecto hasta el momento.
El decreto de ley se mantiene en reserva al interior de la bancada de Acción Nacional por la falta de consenso, situación que ha provocado que algunos diputados sean amenazados de ser sometidos a una auditoría, en caso de no disciplinarse con la decisión cupular.
En tanto, en el grupo parlamentario del PRI se multiplicaron las voces en contra de la iniciativa del gobierno panista, al tiempo que denunciaron las presiones de que han sido objeto por el propio Solís Gómez.
La posibilidad de crear una policía política en la entidad provocó también la airada reacción del dirigente de la Confederación Patronal de la República en Jalisco, Luis Fernando Pérez Aguayo, quien incluso advirtió que el organismo empresarial podría ampararse en caso de que el Legislativo apruebe las reformas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el priísta Alberto Maldonado Chavarín, puso al descubierto los enjuagues del gobernador y los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD.
“El gobernador interino está promoviendo, está presionando para que esto (la iniciativa) pase a través del cabildeo con los diputados de Acción Nacional y la Junta de Coordinación Política; por lo menos eso nos ha dicho Enrique García, nuestro coordinador al interior de la bancada, que es una petición reiterada del Ejecutivo que esto pase.
"Me da la impresión de que se está haciendo con los pies, por no decirlo de otra manera, a partir de que hay una desesperación porque esta sea la legislatura que lo apruebe cuando es un tema sumamente grave”, denunció.
El legislador confirmó las versiones de presiones ejercidas por el gobernador interino, mismas que fueron rechazadas el pasado viernes por su compañero de bancada, Javier Hidalgo y Costilla; sin embargo, Maldonado Chavarín aceptó que la polémica ley, que avizora el regreso del Servicio Secreto a Jalisco ha carecido del consenso suficiente para trabajarla.
“Yo sostengo y apoyo a la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, a las ONG y a la sociedad civil organizada que han manifestado que es un tema que se tiene que discutir con toda calma y dando el tiempo necesario para la discusión y no hacerlo de manera sorpresiva, intempestiva, como (el gobernador) pretende que se realice antes de concluir la legislatura, estaré luchando hasta el último día para que no sea esta legislatura la que al vapor quiera aprobarlo por aprobarlo”, sentenció.
El legislador del tricolor externó serias dudas respecto a que el próximo gobernador, Emilio González Márquez, abrace el proyecto de un servicio secreto como una de sus prioridades; asimismo, dudó que la próxima legislatura se apropie del decreto de ley que puede entrar a segunda lectura y aprobación mañana miércoles, último día de la 57 Legislatura.
Consideró por demás grave que se llegara al extremo de forzar a los integrantes de la fracción del PRI para que acepten el dictamen, presión que delata una situación, por lo menos sospechosa, para el legislador, ya que el coordinador de su bancada mostró una gran indiferencia, al no realizar foros de consulta como los organizados para discutir la implementación de los juicios orales o las reformas a la Ley de Transparencia.
Maldonado Chavarín resaltó que mientras algunos de sus compañeros de bancada rechazan de facto la medida, otros muestran un total desconocimiento del tema, lo que hace más grave certificar la figura de un agente encubierto que no se precisa en el cuerpo de la ley cómo operará y deja sin especificar la forma en que cambiarán la identidad del policía, por lo que exigirán sesionar con expertos en el tema.
“Estoy con ellos en el sentido que se requiere platicar con expertos, porque la reunión que se tuvo la semana pasada con la Comisión de Derechos Humanos fue muy light y apenas se tocó el tema. Creo que en este caso en particular se debe dar el tiempo necesario para que la próxima legislatura retome el tema y sea la ciudadanía la que opine si quieren una policía secreta, sí quieren regresar a la época del oscurantismo, a la época que tanto se le criticó a mi partido, el PRI, donde había gente que no se sabía si eran delincuentes o policías los que hacían las detenciones”.
Coincidió con la opinión de la CEDHJ de la existencia y operatividad de policías encubiertos que trabajan en el estado y a nivel federal, por lo que lanzó un exhorto a todos los sectores de la sociedad para evitar a toda costa que las reformas se concreten.
“Hemos socializado nuestro temor por razones muy importantes, por los ciudadanos, por las madres de familia y las familias no sólo del estado, sino del país, a las que se les causó mucho dolor, momentos de tragedia, de desesperación con la policía secreta”, indicó.
Al respecto, tanto el diputado Aristóteles Sandoval, como Juvenal Esparza, y Alberto Maldonado coincidieron que la fracción del PRI votará en contra del retorno del Servicio Secreto.
El polémico decreto enviado por el Ejecutivo estatal mantiene a las fracciones políticas del Congreso confrontadas al exterior y al interior de sus bancadas y la de Acción Nacional no pudo quedarse al margen de la discusión y en reunión previa a la sesión de ayer, en la que se preveía que se presentaría a segunda lectura, los integrantes del blanquiazul se enfrascaron en un álgido intercambio de ideas y de advertencias de auditorías sobre los dispendios financieros de esta legislatura, en caso que concluyera el plazo aprobatorio y la medida quedara como herencia. El resultado: se retiró de la orden del día.
Algunos de los legisladores blanquiazules que estuvieron presentes en la reunión, a la que no asistió el coordinador, Rodolfo Ocampo, manifestaron que han sido objeto de chantajes para consentir las reformas vía fast track en esta legislatura; en caso contrario, serán víctimas de una puntual auditoría a sus gastos y exhibidos en la próxima legislatura.
No obstante, recalcaron que los acuerdos para llevar a término una cierta cantidad de leyes fue entre los coordinadores de las diferentes bancadas con el Ejecutivo en una reunión la semana pasada, lo que causó el malestar entre algunos diputados de Acción Nacional, que no comparten ni aprueban la decisión cupular.
La fracción de Acción Nacional denota a su interior un resquebrajamiento, al grado de no poder asegurar los 21 votos que se requieren para que la iniciativa se convierta en ley y se publique en el Periódico Oficial del Estado.
Coparmex podría ampararse
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su presidente, Luis Fernando Pérez Aguayo, lanzó un enérgico llamado al pleno del Congreso del Estado para evitar que lleven a la realidad la ley que autorice una policía secreta por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos y sostuvo que es de llamar la atención que en tres años fue imposible que acordaran sobre una reforma en materia de seguridad y a unas horas de terminar su encomienda aprueben la operación de espías.
El líder patronal advirtió que de concretarse la reforma en el Congreso, la Coparmex puede llegar al extremo de solicitar amparos para evitar la aparición del cuerpo policial infiltrado, palabras que avaló la vicepresidenta del organismo, Martha Susana Rodríguez, quien fustigó al increpar que la ley nació muerta por la premura de los diputados de aprobarla y reprobó las reformas, a las que criticó de mal elaboradas por la falta de supervisión de los elementos y la latente posibilidad de ser presas de abusos o extorsiones por parte de los elementos encubiertos.
Para infiltrarse, los policías tendrían que cometer delitos, advierte Red Ciudadana
El colectivo se opone a la modificación de la Ley contra la Delincuencia
REDACCION
Debido a que “se altera el orden de la libre participación y expresión, no sólo de organizaciones sociales y de partidos políticos, sino también de diferentes medios de comunicación”, Red Ciudadana, el principal colectivo de organismos civiles en Jalisco, hizo público la mañana de ayer su rechazo a la posible creación de la llamada policía secreta como alternativa para el combate a la delincuencia, pues la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada que mañana podría aprobarse en el Congreso no considera temas claves para entender integralmente la seguridad pública, como son la seguridad laboral, el desempleo, la crisis de valores en la sociedad actual, ni la falta de ética en los medios de comunicación.
José de Jesús Gutiérrez, presidente de la red, afirmó que en caso de aprobarse la iniciativa ya convertida en dictamen y promovida por el gobernador interino Gerardo Octavio Solís, ejercerían recursos jurídicos para detenerla.
Aseguró que con la policía secreta no se resolverían los grandes problemas de seguridad pública ni mucho menos los de seguridad nacional, como el narcotráfico, en donde esta policía no tendría ninguna incidencia, debido a que el tema sólo le compete al Ejército. Por lo que, dijo, no se justifica en lo absoluto la aprobación de tal iniciativa. Además, lo que preocupa es la premura con la que se quiere sacar ya que la consideramos como una prueba de laboratorio de represión y hostigamiento social para lo que puede llegar a pasar a nivel nacional con las complicaciones económicas que se ven venir, no sólo las alzas de los precios en los alimentos, sino también con los pésimos salarios, la falta de seguridad laboral y la desaceleración de la economía de Estados Unidos.
Esta iniciativa no contempla la crisis en la sociedad actual, que es una sociedad de consumo e individualista. Tampoco contempla la actitud anti ética de algunos medios de comunicación, que engrandecen a delincuentes con impactos negativos directos en la juventud. Por ello, sugirió, es necesario trabajar estos temas desde las familias, no con policías encubiertos con mayores facilidades para delinquir.
Para la red esta iniciativa implica un retroceso debido a que es sabido que la policía es famosa por su deshonestidad y corrupción, así como la impunidad de la que gozan, la cual se incrementaría.
“Está comprobado por sociólogos y sicólogos que existen pruebas en los grupos delincuenciales para poder ingresar a sus organizaciones, tales como violaciones, asaltos y hasta asesinatos. Entonces los policías tendrían que hacer delitos para combatir el delito”, dijo Gutiérrez.
En rueda de prensa, Red Ciudadana criticó todos los pendientes dejados por la 57 Legislatura en materia de vialidad, transporte público, atención a adultos mayores, discriminación, hacienda y altos salarios de funcionarios.
