Una lección no aprendida...
Jornada Jalisco 23/01/07
A mediados de la década de los 70, por razones de elemental justicia y una comprometida formación cristiana –alentada por jesuitas-, me involucré en la formación de un sindicato en una empresa paraestatal, filial de Productos Pesqueros Mexicanos (Propemex), denominada Refrigeradora de Tepepan. En ese andar conocí para qué sirve una policía secreta
Eran tiempos donde los activistas sociales se cambiaban los nombres para evitar ser identificados; donde el esfuerzo por organizar trabajadores, ya sea para formar un sindicato o para recuperarlo, mediante elecciones democráticas, de manos de dirigentes espurios conocidos como charros (líderes vendidos a los intereses de los patrones, del gobierno y el partido dominante), era clandestino porque se corría el riesgo no sólo de perder el trabajo, sino de ser aprehendidos y torturados por agentes a los que era difícil fincar responsabilidades e incluso, en esa misión, se podía perder la vida –hablar en ese entonces de derechos humanos o instituciones que los defendieran era una pérdida de tiempo-. Cualquier cosa que oliera a defensa de prerrogativas civiles o a “comunismo” estaba prescrito y era perseguido. Libros, historias, testimonios, anécdotas hay muchos; tengo varios recuerdos al respecto.
Quizá el más indignante fue constatar cómo se infiltraba, esa policía secreta, en la organización –que a pesar de estar afiliada a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) era considerada como democrática, lo cual era un peligro para el statu quo, que se caracterizaba por lo contrario, por el control corporativo de los sindicatos-. Ya dentro, trataban de hacer “reventar” las asambleas y el movimiento, haciéndose pasar por trabajadores combativos que, con el pretexto de obtener mayores prestaciones y aumentos salariales a los que proponía el Comité Ejecutivo y la comisión revisora del Contrato Colectivo de Trabajo, exigían que se pidiera más, así como realizar acciones colectivas irresponsables con tal de “tronar” a la organización y facilitar la represión contra los principales dirigentes sindicales perfectamente ubicados.
En un sindicato democrático, donde las decisiones las tomaba la base y el debate era parte de su práctica cotidiana, era relativamente sencillo utilizar las asambleas como foros para arengar a los trabajadores contra una dirección sindical que pareciera tibia ante sus demandas –lo que nos salvaba era que previo a cualquier asamblea había una labor muy intensa de reuniones y cabildeo en cada área de trabajo y los agremiados ya tenían información del contexto de la negociación y sus posibilidades–; sin embargo, esa táctica sí afectó y terminó con múltiples esfuerzos de independencia y democratización sindical. Muchos trabajadores fueron amenazados, secuestrados, torturados, despedidos, desaparecidos e inclusive asesinados en aquellos años. Por eso, actuar de manera clandestina y tener seudónimos era algo común en el trabajo de organización social. Así me enteré lo que era la Dirección Federal de Seguridad; cómo empezó y en qué terminó.
Esa dirección, es antecedente de lo que hoy llaman el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y desde su creación, en 1947, fue la responsable de la policía secreta, cuyo fin inicial fue atrapar a los delincuentes mayores acabando por convertirse en una policía política –y luego, con la emergencia del narco, en un nido de corrupción-, siendo célebre su participación en la llamada “guerra sucia” de los años 60 y 70 –con respaldo de la CIA, como ahora frente al narco, de la DEA-, contra movimientos opositores, de cualquier signo, pero principalmente organismos sociales independientes, guerrilleros y político-partidarios identificados con la izquierda.
Esta policía secreta terminó siendo infiltrada hasta lo más alto de su jerarquía por el crimen organizado. Con la irrupción del narco, y su poderío armado y económico, este cuerpo policiaco secreto se convirtió en su principal aliado y protector permitiendo su consolidación y expansión. No hay uno de los jefes de ese organismo que haya terminado su encomienda siendo bien recordado y viviendo decente y modestamente –han muerto, son perseguidos legalmente, están en la cárcel o gozan aún de impunidad, privilegios y fortuna-.
La memoria trae algunos nombres: Fernando Gutiérrez Barrios, que ya murió y al que se le consideraba un político muy poderoso por la información que tenía en sus manos; Jorge Carrillo Olea –quien desapareció a la DFS y la convirtió en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, que luego pasó a ser la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional-; Miguel Nassar Haro y Luis de la Barreda Moreno; José Antonio Zorilla Pérez, hasta otros involucrados en tareas de inteligencia, una vez que se separaron de la DFS funciones ligadas al narco, como los Generales Jesús Gutiérrez Rebollo (Instituto Nacional de Combate a las Drogas), Arturo Acosta Chaparro, Humberto Quiroz Hermosillo y Juan García Morales, vinculados, de alguna forma, a las bandas más importantes del crimen organizado, así como el creador intelectual del Cisen, del Centro de Planeación para el Combate a las Drogas (Cendro) y la Policía Federal Preventiva (PFP) y a quien se critica e involucra en la fuga del Chapo Guzmán, Jorge Tello Peón.
