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viernes, abril 18, 2008

Opinion - Eduardo Gonzalez Velazquez

Movilización social

Jornada Jalisco

Para que la sociedad civil se movilice resulta necesario que existan dos grupos de condiciones: las objetivas y las subjetivas. Las primeras son hambre, miseria y opresión, elementos que en nuestra realidad abundan por doquier. Las segundas son necesidad, sentido y dirección; el por qué y el para qué de una movilización. Estas condiciones sí es más difícil que se generen en una sociedad teleadicta como la mexicana, que además no tiene el hábito de la lectura y sus principales medios de “información” son los telenoticieros. No obstante esta realidad, al paso del tiempo, y como consecuencia de las innumerables agresiones económicas y políticas que lleva a cabo el gobierno sobre la población, los diversos grupos sociales comienzan a incrementar considerablemente la intensidad y la frecuencia de las movilizaciones. Incluso la organización misma de las manifestaciones por el descontento social tiene su origen cada vez menos en los partidos políticos de oposición y más en colectivos de diversa naturaleza, pero con un denominador común: la exigencia de tener acceso, no a los recursos, sino al escenario donde se determina el acceso a esos recursos. Es decir, participar en los espacios políticos donde la clase gobernante, de espaldas a la población, decide quiénes sí y quiénes no pueden acceder a la riqueza que generamos todos los mexicanos. En este sentido, Guadalajara es un ejemplo de ello, en los últimos días hemos asistido a un buen número de manifestaciones sobre muy diversos agravios que la sociedad siente que recibe por parte del gobierno estatal.

Así, la sociedad se mueve y busca espacios para dejar en claro su malestar; se queja por la falta de atención de las autoridades para solucionar sus problemas y sus carencias; reclama no ser atendida en sus demandas; exige que el dinero que paga en impuestos sea utilizado en su beneficio; se organiza y va más allá de las opciones que le plantea la elite gobernante y los partidos políticos. Mientras la sociedad se moviliza, el gobierno no sólo niega lo evidente: el descontento creciente de la población por las carencias de todo tipo, sino que pretende desprestigiar toda movilización social que cuestione el ejercicio del poder y demande soluciones a sus problemas. Esta manera de gobernar viene a explicar el cerco militar y policiaco bajo el cual se conducen las autoridades en el desempeño de sus funciones. Parece que el enemigo es la sociedad civil, que lo único que hace es reclamar el cumplimiento de sus derechos.

En principio, la exigencia de la sociedad es la claridad y la honestidad en el discurso oficial, algo a lo que sistemáticamente se niega el gobierno. La apuesta de las autoridades es el doble discurso, el debate tramposo, las puertas falsas, las trampas en el caminar, los dobles sentidos. Y a toda esta movilización, producto de una creciente conciencia social, histórica y política, el Estado y gobierno responde con represión policiaco-militar, manipulación informativa en evidente maridaje con varios medios de información electrónicos e impresos. No es casualidad que en los últimos diez años el gobierno mexicano haya incrementado en 50.5 por ciento su personal militar para contar entre sus filas con 283 mil efectivos, con un aumento en el gasto para armamento del 61 por ciento, con un gasto militar equivalente al 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) cuando a la investigación y difusión científica se le dedica poco menos que el 0.3 por ciento (La Jornada, 13 de abril de 2008). Por otro lado, no sólo aumentan la presencia de elementos armados en torno a las movilizaciones sociales, sino que los gobernantes no reciben a la sociedad para escuchar sus demandas, tal fue el caso de los manifestantes a favor del saneamiento del drenaje llamado río Santiago, que fueron “atendidos” este lunes pasado por un funcionario menor, mientras que el gobernador Emilio González Márquez tomaba el sol en Acapulco y Cancún, con el pretexto, mediáticamente oportuno, de la promoción turística de Jalisco.

Esta manera de actuar va a contracorriente de una posición de análisis causal que debería de hacer el gobierno para saber cuál es el motivo del creciente descontento social. Si el gobierno llevara a cabo un análisis del origen de las inconformidades de la ciudadanía, contaría con los elementos suficientes para no sólo destrabar y solucionar varios de los problemas, sino estaría en condiciones de evitar que se generaran. ¿O acaso los miles de manifestantes que día a día inundan las calles de las ciudades del país lo hacen para agradecerle al gobierno el poco oficio político y de atención que tiene para con la ciudadanía? ¿Acaso los manifestantes salen a las calles en agradecimiento por las condiciones poco favorables, por decir lo menos, en las que viven en sus comunidades? El gobierno debería de pensar en esto antes de mandar a las “fuerzas del orden” a contener la inconformidad social. Por su parte, varios de los medios electrónicos de comunicación deberían de analizar el origen de los conflictos y las inconformidades sociales antes de estigmatizar a los inconformes y lanzar las campañas de desprestigio desde sus poderosos centros de desinformación. El mismo llamado hacemos a los “dueños del dinero”, que desde sus cúpulas de poder desdeñan la inconformidad social; ahí tenemos como ejemplo al coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Javier Gutiérrez Treviño, quien afirmó que los más de 3 mil 700 ciudadanos inconformes que interpusieron quejas en contra del gobernador, Emilio González Márquez, por el donativo de 90 millones de pesos a la construcción del Suntuario de los Mártires ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) no son una cifra que pinte, y que la mayoría de los quejosos se encuentran desempleados (La Jornada Jalisco, 17 de abril de 2008). Bajo estas condiciones de represión y descalificación, no es de extrañar que el hilo social no aguante más y seguramente más temprano que tarde termine por romperse.

ihuatzio@hotmail.com

::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2008::

viernes, septiembre 07, 2007

Opinión - EDUARDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Nuevamente la censura

La Jornada

En democracia no hay más opciones: un gobierno, son democráticos o no lo son. No podemos aceptar que somos “medio democráticos”. Así no funcionan las cosas. Una de las características principales de una sociedad democrática es el respeto irrestricto a la libertad de expresión de todas las manifestaciones, sean éstas a favor o en contra del gobierno. A pesar de la tan cacareada democracia mexicana, incluido el “cambio con continuidad”, en México aún persiste la censura como “la intervención que ejerce el censor gubernativo”, sobre alguna práctica o discurso de la sociedad que se gobierna y que siente que le es adversa. La censura, pues, se significa como una de las prácticas más antidemocráticas en nuestro país, que lo mismo se ejerce hacia la sociedad civil como hacia los miembros del Poder Legislativo.

El primero de septiembre asistimos al espectáculo de censura ejercida sobre la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la diputada Ruth Zavaleta. Los que observamos el “simulacro” de informe presidencial de Felipe Calderón pudimos percatarnos de la manera tan burda en la que fue sacada del aire la imagen y el sonido de la diputada Ruth Zavaleta mientras explicaba las razones por las cuales ella y las bancadas del PRD y PT abandonarían el salón de sesiones antes de que arribara al Congreso Felipe Calderón. La justificación del comportamiento del PRD y PT se argumentó con base en la naturaleza ilegítima del presidente de México. Mientras eso sucedía, aparecían a cuadro dos presentadores de las televisoras Televisa y TV Azteca, quienes solamente informaban que los diputados del PRD y PT abandonaban el salón de plenos.

Ese mismo día, el secretario de Gobernación, el represor y violador de los derechos humanos, Francisco Ramírez Acuña, atribuía lo sucedido a “fallas técnicas”. “Fallas” que, por cierto, no afectaron la transmisión completa, sin cortes, en Estados Unidos. Al paso de los días crecieron las contradicciones, y las explicaciones terminaban en un callejón sin salida. Se decidió cortarle la cabeza a un chivo expiatorio para salir al paso de la situación. Quien pagó la factura ocasionada por las “fallas técnicas” fue René Antonio Palavicini Sánchez, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia (Cepropie). En todo caso, si se trató de “fallas técnicas”, la cabeza de ese funcionario segundón no tendría por qué haber sido cortada.

Es evidente que las órdenes que salieron de la Secretaría de Gobernación fueron las de censurar el discurso de Ruth Zavaleta. Cómo podemos explicar técnicamente las “fallas” si en el salón de plenos había cuando menos tres señales de televisión diferentes. La primera, del equipo de la propia Cepropie; la segunda, la del Canal del Congreso, y la tercera, la de la Dirección de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. En caso de que se hubiera presentado una “falla técnica” en una de las señales, cualesquiera de las otras dos estaban disponibles para evitar que la transmisión, en cadena nacional se viera afectada, por lo que en ningún momento estuvo en peligro el programa. Solamente la ingenuidad podría aceptar la explicación de las “fallas técnicas”. Lo que ocurrió no fue un error técnico, fue un grave horror político. Si la censura fue ordenada por Felipe Calderón, es una situación muy grave y peligrosa en el contexto de una transición democrática que no termina de darse. Y si no fue así, aún más delicado. Si la orden no la dio el Presidente, entonces fue Francisco Ramírez Acuña quien planeó la censura, por lo tanto, el secretario de Gobernación debe renunciar.

Por otro lado, vemos cómo debido a “presiones de Televisa”, la distribuidora Warner Bros se negó a exhibir la película de Luis Mandoki sobre el proceso electoral de 2006. A través de Videocine, filial de Televisa, “el director de Warnes Bros México, Juan Manuel Borbolla, fue amenazado con que podría perder su empleo si insistía en exhibir la obra de Mandoki”, argumentó Federico Arreola, productor del documental. Más aún, las cadenas de exhibición cinematográfica Cinemex y Cinépolis apoyaron la censura, con el argumento de la amistad que existe entre Alejandro Ramírez, cabeza de Cinépolis, y Felipe Calderón. A media semana, Videocine y Warner dijeron que no distribuirían el documental “porque no es negocio y no por razones políticas”. No sólo desde el Poder Ejecutivo, sino desde los grupos de poder económico se está llevando a cabo una campaña de censura hacia todas las manifestaciones contrarias a la elite en el poder.