REDACCION
Debido a que “se altera el orden de la libre participación y expresión, no sólo de organizaciones sociales y de partidos políticos, sino también de diferentes medios de comunicación”, Red Ciudadana, el principal colectivo de organismos civiles en Jalisco, hizo público la mañana de ayer su rechazo a la posible creación de la llamada policía secreta como alternativa para el combate a la delincuencia, pues la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada que mañana podría aprobarse en el Congreso no considera temas claves para entender integralmente la seguridad pública, como son la seguridad laboral, el desempleo, la crisis de valores en la sociedad actual, ni la falta de ética en los medios de comunicación.
José de Jesús Gutiérrez, presidente de la red, afirmó que en caso de aprobarse la iniciativa ya convertida en dictamen y promovida por el gobernador interino Gerardo Octavio Solís, ejercerían recursos jurídicos para detenerla.
Aseguró que con la policía secreta no se resolverían los grandes problemas de seguridad pública ni mucho menos los de seguridad nacional, como el narcotráfico, en donde esta policía no tendría ninguna incidencia, debido a que el tema sólo le compete al Ejército. Por lo que, dijo, no se justifica en lo absoluto la aprobación de tal iniciativa. Además, lo que preocupa es la premura con la que se quiere sacar ya que la consideramos como una prueba de laboratorio de represión y hostigamiento social para lo que puede llegar a pasar a nivel nacional con las complicaciones económicas que se ven venir, no sólo las alzas de los precios en los alimentos, sino también con los pésimos salarios, la falta de seguridad laboral y la desaceleración de la economía de Estados Unidos.
Esta iniciativa no contempla la crisis en la sociedad actual, que es una sociedad de consumo e individualista. Tampoco contempla la actitud anti ética de algunos medios de comunicación, que engrandecen a delincuentes con impactos negativos directos en la juventud. Por ello, sugirió, es necesario trabajar estos temas desde las familias, no con policías encubiertos con mayores facilidades para delinquir.
Para la red esta iniciativa implica un retroceso debido a que es sabido que la policía es famosa por su deshonestidad y corrupción, así como la impunidad de la que gozan, la cual se incrementaría.
“Está comprobado por sociólogos y sicólogos que existen pruebas en los grupos delincuenciales para poder ingresar a sus organizaciones, tales como violaciones, asaltos y hasta asesinatos. Entonces los policías tendrían que hacer delitos para combatir el delito”, dijo Gutiérrez.
En rueda de prensa, Red Ciudadana criticó todos los pendientes dejados por la 57 Legislatura en materia de vialidad, transporte público, atención a adultos mayores, discriminación, hacienda y altos salarios de funcionarios.
Tres notas del Periodico Publico sobre la Policia Secreta
‘Policía secreta’ suma rechazos
La patronal pidió a los diputados frenar el proyecto que les envió el Ejecutivo estatal
La Coparmex Jalisco destacó que el accionar de agentes encubiertos en Jalisco violaría derechos humanos y la Constitución, y prometió recurrir al amparo en caso de que se apruebe la propuesta.
29-Enero-07 - Publico
Como una “pistola cargada en contra de todos los ciudadanos”, definió la representación en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a la propuesta para establecer una policía secreta o encubierta en la entidad. Por una batería de argumentos que van desde violaciones a los derechos humanos y a la Constitución hasta falta de recursos, el organismo anunció que emprenderá acciones para evitar que la polémica iniciativa, que ha sido apoyada por el Ejecutivo, sea finalmente aprobada por la actual Legislatura, la cual, paradójicamente, no sacó adelante las reformas que pedían los empresarios en materia de seguridad, como cambios en el Código Penal.
El presidente de la Coparmex en Jalisco, Luis Fernando Pérez Aguayo, recordó que el pasado jueves el Congreso local aprobó en primera lectura la polémica iniciativa, por lo que la Legislatura tiene hasta mañana para rechazarla o aprobarla. Ante ello, pidió a los diputados no dar luz verde al proyecto. En caso contrario, recordó que el gobernador (en este caso Gerardo Octavio Solís, quien fue el que presentó la iniciativa en cuestión) tiene la facultad para oponerse a la propuesta o devolverla al Legislativo. En caso de que no ocurra ninguno de los escenarios anteriores, anticipó que la patronal recurrirá a amparos por inconstitucionalidad para frenar la decisión.
Muchos son los argumentos que esgrimió la patronal para criticar al proyecto. Los primeros fueron expuestos por Pérez Aguayo, quien recordó que en ningún Estado democrático del mundo hay policías encubiertas de ámbito estatal. “En países muy desarrollados sí hay algunas policías secretas, pero muy enfocadas a asuntos de carácter federal”. Además, tampoco hay cuerpos policiales de ese tipo en ninguna entidad mexicana.
Después, Martha Susana Rodríguez Aceves, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Coparmex, dijo que la iniciativa es “inconstitucional, porque el procedimiento constitucional establece que tienes que tener la garantía de saber por qué se te está investigando, de defenderte y de ofrecer pruebas. Con una policía encubierta te pueden decir después de un año ‘tú no sabes pero fulanito que trabajaba contigo era policía encubierto y dice que estabas organizando un acto de traición a la patria’, y no tuviste ni medio de defensa ni procedimiento. Eso es una policía secreta”.
Después de recordar que las policías secretas como la Gestapo en la Alemania nazi o la KGB en la Rusia comunista ya desaparecieron, Rodríguez Aceves dijo que la propuesta que se analiza en Jalisco viola siete artículos de la Constitución que establecen “que las personas solamente podemos ser investigadas por una orden judicial o ministerial que te diga por qué. Estamos pugnando para que haya mejor tipo de juicios y una mejor forma de impartir justicia, y ahora con la intención de crear una policía encubierta no solamente no tenemos la soluciones en materia de seguridad, sino que aparte nos están diciendo que van a destinar un presupuesto del gobierno del estado para una policía secreta, ¿de dónde? ¿Quién lo va a controlar?”.
Así, coincidieron en que al ser una policía que actuará a manera de “espías” entre la sociedad, los agentes podrían prestarse para realizar investigaciones políticas, económicas o sociales, que podrían afectar a “los ciudadanos en general, no sólo al sector privado, a todos, medios de comunicación, organismos, empresas”.
Además, lamentaron que la Legislatura esté imprimiéndole velocidad al trámite de esta iniciativa, cuando los diputados no aprobaron las reformas que la iniciativa privada considera más necesarias para mejorar el ámbito de la seguridad, como las reformas al Código Penal, al sistema penitenciario, al Código de Procedimientos Civiles, a la Ley Electoral (para limitar las precampañas) e incluso a la Ley de Fiscalización, entre otros pendientes.
Una oposición creciente
(Público)
• La oposición de la Coparmex Jalisco al proyecto de crear la figura de policías encubiertos se suma a una creciente lista de actores públicos que han expresado quejas ante la idea.En principio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y organismos civiles afines han señalado que la iniciativa rebasa toda facultad legal, además de que pondría en peligro a grupos críticos del gobierno estatal. La CEDHJ advirtió que podría apelar el carácter anticonstitucional de la figura jurídica.
La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México criticó que una policía secreta facilitaría acciones arbitrarias de la autoridad y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Celso Rodríguez González, criticó que la información de los policías encubiertos pondría en peligro a los jueces de los nuevos juzgados contra la delincuencia organizada, al dejarlos “señalados” para los delincuentes.
- Claves
Razones del “no”
• La Coparmex Jalisco aseguró que una policía encubierta sería violatoria de las libertades individuales y de los derechos humanos, porque las personas no sabrán que están siendo investigadas ni las razones, ni tampoco quiénes son los que las investigarán
• La patronal también asegura que la propuesta viola cuando menos siete artículos de la Constitución (5, 14, 16, 17, 18, 19 y 20), que establecen que las personas tienen derecho a saber las razones por las que son investigadas por una orden judicial o ministerial
• También argumentó que en ningún lugar del mundo hay policía encubierta de ámbito estatal. Incluso, la Coparmex Jalisco señaló que en Estados Unidos, el FBI actúa encubierto pero a través de órdenes federales
• Recordó que el organismo encubierto requerirá de dinero público para su mantenimiento. Además, señaló que si hoy hay poco control sobre los agentes policiales (de sus trayectorias) menos habrá con una policía secreta, pues la iniciativa no prevé ningún sistema de rendición de cuentas
Guadalajara / Jesús Estrada Cortes
Los agentes encubiertos serían “un riesgo”, dice Red Ciudadana
Tendrían facilidades para cometer delitos y poco margen de investigación, dice la asociación civil
Cualquier grupo que disienta con el gobierno podría ser infiltrado, destacaron.
La iniciativa no contempla combate al narcotráfico, resaltó Red Ciudadana. Foto: Antonio Romero
30-Enero-07 - Publico
La asociación Red Ciudadana, AC se suma al coro de opositores en contra de la iniciativa de ley para crear la policía secreta o encubierta, que se estima podría ser aprobada mañana en el Congreso del Estado, en una operación fast track.
El presidente del organismo, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, expuso varios argumentos en contra de la figura de policías encubiertos o infiltrados, entre los cuales destacó la preocupación porque estos agentes “representarán un gran riesgo para los organismos no gubernamentales, partidos políticos y otras agrupaciones de la sociedad civil que disientan de la ideología de quienes ejerzan el mando en el estado”, pues debido a que su identidad apenas será del conocimiento de unos cuantos superiores, podrán realizar otras acciones “muy ajenas al combate del delito” y convertirse en aparatos de control que atenten contra la libertad de expresión y la pluralidad de ideas.