Quizá la idea original de una policía secreta fue bien intencionada ante el crecimiento de delitos que en la época se vislumbraban como un peligro potencial a la seguridad nacional, pero dentro de su motivación estaba latente la sanción a los disidentes políticos y la supresión de cualquier intento considerado como sedición. Los abusos de prácticas policíacas ilegales era “tolerados” bajo un régimen autoritario que privilegiaba el control sobre otras consideraciones libertarias o valores democráticos.
Dicen que los pueblos que no conocen, u olvidan su historia, están condenados a repetirla. Sería, por eso, un retroceso grave en materia democrática la aprobación de parte del Congreso local de una policía política. El acento debiera ponerse mejor en la coordinación, integración, depuración, capacitación y dignificación de los cuerpos policíacos y en la vigilancia ciudadana para que estas instituciones cumplan con el respeto a la ley y los derechos humanos: nadie dice que se proteja a malhechores sino que se persiga y se castigue a los verdaderos delincuentes, en vez de centrarse en quienes hacen una marcha o rompen un vidrio; hay capos que andan impunemente por la calle, viviendo en nuestros barrios, y rozándose con la clase política o patrocinándola para compartir el poder.
La policía secreta, los operativos, serán ineficaces si no van a fondo, si no hay cambios estructurales que se combinen con políticas sociales y un cambio de la estrategia económica; si no se acaban con las raíces de la corrupción. Sin ello, las policías secretas terminan pervirtiéndose, aliándose a los verdaderos hampones o convertidas en escuelas de delincuentes investidos de autoridad. La iniciativa tendrá el beneplácito de los sectores conservadores de la sociedad aunque conozcan, de antemano, que se desviará de sus fines, porque saben que terminará justificándose persiguiendo sediciosos del orden y “subversivos” de banqueta. Regresar a los 60 con todas sus consecuencias, ¿eso quieren?
Jornada Jalisco 23/01/07
A mediados de la década de los 70, por razones de elemental justicia y una comprometida formación cristiana –alentada por jesuitas-, me involucré en la formación de un sindicato en una empresa paraestatal, filial de Productos Pesqueros Mexicanos (Propemex), denominada Refrigeradora de Tepepan. En ese andar conocí para qué sirve una policía secreta
Eran tiempos donde los activistas sociales se cambiaban los nombres para evitar ser identificados; donde el esfuerzo por organizar trabajadores, ya sea para formar un sindicato o para recuperarlo, mediante elecciones democráticas, de manos de dirigentes espurios conocidos como charros (líderes vendidos a los intereses de los patrones, del gobierno y el partido dominante), era clandestino porque se corría el riesgo no sólo de perder el trabajo, sino de ser aprehendidos y torturados por agentes a los que era difícil fincar responsabilidades e incluso, en esa misión, se podía perder la vida –hablar en ese entonces de derechos humanos o instituciones que los defendieran era una pérdida de tiempo-. Cualquier cosa que oliera a defensa de prerrogativas civiles o a “comunismo” estaba prescrito y era perseguido. Libros, historias, testimonios, anécdotas hay muchos; tengo varios recuerdos al respecto.
Quizá el más indignante fue constatar cómo se infiltraba, esa policía secreta, en la organización –que a pesar de estar afiliada a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) era considerada como democrática, lo cual era un peligro para el statu quo, que se caracterizaba por lo contrario, por el control corporativo de los sindicatos-. Ya dentro, trataban de hacer “reventar” las asambleas y el movimiento, haciéndose pasar por trabajadores combativos que, con el pretexto de obtener mayores prestaciones y aumentos salariales a los que proponía el Comité Ejecutivo y la comisión revisora del Contrato Colectivo de Trabajo, exigían que se pidiera más, así como realizar acciones colectivas irresponsables con tal de “tronar” a la organización y facilitar la represión contra los principales dirigentes sindicales perfectamente ubicados.