Con todo lo anterior, el gobierno de Felipe Calderón intenta vendernos soluciones imaginarias para los problemas del país. En nueve meses en el cargo, Felipe Calderón se ha dedicado a inventar un país desde su presente histórico. Un país a modo. Un país de la maravilla, calderolandia. Lo construye utilizando el espacio y poder mediático, de ese modo construye un México virtual muy distinto al de la realidad; edifica una imagen mental de un país que cada día está mejor. Aunque acepta con modestia: “todavía falta mucho por hacer, pero lo estamos logrando”. El gobierno describe un país que no existe. Un país irreal. No nos dejemos engañar, el país está de cabeza, y en algún momento habrá que reconocer el orden correcto de las cosas. En algún momento la sociedad mexicana deberá despertar del letargo en que se encuentra y reclamar que nuestros gobernantes cumplan con su deber.

ihuatzio@hotmail.com


::Democracia Ya, Patria Para Todos. Apoyando al Peje en 2007::

viernes, julio 27, 2007

Opinión - EDUARDO GONZALEZ VELAZQUEZ

Iglesia católica, Iglesia política

Jornada Jalisco

El problema no es de creencias religiosas; en México existe la libertad de culto desde mediados del siglo antepasado. El problema no es que nuestros gobernantes aprovechen su tiempo libre en estudiar lo que consideren más apropiado para alimentar su intelecto. El problema es el maridaje entre la jerarquía católica de México y la ultraderecha-yunquista que gobierna este país. El problema es que la Iglesia católica a lo largo de la historia nacional ha demostrado con amplitud que es una Iglesia política que busca recuperar los privilegios que acaparó durante la época novohispana y gran parte del siglo XIX, hasta que se enfrentó y fue derrotada por los liberales encabezados por Benito Juárez, que establecieron con claridad y firmeza el carácter laico del Estado mexicano y por consecuencia la separación Estado-iglesias.

Son muchas las muestras de apoyo brindadas por la Iglesia católica a los grupos más conservadores y retardatarios de nuestra historia. Fue la Iglesia política la que apoyó a Iturbide y a Maximiliano en sus aventuras “imperiales”. Fue la Iglesia política la que se opuso a la divulgación de las ideas de la Ilustración en México. Fue la Iglesia política la que se coludió con los personajes necesarios de la clase política y económica nacional para enfrentar al gobierno republicano de Benito Juárez. Fue la Iglesia política la que se opuso a la reforma educativa del gobierno de Lázaro Cárdenas. Fue la Iglesia política la que presionó con todo su poder hasta conseguir el reconocimiento oficial del Estado mexicano. Fue la Iglesia política la que apoyó abiertamente la imposición de Felipe Calderón en la silla presidencial y aceptó en todo momento la satanización de la izquierda mexicana. Es la Iglesia política la que “sugiere” “adecuar” y “reglamentar” las manifestaciones de descontento social que se suceden en la ciudad de México.

Por lo anterior, estamos ciertos del peso político que tiene la Iglesia católica en la historia de México. La Iglesia no está conforme con el control y manipulación que ejerce sobre la conciencia de millones de personas en nuestra sociedad; por el contrario, continúa presionando para obtener mayor poder político y así influir en el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas, que claramente establece la Constitución mexicana, como acciones exclusivas del Estado y el gobierno civil.

La Iglesia influye para que el Estado establezca como eje rector de su trabajo los conceptos ideológicos que rigen a la institución eclesiástica. Lo hace en la educación, presionando para que se transforme la esencia del artículo tercero de la Constitución, y la educación pública deje de ser laica. No obstante que en la educación privada son miles las escuelas que ofrecen dentro de sus planes de estudio formación religiosa. Se inmiscuye en políticas de salud, atacando las campañas que fomentan el uso del condón, la planificación familiar y la atención a las personas infectadas con el VIH/Sida; pero también descalifica leyes como la de Sociedades de Convivencia en el Distrito Federal y la despenalización del aborto hasta la semana 12, en la misma capital del país. Insiste en que se modifique el artículo 130 constitucional, que establece la obligatoriedad de todas las iglesias, asociaciones y grupos religiosos, para que estén registrados ante la ley, y limita la participación de sacerdotes o ministros de culto en asuntos políticos, así como la prohibición para ocupar puestos de elección popular.

Pero hay más. Cotidianamente se sube a la arena política en apoyo a la derecha-yunquista que cada día le abre mayores espacios políticos. Lo vimos esta misma semana, cuando la Arquidiócesis de México llamó al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, a corregir su actitud de “empecinamiento en no reconocer la legitimidad” presidencial de Felipe Calderón, “exponiendo con ello a la capital del país y a todos sus ciudadanos a una situación de irregularidad en relación con el resto de la nación y a un entorpecimiento en su desarrollo”. Agregó la jerarquía eclesiástica que “el indudable talento” del mandatario local “debe ser acompañado de una mayor prudencia y apertura, dejando de lado la visión parcial y excluyente de un partido político. Es gobernante y servidor público para todos, y no sólo de quienes sostienen ideas y opiniones afines. Mientras que el Presidente de la República ofrece constantemente espacios de encuentro y colaboración, el jefe de Gobierno se cierra sin razones objetivas al diálogo constructivo y positivo”, remató la Arquidiócesis de México (La Jornada, 23 de julio de 2007).

Otra joya de la corona son las “clases de Biblia” que ofrecen sacerdotes de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa) en Casa Jalisco a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado.

Por otro lado, de las narcolimosnas y los curas pederastas la Iglesia y el gobierno guardan un gran silencio similar a la hipocresía. No confundamos. El Estado Mexicano es un Estado laico y como tal se debe conducir. Los gobernantes tienen todo el derecho de practicar la religión que más les convenga; pero, asimismo, los mexicanos debemos exigir que nuestros funcionarios no quebranten la ligera frontera que existe entre lo público y lo privado, con el débil argumento de que “la religión es un asunto personal”. Y sí que lo es, en tanto la religiosidad no implique la intromisión de la jerarquía católica o de cualquier otra iglesia en asuntos del Estado. Si nosotros como sociedad guardamos silencio ante esta situación, nuestro silencio será similar a la estupidez.

viernes, junio 29, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

A un año del fraude electoral

La Jornada Jalisco

Una literatura es el medio en que la conciencia de una nación toma plena posesión de sí misma, decía Justo Sierra en el siglo XIX. Por lo visto, a más de cien años de distancia, a una parte importante de la sociedad mexicana le hace falta no sólo la “literatura” sino la conciencia histórica, social y política. Este 2 de julio se cumplirá el primer año del fraude electoral que concluyó con la imposición de Felipe Calderón en la silla presidencial. Es cierto, una parte de la población se resiste a reconocerlo y día a día lucha por ello, pero una mayoría de mexicanos se encuentra alejada de los vericuetos de la política y de la historia. Ensimismados en sus propias realidades, ven pasar el tiempo como si el pasado no existiera.

Llevo muchos años ejerciendo el oficio de historiador y afirmando que el gran problema de México, de sus habitantes y de sus gobernantes, es la falta de memoria histórica, materializada en el cotidiano desprecio por el pasado, por lo que fuimos. Seguro de ello, el dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, afirma que lo sucedido el 2 de julio de 2006 “ya es historia. Lo importante es que hoy los mexicanos se sienten, en su gran mayoría, satisfechos de lo que hace el gobierno del presidente Calderón” (La Jornada 28 de junio de 2007). Con sobrada razón lo dice. Muchos mexicanos no ven el pasado, a veces ni el presente. Sólo sueñan con el futuro, sin saber que ninguna de las respuestas a las preguntas que hoy podemos formularnos sobre el presente sería posible en ausencia del saber histórico, razón por la cual, el pasado solamente podemos captarlo y comprenderlo a través del cristal del presente, y es en relación con él que el pretérito cobra significado. Los dos se determinan mutuamente: la incomprensión del presente nace de la ignorancia del pasado; de igual manera, no podremos esforzarnos en comprender el pasado si no sabemos nada del presente. La historia irrumpe como ejemplo de la dialéctica del conocimiento.

Así, el conocimiento histórico debe influir en el mejoramiento del presente de las sociedades, pero no puede ser visto como un bien privado, como un bien de pocos utilizado para su beneficio en perjuicio de los muchos. Los pequeños grupos que poseen conocimiento histórico saben que si controlan el pasado tendrán mayores posibilidades de controlar el futuro y, desde luego, al dominar el presente reescribirán el pasado. Por ello, una sociedad que no conoce su historia se encuentra doblemente vulnerable: por un lado, repite el camino andado, y por otro, que es el aspecto más delicado, su pasado es manipulado y reinventado por el grupo en el poder. De ahí su doble vulnerabilidad que la deja en la indefensión ante las arremetidas del poder.

Fue precisamente todo el poder del que dispone el Estado y las elites económicas que lo gobiernan el que se utilizó para consumar el fraude electoral del año pasado y evitar así que llegara a la presidencia un proyecto de nación de centro-izquierda encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Finalmente la ultraderecha yunquista-clerical-empresarial-panista utilizó la falta de “literatura” de millones de mexicanos para engañarlos y mantenerse en el poder.

Por vía de mientras, el (des)gobierno calderonista continúa día a día dando muestras de su incapacidad y haciendo evidente que lo único que le interesa es concluir el desmantelamiento del Estado mexicano que se inició hace más de 25 años con la presidencia de Miguel de la Madrid, y obtener para ellos el mayor provecho económico de la venta de cochera. Sólo echemos un vistazo a lo hecho por este gobierno: la puesta en escena de la lucha contra el crimen organizado arroja más de 3 mil ejecuciones este año, además de los asesinatos de personas inocentes donde se ha visto involucrado el Ejército Mexicano. El desempleo no parece tocar fondo, y la migración cada día se ve más como una opción para superarlo, ocho de cada 10 jóvenes profesionistas en México están de acuerdo en salir del país para conseguir empleo (La Jornada, 27 de junio de 2007). La Ley del ISSSTE se cocinó a espaldas de los trabajadores y lo único que busca es privatizar el derecho que se tiene a los servicios de salud. La reformita fiscal se apoya en el más puro dogma neoliberal: que paguen más los que menos tienen. Cada día el golpeteo político al gobierno de la ciudad de México crece en intensidad, cualquier pretexto es bueno para disfrazarlo. La política exterior continúa dando tumbos por todos lados, Felipe Calderón insiste en hacer suya la “lucha contra el terrorismo” de George W. Bush lanzando iniciativas de ley que a lo único que apuntan es a la violación de los derechos humanos.

