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Tribunal Popular de Jalisco dictamina contra el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña

Alfredo Villanueva Mercado

Jornada Jalisco

El 28 de febrero pasado, día de término formal del sexenio de Francisco Javier Ramírez Acuña (FRA), fue sometido a juicio como acusado por un Tribunal Popular del Pueblo de Jalisco, constituido ex profeso con base en los artículos 6 de la Constitución federal, que garantiza la libre manifestación de las ideas; artículo 7, que asegura la libertad de publicar de forma abierta y pública; artículo 9, que garantiza el derecho a realizar asambleas públicas pacíficas; artículo 16, que asegura no ser molestados por ninguna autoridad; y ya que la llamada “procuraduría” está al servicio del ex gobernador, y dado que el sistema de justicia actual está operado y controlado por el Poder Ejecutivo y que no reúne las características de independencia e imparcialidad; y considerando que su artículo 20, apartado A, fracción VI, admite la figura de jurado de ciudadanos y que no se prohíbe expresamente a los ciudadanos mexicanos constituirlo en cualquier momento, por ser esta figura resultado del esfuerzo democrático de los pueblos, según lo establece el artículo 39 de la Constitución.

La demanda tuvo en consideración, entre otros, los siguientes hechos: su gobierno estuvo plagado de injusticias y abusos de autoridad. Los hechos, como las obras, ahí están: autoritarismo y represión en derechos humanos como el cerco a los estudiantes de Atequiza y detenciones ilegales en la fiesta rave el famoso Tlajomulcazo; la tortura y el trato cruel inhumano y degradante a los jóvenes altermundistas el 28 de mayo de 2004, y hubo cientos de casos de tortura y detenciones ilegales en todo el sexenio, desarrollándose una política de impunidad incumpliendo las recomendaciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Según datos del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las quejas por este aspecto en la entidad de 2001 a 2006 sumaron 17 mil 651, que van desde detenciones arbitrarias (5 mil 557) hasta cateos domiciliarios ilegales (mil 332). Las dependencias más denunciadas son Procuraduría de Justicia hasta la Secretaría de Salud.

Protegió a sindicatos blancos y charros que día a día extorsionan a miles de pequeños empresarios. Permitió una corrupción ilimitada en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Se asignó un altísimo sueldo y repartió bonos millonarios a sus amigos en cargos públicos. En su gobierno se incrementó el abandono y la marginación en las etnias de la entidad.

Durante su sexenio se registraron altos índices de contaminación ambiental en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y El Salto. La degradación ecológica nunca fue atendida porque el “señor gobernador” se encontraba viajando y gastando el dinero del erario buscando inversionistas que nunca encontró. Permitió la venta de playas de Jalisco a personajes multimillonarios. Abandonó un juicio ganado frente a Colima en la Suprema Corte en agravio de los nahuas de la entidad. Castigó a trabajadores independientes como los del DIF y otros por defender sus derechos laborales, así como permitir golpizas a trabajadores del INEA.

Además, actuó de forma ilegal para evitar ir a prisión al ocultar información pública. También, Ramírez Acuña intervino en las elecciones del 2 de julio, que motivaron al propio vocal del IFE a afirmar que fueron “un cochinero”. Toleró el burdo tráfico de influencias de Fernando Arias, su operador de “imagen”, en la muerte del joven Néstor Alan, burlando la ley. Todavía opera para tratar de resucitar la policía secreta, de ingratos recuerdos en la guerra sucia que se desplegó contra cientos de jaliscienses. Ejecuciones y razzias se practicaron sistemáticamente, como lo comprueba la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y varios organismos civiles. Permanente y arteramente se abandonó a la juventud a su suerte.

La lista es larga y las cuentas pendientes son muchas. En los aspectos económico, laborales, social y cultural, la política conservadora y de privilegios hacia unos cuantos fue la constante durante casi seis años. Los problemas de desigualdad, pobreza y marginación nunca fueron combatidos como lo demuestran los bajos índices de desarrollo humano en el estado. Ramírez Acuña se enriqueció a costa del decadente sistema de transporte público; permitió la apertura de gasolineras al por mayor sin importar que incluso fueron instaladas a pocos metros de escuelas y zonas habitacionales, y mercados tradicionales que por cierto fueron desapareciendo a lo largo del sexenio. Fueron inexistentes los créditos a la vivienda popular a fin de favorecer a voraces inmobiliarias y bancos.