También son graves las facilidades que tendrían estos policías, pues con la identidad encubierta podrían incurrir en mayor violación a las garantías individuales. “Las corporaciones policiacas de Jalisco de por sí se han distinguido por afectar los derechos de los ciudadanos y la prueba es que en esta Administración aumentaron en 1,200 por ciento las quejas por violación a los derechos humanos”. Por otra parte, dijo que es “un absurdo combatir el delito cometiendo otros”, pues los infiltrados no tendrán acceso a la verdadera información importante “si obviamente no participan de actos delictivos y se ganan la confianza de quienes operan el crimen organizado”.
El psicólogo social y activista comentó que es ingenuo pensar que un “policía encubierto” obtendrá información valiosa sin participar en actos delictivos, e incluso comentó que para infiltrarse en las bandas criminales “se requiere pasar pruebas”, esto es, delitos, que pueden ser desde robos, homicidios y violaciones.
Lo que parece una sugerencia de película gangsteril, para los organismos ciudadanos no es algo tan alejado de la realidad, por lo que denostaron que “se utilicen recursos del Estado para financiar a un policía que se infiltre a una banda para cometer delitos y tener a la vez la figura del testigo protegido”. Gutiérrez Rodríguez indicó que esto es anticonstitucional y poco ético.
También descalificó el inconveniente que implica la naturaleza misma de la iniciativa (es una ley estatal, sólo aplicable para la investigación de delitos del fueron común), por lo que no se puede investigar al narcotráfico en todas sus modalidades, verdadero dolor de cabeza en cuanto a crimen organizado se refiere.
Red Ciudadana envió un documento a cada diputado, apelando a sus valores morales y principios éticos para no permitir “que se regrese al pasado” al sostener una policía secreta hitleriana, y adelantó que, de aprobarse la ley, se unirá a otras organizaciones en busca de revertir el que se dice “un experimento nacional”.
“Lo que le ven de anticonstitucional es lo que le da el éxito”
Ex policía secreto recuerda su trabajo en los 60
El entrevistado se convirtió en agente secreto del área de homicidios en 1966.
30-Enero-07 - Publico
Ser parte del Servicio Secreto fue una gran experiencia: la de formar parte de una verdadera policía de élite, caracterizada por su efectividad y fortalecida por la cooperación con otras corporaciones. Era tan efectiva que se le reconocía incluso más allá de las fronteras”.
Así se expresa un ex integrante de la Policía Secreta del Distrito Federal, quien formó parte de este cuerpo de seguridad desde 1966, “en que se creó para combatir la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas”, hasta 1978, “en que llegó Arturo Durazo y acabó con todo”.
Desde al anonimato, porque en los últimos años ha estado en el servicio público y muy ajeno a los asuntos de seguridad pública, el abogado de profesión explica que en aquel 1966 formó parte de un grupo de más de 90 estudiantes de derecho que fueron invitados a incorporarse a la naciente Policía Secreta. Se les entrenó con un curso especial de nueve meses, en que se impartieron técnicas de interrogatorio, criminología y defensa. El entrevistado se convirtió en agente secreto del área de homicidios, con un ingreso mensual que era superior al de los ministerios públicos y estima en alrededor de 20 mil pesos, a valores actuales.
Narra que la mitad de los estudiantes desertó. Los demás se integraron a brigadas con las policías federal (militar), la del Distrito Federal y la Secreta, que hacían equipo bajo el mando del general Luis Cueto Ramírez.
“Lo único que puedo decir es que los que entraban a la Policía Secreta tenían preparación en la academia de policía, un expediente limpio, por lo menos tres años de servicio y méritos. [...] Esto es importante, porque no tan fácil echar por la borda una carrera: éramos los policías académicos. En el mundo del hampa, a los [policías] de la Judicial les decían ‘los judas’, pero a nosotros, del servicio secreto, ‘Don Javier’”.
Recuerda que hubo tiempos difíciles. “En cuatro meses nos mataron a ocho compañeros. Pero también hubo momentos de gloria. Esclarecíamos los asuntos y agarrábamos a los responsables. Cuando la policía local llegaba, ya los traíamos detenidos”.
No titubea en señalar que parte del éxito era trabajar en forma secreta: “Lo que le ven de anticonstitucional es lo que le da el éxito. Fuimos tan efectivos que la Judicial de Durango nos llamó para que interviniéramos en la muerte de un obispo. Pero nos llamaban de Panamá y Costa Rica. Eso no era por tontos, sino por algo: porque resolvíamos los casos y había colaboración”.
Indica que tiene la expectativa de que en Jalisco se apruebe la ley que dé vida a la policía encubierta, que de alguna forma sería como el mal menor o el antídoto para combatir al hampa.
La patronal pidió a los diputados frenar el proyecto que les envió el Ejecutivo estatal
La Coparmex Jalisco destacó que el accionar de agentes encubiertos en Jalisco violaría derechos humanos y la Constitución, y prometió recurrir al amparo en caso de que se apruebe la propuesta.
29-Enero-07 - Publico
Como una “pistola cargada en contra de todos los ciudadanos”, definió la representación en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a la propuesta para establecer una policía secreta o encubierta en la entidad. Por una batería de argumentos que van desde violaciones a los derechos humanos y a la Constitución hasta falta de recursos, el organismo anunció que emprenderá acciones para evitar que la polémica iniciativa, que ha sido apoyada por el Ejecutivo, sea finalmente aprobada por la actual Legislatura, la cual, paradójicamente, no sacó adelante las reformas que pedían los empresarios en materia de seguridad, como cambios en el Código Penal.
El presidente de la Coparmex en Jalisco, Luis Fernando Pérez Aguayo, recordó que el pasado jueves el Congreso local aprobó en primera lectura la polémica iniciativa, por lo que la Legislatura tiene hasta mañana para rechazarla o aprobarla. Ante ello, pidió a los diputados no dar luz verde al proyecto. En caso contrario, recordó que el gobernador (en este caso Gerardo Octavio Solís, quien fue el que presentó la iniciativa en cuestión) tiene la facultad para oponerse a la propuesta o devolverla al Legislativo. En caso de que no ocurra ninguno de los escenarios anteriores, anticipó que la patronal recurrirá a amparos por inconstitucionalidad para frenar la decisión.
Muchos son los argumentos que esgrimió la patronal para criticar al proyecto. Los primeros fueron expuestos por Pérez Aguayo, quien recordó que en ningún Estado democrático del mundo hay policías encubiertas de ámbito estatal. “En países muy desarrollados sí hay algunas policías secretas, pero muy enfocadas a asuntos de carácter federal”. Además, tampoco hay cuerpos policiales de ese tipo en ninguna entidad mexicana.
Después, Martha Susana Rodríguez Aceves, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Coparmex, dijo que la iniciativa es “inconstitucional, porque el procedimiento constitucional establece que tienes que tener la garantía de saber por qué se te está investigando, de defenderte y de ofrecer pruebas. Con una policía encubierta te pueden decir después de un año ‘tú no sabes pero fulanito que trabajaba contigo era policía encubierto y dice que estabas organizando un acto de traición a la patria’, y no tuviste ni medio de defensa ni procedimiento. Eso es una policía secreta”.
Después de recordar que las policías secretas como la Gestapo en la Alemania nazi o la KGB en la Rusia comunista ya desaparecieron, Rodríguez Aceves dijo que la propuesta que se analiza en Jalisco viola siete artículos de la Constitución que establecen “que las personas solamente podemos ser investigadas por una orden judicial o ministerial que te diga por qué. Estamos pugnando para que haya mejor tipo de juicios y una mejor forma de impartir justicia, y ahora con la intención de crear una policía encubierta no solamente no tenemos la soluciones en materia de seguridad, sino que aparte nos están diciendo que van a destinar un presupuesto del gobierno del estado para una policía secreta, ¿de dónde? ¿Quién lo va a controlar?”.
Así, coincidieron en que al ser una policía que actuará a manera de “espías” entre la sociedad, los agentes podrían prestarse para realizar investigaciones políticas, económicas o sociales, que podrían afectar a “los ciudadanos en general, no sólo al sector privado, a todos, medios de comunicación, organismos, empresas”.
Además, lamentaron que la Legislatura esté imprimiéndole velocidad al trámite de esta iniciativa, cuando los diputados no aprobaron las reformas que la iniciativa privada considera más necesarias para mejorar el ámbito de la seguridad, como las reformas al Código Penal, al sistema penitenciario, al Código de Procedimientos Civiles, a la Ley Electoral (para limitar las precampañas) e incluso a la Ley de Fiscalización, entre otros pendientes.
Una oposición creciente
(Público)
• La oposición de la Coparmex Jalisco al proyecto de crear la figura de policías encubiertos se suma a una creciente lista de actores públicos que han expresado quejas ante la idea.En principio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) y organismos civiles afines han señalado que la iniciativa rebasa toda facultad legal, además de que pondría en peligro a grupos críticos del gobierno estatal. La CEDHJ advirtió que podría apelar el carácter anticonstitucional de la figura jurídica.
La Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México criticó que una policía secreta facilitaría acciones arbitrarias de la autoridad y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Celso Rodríguez González, criticó que la información de los policías encubiertos pondría en peligro a los jueces de los nuevos juzgados contra la delincuencia organizada, al dejarlos “señalados” para los delincuentes.
