Opinión - Ramon Guzman Ramos

Policía secreta

Jornada Jalisco

Los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 se convirtieron en el pretexto que el presidente Bush estaba buscando desde hacía tiempo para justificar la imposición de esa política de terror contra cualquier país que se negara a cederle al imperio su soberanía y sus riquezas nacionales. A partir de ese momento, la guerra se ha convertido en el recurso supremo del gobierno de Estados Unidos para sembrar el miedo entre la comunidad internacional y afirmar su poderío hegemónico. Pero también para desvanecer cualquier actitud de crítica y de rebeldía en la propia sociedad estadunidense, aunque esto último no le ha rendido los resultados que hubiera deseado. Poco a poco la sombra siniestra de la muerte ha vuelto a despertar el síndrome de Vietnam. La gente empieza a rechazar el horror de ver a sus hijos regresar en bolsas negras.

Algo similar se ha propuesto intentar en nuestro país el gobierno federal de Felipe Calderón. No pudo encontrar mejor motivo para desplegar toda esa fuerza policiaca y militar a lo largo y ancho del país que la violencia generada por el narcotráfico. El crimen organizado se estaba convirtiendo en un verdadero problema de seguridad nacional. Mantenía a la sociedad en un estado de zozobra y temor permanentes. De manera que, aunque la virtual militarización de la vida nacional pudiera salirse del marco constitucional, ya que no se ha declarado formalmente un estado de excepción para suspender las garantías individuales, era una medida que la gente vería bien. De paso, el presidente se haría por la vía de la fuerza de esa legitimidad que el conflicto postelectoral le había arrebatado. Por eso la estrategia se fortalece y se pasa ya a la fase en que todos los componentes del Estado, incluyendo a los gobiernos locales y municipales, se integran en una estructura monolítica cuyo mando supremo estará siempre en las manos del presidente.

Los gobiernos locales de extracción panista no sólo aceptan gustosos esta nueva línea política que les llega desde el centro, sino que algunos, como el de Jalisco, se proponen incluso rebasar todos los límites legales en aras de instaurar un clima de miedo en sus respectivas jurisdicciones. No será suficiente con que el ciudadano común esté sujeto a todas esas vejaciones que la policía pública suele cometer durante las revisiones arbitrarias. El peligro ahora será mucho mayor. Estamos ante el riesgo de que surja nuevamente esa policía secreta que durante varias décadas aterrorizó a la entidad. Una figura como la del policía encubierto, que podrá infiltrar cualquier organización de cualquier índole, no sólo las de carácter delictivo, sólo se concibe en un estado autoritario donde el big brother extiende las redes de su ojo vigilante a todos los ámbitos de la vida social.

En Jalisco se reproduce a una escala mucho más grande esa estrategia de construir un régimen de derecha sostenido en la fuerza exclusivamente. Desde luego que esa imagen de gesto severo y mano dura esconde en el fondo a un Estado que se siente débil. No sólo es ya la cuestión de la legitimidad perdida, la sospecha de fraude que nunca se diluyó, sino esta escalada inclemente de precios que está produciendo un descontento explosivo entre la población. Cada vez está más lejos la posibilidad de que la legitimidad que tan urgentemente está necesitando el gobierno federal pudiera surgir del seno de la sociedad. Por eso esa tendencia cada vez más fuerte, más arraigada, de imponer un estado policiaco militar para disuadir desde ahora cualquier riesgo de insurgencia civil. Estamos, entonces, ante una estrategia de contrainsurgencia que se extiende a todos los ámbitos de la vida social. Es una estrategia de contrainsurgencia no contra un improbable alzamiento armado, sino ante la posibilidad de que se produzcan movimientos sociales, que desde luego serían pacíficos, que pudieran sacudir los cimientos de este régimen que amenaza con volverse más y más duro cada día.

Es en un contexto así donde entra esta lógica oscura de legalizar lo que no puede tener un lugar en cualquier régimen que se presume de derecho. La ley no puede amparar la existencia de un tipo de policía que opere en la clandestinidad, sin ningún control por parte de autoridad legal alguna, para infiltrar y destruir no sólo a grupos delictivos, sino, sobre todo, a organizaciones que se proponen impulsar movimientos de resistencia civil pacífica y de protesta contra las arremetidas del sistema en contra de los que son ya los condenados de la tierra.

La historia parece dar un vuelco hacia el pasado, a ese tiempo aciago en que el régimen de partido de Estado mantenía un control político hegemónico a través de mecanismos de esta naturaleza. Es como si estuviéramos pasando demasiado pronto del sueño de la democracia a la pesadilla de la dictadura. Es el retorno a esa etapa de la guerra sucia en que proliferaron en nuestro país todo tipo de bandas paramilitares que infiltraron e hicieron pedazos a las organizaciones que se atrevían a luchar porque las cosas fueran diferentes.

La existencia de una policía secreta, con permiso para encubrir sus actividades, con toda la impunidad del mundo para protegerla, es una negación rotunda de cualquier estado de derecho. Es el instrumento con que la derecha en el gobierno se propone eliminar paulatinamente todas esas conquistas históricas que la sociedad ha hecho con tanto sacrificio. Las libertades democráticas que hemos ganado a pulso, y que tendrían que estar sirviendo para que la gente adquiera conciencia de su realidad y se decida a transformarla, no se puede destruir tan fácilmente. Los movimientos más importantes que han surgido recientemente han perdido apenas una batalla, pero no han sido derrotados. Esta es una falsa apreciación del régimen de derecha. Y como le está sucediendo a Bush, que creyó que se había hecho de una justificación que le otorgaba luz verde para imponer la guerra y el horror en el mundo, y que está perdiendo ya el apoyo de la clase política y de la sociedad civil de su propio país, así en México la población se sobrepondrá al estupor y a los espejismos políticos y habrá de recobrar la conciencia de que es necesario recuperar el camino de la democratización auténtica de la vida nacional.