Hoy los espacios deportivos y convivencia se encuentran en un estado de lamentable abandono y además se recortó el presupuesto a cultura. El desempleo no disminuyó y se favoreció a empresas trasnacionales. Asimismo, Jalisco está catalogado por la propia PGR como una de las entidades con los mayores índices delictivos. ¡Y cómo no, empezando por las propias autoridades!

Una vez que se instaló el Tribunal Popular, éste asentó y exhibió el oficio mediante el cual el C. Francisco Javier Ramírez Acuña fue citado a comparecer a través del gobierno interino del estado, el día 23 de febrero de 2007, en punto de las 12 horas; su inasistencia permitió que fuera juzgado en rebeldía; igualmente, demostró que aunque las autoridades estatales y municipales fueron notificadas de este acto ciudadano pacífico con la debida oportunidad, incurrieron en actos intimidatorios y forcejeos, pretendiendo evitar la instalación del Tribunal.

Dentro de los resolutivos del veredicto cabe señalar que “existen suficientes testimonios, evidencias y pruebas para determinar la presunta responsabilidad administrativa, política, penal y civil del inculpado Francisco J. Ramírez Acuña, alias Paco el opaco, por delitos cometidos en el desempeño de su cargo de gobernador del estado durante el periodo 1º de marzo de 2001 al 28 de febrero de 2007, derivados de actos de omisión, promoción, tolerancia o aquiescencia, y por los delitos que resulten tipificados en las leyes nacionales, estatales e internacionales dentro del marco de los derechos humanos, tan graves como los de lesa humanidad en las modalidades de tortura, desaparición forzada de personas en forma transitoria y apartheid, así como delitos ambientales en la modalidad de ecocidio.

“Este Tribunal, siendo benevolente, sin afán alguno de venganza, insta al C. Francisco J. Ramírez Acuña, alias Paco el opaco, a que presente su renuncia al cargo de secretario de Gobernación y manifieste su voluntad de no volver a ocupar ningún cargo público en los tres poderes y niveles de gobierno.

“Este Tribunal le insta igualmente a que reconozca la responsabilidad en la comisión de los diversos ilícitos y delitos que se le imputan, y pida disculpas públicas a las víctimas, al pueblo de Jalisco, al de México y a la comunidad internacional, estableciendo el compromiso de no repetición. En caso de que sea omiso a estos exhortos, este Tribunal insta a las autoridades federales, encabezadas por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, a que proceda a la destitución inmediata del inculpado del cargo de secretario de Gobernación e instruya al procurador general de la República para que inicie –de oficio– las investigaciones correspondientes con base en el marco jurídico vigente y los tratados.

“Asimismo, instamos al Poder Legislativo del estado a que inicie las investigaciones correspondientes para instaurar el juicio político o de procedencia contra Francisco J. Ramírez Acuña, alias Paco el opaco. Pedimos a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que en el ámbito de sus facultades y atribuciones constitucionales investigue los hechos que se le imputan al inculpado.

“Se invita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Estatal de Jalisco a que aporten a este Tribunal Popular los elementos que obren en sus archivos y expedientes para que las víctimas y ciudadanos quejosos las hagan valer ante los tribunales competentes, pues de no hacerlo incurrirán en encubrimiento favoreciendo la impunidad.

“Se insta a las organizaciones internacionales y no gubernamentales a que aporten los elementos de juicio ante la presente causa y sumen esfuerzos en la lucha contra la violencia, la corrupción y la impunidad.

“Excitamos a los organismos como la Organización de las Naciones Unidas, a la OEA, la OIT, la OMS, etcétera, a que interpongan todos sus recursos y medios para la presente causa. Se hace énfasis para que el presente caso sea objeto de una atención particular por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su próxima visita (in loco o in situ) a nuestro país.

“Invitamos y convocamos a los colegios, barras, federaciones y escuelas de abogados, a las universidades asentadas en el estado, a que contribuyan a la ampliación y el perfeccionamiento de la presente causa.

“Finalmente, llamamos al pueblo de Jalisco, al de México y a la comunidad internacional a que interpongan todos sus recursos y voluntad para que ningún espacio público o monumento lleve el nombre de Francisco J. Ramírez Acuña”.

¡No cabe duda que Jalisco comienza a ser otro!