Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Los crímenes del pasado, la Femospp los pasó III Y ULTIMA

La Jornada Jalisco - (Parte II, Parte I)

Casi 34 años después de la matanza del 2 de octubre, Luis Echeverría se convirtió en el primer ex presidente en acudir a declarar en calidad de indiciado. Compareció ante la Femospp para responder a las acusaciones por genocidio, homicidio, lesiones, desapariciones forzadas “y lo que resulte’’, formuladas por ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968.

Raúl Alvarez Garín, ex líder estudiantil del Consejo Nacional de Huelga (CNH), declaró en su momento que la comparecencia de Luis Echeverría Alvarez era histórica; muy importante, porque con ella comenzaba la averiguación de los hechos ocurridos en 1968. Con entusiasmo desbordado afirmaba que la puerta se abría para que otros ex funcionarios involucrados fueran interrogados para fincarles su responsabilidad directa en los hechos.

Aunque en el primer intento de la Femospp por llevar a la cárcel a Luis Echeverría el ex presidente fue exonerado de los hechos de 1968 y 1971; la Femospp continuó la lucha hasta conseguir, cuatro años después y 37 años de ocurrida la matanza del 2 de octubre de 1968, que un magistrado federal de la ciudad de México ordenara la aprehensión de Luis Echeverría Alvarez por ser presunto responsable del delito de genocidio. Sin embargo, debido a la avanzada edad (86 años) y el precario estado de salud de Echeverría, José Angel Mattar Olivar, titular del Segundo Tribunal Unitario Penal, le concedió el beneficio de la prisión preventiva domiciliaria. Recordemos que el 26 de mayo de 2004 entró en vigor la reforma al artículo 55 del Código Penal Federal que permite a los adultos mayores de 70 años cumplan sentencia en su domicilio. En caso de que a Luis Echeverría no le alcance la vida para enfrentar los cargos que se le imputan antes de que se emita una sentencia, quedará como inocente ante la justicia.

No obstante este aparente éxito de la Femospp, que además se dio un día antes de las elecciones federales del 2 de julio, varios de los acusados por el fiscal Ignacio Carrillo Prieto quedaron exculpados por haber prescrito el genocidio en cada uno de sus casos; quienes recibieron este beneficio fueron: los ex titulares de la DFS, Luis de la Barrera Moreno y Miguel Nazar Haro; el ex procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas (quien falleció en diciembre pasado); los generales Luis Gutiérrez Oropeza, ex jefe del Estado Mayor Presidencial; Raúl Mendiolea Cerecero, ex subjefe de la Policía Judicial Federal; Javier Vázquez Félix, quien se encargó de recoger cadáveres en Tlatelolco y Salvador del Toro Rosales, ex agente del Ministerio Público.

De igual manera un tribunal militar cerró el proceso contra el general del Ejército, Arturo Acosta Chaparro, acusado de la “desaparición” de 143 personas en Guerrero en la década de los setenta, por considerar que las pruebas en su contra ya no eran válidas y aceptar que los testigos oficiales de alto rango ya no podían recordar los hechos. El general permaneció en prisión por cargos penales no vinculados con los anteriores.

Si el fallo dado el primero de julio por un magistrado federal de la ciudad de México quien ordenó la aprehensión de Luis Echeverría Alvarez por ser presunto responsable del delito de genocidio llamó la atención por el día en que se dio; la reaprehensión del ex presidente ordenada el último día del gobierno de Vicente Fox llamó aún más la atención. Al librar la orden de reaprehensión y dictar la formal prisión en contra del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, el magistrado federal Ricardo Paredes Calderón concluyó: “se tiene debidamente comprobado que el inculpado perpetró por cualquier medio delitos contra la vida de los miembros de un grupo nacional. Se calcula que hubo entre 150 y 300 personas fallecidas. Se acreditó que efectivamente se causó la muerte de por lo menos 38 personas reconocidas por el gobierno, pero que en realidad fue un grupo de entre 150 y 300 personas, entre las que se encontraban estudiantes, maestros, simpatizantes del movimiento estudiantil y vecinos del lugar. El medio utilizado fue a través de armas de fuego, por parte de diversos elementos policiacos, parapoliciacos y militares, organizados previamente, y dispuestos en sitios estratégicos, quienes dispararon entre sí y sobre la multitud de manifestantes, cercados en una acción coordinada en que participó el Ejército por órdenes del entonces titular del Ejecutivo nacional, las policías federal y local, mandados por ambos procuradores, quienes a su vez fueron ordenados por el mismo Presidente de la República. También participaron elementos paramilitares, provenientes de la DFS, la que también incorporó a sus filas a elementos de la Policía Judicial Federal y del Distrito Federal, y algunos oficiales del EMP, constituyendo el Batallón Olimpia, dirigidos por la Secretaría de Gobernación, del cual el sujeto activo era titular”.

No obstante la decisión de las autoridades, resulta por lo menos extraña debido al contexto en que se emitió la reaprehensión de Luis Echeverría, un día antes de que concluyera el gobierno de Vicente Fox. Con ello queda la sensación de que hicieron una lectura política del asunto, como para dar luces de que en México sí hay justicia a pesar de todo.

La Femospp tuvo un problema de origen: dependió de las instancias que buscó investigar. Dependía del Ejército, de las policías y del Estado en su conjunto para recabar información. La Femospp y su fiscal no lograron prácticamente nada. La impunidad continuó rodeando a los artífices de la persecución social, y el gobierno foxista dejó pasar los crímenes del pasado.