A un año del fraude electoral la memoria debe ser más fuerte que el olvido. La sociedad en su conjunto tiene que luchar por la democratización de este país; democratización que deberá iniciarse a través de la toma de conciencia histórica de los individuos de este país.

ihuatzio@hotmail.com

viernes, marzo 30, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Detengamos a la derecha

Jornada Jalisco

El embate de la derecha yunquista-clerical-empresarial-panista está golpeando fuertemente a la sociedad, y busca reducir al máximo los logros alcanzados por algunos movimientos sociales, así como frenar el avance democrático del país. Urge detener el avance del oscurantismo político y del pensamiento único de la élite que mal gobierna este país.

1.- La iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por parte de los partidos Alianza Socialdemócrata y Revolucionario Institucional para despenalizar el aborto en un lapso que no exceda las primeras 12 semanas de gestación, ha provocado que los grupos más retardatarios de la sociedad encabezados por “figuras” como los cardenales Norberto Rivera Carrera, acusado de proteger a un presunto pederasta; y Juan Sandoval Iñiguez, jefe político de la derecha yunquista jalisciense, muestren el músculo para intentar frenar la mencionada iniciativa. A ellos se les ha sumado un “líder de opinión” que tan buenos resultados dio en el marco de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, nos referimos a Roberto Gómez Bolaños Chespirito quien encabeza la campaña que Televisa y la derecha política, religiosa y empresarial mexicana han emprendido en contra de la despenalización del aborto. El argumento del Ejecutivo federal en contra de la propuesta de la ALDF es que el aborto no es un asunto que atente contra la salud pública. El secretario de Salud, José Angel Córdoba Villalobos, justifica su postura: “el año pasado sólo hubo 88 muertes maternas relacionadas con el aborto”. La cruda realidad se encarga de desmentirlo: de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en México se realizan 533 mil 100 abortos cada año en condiciones insalubres y con riesgos mortales. La discusión sobre la despenalización del aborto, recorre caminos más profundos: se impone despenalizar el derecho que tienen todas las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Por ello, desde esta tribuna me manifiesto enfáticamente a favor de la despenalización del aborto.

2.- El mismo escenario de satanización que estamos viviendo con respecto al tema del aborto, lo observamos cuando la ALDF aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal. La mencionada ley otorga el reconocimiento jurídico y social a parejas que no se enmarcan en el matrimonio ni en el concubinato. En los dos temas, el aborto y las sociedades de convivencia, la legislación no promueve esas prácticas, sino que las reconoce y se hace cargo de ellas.

3.- Evidentemente la avalancha clerical contra el origen laico del Estado mexicano y amplios sectores democráticos de la sociedad se ha puesto en marcha. Desde los tiempos de Vicente Fox, quien en muchas ocasiones pasó por encima del carácter republicano del Estado mexicano (no olvidemos el recibimiento papal con el beso correspondiente a la sortija de Juan Pablo II) hasta estos días donde las formas se han perdido totalmente. Sólo recordemos la fiesta con el motivo del cumpleaños setenta y cuatro de Juan Sandoval Iñiguez a donde se apersonó la plana mayor de la nomenclatura político-empresarial panista jalisciense a mostrarse frente al verdadero jefe de la ultraderecha panista en el estado.

4.- Nada más eficaz como la poca educación para someter a un pueblo. Así se vio ya en el recorte a la educación, la reducción fue de 4 mil 500 millones de pesos; lo que representa una disminución nominal de 1.2 por ciento con respecto al presupuesto ejercido en 2006. A la derecha yunquista-clerical no le interesa la educación pública, laica y gratuita; contrariamente apuesta a la educación privada, al sometimiento de las conciencias. Contrariamente al recorte en áreas sustantivas para el desarrollo de país como es la educación, la derecha insiste en amamantar a los grandes capitales vía rescates (“fomento”, le llaman ellos) de toda índole.

5.- Otra joya más de la corona es el regalo en charola de plata a los barones del dinero de los fondos para el retiro de los burócratas mexicanos. La reforma “patriótica” (Calderón dixit) del ISSSTE, no es otra cosa que la continuación de las políticas neoliberales dictadas en el seno de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para adelgazar al Estado, y privatizar y convertir en negocio privado los derechos sociales de la población. Para ello, la derecha encontró en lo profundo de las cañerías políticas una gran aliada: la insufrible Elba Esther Gordillo, quien de esa manera continúa cobrando la factura al “peloncito, chaparrito, de lentes” por el apoyo brindado para que de manera fraudulenta se encaramara en la silla presidencial.

6.- En el ambito empresarial las condiciones no son diferentes. Las relaciones de poder que se tejen se caracterizan por la desvalorización de la fuerza de trabajo, que la convierte en precaria, flexible, segmentada, trasnacionalizada, atomizada en su organización, subvaluada, de bajo perfil y migrante. Los derechos legales y laborales son transformados por servicios pagados; mientras los dueños del dinero sacan mayor tajada del ejército laboral de reserva y luchan contra los contratos colectivos de trabajo y el sindicalismo independiente. La gran herramienta para generar empleo y mayor productividad es la práctica de traslocación (outsourcing) de la mano de obra, estrategia mediante la cual los empleadores contratan mano de obra barata a trasmano en un marco de arenas movedizas donde los empleadores ganan y los trabajadores pierden; porque los patrones se ahorran las prestaciones de toda su plantilla; el reparto de utilidades; los trabajadores no generan antigüedad; no hay pago al IMSS; en una palabra: la indefinición laboral. A pesar de esta situación, Emilio González Márquez afirma que esa no es su “bronca” (versión jalisciense del “¿y yo por qué?”). Pues cómo no, si el mismo gobierno estatal incurre en esas prácticas. Ahí están los llamados supernumerarios que no son otra cosa que trabajadores eventuales que firman contratos por tres meses con posibilidad de renovarlos.

7.- Un escenario más del embate de la derecha lo encontramos en varios medios de comunicación sobre todo la televisión. La censura se ha vuelto la regla en la (des)información que manejan los noticieros de Televisa y TV Azteca, juntos, de la mano con el calderonismo camina para minimizar y satanizar a los movimientos sociales que todos los días crecen a consecuencia de las precarias condiciones de vida de millones de mexicanos. La televisión suprime la discusión política por mensajes monocromáticos, monotemáticos y unidimensionales de la élite en el poder. Nuevamente como en 2006, la campaña sucia contra los avances democráticos de la sociedad está dando como resultado una sociedad dividida y confrontada. Ahora, en 2007, la nueva campaña de la derecha contra la despenalización del aborto ha empezado no sólo a dividir a la sociedad mexicana, sino a enfrentarla y polarizarla.

8.- La reforma fiscal está ya cocinada en Los Pinos. Todo está dispuesto: diputados y senadores previamente maiceados en periodo vacacional; las televisoras y el capital armando campañas de terror sobre la precariedad económica del Estado por la evasión fiscal que no permite que las autoridades atiendan las necesidades de la población. La reforma impondrá el IVA a medicinas y alimentos mientras se continúa favoreciendo a los grandes capitales que no pagan los impuestos que legalmente deberían, y que al pueblo mexicano le cuestan al menos 100 mil millones de pesos anualmente.

9.- Tras la reforma al ISSSTE y la reforma fiscal, vendrá la avalancha sobre Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro rebautizada por Felipe Calderón como “transición energética”, un nuevo nombre para la venta de cochera de lo que queda del Estado mexicano. Para ello, los discursos y la publicidad oficial y oficiosa se han puesto en marcha: “Pemex se encuentra al borde del precipicio”, gritan los jilgueros en radio y televisión, contrariamente a este grito, los empresarios nacionales y extranjeros se frotan las manos para hincarle el diente a nuestras reservas petroleras. Vaya tremendo engaño desde el poder.

ihuatzio@hotmail.com

viernes, marzo 16, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Bush por el vecindario

Jornada Jalisco

Con más pena que gloria finalizó la “gira del adiós”; la “gira por el vecindario”; la “gira para visitar a los amigos”. Cierto es que a lo largo de la administración de George W. Bush, el presidente norteamericano no había realizado gira alguna con una duración de seis días. Seis largos y violentos días. Pero también es cierto que esta ha sido una de sus visitas menos productivas y de menor impacto para los países anfitriones por el contexto político en que se genera: Bush va de salida; tiene los índices más bajos de popularidad y aceptación hacia su política exterior; las tropas norteamericanas se encuentran empantanadas en Irak y Afganistán; enfrenta el “inicio anticipado” de las campañas electorales; así como el sentimiento antiestadunidense y la poca confianza en el liderazgo de Estados Unidos en América Latina y no cuenta con una mayoría republicana en las Cámaras Alta y Baja. Así, las promesas económicas y políticas, por lo demás famélicas, pasarán a formar parte de los buenos deseos del gobierno norteamericano hacia su “patio trasero”.

Demasiado tarde se acuerda George W. Bush del subcontinente; voltea la vista a él luego de que a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre orientara toda su política exterior hacia dos regiones fundamentales: Medio Oriente y Afganistán. Vira hacia América Latina, cuando algunas naciones han comenzado a establecer gobiernos de centro-izquierda y han firmado convenios de cooperación económica, política y militar aprovechando el poco interés de Estados Unidos hacia nuestra región.

A pesar de que George W. Bush insistió que su “viaje pretendía explicar, lo más claramente posible, que Estados Unidos es una nación generosa y compasiva”, y que para su país, América Latina “importa”; la gira aparece ante los ojos de los latinoamericanos y de miles de norteamericanos como una gira a destiempo, a pesar de que el presidente estadunidense insistiera en que llevaba “un mensaje de esperanza”, para alcanzar la libertad, la justicia social y la prosperidad bajo el neoliberalismo y contrario a las opciones establecidas por algunos gobiernos latinoamericanos.

