FALSO DEBATE O BASE POR BOLA.

Por: Carlos M. Orozco Santillán
(Diputado de la fracción parlamentaria del PRD al Congreso de Jalisco)

En el futbol, el portero “es el único que no se puede equivocar”, diría un buen guión fílmico brasileño. Es el caso de la intriga palaciega, la guerra de los dioses, el golpe de Estado y el “falso debate”. Simplemente no hay defensa. Esa es la disyuntiva artificial mediática, política y social que hoy ensombrece a México entero, ocultando la luz de la verdad al comparar circunstancias únicas e irrepetibles, descontextualizar lo histórico social y, peor aún, reducir categóricamente lo complejo y universal en temas superados en otras latitudes que hoy nos enfrentan a los mexicanos con ideologismos, dogmas y juicios preestablecidos en lo abstracto, lo intangible y, la mayoría de las veces, insustentable. Porque es difícil establecer cuál es la mejor fruta al meter en el mismo saco peras, naranjas y sandías. Invertir tiempo en ello es mucho más oneroso que aceptarlas a todas como alimento necesario. Y hoy, en el debate nacional, seguimos perdiendo el tiempo con verdades absolutas en temas tan convulsos desde una visión, como simples desde otra.

La falsa disyuntiva entre la vida y el aborto reduce al enfoque bioético o religioso, una cuestión legislativa que pertenece al ámbito de la justicia social y la obligación de buscar un marco jurídico que evite el legrado clandestino como recurso para aquellas mujeres que, en el ejercicio del derecho fundamental a decidir sobre su propio cuerpo, se ven señaladas como delincuentes tras ser víctimas sobrevivientes cuando logran no formar parte de las miles de mexicanas entre los 14 y los 25 años que “oficialmente” mueren en manos de vivales que han encontrado en ese penoso trance la oportunidad para enriquecerse rápidamente. La regulación apegada a la realidad nacional debe darse a partir de un debate jurídico inspirado en el principio de equidad para la mujer, la justicia social que demandan millones de mujeres pobres y la obligación del Estado de actualizar sus políticas de salud pública.

Otra arista punzante de la polémica bizarra se nutre con los múltiples y ofensivos prejuicios sobre la regulación de la convivencia en los miles de hogares comunes que existen en nuestro país, sin la viabilidad jurídica de garantizar los derechos contraídos al compartir intereses económicos o personales y más allá de la visión simplista que observa en ello la intención de promover o legalizar las uniones homosexuales, en todo caso intrínsecas en el derecho universal a la preferencia sexual que cada ser humano decida, aprenda, o desee experimentar. El abandono de miles de adultos mayores y su necesidad de encontrar un marco jurídico que garantice la asociación, la fusión patrimonial o la sucesión de los beneficios producto del trabajo de toda una vida, son parte de lo que debe inspirar un debate serio y responsable.

Otra discusión que no ha sido superada en su enfoque oscurantista es la referente a la impunidad de la que gozan hoy los delincuentes electorales del pasado 2 de julio, señalados valientemente por Esteban Garays desde el Instituto Federal Electoral en Jalisco. No se trata ya de impedir la asunción de un presidente espurio, sino de encontrar justicia para 15 millones de mexicanos frente a los múltiples crímenes electorales cometidos por hombres de cuello blanco que “hoy se pasean en el mundo como si nada, y recibiendo reconocimientos cuando son –como el señor Barraza- simplemente delincuentes electorales”. Ante estos hechos las falacias con las que se descalifica a una población con valor civil sirven de cortina de humo para impedir que la verdadera polémica y el fondo de lo que se demanda pueda ser observado por la mayoría de los habitantes de esta nación.

Finalmente, la reforma a la ley del ISSSTE como un recurso aparente de orden y modernización de uno de los más graves pendientes para la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social sería efectivamente aceptable si no fuese porque se omite lo adjetivo del problema. Es decir, los más interesados en opinar sobre estas reformas fueron eximidos y hasta vituperados por el gobierno federal y sus aliados para imponer una reforma que pudiese ser aceptable o pertinente sino careciera del ingrediente fundamental para su validez social. Los líderes sindicales y partidistas hace mucho que dejaron de ser los verdaderos voceros de la clase trabajadora en México. Con ese pequeño detalle, al igual que en muchos temas que polemizamos, y como pocas veces en la historia de nuestra joven democracia, debe quedar claro que contra el falso debate y la base por bola en beisbol, no hay defensa.