- Claves
Razones del “no”
• La Coparmex Jalisco aseguró que una policía encubierta sería violatoria de las libertades individuales y de los derechos humanos, porque las personas no sabrán que están siendo investigadas ni las razones, ni tampoco quiénes son los que las investigarán
• La patronal también asegura que la propuesta viola cuando menos siete artículos de la Constitución (5, 14, 16, 17, 18, 19 y 20), que establecen que las personas tienen derecho a saber las razones por las que son investigadas por una orden judicial o ministerial
• También argumentó que en ningún lugar del mundo hay policía encubierta de ámbito estatal. Incluso, la Coparmex Jalisco señaló que en Estados Unidos, el FBI actúa encubierto pero a través de órdenes federales
• Recordó que el organismo encubierto requerirá de dinero público para su mantenimiento. Además, señaló que si hoy hay poco control sobre los agentes policiales (de sus trayectorias) menos habrá con una policía secreta, pues la iniciativa no prevé ningún sistema de rendición de cuentas
Guadalajara / Jesús Estrada Cortes
Los agentes encubiertos serían “un riesgo”, dice Red Ciudadana
Tendrían facilidades para cometer delitos y poco margen de investigación, dice la asociación civil
Cualquier grupo que disienta con el gobierno podría ser infiltrado, destacaron.
La iniciativa no contempla combate al narcotráfico, resaltó Red Ciudadana. Foto: Antonio Romero
30-Enero-07 - Publico
La asociación Red Ciudadana, AC se suma al coro de opositores en contra de la iniciativa de ley para crear la policía secreta o encubierta, que se estima podría ser aprobada mañana en el Congreso del Estado, en una operación fast track.
El presidente del organismo, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, expuso varios argumentos en contra de la figura de policías encubiertos o infiltrados, entre los cuales destacó la preocupación porque estos agentes “representarán un gran riesgo para los organismos no gubernamentales, partidos políticos y otras agrupaciones de la sociedad civil que disientan de la ideología de quienes ejerzan el mando en el estado”, pues debido a que su identidad apenas será del conocimiento de unos cuantos superiores, podrán realizar otras acciones “muy ajenas al combate del delito” y convertirse en aparatos de control que atenten contra la libertad de expresión y la pluralidad de ideas.
También son graves las facilidades que tendrían estos policías, pues con la identidad encubierta podrían incurrir en mayor violación a las garantías individuales. “Las corporaciones policiacas de Jalisco de por sí se han distinguido por afectar los derechos de los ciudadanos y la prueba es que en esta Administración aumentaron en 1,200 por ciento las quejas por violación a los derechos humanos”. Por otra parte, dijo que es “un absurdo combatir el delito cometiendo otros”, pues los infiltrados no tendrán acceso a la verdadera información importante “si obviamente no participan de actos delictivos y se ganan la confianza de quienes operan el crimen organizado”.
El psicólogo social y activista comentó que es ingenuo pensar que un “policía encubierto” obtendrá información valiosa sin participar en actos delictivos, e incluso comentó que para infiltrarse en las bandas criminales “se requiere pasar pruebas”, esto es, delitos, que pueden ser desde robos, homicidios y violaciones.
Lo que parece una sugerencia de película gangsteril, para los organismos ciudadanos no es algo tan alejado de la realidad, por lo que denostaron que “se utilicen recursos del Estado para financiar a un policía que se infiltre a una banda para cometer delitos y tener a la vez la figura del testigo protegido”. Gutiérrez Rodríguez indicó que esto es anticonstitucional y poco ético.
También descalificó el inconveniente que implica la naturaleza misma de la iniciativa (es una ley estatal, sólo aplicable para la investigación de delitos del fueron común), por lo que no se puede investigar al narcotráfico en todas sus modalidades, verdadero dolor de cabeza en cuanto a crimen organizado se refiere.
Red Ciudadana envió un documento a cada diputado, apelando a sus valores morales y principios éticos para no permitir “que se regrese al pasado” al sostener una policía secreta hitleriana, y adelantó que, de aprobarse la ley, se unirá a otras organizaciones en busca de revertir el que se dice “un experimento nacional”.
“Lo que le ven de anticonstitucional es lo que le da el éxito”
Ex policía secreto recuerda su trabajo en los 60
El entrevistado se convirtió en agente secreto del área de homicidios en 1966.
30-Enero-07 - Publico
Ser parte del Servicio Secreto fue una gran experiencia: la de formar parte de una verdadera policía de élite, caracterizada por su efectividad y fortalecida por la cooperación con otras corporaciones. Era tan efectiva que se le reconocía incluso más allá de las fronteras”.
Así se expresa un ex integrante de la Policía Secreta del Distrito Federal, quien formó parte de este cuerpo de seguridad desde 1966, “en que se creó para combatir la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas”, hasta 1978, “en que llegó Arturo Durazo y acabó con todo”.
Desde al anonimato, porque en los últimos años ha estado en el servicio público y muy ajeno a los asuntos de seguridad pública, el abogado de profesión explica que en aquel 1966 formó parte de un grupo de más de 90 estudiantes de derecho que fueron invitados a incorporarse a la naciente Policía Secreta. Se les entrenó con un curso especial de nueve meses, en que se impartieron técnicas de interrogatorio, criminología y defensa. El entrevistado se convirtió en agente secreto del área de homicidios, con un ingreso mensual que era superior al de los ministerios públicos y estima en alrededor de 20 mil pesos, a valores actuales.
Narra que la mitad de los estudiantes desertó. Los demás se integraron a brigadas con las policías federal (militar), la del Distrito Federal y la Secreta, que hacían equipo bajo el mando del general Luis Cueto Ramírez.
“Lo único que puedo decir es que los que entraban a la Policía Secreta tenían preparación en la academia de policía, un expediente limpio, por lo menos tres años de servicio y méritos. [...] Esto es importante, porque no tan fácil echar por la borda una carrera: éramos los policías académicos. En el mundo del hampa, a los [policías] de la Judicial les decían ‘los judas’, pero a nosotros, del servicio secreto, ‘Don Javier’”.
Recuerda que hubo tiempos difíciles. “En cuatro meses nos mataron a ocho compañeros. Pero también hubo momentos de gloria. Esclarecíamos los asuntos y agarrábamos a los responsables. Cuando la policía local llegaba, ya los traíamos detenidos”.
No titubea en señalar que parte del éxito era trabajar en forma secreta: “Lo que le ven de anticonstitucional es lo que le da el éxito. Fuimos tan efectivos que la Judicial de Durango nos llamó para que interviniéramos en la muerte de un obispo. Pero nos llamaban de Panamá y Costa Rica. Eso no era por tontos, sino por algo: porque resolvíamos los casos y había colaboración”.
Indica que tiene la expectativa de que en Jalisco se apruebe la ley que dé vida a la policía encubierta, que de alguna forma sería como el mal menor o el antídoto para combatir al hampa.
martes, enero 30, 2007
Denuncia el PRI presiones de Solís Gómez para aprobar la iniciativa de la policía secreta
Los diputados del PAN inconformes fueron amenazados con auditarlos si no se disciplinan
El líder de la Coparmex en Jalisco rechaza el proyecto y anuncia que se ampararán
EUGENIA BARAJAS - Los
Las presiones del gobernador del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, que en forma de-sesperada intenta forzar a los legisladores del Congreso para autorizar antes de que concluya su periodo las controvertidas reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que permitiría operar de forma legal a la policía secreta y el cambio de identidad, no han surtido efecto hasta el momento.
El decreto de ley se mantiene en reserva al interior de la bancada de Acción Nacional por la falta de consenso, situación que ha provocado que algunos diputados sean amenazados de ser sometidos a una auditoría, en caso de no disciplinarse con la decisión cupular.
En tanto, en el grupo parlamentario del PRI se multiplicaron las voces en contra de la iniciativa del gobierno panista, al tiempo que denunciaron las presiones de que han sido objeto por el propio Solís Gómez.
La posibilidad de crear una policía política en la entidad provocó también la airada reacción del dirigente de la Confederación Patronal de la República en Jalisco, Luis Fernando Pérez Aguayo, quien incluso advirtió que el organismo empresarial podría ampararse en caso de que el Legislativo apruebe las reformas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el priísta Alberto Maldonado Chavarín, puso al descubierto los enjuagues del gobernador y los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD.
“El gobernador interino está promoviendo, está presionando para que esto (la iniciativa) pase a través del cabildeo con los diputados de Acción Nacional y la Junta de Coordinación Política; por lo menos eso nos ha dicho Enrique García, nuestro coordinador al interior de la bancada, que es una petición reiterada del Ejecutivo que esto pase.
"Me da la impresión de que se está haciendo con los pies, por no decirlo de otra manera, a partir de que hay una desesperación porque esta sea la legislatura que lo apruebe cuando es un tema sumamente grave”, denunció.
El legislador confirmó las versiones de presiones ejercidas por el gobernador interino, mismas que fueron rechazadas el pasado viernes por su compañero de bancada, Javier Hidalgo y Costilla; sin embargo, Maldonado Chavarín aceptó que la polémica ley, que avizora el regreso del Servicio Secreto a Jalisco ha carecido del consenso suficiente para trabajarla.
“Yo sostengo y apoyo a la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, a las ONG y a la sociedad civil organizada que han manifestado que es un tema que se tiene que discutir con toda calma y dando el tiempo necesario para la discusión y no hacerlo de manera sorpresiva, intempestiva, como (el gobernador) pretende que se realice antes de concluir la legislatura, estaré luchando hasta el último día para que no sea esta legislatura la que al vapor quiera aprobarlo por aprobarlo”, sentenció.
El legislador del tricolor externó serias dudas respecto a que el próximo gobernador, Emilio González Márquez, abrace el proyecto de un servicio secreto como una de sus prioridades; asimismo, dudó que la próxima legislatura se apropie del decreto de ley que puede entrar a segunda lectura y aprobación mañana miércoles, último día de la 57 Legislatura.