Pero los datos no dejan mentir, en los seis días que duró la gira de Bush, Estados Unidos gastará más dinero en Irak que todo lo que el presidente ha propuesto en asistencia para Latinoamérica en el año fiscal 2008. La receta económica de Bush es la misma que en los últimos 25 años ha pauperizado el desarrollo en Latinoamérica.

Los motivos de la visita a Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México fueron diversos. El gobierno estadunidense tuvo un interés particular en cada una de las paradas que realizó. De manera general la gira buscó atender las voces republicanas sobre la urgencia “de recuperar los espacios perdidos” en la región; aislar al gobierno de Hugo Chávez; contrarrestar la nueva ola política que desafía en diferentes niveles la hegemonía estadunidense y alinear aún más a los gobiernos dóciles a Washington.

La particularidad del caso brasileño la representa la industria del etanol. George W. Bush y Luiz Inacio Lula plantearon un plan para la expansión de la producción de etanol a partir de la caña de azúcar y que este combustible engrose la lista del suministro energético de Estados Unidos. Brasil, con la producción de 4 millones 864 mil 965 de barriles de etanol anuales, es el primer productor mundial, y con Estados Unidos controla el 72 por ciento de la producción total del mundo. Estados Unidos consume diariamente 22 millones de barriles de petróleo con 5 por ciento del uso de etanol, por ello, un acuerdo con Brasil permitiría a ese país tres objetivos centrales: diversificar la matriz petrolera, reduciendo su dependencia de las importaciones de Venezuela y de Medio Oriente; debilitar a Venezuela y a sus aliados, y frenar la integración regional.

En Uruguay, el presidente estadunidense y Tabaré Vázquez centraron sus pláticas en el fortalecimiento del comercio. Washington apuesta que ello servirá para golpear el proceso de integración sudamericana. No olvidemos que en enero pasado se aprobó un tratado de protección de inversiones y comercio, y que Bush ofreció en mayo de 2006 a Uruguay la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio, lo que trajo una reacción negativa del Mercosur, que impide la formulación de acuerdos paralelos.

En Colombia, Alvaro Uribe considerado el principal aliado de Estados Unidos en la región, apostó a una ratificación del respaldo estadunidense a la lucha contra las drogas y la guerrilla en el marco del Plan Colombia, a través del cual Washington aporta casi mil millones de dólares anuales en ayuda militar a esta nación sudamericana; asimismo, se vio la posibilidad de diseñar una política hacia el nuevo gobierno del ecuatoriano Rafael Correa.

En Guatemala, el interés es frenar el avance electoral de Rigoberta Menchú de cara a las elecciones de septiembre. Lo que siguió fue escenografía pura; como la visita a Chirijuyú, una población maya ubicada a 50 kilómetros al oeste de la capital, donde los indígenas se dedican a exportar vegetales a Centroamérica y esperan hacerlo pronto a Estados Unidos. El colmo de la burla fue cuando Bush ayudó a subir dos cajas de lechuga a un camión. El verdadero interés de la Casa Blanca es evitar que avance un proyecto alternativo de nación que pudiera incorporarse al grupo de países cercanos a Venezuela.

Finalmente, la gira llegó a tierras mexicanas. El gobierno calderonista se comportó a la altura, a la altura de un fiel escudero al servicio de las barras y las estrellas. Para comenzar, el gobierno estadunidense pidió que la policía municipal de Mérida se desarmara. Petición cumplida.

Los discursos de ambos mandatarios estuvieron abarrotados de lugares comunes: “hacerle frente a la pobreza y la desigualdad de ingresos, restablecer el orden público, combatir la amenaza común del narcotráfico y robustecer la relación económica”. “Progresar en el asunto de la migración”. “Trabajar intensamente para que se apruebe una reforma migratoria amplia”.

La visita a México del presidente de Estados Unidos cumplió con todas las expectativas previstas: confirmó que a ese país no le interesa ni una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ni la pronta instauración de un acuerdo migratorio que respete los derechos humanos de los migrantes. Por su parte Felipe Calderón insiste en colocar al país en una situación de aislamiento con respecto a Latinoamérica. La apuesta sigue siendo Estados Unidos. Así, concluyó la quinta visita de George W. Bush a México, con acuerdos secretos sobre petróleo, gas y electricidad.

Una constante de la gira fue el despliegue de seguridad más aparatoso que recuerde América Latina, con la virtual ocupación por fuerzas estadunidenses de los lugares visitados y batallas campales entre las fuerzas del orden e indignados manifestantes. Por el contrario, en ningún país George W. Bush tuvo contacto con la población. El visitante incómodo fue objeto de rechazos múltiples: “fuera Bush, terrorista número uno”; “Bush genocida no pasarás”.

En lo que queda del segundo periodo de Bush al frente de la Casa Blanca, no habrá ya grandes definiciones ni redefiniciones en materia de política exterior, y menos para América Latina; razón por la cual los gobiernos latinoamericanos deberán seguir construyendo una alternativa de desarrollo y crecimiento que atienda las urgentes necesidades de la población y se olvide de las migajas que año tras años promete Estados Unidos para nuestra región.

ihuatzio@hotmail.com

sábado, marzo 10, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Economía precaria

Jornada Jalisco

El pasado martes 27 de febrero (un martes negro más, recordemos el de octubre de 1987 a pocos días del destape de Carlos Salinas de Gortari) las bolsas de valores del mundo se vieron sacudidas fuertemente por la caída de la Bolsa de Shanghai de casi 9 por ciento; que a su vez siguió al anuncio que hizo el ex titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, donde advertía sobre una posible recesión en su país para finales de este año. Tras el derrumbe chino sobrevino el colapso en el resto de las operaciones bursátiles mundiales. La Bolsa Mexicana de Valores no fue la excepción y ese día cayó 5.8 por ciento, su caída más fuerte desde el año 2001. La bolsa de Estados Unidos tuvo una baja de 3.29 por ciento, el retroceso más fuerte después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Asimismo, la mayoría de los mercados asiáticos resultaron afectados, lo que refleja no sólo las tensiones propias de la burbuja bursátil china, sino también los temores a una recesión en Estados Unidos y las tensiones políticas sobre Irán Afganistán y Venezuela. La jornada mostró una vez más que los capitales no tienen nacionalidad, se invierten donde encuentren mejores condiciones para la especulación y la ganancia segura de dólares.

Frente a tales acontecimientos el gobierno del “cambio con continuidad” se apresuró a dar “confianza” a los inversionistas y a la población en general, así, en ese orden. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens comenzó con las joyas discursivas: “la economía mexicana está de plano blindada contra cualquier crisis económica y financiera originada por un evento externo. México no enfrenta desequilibrios externos y eso hace que el fantasma de crisis o la vulnerabilidad económica estén fuera del radar. El remate fue espectacular, “la economía de México ha logrado desligarse del ciclo económico en Estados Unidos; el país ya no es vulnerable a eventos externos, por ello, México es la envidia de muchos países emergentes’’. Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner y el secretario de Economía, Eduardo Sojo no encontraron motivos para preocuparse. Evidentemente los tres “funcionarios” y su jefe, el presidente de México, continúan instalados en foxilandia. Solamente les haría falta decir, que los nubarrones en el camino estaban perfectamente planeados. Veamos algunos números de nuestra economía para colocar en su justa dimensión los comentarios del gobierno mexicano.

En México 92.2 por ciento de la población indígena ocupada recibe menos de dos salarios mínimos. El 56 por ciento de los hogares indígenas reciben menos de un salario mínimo; solamente 9.3 por ciento de los hogares indígenas reciben más de 5 salarios mínimos. Unicamente 7.5 por ciento de la población indígena ocupada recibe más de dos salarios mínimos. El 95 por ciento de los indígenas son pobres y de estos 85 por ciento se encuentra en pobreza extrema. Uno de cada dos adultos indígenas tiene solamente cuarto de primaria aprobado. Sólo uno de cada 15 indígenas tiene acceso a la seguridad social. La mitad de las viviendas indígenas carecen de todo tipo de instalación de agua.

El campo mexicano se encuentra al borde del colapso. Está en la bancarrota. Su tasa de crecimiento anual escasamente llega a 2.4 por ciento y su participación en la economía nacional es de apenas 9 por ciento. Los campesinos huyen en desbandada de las tierras desoladas. Abandonados por las políticas públicas y explotados por las grandes empresas agrícolas, mexicanas y trasnacionales, los campesinos ven con desesperación como se les van de las manos sus pequeñas parcelas y sus vidas. El 75.2 por ciento de las localidades rurales en México se consideran de alta marginación; 4 de cada 10 niños viven en condiciones de pobreza. Persisten las tiendas de raya, donde los productos sufren un incremento de un 30 por ciento y los préstamos a los jornaleros representan hasta 70 por ciento de su salario, que va de los 10 a los 40 pesos diarios.

Las importaciones agrícolas que han sustituido a la producción nacional, han ocasionado que pasemos de 40 a 80 productos importados. Nuestra dependencia alimenticia es de 95 por ciento en oleaginosas, 50 por ciento en arroz, 40 por ciento en carne roja y 30 por ciento en maíz.

No es gratuito, por tanto, que el campo mexicano exporte miles de campesinos muertos de hambre; el 45 por ciento de los ejidatarios tienen al menos un integrante de la familia que ha emigrado. Existe en el país un éxodo rural de alrededor de 15 millones de mexicanos. Cada año se pierden 11.7 millones de hectáreas cultivables por la falta de financiamiento, lo que obliga a que los campesinos emigren hacia Estados Unidos para convertirse en fuentes de divisas o bien se queden en México y se dediquen al narcocultivo.

En los últimos seis años se ha generado un déficit de 6 millones de puestos de trabajo. Medio millón de personas reciben por su labor sólo la propina o pago en especie. 420 mil niños de entre 8 y 14 años de edad se ven obligados a trabajar y aportar recursos económicos a sus hogares que ascienden a 105 millones de pesos mensuales, un promedio de 250 pesos cada uno al mes. La reducida aportación de estos menores es indicativo de que los niños reciben salarios sumamente castigados, que no compensan el considerable esfuerzo que realizan para contribuir al sostenimiento de la familia.

