Opinión - Adolfo Sanchez Rebolledo

Controversia contra el Estado laico

La Jornada

Incapaces de sumar un solo voto a la minoría legislativa que se opuso a la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo, el PAN acudió a a la Procuraduría General de la República y a la Comisión de los Derechos Humanos para que éstas presentaran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad, cosa que ya ha logrado. Detrás de esta acción se encuentra la estela de organismos oficiosos que hablan por los altos prelados de las Iglesias, la católica a la cabeza, lanzados a una nueva aventura de su ya histórica carrera contra el laicismo. No de otra forma se puede entender que se pretenda, so pretexto de la defensa de los derechos humanos, hacer obligatoria una determinada moral que, ella sí, niega los derechos de los demás a pensar y vivir conforme a otros valores.

La despenalización, recordemos, no obliga a ninguna mujer a la interrupción del embarazo. En cambio establece las condiciones bajo las cuales esa riesgosa práctica puede evitar males mayores, dando a la mujer el derecho a decidir bajo circunstancias definidas por la ley.

Argüir, como ha hecho el procurador, y reitera sin convicción el ombudsman, que se trata de un asunto eminentemente jurídico, al margen de otras controversias, es un verdadero insulto a la inteligencia de la ciudadanía.

Resulta transparente que detrás del fiscal está la decisión del Presidente de revertir un indiscutible avance del pluralismo real, confirmando al menos dos cosas muy importantes para el presente y el futuro del Estado mexicano: 1) la disposición presidencial a escuchar el llamado confesional en una materia donde debía ser especialmente cuidadoso, más allá de sus personales creencias, y 2) la indisposición a respetar en sus términos el resultado de un largo y complejo legislativo que permitió escuchar las voces de todos los interesados.

En este caso la apelación a las disposiciones federales, supuestamente contrariadas por la despenalización, no es más que un argumento legalista, destinado a ocultar el fondo de la cuestión: se trata de amarrarle las manos al órgano legislativo capitalino para que éste quede objetivamente subordinado al poder federal. En el fondo, como es notorio, sobre la crisis de valores de la derecha se sobrepone la crisis política que hace del gobierno rehén de sus propias debilidades de origen.

La Suprema Corte de Justicia tiene ahora el delicado encargo de mantener en pie el edificio constitucional del laicismo mexicano. Eso es lo que, en última instancia, se va a decidir en cuanto se entre al fondo del asunto. Justamente, la erosión del Estado laico de origen liberal es la piedra angular del nuevo milenarismo católico encabezado por el Papa, la apuesta del alto clero para teñir con el velo de lo sagrado hasta el último intersticio de la vida cotidiana. Roma teme a la secularización y por ello nos propone una vuelta al Estado confesional, así sea mediante fórmulas "modernas" que asimilan la promoción de la"libertad religiosa" a los derechos humanos, concebidos siempre como derechos prexistentes, al margen de toda legalidad de carácter histórico. El "derecho a la vida" se convierte así en una entelequia, en simple recurso para justificar la moral única, mientras en la realidad se observa con fatalismo y resignación los peores crímenes contra la humanidad.

En ese camino coinciden con otros grupos no católicos, como los evangelistas neoconservadores que en Estados Unidos ejercen gran influencia sobre el poder. También allí la "defensa de la vida" equivale al combate, a veces violento, contra las clínicas que realizan abortos, pero también contra otros derechos sexuales cuyo ejercicio pleno sigue vedado por los tabúes religiosos. Y todo, por supuesto, en nombre de la libertad.

Ojalá y no lleguemos (por la vía del formalismo jurídico) al absurdo de cuestionar dogmáticamente la teoría de la evolución, a la disociación ezquizofrénica entre la necesidad de impulsar el pensamiento racional, científico (como pide, por cierto, nuestra Constitución) y la difusión de creencias propias de la Edad Media. Pero en ésas estamos.