Consideró por demás grave que se llegara al extremo de forzar a los integrantes de la fracción del PRI para que acepten el dictamen, presión que delata una situación, por lo menos sospechosa, para el legislador, ya que el coordinador de su bancada mostró una gran indiferencia, al no realizar foros de consulta como los organizados para discutir la implementación de los juicios orales o las reformas a la Ley de Transparencia.
Maldonado Chavarín resaltó que mientras algunos de sus compañeros de bancada rechazan de facto la medida, otros muestran un total desconocimiento del tema, lo que hace más grave certificar la figura de un agente encubierto que no se precisa en el cuerpo de la ley cómo operará y deja sin especificar la forma en que cambiarán la identidad del policía, por lo que exigirán sesionar con expertos en el tema.
“Estoy con ellos en el sentido que se requiere platicar con expertos, porque la reunión que se tuvo la semana pasada con la Comisión de Derechos Humanos fue muy light y apenas se tocó el tema. Creo que en este caso en particular se debe dar el tiempo necesario para que la próxima legislatura retome el tema y sea la ciudadanía la que opine si quieren una policía secreta, sí quieren regresar a la época del oscurantismo, a la época que tanto se le criticó a mi partido, el PRI, donde había gente que no se sabía si eran delincuentes o policías los que hacían las detenciones”.
Coincidió con la opinión de la CEDHJ de la existencia y operatividad de policías encubiertos que trabajan en el estado y a nivel federal, por lo que lanzó un exhorto a todos los sectores de la sociedad para evitar a toda costa que las reformas se concreten.
“Hemos socializado nuestro temor por razones muy importantes, por los ciudadanos, por las madres de familia y las familias no sólo del estado, sino del país, a las que se les causó mucho dolor, momentos de tragedia, de desesperación con la policía secreta”, indicó.
Al respecto, tanto el diputado Aristóteles Sandoval, como Juvenal Esparza, y Alberto Maldonado coincidieron que la fracción del PRI votará en contra del retorno del Servicio Secreto.
El polémico decreto enviado por el Ejecutivo estatal mantiene a las fracciones políticas del Congreso confrontadas al exterior y al interior de sus bancadas y la de Acción Nacional no pudo quedarse al margen de la discusión y en reunión previa a la sesión de ayer, en la que se preveía que se presentaría a segunda lectura, los integrantes del blanquiazul se enfrascaron en un álgido intercambio de ideas y de advertencias de auditorías sobre los dispendios financieros de esta legislatura, en caso que concluyera el plazo aprobatorio y la medida quedara como herencia. El resultado: se retiró de la orden del día.
Algunos de los legisladores blanquiazules que estuvieron presentes en la reunión, a la que no asistió el coordinador, Rodolfo Ocampo, manifestaron que han sido objeto de chantajes para consentir las reformas vía fast track en esta legislatura; en caso contrario, serán víctimas de una puntual auditoría a sus gastos y exhibidos en la próxima legislatura.
No obstante, recalcaron que los acuerdos para llevar a término una cierta cantidad de leyes fue entre los coordinadores de las diferentes bancadas con el Ejecutivo en una reunión la semana pasada, lo que causó el malestar entre algunos diputados de Acción Nacional, que no comparten ni aprueban la decisión cupular.
La fracción de Acción Nacional denota a su interior un resquebrajamiento, al grado de no poder asegurar los 21 votos que se requieren para que la iniciativa se convierta en ley y se publique en el Periódico Oficial del Estado.
Coparmex podría ampararse
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su presidente, Luis Fernando Pérez Aguayo, lanzó un enérgico llamado al pleno del Congreso del Estado para evitar que lleven a la realidad la ley que autorice una policía secreta por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos y sostuvo que es de llamar la atención que en tres años fue imposible que acordaran sobre una reforma en materia de seguridad y a unas horas de terminar su encomienda aprueben la operación de espías.
El líder patronal advirtió que de concretarse la reforma en el Congreso, la Coparmex puede llegar al extremo de solicitar amparos para evitar la aparición del cuerpo policial infiltrado, palabras que avaló la vicepresidenta del organismo, Martha Susana Rodríguez, quien fustigó al increpar que la ley nació muerta por la premura de los diputados de aprobarla y reprobó las reformas, a las que criticó de mal elaboradas por la falta de supervisión de los elementos y la latente posibilidad de ser presas de abusos o extorsiones por parte de los elementos encubiertos.
El líder de la Coparmex en Jalisco rechaza el proyecto y anuncia que se ampararán
EUGENIA BARAJAS - Los
Las presiones del gobernador del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, que en forma de-sesperada intenta forzar a los legisladores del Congreso para autorizar antes de que concluya su periodo las controvertidas reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que permitiría operar de forma legal a la policía secreta y el cambio de identidad, no han surtido efecto hasta el momento.
El decreto de ley se mantiene en reserva al interior de la bancada de Acción Nacional por la falta de consenso, situación que ha provocado que algunos diputados sean amenazados de ser sometidos a una auditoría, en caso de no disciplinarse con la decisión cupular.
En tanto, en el grupo parlamentario del PRI se multiplicaron las voces en contra de la iniciativa del gobierno panista, al tiempo que denunciaron las presiones de que han sido objeto por el propio Solís Gómez.
La posibilidad de crear una policía política en la entidad provocó también la airada reacción del dirigente de la Confederación Patronal de la República en Jalisco, Luis Fernando Pérez Aguayo, quien incluso advirtió que el organismo empresarial podría ampararse en caso de que el Legislativo apruebe las reformas.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, el priísta Alberto Maldonado Chavarín, puso al descubierto los enjuagues del gobernador y los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD.
“El gobernador interino está promoviendo, está presionando para que esto (la iniciativa) pase a través del cabildeo con los diputados de Acción Nacional y la Junta de Coordinación Política; por lo menos eso nos ha dicho Enrique García, nuestro coordinador al interior de la bancada, que es una petición reiterada del Ejecutivo que esto pase.
"Me da la impresión de que se está haciendo con los pies, por no decirlo de otra manera, a partir de que hay una desesperación porque esta sea la legislatura que lo apruebe cuando es un tema sumamente grave”, denunció.
El legislador confirmó las versiones de presiones ejercidas por el gobernador interino, mismas que fueron rechazadas el pasado viernes por su compañero de bancada, Javier Hidalgo y Costilla; sin embargo, Maldonado Chavarín aceptó que la polémica ley, que avizora el regreso del Servicio Secreto a Jalisco ha carecido del consenso suficiente para trabajarla.
“Yo sostengo y apoyo a la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, a las ONG y a la sociedad civil organizada que han manifestado que es un tema que se tiene que discutir con toda calma y dando el tiempo necesario para la discusión y no hacerlo de manera sorpresiva, intempestiva, como (el gobernador) pretende que se realice antes de concluir la legislatura, estaré luchando hasta el último día para que no sea esta legislatura la que al vapor quiera aprobarlo por aprobarlo”, sentenció.
El legislador del tricolor externó serias dudas respecto a que el próximo gobernador, Emilio González Márquez, abrace el proyecto de un servicio secreto como una de sus prioridades; asimismo, dudó que la próxima legislatura se apropie del decreto de ley que puede entrar a segunda lectura y aprobación mañana miércoles, último día de la 57 Legislatura.
Consideró por demás grave que se llegara al extremo de forzar a los integrantes de la fracción del PRI para que acepten el dictamen, presión que delata una situación, por lo menos sospechosa, para el legislador, ya que el coordinador de su bancada mostró una gran indiferencia, al no realizar foros de consulta como los organizados para discutir la implementación de los juicios orales o las reformas a la Ley de Transparencia.
Maldonado Chavarín resaltó que mientras algunos de sus compañeros de bancada rechazan de facto la medida, otros muestran un total desconocimiento del tema, lo que hace más grave certificar la figura de un agente encubierto que no se precisa en el cuerpo de la ley cómo operará y deja sin especificar la forma en que cambiarán la identidad del policía, por lo que exigirán sesionar con expertos en el tema.
“Estoy con ellos en el sentido que se requiere platicar con expertos, porque la reunión que se tuvo la semana pasada con la Comisión de Derechos Humanos fue muy light y apenas se tocó el tema. Creo que en este caso en particular se debe dar el tiempo necesario para que la próxima legislatura retome el tema y sea la ciudadanía la que opine si quieren una policía secreta, sí quieren regresar a la época del oscurantismo, a la época que tanto se le criticó a mi partido, el PRI, donde había gente que no se sabía si eran delincuentes o policías los que hacían las detenciones”.
Coincidió con la opinión de la CEDHJ de la existencia y operatividad de policías encubiertos que trabajan en el estado y a nivel federal, por lo que lanzó un exhorto a todos los sectores de la sociedad para evitar a toda costa que las reformas se concreten.
“Hemos socializado nuestro temor por razones muy importantes, por los ciudadanos, por las madres de familia y las familias no sólo del estado, sino del país, a las que se les causó mucho dolor, momentos de tragedia, de desesperación con la policía secreta”, indicó.
Al respecto, tanto el diputado Aristóteles Sandoval, como Juvenal Esparza, y Alberto Maldonado coincidieron que la fracción del PRI votará en contra del retorno del Servicio Secreto.
El polémico decreto enviado por el Ejecutivo estatal mantiene a las fracciones políticas del Congreso confrontadas al exterior y al interior de sus bancadas y la de Acción Nacional no pudo quedarse al margen de la discusión y en reunión previa a la sesión de ayer, en la que se preveía que se presentaría a segunda lectura, los integrantes del blanquiazul se enfrascaron en un álgido intercambio de ideas y de advertencias de auditorías sobre los dispendios financieros de esta legislatura, en caso que concluyera el plazo aprobatorio y la medida quedara como herencia. El resultado: se retiró de la orden del día.