Por otro lado, resulta alarmante la dependencia de las exportaciones petroleras y de las remesas que generan los millones de migrantes que han salido huyendo de México por falta de empleo. Bajo este esquema, una recesión en Estados Unidos generaría una reducción del consumo de energéticos y una presión a la baja en los precios internacionales del petróleo, asimismo, podría incidir en una menor demanda de mano de obra extranjera y disminuir, con ello, el flujo de dólares que constituye ya la principal fuente de divisas del país. A esto habrá que añadirle que Pemex debe más de lo que vale. Su deuda, mayor al billón de pesos, rebasó en 15 mil 364.5 millones de pesos el valor de sus propiedades.

El desempleo abierto supera el 3.2 por ciento de la población económicamente activa (PEA), más del doble del que teníamos en el año 2000. La ocupación informal está el 40 por ciento de la PEA. 6.6 millones de personas que se sumaron al desempleo abierto, encontraron ocupación en changarros o se emplearon en pequeños negocios con bajos salarios y precarias condiciones laborales. En micronegocios se ocupan o autoemplean 17.3 millones.

De este tamaño es nuestra economía, una economía precaria. Una economía sin definición. Una economía que a pesar de generar millones de dólares, los billetes verdes se reparten en pocas manos, de ahí su vulnerabilidad. El gobierno mexicano no quiere entender que la fortaleza de la economía no se debe a la riqueza de unos cuantos, sino al reparto equitativo de las oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nuestra economía, la que dicen que no se tambalea con los acontecimientos mundiales, tiene una deuda total de 3.3 billones de pesos y ha generado al menos 70 millones de pobres en el país. Ante este triste y alarmante panorama, los gobiernos derechistas-yunquistas insisten en enfrentar las carencias de la población con falsos discursos triunfalistas; simulacros de operativos contra el crimen organizado y violentos desalojos de grupos indígenas y campesinos que buscan en las ciudades el trabajo que en su comunidad no existe, como fue el caso de los purépechas desalojados de su lugar de trabajo en el oriente de la ciudad por órdenes del presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah.

Es urgente que los “gobernantes” dejen de presumir sus indicadores macroeconómicos (que por otro lado también son bastante endebles) y se ubiquen en las necesidades del México descalzo donde día a día crece la desesperación y los riesgos de un estallido social.

sábado, marzo 03, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Los crímenes del pasado, la Femospp los pasó III Y ULTIMA

La Jornada Jalisco - (Parte II, Parte I)

Casi 34 años después de la matanza del 2 de octubre, Luis Echeverría se convirtió en el primer ex presidente en acudir a declarar en calidad de indiciado. Compareció ante la Femospp para responder a las acusaciones por genocidio, homicidio, lesiones, desapariciones forzadas “y lo que resulte’’, formuladas por ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968.

Raúl Alvarez Garín, ex líder estudiantil del Consejo Nacional de Huelga (CNH), declaró en su momento que la comparecencia de Luis Echeverría Alvarez era histórica; muy importante, porque con ella comenzaba la averiguación de los hechos ocurridos en 1968. Con entusiasmo desbordado afirmaba que la puerta se abría para que otros ex funcionarios involucrados fueran interrogados para fincarles su responsabilidad directa en los hechos.

Aunque en el primer intento de la Femospp por llevar a la cárcel a Luis Echeverría el ex presidente fue exonerado de los hechos de 1968 y 1971; la Femospp continuó la lucha hasta conseguir, cuatro años después y 37 años de ocurrida la matanza del 2 de octubre de 1968, que un magistrado federal de la ciudad de México ordenara la aprehensión de Luis Echeverría Alvarez por ser presunto responsable del delito de genocidio. Sin embargo, debido a la avanzada edad (86 años) y el precario estado de salud de Echeverría, José Angel Mattar Olivar, titular del Segundo Tribunal Unitario Penal, le concedió el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria. Recordemos que el 26 de mayo de 2004 entró en vigor la reforma al artículo 55 del Código Penal Federal que permite a los adultos mayores de 70 años cumplan sentencia en su domicilio. En caso de que a Luis Echeverría no le alcance la vida para enfrentar los cargos que se le imputan antes de que se emita una sentencia, quedará como inocente ante la justicia.

No obstante este aparente éxito de la Femospp, que además se dio un día antes de las elecciones federales del 2 de julio, varios de los acusados por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto quedaron exculpados por haber prescrito el genocidio en cada uno de sus casos; quienes recibieron este beneficio fueron: los ex titulares de la DFS, Luis de la Barrera Moreno y Miguel Nazar Haro; el ex procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas (quien falleció en diciembre pasado); los generales Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía Judicial Federal; Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger cadáveres en Tlatelolco y Salvador del Toro Rosales, ex agente del Ministerio Público.

De igual manera un tribunal militar cerró el proceso contra el general del Ejército, Arturo Acosta Chaparro, acusado de la “desaparición” de 143 personas en Guerrero en la década de los setenta, por considerar que las pruebas en su contra ya no eran válidas y aceptar que los testigos oficiales de alto rango ya no podían recordar los hechos. El general permaneció en prisión por cargos penales no vinculados con los anteriores.

Si el fallo dado el primero de julio por un magistrado federal de la ciudad de México quien ordenó la aprehensión de Luis Echeverría Alvarez por ser presunto responsable del delito de genocidio llamó la atención por el día en que se dio; la reaprehensión del ex presidente ordenada el último día del gobierno de Vicente Fox llamó aún más la atención. Al librar la orden de reaprehensión y dictar la formal prisión en contra del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, el magistrado federal Ricardo Paredes Calderón concluyó: “se tiene debidamente comprobado que el inculpado perpetró por cualquier medio delitos contra la vida de los miembros de un grupo nacional. Se calcula que hubo entre 150 y 300 personas fallecidas. Se acreditó que efectivamente se causó la muerte de por lo menos 38 personas reconocidas por el gobierno, pero que en realidad fue un grupo de entre 150 y 300 personas, entre las que se encontraban estudiantes, maestros, simpatizantes del movimiento estudiantil y vecinos del lugar. El medio utilizado fue a través de armas de fuego, por parte de diversos elementos policiacos, parapoliciacos y militares, organizados previamente, y dispuestos en sitios estratégicos, quienes dispararon entre sí y sobre la multitud de manifestantes, cercados en una acción coordinada en que participó el Ejército por órdenes del entonces titular del Ejecutivo nacional, las policías federal y local, mandados por ambos procuradores, quienes a su vez fueron ordenados por el mismo Presidente de la República. También participaron elementos paramilitares, provenientes de la DFS, la que también incorporó a sus filas a elementos de la Policía Judicial Federal y del Distrito Federal, y algunos oficiales del EMP, constituyendo el Batallón Olimpia, dirigidos por la Secretaría de Gobernación, del cual el sujeto activo era titular”.

No obstante la decisión de las autoridades, resulta por lo menos extraña debido al contexto en que se emitió la reaprehensión de Luis Echeverría, un día antes de que concluyera el gobierno de Vicente Fox. Con ello queda la sensación de que hicieron una lectura política del asunto, como para dar luces de que en México sí hay justicia a pesar de todo.

La Femospp tuvo un problema de origen: dependió de las instancias que buscó investigar. Dependía del Ejército, de las policías y del Estado en su conjunto para recabar información. La Femospp y su fiscal no lograron prácticamente nada. La impunidad continuó rodeando a los artífices de la persecución social, y el gobierno foxista dejó pasar los crímenes del pasado.

De tal manera, por increíble que parezca lo que no hizo la Femospp en México, consignar a los culpables de la guerra sucia, sí se hizo en Guatemala. Este país con el que compartimos parte de nuestra frontera sur se preocupó y se ocupó de su pasado y de los crímenes que en él cometió el Estado, para de ahí comenzar a construir su futuro. Angel Aníbal Guevara, coronel y ex ministro de la Defensa durante el gobierno militar de Fernando Romeo Lucas García, de 1978 a 1982, y el coronel Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional durante el mismo periodo, se convirtieron en los primeros militares guatemaltecos, acusados por la audiencia española de crímenes de guerra, en ser tocados por la justicia. Angel Guevara, de 81 años, guarda prisión desde marzo del año pasado en un Centro Preventivo de Guatemala. Germán Chupina, de 82 años, fue sacado en silla de ruedas de su casa, y se refugió en un hospital.

Las primeras detenciones de los militares guatemaltecos se dieron más de cuatro meses después que el juez español Santiago Pedraz, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, emitiera, en julio de 2006, una orden de captura internacional contra ocho militares y civiles guatemaltecos acusados de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales, y casi siete años después que Rigoberta Menchú, acompañada por familiares de víctimas de la guerra, presentaran en diciembre de 1999 la denuncia por genocidio ante la Audiencia Nacional de España.

Las órdenes de captura se sustentan en las conclusiones del proceso judicial que afirman que entre enero de 1980 y septiembre de 1981, durante la gestión de Fernando Romeo Lucas García como presidente; Guevara como ministro de Defensa; Benedicto Lucas como jefe del Estado Mayor; Germán Chupina como director de la policía; Donaldo Alvarez, ministro de Gobernación, y en otro periodo más amplio, desde el gobierno se entretejió un plan destinado a exterminar a la etnia maya, provocando desplazamientos forzados. Esta violencia se materializó en asesinatos, torturas, violaciones de mujeres, haciendo del terror un modus vivendi. No sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban auxilio a los campesinos tratando de preservar su dignidad y el que las atrocidades no cayeran en el olvido.

En sentido contrario a lo sucedido en Guatemala, en México la Femospp no consiguió nada o casi nada. Fiel a su estilo, Vicente Fox Quesada comenzó a lanzar las primeras promesas para esclarecer los hechos de 1968 y la masacre del jueves de Corpus. “Su sacrificio no fue en vano”, dijo en París en 2000, siendo presidente electo en relación a los estudiantes caídos durante la guerra sucia. En Estrasburgo aceptó que el gobierno y el Ejército “son los principales acusados” por la “mucha represión” y los “muchos desaparecidos” que hubo en México a partir del movimiento estudiantil. En diciembre de 2001, se refirió a las matanzas de 1968 y del jueves de Corpus como actos de dominio público “nunca aclarados, sobre todo la violencia y la brutalidad que parece haberse usado en muchos de los casos”. Pero sus afirmaciones y sus promesas de impartir justicia fueron desvaneciéndose y, a finales de 2002, Vicente Fox declaró que “buena parte” de los delitos de la llamada guerra sucia “han prescrito”. En perfecta sintonía con Vicente Fox, en febrero 2002 el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, estableció que las fuerzas armadas “han cumplido con lo que se les ordenó como razón de Estado”.

