Jugar con los sentimientos de una familia que sólo exigía justicia por la violación y muerte de Ernestina y que se les engañe de esta manera por ser indígenas, monolingues y pobres. Si esto no es indigno, qué es?
El caso de la indígena de Zongolica quedó cerrado jurídicamente el 15 de mayo
Legisladora propone solicitar una opinión consultiva a organismos internacionales
VICTOR BALLINAS
El caso de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, quien presuntamente fue violada por militares el 6 de febrero pasado, quedó cerrado jurídicamente el martes 15 de mayo, toda vez que la familia no impugnó la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, que determinó que "la mujer indígena no fue violada ni asesinada".
Cabe recordar que al conocerse la agresión contra la anciana, la procuraduría estatal y el resultado de la primera necropsia sostenían que la indígena había sido violada. Incluso en el certificado médico se señaló que "su muerte se clasifica como mecánica" y que "presentaba desgarres en la región anal".
Después de practicada la segunda necropsia y en entrevista con La Jornada, el presidente Felipe Calderón aseguró que tenía información de que Ascensión Rosario no había sido violada y que su muerte "se debió a una gastritis mal atendida".
Días más tarde, la Comisión Nacional de Derechos Humanos apoyó la versión del Ejecutivo y dio a conocer que había solicitado una exhumación y una renecropsia de Ascensión Rosario porque "los resultados de la primera necropsia contienen inexactitudes, contradicciones y dudas", y aseguró que el resultado de esta nueva revisión reveló que "no hubo homicidio ni violación, sino que la mujer murió de anemia".
Sin embargo, el gobierno de Veracruz y la procuraduría estatal continuaron insistiendo en que tenían pruebas de que Ascensión Rosario había sido violada y que en su deceso hubo un homicidio. Incluso el fiscal del caso, Juan Alatriste Gómez, sostenía que"existen desgarros anales" y que "sí hubo violación".
No obstante, semanas después, la procuraduría de Veracruz dio marcha atrás en la versión del diagnóstico que había sostenido durante más de dos meses, y aseveró que "la indígena no fue violada ni asesinada" y que el caso quedaba cerrado.
A partir de ese dictamen del 30 de abril pasado, de acuerdo con el Código Penal del estado de Veracruz, los familiares tenían 10 días para inconformarse con el dictamen, pero debido a que "fueron invitados primero por el gobierno estatal, y luego se dijo que por el gobierno federal, estuvieron fuera del estado, por lo que no pudieron interponer recurso alguno, con lo cual el caso se cerró".
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, la perredista Maricela Contreras, manifestó que "como a la familia se le mantuvo fuera del estado, en paseos e incomunicada, no interpuso la revisión del caso; ahora, que ha sido cerrado, sólo nos queda solicitar una opinión consultiva ante organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".
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