Algunos de los legisladores blanquiazules que estuvieron presentes en la reunión, a la que no asistió el coordinador, Rodolfo Ocampo, manifestaron que han sido objeto de chantajes para consentir las reformas vía fast track en esta legislatura; en caso contrario, serán víctimas de una puntual auditoría a sus gastos y exhibidos en la próxima legislatura.
No obstante, recalcaron que los acuerdos para llevar a término una cierta cantidad de leyes fue entre los coordinadores de las diferentes bancadas con el Ejecutivo en una reunión la semana pasada, lo que causó el malestar entre algunos diputados de Acción Nacional, que no comparten ni aprueban la decisión cupular.
La fracción de Acción Nacional denota a su interior un resquebrajamiento, al grado de no poder asegurar los 21 votos que se requieren para que la iniciativa se convierta en ley y se publique en el Periódico Oficial del Estado.
Coparmex podría ampararse
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a través de su presidente, Luis Fernando Pérez Aguayo, lanzó un enérgico llamado al pleno del Congreso del Estado para evitar que lleven a la realidad la ley que autorice una policía secreta por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos y sostuvo que es de llamar la atención que en tres años fue imposible que acordaran sobre una reforma en materia de seguridad y a unas horas de terminar su encomienda aprueben la operación de espías.
El líder patronal advirtió que de concretarse la reforma en el Congreso, la Coparmex puede llegar al extremo de solicitar amparos para evitar la aparición del cuerpo policial infiltrado, palabras que avaló la vicepresidenta del organismo, Martha Susana Rodríguez, quien fustigó al increpar que la ley nació muerta por la premura de los diputados de aprobarla y reprobó las reformas, a las que criticó de mal elaboradas por la falta de supervisión de los elementos y la latente posibilidad de ser presas de abusos o extorsiones por parte de los elementos encubiertos.
lunes, enero 29, 2007
Opinión - Jorge Antonio Hernandez Velazquez
Economías emergentes y economías sumergidas
Jornada Jalisco
Brasil, China e India, como economías emergentes, acapararon la atención de los asistentes al Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. Por su parte, México, pese a los esfuerzos del presidente Calderón por convencer a los grandes inversionistas de que “México, si no es la tierra prometida, sí es la tierra del futuro”, tuvo que conformarse con aparecer ante los grandes capitalistas como una “economía sumergida”. Sumergida en una serie de problemas de carácter multidimensional que se han vuelto evidentes para todo el mundo, excepto para el gobierno mexicano. Y es que México ha perdido terreno prácticamente en todos los rubros de competitividad internacional, debido a los profundos problemas sociales que se han desatendido, priorizando el combate a algunas de sus secuelas como lo es la inseguridad.
Brasil, el gigante sudamericano al que se suele comparar con nuestro país en el ámbito latinoamericano, mostró que ha generado un gran liderazgo regional a partir del crecimiento y profundización del Mercosur y que ha desarrollado alianzas estratégicas de las denominadas sur-sur con países de otras regiones que poseen niveles de desarrollo comparable o presentan áreas de oportunidad en sectores estratégicos. Tal es el caso de sus acercamientos por ejemplo con Rusia, India y China, considerados junto con Brasil como los integrantes del bloque de potencias regionales emergentes denominado BRIC y que hoy por hoy son vistas como los polos económicos de mayor desarrollo de los próximos años. México en cambio, no sólo ha desaprovechado la ya desarrollada red de tratados comerciales que lo colocan en términos formales como el país más abierto y diversificado al tiempo que es quizá el más dependiente de una sola economía en términos reales, sino que sigue sembrando distancias verbales con América Latina.
El presidente Calderón fue a Davos a buscar las inversiones que generen empleo y contribuyan al desarrollo del país. Pero son los indicadores y no los cantos de sirenas los que en teoría determinan que esto suceda en las mejores condiciones. Malos indicadores en general, significan alto riesgo para el capital y en consecuencia, la atracción de la inversión debe incentivarse a través de altas tasas de rendimiento y otro tipo de concesiones que se traducen en un alto costo. Buenos indicadores se traducen regularmente en garantía para los capitales y la seguridad ofrecida permite condiciones competitivas para la atracción de capitales. La competencia creciente por las grandes inversiones es un corolario de la globalización económica, por eso se multiplican a nivel internacional los indicadores de todo tipo que a decir de los expertos, determinan la conveniencia de invertir o no en una economía.
Desde las complejas calificaciones de riesgo país, hasta los simples datos de tasas de secuestros y muertes violentas, pasando por índices de globalización, de productividad, de competitividad, de desarrollo humano, de respeto por los derechos humanos, de opacidad y transparencia, de innovación, así como las tasas de financiamiento, de crecimiento económico, de natalidad, entre otros indicadores, todo es información central, que permite valorar los distintos destinos de la geografía de las inversiones globales.
En ese sentido, el retroceso de los indicadores del país en el último sexenio nos llevan a cuestionar si cuando el presidente Calderón asegura que México es la tierra del futuro… ¿se refiere a foxilandia como lo hizo su antecesor o va a trabajar en serio por sentar las bases necesarias para colocar a nuestras empresas, bienes y servicios en términos globales competitivos? Ojalá sea lo segundo, pero por lo pronto, las figuras de Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación y de Carstens en Hacienda no auguran una mejora en indicadores de derechos humanos, transparencia ni crecimiento económico.
Jornada Jalisco
Brasil, China e India, como economías emergentes, acapararon la atención de los asistentes al Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. Por su parte, México, pese a los esfuerzos del presidente Calderón por convencer a los grandes inversionistas de que “México, si no es la tierra prometida, sí es la tierra del futuro”, tuvo que conformarse con aparecer ante los grandes capitalistas como una “economía sumergida”. Sumergida en una serie de problemas de carácter multidimensional que se han vuelto evidentes para todo el mundo, excepto para el gobierno mexicano. Y es que México ha perdido terreno prácticamente en todos los rubros de competitividad internacional, debido a los profundos problemas sociales que se han desatendido, priorizando el combate a algunas de sus secuelas como lo es la inseguridad.
Brasil, el gigante sudamericano al que se suele comparar con nuestro país en el ámbito latinoamericano, mostró que ha generado un gran liderazgo regional a partir del crecimiento y profundización del Mercosur y que ha desarrollado alianzas estratégicas de las denominadas sur-sur con países de otras regiones que poseen niveles de desarrollo comparable o presentan áreas de oportunidad en sectores estratégicos. Tal es el caso de sus acercamientos por ejemplo con Rusia, India y China, considerados junto con Brasil como los integrantes del bloque de potencias regionales emergentes denominado BRIC y que hoy por hoy son vistas como los polos económicos de mayor desarrollo de los próximos años. México en cambio, no sólo ha desaprovechado la ya desarrollada red de tratados comerciales que lo colocan en términos formales como el país más abierto y diversificado al tiempo que es quizá el más dependiente de una sola economía en términos reales, sino que sigue sembrando distancias verbales con América Latina.
El presidente Calderón fue a Davos a buscar las inversiones que generen empleo y contribuyan al desarrollo del país. Pero son los indicadores y no los cantos de sirenas los que en teoría determinan que esto suceda en las mejores condiciones. Malos indicadores en general, significan alto riesgo para el capital y en consecuencia, la atracción de la inversión debe incentivarse a través de altas tasas de rendimiento y otro tipo de concesiones que se traducen en un alto costo. Buenos indicadores se traducen regularmente en garantía para los capitales y la seguridad ofrecida permite condiciones competitivas para la atracción de capitales. La competencia creciente por las grandes inversiones es un corolario de la globalización económica, por eso se multiplican a nivel internacional los indicadores de todo tipo que a decir de los expertos, determinan la conveniencia de invertir o no en una economía.
Desde las complejas calificaciones de riesgo país, hasta los simples datos de tasas de secuestros y muertes violentas, pasando por índices de globalización, de productividad, de competitividad, de desarrollo humano, de respeto por los derechos humanos, de opacidad y transparencia, de innovación, así como las tasas de financiamiento, de crecimiento económico, de natalidad, entre otros indicadores, todo es información central, que permite valorar los distintos destinos de la geografía de las inversiones globales.
En ese sentido, el retroceso de los indicadores del país en el último sexenio nos llevan a cuestionar si cuando el presidente Calderón asegura que México es la tierra del futuro… ¿se refiere a foxilandia como lo hizo su antecesor o va a trabajar en serio por sentar las bases necesarias para colocar a nuestras empresas, bienes y servicios en términos globales competitivos? Ojalá sea lo segundo, pero por lo pronto, las figuras de Ramírez Acuña en la Secretaría de Gobernación y de Carstens en Hacienda no auguran una mejora en indicadores de derechos humanos, transparencia ni crecimiento económico.
Hoy, los últimos jaloneos para la creación de la policía infiltrada
El dictamen fue aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales; se saltó otras dos
Sospechosa, la urgencia del Legislativo estatal por aprobar la iniciativa del gobernador: Roberto López
La corporación sería una mala copia de las películas de Hollywood, añadió el diputado local
ZAIRA YAEL RAMIREZ - Jornada Jalisco
Los últimos jaloneos de la negociación de las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, que permitirían la creación de una policía infiltrada, se darán este lunes, en la víspera de la decisión que se tomará para concretarlas en los tres siguientes días de sesiones, los últimos de la 57 Legislatura.
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Salvador Cosío, y del Verde Ecologista (PVEM), Luis Alejandro Rodríguez, afirmaron que en la primera de esas tres sesiones se podría someter a segunda lectura. Sin embargo, el viernes pasado la fracción parlamentaria del PRI manifestó sus dudas respecto a la legalidad de la propuesta que envió al Congreso el gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez apenas el 8 de enero pasado.