Luego de haber costado al erario más de 300 millones de pesos en gasto corriente y salarios (el sueldo de Ignacio Carrillo Prieto a partir del 4 de enero de 2002 fue de 213 mil 190.89 pesos) y de sus raquíticos resultados, la Presidencia de la República y la PGR determinaron que la era de la Femospp había concluido debido al “gran desgaste” de su titular y a los pocos resultados obtenidos a lo largo de sus cuatro años de existencia. Además, el procurador Daniel Cabeza de Vaca afirmó que la Femospp “ha cumplido ya con los objetivos para los que fue fundada”.

Si bien la Femospp logró identificar 644 casos de desaparición forzada; 434 pueden considerarse plenamente acreditados y para 208 casos hay suficiente información que permite considerar una presunción de que tales hechos sucedieron; no pudo acreditar el número real de muertos en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, a pesar de cinco años de investigación; ni mencionar por su nombre a los culpables de las desapariciones forzadas y de actos de tortura en instalaciones militares en diversos estados de la República.

Así, el 30 de noviembre del 2006 concluyeron las funciones de la Femospp. De enero de 2002 a junio de 2006, la Femospp inició 657 averiguaciones previas, y de ellas acumuló en un sólo expediente 110 indagatorias, todas relacionadas con hechos calificados como privación ilegal de la libertad, cometidos principalmente en Guerrero, aunque también involucran sucesos en entidades como Sinaloa y Jalisco, debido a que los presuntos responsables son los mismos. Sin embargo, Ignacio Carrillo solamente acreditó 12 muertos y 28 heridos.

Luego de cinco años de trabajo donde la indefinición política fue la norma de la actuación de la Femospp podemos afirmar que no es lo mismo conocer la verdad que resolver los delitos. Asimismo, fue evidente que el gobierno de la República logró encontrar las razones por las cuales, a pesar del cúmulo de evidencias que pesan sobre los autores intelectuales y materiales de la guerra sucia, no recibieron castigo algún por parte del Estado mexicano. Así, pasado el sexenio foxista, la promesa de impartir justicia a la sociedad entera en torno a uno de los pasajes más oscuros del gobierno mexicano, la llamada guerra sucia quedó en el olvido. El resultado de la investigación fue una amnistía de facto; por ello debemos exigir que nunca más el Estado mexicano establezca como política la persecución y desaparición de los disidentes.

ihuatzio@hotmail.com

sábado, febrero 24, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Los crímenes del pasado, la Femospp los pasó , II Parte

La Jornada Jalisco (Ver Parte I)

La primera opción para encabezar la Femospp recayó en Alberto Zsekely, diplomático y abogado de derechos humanos. Alberto Zsekely, se sintió seguro de obtener el nombramiento y comenzó a integrar un Comité Ciudadano de Apoyo, pero Vicente Fox dejó la decisión de nombrar al nuevo fiscal en manos de su procurador general el General Macedo de la Concha quien colocó a Ignacio Carrillo Prieto al frente de la nueva fiscalía. Tristemente, el nombre del puesto de Ignacio Carillo Prieto fue inversamente proporcional a los resultados obtenidos, el primero enorme, los segundo verdaderamente pequeños. El nombramiento de Carrillo Prieto causó dudas e interrogantes entre dirigentes de partidos políticos, ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, de las madres de desaparecidos y organismos de derechos humanos, principalmente porque el fiscal no tenía antecedentes en la mencionada materia.

La Femospp quedó encargada sólo de “delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos”, lo que excluía a grupos paramilitares y autoridades estatales y municipales; un candado más para su trabajo fue la temporalidad que legalmente le otorgaron para esclarecer las violaciones a los derechos humanos, los hechos que podría investigar eran aquellos que hubieran ocurrido antes del 27 de noviembre de 2001.

De este modo, apegado a pie juntillas a la máxima de la política que establece que forma es fondo, el gobierno federal de Vicente Fox creó una fiscalía especial para asegurar que triunfara la impunidad. En México ya conocemos la receta: para asegurar que una investigación no prospere, la ruta es crear una fiscalía especial. Los botones abundan para sostener las pruebas.

Están los casos de las fiscalías creadas ex professo para “llegar al fondo de las cosas” y “solucionar” los asesinatos de Luis Donaldo Colosio; el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; Francisco Ruiz Masseiu; la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa; los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez; para atender la violencia contra periodistas y la fiscalía especia contra la delincuencia organizada. Así, las fiscalías especiales se han convertido en organismos que obedecen a intereses políticos y sólo sirven para intentar limpiar la imagen del gobierno. Las investigaciones que llevan a cabo terminan en un laberinto burocrático y una montaña de papeles que jamás llegan a una conclusión de los casos que atienden.

Por esta razón la mayoría de las voces de la sociedad pedían una Comisión de la Verdad y no una fiscalía especial, previniendo quizá lo que finalmente sucedió: la Femospp dio a conocer parte de la verdad histórica pero no resolvió los delitos.

La primera lucha que libró la Femospp fue tratar de demostrar que jurídicamente los crímenes del pasado no habían prescrito.

El debate comenzó y las posiciones se fueron haciendo cada vez más antagónicas. Si bien es cierto, que los crímenes contra la humanidad en un inicio estuvieron relacionados con conflictos armados, hoy en día el derecho internacional los ha configurado como delitos autónomos que también pueden cometerse en tiempo de paz, así ha quedado establecido en el Estatuto del Tribunal Internacional para Ruanda que en su artículo dos establece que el genocidio incluye los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso en cuanto a tal.

En el mismo sentido se establece en el artículo 7 del Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998 que: “se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional e i) desaparición forzada de personas.

Así, la desaparición forzada de personas, cuando constituye una práctica sistemática, como lo fue en el México de los años sesenta, setenta y ochenta, es un crimen de lesa humanidad. Como tal es un delito imprescriptible. Es la razón por la cual, la Femospp recurrió al delito de genocidio que, de acuerdo con regulaciones internacionales, nunca prescribe.

En el curso de las discusiones para determinar si los crímenes cometidos durante la guerra sucia habían o no prescrito, fueron fundamentales dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una de ellas, en enero de 2002, que concedía un amparo a los ex dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH), Raúl Alvarez Garín, José Gilberto Piñeiro Guzmán, César Tirado, Roberto Vázquez Camarena y Roberto Escudero, contra los actos del director general de Ministerio Público Especializado “A” de la Procuraduría General de la República (PGR), que el 10 de noviembre de 1998 había resuelto que no procedía iniciar una averiguación por los presuntos delitos de genocidio, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, por considerar que estaban prescritos. Una más, en julio de 2004 donde el máximo tribunal estableció que la prescripción forzada comienza a contar cuando aparece viva o muerta una persona. Así la SCJN ordenó a la PGR que iniciara una averiguación previa para determinar la existencia o probable existencia de delitos cometidos el 2 de octubre de 1968 en la plaza de las Tres Culturas.

Si bien, en el año 2002, México suscribió y ratificó la Convención Internacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, tanto el Ejecutivo como el Senado formularon a ese instrumento internacional una declaración interpretativa, puntualizando que tendría efecto sobre es género de delitos cometidos a partir de la entrada en vigor de la Convención. Esta sería la constante a lo largo de las investigaciones de la Femospp, con una mano el gobierno decía que sí y con la otra que no. La indefinición política como mecanismo para garantizar la impunidad a la clase hegemónica.

ihuatzio@hotmail.com

viernes, febrero 23, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Los crímenes del pasado, la Femospp los pasó

(Parte I)

Jornada Jalisco

Cuando una sociedad emprende el camino de la democracia se impone no únicamente mirar al futuro, sino inevitablemente, echarle un vistazo al pasado. Es harto necesario que las sociedades reflexionen acerca de qué hacer con el pretérito en función del futuro que intentan construir. Y cuando en su pasado aparecen crímenes perpetrados por el Estado y el gobierno, es imprescindible contestar la pregunta ¿qué hacer con esos crímenes del pasado? Así sucedió con los tribunales de Nuremberg y Tokio, ambas instancias nos aferran a la idea de enfrentar el pasado para construir el futuro.

La sociedad mexicana no escapa a este proceso, el de proyectar un futuro a partir de conocer y entender el pasado. Después de setenta años de vivir bajo la “dictadura perfecta” priísta, y de un sinnúmero de luchas por salir de ella para construir una democracia basada en un sistema pluripartidista y una mayor equidad en el reparto de las riquezas; en el año 2 mil el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió las elecciones presidenciales frente al Partido Acción Nacional (PAN). Algunos mexicanos pensaron que era el resultado de las incontables luchas sociales, armadas y pacíficas, que se venían librando desde mediados de los años sesenta. Otros más, pensaron que la hora de rendir cuentas por parte de los gobernantes priístas también había llegado. Un presidente salido de las filas de la oposición que durante su campaña electoral había prometido llegar al fondo de las historias negras de la represión del Estado mexicano, no podía hacer pensar otra cosa. Más temprano que tarde la promesa de investigar, y en su caso condenar a los culpables de la guerra sucia en México, especialmente por las represiones estudiantiles en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y la del 10 de junio de 1971, formó parte del sexenio de la frivolidad y de la larga lista de promesas incumplidas, donde el gobierno pudo pero no quiso castigar a los autores de los crímenes de lesa humanidad.

El periodo de la guerra sucia comprende los años de 1968 a 1985 en los cuales el Estado mexicano emprendió una lucha frontal en contra de los diferentes movimientos sociales opositores al régimen fueran armados o pacíficos, utilizando toda la maquinaria policiaca, militar, política y económica de que dispone el gobierno para perseguir a sus disidentes.

