Opinión - Eduardo Gonzalez Velazquez

Economía precaria

Jornada Jalisco

El pasado martes 27 de febrero (un martes negro más, recordemos el de octubre de 1987 a pocos días del destape de Carlos Salinas de Gortari) las bolsas de valores del mundo se vieron sacudidas fuertemente por la caída de la Bolsa de Shanghai de casi 9 por ciento; que a su vez siguió al anuncio que hizo el ex titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, donde advertía sobre una posible recesión en su país para finales de este año. Tras el derrumbe chino sobrevino el colapso en el resto de las operaciones bursátiles mundiales. La Bolsa Mexicana de Valores no fue la excepción y ese día cayó 5.8 por ciento, su caída más fuerte desde el año 2001. La bolsa de Estados Unidos tuvo una baja de 3.29 por ciento, el retroceso más fuerte después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Asimismo, la mayoría de los mercados asiáticos resultaron afectados, lo que refleja no sólo las tensiones propias de la burbuja bursátil china, sino también los temores a una recesión en Estados Unidos y las tensiones políticas sobre Irán Afganistán y Venezuela. La jornada mostró una vez más que los capitales no tienen nacionalidad, se invierten donde encuentren mejores condiciones para la especulación y la ganancia segura de dólares.

Frente a tales acontecimientos el gobierno del “cambio con continuidad” se apresuró a dar “confianza” a los inversionistas y a la población en general, así, en ese orden. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens comenzó con las joyas discursivas: “la economía mexicana está de plano blindada contra cualquier crisis económica y financiera originada por un evento externo. México no enfrenta desequilibrios externos y eso hace que el fantasma de crisis o la vulnerabilidad económica estén fuera del radar. El remate fue espectacular, “la economía de México ha logrado desligarse del ciclo económico en Estados Unidos; el país ya no es vulnerable a eventos externos, por ello, México es la envidia de muchos países emergentes’’. Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Werner y el secretario de Economía, Eduardo Sojo no encontraron motivos para preocuparse. Evidentemente los tres “funcionarios” y su jefe, el presidente de México, continúan instalados en foxilandia. Solamente les haría falta decir, que los nubarrones en el camino estaban perfectamente planeados. Veamos algunos números de nuestra economía para colocar en su justa dimensión los comentarios del gobierno mexicano.

En México 92.2 por ciento de la población indígena ocupada recibe menos de dos salarios mínimos. El 56 por ciento de los hogares indígenas reciben menos de un salario mínimo; solamente 9.3 por ciento de los hogares indígenas reciben más de 5 salarios mínimos. Unicamente 7.5 por ciento de la población indígena ocupada recibe más de dos salarios mínimos. El 95 por ciento de los indígenas son pobres y de estos 85 por ciento se encuentra en pobreza extrema. Uno de cada dos adultos indígenas tiene solamente cuarto de primaria aprobado. Sólo uno de cada 15 indígenas tiene acceso a la seguridad social. La mitad de las viviendas indígenas carecen de todo tipo de instalación de agua.

El campo mexicano se encuentra al borde del colapso. Está en la bancarrota. Su tasa de crecimiento anual escasamente llega a 2.4 por ciento y su participación en la economía nacional es de apenas 9 por ciento. Los campesinos huyen en desbandada de las tierras desoladas. Abandonados por las políticas públicas y explotados por las grandes empresas agrícolas, mexicanas y trasnacionales, los campesinos ven con desesperación como se les van de las manos sus pequeñas parcelas y sus vidas. El 75.2 por ciento de las localidades rurales en México se consideran de alta marginación; 4 de cada 10 niños viven en condiciones de pobreza. Persisten las tiendas de raya, donde los productos sufren un incremento de un 30 por ciento y los préstamos a los jornaleros representan hasta 70 por ciento de su salario, que va de los 10 a los 40 pesos diarios.

Las importaciones agrícolas que han sustituido a la producción nacional, han ocasionado que pasemos de 40 a 80 productos importados. Nuestra dependencia alimenticia es de 95 por ciento en oleaginosas, 50 por ciento en arroz, 40 por ciento en carne roja y 30 por ciento en maíz.

No es gratuito, por tanto, que el campo mexicano exporte miles de campesinos muertos de hambre; el 45 por ciento de los ejidatarios tienen al menos un integrante de la familia que ha emigrado. Existe en el país un éxodo rural de alrededor de 15 millones de mexicanos. Cada año se pierden 11.7 millones de hectáreas cultivables por la falta de financiamiento, lo que obliga a que los campesinos emigren hacia Estados Unidos para convertirse en fuentes de divisas o bien se queden en México y se dediquen al narcocultivo.

En los últimos seis años se ha generado un déficit de 6 millones de puestos de trabajo. Medio millón de personas reciben por su labor sólo la propina o pago en especie. 420 mil niños de entre 8 y 14 años de edad se ven obligados a trabajar y aportar recursos económicos a sus hogares que ascienden a 105 millones de pesos mensuales, un promedio de 250 pesos cada uno al mes. La reducida aportación de estos menores es indicativo de que los niños reciben salarios sumamente castigados, que no compensan el considerable esfuerzo que realizan para contribuir al sostenimiento de la familia.

Por otro lado, resulta alarmante la dependencia de las exportaciones petroleras y de las remesas que generan los millones de migrantes que han salido huyendo de México por falta de empleo. Bajo este esquema, una recesión en Estados Unidos generaría una reducción del consumo de energéticos y una presión a la baja en los precios internacionales del petróleo, asimismo, podría incidir en una menor demanda de mano de obra extranjera y disminuir, con ello, el flujo de dólares que constituye ya la principal fuente de divisas del país. A esto habrá que añadirle que Pemex debe más de lo que vale. Su deuda, mayor al billón de pesos, rebasó en 15 mil 364.5 millones de pesos el valor de sus propiedades.

El desempleo abierto supera el 3.2 por ciento de la población económicamente activa (PEA), más del doble del que teníamos en el año 2000. La ocupación informal está el 40 por ciento de la PEA. 6.6 millones de personas que se sumaron al desempleo abierto, encontraron ocupación en changarros o se emplearon en pequeños negocios con bajos salarios y precarias condiciones laborales. En micronegocios se ocupan o autoemplean 17.3 millones.

De este tamaño es nuestra economía, una economía precaria. Una economía sin definición. Una economía que a pesar de generar millones de dólares, los billetes verdes se reparten en pocas manos, de ahí su vulnerabilidad. El gobierno mexicano no quiere entender que la fortaleza de la economía no se debe a la riqueza de unos cuantos, sino al reparto equitativo de las oportunidades de desarrollo y crecimiento. Nuestra economía, la que dicen que no se tambalea con los acontecimientos mundiales, tiene una deuda total de 3.3 billones de pesos y ha generado al menos 70 millones de pobres en el país. Ante este triste y alarmante panorama, los gobiernos derechistas-yunquistas insisten en enfrentar las carencias de la población con falsos discursos triunfalistas; simulacros de operativos contra el crimen organizado y violentos desalojos de grupos indígenas y campesinos que buscan en las ciudades el trabajo que en su comunidad no existe, como fue el caso de los purépechas desalojados de su lugar de trabajo en el oriente de la ciudad por órdenes del presidente municipal de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah.

Es urgente que los “gobernantes” dejen de presumir sus indicadores macroeconómicos (que por otro lado también son bastante endebles) y se ubiquen en las necesidades del México descalzo donde día a día crece la desesperación y los riesgos de un estallido social.