Opinión - Jaime Hernandez Ortiz

¡28 de mayo no se olvida!

El 28 de mayo de 2004 se cometieron en Jalisco varias de las más graves violaciones a los derechos humanos de que se tenga memoria. Como se recordará, ese día jefes de Estado, primeros ministros, presidentes y representantes de más de 55 naciones se reunieron en nuestra ciudad en el marco de la tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea para discutir acuerdos multilaterales. Mientras aprobaban un punto en el que se insistía respetar los derechos humanos tanto en el contexto doméstico como en el internacional, justo a esa hora se iniciaban los preparativos de represión contra más de un centenar de personas a las que ilegalmente se les detuvo para inculparlas de supuestos actos de vandalismo, mientras los verdaderos delincuentes huían sonrientes.

Toque de queda técnico

Todos sabemos que por varias horas se suspendieron las garantías individuales; nadie podía transitar tranquilamente por el centro de la ciudad; se cometieron razzias y se detuvo sin orden de aprehensión a más de un centenar de personas por el simple hecho de tener apariencia de “altermundistas”. Los policías, algunos vestidos de civil, como en la mejor época nazi, se introdujeron a hospitales y hoteles para detener “sospechosos”. Técnicamente fue un toque de queda.

El 16 de agosto de ese mismo año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe denominado Informe especial relativo a los hechos de violencia suscitados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, con motivo de la celebración de la III Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y Unión Europea, mediante el cual se acreditó y comprobó que se cometieron numerosas violaciones en contra de 110 mexicanos y ocho ciudadanos extranjeros, participantes o no en una manifestación antineoliberal, detenidos durante el 28 y la madrugada del 29 de mayo.

Algunas de las violaciones a los derechos humanos aún son considerados delitos de lesa humanidad: 19 casos de tortura, 15 detenciones arbitrarias, 73 retenciones ilegales, 55 de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y 73 casos de incomunicación. La CNDH señaló que “las autoridades responsables de la seguridad y vigilancia se apartaron de los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo, por lo que se transgredieron derechos fundamentales relativos a la dignidad humana, a la integridad física, a la legalidad y a la seguridad jurídica”. Si estos graves hechos los hubiera cometido un gobernante de izquierda los panistas no lo hubieran bajado de criminal y dictador. Pero como era panista, le aplaudieron y le rindieron honores de un salvador.

Lo sucedido el 28 de mayo de 2004 no es un caso aislado. Se tenía la intención de reprimir y dar una lección contundente a todos los manifestantes y opositores políticos del régimen de derecha de que no se toleraría ningún acto mínimo de “indisciplina”. Ahora el caso por la represión mostrada es tal vez uno de los más visibles en los últimos años junto con Oaxaca y Atenco. Es más, fue el modelo inspirador como iba a serlo la policía infiltrada. En su momento numerosas organizaciones como la Coordinadora 28 de Mayo expresaron que si los hechos de Guadalajara no se investigaban era previsible que la impunidad tuviera una expansión inimaginable, como en efecto ha sucedido. Tan sólo en Jalisco creció el fenómeno de una forma alarmante y sin límite.

Apenas cuatro meses antes de los sucesos de la tercera cumbre, el 10 de diciembre de 2003, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos había entregado al presidente Vicente Fox un amplio diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos, que incluía recomendaciones concretas de carácter legislativo y no legislativo para efectuar una reforma estructural del Estado que garantizara efectivamente el respeto a los derechos humanos, y se dedicaron varios capítulos relativos a detenciones ilegales, al debido proceso penal y el combate a la tortura. El diagnóstico, sin precedentes en otro país y elaborado por diversos expertos nacionales de la sociedad civil, formaba parte de la segunda fase del Acuerdo de Cooperación Técnica suscrito con la ONU y por medio del cual el gobierno se comprometía a elaborar y aplicar un Programa Nacional de Derechos Humanos. Nada se cumplió. En muy poco tiempo ambos documentos fueron convertidos en letra muerta, primero por el gobierno federal y luego por Francisco Javier Ramírez Acuña, como gobernador y posteriormente como secretario de Gobernación.

¿Reapertura del caso?

En Jalisco, al igual que en el plano federal, el papel de la Procuraduría de Justicia del Estado y el Poder Judicial tienen como propósito procurar y administrar la justicia con fines ideológicos y políticos.

Si en Jalisco tuviéramos un Poder Judicial autónomo e independiente, todos los procesados del 28 de mayo ya hubieran sido liberados y exonerados. Todavía no comprenden que es un poder distinto al Ejecutivo y actúan como apéndice del otro. De esta manera, los mecanismos que dieron sustento y dan cohesión al sistema autoritario que creíamos superado continúan funcionado de forma muy vigorosa: ningún defensor de oficio intervino en lo más mínimo para defender a los detenidos, todos fueron mudos cómplices. Casi todas las declaraciones fueron tomadas en la madrugada para que no hubiera abogados a elección de los propios procesados y en todos los casos fueron obligados a declarar contra sí mismos.

El caso reveló que la confesión, sobre todo aquella arrancada con tortura y trato cruel y degradante, sigue siendo la “reina de las pruebas”, aunque se diga lo contrario. En la redacción de las actas ministeriales y las resoluciones judiciales se sigue dando a la “primera declaración” el valor de “prueba plena”, esto con el objeto de proteger a los agentes torturadores. Todos los jueces que conocieron y sentenciaron a los jóvenes ignoraron los alegatos de tortura y el trato de que fueron objeto. Según la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ambas obligatorias para México por suscribirlas, las investigaciones sobre los hechos debieron abrirse inmediatamente y de oficio.

En los hechos del 28 de mayo se observa con claridad una especie de política de impunidad y de Estado que afecta seriamente los escasos avances que se han dado en la vida democrática nacional y local; de manera que en la lucha contra la impunidad, la sociedad civil está perdiendo la batalla.

Nunca estuvo cerrado legalmente. Pero con reservas hay que tomar la declaración de Emilio González Márquez en el sentido de que retomaría y reabriría el caso 28 de mayo si se lo pide la Comisión Estatal o la Nacional de Derechos Humanos. ¿Podrá de verdad demostrar que respetará los derechos humanos y deslindarse de Ramírez Acuña de forma creíble señalando los abusos de su administración? Tiene el beneficio de la duda. En caso de aceptar la recomendación y tratar de cumplirla, los primeros en estar molestos serían los cotos de poder enquistados al interior de la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública que no van a permitir al gobernador que se trastoque una estructura funcional proclive al abuso de poder y que sólo favorece a sus intereses de grupo y no los de una sociedad que anhela ser libre y democrática.

Mientras no se investiguen los hechos, se sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos y se absuelva de los cargos a los todavía procesados, el 28 de mayo no se olvida.

Exigencias

Hoy, a las 6 de la tarde, marcha de organizaciones civiles y políticas contra la criminalización de las protestas ciudadanas y contra la investigación y castigo de los hechos del 28 de mayo. De glorieta de la Normal a Plaza de Armas.

El viernes primero de junio, 10 de la mañana, manifestación de la APPJ y Movimiento de Bases Magisteriales en el contexto del paro cívico nacional y contra la nueva Ley del ISSSTE, saliendo de plaza Juárez al centro de la ciudad, por la calzada Independencia.