Opinión - Jaime Hernandez

La ley Televisa: ¿otra factura por pagar?

Jornada Jalisco

A más de un año de haber sido aprobadas, primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República, las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, mejor conocidas como Ley Televisa, y de haber sido impugnadas por un grupo de 47 ex senadores ante la Suprema Corte de Justicia, el fallo que emita ahora el máximo tribunal del país, como una moneda, ya se echó al aire.

La Corte, con su resolución, deberá aclarar muchos puntos: si el Estado mexicano, incluyendo a la misma Corte, deberá someterse al cada vez más creciente poder de Televisa y TV Azteca; si de verdad pueden y deben eliminarse los monopolios tal y como señala la Constitución; si la ciudadanía puede o no acceder a la democratización de los medios electrónicos y si es posible reorientar las televisoras en el marco de los intereses de la nación.

Por desgracia, el Poder Judicial de la Federación –la Corte y el Tribunal Electoral, por ejemplo– ya ha dado sobradas muestras de haber vulnerado los principios que sustentaban su quehacer, como era la autonomía, la certeza e independencia. Ahí está el fallo, por ejemplo, que validó el fraude electoral del 2 de julio de 2006 (y sobre el que aparecen ahora muchas pruebas de irregularidades y hasta confesiones de parte), y más recientemente el fallo que devuelve al Presidente la facultad de nombrar a los titulares de la Comisión Federal de Competencia (organismo que combate supuestamente la existencia de monopolios), hecho que parece ser un augurio de lo que puede ser el fallo sobre la ley Televisa.

Pero además, la discusión de este tema se desarrolla en el contexto de la censura previa que impuso la Secretaría de Gobernación a los programas en tiempo oficial del Frente Amplio Progresista y de la asignación oficiosa de publicidad oficial en los medios, tal como lo denunció en días pasados la directora general de La Jornada, Carmen Lira, al señalar que es “una de las rutas de la apropiación ilegítima y discrecional de recursos públicos”.

Factura pendiente

Como se recordará, un grupo de senadores de todas las fracciones partidistas, entre ellos algunos del PAN, presentó ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad sobre diversos artículos de la mencionada ley Televisa, centrando sus objeciones entre otros puntos, en la monopolización de la conversión tecnológica.

Así, luego de aprobar el pleno de la Corte un reglamento para la audiencia pública, que empieza desde hoy lunes, llama la atención que los especialistas universitarios, a los que se les confiere el carácter de “peritos”, tendrán muy poco tiempo para exponer sus argumentos en contra. En tanto que las televisoras y diversas cadenas de radio a través de sus representantes, han sido escuchadas ya en demasía y han emprendido desde tiempo atrás una campaña sin límite de tiempo para defender a una ley que ya consideran de su propiedad.

La ley Televisa es considerada, por muchos, como un pago de factura anticipada a la principal televisora privada del país, por su contribución al fraude electoral. Se aprobó de forma rapidísima en el Congreso de la Unión y con el visto bueno de Felipe Calderón.

Ahora Santiago Creel, entonces precandidato interno por el PAN a la primera magistratura (senador actual como premio de consolación), denunció haber sido objeto de “muchas presiones”. En este contexto es inadmisible, en un Estado que presume ser “democrático”, el cabildeo que ha realizado la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) para evitar las reforma a la ley Televisa y para que se falle en su favor, como si fueran parte “agraviada”. El hecho por sí mismo es delicado, pero además el ministro José Ramón Cossío se declaró incompetente para participar en un fallo por “conflicto de intereses” al haber sido en otros tiempos asesor de empresas radiodifusoras. Otro ministro amenaza con no presentarse por estar “enfermo”, lo que haría difícil un fallo en un sentido u otro.

Los argumentos de la CIRT parecen ser “nobles”: “que no desaparezca la radio AM si no se digitaliza” y “que los mexicanos no pierdan la oportunidad de acceder a la modernización tecnológica”. Sin embargo, detrás de todo ello se encuentra la posibilidad de concentración de poder, información y comunicación. Uno de los artículos impugnados precisamente en la mencionada ley son los artículos 28 y 28 A, que abren las puertas a la posibilidad de que un solo operador, nada más uno, ofrezca telefonía, acceso a Internet, video y televisión por demanda, incluso televisión interactiva; conversión tecnológica que se lama “triple play”.

Es cierto que es necesaria una nueva ley de radio y televisión, pues la anterior era de hace 50 años. Es cierto que la radio necesita mejorar su calidad y digitalizarse, también que los acelerados cambios tecnológicos son hasta cierto punto inevitables e impostergables; que la conversión tecnológica arrastra y convence cada vez más a miles de familias con la aparición de nuevas tecnologías digitales. Pero también es cierto que las frecuencias por aire concentran cada vez mayor volumen de información cuyo acceso representa un inmenso negocio para quien lo controle. Imaginemos un aparato y un operador que concentre radio, video, Internet, telefonía celular de “tercera generación”, Wi Fi, e identificación por radiofrecuencia –por mencionar algunas propiedades–, por medio del cual se podrán hacer centenares de transacciones comerciales o de traspaso informático.

Por eso, este asunto no es técnico sino de cómo participamos en la conformación de una ciudadanía libre en la sociedad de la información y del conocimiento.

Hoy, como antes, el control del espacio, es una forma de apropiación y de dominio. El espectro de la radio y la televisión es de la nación y es del pueblo. Aún como está redactada dicha ley, se excluye a la radio comunitaria, a las educativas y públicas, que son tratadas como “oficiales” y permite al duopolio acceder al control del espectro electromagnético sin concursos ni licitaciones públicas de ningún tipo.

Frente a un escenario previsible, de buscar “parchar” una ley que de entrada no cumple las características de una ley que debe ser de “interés social” y que deja intocable el duopolio y sus redes de poder, y dada la resolución del ministro ponente Sergio Salvador Aguirre, “filtrada” intencionalmente por la Corte, lo adecuado es que se pronuncie declarando inconstitucional toda la ley Televisa y no sólo los artículos antes citados.

Pronto veremos si la Corte se declara por defender los principios rectores del Estado en la planificación económica y en el contexto de un desarrollo democrático del país, o bien, se somete a los principios de la economía neoliberal que día con día avasallan la soberanía nacional. ¿Cómo se pagará la factura?