En la guerra sucia se vieron involucrados los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado. Aunque en realidad, también en los gobiernos siguientes la persecución a disidentes se mantuvo, aunque con menor intensidad. Hoy en día contamos con dos grandes versiones de los sucesos acaecidos en esos años: la del Estado mexicano y la de los activistas perseguidos por el régimen. Sea cual sea la historia, hoy los historiadores podemos, gracias a la enorme cantidad de testimonios existentes, reconstruir de manera muy acertada lo que sucedió en el México de los años sesenta, setenta y ochenta. Es en este sentido que podemos decir que gracias a la insistencia de la sociedad civil la impunidad se volvió visible.

En el contexto de la guerra sucia encontramos varios casos emblemáticos que nos muestran claramente la manera en la cual el gobierno mexicano intentó callar las voces discordantes en el pasado reciente: la matanza de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968; la matanza del Jueves de Córpus el 10 de junio de 1971 en las calles de San Cosme en el Distrito Federal, ambas masacres como colofón de una dura persecución emprendida contra los universitarios desde finales de los años cincuenta; asimismo la represión contra la guerrilla rural de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en el estado de Guerrero; y contra la Liga Comunista 23 de Septiembre, guerrilla urbana nacida en Guadalajara el 15 de marzo de 1973.

Uno de los principales brazos ejecutores de la guerra sucia fue la Dirección Federal de Seguridad (DFS), creada en diciembre de 1946. Ya en la década de los setenta la DFS, a través de la Brigada Blanca, se encargaba de los grupos guerrilleros urbanos, mientras que el Ejército mexicano perseguía a las guerrillas rurales. La actuación de ambos grupos buscaba, entre otras cosas, alimentar las fobias anticomunistas del régimen priísta para, de esa manera, aumentar el poder propio de esas organizaciones.

Así, la esencia de la guerra sucia fue callar las voces discordantes que se manifestaban en contra del Estado y fortalecer los instrumentos de control político-policiaco-militar para incrementar el poder de la clase hegemónica priísta.

Una vez llegado a Los Pinos, Vicente Fox Quesada debió enfrentar la exigencia de la sociedad nacional e internacional para que el gobierno federal aclarara los crímenes del pasado. Las estrategias para atender la demanda eran fundamentalmente dos: crear una comisión de la verdad o una fiscalía especial. Los debates en torno a la naturaleza y los alcances jurídicos que debía tener cualquiera de los dos organismos mencionados fueron intensos en los meses posteriores a diciembre de 2000. Los argumentos a favor y en contra llenaban planas completas en los diarios de circulación local y nacional.

En los albores de la discusión el presidente Vicente Fox no veía con malos ojos la creación de una comisión de la verdad, junto a él aparecían el entonces canciller Jorge Castañeda y el coordinador del gabinete de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, quienes se mostraban en favor de la creación de una comisión de la verdad. En la acera de enfrente se situaron el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quienes finalmente impusieron su propuesta de crear una fiscalía especial y no una comisión de la verdad, porque ésta generaría, argumentaron, expectativas de esclarecimientos, pero tendría un cuestionado valor jurídico al situarse por encima de las instancias constituidas.

Fue así como el 27 de noviembre de 2001 nació la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probables Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

El mismo día de la presentación en sociedad de la nueva Femospp, y sabiendo que uno de sus principales blancos serían las fuerzas armadas, Vicente Fox afirmaba que hacer justicia “no desacredita a un Ejército que es del pueblo y para el pueblo’’, por lo que se ‘’investigará y sancionará’’ a los responsables de actos de tortura y desapariciones por motivos políticos en las décadas de los setenta y ochenta. En el marco de esta estrategia los primeros paquetes repletos de documentos de la DFS llegaron al Archivo General de la Nación (AGN) el 24 de febrero de 2002 y se abrieron al público el 18 de junio de ese mismo año. Por otro lado, aceptaba que la apertura de los archivos sobre la guerra sucia era un derecho tanto de las familias de los miembros de las fuerzas armadas que cayeron en esa época como de los familiares de luchadores sociales que murieron o desaparecieron a manos del Estado, por lo que todas las muertes “deben ser perfectamente esclarecidas’’. Asimismo, el presidente ratificaba su compromiso de dar “cabal cumplimiento’’ a la recomendación que sobre desapariciones y tortura había efectuado al Ejecutivo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y recordaba su promesa de campaña: el pasado debe revisarse, ‘’lo prometí en campaña y lo cumplo. Por eso hay que ir más allá de la idea de una comisión de la verdad y aspirar no sólo a conocer las conductas y omisiones del pasado, sino también a sancionarlas. Eso es posible mediante la intervención de las instancias encargadas de la procuración y administración de la justicia’’ en el marco de la imparcialidad e integridad.

viernes, febrero 09, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Censura

Jornada Jalisco

Algunas reflexiones a propósito de la libertad de expresión, que por cierto, desde los años de la guerra de independencia allá por 1810, ya era motivo de preocupación de líderes insurgentes, y más tarde, gobiernos nacionales, sobre todo liberales.

La censura es “la intervención que ejerce el censor gubernativo”, sobre alguna práctica o discurso de la sociedad que se gobierna. A lo largo de la historia independiente de México una parte de la sociedad ha luchado por acabar con la censura que se practica en todas las esferas de la convivencia social por parte de la clase hegemónica. A pesar de ello, la censura existe como una de las prácticas más antidemocráticas en nuestro país.

A pesar de los discursos oficiales y oficiosos que habla del ascenso de la democracia, el Estado continúa censurando todas aquellas manifestaciones políticas que considera “peligrosas” para la gobernabilidad del país.

La censura ejercida por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular Francisco Ramírez Acuña ha sido acusado por varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos por su negativa para respetar las garantías individuales, muestra que nos acercamos cada día más a un Estado neofranquista e inquisidor donde manifestar públicamente las ideas será asunto de seguridad personal.

En tiempos de la dictadura militar en Argentina (1976-1982), aparecían carteles en la vía pública donde se leía “el silencio es salud”. No tenemos porque vivir en un Estado así. Son muchos años luchando por conseguir lo contrario.

Esta última semana observamos varias manifestaciones de censura ejercida desde el gobierno de Felipe Calderón. Primero, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía prohibió la transmisión de un programa de televisión del Partido de la Revolución Democrática dentro de los tiempos oficiales que por ley le pertenecen al PRD. El argumento fue que las imágenes donde se muestra a Andrés Manuel López Obrador tomando posesión como “presidente legítimo” alteran la “gobernabilidad”; bajo está “lógica”, no nos extrañe que la cacería “televisiva” continúe con la emisión de La verdad sea dicha.

Asimismo, asistimos a dos detenciones militares por demás arbitrarias y violatorias de las garantías individuales, realizadas por elementos del Estado Mayor Presidencial; la primera la sufrió el vocero del PRD Gerardo Fernández Noroña en el marco de la conmemoración de la Constitución Mexicana y la “defensa de las libertades” (Felipe Calderón dixit) a plena luz del día en la plancha del Zócalo capitalino. El segundo caso fue el de Omar Nava González, un joven de 23 años que le gritó a Felipe Calderón “presidente espurio” mientras el inquilino de Los Pinos realizaba una visita a una escuela en Tlaquepaque; el joven corrió la misma suerte que el vocero nacional del PRD. Ambos detenidos fueron puestos en libertad cuando el EMP se aseguró que no importunarían más al siempre cuestionado Presidente de México.

Estas situaciones además de violar las garantías individuales que nos otorga la Constitución Mexicana, violentan el espíritu del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

También violenta el artículo 19 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Llama la atención la manera en la cual la sociedad debe de exigir y pelear por el respeto a sus más elementales derechos. Si bien es cierto que la Secretaría de Gobernación ya autorizó la transmisión, en tiempos oficiales, del programa permanente del PRD, en donde se incluye el mensaje de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como "presidente legítimo", la pregunta continúa siendo pertinente: ¿por qué el respeto a los derechos ciudadanos por parte de las autoridades debe de ser a jalones?

Si la censura ejercida por parte del Estado y el gobierno es un asunto grave, más lo es la autocensura que la sociedad se impone. Sea en la familia, en la escuela, en el trabajo o en algunos medios de comunicación.

En todas las esferas sociales existen temas y posturas que no se tocan, de las que no se hablan; sean políticas de salud pública; respeto a los derechos humanos; posiciones críticas frente al actuar de las autoridades; prácticas de pederastia al interior de la Iglesia católica; enriquecimiento ilícito de empresarios y políticos y muchos temas más. Todo ello, goza de una veda permanente en grandes grupos de la sociedad.

Pero llegamos a una situación aún más delicada: el aplauso que otorgan varios sectores de la población a las autoridades cuando aplican la censura y la represión física. Es inaceptable, por lo tanto, que algunos estratos oscuros y retardatarios de la sociedad sigan pensando que el camino para salir adelante es el control del pensamiento y las manifestaciones públicas por parte de la gente.

sábado, febrero 03, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

México y América Latina

Jornada Jalisco

La primera gira internacional que realizó Felipe Calderón como presidente electo (impuesto) fue a Latinoamérica y que como presidente en funciones visitó de nueva cuenta un país de América Latina, cuando asistió a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. En esa ocasión afirmó que “independientemente de que geográficamente pertenezcamos a la región de América del Norte, nuestra esencia, pasado y futuro, sabemos que están en América Latina, porque México es esencialmente latinoamericano”, todo ello, con la intención de marcar una clara diferencia entre la política de su gobierno hacia América Latina y la puesta en marcha por el gobierno de Vicente Fox, tratando así de retomar una política de acercamiento con el subcontinente. Bueno, pues a pesar de ello, en su gira por Europa el discurso cambió.


Resulta evidente que durante el mandato de Vicente Fox, la característica principal de la política exterior mexicana hacia Latinoamérica estuvo llena de profundos desencuentros. Luego de seis años de una errática política exterior mexicana hacia el Cono Sur que llegó a límites insospechados como el “comes y te vas” sugerido a Fidel Castro; o los pleitos, también con el gobierno de Cuba, por el caso Ahumada; los agarrones con Hugo Chávez y las descalificaciones a las políticas integristas de Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia; era harto necesario recomponer el rumbo latinoamericano de México.

