Existe la posibilidad de que los nuevos diputados retomen la iniciativa de ley
Faltó establecer los criterios éticos que serán normas jurídicas, señaló el ombudsman jalisciense
JUAN CARLOS G. PARTIDA - Jornada Jalisco
Ante la inminencia de que la nueva Legislatura que ayer entró en funciones en Jalisco retome la iniciativa de ley que envió hace menos de un mes el gobernador interino, Gerardo Octavio Solís Gómez, al Congreso para crear una policía secreta estatal, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), Carlos Manuel Barba García, recomendó a los nuevos diputados que hagan “una completa reflexión del proyecto, estableciendo también los criterios éticos que en última instancia se van a convertir en las normas jurídicas, que fue a nuestro juicio lo que faltó”.
Luego de reunirse con el director de Quejas, Orientación y Seguimiento, además del secretario ejecutivo de la CEDHJ para estudiar la iniciativa y el dictamen que ya pasó la primera lectura en el pleno legislativo, el ombudsman dijo que a título de ellos tres se percibió que la exposición presentada por el gobernador interino “no justificaba la necesidad de establecer a la policía infiltrada, ni jurídica ni socialmente.
“No decían cuáles iban a ser las formas en que, por ejemplo, un policía infiltrado posteriormente iba a declarar en contra de la persona que tuviera sujeta a un procedimiento judicial”, dijo, lo cual recordó que es una garantía constitucional. “Eso podría dar lugar también a aspectos de inconstitucionalidad que tendrían que ser resueltos previamente a la elaboración de esta ley.
“En lo que se refiere a esta famosa infiltración de agentes investigadores dentro de la delincuencia organizada no estaba suficientemente motivada en la ley estableciendo todos los supuestos que se podrían dar para que estos agentes de la policía en un momento dado tuvieran los candados necesarios para no ser, a través de una justificación legal, aliados de la delincuencia”.
Afirmó que del análisis hecho por los tres funcionarios de la CEDHJ, se concluyó la anticonstitucionalidad del proyecto de ley que contravenía el espíritu de los artículos 17 y 20 en relación con que la justicia debe ser completa, imparcial y sin favoritismos, como sucedía en el caso de los agentes del Ministerio Público y a los jueces.
“Por eso se necesita que se estudie más, que se motive más y que se contemplen los posibles escenarios. El artículo 20 constitucional establece en una de sus fracciones que uno tiene el derecho de saber quién lo acusa, de qué lo acusa, y también quién declara en su contra, una pregunta que no tiene contestación todavía, sobre todo con los cambios de nombre e identificación”, agregó.
También afirmó que un aspecto fundamental es recordar las experiencias que en Jalisco se tuvo con policías con este tipo de prerrogativas, experiencias “que no fueron nada positivas, fueron épocas en que hubo una violación patente de derechos humanos y garantías individuales”.
Por ello, concluyó, a falta de motivación “no se tuvieron los suficientes razonamientos de tipo jurídico y ético para sostener la justificación de estas policías”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario