Opinión - Enrique Mendez

Plaza Liberación

Tres años de la represión

Impunidad panista

Jornada Jalisco

Cuando este lunes se cumplan tres años de la represión contra jóvenes altermundistas que ordenó el gobierno autoritario de Francisco Ramírez Acuña, las perspectivas de que se sancione a los responsables o que, al menos, surja un pronunciamiento oficial que reproche el uso abusivo de la fuerza pública, dependen más de que las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos reabran el caso.

También depende de que realmente el actual gobernador y ex alcalde de Guadalajara, Emilio González Márquez, tenga no sólo el interés político en promover una sanción, no sólo política, en contra de su antecesor y actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.

Porque basta remitirse a la declaración que hizo la semana pasada, cuando se le preguntó si la represión del 28 de mayo de 2004 ya podía considerarse archivada, para determinar que si bien abrió la puerta a esa posibilidad, la dejó trancada con la cadena: “no hay algo vigente que en este momento deba resolver este gobierno del estado”.

No podría ser de otra manera, si se toma en cuenta que él participó en la ceremonia en que Ramírez Acuña premió a los heróicos policías que detuvieron y torturaron a todos los jóvenes que consideraron globalifóbicos, y emprender una investigación sobre el caso requeriría, forzosamente, revisar ese capítulo y presentar conclusiones sobre la actuación de la policía de Guadalajara que, entonces, estaba a su cargo.

Por lo pronto, el gobernador de Jalisco utilizó la tangente para dejarle la papa caliente a la CEDHJ, en espera de que el organismo presente una nueva recomendación, cuyas conclusiones, difícilmente, serán distintas a las que ya llegó, en su momento, la Comisión Nacional y que pedía iniciar acciones en contra de los responsables de detenciones ilegales y tortura contra los manifestantes.

Así que, en lugar de tomar una decisión para la que está facultado constitucionalmente, Emilio González optó por recurrir a la burocracia, así sea ésta la que corresponde a los defensores de derechos humanos en Jalisco y a nivel nacional. Y aunque por esas razones estaría de más una nueva definición de ambos organismos, en el caso de la CEDHJ hubo respuesta inmediata.

Y en ese sentido, como ha expresado el ombudsman tapatío, Carlos Manuel Barba García, esta semana enviará una notificación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene el expediente en sus manos y debería entonces turnar la recomendación a González Márquez. Se verá entonces si el gobierno estatal inicia una investigación que Ramírez Acuña se negó a emprender o bien sólo optó por una declaración para salir del paso.

Antes, pues, tendrá que ser José Luis Soberanes el que decida si desempolva los documentos o se mantiene ocupado en el recurso de inconstitucionalidad que, casi simultáneamente a la Procuraduría General de la República, presentó en contra de las reformas que legalizan el aborto en la capital de la República.

Por lo pronto, cada día que pasa –y por ello se llega a las protestas de este lunes– el gobierno de González Márquez contribuye a mantener el estado de impunidad, totalitarismo y despotismo que fue el sello característico de Ramírez Acuña y que mantiene en el gobierno de Felipe Calderón para acallar violentamente a los movimientos y protestas sociales, no sólo mediante el uso de la fuerza pública, sino mediante acciones judiciales que equiparan a líderes sociales con terroristas.

Si el gobierno de Vicente Fox reditó la represión de Guadalajara en Atenco y luego en Oaxaca, ya en el tránsito de su administración a la de Calderón, este último arrancó el sexenio con los jóvenes que protestaron por la visita de George Bush a Yucatán, a los que convirtió en los primeros presos políticos de su mandato.

Organismos internacionales defensores de derechos humanos han confirmado que en los dos sucesivos gobiernos de la República, en los gobiernos panistas, no han cesado las violaciones a derechos humanos y, en cambio, se han incrementado.

Ese es el signo del cambio a la derecha y el riesgo de que se ahonde, por la autocomplacencia del panismo, cada vez es mayor. Y si no, ahí está el ejemplo de Paco y su sucesor.

Del archivero

Como tercer interesado, el gobierno del Distrito Federal defenderá la reforma legal que permite el aborto en los hospitales públicos de la capital, y ayer Marcelo Ebrard advirtió que la Iglesia católica y las organizaciones de ultraderecha que están detrás del recurso de la PGR y la CNDH “no van a ganar nada, perderán más con este procedimiento”. De inmediato, el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez Gómez, exigió al jefe de Gobierno de la ciudad a mantenerse fuera de la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que el Ministerio Público y el ombudsman nacional presentaron sus recursos, el PAN en la Asamblea Legislativa se organiza para interponer su propia querella. Nada más que entre la bancada panista y sus aliados del PVEM sólo suman 22 diputados y se requieren 22 firmas.

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