Así, las primeras declaraciones de Felipe Calderón para tender puentes con Latinoamérica fueron bien recibidas por algunos sectores, aunque para otros eran sólo palabras que pronto serían rebasadas por las acciones. No fue necesario esperar mucho tiempo para comprobar que la posición discursiva de Calderón se la llevaba el viento. La realidad se impone y la Presidencia de México continúa jugando el papel de escudero del gobierno norteamericano.

Fue al calor de las discusiones en el Foro Económico de Davos, Suiza, donde Felipe Calderón mostró la verdadera cara de la diplomacia mexicana hacia Latinoamérica. Siguiendo el guión de su política electorera del año pasado, buscó mostrar sus “fortalezas” con base en la descalificación de las políticas de algunos países sudamericanos para resaltar las bondades de las políticas económicas puestas en marcha en nuestro país.

A lo largo de su gira por Europa, Felipe Calderón atacó sistemáticamente a los gobiernos de Venezuela, Argentina y Bolivia; arremetió en contra de sus políticas de nacionalización, mientras asumía como propios los lineamientos de la política exterior y de seguridad del gobierno de George W. Bush, olvidando que si algo le ha dado viabilidad económica al gobierno mexicano han sido precisamente la nacionalización del petróleo y de la industria eléctrica.

Fue evidente, en esos días, la sincronía en los ataques lanzados por el presidente de México; el subsecretario de Estado norteamericano, John D. Negroponte y el ex presidente y ahora “flamante conferencista”, Vicente Fox contra los presidentes de Venezuela y Bolivia, Hugo Chávez y Evo Morales respectivamente por sus políticas nacionalistas en defensa de sus recursos naturales, principalmente agua, gas y petróleo. Las críticas no pararon ahí, Calderón cuestionó los prejuicios contra el libre comercio que impidieron el establecimiento y funcionamiento del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA); y sin mencionar nombre alguno atacó a lo que llamó las “dictaduras personales vitalicias”. Todo lo anterior en el marco de un debate con el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, quien reivindicó el bloque sudamericano para enfrentar con mayor fuerza las políticas salidas de Estados Unidos para dominar América Latina.

Para el presidente mexicano, por el contrario, el reto es avanzar en términos de mercado e inversión y no regresar a viejas políticas del pasado, ni efectuar expropiaciones ni nacionalizaciones, que para Felipe Calderón han empobrecido como nunca a la población en América Latina. Por lo visto, el jefe del Ejecutivo olvida que más de la mitad de la población del subcontinente es pobre a causa de las políticas neoliberales impuestas a nuestros pueblos desde 1982. Su perorata llegó hasta el punto de ofrecer nuestro territorio a las empresas afectadas por las nacionalizaciones en Venezuela y Bolivia para que inviertan en México donde, remató, sí hay seguridad para los inversionistas.

Con el botón de muestra que nos regaló Felipe Calderón en su primera gira europea, no podemos llamarnos a sorpresa de que en América Latina, México se vea como el aliado incondicional de Estados Unidos y la punta de lanza de los proyectos económicos y políticos del vecino del norte para dominar América Latina; el gobierno de Felipe Calderón se ve menos como un aliado latinoamericano y más como un matraquero estadounidense que apoya el ALCA y arremete contra la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) y el MERCOSUR.

¿Por qué el gobierno mexicano continúa empeñado en hacer suya una agenda política y económica que se diseña por el gobierno de Estados Unidos al que poco le interesa nuestro desarrollo? ¿Por qué el gobierno hace suya la tan manoseada y corrupta “lucha internacional contra el terrorismo”, financiada entre otros gobiernos por el de George W. Bush? ¿Por qué se aferra el gobierno mexicano en ser el arma ideológica de las potencias del norte para evitar que nuestros países apliquen su propia agenda para el desarrollo? ¿Por qué criticar las expropiaciones impulsadas por el eje que representan Venezuela y Bolivia, cuando no son otra cosa que las acciones mínimas de soberanía de un pueblo frente al embate de los capitales extranjeros y nacionales? ¿Por qué la negativa de los dos últimos gobiernos panistas de mirar hacia Latinoamérica y aferrarse a un modelo que lo único que ha traído al país es miseria y desigualdad? Y no sólo el gobierno mexicano no mira al sur, sino que se convierte en uno de los críticos más recalcitrantes de los proyectos nacionales y autónomos que han puesto en marcha varios países del Cono Sur.

Es una lástima que al interior del gobierno calderonista persista la falsa idea de que la puerta para salir de nuestros problemas está en el norte y no en el sur, cuando es en el centro y no en la periferia donde se generan las políticas económicas que han empobrecido a nuestra región.

ihuatzio@hotmail.com

viernes, enero 26, 2007

Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Retorno a la guerra sucia

Jornada Jalisco

Que no vengan ahora con que es necesario infiltrar policías a las bandas del crimen organizado para combatirlo con mayor éxito. Propuesta digna del mundo al revés: quien ha infiltrado a los cuerpos de seguridad para trabajar mejor, ha sido el crimen organizado. Solo una reflexión: si las diferentes corporaciones policiacas y militares del país delinquen con el uniforme puesto, con el permiso del Estado, pensemos qué harán los policías ahora que se encuentren encubiertos. La sola propuesta del gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez (en realidad “pensada” por el secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña) de regresar a los tiempos de la policía secreta ofende y preocupa a la sociedad, dejando en claro que los panistas-yunquistas ven en el uso de la fuerza y la represión los instrumentos ideales para “gobernar”.


Nuestros gobernantes, en un claro maridaje con el poder económico, continúan apostando a la poca conciencia histórica, social y política de los mexicanos. Pretender buscar en las prácticas policiacas más oscuras del pasado, no solo de Jalisco, sino de México, la solución al crimen organizado solamente huele a una cosa: la intención de continuar criminalizando a los movimientos sociales y a las manifestaciones callejeras que no tienen un origen criminal, por el contrario, son consecuencia de una situación económica cada día más paupérrima y desesperante donde sobreviven al menos setenta millones de mexicanos.

Tal vez algunos compatriotas han olvidado las historias negras de la guerra sucia en el país, pero otros, las recuerdan tan bien que quisieran revivirlas para controlar de mejor manera a los grupos descontentos. La persecución de los movimientos sociales en el país fue la ignominia de los gobiernos priístas que cimentaron sus bases en la sangre de los luchadores sociales, y que hoy, los panistas-yunquistas pretenden revivir.

La simple enumeración de algunos sucesos que se presentaron en el marco de la guerra sucia en México a lo largo de los años sesenta, setenta y ochenta sería motivo suficiente para negarnos a que aparezca nuevamente la policía secreta, adornada con el falso discurso de la lucha contra el crimen organizado.

Acaso piensa el gobierno panista que el recuerdo de cientos de personas torturadas, desaparecidas y asesinadas en las diferentes cárceles del país a manos de un ejército de paramilitares, muchos de ellos entrenados en academias castrenses norteamericanas, puede ser sepultado y olvidado con la retórica de que esos eran tiempos priístas. No, el pasado represor no debe volver ahora pintado de azul.

Las historias negras sucedidas a partir del 12 de septiembre de 1961 en la cárcel preventiva del Campo Militar No. 1 en la ciudad de México, que por cierto, fue estrenada a tres días de su inauguración por 149 miembros del Movimiento Democrático Potosino, encabezado por el médico Salvador Nava, no deben repetirse. Asimismo, los motines fraguados al interior de los penales para reprimir a los presos políticos, lo mismo en Lecumberri que en el penal de Oblatos, no deben repetirse. Contrariamente es harto necesario esclarecer qué sucedió en esos oscuros años del priísmo más retardatario y qué subyace en la intención panista de revivirlos.

No busquemos en fórmulas del pasado represor el modelo a seguir para alcanzar una verdadera transición democrática. No es con la creación de grupúsculos policíacos y paramilitares como caminaremos hacia la democracia. Es tiempo de superar etapas históricas que fueron dominadas por personajes que hicieron de la tortura su modus operandi para mantenerse en el poder. No debe volver la Dirección Federal de Seguridad, la Brigada Blanca, el Batallón Olimpia, los Halcones, ni la Policía Secreta de Guadalajara; como tampoco deben volver los operativos secretos que el Estado ponía en marcha por medio del Ejército mexicano como fueron el “Plan de Operaciones de Contrainsurgencia”, las “Operaciones Telaraña, Amistad, Luciérnaga” y el “Plan Secreto de Operaciones Silenciador”, encaminados todos ellos a la lucha contra grupos disidentes en los años setenta.

No podemos permitir que regrese la tortura como método de investigación, el catálogo de esa práctica es extenso y criminal: los detenidos eran obligados a beber gasolina; sufrían múltiples fracturas; desfiguraciones en el rostro; quemaduras de tercer grado; les cortaban o rebanaban y quemaban las plantas de los pies; les insertaban clavos calientes en las rodillas y eran sometidos al pocito para intentar ahogarlos; recibían tortura sicológica y toques eléctricos en todo el cuerpo; eran amarrados de los testículos y colgados; además de introducirles mangueras por el ano para llenarlos de agua y luego golpearlos. A las mujeres les introducían botellas de vidrio en la vagina; sin olvidar los vuelos de la muerte en las costas del estado de Guerrero donde los guerrilleros eran lanzados a las aguas en costales del Ejército.

El mensaje es evidente, lo que se busca es infiltrar a los movimientos sociales para su mejor persecución y desmantelamiento. Es la verdadera razón que subyacen en la iniciativa de ley enviada por Gerardo Octavio Solís Gómez y que el Congreso local piensa aprobar por la vía libre. Como sociedad debemos exigir que los diputados no aprueben semejante engendro legal con el cual estarían sepultando nuevamente las incipientes vías democráticas que con tanto trabajo hemos construido para salir adelante. De aprobarse en el Congreso local el regreso de la Policía Secreta a Guadalajara, el gobernador interino y los diputados, regresarían el reloj de la historia cuarenta años. No a la Policía Secreta en Guadalajara.

Ihuatzio@hotmail.com

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