JORGE COVARRUBIAS - Jornada Jalisco
Ni a favor ni en contra de la intención de crear una policía secreta se mostró el titular de Seguridad Pública de Guadalajara Macedonio Tamez Guajardo. Aunque él prefiere llamarla policía encubierta porque así lo señala el proyecto de ley, el funcionario dijo que esperará una resolución al respecto para emitir una opinión con más fundamento.
Sin embargo, reconoció que en la historia contemporánea de México existe una página oscura hilvanada por las atrocidades que cometió la policía secreta en la década de los años 70.
“Lo que pasa es que al confundirse el término de encubierto con secreto, trae el recuerdo de otras épocas en donde la policía secreta de nuestro país cometía atrocidades y tal vez ese recuerde alimente la opinión de algunos detractores, yo creo que esta propuesta, como toda propuesta en materia de seguridad debe verse muy fríamente y muy objetivamente”.
Tamez Guajardo consideró que a 30 años de distancia en que operó la policía secreta, en la actualidad se vislumbra a un México con más democracia y apertura los medios de comunicación. Por lo anterior descartó que la corporación de agentes encubiertos que propuso el Ejecutivo atente contra los derechos humanos.
“No creo, acuérdate que los derechos humanos tienen las limitaciones que la propia ley señala, entonces si una ley está creando una institución policial, siento yo que en automático va acorde con la protección de los derechos humanos, a menos que haya un principio inconstitucional, cosa que se notaría de inmediato”, añadió.
El presidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México Felipe de Jesús Alvarez Cibrian rechazó la reforma al Código Penal, Constitución y Ley de Delincuencia Organizada en el estado de Jalisco debido a que es violatoria de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Consideró que la infiltración de agentes encubiertos en bandas criminales con otra identidad no tendría sustento para utilizarse como evidencia en un juicio. Mencionó que el proyecto del Ejecutivo está inspirado en modelos judiciales de otros países.
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