De tal manera, por increíble que parezca lo que no hizo la Femospp en México, consignar a los culpables de la guerra sucia, sí se hizo en Guatemala. Este país con el que compartimos parte de nuestra frontera sur se preocupó y se ocupó de su pasado y de los crímenes que en él cometió el Estado, para de ahí comenzar a construir su futuro. Angel Aníbal Guevara, coronel y ex ministro de la Defensa durante el gobierno militar de Fernando Romeo Lucas García, de 1978 a 1982, y el coronel Germán Chupina Barahona, director de la Policía Nacional durante el mismo periodo, se convirtieron en los primeros militares guatemaltecos, acusados por la audiencia española de crímenes de guerra, en ser tocados por la justicia. Angel Guevara, de 81 años, guarda prisión desde marzo del año pasado en un Centro Preventivo de Guatemala. Germán Chupina, de 82 años, fue sacado en silla de ruedas de su casa, y se refugió en un hospital.

Las primeras detenciones de los militares guatemaltecos se dieron más de cuatro meses después que el juez español Santiago Pedraz, magistrado del Juzgado Central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional, emitiera, en julio de 2006, una orden de captura internacional contra ocho militares y civiles guatemaltecos acusados de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales, y casi siete años después que Rigoberta Menchú, acompañada por familiares de víctimas de la guerra, presentaran en diciembre de 1999 la denuncia por genocidio ante la Audiencia Nacional de España.

Las órdenes de captura se sustentan en las conclusiones del proceso judicial que afirman que entre enero de 1980 y septiembre de 1981, durante la gestión de Fernando Romeo Lucas García como presidente; Guevara como ministro de Defensa; Benedicto Lucas como jefe del Estado Mayor; Germán Chupina como director de la policía; Donaldo Alvarez, ministro de Gobernación, y en otro periodo más amplio, desde el gobierno se entretejió un plan destinado a exterminar a la etnia maya, provocando desplazamientos forzados. Esta violencia se materializó en asesinatos, torturas, violaciones de mujeres, haciendo del terror un modus vivendi. No sólo se atacaba físicamente a la etnia maya, sino al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban auxilio a los campesinos tratando de preservar su dignidad y el que las atrocidades no cayeran en el olvido.

En sentido contrario a lo sucedido en Guatemala, en México la Femospp no consiguió nada o casi nada. Fiel a su estilo, Vicente Fox Quesada comenzó a lanzar las primeras promesas para esclarecer los hechos de 1968 y la masacre del jueves de Corpus. “Su sacrificio no fue en vano”, dijo en París en 2000, siendo presidente electo en relación a los estudiantes caídos durante la guerra sucia. En Estrasburgo aceptó que el gobierno y el Ejército “son los principales acusados” por la “mucha represión” y los “muchos desaparecidos” que hubo en México a partir del movimiento estudiantil. En diciembre de 2001, se refirió a las matanzas de 1968 y del jueves de Corpus como actos de dominio público “nunca aclarados, sobre todo la violencia y la brutalidad que parece haberse usado en muchos de los casos”. Pero sus afirmaciones y sus promesas de impartir justicia fueron desvaneciéndose y, a finales de 2002, Vicente Fox declaró que “buena parte” de los delitos de la llamada guerra sucia “han prescrito”. En perfecta sintonía con Vicente Fox, en febrero 2002 el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, estableció que las fuerzas armadas “han cumplido con lo que se les ordenó como razón de Estado”.

Luego de haber costado al erario más de 300 millones de pesos en gasto corriente y salarios (el sueldo de Ignacio Carrillo Prieto a partir del 4 de enero de 2002 fue de 213 mil 190.89 pesos) y de sus raquíticos resultados, la Presidencia de la República y la PGR determinaron que la era de la Femospp había concluido debido al “gran desgaste” de su titular y a los pocos resultados obtenidos a lo largo de sus cuatro años de existencia. Además, el procurador Daniel Cabeza de Vaca afirmó que la Femospp “ha cumplido ya con los objetivos para los que fue fundada”.

Si bien la Femospp logró identificar 644 casos de desaparición forzada; 434 pueden considerarse plenamente acreditados y para 208 casos hay suficiente información que permite considerar una presunción de que tales hechos sucedieron; no pudo acreditar el número real de muertos en la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, a pesar de cinco años de investigación; ni mencionar por su nombre a los culpables de las desapariciones forzadas y de actos de tortura en instalaciones militares en diversos estados de la República.

Así, el 30 de noviembre del 2006 concluyeron las funciones de la Femospp. De enero de 2002 a junio de 2006, la Femospp inició 657 averiguaciones previas, y de ellas acumuló en un sólo expediente 110 indagatorias, todas relacionadas con hechos calificados como privación ilegal de la libertad, cometidos principalmente en Guerrero, aunque también involucran sucesos en entidades como Sinaloa y Jalisco, debido a que los presuntos responsables son los mismos. Sin embargo, Ignacio Carrillo solamente acreditó 12 muertos y 28 heridos.

Luego de cinco años de trabajo donde la indefinición política fue la norma de la actuación de la Femospp podemos afirmar que no es lo mismo conocer la verdad que resolver los delitos. Asimismo, fue evidente que el gobierno de la República logró encontrar las razones por las cuales, a pesar del cúmulo de evidencias que pesan sobre los autores intelectuales y materiales de la guerra sucia, no recibieron castigo algún por parte del Estado mexicano. Así, pasado el sexenio foxista, la promesa de impartir justicia a la sociedad entera en torno a uno de los pasajes más oscuros del gobierno mexicano, la llamada guerra sucia quedó en el olvido. El resultado de la investigación fue una amnistía de facto; por ello debemos exigir que nunca más el Estado mexicano establezca como política la persecución y desaparición de los disidentes.

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