En un sindicato democrático, donde las decisiones las tomaba la base y el debate era parte de su práctica cotidiana, era relativamente sencillo utilizar las asambleas como foros para arengar a los trabajadores contra una dirección sindical que pareciera tibia ante sus demandas –lo que nos salvaba era que previo a cualquier asamblea había una labor muy intensa de reuniones y cabildeo en cada área de trabajo y los agremiados ya tenían información del contexto de la negociación y sus posibilidades–; sin embargo, esa táctica sí afectó y terminó con múltiples esfuerzos de independencia y democratización sindical. Muchos trabajadores fueron amenazados, secuestrados, torturados, despedidos, desaparecidos e inclusive asesinados en aquellos años. Por eso, actuar de manera clandestina y tener seudónimos era algo común en el trabajo de organización social. Así me enteré lo que era la Dirección Federal de Seguridad; cómo empezó y en qué terminó.
Esa dirección, es antecedente de lo que hoy llaman el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y desde su creación, en 1947, fue la responsable de la policía secreta, cuyo fin inicial fue atrapar a los delincuentes mayores acabando por convertirse en una policía política –y luego, con la emergencia del narco, en un nido de corrupción-, siendo célebre su participación en la llamada “guerra sucia” de los años 60 y 70 –con respaldo de la CIA, como ahora frente al narco, de la DEA-, contra movimientos opositores, de cualquier signo, pero principalmente organismos sociales independientes, guerrilleros y político-partidarios identificados con la izquierda.
Esta policía secreta terminó siendo infiltrada hasta lo más alto de su jerarquía por el crimen organizado. Con la irrupción del narco, y su poderío armado y económico, este cuerpo policiaco secreto se convirtió en su principal aliado y protector permitiendo su consolidación y expansión. No hay uno de los jefes de ese organismo que haya terminado su encomienda siendo bien recordado y viviendo decente y modestamente –han muerto, son perseguidos legalmente, están en la cárcel o gozan aún de impunidad, privilegios y fortuna-.
La memoria trae algunos nombres: Fernando Gutiérrez Barrios, que ya murió y al que se le consideraba un político muy poderoso por la información que tenía en sus manos; Jorge Carrillo Olea –quien desapareció a la DFS y la convirtió en la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, que luego pasó a ser la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional-; Miguel Nassar Haro y Luis de la Barreda Moreno; José Antonio Zorilla Pérez, hasta otros involucrados en tareas de inteligencia, una vez que se separaron de la DFS funciones ligadas al narco, como los Generales Jesús Gutiérrez Rebollo (Instituto Nacional de Combate a las Drogas), Arturo Acosta Chaparro, Humberto Quiroz Hermosillo y Juan García Morales, vinculados, de alguna forma, a las bandas más importantes del crimen organizado, así como el creador intelectual del Cisen, del Centro de Planeación para el Combate a las Drogas (Cendro) y la Policía Federal Preventiva (PFP) y a quien se critica e involucra en la fuga del Chapo Guzmán, Jorge Tello Peón.
Quizá la idea original de una policía secreta fue bien intencionada ante el crecimiento de delitos que en la época se vislumbraban como un peligro potencial a la seguridad nacional, pero dentro de su motivación estaba latente la sanción a los disidentes políticos y la supresión de cualquier intento considerado como sedición. Los abusos de prácticas policíacas ilegales era “tolerados” bajo un régimen autoritario que privilegiaba el control sobre otras consideraciones libertarias o valores democráticos.
Dicen que los pueblos que no conocen, u olvidan su historia, están condenados a repetirla. Sería, por eso, un retroceso grave en materia democrática la aprobación de parte del Congreso local de una policía política. El acento debiera ponerse mejor en la coordinación, integración, depuración, capacitación y dignificación de los cuerpos policíacos y en la vigilancia ciudadana para que estas instituciones cumplan con el respeto a la ley y los derechos humanos: nadie dice que se proteja a malhechores sino que se persiga y se castigue a los verdaderos delincuentes, en vez de centrarse en quienes hacen una marcha o rompen un vidrio; hay capos que andan impunemente por la calle, viviendo en nuestros barrios, y rozándose con la clase política o patrocinándola para compartir el poder.
La policía secreta, los operativos, serán ineficaces si no van a fondo, si no hay cambios estructurales que se combinen con políticas sociales y un cambio de la estrategia económica; si no se acaban con las raíces de la corrupción. Sin ello, las policías secretas terminan pervirtiéndose, aliándose a los verdaderos hampones o convertidas en escuelas de delincuentes investidos de autoridad. La iniciativa tendrá el beneplácito de los sectores conservadores de la sociedad aunque conozcan, de antemano, que se desviará de sus fines, porque saben que terminará justificándose persiguiendo sediciosos del orden y “subversivos” de banqueta. Regresar a los 60 con todas sus consecuencias, ¿eso quieren?
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