Agentes de la Dirección de Tácticas e Investigación se ocuparon del PRD y de la APPO...
El director del grupo Lince de Tlaquepaque, llega al cargo con denuncias de robo y extorsión a cuestas.
El dictamen de Ley contra la Delincuencia Organizada, que está a punto de aprobarse en el Congreso del Estado, legalizaría una práctica común de las corporaciones de seguridad en la entidad, habituadas a infiltrar y espiar grupos sociales, como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); otro caso que debe alertar sobre la constitución de estos grupos, ocurre en Tlaquepaque, donde el recién formado grupo de investigación contra la delincuencia, Lince, llega cuestionado por las denuncias de robo y extorsión de su director.
La figura del policía encubierto es una práctica común que llevan a cabo las corporaciones policiacas en el estado. Algunos grupos todavía están vigentes y otros desaparecieron de momento y por operar en la clandestinidad han desvirtuado su labor de luchar contra el crimen organizado y se dedican a la protección de los capos de la mafia, esto por la falta de tecnología, apoyo y capacitación.
Pese a que el autor de la iniciativa, el gobernador del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez rechazara el jueves pasado que en Jalisco operen al amparo de la ley agentes encubiertos, dentro de la Secretaría de Seguridad Pública cuentan con los denominados Sigmas, que pertenecen a la Dirección de Tácticas de Investigación e Información, que infiltra a sus elementos entre los diversos sectores de la población para informar de sus movimientos y tomar medidas para frenar o abortar sus acciones.
Este grupo que opera con cerca de 80 agentes, algunos de los cuales pertenecieron al llamado Servicio Secreto y que buscaron refugio en otras corporaciones como la Procuraduría de Justicia del Estado, se infiltran en manifestaciones, ruedas de prensa, mítines, reuniones de industriales, empresarios, partidos políticos, universidades, grupos considerados como subversivos, para generar informes que son de conocimiento de sus jefes y que según sus intereses personales son utilizados.
Un agente investigador de la Procuraduría de Justicia del Estado y que para evitar represalias solicitó omitir su nombre y pidió ser llamado “Pancho” –como se dicen entre ellos para evitar ser reconocidos por sus algunas de sus víctimas–, relató que los Sigmas lograron cruzar las fronteras del estado y uno de ellos se infiltró dentro de la APPO y en los grupos radicales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Oaxaca durante el conflicto magisterial, desde donde generó información suficiente, junto con otros encubiertos, dando como resultado la detención de sus cabecillas.
Cuenta Pancho que el agente, de quien no proporcionó más datos para no poner en riesgo su identidad e integridad, es de los más capacitados y de experiencia en el grupo Sigma y se ha logrado infiltrar en centros de capacitación de supuestos grupos subersivos y detectado bodegas clandestinas de armamento. Su actuar, legalmente no existe ya que falta la aprobación de su labor en el pleno del Congreso del Estado.
Otro de los casos que se tienen de grupos de inteligencia o espionaje es el recientemente formado en el Ayuntamiento de Tlaquepaque con la llegada del nuevo director de Seguridad, Miguel Angel Ibarra Hernández; el Grupo Lince, que se dará a la tarea de detectar a pandillas y narcotiendas para denunciar a los delincuentes. Por desgracia este grupo nace con la mancha que tiene su jefe encargado de dirigirlo, Noe Acosta de Santiago, que salió de las filas de la Procuraduría de Justicia del Estado por denuncias en su contra por robo y extorsión, presentadas en la misma agencia contra el narcomenudeo.
En la pasada administración de Guadalajara, el secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, dio los primeros pasos para crear una policía investigadora dentro de la corporación, pero el proyecto no cuajó tras aceptar las implicaciones negativas que tendría por el recuerdo de los abusos del Servicio Secreto que operó años antes dentro de la Dirección de Seguridad Municipal.
Lo más que lograron concretar junto con la Procuraduría General de la República (PGR) fue crear la agencia mixta contra el narcomenudeo que se instaló en el Parque San Rafael, grupo de combate que actúa al margen de la ley o al menos la manipulan, ya que según narra Pancho, los operativos en domicilios donde detectan droga, son reventados sin contar con órdenes de cateo, documentos que llegan después o que para detener al presunto narco se le consigna como detenido en flagrancia en la vía pública, aprehensiones que en mínima cantidad proceden ante el Ministerio Público Federal, pese a contar con elementos suficientes.
La delgada línea entre la legalidad e ilegalidad deja al agente infiltrado o encubierto en la disyuntiva de trabajar para el estado o para el crimen organizado; la queja del agente investigador entrevistado, es la misma que comparten los elementos que arriesgan su vida al detener o incautar armas o drogas, ya que al quedar libres los delincuentes, su cabeza adquiere un precio.
“Es muy difícil no ser tentado por el narco o grupos de delincuentes, nosotros recibimos un salario de 8 mil pesos al mes y tan sólo los narcos te ofrecen cinco ó seis veces más para unirte a sus filas, es una tentación que solamente los que tenemos vocación resistimos. Además, no contamos con capacitación para infiltrarnos, ni somos supervisados para un seguimiento de los asuntos que investigamos. Estamos a la buena de Dios”, expresó el agente.
De los fallidos intentos por detener al crimen organizado y que prefirieron la ilegalidad fue el desastroso caso del Grupo “M” en Zapopan, en el que trabajaban de la mano agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal con la PGR, debido a la participación de algunos de esos oficiales en el secuestro de un ganadero en Zapotlanejo.
En esa ocasión fueron detenidos los agentes Miguel Alejandro Blancarte Aceves, Arturo Limón Tejeda, Israel Mares González y Héctor Amezcua Manzo, de la policía de Zapopan, y también fue arrestado Nazario Duana Romero, elemento de la Agencia Federal Investigaciónes adscrito al área de Operaciones Especiales de la Ciudad de México. El grupo desapareció en mayo del 2006 y fue creado a petición del entonces presidente municipal, Arturo Zamora.
El general José de Jesús Gutiérrez Rebollo, considerado el zar antidrogas y que fue el Comandante de la V Región Militar en Jalisco, es el ejemplo claro del poder de infiltración del narco en las corporaciones, que permea hasta en el Ejército, ya que el jefe cayó en manos de la justicia debido a la protección que brindaba a Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.
En ese mismo tenor de las tentaciones del narco y las infiltraciones, existe el lamentable recuerdo del que fuera director de Seguridad Pública del Estado de Jalisco en 1995, Horacio Montenegro Ortiz, cuando llegó al poder el primer gobernador panista, Alberto Cárdenas Jiménez, pero en febrero de 1996 fue destituido de su función.
En 1989 Montenegro Ortiz llegó a la Décimo Quinta Zona Militar, con sede en Guadalajara, donde el General Jesús Gutiérrez Rebollo acababa de asumir la comandancia. En 1997 fue detenido por el Ejército al estar acusado de un secuestro y tener nexos con el narcotráfico.
El 15 de junio de 1999 se le sentenció a 21 años de prisión por el delito de cohecho agravado, por recibir obsequios del cártel de Juárez.
Aprobar las reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para darle legalidad a las acciones que por tradición realizan las corporaciones policiacas, con tantas lagunas y sin tomar en cuenta las repercusiones hacia los agentes, los jueces y la ciudadanía, es un riesgo que los diputados deberán tomar en cuenta antes de levantar la mano para aprobarla y luego lamentarse en los hechos de los abusos que cometan, como los realizados por aquel tenebroso Servicio Secreto.
EUGENIA BARAJAS
nota original, La Jornada Jalisco
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