Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Censura

Jornada Jalisco

Algunas reflexiones a propósito de la libertad de expresión, que por cierto, desde los años de la guerra de independencia allá por 1810, ya era motivo de preocupación de líderes insurgentes, y más tarde, gobiernos nacionales, sobre todo liberales.

La censura es “la intervención que ejerce el censor gubernativo”, sobre alguna práctica o discurso de la sociedad que se gobierna. A lo largo de la historia independiente de México una parte de la sociedad ha luchado por acabar con la censura que se practica en todas las esferas de la convivencia social por parte de la clase hegemónica. A pesar de ello, la censura existe como una de las prácticas más antidemocráticas en nuestro país.

A pesar de los discursos oficiales y oficiosos que habla del ascenso de la democracia, el Estado continúa censurando todas aquellas manifestaciones políticas que considera “peligrosas” para la gobernabilidad del país.

La censura ejercida por el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular Francisco Ramírez Acuña ha sido acusado por varios organismos nacionales e internacionales de derechos humanos por su negativa para respetar las garantías individuales, muestra que nos acercamos cada día más a un Estado neofranquista e inquisidor donde manifestar públicamente las ideas será asunto de seguridad personal.

En tiempos de la dictadura militar en Argentina (1976-1982), aparecían carteles en la vía pública donde se leía “el silencio es salud”. No tenemos porque vivir en un Estado así. Son muchos años luchando por conseguir lo contrario.

Esta última semana observamos varias manifestaciones de censura ejercida desde el gobierno de Felipe Calderón. Primero, la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía prohibió la transmisión de un programa de televisión del Partido de la Revolución Democrática dentro de los tiempos oficiales que por ley le pertenecen al PRD. El argumento fue que las imágenes donde se muestra a Andrés Manuel López Obrador tomando posesión como “presidente legítimo” alteran la “gobernabilidad”; bajo está “lógica”, no nos extrañe que la cacería “televisiva” continúe con la emisión de La verdad sea dicha.

Asimismo, asistimos a dos detenciones militares por demás arbitrarias y violatorias de las garantías individuales, realizadas por elementos del Estado Mayor Presidencial; la primera la sufrió el vocero del PRD Gerardo Fernández Noroña en el marco de la conmemoración de la Constitución Mexicana y la “defensa de las libertades” (Felipe Calderón dixit) a plena luz del día en la plancha del Zócalo capitalino. El segundo caso fue el de Omar Nava González, un joven de 23 años que le gritó a Felipe Calderón “presidente espurio” mientras el inquilino de Los Pinos realizaba una visita a una escuela en Tlaquepaque; el joven corrió la misma suerte que el vocero nacional del PRD. Ambos detenidos fueron puestos en libertad cuando el EMP se aseguró que no importunarían más al siempre cuestionado Presidente de México.

Estas situaciones además de violar las garantías individuales que nos otorga la Constitución Mexicana, violentan el espíritu del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

También violenta el artículo 19 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Llama la atención la manera en la cual la sociedad debe de exigir y pelear por el respeto a sus más elementales derechos. Si bien es cierto que la Secretaría de Gobernación ya autorizó la transmisión, en tiempos oficiales, del programa permanente del PRD, en donde se incluye el mensaje de toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como "presidente legítimo", la pregunta continúa siendo pertinente: ¿por qué el respeto a los derechos ciudadanos por parte de las autoridades debe de ser a jalones?

Si la censura ejercida por parte del Estado y el gobierno es un asunto grave, más lo es la autocensura que la sociedad se impone. Sea en la familia, en la escuela, en el trabajo o en algunos medios de comunicación.

En todas las esferas sociales existen temas y posturas que no se tocan, de las que no se hablan; sean políticas de salud pública; respeto a los derechos humanos; posiciones críticas frente al actuar de las autoridades; prácticas de pederastia al interior de la Iglesia católica; enriquecimiento ilícito de empresarios y políticos y muchos temas más. Todo ello, goza de una veda permanente en grandes grupos de la sociedad.

Pero llegamos a una situación aún más delicada: el aplauso que otorgan varios sectores de la población a las autoridades cuando aplican la censura y la represión física. Es inaceptable, por lo tanto, que algunos estratos oscuros y retardatarios de la sociedad sigan pensando que el camino para salir adelante es el control del pensamiento y las manifestaciones públicas por parte de la gente.