Dicha iniciativa, que pretende modificar la Ley contra la Delincuencia Organizada , fue analizada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales, pasando por alto la de Justicia y Seguridad, a pesar de que en el dictamen estaba previsto el estudio de las tres comisiones.
El vocal de la Comisión de Seguridad, Roberto López consideró “sospechosa” la urgencia del Legislativo para aprobar la propuesta del mandatario estatal, sin tomar en cuenta la opinión de dos comisiones.
Para el diputado del PRD, Roberto López la aprobación debe ser analizada con mayor detenimiento por la 58 Legislatura, que entrará en funciones a partir del 1 de febrero, pues será la próxima administración encabezada por el panista Emilio González Márquez, quien la lleve a la práctica.
Roberto López consideró que la propuesta de Gerardo Octavio Solís Gómez “es peligrosa” y no dudó que se trate de una estrategia que pretende implementar, el ex gobernador y ahora secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
“En un sentido lógico de la presunción, Jalisco pudiese ser el laboratorio donde se le incube una nueva policía que pueda ser aplicada a nivel nacional, teniendo como Secretario de Gobernación a Francisco Ramírez Acuña”, expuso.
Para el perredista la implementación de la figura de policía infiltrada resulta “una mala copia” de lo que sucede en las películas de Hollywood.
“En casi todas las películas de Hollywood hay agentes encubiertos, vemos que ese tipo de policías les da resultados porque es una cultura de derechos humanos y que lamentablemente en México no hay un respeto mínimo a las garantías individuales y que se da por uniformados, personal de la procuraduría o del Ministerio Público que en reiteradas ocasiones conocemos que cometen excesos”, dijo.
El militante del PRD calificó como “buenas intenciones” las que pretenden modificar la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero dijo que en el fondo traerá consigo perjuicios en contra de la sociedad.
“No me queda claro si esta figura de policía encubierta generará mayores condiciones de certeza y seguridad para el ciudadano, si los agentes encubiertos se infiltrarían a las redes organizadas del crimen, cuando es de todos conocido que sucede lo contrario: El narcotráfico infiltra personal en las instituciones de Seguridad”, dijo.
“No dudo que sea pensada con el propósito de combatir la delincuencia organizada, no dudo que tenga fines nobles, difiero del gobernador que lo pone como única alternativa para combatir el crimen y la delincuencia organizada, es una falta de creatividad de quien además dirigió la Procuraduría Estatal ”, sentenció.
Roberto López consideró que entre los riesgos de la policía infiltrada está el que el gobierno en turno atente contra la integridad de sus enemigos, como sucedió en el pasado.
“Con un solo caso que hubiese, cuando menos la sospecha fundada y motivada que será utilizada para reprimir a quienes no piensen como ellos, será suficiente para no utilizarlo. A esos niveles de gobierno y de responsabilidad no pueden resistir la tentación de tener el poder absoluto, no tengo la menor duda que una policía secreta tendría el poder absoluto sobre quienes estén investigando, los pueden aparecer y desaparecer”, dijo el perredista.
Por su parte, el militante del Partido Verde Ecologista, Luis Alejandro Rodríguez, consideró que el tema no debe quedar “pendiente” para la próxima Legislatura, y advirtió que entre el lunes y martes, la iniciativa deberá ser aprobada.
“Tengo la plena seguridad que antes del miércoles estará resuelto este tema. Hubo un asunto, en que no había la aprobación total de las fracciones pero puedo afirmar con seguridad que el tema saldrá el lunes (hoy) por la mañana”, explicó.
El legislador reconoció que este es uno de los temas que abordaron con el Ejecutivo antes de que concluyera el año y uno de los prioritarios para aprobarse en esta Legislatura.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Javier Hidalgo y Costilla, aseguró que la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales no fue por consigna del Ejecutivo.
Mientras tanto, la fracción del PRI aún no define si votará a favor de las modificaciones a Ley contra la Delincuencia Organizada, pues dudan de la constitucionalidad de la iniciativa del Ejecutivo.
Para aprobar el dictamen se requiere de mayoría calificada, es decir, 27 de los 40 votos en el pleno del Congreso.
Sospechosa, la urgencia del Legislativo estatal por aprobar la iniciativa del gobernador: Roberto López
La corporación sería una mala copia de las películas de Hollywood, añadió el diputado local
ZAIRA YAEL RAMIREZ - Jornada Jalisco
Los últimos jaloneos de la negociación de las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, que permitirían la creación de una policía infiltrada, se darán este lunes, en la víspera de la decisión que se tomará para concretarlas en los tres siguientes días de sesiones, los últimos de la 57 Legislatura.
Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Salvador Cosío, y del Verde Ecologista (PVEM), Luis Alejandro Rodríguez, afirmaron que en la primera de esas tres sesiones se podría someter a segunda lectura. Sin embargo, el viernes pasado la fracción parlamentaria del PRI manifestó sus dudas respecto a la legalidad de la propuesta que envió al Congreso el gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez apenas el 8 de enero pasado.
Dicha iniciativa, que pretende modificar la Ley contra la Delincuencia Organizada , fue analizada y aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales, pasando por alto la de Justicia y Seguridad, a pesar de que en el dictamen estaba previsto el estudio de las tres comisiones.
El vocal de la Comisión de Seguridad, Roberto López consideró “sospechosa” la urgencia del Legislativo para aprobar la propuesta del mandatario estatal, sin tomar en cuenta la opinión de dos comisiones.
Para el diputado del PRD, Roberto López la aprobación debe ser analizada con mayor detenimiento por la 58 Legislatura, que entrará en funciones a partir del 1 de febrero, pues será la próxima administración encabezada por el panista Emilio González Márquez, quien la lleve a la práctica.
Roberto López consideró que la propuesta de Gerardo Octavio Solís Gómez “es peligrosa” y no dudó que se trate de una estrategia que pretende implementar, el ex gobernador y ahora secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
“En un sentido lógico de la presunción, Jalisco pudiese ser el laboratorio donde se le incube una nueva policía que pueda ser aplicada a nivel nacional, teniendo como Secretario de Gobernación a Francisco Ramírez Acuña”, expuso.
Para el perredista la implementación de la figura de policía infiltrada resulta “una mala copia” de lo que sucede en las películas de Hollywood.
“En casi todas las películas de Hollywood hay agentes encubiertos, vemos que ese tipo de policías les da resultados porque es una cultura de derechos humanos y que lamentablemente en México no hay un respeto mínimo a las garantías individuales y que se da por uniformados, personal de la procuraduría o del Ministerio Público que en reiteradas ocasiones conocemos que cometen excesos”, dijo.
El militante del PRD calificó como “buenas intenciones” las que pretenden modificar la Ley contra la Delincuencia Organizada, pero dijo que en el fondo traerá consigo perjuicios en contra de la sociedad.
“No me queda claro si esta figura de policía encubierta generará mayores condiciones de certeza y seguridad para el ciudadano, si los agentes encubiertos se infiltrarían a las redes organizadas del crimen, cuando es de todos conocido que sucede lo contrario: El narcotráfico infiltra personal en las instituciones de Seguridad”, dijo.
“No dudo que sea pensada con el propósito de combatir la delincuencia organizada, no dudo que tenga fines nobles, difiero del gobernador que lo pone como única alternativa para combatir el crimen y la delincuencia organizada, es una falta de creatividad de quien además dirigió la Procuraduría Estatal ”, sentenció.
Roberto López consideró que entre los riesgos de la policía infiltrada está el que el gobierno en turno atente contra la integridad de sus enemigos, como sucedió en el pasado.
“Con un solo caso que hubiese, cuando menos la sospecha fundada y motivada que será utilizada para reprimir a quienes no piensen como ellos, será suficiente para no utilizarlo. A esos niveles de gobierno y de responsabilidad no pueden resistir la tentación de tener el poder absoluto, no tengo la menor duda que una policía secreta tendría el poder absoluto sobre quienes estén investigando, los pueden aparecer y desaparecer”, dijo el perredista.
Por su parte, el militante del Partido Verde Ecologista, Luis Alejandro Rodríguez, consideró que el tema no debe quedar “pendiente” para la próxima Legislatura, y advirtió que entre el lunes y martes, la iniciativa deberá ser aprobada.
“Tengo la plena seguridad que antes del miércoles estará resuelto este tema. Hubo un asunto, en que no había la aprobación total de las fracciones pero puedo afirmar con seguridad que el tema saldrá el lunes (hoy) por la mañana”, explicó.
El legislador reconoció que este es uno de los temas que abordaron con el Ejecutivo antes de que concluyera el año y uno de los prioritarios para aprobarse en esta Legislatura.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, el priísta Javier Hidalgo y Costilla, aseguró que la aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales no fue por consigna del Ejecutivo.
Mientras tanto, la fracción del PRI aún no define si votará a favor de las modificaciones a Ley contra la Delincuencia Organizada, pues dudan de la constitucionalidad de la iniciativa del Ejecutivo.
Para aprobar el dictamen se requiere de mayoría calificada, es decir, 27 de los 40 votos en el pleno del Congreso.
Plaza Liberación
Jornada Jalisco
Ramírez Acuña y el espionaje político
Policías judiciales que ganan menos que cualquier edecán
Apesar de todas las críticas y las voces que han advertido sobre los riesgos de imponer en Jalisco una “policía infiltrada” o secreta, la mayoría panista de la 57 Legislatura del Congreso del Estado pretende aprobar esta semana la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, aún cuando en la próxima bancada del PAN y aún en el PRI, que había dado su aval, ya surgieron serias dudas, no sólo por que esa figura facilitaría la violación a los derechos humanos, sino que legalizaría la persecución a enemigos políticos y desarticular movimientos sociales.
La prueba más contundente de cómo el panismo ha utilizado policías para seguir y poner el dedo a dirigentes es la información, revelada a este diario –que la publica en su edición de hoy–, respecto de cómo el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, utilizó a uno de los agentes del Grupo Sigma para infiltrarlo en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y habría sido quien proporcionó información que permitió la aprehensión de los líderes del movimiento surgido en junio.
De hecho, este grupo de elite de la Secretaría de Seguridad Pública del estado asignó entre 2005 y 2006 un grupo de agentes para dar seguimiento a las actividades de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, primero en las giras de resistencia tras el desafuero y posteriormente ya en la campaña presidencial.
Uno de los puntos fundamentales para el seguimiento de López Obrador fue el jueves 21 de abril de 2005, cuando el jefe de gobierno sin fuero estuvo ante miles de simpatizantes en la Plaza Liberación de Guadalajara, horas después de que se presentó ante el juzgado 12 de distrito para entregar al juez Juan José Olvera López un escrito en el que le pidió la revocación de la libertad provisional bajo caución que de manera “tramposa” pagaron dos asambleístas del Distrito Federal, en acuerdo con el ahora presidente Felipe Calderón.
Al día siguiente, el juez negó la orden de presentación solicitada por la PGR, al considerar que el Ministerio Público dispuso de la libertad de López Obrador al admitir la fianza panista, y lo demás es historia.
El caso es que el ex candidato presidencial fue seguido por seis agentes del Grupo Sigma durante su corta estancia en Guadalajara, pues esa misma noche viajó a Tepic, Nayarit.
Así que, aún sin estar constituida la figura de “policía infiltrado”, Francisco Ramírez Acuña ya ha utilizado agentes policiacos con fines de espionaje político, primero cuando fue gobernador y posteriormente como secretario de Gobernación, así fuera para desarticular –en el caso oaxaqueño– un movimiento social con el que no había podido lidiar el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Si en momentos que no hay fundamento legal para utilizar policías con fines de investigación política, se les da un uso distinto al del combate al crimen, la pregunta es qué no podrá hacer, primero el gobierno panista de Jalisco, sino después el federal.
En caso de aprobarse este martes, como se planea, será no sólo un albazo legislativo debido a la premura con que el pleno le dio la primera lectura al dictamen de una iniciativa presentada apenas dos semanas y media antes por el gobernador interino Octavio Solís Gómez.
Además, el proyecto del ex secretario de Gobierno de Ramírez Acuña tiene el defecto de no ir acompañado de un cambio profundo en el ejercicio policiaco jalisciense; tampoco considera un necesario ajuste salarial que se antojaría obligatorio por la necesaria especialización de los agentes y el riesgo implícito de introducirse –como es el argumento oficial– en bandas de delincuentes para combatirlas desde dentro.
En todo el país, los policías reciben sueldos ínfimos y ello explica, en parte, el grado de corrupción que alcanzan las corporaciones en México. Pero en el estatus específico de los jaliscienses, los judiciales y un sector de peritos reciben salarios más bajos que los de las secretarias y las edecanes del gobernador interino Octavio Solís.
Veamos. De acuerdo a las nóminas de la primera quincena de diciembre de 2006, un policía investigador A tiene un salario mensual de 7 mil 49.66 pesos, que tras el descuento hace un sueldo neto de 5 mil 928.84 pesos, lo cual los ubica en el primer rango salarial.
Sin embargo, los policías investigadores B reciben un salario neto de 4 mil 154.95 pesos mensuales, 56.65 pesos menos que la secretaria privada del gobernador.
Esta tendencia se hace más vergonzante si se revisan los salarios de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Un especialista de ese tipo, adscrito a la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, categoría A, gana 3 mil 464.44 pesos –según la misma nómina–, es decir 11 pesos menos que una de las dos edecanes del gobernador, porque la otra gana 3 mil 436.82 pesos.
El comparativo es válido. Sobre todo porque son profesiones no sólo distintas, sino distantes. Como que no es lo mismo perseguir delincuentes que llevarle la agenda y el cafecito al gobernador.
La sobrina política de Felipe Calderón, Mariana Gómez Zavala, se hizo ayer finalmente de la dirección del PAN en el Distrito Federal, lo cual da una idea del corte que tendrá el manejo del blanquiazul en la era calderonista y la escuelita que dejó Marta Sahagún y sus hijos. La diletante presidenta del partido ha basado su reducida carrera a la sombra de su tía, Margarita Zavala.
Jornada Jalisco
Ramírez Acuña y el espionaje político
Policías judiciales que ganan menos que cualquier edecán
Apesar de todas las críticas y las voces que han advertido sobre los riesgos de imponer en Jalisco una “policía infiltrada” o secreta, la mayoría panista de la 57 Legislatura del Congreso del Estado pretende aprobar esta semana la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada, aún cuando en la próxima bancada del PAN y aún en el PRI, que había dado su aval, ya surgieron serias dudas, no sólo por que esa figura facilitaría la violación a los derechos humanos, sino que legalizaría la persecución a enemigos políticos y desarticular movimientos sociales.
La prueba más contundente de cómo el panismo ha utilizado policías para seguir y poner el dedo a dirigentes es la información, revelada a este diario –que la publica en su edición de hoy–, respecto de cómo el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, utilizó a uno de los agentes del Grupo Sigma para infiltrarlo en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y habría sido quien proporcionó información que permitió la aprehensión de los líderes del movimiento surgido en junio.
De hecho, este grupo de elite de la Secretaría de Seguridad Pública del estado asignó entre 2005 y 2006 un grupo de agentes para dar seguimiento a las actividades de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, primero en las giras de resistencia tras el desafuero y posteriormente ya en la campaña presidencial.
Uno de los puntos fundamentales para el seguimiento de López Obrador fue el jueves 21 de abril de 2005, cuando el jefe de gobierno sin fuero estuvo ante miles de simpatizantes en la Plaza Liberación de Guadalajara, horas después de que se presentó ante el juzgado 12 de distrito para entregar al juez Juan José Olvera López un escrito en el que le pidió la revocación de la libertad provisional bajo caución que de manera “tramposa” pagaron dos asambleístas del Distrito Federal, en acuerdo con el ahora presidente Felipe Calderón.
Al día siguiente, el juez negó la orden de presentación solicitada por la PGR, al considerar que el Ministerio Público dispuso de la libertad de López Obrador al admitir la fianza panista, y lo demás es historia.
El caso es que el ex candidato presidencial fue seguido por seis agentes del Grupo Sigma durante su corta estancia en Guadalajara, pues esa misma noche viajó a Tepic, Nayarit.
Así que, aún sin estar constituida la figura de “policía infiltrado”, Francisco Ramírez Acuña ya ha utilizado agentes policiacos con fines de espionaje político, primero cuando fue gobernador y posteriormente como secretario de Gobernación, así fuera para desarticular –en el caso oaxaqueño– un movimiento social con el que no había podido lidiar el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Si en momentos que no hay fundamento legal para utilizar policías con fines de investigación política, se les da un uso distinto al del combate al crimen, la pregunta es qué no podrá hacer, primero el gobierno panista de Jalisco, sino después el federal.
En caso de aprobarse este martes, como se planea, será no sólo un albazo legislativo debido a la premura con que el pleno le dio la primera lectura al dictamen de una iniciativa presentada apenas dos semanas y media antes por el gobernador interino Octavio Solís Gómez.
Además, el proyecto del ex secretario de Gobierno de Ramírez Acuña tiene el defecto de no ir acompañado de un cambio profundo en el ejercicio policiaco jalisciense; tampoco considera un necesario ajuste salarial que se antojaría obligatorio por la necesaria especialización de los agentes y el riesgo implícito de introducirse –como es el argumento oficial– en bandas de delincuentes para combatirlas desde dentro.
En todo el país, los policías reciben sueldos ínfimos y ello explica, en parte, el grado de corrupción que alcanzan las corporaciones en México. Pero en el estatus específico de los jaliscienses, los judiciales y un sector de peritos reciben salarios más bajos que los de las secretarias y las edecanes del gobernador interino Octavio Solís.
Veamos. De acuerdo a las nóminas de la primera quincena de diciembre de 2006, un policía investigador A tiene un salario mensual de 7 mil 49.66 pesos, que tras el descuento hace un sueldo neto de 5 mil 928.84 pesos, lo cual los ubica en el primer rango salarial.
Sin embargo, los policías investigadores B reciben un salario neto de 4 mil 154.95 pesos mensuales, 56.65 pesos menos que la secretaria privada del gobernador.
Esta tendencia se hace más vergonzante si se revisan los salarios de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Un especialista de ese tipo, adscrito a la Dirección de Atención a Víctimas del Delito, categoría A, gana 3 mil 464.44 pesos –según la misma nómina–, es decir 11 pesos menos que una de las dos edecanes del gobernador, porque la otra gana 3 mil 436.82 pesos.
El comparativo es válido. Sobre todo porque son profesiones no sólo distintas, sino distantes. Como que no es lo mismo perseguir delincuentes que llevarle la agenda y el cafecito al gobernador.
La sobrina política de Felipe Calderón, Mariana Gómez Zavala, se hizo ayer finalmente de la dirección del PAN en el Distrito Federal, lo cual da una idea del corte que tendrá el manejo del blanquiazul en la era calderonista y la escuelita que dejó Marta Sahagún y sus hijos. La diletante presidenta del partido ha basado su reducida carrera a la sombra de su tía, Margarita Zavala.
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